Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2018-04626-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Pérdida de investidura: por presunto conflicto de intereses
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2018-04626-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2018-04626-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
2 de abril de 2019
PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Por presunto conflicto de intereses / ELECCIÓN DE CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA – Actuación que la precede / CONFLICTO DE INTERÉS POR TENER INTERÉS DIRECTO – Requiere incidencia directa en un resultado o participación en el mismo
A raíz de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, la elección del Contralor General de la República por parte del Congreso en Pleno debe estar precedida de la conformación de una lista de seleccionados, previo el cumplimiento de las etapas de convocatoria, inscripción, lista de elegidos, pruebas y entrevista, que debe definir una comisión accidental del Congreso de la República y en consecuencia para su selección se parte del supuesto del cumplimiento de criterios de mérito. (…) Si bien es cierto el 9 de agosto de 2018 el Contralor Auxiliar de la Contraloría General de Santander José Joaquín Plata Albarracín profirió un auto mediante el cual confirmó en grado de consulta el auto del 5 de julio de 2018 de la Subcontralora Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, que ordenó el archivo del proceso de Responsabilidad Fiscal nro. 2017-062, seguido en contra del congresista demandado, dicha circunstancia por sí sola no tiene la virtualidad de configurar el pretendido conflicto de intereses, pues no se observa relación causal alguna de la decisión adoptada frente a la conducta del demandado. (…) El conflicto de intereses, entendido como la existencia de un interés directo que pudiese beneficiar al congresista demandado, requería la demostración de que éste hubiera incidido de forma directa, al menos en la escogencia del señor José Joaquín Plata Albarracín como uno de los diez (10) candidatos opcionados para ocupar el cargo de Contralor, o que hubiese votado por éste en la elección final, lo que no se demostró, máxime cuando el proceso estuvo dotado de criterios de selección por mérito
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 183
PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Naturaleza taxativa
teniendo en cuenta las consecuencias que conlleva la prosperidad de una acción de esta naturaleza, por tratarse de una sanción jurisdiccional y de un mecanismo de control político de los ciudadanos, ello implica que, en cumplimiento de las reglas del debido proceso, las causales para su prosperidad deban estar taxativamente señaladas en la ley; como en este evento no se demostró que el congresista demandado debiera declararse impedido para participar en la elección de Contralor General de la República, puesto que no estaban en pugna sus intereses particulares frente al interés general, serán denegadas las pretensiones de la demanda
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 183
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C. dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04626-00(PI)
Actor: NATALIA KATHERINE SÁNCHEZ ALVARADO
Demandado: OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Tesis: No incurre en causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses el congresista que participó en la elección del Contralor General de la República para el período 2018-2022, sin declararse impedido, pese a que en la lista de los diez (10) seleccionados se encontraba un funcionario de la Contraloría General de Santander, que conoció en grado de consulta, un proceso de responsabilidad fiscal que se adelantó en su contra.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala Dieciocho Especial de Decisión procede a resolver, en primera instancia, la solicitud de pérdida de investidura instaurada por la señora Natalia Katherine Sánchez Alvarado contra el Representante a la Cámara por el Departamento de Santander, Oscar Leonardo Villamizar Meneses, elegido para el periodo constitucional 2018-2022.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La causal invocada
La accionante, obrando en nombre propio, solicitó se decretara la pérdida de la investidura del demandado, con fundamento en lo previsto por el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución Política, que dice textualmente: “Los congresistas perderán su investidura: (…) 1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses. (…).”
Para el efecto argumentó que están reunidos todos los requisitos formales, objetivos y subjetivos, que permiten dar prosperidad a la acción, por cuanto el demandado violó el régimen de conflicto de intereses.
1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada
La actora informó que en la Contraloría General de Santander se adelantó contra el demandado el Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado bajo el nro. 2017-062, por presuntos daños fiscales en los que pudo incurrir cuando ejerció el cargo de Secretario General de la Gobernación de Santander.
Explicó que la instrucción del proceso, así como los actos de notificación y demás, fueron realizados y firmados por el señor José Joaquín Plata Albarracín, quien para la fecha de la actuación fungía como Contralor Auxiliar de la Contraloría General de Santander.
Afirmó que el 26 de septiembre de 2018, la Subcontralora Delegada de la Contraloría de Santander, dio respuesta a un derecho de petición radicado por la ciudadana Leidy Johanna Ortíz Rondón, sobre procesos seguidos en contra del señor Oscar Leonardo Villamizar Meneses, certificando que aquel se encontraba activo.
Anotó que, según constancia del Secretario General de la Cámara de Representantes, una vez reunidas las comisiones accidentales de Senado y Cámara del Congreso de la República fue elaborada la lista de los diez (10) elegibles para el cargo de Contralor General de la República, de acuerdo con el cronograma dispuesto para ese fin, y que uno de los escogidos fue el señor José Joaquín Plata Albarracin.
Señaló que el demandado al momento del trámite y elección del Contralor General de la República estaba bajo el escrutinio fiscal de la Contraloría General de Santander y el funcionario que instruía la investigación formal en su contra era el Contralor Auxiliar José Joaquín Plata Albarracin, quien participó como candidato para la elección de Contralor General de la República, escogido por criterio de méritos con 11 votos, por lo que afirmó: “(…) habría que revisar si dentro de los mismos se encuentra el voto de VILLAMIZAR MENESES, como miembro de la terna de 10 que se entrevistarían y por los cuales se votó finalmente y de donde se escogió al nuevo Contralor General”.
Adujo que en el listado de la Cámara de Representantes donde se lleva el registro manual de la elección de Contralor General de la República para el período 2018-2022, se verifica que el representante Oscar Leonardo Villamizar Meneses efectivamente participó con su voto en la elección de este funcionario sin declararse impedido, pese a que en el mismo tarjetón estaba su juez natural, esto es, el Contralor Auxiliar Plata Albarracín, eventualidad que en su criterio configuró el conflicto de intereses, pues ello podía generar en su fuero interno un voto complaciente con la esperanza de un beneficio propio en su investigación fiscal, o por el contrario, un voto de venganza como castigo por ser quien instruía “tan delicada pesquisa en su contra”.
Por último, mencionó que la elección del Contralor General de la República para el período 2018-2022, proceso en el cual resultó elegido el señor Carlos Felipe Córdoba, se hizo el día 20 de agosto de 2018, esto es, a solo 10 días corridos, contando desde el 10 de agosto del mismo año, fecha en la que el doctor José Joaquín Plata Albarracín notificó por estado una decisión en el proceso de responsabilidad fiscal seguido en contra del Representante Villamizar Meneses.
1.3. Los fundamentos de derecho
La demandante afirmó que está demostrada la configuración objetiva de la causal de desinvestidura prevista por el artículo 183 numeral 1 de la Constitución Política, por cuanto se allegó prueba de la existencia del proceso de responsabilidad fiscal seguido en contra del señor Oscar Leonardo Villamizar, el cual, para la época de la elección del contralor estaba activo; el señor José Joaquín Plata Albarracín participó y quedó en la lista de los diez candidatos con opción de ser elegido Contralor, y el representante Oscar Leonardo Villamizar no se declaró impedido para votar sino que por el contrario voto.
En cuanto al elemento subjetivo afirmó que también está satisfecho en razón a que el representante conoció de manera previa la existencia en su contra de un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de Santander, al punto que ya había designado apoderado para que lo representara; conoció de antemano quien instruía su proceso y el señor José Joaquín Plata estaba participando en la elección de contralor, sin abstenerse, pese a que éste era su juez en el proceso de responsabilidad fiscal.
