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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00105-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00105-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 3 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el señor Giovanny Roa Chaparro, concejal del municipio de Paz de Ariporo para el periodo 2024-2027. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. 42 Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01 Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2024-00105-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: KIRSTY YIREH VILLALBA PIRIACHI
Accionado: GIOVANNY ROA CHAPARRO
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura de los concejales - reiteración de
jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionada, en contra
de la sentencia de 3 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud1

1. La ciudadana Kirsty Yireh Villalba Piriachi en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] PRETENSIONES

PRIMERO: Solicito ante el Tribunal Administrativo de Casanare que declare la
pérdida de investidura del señor GIOVANNY ROA CHAPARRO como Concejal del
Municipio de Paz de Ariporo, por haber incurrido en el conflicto de intereses
consagrado en los artículos 55 num. (sic) 2° y 70 de la Ley 136 de 1994 y el 48
numeral 1° de la Ley 617 de 2000. […]” (negrilla del texto).

I.1.1.- Los hechos

2. Manifestó que el señor Giovanny Roa Chaparro fue elegido concejal del municipio
de Paz de Ariporo (Casanare) para el período 2024-2027.

3. Aseveró que el concejal accionado aprobó, en sesión plenaria, el Acuerdo
Municipal núm. “[…] 500-02-001 […]” del 9 de abril de 2024, por medio del cual se
adoptaron beneficios tributarios temporales para el pago de intereses y sanciones
tributarias en el municipio de Paz de Ariporo.

1
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

4. Anotó que el concejal accionado no se declaró impedido por conflicto de intereses,
toda vez que “[…] al aprobar el acuerdo municipal directamente se benefició con la
disminución del pago de intereses sobre el impuesto de Industria y Comercio ICA
[…]”.

5. Aseguró que el “[…] proyecto de acuerdo […]” no tenía por objeto favorecer a la
generalidad de la población sino a una parte de esta y anotó que “[…] dentro del
10% que señaló el proyecto de acuerdo de la población a beneficiarse con los
incentivos tributarios se encontraba el concejal GIOVANNY ROA CHAPARRO. […]”.

6. Mencionó que el concejal accionado, para la época en que se aprobó el citado
acuerdo municipal, “[…] debía el impuesto de industria y comercio, beneficiándose
de manera directa […]”.

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

7. Mencionó como fundamentos de derecho de su solicitud, los artículos 55, numeral
2., y 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943, así como el artículo 48, numeral 1.,
de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004, los cuales establecen como causal de
perdida de investidura, la violación del régimen de conflicto de intereses.

8. Sostuvo que el accionado debió declararse impedido, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 70 de la Ley 136, en razón a que “[…] de su conocimiento
propio era deudor moroso de los impuestos de industria y comercio ICA,
beneficiándose directamente con la aprobación […]”.

I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5

9. El accionado, a través de apoderado, dio contestación a la solicitud formulada en
su contra y se opuso a sus pretensiones, solicitando:

“[…] 1.1. Declarar infundada la solicitud de pérdida de investidura de mi defendido, en
tanto no concurre en la decisión aprobatoria reproche ético de su condición de
concejal, por ausencia ce (sic) tipicidad.

1.2. Declarar inexistente por antijuricidad material, el cargo de desinvestidura, por
obrar en favor de mi defendido una causal de justificación – eximente de
responsabilidad – del tipo objetivo, de la causal de pérdida de investidura por conflicto
de intereses.

1.3. Declarar probada por ausencia absoluta del elemento de culpabilidad, tanto del
elemento objetivo del tipo, como del elemento subjetivo de su conducta. […]”

3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
5
Cfr. Índice 24, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

3

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

10. Consideró que la conducta del accionado era atípica y no era antijurídica puesto
que no existió beneficio particular ni directo para él ni para sus allegados en la
aprobación del Acuerdo Municipal núm. 500-02-001 de 9 de abril de 2024, pues este
era de carácter general, de tal forma que lo afectaba en igualdad de condiciones a
las de la ciudadanía en general.

11. Puso de presente que:

“[…] La demandante deja al albur, parte esencial del juicio de reproche de conflicto
de intereses y este es el elemento subjetivo del comportamiento del concejal para
predicar si la investidura debe mantenerse o no. Esta falencia, precisión del cargo,
prueba de los supuestos de hecho que determinen con contundencia si la actuación
de mi defendido fue desviada del interés general y si se destinó para un beneficio
personal y directo, alejando de la ciudadanía en general o de un grupo representativo
de ciudadanos de PAZ DE ARIPORO; se hizo con conocimiento de causa o si falta a
un deber de cuidado que le era exigible, materialmente; lo cual como se anotó se
requiere que ello esté plenamente demostrado; yo no con (sic) construcción
dogmática y gramatical, sino que tenga concreción en hechos verificables, carga que
debió desplegar la peticionaria demandante.

No existe ni el más leve indicio, de que mi mandante haya actuado torticeramente en
las decisiones objeto de censura. El conocer o saber si un Concejal contribuyente es
deudor moroso, no choca en grado de ilicitud del comportamiento volitivo, por
intención o por descuido negligente, si la norma habilitante, le permite hacerlo, si el
beneficio particular, se hace para que gozara de el:

i) El Fisco Municipal, privilegiado con el aumento de sus ingresos y;
ii) La ciudadanía en general que gozaría en igualdad de condiciones de los
alivios tributarios.

Por lo que imponer una presunción que no está tipificada, de que un concejal que
fuere deudor moroso, actúa por este solo hecho con dolo o culpa es establecer un
juicio de responsabilidad objetiva. Por contrario, la presunción que crea el H. Consejo
de Estado, en la Jurisprudencia relatada in extenso, es que la ley o los acuerdos de
impuestos, pueden beneficiar indirectamente al congresista o al concejal, por cuanto
se estima en el caso del impuesto predial, que uno u otro sean sujeto de dicho tributo,
pero no por ello al aprobar un marco de alivios tributarios, se genere en su favor un
interés directo particular, excepcional o en el de sus allegados; porque se
imposibilitaría la regulación esa materia, como función estelar en Concejos
Municipales.

Por contrario mi defendido, no mostró interés en el beneficio aprobado, ello es
demostrativo por cuanto está probado que no hizo uso de beneficio alguno, durante
el tiempo que duro vigente el acuerdo por el aprobado. […]”

I.3. Trámite del proceso

12. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Casanare.

13. Mediante auto de 17 de septiembre de 20246 se admitió la solicitud de pérdida
de investidura y, en consecuencia, i) tuvo como parte accionante a la señora Kirsty

6
Cfr. Índice 5, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

4

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

Yireh Villalba Piriachi y como parte accionada al señor Giovanny Roa Chaparro; ii)
ordenó la notificación personal al accionado y al agente del Ministerio Público; iii)
hizo saber al accionado que contaba con el término de cinco (5) días para referirse
por escrito a la solicitud, aportar pruebas o pedir la práctica de las que pretendía
hacer valer; y iv) ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para
que, en el término de dos (2) días, certificara si el accionado fungía como concejal
del municipio de Paz de Ariporo.

14. En auto de 17 de octubre de 20247, se resolvió el recurso de reposición
presentado por el accionado contra el auto de 17 de septiembre de 2024, en el
sentido de no reponer la decisión.

15. El accionado se pronunció frente a la solicitud de pérdida de investidura8.

16. En auto de 6 de noviembre de 20249 se decretó la práctica de pruebas y se fijó
para el día 21 de noviembre de 2024, hora 2:30 P. M., la realización de la audiencia
pública a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de
201810.

17. En autos de 21 de noviembre de 202411, se aplazó la realización de la
mencionada audiencia y se fijó como nueva fecha el día 2 de diciembre de 2024,
hora 7:30 A. M.

18. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881, fue realizada el día
2 de diciembre de 202412, con la asistencia e intervención de la accionante, del
agente del Ministerio Público y del apoderado del accionado.

I.4. La sentencia de primera instancia13

19. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 3 de diciembre
de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECRETAR la pérdida de investidura del señor Giovanny Roa
Chaparro (…) elegido concejal del Municipio de Paz de Ariporo, por el periodo
constitucional 2024-2027 de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
[…]” (negrilla del texto)

20. Consideró que el problema jurídico que se debía resolver en el presente asunto
era el consistente en:

“[…] ¿Se configuran los elementos objetivo y subjetivo para decretar la pérdida de
investidura del demandado, elegido concejal del municipio de Paz de Ariporo por no

7
Cfr. Índice 18, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
8
Cfr. Índice 24, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
9
Cfr. Índice 27, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
10
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”
11
Cfr. Índices 43 y 47, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
12
Cfr. Índice 58, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
13
Cfr. Índice 59, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

5

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

declararse impedido en el trámite de discusión y aprobación del Acuerdo Municipal
500-02-001 de 09 de abril de 2024? […]”

21. Indicó que la respuesta al problema jurídico era afirmativa, por cuanto:

“[…] se encuentra demostrado que el demandado participó en el debate del Acuerdo
Municipal 500-02-001 de 09 de abril de 2024 e impartió su voto aprobatorio, a
sabiendas que allí se otorgaban beneficios económicos a un grupo de contribuyentes
morosos del impuesto de Industria y Comercio del cual él hacía parte, incumpliendo
su deber legal de declarase impedido. […]”

22. En relación con el elemento objetivo de la violación del régimen de conflicto de
intereses, causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1. del artículo 48
de la Ley 617, resaltó que el accionado, en su calidad de concejal del municipio de
Paz de Ariporo, dio su voto favorable al proyecto de acuerdo que, luego de su
aprobación, se identificaría como Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril
de 2024, el cual otorgó beneficios temporales a contribuyentes morosos de los
impuestos predial y de industria y comercio, consistentes en la disminución de un
porcentaje de los intereses de mora.

23. Destacó, en lo que se refiere a la existencia de un interés directo, particular y
actual del concejal, que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Paz de Ariporo
certificó que el accionado, al 9 de abril de 2024, se encontraba en mora de pagar
sus obligaciones correspondientes al impuesto de industria y comercio para los
períodos gravables 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

24. Señaló que al encontrarse el accionado en la situación de mora descrita, se
convertía en beneficiario de las disposiciones del Acuerdo Municipal núm. 500.002-
001 de 9 de abril de 2024, en cuyo trámite y aprobación participó de manera activa,
lo cual evidenciaba un interés económico directo en su favor, en tanto que los
beneficios del acuerdo no cobijaban a la totalidad de sujetos pasivos del impuesto
de industria y comercio del Municipio de Paz de Ariporo, solo a los “[…]
contribuyentes morosos […]”.

25. Puso de presente que el accionado, conforme el Acta núm. 500.01.2.037 de 9 de
abril de 2024 del Concejo Municipal de Paz de Ariporo, emitió su voto favorable en
segundo debate del proyecto de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo Municipal
núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024.

26. Estimó que no era aplicable la excepción prevista en el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617, teniendo en cuenta que la norma señala que no habrá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afectan al concejal o diputado
en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general, lo cual no ocurría en
este caso, en la medida que el proyecto de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo
Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 no cobijaba a la ciudadanía en
general sino a un grupo en particular, esto es, los deudores morosos de los
impuestos predial y de industria y comercio del Municipio de Paz de Ariporo.

6

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

27. Al encontrar configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura que se atribuía al accionado, procedió al análisis del elemento subjetivo.

28. Afirmó que el concejal accionado estaba en condiciones de comprender el hecho
o circunstancia que configuraba la causal atribuida, si se tenía en cuenta que afirmó,
en la contestación de la demanda, que con la aprobación del proyecto de acuerdo
“[…] se iba a otorgar un beneficio de tipo económico a un grupo concreto de la
población, esto es, deudores morosos de los tributos de predial e industria y
comercio […]”.

29. Subrayó que, en la medida en que el accionado tenía claridad de que el acuerdo
otorgaba beneficios económicos a los deudores de los impuestos predial y de
industria y comercio y que él era deudor de este último impuesto, estaba en la
obligación de declararse impedido para participar en los debates y en la votación
respectiva; no obstante, omitió el deber legar sin justificación alguna.

30. Tuvo como probado, en consecuencia, los elementos objetivo y subjetivo y, por
ello, indicó que accedería a las pretensiones de la solicitud.

31. Añadió que el accionado sostenía que no podía decretarse la pérdida de
investidura, toda vez que la conducta reprochada no tenía connotación de orden
penal y que, en virtud del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, solo los hechos que tuvieran esa connotación podían limitar
los derechos políticos, frente a lo cual argumentó que:

“[…] la Sala aplica la interpretación dada por la Corte Constitucional en la sentencia
C- 24 de noviembre de 2018 (sic) previamente transcrita y precisa que no resulta
procedente la interpretación literal que efectúa el extremo demandado, porque la
Constitución Política de Colombia, determina que autoridades diferentes a los
funcionarios de la jurisdicción penal, conocen de inhabilidades y sanciones, entre ellos
se encuentra el presente medio de control que compete a la jurisdicción contenciosa
administrativa. […]”

I.5. El recurso de apelación14

32. La parte accionada, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó
recurso de apelación.

33. Solicitó, como cuestión previa, la remisión del presente asunto a la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de esta corporación para efectos de que, siguiendo
el artículo 27115 de la Ley 1437, fuera esa sala la que profiriera, por importancia
jurídica, trascendencia social y la necesidad de sentar jurisprudencia con alcances
de unificación, la sentencia de segunda instancia.

14
Cfr. Índice 65, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
15
Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.

7

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

34. En lo atinente al recurso de apelación, señaló que:

“[…] como petición principal, que se declare la improcedencia del medio de control de
pérdida de investidura de un servidor público de elección popular, en sede de la
jurisdicción contencioso administrativa, por contrariar las garantías de derechos
políticos en el espectro del art. 23.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos (Carta de San José, en lo sucesivo CADH); en segundo lugar, si la
corporación de segundo grado retienen la jurisdicción para abordar el fondo del
conflicto, que se desestimen las pretensiones de la demanda, por inexistencia del
presupuesto objetivo de la causal por la cual se procede, por la ausencia tanto del
ingrediente normativo de un tipo penal, que exige el art. 23.2 de la CADH, como de
los presupuestos objetivos de la legislación interna, por inexistencia de provecho que
concrete el interés del demandado frente al acuerdo en cuya aprobación participó y
por no concurrir el ingrediente subjetivo de mala fe o propósito de beneficiarse
directamente con ese acto administrativo, en condiciones distintas al conglomerado
de sus destinatarios, definidos por el campo de aplicación y en proporción al censo
electoral de Paz de Ariporo. […]”

1.5.1. “[…] 2. RECAUDO […]” (negrilla del texto)

35. Señaló que la parte accionante manifestó que el accionado se benefició
directamente con la aprobación del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de
abril de 2024 y que este era aplicable solo al 10% de los contribuyentes, lo cual
indicó que no era cierto. Aseveró que:

“[…] En efecto: con la contestación de la demanda se allegó certificación de la
Secretaría de Hacienda de Paz de Ariporo, fechada el 21 de octubre, en la que se
reporta el incremento de deudores morosos de impuestos municipales, desde 2019
hasta 2023, con variación del 119% entre los dos últimos años y un número de 10.948,
lo que representa cerca del 40% del censo electoral (27.793 para los últimos comicios)
del mismo, según lo informa al proceso la Registraduría Municipal de Estado Civil, ver
anexos de la contestación de la demanda.

(…)

El análisis de la información que ofrece la exposición de motivos del proyecto de
acuerdo que subyace a este juicio, que el tribunal de origen tuvo a la vista, revela el
incremento significativo de la mora de los contribuyentes de Paz de Ariporo, en
especial del predial, en las últimas vigencias; así que objetivamente está demostrado
que los propósitos de acelerar el recaudo y aliviar las cargas que generó la
actualización catastral, son ciertos y concuerdan, en esa dimensión, con intereses
generales del fisco y de un alto número de los electores de esa municipalidad.

Así mismo dicha Secretaría de Hacienda certificó (22 de octubre) que el señor
concejal Roa Chaparro no se benefició del derogado acuerdo cuestionado, como él
mismo lo corroboró en declaración jurada ante notario en esa misma fecha.

La conclusión fáctica es clara y concreta: el demandado nunca obtuvo beneficio
alguno personal, particular o directo con la votación y aprobación del acuerdo por el
que se procede, pues no se acogió a su transitorio alivio de intereses, al que habría
podido plegarse, en igualdad de condiciones con la ciudadanía en general, entendida
por tal, por mandato clarificador del Legislador, no todos los habitantes del municipio,
ni todos los contribuyentes de impuestos territoriales, sino un número significativo de
los conciudadanos que integraron el censo electoral, esto es, para el caso cerca del
40% del más recientes (2023) censo electoral de Paz de Ariporo. […]”

8

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

1.5.2. “[…] 3. EXTRACTO Y PREMISAS ANALÍTICAS DE LA SENTENCIA
RECURRIDA […]” (negrilla del texto)

36. Sostuvo que la primera instancia no tuvo en cuenta que la Secretaría de
Hacienda de Paz de Ariporo certificó que el accionado no se acogió a beneficios
alguno del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 y por ello no
obtuvo provecho particular y directo, lo cual descartaba, igualmente, la mala fe, la
cual, en su concepto, era un ingrediente del elemento subjetivo de culpabilidad.

37. Adujo que el fallo impugnado, para abordar lo relativo a las garantías que
otorgaba el artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, hizo referencia al “[…] fallo C-24 de 2018 […]” para destacar que la Carta
Política puede atribuir competencia a órganos judiciales distintos a los de la
jurisdicción ordinaria penal para limitar o regular derechos políticos, no obstante, en
su concepto:

“[…] dejó de lado ponderar la segunda arista de las aludidas garantías, propuesta por
la defensa técnica del demandado, esto es, la restricción normativa inherente a la
existencia de tipicidad penal de las causales de pérdida de investidura, aspecto que
no se aborda ni se resuelve en esa sentencia constitucional. […]”

38. Aseveró que la decisión apelada no se pronunció respecto de la evolución
normativa del régimen de pérdida de investidura posterior a las leyes 136 y 617, por
lo cual ignoró la argumentación relativa a:

“[…] la argumentación relativa al principio de igualdad, a la interpretación con
autoridad ofrecida por la ley y a las precisiones técnicas de lo que debe entenderse
por conflicto de intereses y provecho particular y concreto de quien, por haber
participado en la discusión y aprobación de ciertos actos impersonales, generales y
abstractos, haya sido demandado por vía de pérdida de investidura. […]”

1.5.3. “[…] 4. EL CARGO Y LA TIPICIDAD EN SENTIDO ESTRICTO: CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD […]” (negrilla del texto)

39. Insistió en que el Consejo de Estado estudie la teoría de la defensa del
accionado:

“[…] acerca de la aplicación de la Convención para realizar la interpretación estricta y
restrictiva de las causales legales nacionales de pérdida de investidura, con enfoque
de dogmática penal.

(…)

4.3 El vocero procesal del demandado invocó expresamente en la contestación de
demanda16 el mandato de optimización de las garantías judiciales para los derechos
políticos que otorga la Cláusula 23.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos (CADH). Prescinde en esta instancia de profundizar la prédica que exhorta

16
Ver acápite 4, análisis de la tipicidad en sentido estricto, aplicación de la CADH.

9

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

a la judicatura de cierre17 a honrar en toda su dimensión el control de
convencionalidad, cuya aplicación ampliada supondría que ni siquiera podría la
jurisdicción contencioso administrativa decretar una pérdida vitalicia del derecho a ser
elegido, sin que medie o anteceda una condena penal, de un juez penal, por hechos
punibles según el derecho interno.

4.4 Es necesario ahora insistir en que se debe abordar la tipicidad de los cargos para
decretar una pérdida de investidura, en la órbita cerrada, restrictiva y garantista de la
Cláusula 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y
vinculante para Colombia, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
que vela por su aplicación y acatamiento por los Estados.

(…)

Si la Convención solamente permite regular derechos políticos por hechos
penalmente relevantes, materia propia de los procesos penales que conocen los
jueces de esa jurisdicción, se requiere que la imputación fáctica por la que se proceda
pueda enmarcarse en los descriptores de tipicidad y antijuridicidad penalmente
sancionados por el ordenamiento nacional; sin ellos, decretar una pérdida de
investidura es una afrenta directa a la Convención. Imputación que tiene que hacerse
por quien demanda, cuyo rol es semejante al de la Fiscalía General de la Nación en
el proceso penal; no es el juez el que imputa, ni mejora la imputación.

(…)

4.5.4 Es pertinente insistir en que la judicatura nacional, como juez de la Convención,
está llamada a su aplicación directa, incluso por vía de excepción de
inconstitucionalidad, cuando menos para identificar una interpretación de la ley
nacional que sea conforme con las garantías de la Convención, lo que en pérdida de
investidura presupone que las causales legisladas nacionales solo puedan hacerse
valer si la conducta imputada es penalmente reprochable, acorde con los cargos que
haya hecho oportunamente la demanda.

(…)

4.6.2.3 Puesto que el juez competente que conoce en Colombia de procesos penales,
solo juzga hechos punibles18, en el espectro del art. 29 de la Carta Política, si se tiene
que admitir en gracia de discusión que el juez contencioso administrativo en procesos
distintos a los penales está habilitado para decretar pérdida de investidura sin que el
ordenamiento interno transgreda la Convención y su jurisprudencia vinculante, la
interpretación conforme a esa normativa supranacional integrada al bloque de
constitucionalidad deberá aceptar que las causales de desinvestidura tienen que estar
expresamente previstas en la legislación interna con la adecuación típica concordante
con las del Código Penal para los hechos punibles, pues entenderlo de manera
diferente, esto es, con absoluta libertad de configuración normativa del Congreso,
permitiría que la ley nacional autorice ese sacrificio irremediable de derechos políticos

17
Recursos de apelación procesos 85001233300020240004701 y 85001233300020240006301, en trámite en el Consejo de
Estado.
18
Ley 906, ARTÍCULO 6. Legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al
momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.
La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos
cometidos con posterioridad a su vigencia.
ARTÍCULO 19. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial, instituido con posterioridad a la
comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria.
ARTÍCULO 24. Ámbito de la jurisdicción penal. Las indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos
por las conductas previstas en la ley penal como delito, serán adelantadas por los órganos y mediante los procedimientos
establecidos en este código y demás disposiciones complementarias.

10

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

por hechos y cargos que se estimen como razonable fundamento ético para erosionar
el núcleo duro de los derechos políticos por infracciones o conductas que, si bien
pudieran ameritar reproches éticos, no son delitos en Colombia.

(…)

4.7 Conclusiones acerca de la cuestión de convencionalidad. En primer lugar, si
se acogen los plenos efectos de la sentencia de la CIDH del 8 de julio de 2020, en el
caso Petro Urrego vs. Colombia, tendría que reconocerse que la autoridad judicial
competente y el escenario procesal exclusivo que honran las garantías de la
Convención para el goce y ejercicio de los derechos políticos, es el del proceso penal,
por los hechos punibles descritos previamente por el Legislador, con los estándares
de juzgamiento propios de esas imputaciones.

Si en gracia de discusión tiene que admitirse que, por juez competente se entiendan
las diversas jurisdicciones y, según la Carta Política, específicamente para pérdida de
investidura la contencioso administrativa que encabeza el Consejo de Estado,
entonces el juicio de reproche a la conducta del demandado tendrá que tener
adecuación típica como hecho punible, pues solo exclusivamente por una condena
fundada en una imputación de esa estirpe, es legítimo limitar o reglamentar los
derechos políticos; con mayor razón, privar con efectos vitalicios a un ciudadano de
tales derechos. […]” (negrilla y subrayado del texto)

1.5.4. “[…] 5. CAUSAL INVOCADA. TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y
CULPABILIDAD EN EL DERECHO INTERNO […]” (negrilla del texto)

40. El accionado insistió en que la conducta imputada no existió porque no se acogió
a los beneficios del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024.

41. Señaló que, en virtud de los principios de favorabilidad y de integración
normativa, se deberían aplicarse las leyes 2003 de 19 de noviembre de 201919 -
referida a los congresistas- y 2200 de 8 de febrero de 202220 -referida a los
diputados- respecto de lo que debe entenderse por conflicto de intereses.