Aportó y solicitó la práctica de pruebas, a las cuales se hará referencia en el trámite procesal.
2. Contestación de la demanda por parte del Representante a la Cámara Oscar Leonardo Villamizar Meneses:
En la oportunidad procesal correspondiente, por conducto de apoderado judicial, el Representante a la Cámara contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, por considerar que están encaminadas únicamente a cercenar de manera equivocada su derecho fundamental a ser elegido popularmente; expuso como razones de defensa que:
El 5 de julio de 2018 se produjo la cesación de la acción fiscal por archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado bajo el número 2017-0062, adelantado en su contra, y la notificación por estado que hizo el día 10 de agosto de 2018 la Contraloría Departamental de Santander correspondió al auto que resolvió el grado de consulta y confirmó el archivo del respectivo proceso.
Aseveró que la instrucción del proceso de responsabilidad fiscal no estuvo a cargo del Contralor Auxiliar José Joaquín Plata Albarracín sino del abogado Luís Felipe Saavedra Lagos, funcionario de la Contraloría Departamental de Santander, quien fue comisionado para ello, mientras que la decisión de primera instancia la adoptó la Subcontralora Delegada para la Responsabilidad Fiscal.
Advirtió que la demandante conoció de la decisión de archivo proferida por la Contraloría el 5 de julio de 2018; sin embargo, usó como argumento para interponer la presente acción, una respuesta dada a una petición que había presentado el 26 de septiembre de 2018 la señora Leydy Johana Ortíz Rondón, en donde le informaron que cursaba el Proceso de Responsabilidad Fiscal nro. 2017-062, concluyendo que a la fecha de la elección del Contralor General de la República el proceso estaba activo, lo que no era cierto.
Agregó que la accionante de manera intencional omitió señalar que, por oficio nro. 0-5988 del 1 de octubre de 2018, la Subcontralora Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal dio alcance al oficio nro. 5859 del 26 de septiembre de 2018, para indicarle que por error involuntario no se le informó que el proceso número 2017- 062 estaba archivado desde el 5 de julio de 2018.
Por último, enfatizó que su poderdante no estaba impedido para participar en la elección del Contralor General de la República para el período 2018-2022, habida cuenta que el mencionado proceso fue archivado desde el 5 de julio de 2018, además que el señor José Joaquín Plata Albarracín obtuvo cero votos en la respectiva elección.
Aportó y solicitó la práctica de pruebas, a las cuales se hará referencia en el siguiente acápite.
3.- Trámite procesal
3.1. La demanda fue radicada el 11 de diciembre de 2018 en la Secretaría General de esta Corporación y correspondió al magistrado conductor del proceso, por acta de reparto de la misma fecha.
3.2. Por auto del 12 de diciembre de 2018 se admitió y se dispuso la notificación personal de la Congresista y del señor Agente del Ministerio Público.
3.3. En proveído del 23 de enero de 2019, se tuvo por contestada en término la demanda y fue abierto a pruebas; allí se decidió lo siguiente frente a lo solicitado por las partes:
“[…] 1. POR LA PARTE ACTORA
1.1. Con el alcance que la ley le confiere, ténganse como pruebas los documentos que aportó la demandante, obrantes de folios 34 a 113 del cuaderno principal, incluido el DVD visible a folio 1 del mismo cuaderno.
1.2. Documentales que solicita:
La demandante pide se oficie a las siguientes entidades para que informen con destino a este proceso:
1.2.1. A la Contraloría General de Santander:
“10.2.1. (…) para que certifique la vinculación del Dr. JOSE JOAQUIN PLATA ALBARRACIN, como CONTRALOR AUXILIAR de dicha entidad, indicado (sic) de cuando a cuando ha ejercido tal función, a efectos de verificar si a la fecha sigue fungiendo en dicha dignidad.
10.2.2. (…) para que certifique según el manual de funciones cuales son las competencias del CONTRALOR AUXILIAR.
10.2.3. (…) para que informe cuales son las actuaciones fiscales que adelanta el DR. JOSE JOAQUIN PLATA ALBARRACIN dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 2017 - 0062 seguido en contra de OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES y si en dicho ente de control existen otros procesos fiscales en los que esté vinculado el Congresista VILLAMIZAR MENESES.
El Despacho estima que las peticiones contenidas en los numerales “10.2.1. y 10.2.2.” son procedentes y en consecuencia ordena a la Secretaría General de la Corporación que oficie a la Contraloría General de Santander para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación las remita; más no así la referida en el numeral “10.2.3.” que es inconducente (…).
1.2.2. A la Cámara de Representantes:
“10.2.4. (…) para que certifique si el Honorable Representante OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES, actuó en los debates previos a la elección de Contralor General y si entrevistó, participo en votaciones anteriores y/o votó previo a la votación final de los 10 ternados en donde se encontraba su Juez fiscal JOSE JOAQUIN PLATA ALBARRACIN.
10.2.5. (…) para que allegue copia integral de los debates en comisión, en plenaria, así como las participaciones en votación que se hayan sucitado (sic) con ocasión de la elección de Contralor General de la República, periodo 2018 - 2022.”
Teniendo en cuenta que tales solicitudes son procedentes, el Despacho dispone que, por Secretaría General de la Corporación, se oficie a la Cámara de Representantes para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, certifiquen lo antes pedido.
(…)
2. POR LA PARTE DEMANDADA
El despacho se pronuncia sobre las pruebas pedidas, así:
2.1. Con el alcance que la ley les confiere, ténganse como pruebas los documentos obrantes de folios 133 a 207 del cuaderno principal.
2.2. Documentales que se solicitan:
El apoderado del demandado pide se oficie a las siguientes entidades para que informen con destino a este proceso:
2.2.1. A la Contraloría General de Santander:
“1. (…) para que remita fotocopia auténtica de los siguientes documentos:
a. Certificación del funcionario de la entidad que realizó la instrucción y sustanciación del proceso de responsabilidad fiscal con radicado No. 2017-062 que se adelantó contra el doctor Oscar Leonardo Villamizar Meneses; así como el acto administrativo que lo designó.
b. Certificación del funcionario de la entidad que tomó la decisión de archivo dentro del proceso de responsabilidad fiscal con radicado No. 2017-062 que se adelantó contra el doctor Oscar Leonardo Villamizar Meneses.
c. Certificar que actuaciones realizó el doctor José Joaquín Plata Albarracín, en calidad de Contralor Auxiliar de Santander dentro del proceso de responsabilidad fiscal con radicado No. 2017-062 que se adelantó contra el doctor Oscar Leonardo Villamizar Meneses, así como copia de las actuaciones y fecha en que se profirieron.
d. Copia del oficio No. 0-5988 del 1 de octubre de 2018 de la subcontralora delegada para procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de Santander en donde le informó a la peticionaria Leydy Johana Ortiz Rondón que dando alcance al oficio No. 5859 del 26 de septiembre de 2018, por medio del cual se le dio respuesta a una petición, en la que por error involuntario, se olvidó trascribir que el proceso radicado número 2017-062 que se seguía en contra del doctor Oscar Leonardo Villamizar Meneses, fue archivado el día 5 de julio de 2018. Así como constancia de recibido por parte de la empresa de servicios postales nacionales 472 el día 2 de octubre de 2018.
e. Copia auténtica del auto de archivo de fecha 5 de julio de 2018 y el auto que resolvió el grado de consulta de fecha 9 de agosto de 2018, proferidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal con radicado No. 2017-062 que se adelantó contra el doctor Oscar Leonardo Villamizar Meneses.