42. Reiteró que:

“[…] el vocablo normativo abierto ciudadanía en general – no definido en las Leyes
136 de 1994 y 617 de 2000 – no puede tomarse literalmente como el 100% de los
habitantes de un municipio; ni el 100% de los contribuyentes de gravámenes
territoriales, para discernir si hay confusión o dilución del interés particular de un
concejal que participa en la aprobación de normas fiscales locales, con el interés
general de un conglomerado de ciudadanos contribuyentes que conforman el censo
electoral; se trata de establecer proporciones significativas o relevantes entre tales
potenciales destinatarios o beneficiarios de una norma fiscal local y el censo electoral.

Dicho punto no mereció análisis en el fallo recurrido; en la dimensión del derecho
interno, conocida e invocada como lo fue la evolución del ordenamiento nacional (para
congresistas y diputados, con inconstitucionalidad por omisión para concejales y
ediles), en virtud del principio de igualdad deben atenderse la definición legal más
reciente de conflicto de intereses, que exige esa relación de proporcionalidad entre el
universo de destinatarios de una norma local y el censo electoral; además, también
la jurisprudencia igualmente más reciente, que restringe el alcance del concepto

19
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”
20
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos. […]”

11

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

interés directo a los eventos en que el acusado en pérdida de investidura haya
obtenido provecho concreto, real y probado en estos juicios.

5.2.1 Para continuar con lo primero, que se amplió desde las alegaciones de primer
grado, la tesis de la defensa del demandado tiene como punto de partida la
inexistencia de provecho particular, actual y concreto del concejal por la votación del
acuerdo que se le cuestiona, pues el campo de aplicación de ese acto administrativa
lo fueron todos los contribuyentes morosos de impuestos municipales, sin
discriminación alguna, que quisieran acogerse a la reducción de intereses
condicionada al pago de las obligaciones vencidas; se trató así de un amplio número
de conciudadanos, equivalente a cerca del 40% de los electores de esa
circunscripción, así que el acuerdo tenía vocación de aplicación para lo que
actualmente la ley especial denomina ciudadanía en general, en proporción al censo
electoral.

(…)

De manera que, debe reiterarse una vez más, el presunto interés particular, directo y
actual, que genere la tensión y el reproche a la conducta del servidor público de
elección popular a quien se pretenda privar de la investidura, no es una mera
conjetura, ni puede apreciarse aisladamente del contexto socio económico e histórico
en que ocurran los hechos o se adelanten los procesos decisorios de una corporación
administrativa; se trata de analizar integralmente lo que las Leyes 2003 de 2019 y
2200 de 2022 estructuran como presupuesto de exclusión del conflicto, por confusión
del interés personal en el prevalente interés general de un número significativo de
ciudadanos que conforman el censo electoral de un municipio, tratándose de
concejales demandados. […]”

43. Aseguró que la sentencia apelada no abordó la antijuridicidad del
comportamiento del concejal accionado y se refirió a las leyes 2003 y 2200, las
cuales, insistió, serían aplicables por analogía y que establecen que no existe
conflicto de intereses en el evento en que el diputado participe, discuta, vote un
proyecto de ordenanza que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es
decir, cuando el interés del diputado coincide o se fusiona con los intereses de los
electores.

44. Reiteró que los beneficios establecidos en el Acuerdo Municipal núm. 500.02-001
de 9 de abril de 2024 son de carácter general y:

“[…] se subsume con el interés del electorado de Paz de Ariporo; que padeció un
aumento en las cargas impositivas al incrementarse los valores tradicionales, por
aplicación del nuevo efecto multipropósito catastral y por la afectación económica en
cada uno de ellos de las secuelas aun no superadas de la pandemia. […]”

45. Subrayó, en relación con el elemento subjetivo de culpabilidad, que no tuvo
intención ni interés alguno en deliberar y votar la aprobación de alivios tributarios
para aprovecharse en beneficio propio de estos, lo cual es prueba de su buena fe.

12

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

I.6. Trámite del recurso de apelación

46. Mediante auto de 20 de enero de 202521, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte accionada contra la sentencia de 3 de diciembre de 2024.

47. En auto de 8 de julio de 202522, se resolvió admitir el recurso de apelación y
correr traslado del auto admisorio a la parte accionante y al agente del Ministerio
Público.

48. El agente del Ministerio Público23, en concepto núm. 237-25 de 21 de julio de
2025, solicitó la confirmación de la sentencia apelada.

49. Mediante auto de 28 de agosto de 202524, se resolvió no avocar la solicitud de
proferir sentencia de unificación jurisprudencial presentada por la parte accionada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

50. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del
accionado; iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura invocada;
y, v) los cargos formulados por el apelante contra la sentencia de primera instancia.

II.1. La competencia

51. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201925, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15026 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

52. La condición del accionado, señor Giovanny Roa Chaparro, como concejal del
municipio de Paz de Ariporo, período 2024 – 2027, se encuentra acreditada por la
copia del Acta núm. 500.01.2-001 de 2 de enero de 202427, la cual da cuenta de la
sesión del concejo de ese municipio realizada dicho día y en la cual tomaron
posesión los concejales, entre ellos, el señor Roa Chaparro.

53. Asimismo, se encuentra copia de la certificación28 de 24 de octubre de 2024,
expedida por la secretaria del Concejo Municipal de Paz de Ariporo, en la cual se
indica que:

21
Cfr. Índice 67, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
22
Cfr. Índice 14, SAMAI.
23
Cfr. Índice 18, SAMAI.
24
Cfr. Índice 21, SAMAI.
25
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
26
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
27
Cfr. Índice 25, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
28
Cfr. Índice 25, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

13

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

“[…] el señor GIOVANNY ROA CHAPARRO (…) se posesionó como concejal
Municipal para el periodo constitucional 2024 – 2027, según consta en el acta
N°500.01.2-001 de enero 2 de 2024 (…) el cual ejerce sus funciones como concejal
a la fecha (…) La presente certificación se expide en Paz de Ariporo – Casanare, a
los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil Veinticuatro (2024). […]”
(negrilla del texto)

54. Se precisa que la condición del accionado como concejal del municipio de Paz
de Ariporo, período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de
apelación.

II.3. El problema jurídico

55. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201229, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el
artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo
el recurso de apelación formulado por el accionado, se contrae a determinar si debe
revocarse la sentencia de 3 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura
del señor Giovanny Roa Chaparro, concejal del municipio de Paz de Ariporo,
período 2024-2027, por violar el régimen de conflicto de intereses, causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y el numeral 1.
del artículo 48 de la Ley 617, toda vez que no se encuentran reunidos los elementos
objetivo y subjetivo para la configuración de la causal atribuida.

56. El apelante estimó que:

56.1. No obtuvo beneficio personal, particular o directo con la votación y aprobación
del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 pues no se acogió a
los alivios tributarios que estableció.

56.2. Los beneficios del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024
eran de carácter general y afectaban a la ciudadanía en general, concepto que no
puede abarcar a todos los habitantes del municipio ni a todos los contribuyentes de
impuestos territoriales sino a un número significativo de los ciudadanos que
integraron el censo electoral.

56.3. En aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio
de los derechos políticos son los jueces penales en el escenario del proceso penal.

56.4. Si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre
estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería

29
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”

14

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación
de esa estirpe es legítima para limitar los derechos políticos.

56.5. En virtud de los principios de favorabilidad y de integración normativa, se
deberían aplicar, a la presente controversia las leyes 2003 y 2200 respecto de lo
que debe entenderse por conflicto de intereses.

56.6. En relación con el elemento subjetivo, no tuvo intención ni interés alguno en
deliberar y votar la aprobación de alivios tributarios para aprovecharse en beneficio
de estos, lo cual es prueba de su buena fe.

II.4. La causal de pérdida de investidura invocada

57. La accionante le atribuyó al señor Giovanny Roa Chaparro, concejal del
municipio de Paz de Ariporo, período 2024-2027, la causal de pérdida de investidura
contenida en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617, consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses,
así:

“[…] ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los
concejales perderán su investidura por:

(…)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]” (negrilla del texto).

“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES
MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]” (negrilla del texto)

58. El artículo 70 de la Ley 136, estableció, respecto del conflicto de intereses, lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho
registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento
de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella. […]” (negrilla del texto)

15

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

59. Esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales
previstos en los artículos 1°. y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5°.
del Acto Legislativo 1 de 14 de julio de 200930, preceptos que establecen que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés
general, y señalan que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

60. De esa forma, con esta causal de pérdida de investidura se castiga la posibilidad
de que quienes resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones
públicas pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios,
ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo
precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.

61. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el
asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios.

62. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben
guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento
para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida
de investidura.

63. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se ha pronunciado en diversas
ocasiones frente al alcance y contenido de la causal de pérdida de investidura
mencionada, las cuales, si bien se han realizado con ocasión de las controversias
asociadas a los congresistas, orientan el entendimiento, configuración y aplicación
de la figura a los miembros de corporaciones públicas del orden territorial.

64. Así, en sentencia de 28 enero de 202031, indicó:

“[…] A partir de las normas previamente mencionadas (C. Polt. Arts. 183 –numeral 1-
, 182 y 185, y Leyes 5 de 1992 –art. 286 a 296- y 1881 de 2018 –art. 18-), la
jurisprudencia reiterada de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado32 –en sede de pérdida de investidura de congresistas- ha señalado los

30
“[…] Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. […]”.
31
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia de 28 de enero de 2020. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2019 02135 01.
32
Consejo de Estado, Sentencia del 17 de octubre de 2000, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, No. Rad. AC- 11116,
C.P. Mario Alario Méndez; Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Sección Primera, Rad. No. 2012-01771-01, C.P. María
Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 2 de junio de 2016, Sección Primera, Rad No. 2015-00177, C.P. María Claudia Rojas
Lasso; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2015-01333, C.P.
Ramiro Pazos Guerrero; Sentencia del 1 de febrero de 2018, Sección Primera, No. Rad. 2019-02830, C.P. Oswaldo Giraldo
López; Sentencia del 5 de septiembre de 2018, Sala de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2018-00320, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia del 18 de febrero de 2019, Sala Especia] de Decisión No. 12, Rad No. 2018-03779,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

16

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

requisitos concurrentes que necesariamente deben estar acreditados para la
estructuración de la causal de violación del régimen de conflicto de intereses, así:

“(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto
por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el
debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme
al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República”.33

En cuanto al segundo de los mencionados elementos de la causal de pérdida de
investidura en comento, esto es “(ii) La concurrencia de un interés directo, particular
y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano”, la
jurisprudencia de esta corporación ha señalado que se estructura cuando se observa:
a) la existencia de un interés particular –de cualquier orden, incluso moral- del
congresista en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso;
b) que efectivamente participe en la deliberación o decisión de ese tema en
específico; c) que ese interés sea directo, no eventual o hipotético; d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino particular.

Así las cosas, es válido concluir que, la causal de pérdida de investidura de violación
del régimen de conflicto de intereses se presenta cuando el congresista tiene interés
directo en el asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le afecta en forma
personal, a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o, a sus
socios, y plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general que
debe guiar el ejercicio de sus funciones, lo que obliga a que aquel deba manifestar su
impedimento para efectos de que este sea resuelto so pena de incurrir en la causal
de pérdida de investidura; en ese orden el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, será el juez el que decida, en el caso concreto,
si existe fundamento suficiente para la desinvestidura solicitada. […]” (negrilla y
subrayado del texto)

65. Esta Sección34 ha señalado que, para la configuración objetiva de esta causal se
requiere de la presencia de los siguientes elementos:

“[…] 55. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses35 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que,
movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin
declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus
funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la
función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios
de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]”.

33
Ver entre otras: 1). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Expediente
11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 6. Magistrado Ponente: Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 16 de julio 2019. Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación: 11001-03-15-000-2019-02830-
00. Demandante: Andrés Zalamea. Demandado: Álvaro Uribe Vélez.
34
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01.
35
Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de abril de 2019, C.P.
Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00(PI); y
Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-
00(IJ).

17

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

56. Esta Sección36 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta “[…]
solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto objeto
de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones […]”; y
agregó que “[…] la Sala Plena37 ha sido enfática en sostener que si el interés se
confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en
igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en
interés de la colectividad y no en el suyo propio […]” (Destacado fuera de texto).

57. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de un
asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.

58. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en la
medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.

59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre
la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del
asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”

66. La Sala estima que para el análisis de la presente controversia, en la cual se
juzga la pérdida de investidura de un concejal, no resultan aplicables, como lo afirma
el apelante, las leyes 2003 y 2200, en la medida en que estas disposiciones se
refieren al conflicto de intereses de congresistas y diputados.

67. En relación con la aplicación de la Ley 2003, la Sección38 ha destacado que:

“[…] 83. Ahora bien, esta Sección en sentencias de 18 de marzo de 202139, de 27 de
enero de 202240, de 9 de junio de 202241 y de 10 de octubre de 202242, ha señalado
que las disposiciones de la Ley 2003 de 2019, en materia del régimen del conflicto de
intereses de los congresistas, no resulta aplicable para los miembros de las
corporaciones públicas del orden territorial, en tanto que las disposiciones contenidas
en el Reglamento Interno del Congreso, objeto de modificación por dicha ley, están

36
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de marzo de
2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15- 000-2006-00003-01.
37
Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto de 27 de
mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 20 de enero de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 00968 01.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2021, radicado:
85001 2333 000 2020 00016 02, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de enero de 2022, radicado:
68-001-23-33-000-2020-00624-01, MP: Oswaldo Giraldo López.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2022, radicado:
20001-23-33-000-2020-00050-01, MP: Oswaldo Giraldo López.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de octubre de 2022, radicado:
25-000-23-15-000-2021-00636-01, MP: Oswaldo Giraldo López.

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Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

referidas únicamente a los congresistas sin hacerla extensiva a todos los servidores
públicos de elección popular como los miembros de las asambleas departamentales
y de los concejos municipales, como sí ocurre con la Ley 1881 de 2018 que señaló
expresamente que las disposiciones contenidas en ella resultan aplicables a los
procesos de pérdida de investidura de diputados y concejales. […]”

68. La Corte Constitucional, igualmente, en relación con la aplicación de la Ley 2003,
en la Sentencia SU 501 de 202443, destacó lo siguiente:

“[…] 172. El legislador se encargó de estatuir el régimen del conflicto de interés para
los congresistas en la Ley 2003 de 2019 y previó unas excepciones de cara a
considerar cuándo no se configura. A su turno, el legislador ha regulado el conflicto
de interés para los diputados y miembros de juntas administradoras locales en el
artículo 48 de la Ley 617 de 200044, régimen que aplicó la Sección Primera en el
presente caso. Se trata entonces de dos regímenes diferentes de inhabilidades e
incompatibilidades, que no pueden aplicarse indistintamente como lo pretende el
accionante.

173. La Sección Primera del Consejo de Estado en distintas sentencias ha sostenido
de manera consistente una postura según la cual la Ley 2003 de 2019 no es aplicable
a los miembros de las corporaciones públicas del orden territorial, por tratarse de una
normativa con ámbito exclusivo para los congresistas. A continuación, se relacionan
las providencias en que se ha afirmado dicha posición45:

(…)

177. En consecuencia, la Sala Plena considera que la Sección Primera no incurrió en
un defecto sustantivo al no aplicar el régimen y las excepciones al conflicto de interés
previstas para los congresistas, por cuatro razones.

178. Primera, porque la propia Constitución prevé que el régimen de inhabilidades de
los diputados, cuya violación da lugar al proceso de pérdida de investidura en revisión,
es fijado por la ley y no puede ser menos estricto que el aplicable a los congresistas
en lo que corresponda, por lo que no se trata de regímenes equiparables y que
permitan aplicarse en su totalidad en forma indiscriminada, ni mixta.

179. Segundo, porque en este caso no existe un vacío normativo que permita aplicar
el régimen de los congresistas. Como quedó acreditado, se demandó la investidura
del diputado por incurrir en el régimen de conflicto de interés conforme lo previsto en
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, norma aplicable específica y directamente, entre
otros, a los diputados, como ocurre en el caso concreto.

180. Tercera, porque la aplicación de la Ley 1881 de 2018, en lo que tiene que ver
con el elemento subjetivo de la pérdida de investidura al proceso que se sigue a los
diputados, es consecuencia de la remisión prevista en dicha normativa. En efecto, el
artículo 22 de la Ley 1881 establece que sus reglas son aplicables, en lo que sea
compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados. Por
su parte, el artículo 4º de la Ley 2003 de 2019 modificó el artículo 1º de la Ley 1881
de 2018 en el sentido de hacer expreso que en el proceso de pérdida de investidura

43
M.P. Juan Carlos Cortés González.
44
Artículo 48. Perdida de Investidura de Diputados, Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas
Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
45
La sentencia hizo referencia a las sentencias de esta Sección de 18 de marzo de 2021, expediente núm. 85001 23 33 000
2020 00016 02; 9 de junio de 2022, expediente núm. 20001 23 33 000 2020 00050 01; 10 de octubre de 2022, expediente
núm. 25000 23 15 000 2021 00636 01; y 20 de enero de 2023, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00968 01.

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Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

de los congresistas es un juicio de carácter subjetivo en la que se analiza una
conducta dolosa o gravemente culposa. Como el elemento subjetivo es uno de los
elementos que define el proceso de pérdida de investidura, es razonable su aplicación
en el caso de los diputados. También es razonable concluir que no se aplican las
regulaciones previstas en la Ley 2003 de 2019 sobre el conflicto de interés y sus
excepciones a los diputados, por no corresponder estas materias a un asunto del
proceso de pérdida de investidura y porque, además, las mismas tienen regulación
especial en disposiciones especiales, como se dijo.

181. Cuarta, porque la inaplicación del régimen de inhabilidades de los congresistas
para servidores públicos de corporaciones territoriales ha sido consistente en la
jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado. […]”

69. La Sala46, en lo atinente a la aplicación de la Ley 2200, señaló:

“[…] Sobre la aplicación de las referidas normas al régimen de conflicto de intereses
de los concejales, cabe señalar que la Ley 2200 de 2022 contiene normas tendientes
a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos; y su artículo
56, cuya aplicación deprecan los concejales, está dirigido a los diputados, como se
advierte de la literalidad de su texto:

(…)

En ese sentido, no resulta procedente la aplicación del citado precepto normativo al
caso sub judice, toda vez que está dirigido, exclusivamente, a la organización y
funcionamiento de los departamentos como entidades territoriales, conforme a lo
establecido en el artículo 1°47 de la misma ley. En consecuencia, al tratarse en este
caso de actuaciones relacionadas con los miembros del concejo municipal, resulta
improcedente extender los efectos de una norma que no prevé dentro de su ámbito
al órgano colegiado del municipio.

No puede hacerse extensivo, por analogía, el contenido del mencionado artículo 56,
-ni el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992-, por cuanto no existe vacío normativo en el
caso de los concejales, quienes cuentan con regulación expresa prevista en los
artículos 55 de la Ley 136 y 48 de la ley 617, en consonancia con el artículo 11,
numeral 14, del CPACA, normas que establecen con precisión que habrá lugar a la
pérdida de investidura del cabildante que haya violado el régimen de conflicto de
intereses, el cual, a su vez, surge por disposición legal expresa cuando han
conformado listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa, o en alguno de los dos períodos anteriores, y, aún así, aquel
no se declara impedido.

En este orden de ideas, la Sala encuentra improcedente la aplicación por analogía
del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 —dirigido exclusivamente a los diputados en
el marco de la organización y funcionamiento de los departamentos— a los concejales
en materia de conflicto de intereses, habida cuenta que no se configura un vacío legal
que justifique la analogía, por cuanto, como lo precisó la Sala en la sentencia
transcrita, los concejales cuentan con un régimen normativo específico y vigente,
previsto en los artículos 55 de la Ley 136, 48 de la Ley 617 y 11, numeral 14, del
CPACA48. […]”

46
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001 23 33 000 2024 00197 01.
47
«Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen político y administrativo que rige a los
departamentos como entidades territoriales, autónomas y descentralizadas que hacen parte de la República unitaria».
48
Criterio que también fue sostenido por la Sala en la sentencia de 31 de julio de 2025, número único de radicación 27001 23
33 000 2024 00031 01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López, al indicar «[…] además, tampoco puede perderse de vista

20

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

II.5. Los cargos formulados por el apelante contra la sentencia de primera
instancia

II.5.1. Los cargos relativos a la aplicación del artículo 23, numeral 2., de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos

70. El apelante sostuvo, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para
afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario
del proceso penal.

71. Añadió que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras
jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la
conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada
en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos.

72. En lo que se refiere a la convencionalidad del medio de control de pérdida de
investidura, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de 15 de noviembre de 201749, destacó que:

“[…] Por ello, y conforme con el artículo 23 de la Convención, el poder capaz de limitar
y suspender el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, en su sentido
pasivo como electores y de las autoridades que ellos han elegido democráticamente,
radica exclusivamente en un juez de la república. Siendo esta la autoridad que, en el
caso concreto, debió ejercer su potestad jurisdiccional para imponer una sanción tan
gravosa como la que efectivamente se impuso al exalcalde y no una autoridad
administrativa, que, como se dijo, solo tiene competencia para hacerlo cuando quiera
que los funcionarios disciplinables se encuentren directamente involucrados en casos
que pongan en duda su probidad e integridad respecto de situaciones que nacional e
internacionalmente se han definido como de corrupción.

El control de convencionalidad que efectúa la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en el presente caso y la tesis que se plantea
del artículo 44 del CDU tampoco significan una interpretación restrictiva del artículo
23.2 Convencional frente a instituciones que están previstas en el ordenamiento
interno colombiano, tanto a nivel constitucional como legal, como es la pérdida de la
investidura de los miembros de corporaciones públicas elegidos popularmente, de
competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo50, pues se trata de
una sanción declarada por una autoridad de naturaleza judicial, con la garantía del
debido proceso y que restringe, de manera legítima, los derechos políticos de los
elegidos popularmente y que, además, responde a los criterios de legalidad, finalidad,
necesidad y proporcionalidad de la medida, tal como lo ha señalado la Corte IDH. La
imposición de esta restricción de derechos políticos en un juicio de pérdida de
investidura por una autoridad judicial diferente de la penal, bajo una interpretación en
sentido amplio y actual, no es incompatible con el artículo 23.2 Convencional, como
lo señaló el juez Diego García - Sayán en el voto concurrente razonado, plasmado en

que la Ley 2200 de 2022, por ser norma especial para los diputados, no puede ser aplicable al presente asunto; por lo tanto,
este reproche tampoco tiene vocación de prosperidad […]».
49
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: César Palomino Cortés.
Sentencia de 15 de noviembre de 2017. Radicación núm.: 11001 03 25 000 2014 00360 00(IJ).
50
Artículos 183 y 184 de la Constitución Política, Ley 144 de 1994, Ley 617 del 2000 y Ley 1437 del 2011.

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Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
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la sentencia de la Corte IDH, caso López Mendoza vs. Venezuela, del 1 de septiembre
del 2011, que la Sala Plena de esta Corporación comparte y en el que expresó:

“16. A partir de los medios de interpretación referidos en los párrafos anteriores se
puede concluir que el término ‘exclusivamente’ contenido en el artículo 23.2 de la
Convención no remite a una lista taxativa de posibles causales para la restricción o
reglamentación de los derechos políticos. Asimismo que el concepto ‘condena, por
juez competente, en proceso penal’ no necesariamente supone que ese sea el único
tipo de proceso que puede ser utilizado para imponer una restricción. Otros espacios
judiciales (como la autoridad judicial electoral, por ejemplo) pueden tener, así,
legitimidad para actuar. Lo que es claro y fundamental es que cualquiera que sea el
camino utilizado debe llevarse a cabo con pleno respeto de las garantías establecidas
en la Convención y, además, ser proporcionales y previsibles.