La información que se solicita en los literales a), b) y c) no está llamada a ser certificada, pues la prueba idónea se desprende de las diligencias que constan en el Proceso de Responsabilidad Fiscal; por ello, no se accederá a la petición del demandado, dado que se pedirá copia del respectivo proceso.
En cuanto a las contenidas en los literales d) y e) son procedentes; en consecuencia se ordena a la Secretaría General de la Corporación que oficie a la Contraloría General de Santander para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación las remita
2.2.2. A su vez, el apoderado del demandado solicita se oficie a la Secretaría General del Senado de la República, para los siguientes efectos:
“2. (…) para que certifique y si es del caso aporte copia auténtica de lo siguiente:
a. Cuántos votos obtuvo el señor José Joaquín Plata Albarracín dentro del proceso de elección de Contralor General de la República periodo 2018 - 2020 en la sesión plenaria del congreso que se realizó el día 20 de agosto de 2018 para proveer dicho cargo.
b. Certifique si el Representante a la Cámara por Santander Oscar Leonardo Villamizar Meneses hizo parte de la comisión de acreditación documental y comisión accidental dentro del proceso de elección de Contralor General de la República periodo 2018 – 2020.
c. Certifique la fecha y hora en que la universidad industrial de Santander - UIS, entregó y fue publicada la lista definitiva de habilitados dentro del proceso de selección del Contralor General de la República para el periodo 2018 - 2020.
d. Copia simple de la Resolución No. 007 del 19 de julio de 2018 de la mesa directiva del Congreso de la República por medio de la cual se efectúa una convocatoria pública y se selecciona una institución de educación superior que adelante la convocatoria para elegir al Contralor para el periodo 2018-2022.
e. Copia simple de la Resolución No. 009 del 26 de julio de 2018 de la mesa directiva del congreso de la república por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución No. 007 del 19 de julio de 2018 de la mesa directiva del congreso de la república. Entre otras cosas, en dicho acto administrativo se modificó el cronograma del proceso fijándose como fecha de publicación de la lista definitiva de habilitados en el proceso de elección de Contralor General de la República el día 12 de agosto de 2018.
f. Copia simple del oficio del 12 de agosto de 2018 suscrito por el doctor Luis Eduardo Becerra Ardila, funcionario de la UIS y responsable del proyecto dentro de la ejecución del contrato ínter administrativo No. 0268 de 2018, celebrado entre el senado de la república y la institución educativa, dando cumplimiento al numeral 4* del artículo 6* de la ley 1904 de 2018, remite a la presidencia del Senado y la Cámara; así como también a la dirección general del Senado de la República la lista definitiva de habilitados dentro del proceso de selección del Contralor General de la República para el periodo 2018 - 2020.
g. Copia simple del informe de selección de candidatos elegibles al cargo de Contralor General de la República de fecha 13 de agosto de 2018, suscrito por la comisión accidental dentro del proceso de elección de Contralor General de la República 2018 - 2020, en el que se establece la lista final de elegibles para proveer el cargo de Contralor general de la República.
h. Oficio del 20 de diciembre de 2018 con referencia CAD.3.12.2-097/2018 en el que la comisión legal de acreditación documental responde un derecho de petición radicado 22208 presentado por el Representante a la Cámara por Santander y aquí demandado doctor Oscar Leonardo Villamizar Meneses, en el que le Informa que la mesa directiva de la Cámara de Representantes mediante la Resolución No. 1766 del 31 de julio de 2018 resuelve nombrar los Representantes a la Cámara que integran la comisión accidental para definir la lista de elegibles en el proceso de convocatoria pública para la elección del Contralor General de la República; lista de la que no hizo parte el demandado Oscar Leonardo Villamizar Meneses.
i. Copia simple de la Resolución No. 1766 del 31 de julio de 2018 de la Cámara de Representantes con fundamento en el artículo 7 de la ley 1904 de 2018, resuelve nombrar los Representantes a la Cámara que Integran la comisión accidental para definir la lista de elegibles en el proceso de convocatoria pública para la elección del Contralor General de la República; comisión accidental de la que no hizo parte el demandado Oscar Leonardo Villamizar Meneses.
j. Copia simple del informe de selección de candidatos elegibles al cargo de Contralor General de la República realizado por la Comisión accidental de fecha 13 de agosto de 2018.”
El Despacho advierte que, pese a que el apoderado solicitó que se oficiara a la Secretaría General del Senado de la República, comoquiera que el demandado es Representante a la Cámara, no Senador, dicha petición debe dirigirse a la Cámara de Representantes.
En consecuencia por ser procedentes, se ordena a la Secretaría de la Cámara de Representantes, para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la petición certifique lo antes pedido. Por la Secretaría General del Consejo de Estado líbrese el correspondiente oficio.
(…)
3. PRUEBA DE OFICIO
3.1. Por Secretaría General de la Corporación, ofíciese al Consejo Nacional Electoral para que remita dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y con destino al proceso, copia de la resolución por medio de la cual se declaró la elección del Representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Santander, Oscar Leonardo Villamizar Meneses, para el periodo constitucional 2018-2022, y se ordenó la expedición de las respectivas credenciales.
3.2. Por Secretaría General de la Corporación, ofíciese a la Contraloría General de Santander para que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación, remita con destino a este proceso copia íntegra del Proceso de Responsabilidad Fiscal que allí se siguió en contra del señor Oscar Leonardo Villamizar Meneses, bajo el radicado número 2017-062. […]”
3.4. Por auto 8 de febrero de 2019 se tuvo por agotada la etapa probatoria y se fijó fecha para la audiencia pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018.
3.5. La audiencia pública se llevó a cabo el 22 de febrero del año en curso, con la presencia de los señores Consejeros que integran la Sala Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, audiencia a la que también asistieron la actora, el señor Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado en calidad de agente del Ministerio Público, el congresista demandado y su apoderado.
Las partes intervinieron en el orden previsto en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, esto es, la solicitante, el agente del Ministerio Público y el apoderado del congresista, manifestando lo siguiente:
La accionante solicitó que el demandado sea despojado de la investidura, por considerar que incurrió en la causal de conflicto de intereses, la cual, a su juicio, se configura porque el congresista participó en la elección del Contralor General de la República para el período 2018 -2022, pese a que uno de los candidatos era el Contralor Auxiliar de Santander, doctor José Joaquín Plata Albarracín, quien adelantaba en su contra un proceso de responsabilidad fiscal y, no obstante tener pleno conocimiento de dicha circunstancia, no manifestó su impedimento. No aportó resumen escrito de su intervención.
El señor Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado se refirió a los elementos que configuran la causal de pérdida de investidura señalada en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, a la jurisprudencia que sobre el particular ha proferido esta Corporación y al proceso de elección de Contralor General de la República, para precisar que el demandado no hizo parte de la comisión accidental del Congreso de la República que seleccionó los 10 candidatos y que adicionalmente el doctor Albarracín Plata no obtuvo ningún voto.
Advirtió que en este caso no se demostró que existiese un interés particular del demandado en la elección del Contralor General de la República y su participación no representó un beneficio propio.
Por último, concluyó que no se cumplió con la carga probatoria para demostrar la existencia de un conflicto de intereses, ni están reunidos los presupuestos exigidos que permitan estructurar la causal de pérdida de investidura, para ello citó varias sentencias proferidas por la Corporación; aportó un resumen escrito de su intervención en treinta (30) folios útiles.
El apoderado del congresista demandado señaló que la actora omitió tener en cuenta que el sistema de elección del Contralor General de la República sufrió una modificación a partir del Acto Legislativo 02 de 2015, así como de las normas que lo reglamentaron. Afirmó que su representado no estaba impedido para participar en la elección del Contralor General de la República para el período 2018 – 2022, debido a que el juicio de responsabilidad fiscal que adelantaba en su contra la Contraloría General de Santander fue archivado con antelación, decisión que fue confirmada en consulta.
Finalmente, destacó cómo son las etapas del proceso de selección del Contralor General de la República, la naturaleza jurídica del proceso de pérdida de investidura y la causal endilgada en este caso, para indicar que no se configuró el elemento subjetivo. Allegó resumen escrito de su intervención en dieciocho (18) folios útiles.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia
Esta Sala Dieciocho Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para conocer en primera instancia de la presente solicitud de pérdida de investidura, con base en lo previsto por los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política, así como lo establecido por el numeral 7 del artículo 37 de la Ley 270 de 1996, el artículo 2° de la Ley 1881 de 2018 y el Acuerdo 011 del 31 de enero de 2018, proferido por la Sala Plena de esta Corporación.
2.- Procedibilidad de la acción
Está acreditado con la copia del formulario E-26 CA del 11 de marzo de 2018, que contiene el resultado del escrutinio general de elecciones Cámara de Representantes, circunscripción territorial Departamento de Santander, que el señor Oscar Leonardo Villamizar Meneses fue elegido Representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático para el periodo constitucional 2018-2022.
En consecuencia, el demandado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura.
3.- La causal de pérdida de investidura invocada:
Se le atribuyó al accionado la causal prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, que dispone:
“[…] ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura:
Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
[…]”.
El conflicto de intereses se ha definido “como aquella conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial”. (negrillas en la providencia).
La Constitución Política, en su artículo 182, prevé que “Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones”.
A su vez, el artículo 286 de La Ley 5 del 17 de junio de 1992, “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”, estableció el deber de los congresistas de declararse impedidos para participar en el debate o votaciones respectivas cuando tengan un interés directo en la decisión porque los afecte de alguna manera a ellos, a su cónyuge, compañero permanente, parientes o sus socios; allí se estableció que deben poner en conocimiento las situaciones que les impidan participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración y el trámite del impedimento, así:
“[…]
ARTÍCULO 268. DEBERES. Son deberes de los Congresistas:
(…)
6. Poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración.
7. Cumplir las disposiciones acerca de las incompatibilidades y conflictos de interés.
(…)
ARTÍCULO 291. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. Todo Senador o Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés.
ARTÍCULO 292. COMUNICACIÓN DEL IMPEDIMENTO. Advertido el impedimento, el Congresista deberá comunicarlo por escrito al Presidente de la respectiva Comisión o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento. […]”
Esta Corporación ha dicho desde tiempo atrás que, para que se estructure la causal de conflicto de interés, deben estar reunidos los siguientes requisitos: (i) que se demuestre la calidad de congresista del demandado; (ii) la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del congresista o de las personas que señala la ley, y (iii) la no manifestación de impedimento frente al asunto que es motivo de decisión; en providencia de marzo de 2010 recordó sus elementos, así:
“[…] a) Que el conflicto de intereses que originaría un impedimento se puede presentar por razones de índole moral o económico, conforme lo dice el artículo 182 de la Constitución Política y los artículos 268, numeral 6°, y 286 de la Ley 5ª de 1992.
(…)
No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no subordine al interés público.
(…)
b) Que el impedimento puede darse por la participación o votación en una decisión o asunto de que conozca el Congreso de la República, sea que se trate de deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de intereses para conocer y participar “sobre determinado proyecto o decisión trascendental”
Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las electorales.
c) Que el congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita a la comisión o corporación legislativa correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral debe surgir la obligación del congresista de manifestar el impedimento.
d) Que la configuración del impedimento se sujeta a que exista en el congresista un interés directo, particular, actual y real en la decisión de algún asunto que esté sometido a consideración del Congreso de la República, de conformidad con los artículos 286 de la Ley 5ª de 1992 y 16 de la Ley 144 de 1994.
(…)
Nótese que el artículo 185 consagra la inmunidad del voto del congresista para favorecer la participación y el cumplimiento efectivo de la misión que le corresponde a ese servidor público, al paso que el artículo 182, de modo general, prescribe los llamados conflictos de intereses de los congresistas que los inhiben de intervenir en las deliberaciones y debates pero que delega a la ley las regulaciones específicas sobre esos conflictos. De ahí que la Sala crea que ambas normas deben aplicarse de forma ponderada de modo que la tensión entre esas disposiciones se resuelva razonablemente en favor de la participación del congresista en las funciones propias del Congreso y no en favor de su abstención, preferiblemente.
(…)
En conclusión, la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses, se reitera, tiene ocurrencia cuando un congresista tiene un interés directo, particular y actual, de carácter moral o económico, en la decisión de uno o varios de los asuntos sometidos a su consideración, decisión de la que se derive para él o para sus familiares o socios, un beneficio de carácter real y, no obstante estar en esa situación, no se declare impedido de participar en los debates o votaciones respectivas, tal como lo ha dicho esta Sala.
[…]” (se destaca)
4.- Análisis del caso concreto:
La Sala observa que el motivo por el cual se solicita declarar la pérdida de investidura del Representante a la Cámara por el Departamento de Santander Oscar Leonardo Villamizar Meneses, se debe a que se le endilga que incurrió en la causal de conflicto de intereses prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política.
Se afirma que el demandado participó en el proceso de elección de Contralor General de la República período 2018-2022, sin declararse impedido, pese a que en la lista de los diez (10) elegibles estaba el señor José Joaquín Plata Albarracín, quien para dicha fecha fungía como Contralor Auxiliar de la Contraloría General de Santander y adelantaba en su contra la instrucción de un proceso de responsabilidad fiscal.
Por consiguiente, esta Sala Especial de Decisión abordará el estudio de los siguientes aspectos: i) el proceso de responsabilidad fiscal seguido en contra del demandado; ii) el procedimiento de elección de Contralor General de la República período 2018-2022, y iii) conclusiones.
4.1. El proceso de Responsabilidad Fiscal seguido en contra del demandado:
De la copia íntegra enviada a esta actuación de las diligencias fiscales radicadas bajo el nro. 2017-062, se desprende lo siguiente:
4.1.1. En la Contraloría General de Santander se practicó una auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular, al Contrato de Obra Pública nro. 00003616 de 2015, por presuntas inconsistencias en la ejecución y un probable detrimento patrimonial derivado del sobrecosto en la contratación.
4.1.2. Por auto nro. 138 del 27 de junio de 2017, expedido por el abogado comisionado para procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios, señor Luís Felipe Saavedra Lagos, se avocó el conocimiento del proceso, entre otros, en contra del señor Oscar Leonardo Villamizar Meneses, en condición de Secretario General del Departamento de Santander para la época de los hechos, por el presunto daño fiscal en cuantía de $267.336.958.48.