17. A la luz de una interpretación evolutiva y sistemática del artículo 23.2, y en
atención al carácter vivo de la Convención, cuya interpretación tiene que acompañar
la evolución de los tiempos y las condiciones contemporáneas de la evolución
institucional, lo crucial es que sea una autoridad de naturaleza judicial, vale decir en
sentido amplio, y no restringida a un juez penal”. […]”

73. La Corte Constitucional, en la sentencia C-146 de 202151, se refirió a la
interpretación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en la siguiente forma:

“[…] 163. Contenido y alcance del artículo 23.2 de la CADH. El artículo 23.2 de la
CADH prevé que el legislador puede “reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el [primer] inciso”. También, dispone que tal regulación
podrá hacerse, “exclusivamente”, “por razones de edad, nacionalidad, residencia,
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal”. Como se expuso en las consideraciones previas (ff.jj.115 a 157), en
los últimos años, la discusión ha girado en torno a si el aparte final del artículo 23.2
debe interpretarse de forma literal o no. Sin embargo, la Sala destaca que la referida
disposición convencional también permite que los Estados, mediante ley, limiten el
ejercicio de los derechos políticos en atención a condiciones propias de la persona,
tales como, la edad, la nacionalidad o la capacidad, sin que sea necesario que
previamente hubiere sido sancionado por determinada autoridad nacional.

(…)

166. De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el
artículo 23.2 de la CADH permite (i) que los Estados, mediante ley, impongan
limitaciones a los derechos políticos, por criterios tales como la edad, la nacionalidad
o la capacidad civil y (ii) que los jueces, con independencia de su especialidad,
impongan limitaciones a los derechos políticos, siempre que brinden las garantías del
debido proceso. Pero prohíbe que estas restricciones sean impuestas por autoridades
administrativas. Esta conclusión se fundamenta en las siguientes razones.

167. Primera, la Corte IDH descartó que el artículo 23.2 de la CADH dispusiera un
listado taxativo de las posibles limitaciones a los derechos políticos52. Por el contrario,
dicho artículo “establece lineamientos generales” que permiten a los Estados regular
los derechos políticos “de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y
culturales”53; para lo cual “[l]a restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser

51
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
52
Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párrs. 151 a 161. Esta jurisprudencia no fue revocada por la Corte IDH en el caso Petro
Urrego Vs. Colombia.
53
Id. Párr. 166.

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discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno
que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional
a ese objetivo”54. Segunda, el artículo 23.2 de la CADH busca evitar (i) que la
limitación de los derechos políticos “quede al arbitrio o voluntad del gobernante de
turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin
restricciones indebidas”55 y (ii) la “discriminación contra individuos en el ejercicio de
sus derechos políticos”56.

168. Tercera, en la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia, la Corte IDH
reconoció que el Consejo de Estado hizo un adecuado control de convencionalidad y
acogió la interpretación que la Corte IDH ha hecho del referido artículo convencional57,
según la cual solo los jueces pueden limitar los derechos políticos, por cuanto son
autoridades independientes y sus procesos brindan las garantías del debido proceso.
Cuarta, en la sentencia Petro Urrego Vs. Colombia, la Corte IDH determinó que las
sanciones impuestas al exalcalde vulneraron sus derechos políticos y garantías
procesales, porque (i) desconocieron el principio de jurisdiccionalidad58, debido a que
fueron emitidas por autoridades administrativas, que no por juez competente y (ii) no
fueron el producto de un proceso “en el que tendrían que haberse respetado las
garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana”59.
Quinta, en dicha sentencia, la Corte IDH destacó que el artículo 23.2 de la CADH
busca evitar que las restricciones a los derechos políticos dependan de la voluntad
del gobierno de turno.

169. Sexta, la Constitución Política admite expresamente la limitación de derechos
políticos con fundamento en decisiones de autoridades judiciales que no pertenecen
a la especialidad penal. En concreto, el artículo 179.4 dispone que “[n]o podrán ser
congresistas: […] [q]uienes hayan perdido la investidura de congresista” que, de
acuerdo con el artículo 184, “será decretada por el Consejo de Estado”. Séptima, por
medio de las inhabilidades que operan por ministerio de la ley, el Estado colombiano
puede garantizar el cumplimiento de principios constitucionales como la moralidad
administrativa y, en general, la probidad de los ciudadanos que se postulan a cargos
de elección popular (ff.jj. 45 a 53).

170. Compatibilidad con el objeto y fin de la CADH. La Sala destaca que la posibilidad
de que los Estados prevean limitaciones a derechos políticos que operan por
ministerio de la ley y que buscan asegurar la idoneidad de los ciudadanos que se
postulan a cargos de elección popular, así como la interpretación según la cual el
artículo 23.2 de la CADH admite que los jueces impongan limitaciones a los derechos
políticos, siempre que brinden las garantías del debido proceso, es compatible con el
objeto y fin de la CADH, esto es, con la “protección de los derechos fundamentales
de los seres humanos, así como la consolidación y protección de un ordenamiento
democrático”60.

54
Id.
55
Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de
julio de 2020. Serie C No. 406, párr. 98.
56
Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr. 222. Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 155. Cfr. Corte IDH.
Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C
No. 348, párr. 111.
57
Id. Cfr. Párr. 108.
58
Id. Cfr. Párr. 132
59
Id. Párr. 100. Cfr. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 206.
60
Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de
julio de 2020. Serie C No. 406, párr. 97. Cfr. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 29, y
Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto
de 2018. Serie C No. 359, párr. 91. Caso Castañeda Gutman Vs. México, supra, párrs. 141 y 142.

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Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

171. Esto es así debido a que, de un lado, las restricciones son impuestas
directamente por el legislador para materializar fines constitucionalmente importantes
y, de otro lado, los jueces (i) no son nombrados por el “gobernante de turno”, (ii) son
independientes y autónomos para ejercer sus funciones y (iii) deben asegurar el
respeto de las garantías del debido proceso. En estos dos escenarios se garantiza el
principio de legalidad, en virtud del cual solo son procedentes las restricciones a
derechos políticos que han sido previstas por el legislador, garantizan que solo tengan
lugar las restricciones a los derechos políticos “necesari[as] en una sociedad
democrática”61.

172. Principio pro personae. La Corte ha sostenido que, con fundamento en este
principio62, “el juez debe aplicar siempre la norma o interpretación que resulte más
favorable para la protección de los derechos en juego”63. Por tanto, habida cuenta las
consideraciones previas, la Sala considera que la referida interpretación, también es
compatible con el principio pro personae, debido a que permite al Estado implementar
medidas para proteger la moralidad administrativa y asegurar la idoneidad de quienes
son elegidos para desempeñar cargos públicos que no comprometen la libertad
personal de quien es objeto de cuestionamiento, pero que, al mismo tiempo, brinden
las garantías básicas del debido proceso y el principio de legalidad. […]”

74. Esta Sala64, reiteró la convencionalidad del medio de control de pérdida de
investidura, en la siguiente forma:

“[…] Conforme con lo anotado, se desprende que los tratados sobre derechos
humanos, de manera específica la Convención Americana se integran y
complementan con el texto constitucional a través del bloque de constitucionalidad.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la sentencia del caso Petro contra
Colombia comporta un supuesto fáctico en el cual una autoridad administrativa limitó
los derechos políticos de un funcionario elegido por voto popular, pero no puede
perderse de vista que en el derecho interno existen otras instituciones de creación
constitucional, como la pérdida de investidura, por lo que la interpretación literal del
artículo 23.2 de la Convención implicaría desconocer otros mecanismos previstos por
el legislador para la protección de los derechos de los ciudadanos.

Por tal razón, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que lo
dispuesto en el citado artículo 23 debe leerse de manera armónica con las normas
que componen el bloque de constitucionalidad y, por ello, ha entendido que una
autoridad judicial distinta a un juez penal puede tener la competencia para limitar los
derechos políticos.

(…)

Conforme con todo lo expuesto, no le asiste razón al apelante cuando afirma que el
artículo 48 de la Ley 617 de 2000 es contrario a lo previsto en el artículo 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y a la interpretación que sobre esa
disposición ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Constitucional de Colombia.

61
Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de
julio de 2020. Serie C No. 406, párr. 97. Cfr. Artículo 32.2 de la CADH.
62
Denominado también pro homine. Cfr. Sentencia C-659 de 2016.
63
Id.
64
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López. Sentencia de
2 de diciembre de 2021. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2020-00302-01.

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Lo anterior, teniendo en cuenta que (i) si bien es cierto uno de los derechos políticos
que protege tanto la Constitución como el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos es el derecho a ser elegido, no puede pasarse por alto que el artículo 40
Superior enlista otras garantías que hacen parte de los derechos políticos; al efecto,
el numeral 6 de dicha disposición establece que todo ciudadano tiene derecho a
interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley; (ii) como se
indicó líneas atrás, la pérdida de investidura es una acción pública de carácter judicial
que le permite a los ciudadanos hacer control político, de donde se desprende que,
cuando un ciudadano promueve esta acción, también está ejerciendo sus derechos
políticos; (iii) hace parte del derecho sancionador del Estado y por ende comparte
elementos comunes al derecho penal y al derecho disciplinario (iv) los artículos 184 y
237 de la Constitución Política radicaron la competencia para conocer de la acción de
pérdida de investidura en el Consejo de Estado y a su vez el parágrafo 2 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000 estableció en cabeza de los Tribunales Administrativos del
país la competencia para conocer de esta acción judicial cuando se dirija contra
diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales; (v) de otro lado,
la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en relación con la interpretación del
artículo 23 de la Convención y en particular la sentencia del caso Petro contra
Colombia, ha tratado el supuesto de hecho en el que un funcionario de elección
popular es destituido por una autoridad que tiene carácter administrativo, indicando
que ello solo es posible si la decisión proviene de un juez; (vi) conforme con lo
explicado por la Corte Constitucional, lo dispuesto en el citado artículo 23 debe leerse
de manera armónica con las normas que componen el bloque de constitucionalidad
y, por ello, ha entendido que cualquier autoridad judicial distinta a un juez penal tiene
la competencia para limitar los derechos políticos; (vii) de manera que, lo que cabe
distinguir es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, interpretada en el
contexto de la complementariedad y aclarada por la Corte Constitucional de
Colombia, no ha dicho que la restricción de derechos políticos no pueda hacerse por
parte de los jueces en el marco de sus competencias atribuidas constitucional y
legalmente en el ordenamiento interno, sino por las autoridades administrativas. […]”

75. El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo
23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la medida
en que esta permite que los Estados, mediante ley, impongan limitaciones a los
derechos políticos e igualmente que sean los jueces, con independencia de su
especialidad, los que impongan limitaciones a los derechos políticos, siempre que
brinden las garantías del debido proceso.

76. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye al accionado se encuentra
prevista en la ley, específicamente, en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y
en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, el cual establece que los concejales
municipales y distritales perderán su investidura por la violación del régimen de
conflicto de intereses.

77. Asimismo, conforme al parágrafo del artículo 48 de la citada ley, el conocimiento
de los procesos de pérdida de investidura de concejales, diputados y miembros de
las juntas administradoras locales, se encuentra en cabeza de esta jurisdicción, bajo
el procedimiento previsto en la Ley 188165, esto es, a cargo de autoridades que
formal y sustancialmente tienen la calidad de jueces.

65
Mediante la Ley 1881 se estableció el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas. El artículo 22 de dicha
ley indica que: “[…] ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible, a
los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados. […]”.

25

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

78. Resulta conforme al artículo 23, numeral 2. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos que esta jurisdicción conozca del medio de control de pérdida
de investidura y que, una vez surtido el procedimiento previsto en la ley que
garantiza el debido proceso y el derecho de defensa, pueda imponer limitaciones a
los derechos políticos declarando la pérdida de investidura, aplicando para el efecto
las causales que la Carta Política y la ley establecen, de tal forma que no es
imperativo, como lo señala el apelante, que el juez de este medio de control deba
adecuar el juicio de reproche a la conducta de la parte accionada como un hecho
punible.

79. Como lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
corporación, la restricción al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos
que se muestra acorde con el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos es aquella que proviene de los jueces de la República y no
solamente de los jueces penales.

80. Se suma a lo expuesto que se ha considerado que el medio de control de pérdida
de investidura, por regla general, es autónomo en relación con otros regímenes de
responsabilidad de los servidores públicos, entre estos, el penal.