4.1.3. Por auto del 10 de agosto de 2017, proferido por la Subcontralora Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, Kelly Paola Restrepo Amaya, se dispuso la apertura del proceso en contra de Jairo Alberto Durán Ayala, Supervisor del contrato para la época de los hechos, Oscar Leonardo Villamizar Meneses en calidad de Secretario General del departamento para la época de los hechos y Aurelio Gutiérrez Castillo, en calidad de contratista- constructor para la época de los hechos, en una cuantía de doscientos sesenta y siete millones trescientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos con cuarenta y ocho centavos m/cte ($267.336.958, 48.oo).
4.1.4. Por auto nro. 040 del 5 de julio de 2018, la Subscontralora Delegada para Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Santander, Kelly Paola Restrepo Amaya, ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal nro. 2017-062 adelantado en contra de los señores Jairo Alberto Durán Ayala, Aurelio Gutiérrez Castillo y Oscar Leonardo Villamizar Meneses, luego de concluir que “no existe mérito para continuar con la misma, toda vez que, como se dijo, no existe causalidad entre el presunto daño fiscal y la gestión de los investigados (…)”.
4.1.5. Por auto del 9 de agosto de 2018, “por medio de la cual se surte un grado de consulta”, el Contralor Auxiliar de Santander, señor José Joaquín Plata Albarracín, confirmó el Auto de Archivo nro. 040, por considerar que el análisis de la Subsecretaría Delegada para Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Santander había sido acertado. Dicha decisión fue notificada mediante estado el 10 de agosto de 2018.
4.1.6. Según constancia del 14 de agosto de 2018, el 13 del mismo mes y año cobró ejecutoria el auto del 9 de agosto, por medio del cual se surtió el grado de consulta de la providencia que ordenó el archivo.
4.1.7. De otro lado, la Secretaría General de la Contraloría de Santander certificó el 28 de enero de 2019, con destino a este proceso, que el señor José Joaquín Plata Albarracín labora en dicha institución en el cargo de Contralor Auxiliar, código 035, grado 04, desde el 10 de febrero de 2016 a la fecha y, de acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias Laborales señalado en la Resolución nro. 000814 del 7 de octubre de 2013, se destacan entre otras las siguientes:
“[…] 2. Conocer y resolver en segunda instancia los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios y emitir los respectivos fallos.
3. Coordinar con las Sub Contralorías de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal, así como con otras dependencias las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de las labores de control fiscal (…)
(…)
11. Decidir el grado de Consulta de las providencias emitidas por la Subcontraloría para los procesos de Responsabilidad Fiscal cuando el fallo se profiera en los términos del artículo 18 de la Ley 610 de 2000.
[…]” (se destaca)
4.2. El procedimiento de elección de Contralor General de la República:
4.2.1. Con ocasión de la expedición del artículo 22 del Acto Legislativo 02 del 1 de julio de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones", fueron modificados los incisos quinto y sexto del artículo 267 de la Constitución Política, los cuales quedaron de la siguiente forma:
“[…] Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
(…)
Inciso modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html" \l "22" 22 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo.
Inciso modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html" \l "22" 22 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo. […]” (subrayas de la Sala)
Por su parte el artículo 126 de la Carta Política, modificado por el artículo 2 del mismo Acto Legislativo 2 de 2015, dispuso que “(…)Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”. (se destaca)
4.2.2. La Ley 1904 de 2018, señaló que la elección de dicho servidor se haría por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, de la lista conformada por convocatoria pública (artículo 1); que debía cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos que garanticen los principios de publicidad, transparencia y méritos (artículo 2), que el Congreso debía conformar una Comisión accidental para definir la lista de seleccionados y para ello, la Cámara de Representantes elegiría un representante por cada partido (artículo 7), y de una lista de diez (10) candidatos seleccionados por la Comisión, el Congreso elegiría al Contralor General de la República en el primer mes de las sesiones ordinarias, por mayoría absoluta de votos de sus miembros y para un período institucional igual al del Presidente de la República.
4.2.3. Comoquiera que los hechos por los cuales se endilga al demandado la configuración de la causal de conflicto de intereses tiene que ver con la elección del Contralor General de la República para el período 2018-2022, al efecto se observa lo siguiente:
(i) Mediante la Resolución nro. 007 del 19 de julio de 2018, proferida por el Congreso de la República, se inició el proceso de convocatoria pública para la selección de los candidatos de los cuales el Congreso en pleno elegiría al Contralor General de la República para el período 2018-2022, se escogió a la Universidad Industrial de Santander como la institución de educación superior que adelantara el proceso de convocatoria y selección, acorde con lo previsto en la Ley 1904 de 2018.
(ii) Por la Resolución nro. 009 del 26 de julio de 2018, “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución M.D No. 007 del 19 de julio de 2018”, proferida por el Congreso de la República, fue modificado el cronograma con las actividades que debía seguir la universidad seleccionada.
(iii) A través de la Resolución nro. 1766 del 31 de julio de 2018, expedida por el Presidente y el Secretario de la Cámara de Representantes, se nombraron los integrantes de la Comisión Accidental de que trata el artículo 7 de la Ley 1904 de 2018, para definir la lista de candidatos en el proceso de convocatoria pública para la designación del Contralor General de la República, período 2018-2022.
Esta comisión quedó integrada por un representante de cada partido, así:
PARTIDO
REPRESENTANTE
Liberal Colombiano
Carlos Julio Bonilla Soto
Centro Democrático
Samuel Alejandro Hoyos Mejía
Cambio Radical
Atilano Alonso Giraldo Arboleda
Unidad Nacional
Martha Patricia Villalba Hodwalker
Conservador
Wadith Alberto Manzur Imbett
Alianza Verde
Inti Raúl Asprilla Reyes
MIRA
Irma Luz Herrera Rodríguez
Polo Democrático Alternativo
Carlos Germán Navas Talero
Opción Ciudadana
Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa
MAIS
David Ricardo Racero Mayorca
FARC
Luís Alberto Albán Urbano
(iv) Según el informe de Selección de Candidatos Elegibles al Cargo de Contralor General de la República, suscrito el 13 de agosto de 2018, por los delegados Paloma Valencia Laserna, Senadora de la República, Atilano Alonso Giraldo Arboleda, Representante a la Cámara, Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado y Jorge Humberto Mantilla Serrano, Secretario General de la Cámara, se dejó la siguiente constancia:
Que analizadas por la Comisión Accidental las distintas posturas de los participantes en la audiencia pública y revisados los informes presentados por la Universidad Industrial de Santander, dentro de la prueba de conocimientos y evaluación de la hoja de vida por factores de ponderación, la comisión accidental acordó que cada miembro votaría por una lista que incluía 10 nombres, de las cuales se escogerían los 10 elegibles que obtuvieran el mayor número de votos.
Escrutada la votación, la lista final de elegibles quedó conformada así:
Nro.
NOMBRE DEL ELEGIBLE
1.
José Andrés O’Meara Riviera
2.
Carlos Felipe Córdoba Larrarte
3.
Wilson Ruíz Orejuela
4.
José Félix Lafaurie Rivera
5.
Julio César Alberto Cárdenas Uribe
6.
Marco Antonio Velilla Moreno
7.
Maritza Del Socorro Quintero Jiménez
8.
Alonso Pío Fernández Angarita
9.
Gilberto Rondón González
10.
José Joaquín Plata Albarracín
(v) Consta en la Gaceta del Congreso nro.982 del 14 de noviembre de 2018, que contiene el Acta de Plenaria nro. 005 de la sesión ordinaria, el miércoles 15 de agosto de 2018, que fueron escuchados los candidatos elegibles a ocupar el cargo de Contralor del período 2018-2022.
(vi) De la misma manera, la Gaceta del Congreso nro. 897 del 25 de octubre de 2018, contiene el Acta del Congreso en Pleno del día lunes 20 de agosto de 2018, fecha en la que fue elegido como Contralor General de la República el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, para el período 2018-2022. Las votaciones fueron las siguientes:
Votación oficial en Senado: 1 voto en blanco, 3 votos por José Félix Lafaurie Rivera, 16 votos por Julio César Cárdenas y 75 por Carlos Felipe Córdoba.
Votación oficial en Cámara: 1 voto por José Andrés O’Meara Riviera, 9 votos por José Félix Lafaurie Rivera, 128 votos por Carlos Felipe Córdoba, 15 votos por Julio César Alberto Cárdenas.
(vii) En la certificación de la Secretaría General de la Cámara de Representantes expedida el 31 de enero de 2019, obra que, revisadas las Gacetas del Congreso contentivas de las actas de la sesión plenaria de la Corporación y del Congreso en Pleno, en las cuales se adelantó el proceso para la elección del Contralor General de la República para el período 2018- 2022, de conformidad con la Ley 1904 de 2018, se constató la siguiente actuación, intervención y votación del Representante a la Cámara Oscar Leonardo Villamizar Meneses, así:
“[…]
Gaceta del Congreso N° 982 de 2018, en la cual reposa el acta de plenaria número 005 de la sesión ordinaria del día miércoles 15 de agosto de 2018, fecha en la cual fueron escuchados los candidatos elegibles a ocupar el cargo de Contralor General de la República, periodo 2018-2022.
Asunto
Hora
Página Gaceta
Apertura del Registro de Asistencia
11:29 a.m.
13
Inicio de la sesión
11:30 a.m.
13
Registró su asistencia a la sesión
11:30 a.m.
15
Asunto
Sentido del Voto
Página Gaceta
Votación Impedimentos H.R. John Jairo Berrio y otros.
Si
24
Intervención H.R. Oscar Leonardo Villamizar Meneses
____
59
Gaceta del Congreso N° 897 de 2018, en la cual reposa el acta de Congreso Pleno del día lunes 20 de agosto de 2018, fecha en la cual fue elegido el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte como General de la República, periodo 2018-2022.
Asunto
Hora
Página Gaceta
Apertura del Registro de Asistencia
2:49 p.m.
02
Inicio de la sesión
3:05 p.m.
02
Registró su asistencia a la sesión
3:06 p.m.
04
Asunto
Sentido del Voto
página Gaceta
Votación impedimentos H.R. Esteben Quintero y otros.
No
16
Votación impedimentos H.R. José Gustavo Padilla y otros.
Si
21
Llamado para depositar su voto
SECRETO
37
[…]”
4.3. Conclusiones de la Sala:
Conforme con lo anotado, esta Sala Especial de Decisión puede deducir lo siguiente:
4.3.1. A raíz de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, la elección del Contralor General de la República por parte del Congreso en Pleno debe estar precedida de la conformación de una lista de seleccionados, previo el cumplimiento de las etapas de convocatoria, inscripción, lista de elegidos, pruebas y entrevista, que debe definir una comisión accidental del Congreso de la República y en consecuencia para su selección se parte del supuesto del cumplimiento de criterios de mérito.
4.3.2. Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el proceso de convocatoria para la elección del Contralor General de la República, período 2018-2022, inició el 19 de julio de 2018 y culminó el 20 de agosto del mismo año.
4.3.3. Si bien es cierto en la lista conformada el 13 de agosto de 2018 por la comisión accidental del Congreso, uno de los diez (10) seleccionados fue el señor José Joaquín Plata Albarracín, Contralor Auxiliar de la Contraloría General de Santander, el congresista demandado Oscar Leonardo Villamizar Meneses no hizo parte de dicha comisión.
4.3.4. Si bien es cierto el 9 de agosto de 2018 el Contralor Auxiliar de la Contraloría General de Santander José Joaquín Plata Albarracín profirió un auto mediante el cual confirmó en grado de consulta el auto del 5 de julio de 2018 de la Subcontralora Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, que ordenó el archivo del proceso de Responsabilidad Fiscal nro. 2017-062, seguido en contra del congresista demandado, dicha circunstancia por sí sola no tiene la virtualidad de configurar el pretendido conflicto de intereses, pues no se observa relación causal alguna de la decisión adoptada frente a la conducta del demandado.
4.3.5. Está acreditado que en la votación realizada por el Congreso en Pleno el día lunes 20 de agosto de 2018, fecha en la que se eligió como Contralor General de la República para el período 2018-2022 al doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el proceso fiscal seguido contra el congresista ya había concluido y el señor José Joaquín Plata Albarracín no obtuvo ningún voto en Senado y en Cámara.
4.3.6. El conflicto de intereses, entendido como la existencia de un interés directo que pudiese beneficiar al congresista demandado, requería la demostración de que éste hubiera incidido de forma directa, al menos en la escogencia del señor José Joaquín Plata Albarracín como uno de los diez (10) candidatos opcionados para ocupar el cargo de Contralor, o que hubiese votado por éste en la elección final, lo que no se demostró, máxime cuando el proceso estuvo dotado de criterios de selección por mérito.
4.3.7. Como lo ha dicho esta Corporación: “(…) es necesaria su participación [de los Congresistas] en las respectivas votaciones, como quiera que a través de ella se consolida la voluntad del Congreso de la República en el ejercicio del mandato principal que le han delegado los electores. (…)”; por ende, lo que está acreditado es que el congresista demandado ejerció su deber constitucional y legal de participar en la elección de Contralor General de la República.
4.3.8. Por último, no sobra destacar por la Sala que, aunque por Oficio nro.5859 del 26 de septiembre de 2018, emitido por la Subcontraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Santander, se dio respuesta al derecho de petición radicado por la señora Leydy Johanna Ortiz Rondón, donde le indicó que allí cursaba a la fecha de la solicitud un proceso de responsabilidad en contra del señor Oscar Leonardo Villamizar Meneses, también lo es que, por Oficio nro.5988 del 1 de octubre de 2018, la misma funcionaria le dio alcance explicando que por error había informado sobre su existencia cuando estaba archivado, hecho que en manera alguna puede edificar responsabilidad para el demandado, entre otras razones, por cuanto éste no fue quien emitió la referida respuesta.
Conforme con lo anotado y teniendo en cuenta las consecuencias que conlleva la prosperidad de una acción de esta naturaleza, por tratarse de una sanción jurisdiccional y de un mecanismo de control político de los ciudadanos, ello implica que, en cumplimiento de las reglas del debido proceso, las causales para su prosperidad deban estar taxativamente señaladas en la ley; como en este evento no se demostró que el congresista demandado debiera declararse impedido para participar en la elección de Contralor General de la República, puesto que no estaban en pugna sus intereses particulares frente al interés general, serán denegadas las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: Negar la pérdida de investidura del Representante a la Cámara por el Departamento de Santander OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES, elegido para el periodo constitucional 2018-2022, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión judicial.
SEGUNDO: Remitir copia de la presente providencia al Presidente de la Cámara de Representantes para su conocimiento. Por Secretaria de la Corporación procédase de conformidad.