81. La Corte Constitucional66, al respecto, ha resaltado como característica del medio
de control de pérdida de investidura que:

“[…] constituye una institución autónoma en relación con otros regímenes de
responsabilidad de los servidores públicos, como el penal67 y el disciplinario68, u otros
mecanismos de control de legalidad de la elección, como el de nulidad electoral69,
razón por la que el adelantamiento de dos o más procesos por la misma conducta no
comporta la violación del principio universal del non bis in ídem70. Así, en el evento de
que haya caducado el término para la presentación de la demanda de pérdida de
investidura, el ciudadano interesado eventualmente podrá acudir a otros mecanismos
de atribución de responsabilidad a los servidores públicos. […]”

82. En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación71 ha destacado la pérdida de investidura:

66
Corte Constitucional. Sentencia SU 516 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
67
Corte Constitucional, Sentencias C-319 de 1994 y C-247 de 1995.
68
Corte Constitucional, Sentencias T-544 de 2004 y SU-712 de 2013.
69
Corte Constitucional, Sentencias C-507 de 1994, T-162 de 1998 y SU-399 de 2012. En las Sentencias SU-264 de 2015 y
SU-424 de 2016 esta Corporación señaló las diferencias existentes entre acción de nulidad electoral y la acción de pérdida
de investidura de congresistas.
70
Frente a esta característica, en la Sentencia SU-515 de 2013, este Tribunal señaló que el medio de control de pérdida de
investidura, como atribución ciudadana, “tiene tres características básicas, capaces de definir su más íntima naturaleza: (i) el
ejercicio de la acción implica el inicio de un juicio de responsabilidad política que, si llegare a evidenciar el acaecimiento de
determinadas causales establecidas en la Constitución y en la ley, (ii) puede culminar con la imposición de una sanción de
tipo político de alta gravedad, que (iii) es autónoma a otros tipos de responsabilidad aplicables a los servidores públicos”.
71
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: María Adriana Marín. Sentencia de
11 de febrero de 2020. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00911-01.

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Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

“[…] ix) Es una institución autónoma72 en relación con otros regímenes de
responsabilidad de los servidores públicos73. Por tanto, el hecho de que se adelanten
dos o más procesos por la misma conducta no comporte indefectiblemente la
violación del principio universal del non bis in ídem; no obstante, en el parágrafo del
artículo 1º de la Ley 1881 de 2018, el legislador estableció que si una misma conducta
da lugar al ejercicio de la acción electoral y al de la pérdida de investidura, de forma
simultánea, “el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos
los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del congresista, cuyo
juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria
de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada, respecto del proceso de
nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal”, lo cual significa
que los aspectos objetivos harán tránsito a cosa juzgada en el segundo proceso, pero
el juicio sobre el aspecto subjetivo de la conducta del congresista, es exclusivo de la
pérdida de investidura. […]”

83. Resulta improcedente que el juez contencioso administrativo realice la
adecuación del juicio de reproche propuesta por el apelante, en la medida en que el
medio de control de pérdida de investidura posee una naturaleza y características
propias, distintas del ordenamiento jurídico penal, de las cuales emana la autonomía
que se le ha atribuido. En efecto, esta Corporación74 ha señalado que:

“[…] El juicio de pérdida de investidura, por su parte, comporta un juicio ético subjetivo
de la conducta recta y transparente que se espera de un miembro de una Corporación
Pública que representa la voluntad popular, de manera que el proceso que se
adelanta en virtud de ésta, es de carácter sancionatorio, pues busca condenar
situaciones que constitucionalmente se encuentran proscritas.

De encontrarse probada cualquiera de las causales que la ley y la Constitución
prevén, hay lugar a decretar la pérdida de la investidura de quien se reprocha la
conducta.

Al tratarse de un juicio sancionatorio de carácter subjetivo resulta imperioso que en
estos casos, a diferencia de lo que ocurre en la nulidad electoral se analice la
conducta como tal del demandado, desde el punto de vista de la culpabilidad.

(…)

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la acción penal, resulta del caso advertir que
ésta también es completamente independiente a las figuras de nulidad electoral y
pérdida de investidura toda vez que tiene un objeto diferente cuál es la investigación
y sanción de las conductas punibles que resulten ser típicas, antijurídicas y culpables
que se pongan en su conocimiento. […]”

84. El cargo, en consecuencia, no tiene vocación de prosperidad.

72
Cf. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 21 de
junio de 2018, exp. 2018-0781-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
73
Cf. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de agosto de 2015, exp. 2015-00872-
00, M.P. Hernán Andrade Rincón.
74
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno
Rubio. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Radicación núm.: 11001-03-28-000-2018-00084-00.

27

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

II.5.2. Los cargos relativos a la configuración de la causal de pérdida de
investidura atribuida

85. La Sala analizará los argumentos del apelante que cuestionan la existencia de
los supuestos para la configuración objetiva de la violación del régimen de conflicto
de intereses, causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo
55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, en concordancia
con el artículo 70 de la Ley 136.

86. Posteriormente, en caso de ser procedente, analizará lo relativo a la
configuración del elemento subjetivo de culpabilidad.

87. Para el estudio de la controversia objeto del recurso de apelación, se encuentran
en el expediente las siguientes pruebas:

87.1. Copia del Acuerdo núm. 500.02 – 001 de 9 de abril de 202475, “[…] “POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS TEMPORALES
PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES TRIBUTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”. […]” (negrilla del texto), cuyo contenido, en lo
pertinente, es el siguiente:

“[…] Que de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo No. 500.02 – 017 de 9 de
diciembre de 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE
RENTAS LA NORMATIVIDAD SUSTANTIVA TRIBUTARIA, EL PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO Y EL RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO PARA EL
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE”, indica que
el Estatuto de Rentas del Municipio de Paz de Ariporo tiene por objeto establecer y
adoptar los impuestos, tasas y contribuciones, y las normas para su administración,
determinación, discusión, control y recaudo, lo mismo que la regulación del régimen
sancionatorio.

Que la eficacia de un sistema tributario se soporta en la coherencia y simplicidad de
los procedimientos administrativos y la norma que los sustenta, se ha visto la
necesidad de revisar las normas adjetivas tributarias e incorporar cambios que
permitan actualizar procedimientos administrativos y optimizar los procesos de
recaudación, relacionadas con los impuestos administrados por el Municipio de Paz
de Ariporo.

Que el recaudo de los tributos en el Municipio de Paz de Ariporo tiene por objetivo el
cumplimiento del plan de desarrollo municipal y el programa de gobierno propuestos
por la administración, con el objeto de fortalecer los ingresos tributarios, mejorar la
cultura de pago de los contribuyentes para convertir al ente territorial en una
jurisdicción sostenible desde el punto de vista fiscal.

Que el numeral 6 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 18
de la Ley 1551 de 2012, establece que, además de las funciones que se le señalan
en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos “Establecer, reformar o
eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.”

Que el principio de Autonomía Fiscal es clave en la organización territorial del Estado
Colombiano, permite que las entidades territoriales gocen de autogobierno para la

75
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

28

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y por ende
tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que
les correspondan, administrar sus propios recursos y participar en las rentas
nacionales. Por lo tanto, los entes territoriales tienen capacidad tanto de auto
normación (sic) como de acción en el plano ejecutivo, es decir, una aptitud para la
definición de una política propia en la elección de estrategias distintas para la gestión
de sus propios intereses. Puede afirmarse entonces, que la autonomía de los entes
territoriales les permite tener una organización y una capacidad derivada y limitada
de autorregulación.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: BENEFICIO TEMPORAL A CONTRIBUYENTES
MOROSOS. Desde la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo y hasta el
31 de diciembre de 2024, a los intereses moratorios de tributos municipales y a las
sanciones de carácter tributario, se les aplicarán los siguientes beneficios:

1. Los intereses de mora del impuesto predial de las vigencias anteriores a 2024,
se disminuirán en el 70% siempre y cuando el contribuyente moroso realice desde la
fecha de sanción del presente acuerdo y hasta el 31 de mayo de 2024 el pago de la
totalidad del impuesto adeudado por cada período gravable.

2. Los intereses de mora del impuesto predial de las vigencias anteriores a 2024,
se disminuirán en el 40%, siempre y cuando el contribuyente moroso realice desde el
1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2024 el pago de la totalidad del impuesto
adeudado por cada período gravable.

3. Los intereses de mora del impuesto predial de las vigencias anteriores a 2024,
se disminuirán en el 10%, siempre y cuando el contribuyente moroso realice desde el
1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024 el pago de la totalidad del impuesto
adeudado por cada período gravable.

4. Las sanciones e intereses de mora generados por el impuesto de industria y
comercio, tendrán las mismas disminuciones y en las mismas fechas descritas en
los tres numerales anteriores.

PARÁGRAFO 1. La disminución de los intereses moratorios de los numerales 1, 2 y
3, sólo se aplicarán al impuesto predial. Los intereses moratorios de la sobretasa
ambiental no tendrán ningún descuento o disminución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACUERDOS DE PAGO. Estas disposiciones aplican en los
mismos términos y condiciones para los contribuyentes que tengan acuerdos de pago
vigentes siempre y cuando se pague el valor total del compromiso; y para acceder a
los anteriores beneficios descritos en el artículo primero en ningún caso se aceptará
la suscripción de acuerdos de pago. […]” (negrilla del texto)

87.2. Certificación expedida por la secretaria general del Concejo Municipal de Paz
de Ariporo76 mediante la cual hace constar que el Acuerdo Municipal núm. 500.02-
001 de 9 de abril de 2024 fue discutido y aprobado en sus dos debates
reglamentarios, realizados los días 5 de abril -comisión- y 9 de abril -plenaria- de
2024.

76
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

29

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

87.3. Constancia de sanción del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de
202477 por parte del Alcalde del Municipio de Paz de Ariporo.

87.4. Constancias de fijación y desfijación en la cartelera municipal del Acuerdo
Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 expedidas por la secretaria
ejecutiva del despacho del alcalde municipal y por el personero municipal78.

87.5. Copia del proyecto de Acuerdo núm. 300.47.1 – 00179, “[…] “POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS TEMPORALES PARA EL
PAGO DE INTERESES Y SANCIONES TRIBUTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAZ
DE ARIPORO” […]” (negrilla del texto), presentado por el Alcalde Municipal (E) de
Paz de Ariporo, con la respectiva exposición de motivos, que en lo pertinente indicó:

“[…] EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de acuerdo, busca adoptar beneficios tributarios consistentes en
descuentos de los intereses moratorios del impuesto predial de las vigencias
anteriores a 2024 y descuentos en intereses de mora y sanciones sobre el impuesto
de industria y comercio con el propósito de impulsar la recuperación de la cartera,
propiciar beneficios tributarios para los contribuyentes y generar mayor liquidez para
el municipio; el cual procederemos a desarrollar así:

I. ANTECEDENTES.

(…)

El proyecto busca mejorar la situación de la cartera morosa de la entidad mediante la
implementación de un período temporal para que los deudores se pongan al día con
sus obligaciones de forma voluntaria, es importante preponderar que no se busca
condonar o extinguir las obligaciones tributarias ya causadas, por cuanto éste no
afecta los capitales por deudas ya causadas, sólo dispone de descuentos de los
intereses por mora en algunas proporciones y espacios de tiempo, más no la
exoneración total y permanente de la deuda. Esto puede tener beneficios tanto para
la entidad como para los contribuyentes, fomentando la conformidad fiscal y
mejorando la eficiencia en la recaudación de fondos.

(…)

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE ACUERDO.

• Aumentar la recuperación del recaudo de cartera y liquidez del municipio de
Paz de Ariporo-Casanare
• Incentivar a los contribuyentes a estar al día con sus obligaciones tributarias
• Generar beneficios tributarios por concepto de impuesto predial e impuesto de
industria y comercio

III. JUSTIFICACIÓN.

(…)

77
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
78
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
79
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

30

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

Con base en lo anterior, la administración municipal en el mes de marzo de 2023
comenzó a recaudar dando aplicación al impuesto predial con los nuevos avalúos los
cuales tuvieron crecimientos exagerados de hasta más de un mil por ciento, pero con
los mismos rangos y mismas tarifas generando un valor en el impuesto difícil para
pagar por parte del contribuyente. En esa medida, la cartera del predial para la
vigencia 2023 se incrementó de manera descomunal toda vez que los contribuyentes
se negaron a cancelar, generando intereses moratorios que se ven reflejados en la
factura expedida en el año 2024.