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con fundamento en lo previsto por el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Sala Especial
Consejero de Estado
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Consejera de Estado
MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero de Estado
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Consejera de Estado
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C. dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04626-00(PI)
Actor: NATALIA KATHERINE SÁNCHEZ ALVARADO
Demandado: OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES
Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las razones que motivan la aclaración de mi voto frente al fallo dictado dentro del proceso de pérdida de investidura No. 11001-03-15-000-2018-04626-00:
1. Aunque la suscrita comparte el sentido de la decisión, advierte que la falta de estructuración del problema jurídico que se resuelve, impide visualizar con claridad la ratio decidendi que resuelve el caso concreto y los argumentos que contienen su motivación.
2. En atención a los supuestos fácticos y jurídicos contenidos en la integración del contradictorio y en el concepto rendido por el Agente del Ministerio Público, el eje de la discusión se centra en resolver el siguiente problema jurídico:
¿Incurre en causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses el congresista que participó en la elección del Contralor General de la República para el período 2018-2022 sin declararse impedido, pese a que en la lista de los diez candidatos seleccionados se encontraba un funcionario de la Contraloría General de Santander, que conoció en grado de consulta un proceso de responsabilidad fiscal que se adelantó en su contra?
3. Siendo este el problema jurídico que se resuelve, resulta de la mayor importancia referir la línea jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado en los procesos de pérdida de investidura, en relación con el concepto del conflicto de intereses y con uno de sus principales elementos estructurantes, cual es, la existencia de un interés directo, actual y concreto en el asunto que se somete a consideración del Congresista por razón del ejercicio de sus funciones, a partir del cual surge para él la obligación de declararse impedido.
4. Como dicha referencia jurisprudencial se extraña en la sentencia y es a partir de ella que es posible entender el alcance del interés directo, actual y concreto en cada caso particularmente analizado, aunque comparto el sentido de la decisión, considero que la razón de la decisión no es la ausencia de prueba acerca de la existencia de este elemento estructurante del conflicto de intereses.
5. Por el contrario, como lo señalaré más adelante, a la luz de los supuestos fácticos expuestos en la solicitud de pérdida de investidura, en el presente caso quedó probada la imposibilidad de que en el Representante a la Cámara concurriera un interés directo, actual y concreto en la elección del candidato José Joaquín Plata Albarracín, quien hizo parte de la lista de seleccionados para el cargo de Contralor General de la República, fungía como funcionario de la Contraloría General de Santander y en virtud de dicho cargo conoció, en grado de consulta, un proceso de responsabilidad fiscal que se adelantó en contra del Representante a la Cámara, siendo este el motivo por el cual no era exigible al congresista la manifestación de impedimento.
6. De acuerdo con todo lo anterior, para efectos metodológicos abordaré la presente aclaración de voto con fundamento en los siguientes ejes temáticos: i) El conflicto de intereses y el interés directo, actual y real como elemento estructurante del mismo, a la luz de la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ii) El caso concreto.
6.1 El conflicto de intereses a la luz de la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado
6.1.1 Primera etapa del desarrollo jurisprudencial -1993 a 2005-
Durante este lapso la Sala Plena del Consejo de Estado se centró en definir y reiterar tres cuestiones respecto al conflicto de intereses. Por un lado, los pronunciamientos entendieron que se trata de un concepto jurídico indeterminado que requiere ser dotado de contenido para su aplicación, y por otro lado, reconocieron que el marco constitucional y legal vigente resulta suficiente para hacer efectiva y útil la prohibición constitucional, discusión que se dio en razón a que en algunos de los descargos se alegó la imposibilidad de que el Consejo de Estado se pronunciara sobre la pérdida de investidura por la inexistencia de una ley que reglamentara de manera específica el conflicto de intereses del congresistas.
Conforme con lo anterior, los pronunciamientos de la época señalaron dos elementos esenciales para que se configure el conflicto de intereses: i) la existencia de un "interés", entendido en los términos que define el Diccionario de la Lengua Española, como un ánimo de obtener provecho, utilidad o ganancia, o, como la posición que favorece al sujeto en la satisfacción de una necesidad, que se halla en “conflicto” con otro interés no propio, sino perteneciente a la comunidad, al grupo social, esto es, un interés general.
De suyo, determinó que el conflicto de intereses supone que el Congresista se halle frente a dos intereses, uno propio y otro general, con la particularidad de que la ley le impone, por razón de su cargo, la obligación de escoger el interés ajeno con preferencia del propio, so pena de incurrir en la sanción prevista en caso de escogencia indebida, que no es otra que la pérdida de la investidura.
Sobre esta base, la Sala Plena del Consejo de Estado señaló que para la prosperidad de la pérdida de la investidura, en el proceso debe estar acreditada la existencia tanto del interés particular que se contrapone con el interés general y la incorrecta elección efectuada por el congresista. Respecto a este último elemento concluyó que en aquellos eventos en que concurre un conflicto de intereses en el Congresista y éste no se declara impedido, tal omisión, por si sola, no conduce necesariamente a privarlo de la investidura, porque puede ocurrir que el parlamentario participó y/o votó el asunto en forma contraria al interés propio que lo favorecía.
El sustento de esta tesis es que lo que es objeto de sanción es la incorrecta elección del interés particular y subjetivo del Congresista sobre el interés general que le impone el ejercicio de su cargo en los términos del artículo 133 constitucional, más no la ausencia de impedimento.
En tanto en cuanto, los impedimentos están previstos para salvaguardar la imparcialidad del Congresista, de forma tal que sus intereses subjetivos no puedan permear, interferir o distorsionar la prevalencia del interés general en el tratamiento de los asuntos sometidos a su consideración, es en cada caso en concreto que el juez debe evaluar, a la luz de las probanzas, si en el Congresista concurría o no un conflicto de intereses, siendo este el motivo del que se deriva el imperativo de declararse impedido.
6.1.2 Segunda etapa del desarrollo jurisprudencial -2006 a 2018-
En esta segunda fase, la Sala Plena del Consejo de Estado ha mantenido los lineamientos generales a partir de los cuales se ha venido dotando de contenido el concepto de conflicto de intereses. No obstante, mediante sentencia dictada el 24 de agosto de 2006, se pronunció de manera concreta sobre los elementos que configuran la violación del régimen del conflicto de intereses, en el sentido de resaltar que el interés es directo, actual y concreto y se presenta cuando la participación y/o votación del Congresista favorece su interés particular; es decir, cuando le representa a él o a sus familiares o a sus socios, algún tipo de beneficio o provecho, moral o económico.
En línea con lo anterior, los pronunciamientos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se han decantado de manera uniforme y pacífica en los siguientes puntos de derecho:
1. Los elementos que configuran el conflicto de intereses son los siguientes: i) Que exista un interés particular, moral o económico, del Congresista, el cual debe ser directo, actual y concreto en el asunto del que conoce ii) Que no manifieste su impedimento a pesar de la existencia del interés directo iii) Que no haya sido separado del conocimiento del asunto por virtud de una recusación iv) Que haya participado y/o votado en el asunto correspondiente v) Que la participación y/o votación se haya producido en ejercicio de sus funciones, como son, por ejemplo, la legislativa, la electoral o la judicial.
2. El mero hecho de que el Congresista no se declarare impedido, teniendo la obligación de hacerlo, no es razón suficiente para que pierda la investidura, pues debe acreditarse que con su participación y/o votación en el asunto del que conoció, se apartó del interés común y general, porque se repite, el conflicto de intereses se configura cuando el Congresista antepone sus intereses particulares al interés general, comprometiendo con ello la imparcialidad que le exige la Constitución y la ley.
3. Derivado de lo anterior, salta a la vista que los casos en que se analiza la concurrencia o no del conflicto de intereses en un Congresista, suponen resolver una cuestión de hecho referida al análisis de las probanzas, para establecer la existencia del interés directo, actual y concreto que se le imputa.
7. Caso concreto
En el asunto que se decisión, la ratio decidendi señaló que no se había probado la existencia de un interés directo, actual y real del Representante a la Cámara en la elección de la que participó con su votación, sin embargo, las pruebas demuestran que el Congresista no tenía un interés directo, actual y concreto en la elección de la que participó, por las siguientes razones:
i) Se acreditó que el congresista no intervino en la selección por mérito de los candidatos, pues la realización de dicho proceso le fue ajena en tanto e correspondió a la Universidad encargada de ello.
ii) Quedó probado que el proceso de selección por mérito inició el 19 de julio de 2018, cuando el proceso fiscal adelantado contra el Congresista había sido archivado por la funcionaria competente el 5 de julio de 2018.
iii) Se probó que el Representante a la Cámara tampoco intervino en la elección de los candidatos que integraron la lista de elegibles, pues tal intervención correspondió a la Comisión integrada por 1 representante de cada partido, en los términos exigidos por la Ley 1904 de 2018, de la cual él nunca fungió como integrante.
iv) En adición a lo anterior y para corroborar la inexistencia del conflicto de intereses, se suma que la conformación de la lista de elegibles ocurrió el 31 de julio de 2018, mientras que en el proceso fiscal se ordenó el archivo de la actuación por la funcionaria competente, el 5 de julio de 2018.
v) Para la fecha en que se presentaron los 10 candidatos ante el Congreso en Pleno -15 de agosto de 2018-, ya había quedado ejecutoriada la decisión que confirmó el archivo del proceso fiscal dictado el 5 de julio de 2018, pues la ejecutoria ocurrió el 13 de agosto de 2015.
vi) En la fecha en que se llevó a cabo la elección -20 de agosto de 2018, ocurre la misma situación descrita en el numeral anterior, es decir, ya se encontraba en firme la decisión de archivo.
v) El candidato de la lista de elegibles no recibió ningún voto.
Así pues, encontrándose archivada la actuación fiscal para el momento en que el Representante a la Cámara votó la elección del Contralor General de la República y no habiendo recibido ningún voto el candidato Plata Albarracín, no es posible establecer el interés particular, moral o económico, directo, actual y concreto en la elección. En consecuencia, la ratio decidendi del este caso se sustenta en que quedó probada la
inexistencia de los dos elementos principales de la causal, cuales son: i) el interés directo, actual y concreto y ii) la obligación que de ello surge, de declararse impedido.
En los presentes términos dejo presentadas mi aclaración de voto.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Fecha et supra,
Folios 1 a 33 del cuaderno nro.1.
Folios 122 a 131 del cuaderno nro.2.
Folio 113 cuaderno 1.
Folio 117 cuaderno 1.
Folios 209 a 21 cuaderno 2.
Folio 411 cuaderno 2.
El artículo 12 de la Ley 1881 de 2018 dispone: “(…) A la audiencia pública asistirá la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura y será presidida por el Magistrado ponente. Esta diligencia quedará registrada en medio magnético para que obre dentro del expediente.
Las partes podrán intervenir, por una sola vez, en el siguiente orden: El solicitante su apoderado, el agente del Ministerio Público y el congresista y su apoderado.
Quien presida la audiencia podrá fijar el tiempo para las intervenciones.”
Las partes podrán presentar al final de su intervención un resumen escrito.”
Folio 453 cuaderno 3.
Folios 230 a 240 cuaderno 3.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil.
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 23 de marzo de 2010. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
Anexo 1. Proceso de responsabilidad fiscal.
Folio 190 Anexo 1. Proceso de Responsabilidad Fiscal.
Folios 178 a 187 anexo 1. Proceso de responsabilidad fiscal.
Folios 489 a 513 anexo 4 que contiene parte del proceso de responsabilidad fiscal.
Folios 518 a 523 anexo 4.
Folio 524 anexo 4.
Folio 527 anexo 4.
Folio 370 cuaderno 3.
Folios 371 a 373 cuaderno 3.
“por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República”.
Folios 348 a 353 cuaderno 3.
Conforme con lo ordenado por el artículo 43 numeral 8 de la Ley Orgánica 5 de 1992 que determinó que es función de los Presidentes de las Cámaras Legislativas designar las Comisiones Accidentales.
Folio 165 del cuaderno nro. 2, también en folio 366 del cuaderno nro.3.
Folios 160 a 162 del cuaderno nro. 2.
Folios 252 a 307 del cuaderno nro.3.
Folio 308 del cuaderno nro.3.
Folio 251 del cuaderno nro. 3.
Notificado el 10 de agosto de 2018 y que cobró ejecutoria el 13 del mismo mes y año.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 18 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 25 de abril de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2018-00319-00.
Corte Constitucional. Sentencia C-254 A del 29 de marzo de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Pérdida de Investidura: 1. Sentencia del 1 de diciembre de 1993. Consejero Ponente: Miguel Viana Patiño. Expediente AC632: esta sentencia precisó que el no registro de los intereses privados en el libro respectivo a que se refiere la Ley 5 de 1992, no constituye violación al régimen de conflicto de intereses. 2. Sentencia del 20 de enero de 1994. Consejero Ponente: Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Expediente AC796: en esta decisión se precisaron como normas aplicables al conflicto de intereses los artículos 182 y 183 de la Constitución Nacional y 286 y siguientes de la Ley 5 de 1992. 3. Sentencia del 24 de marzo de 1994. Consejero Ponente: Jaime Abella Zárate. Expediente AC1276. El pronunciamiento señala que aun cuando el Congresista no se declaró impedido, no quedó acreditado que su participación y voto en la aprobación de la reforma tributaria, en especial de los artículos que crearon exenciones a los trámites de constitución de hipotecas de vivienda, representara el favorecimiento de su interés directo, real y concreto como socio de las empresas constructoras de las que él y su familia son accionistas. 4. Sentencia del 26 de julio de 1994. Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva. Expediente AC1499: Se aplicó el artículo 182 de la Constitución Nacional y se consideró la Ley 5ª de 1992 como el desarrollo legislativo del mismo. Con aclaración de voto del doctor Julio César Uribe Acosta y sin salvamento de voto.5. Sentencia del 4 de agosto de 1994, expediente AC1433, Consejero Ponente doctor Diego Younes Moreno. Reitera expresamente la tesis sostenida en la sentencia ya mencionada del 24 de marzo de 1994, expediente AC1726 y se precisa el concepto de interés directo. Con aclaración de voto por los doctores Joaquín Barreto Ruiz y Julio César Uribe Acosta y estando ausentes los doctores Miguel González Rodríguez, Carlos Betancur Jaramillo, Miren de la Lombana de Magyaroff y Dolly Pedraza de Arenas. 6. Sentencia del 23 de agosto de 1994. Consejero Ponente: Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Expediente AC1675. 7. Sentencia del 9 de septiembre de 1994. Consejero Ponente doctor Yesid Rojas Serrano. Expediente AC1233.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Pérdida de Investidura. Sentencia del 16 de octubre de 2012. Consejera Ponente: Maria Elizabeth Garcia González. Radicado. 11001-03-15-000-2011-00207-00. Sentencia del 23 de noviembre de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado. 11001-03-15-000-2010-01309-00. Sentencia del 22 de noviembre de 2011. Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Radicado: 11001-03-15-000-2011-00404-00
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