(…)

De acuerdo a la tabla anterior y con base en el software financiero SYSMAN a fecha
5 de marzo de la presente anualidad, la cartera del impuesto predial de los últimos
cinco años asciende a más de 8.891 millones de pesos con un incremento de 2023
frente a 2022 del 1.121% cuando en años anteriores no superaba el 13% de aumento.
En el caso de los intereses, la subida en el último año analizado fue del 497% versus
a años anteriores que se comportó de manera negativa.

(…)

Ahora bien, si tenemos en cuenta el número de contribuyentes de la cartera de los
últimos cinco años, se nota que han venido en constante ascenso toda vez que en
2020 se incrementó tan solo un 9% frente a 2019 y eso que fue un año crítico por el
COVID, ya en 2021 y 2022 el alza fue similar, pero para el año 2023 la cartera pasó
de 4.887 contribuyentes moroso en 2022 a 10.711 deudores representando un
incremento casi un 120%, generado por el alza del impuesto en razón a la
actualización catastral.

(…)

Por su parte, el impuesto de Industria y Comercio genera una serie de sanciones e
intereses a saber: Sanción por no declarar, equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total de las operaciones de ventas o prestación de servicios realizadas por
el responsable en el período; Sanción por extemporaneidad, por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo equivalente al cinco (5%) del total del impuesto
a cargo sin que exceda del cien por cien (100%) del impuesto o retención según el
caso; Sanción por extemporaneidad después de emplazamiento, la sanción por
extemporaneidad prevista en el numeral anterior se elevará al diez por ciento (10%)
del total del impuesto a cargo, por mes o fracción de mes de retardo sin que pueda
exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto; Sanción por corrección de
declaraciones, diez por ciento (10%) o veinte por ciento (20%) antes o después del
emplazamiento respectivamente; Sanción por corrección aritmética, equivalente al
treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar, Sanción por inexactitud,
equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar
o el saldo a favor; entre otras sanciones sin perjuicio a los intereses de mora que
origine el incumplimiento en el pago del impuesto a cargo del contribuyente,
responsable o agente retenedor.

De acuerdo al registro de contribuyentes de Paz de Ariporo, existen 3.671 personas
naturales y jurídicas responsables del impuesto de industria y comercio así: 2.236
responsables de IVA, 1.419 NO responsables de IVA y 16 grandes contribuyentes.
De la cifra mencionada con anterioridad, 237 contribuyentes se encuentran en mora
desde la vigencia 2017 a 2024, personas que presentaron su declaración, pero no la
han cancelado con una deuda total de $665.500.381, sanciones por $43 millones e
intereses de mora de $17.500.000 sin contar los intereses que se han generado desde
la fecha de presentación a hoy.

31

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

Actualmente existen 414 procesos de fiscalización de contribuyentes omisos de las
vigencias 2018 a 2021 y 60 procesos de cobro coactivo de contribuyentes omisos;
cartera indeterminada actualmente pero determinable en el tiempo, cuando curse el
proceso de emplazamiento y todo el trámite pertinente.

Los beneficios tributarios que se pretenden establecer es una forma no de premiar a
los contribuyentes morosos, más bien es una estrategia para atraerlos a que se
conviertan en unos contribuyentes que fomenten la cultura de pago y que permita un
mayor recaudo de impuestos y, por ende, una mayor inversión en el gasto público.

(…)

Para evitar el incremento continuo de la morosidad tributaria, la administración
municipal debe realizar un esfuerzo importante que permita incrementar el pago
voluntario de las obligaciones y actuar con rigor sobre aquellos deudores que
persistan en el cumplimiento; sin embargo, a pesar de todo, no es posible llegar con
el esquema coactivo a todos los deudores morosos; siempre habrá un número
importante de ellos a quienes solo se les incrementará el riesgo de ser detectados en
el incumplimiento, pero que la administración en realidad no llegará efectivamente;
nuestra capacidad administrativa no es suficiente para llegar a niveles óptimos de
cumplimiento; las necesidades de recursos para incrementar la inversión que necesita
el municipio son infinitamente superiores a nuestros ingresos, la ciudadanía exige
más inversión para que los ciudadanos tengan mayores niveles de inversión.

La administración municipal está segura que con la aplicación de beneficios
tributarios, se lograrán importantes niveles de recaudo máxime cuando se trata de
recursos clasificados como Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD, lo que
significa mayor disponibilidad de recursos tanto en funcionamiento como en inversión
y de esta manera, seguir respetando los indicadores de la Ley 617 de 2000, sin tener
necesidad de recurrir a figuras como el cobro coactivo, embargo de cuentas bancarias
y predios o remate de estos últimos.

CONVENIENCIA

(…)

En cuanto a la proyección del recaudo esperado en aplicación del presente proyecto
de acuerdo, la administración no tiene una cifra exacta toda vez que no existen
estadísticas que pudieran suponer un monto estimado de ingresos adicionales con
ocasión a los beneficios tributarios de que trata esta propuesta. En las últimas cinco
vigencias, no se encontró evidencia de que en el municipio de Paz de Ariporo se
hayan aprobado proyectos de acuerdo relacionados con otorgamiento de beneficios
tributarios y, por ende, herramientas estadísticas como la media, el promedio, la
tendencia entre otras, no son aplicables en este caso.

No obstante, si tan solo el 10% de los contribuyentes morosos del impuesto predial
pagaran sus obligaciones descritas en la tabla No 1, se podrían recaudar 890 millones
de pesos y si ese mismo 10% pagara un 30% de lo correspondiente a los intereses
de mora, el recaudo ascendería por este concepto a 113 millones de pesos para un
total de más de MIL MILLONES DE PESOS.

(…)

Si bien es cierto los contribuyentes que han cancelado obligaciones durante 2024
correspondientes a años anteriores han pagado intereses de mora por el impuesto
predial, también es cierto que se han beneficiado del descuento del 70% general para
predios que fueron objeto de actualización catastral, también se beneficiaron del 20%
por descuentos por pronto pago en el mes de febrero y del 15% en el mes de marzo

32

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

lo que estaría en contravía de determinar un premio a los morosos beneficiando
indiscriminadamente a quienes han faltado a sus obligaciones tributarias, por el
contrario, busca favorecer el principio de equidad tributaria en el sentido de que los
contribuyentes se pongan al día y no sean clasificados como morosos, especialmente
por el incremento exorbitante del impuesto predial producto de la actualización
catastral e 2022 (sic) y aplicada en 2023.

La administración municipal en aras de encontrar alternativas para implementar
alivios tributarios, solicitó concepto a la Federación de Municipios, la cual conceptuó
de forma positiva en el sentido de que la administración municipal es autónoma de
presentar al Concejo municipal (sic) proyectos de acuerdo que contemplen dichos
beneficios cumpliendo ciertos requisitos los cuales se encuentran contemplados en el
presente proyecto de acuerdo.

(…)

V. ANALISIS DE IMPACTO DEL MARCO FISCAL

(…)

En conclusión, este proyecto de acuerdo NO genera impacto fiscal negativo, por el
contrario generará un impacto fiscal positivo, ya que el mismo representa una
expectativa de ingresos a recibir por el ente territorial, toda vez que con la
implementación de beneficios se incentiva al contribuyente a realizar el pago de sus
obligaciones generando un mejor comportamiento del recaudo en beneficio de las
finanzas municipales, sumado también a la proyección de una mayor disponibilidad
de recursos para la optimización la ejecución del plan de desarrollo, generando
también una cultura de pago y así evitar llegar a instancias como el cobro coactivo
ocasionando más gastos e inconvenientes al contribuyente como embargos,
secuestro de bienes, reportes, etc.

Por lo anterior, es que se propone al concejo municipal este proyecto de acuerdo que
plantea facilidades de pago a los contribuyentes morosos, no como una forma de
amnistía tributaria ni como condonación de intereses moratorios; sino como una forma
de recuperación de cartera, tanto el impuesto en su totalidad como un porcentaje de
los intereses y sanciones de acuerdo a las fechas de pago.

(…)

VI. CONCLUSIÓN

Por lo anterior y en atención a la naturaleza de las disposiciones previamente
expuestas, se pone en consideración del Honorable Concejo del municipio de Paz de
Ariporo esta iniciativa con el fin que (sic) esta sea debatida y eventualmente aprobada
por esta Corporación Pública. […]” (negrilla del texto)

87.6. Copia del Acta núm. 300.02.11-010 de 15 de marzo de 202480, que da cuenta
de la reunión del Consejo de Gobierno realizada en el despacho del Alcalde del
Municipio de Paz de Ariporo. En el orden del día de dicha reunión se encontraba:

“[…] 3. Presentación Proyectos de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN
BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES
TRIBUTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO” y “POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL

80
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

33

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024” […]” (negrilla
del texto)

87.7. Copia del oficio FCM-S-2024-002611-GFM-220 de 15 de febrero de 202481,
dirigido al Alcalde del Municipio de Paz de Ariporo por parte de la Coordinadora del
Grupo de Fortalecimiento Municipal de la Federación Colombiana de Municipios, en
el cual se absuelve una consulta formulada por el citado alcalde, en la relación con
la posibilidad de presentar proyectos de acuerdo que otorguen beneficios tributarios.

87.8. Copia del Acta núm. 500.01.2 – 03782 que da cuenta de la sesión del concejo
municipal de Paz de Ariporo de 9 de abril de 2024. En dicha sesión se dio segundo
debate al “[…] PROYECTO DE ACUERDO N° 300.47.1-001 (20 de MARZO de
2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS
TEMPORALES PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO” […]” (negrilla del texto), en la siguiente
forma:

“[…] ACTA No. 500.01.2 – 037

FECHA: ABRIL 09 DE 2024.
LUGAR: RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

(…)

El presidente le solicita a la secretaria dar lectura al orden del día.

(…)

5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO N° 300.47.1-001 (20 de MARZO
de 2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS
TEMPORALES PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”.

(…)

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Habiendo hecho el respectivo llamado a lista se constató la asistencia de 9 concejales
quienes se relacionan a continuación.

(…)

ROA CHAPARRO GIOVANNY

(…)

5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO N° 300.47.1-001 (20 de MARZO
de 2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS
TEMPORALES PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”.

81
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
82
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

34

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

El vicepresidente informa que para este proyecto acuerdo (sic) fue designado como
ponente el concejal MICHAEL D ANDREIS CASTILLO JARA y le concede la palabra
para que rinda su informe de ponencia.

MICHAEL D ANDREIS CASTILLO JARA: brinda un cordial saludo da lectura a la
ponencia.

MICHAEL D ANDREIS CASTILLO JARA: le solicita al vicepresidente la intervención
de la representante de la administración municipal.

El vicepresidente le concede la palabra en la que intervinieron:

dro. JOSE CRISTINO PEREZ (sic): secretario de hacienda municipal (sic), brinda un
cordial saludo y realiza su intervención en relación al proyecto en estudio. Finaliza
dando las gracias.

MICHAEL D ANDREIS CASTILLO JARA: finaliza rindiendo ponencia positiva.

El vicepresidente informa que, con ponencia positiva por el ponente, a partir de este
momento se abre el debate al proyecto de acuerdo N° 300.47.1-001 de 2024 y le
concede la palabra en la que intervinieron: MICHAEL D ANDREIS CASTILLO JARA,
JULIAN BARON, DENIS FERNANDEZ, EMILIANO DUARTE, ANTONIO NARANJO,
GIOVANNY ROA, VICTOR JAIMES, WULLINTON CRUZ (sic).

El vicepresidente informa que estamos en el debate reitera y manifiesta que, si no
tenemos más debate por parte de ustedes honorables concejales, se cierra el debate
al proyecto de acuerdo y se somete a votación de forma nominal. La secretaria
informa que el PROYECTO DE ACUERDO N° 300.47.1-001 (20 de MARZO de 2024)
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS
TEMPORALES PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”. Con sus respectivas modificaciones
obtuvo 9 votos a favor y 4 votos ausentes. (sic) El vicepresidente informa que con 9
votos a favor ha sido aprobado el proyecto de acuerdo N° 300.47.1-001 de 2024 y
será enviado para su respectiva sanción, publicación y así se convierta en Acuerdo
Municipal. […]” (negrilla del texto)

87.9. En el acta se detalló la verificación del cuórum y el resultado de las votaciones
realizadas el día 9 de abril de 202483, en la siguiente forma:

83
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

35

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

87.10. La copia del Acta núm. 500.01.2 – 037 se acompañó de la copia planilla de
asistencia para la sesión de 9 de abril de 2024, la cual está firmada por el señor “[…]
ROA CHAPARRO GIOVANNY […]” y del informe de ponencia para segundo debate
del proyecto de Acuerdo núm. 300.047.1-001 de 20 de marzo de 2024, presentado
por el concejal “[…] MICHAEL D´ANDREIS CASTILLO JARA […]”84. (Negrilla del
texto).

87.11. Copia de la comunicación del secretario de Hacienda de Paz de Ariporo de
fecha 21 de octubre de 202485, en la cual se informa que:

84
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
85
Cfr. Índice 24, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

36

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

87.12. Copia de la declaración extra proceso de 22 de octubre de 2024, en la cual el
accionado manifiesta que:

“[…] QUINTO: Bajo la gravedad de juramente declaro que en mi calidad de concejal
bajo ninguna circunstancia tuve intención de beneficiarme, ni me beneficié con la
aprobación del proyecto de acuerdo número 300.47.1-001 del día 20 de marzo de
2024 por medio del cual se adoptan beneficios tributarios temporales para el pago de
intereses y sanciones tributarias en el Municipio de paz de Ariporo (sic). […]” (negrilla
del texto)

87.13. Copia de la certificación expedida por la registradora municipal del Estado Civil
de Paz de Ariporo86, en el cual indicó:

87.14. Copia de la certificación expedida por el secretario de Hacienda y la tesorera
del Municipio de Paz de Ariporo87, en la cual se hace constar que:

86
Cfr. Índice 24, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
87
Cfr. Índice 24, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

37

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

87.15. Copia del registro civil del accionado88.

87.16. Copia de certificación expedida por el secretario de Hacienda de Paz de
Ariporo89 en la cual se hace constar que:

87.17. Copia de certificación suscrita por el secretario de Hacienda de Paz de
Ariporo90, en la cual se hace constar que:

88. Las pruebas que obran en el expediente acreditan que:

88
Cfr. Índice 35, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
89
Cfr. Índice 36, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.
90
Cfr. Índice 40, SAMAI. Expediente digital 85001233300020240010500.

38

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

88.1. El señor Giovanny Roa Chaparro era propietario de un establecimiento de
comercio denominado Agrocercas del Norte y, asimismo, deudor del impuesto de
industria y comercio de los años gravables 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

88.2. Fue expedido, por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo, el Acuerdo núm.
500.02 – 001 de 9 de abril de 2024, “[…] “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN
BENEFICIOS TRIBUTARIOS TEMPORALES PARA EL PAGO DE INTERESES Y
SANCIONES TRIBUTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”. […]”, en
el cual se establecieron beneficios a los deudores de los impuestos predial y de
industria y comercio respecto de los intereses moratorios y las sanciones
correspondientes.

88.3. El Acuerdo núm. 500.02 – 001 de 9 de abril de 2024 fue aprobado en dos
debates y contó, en el segundo debate, con la participación y el voto favorable del
concejal Giovanny Roa Chaparro.

89. Frente a los argumentos del apelante consistente en que no obtuvo beneficio
personal, particular o directo con la votación y aprobación del Acuerdo Municipal
núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 pues no se acogió a los alivios tributarios
que estableció y que el citado acuerdo municipal era de carácter general y afectaba
a la ciudadanía en general, se precisa que el artículo 48 de la Ley 617 establece
que:

“[…] No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en
general. […]”

90. La Sala pone de presente que en asuntos similares al aquí juzgado 91 y en relación
con la aplicación de la excepción contenida en la citada norma, ha indicado lo
siguiente:

“[…] V.3.4.- A partir de todo lo expuesto, para la Sala resulta evidente que con la
elaboración de la ponencia favorable, su voto positivo y participación en la expedición
del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, sin declararse
impedido, no se generó en el accionado la colisión de los intereses que debió
garantizar en calidad de servidor público, con los intereses particulares de su señora
madre, MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, en la medida en que si bien se constató
la existencia de deudas de esta contribuyente por concepto de Impuesto Predial
Unificado, -lo que la convierte en eventual candidata para los descuentos de dicho
acuerdo-, lo cierto es que ese beneficio la afecta, así como al concejal, en igualdad
de condiciones a las de la población en general del municipio de Paz de Ariporo
(Casanare).

91
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2024 00047 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2024 00122 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2024 00062 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de noviembre de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01.

39

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

En los términos de la excepción legal prevista en la segunda parte del numeral 1, del
artículo 48, de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general, el accionado coadyuvó con la expedición de una norma
que encaja en la referida exclusión del legislador al crearse un beneficio temporal, -
desde el 9 de abril hasta el 31 de diciembre de 2024-, a todos aquellos deudores de
intereses moratorios con origen en obligaciones insolutas de los impuestos Predial
Unificado y de Industria y Comercio, sin discriminaciones o limitaciones en su ámbito
de aplicación en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare).

Es así como, desde la exposición de motivos suscrita y avalada por el concejal
MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO JARA, se observa que el objetivo del Acuerdo
municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, era permitirle a toda la población
morosa de los impuestos Predial Unificado y de Industria y Comercio, que no solo a
su señora madre, MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, -los cuales ascendían a la
representativa cifra de 10.711 morosos con corte a vigencia 2023, representados en
una cartera de $8.891.368.065, según el estudio previo-, ponerse al día en el pago
del respectivo tributo con una rebaja significativa de los intereses moratorios, lo que
dista, por definición, de dirigirse a una sola persona, grupo minoritario o subgrupo
pequeño de pobladores.

Visto está, además, que fue la actualización de los avalúos catastrales la que provocó
una renuencia generalizada de la población de pagar los referidos impuestos ante el
encarecimiento del tributo, diagnóstico de un problema macro del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare), que también permite advertir que el beneficio traído por el
citado acuerdo afecta a todo el universo de morosos en igualdad de condiciones, sin
transgredir la integridad del interés público en la decisión administrativa.

(…)

Es evidente, entonces, que con la estrategia temporal de reducción de intereses de
mora, adelantada, entre otros concejales, por el accionado a través de la expedición
del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, lo que se procura
es la conformidad y eficiencia fiscal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
destinado a aquellos pobladores que voluntariamente deseen ponerse al día sin
afectar el capital de la obligación principal, pues no condona o extingue las
obligaciones tributarias causadas, máxime que el costo de recuperar la cartera por un
proceso de cobro coactivo se sometería a un trámite prolongado y costoso que, de
librarse con el acuerdo, normalizarían el ingreso de flujos tributarios, sin que ello le
represente un conflicto de intereses al concejal MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO
JARA.

Sin perjuicio de lo considerado, la Sala también advierte que el interés endilgado al
accionado resulta hipotético y aleatorio, pues el beneficio tributario consistente en la
reducción de los intereses de mora del Impuesto Predial Unificado, así como de las
sanciones e intereses de mora generados por el Impuesto de Industria y Comercio,
no deviene de manera automática del acuerdo, sino que, para hacerse acreedor de
cada exención, y en los respectivos porcentajes señalados, los morosos interesados
deben cumplir exigencias y requisitos acreditables ante la Secretaría de Hacienda
municipal, tales como, entre otros, el pago de la totalidad del impuesto adeudado por
cada período gravable, circunstancia de la que no se tiene certeza alguna de
cumplimiento por parte de la señora MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, madre del
concejal.

A partir de estos precisos elementos de juicio, se observa que el accionado no
pretendió lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales o de su
señora madre, en detrimento de la comunidad, o desconociendo el interés general
que debe guiar el ejercicio de sus funciones; el asunto puesto en conocimiento del

40

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

miembro de la corporación pública no le significó un enfrentamiento entre su interés
personal y el interés general o bien común, lo que no lo obligaba a manifestar
impedimento alguno para elaborar ponencia, votar y participar en la expedición del
Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024. […]”92 (negrilla y
subrayado del texto)

91. Si bien está acreditado que el concejal accionado participó y dio su voto positivo
para la aprobación del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 y
que, a su vez, era deudor del impuesto de industria y comercio para los años
gravables 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, le asiste razón al apelante al indicar que
los beneficios tributarios concedidos en ese acuerdo cobijaban al concejal en
igualdad de condiciones a la ciudadanía del municipio de Paz de Ariporo.

92. La situación juzgada, como lo indicó la Sala en la decisión citada anteriormente
-reiterada posteriormente-, encaja en la excepción legal prevista en la segunda parte
del numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general, si se tiene en cuenta que el
Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 estableció un beneficio
temporal para todos aquellos deudores de intereses moratorios y sanciones
respecto de los impuestos predial y de industria y comercio, sin discriminaciones o
limitaciones en su ámbito de aplicación en el municipio de Paz de Ariporo.

93. El Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, como lo destacó la
Sala, tenía como objetivo permitirles a los habitantes del municipio de Paz de
Ariporo, que eran deudores de los impuestos predial y de industria y comercio y no
al concejal accionado, cancelar dichas obligaciones tributarias, con una rebaja en
los intereses moratorios y sanciones, por lo que no puede afirmarse que se dirigía
a un grupo minoritario de ese municipio.

94. La exposición de motivos del proyecto de acuerdo que dio al Acuerdo Municipal
núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 permite evidenciar que su propósito era
materializar una política pública en beneficio de los habitantes del Municipio de Paz
de Ariporo, en la medida en que tenía como objetivo impulsar la recuperación de la
cartera adeudada para efectos de generar mayor liquidez en las finanzas del ente
territorial y generar mayor disponibilidad de recursos para funcionamiento e
inversión, incentivando a los contribuyentes a estar al día en sus obligaciones
tributarias.

95. Adicionalmente, se advierte que los beneficios tributarios otorgados por el
Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024 no eran inmediatos, esto
es, no operaban de manera automática, teniendo en cuenta que para acceder a
ellos se debían cumplir los requisitos allí señalados, entre ellos, el pago de la
totalidad del impuesto adeudado por cada período gravable, de tal forma que, como
lo subrayó la Sala en la sentencia citada, el interés resulta ser hipotético y aleatorio

92
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2024 00047 01.

41

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

en la medida en que, en este caso, se constató que el concejal acusado no cumplió
dichos requisitos en la medida en que no se acogió a los beneficios establecidos en
el citado acto.

96. Como consecuencia de lo expuesto, no se evidencia que el concejal accionado,
al participar en el trámite y aprobación del Acuerdo Municipal núm. 500.02-001 de
9 de abril de 2024, haya actuado sin consultar la justicia y el bien común, en
detrimento de la comunidad o con desconocimiento del interés general, privilegiando
su interés personal, de tal forma que no estaba obligado a manifestar impedimento
alguno.

97. La Sala, ante la prosperidad de este argumento del recurso de apelación y
evidenciar que, en el presente asunto, el accionado no incurrió objetivamente en la
violación del régimen de conflicto de intereses, por encontrarse en la excepción
descrita en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, se abstendrá de estudiar los
demás argumentos formulados por el apelante.

II.6. Conclusión

98. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no encontró acreditados
los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617, consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses,
lo cual impide continuar con el análisis del elemento subjetivo de culpabilidad, razón
por la que revocará la sentencia de 3 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare y, en su lugar, denegará la solicitud de pérdida de
investidura presentada contra el señor Giovanny Roa Chaparro, concejal del
municipio de Paz de Ariporo, período 2024 – 2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 3 de diciembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, DENEGAR la solicitud de
pérdida de investidura presentada contra el señor Giovanny Roa Chaparro, concejal
del municipio de Paz de Ariporo para el periodo 2024-2027.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

42

Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00105-01
Accionante: Kirsty Yireh Villalba Piriachi

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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