RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 20001-23-33-000-2020-00050-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-33-000-2020-00050-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-33-000-2020-00050-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la pérdida de investidura de la diputada de la asamblea del departamento del Cesar, señora Petrona Romero Navarro, elegida para el período constitucional 2020-2023, según las razones explicadas en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 20001-23-33-000-2020-00050-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de junio de 2022

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: DIEGO MAURICIO ARDILA ROA
Diputada acusada: PETRONA ROMERO NAVARRO

TESIS Incurre en causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de
intereses el diputado que participó en la
sesión donde se eligió el contralor
municipal, sin declararse impedido, pese a
que en la contraloría se adelantaban unos
procesos de responsabilidad fiscal en su
contra.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la diputada acusada
en contra de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual declaró su
desinvestidura como diputada de la asamblea del departamento del
Cesar, elegida para el período constitucional 2020-2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

El señor Diego Mauricio Ardila Roa solicitó se decretara la pérdida de
investidura de la diputada de la asamblea departamental del Cesar,
Petrona Romero Navarro, elegida para el período 2020 – 2023, por
incurrir en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617
del 6 de octubre de 20001.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada

El actor informó que mediante el proceso verbal de responsabilidad fiscal
nro. 001- 2019V la contraloría departamental del Cesar profirió el auto de
apertura de imputación de cargos, entre otros, contra la señora Romero
Navarro por el presunto daño al patrimonio en la suma equivalente a
$67.643.070 y el 12 de junio de 2019, con ocasión de la continuación de la
audiencia de descargos, el director de responsabilidad fiscal y de
jurisdicción coactiva dejó constancia que se le había notificado
personalmente el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal.

Aludió que mediante proceso verbal de responsabilidad fiscal nro. 002-
2019V la contraloría departamental del Cesar profirió el auto de apertura
de imputación de cargos, entre otros, contra la señora Romero Navarro por
el presunto daño al patrimonio en la suma equivalente a $21.723.920 y que
el 12 de junio de 2019, con ocasión de la continuación de la audiencia de
descargos, el director de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva

1
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

dejó constancia que se le había notificado personalmente el auto de
apertura e imputación de responsabilidad fiscal.

Alegó que el 26 de julio de 2019 la señora Petrona Romero Navarro se
inscribió en la lista de candidatos del Partido Alianza Social Independiente-
ASI, para la asamblea departamental del Cesar, período 2020- 2023, según
consta en el formulario E-6 de inscripción de candidatos.

Señaló que el 27 de octubre de 2019 la señora Romero Navarro fue elegida
diputada de la asamblea departamental del Cesar para el período 2020-
2023 y el 1 de enero de 2020 tomó posesión del cargo.

Expuso que la diputada acusada participó en el proceso de elección del
contralor departamental del Cesar en la sesión celebrada el 7 de enero de
2020, pese a que en su contra estaban en curso los procesos de
responsabilidad fiscal números 001 y 002 de 2019.

Aseveró que el artículo 264 de la ordenanza departamental nro. 003 de
2010, por la cual se expide el reglamento interno de la asamblea
departamental del Cesar, dispuso que a los diputados les asiste interés
directo en la decisión porque les afecte y deberán declararse impedidos para
participar en los debates o votaciones respectivas.

Argumentó que con su participación y voto en la citada sesión incurrió en
violación del régimen de conflicto de intereses, puesto que no se declaró
impedida para votar y, en consecuencia, conformó el quorum para la
elección del contralor departamental.

Por último, señaló que los motivos que hacían procedente la aplicación
uniforme de la jurisprudencia del Consejo de Estado era la existencia de
decisiones adoptadas con base en hechos similares a este caso, mediante
las cuales se fijó la subregla que debía usarse para resolver la presente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

acción y que constituía un precedente vinculante. Para ello citó y analizó el
contenido de cada una de las siguientes providencias:

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 27 de enero de 2005, expediente radicación nro. 44001-23-
31-000-2004-00684-01. Caso uno.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera
Sentencia del 22 de marzo de 2013, expediente radicación nro. 18001-23-
31-000-2012-00054-01 (PI). Caso dos.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera
Sentencia del 28 de noviembre de 2013, expediente radicación nro. 50001-
23-33-000-2013-00027-02 (PI). Caso tres.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 31 de julio de 2014, expediente radicación nro. 18001-23-
33-000-2013-00282-01. Caso cuatro.

Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 2 de abril de 2019, expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2018-
04626-00 (PI). Caso cinco.

Con fundamento en las sentencias citadas dijo que el recuento de dicha
jurisprudencia, “cuyo sentido no escapa a la pretensión de construir una
línea jurisprudencial relacionada con el conflicto de intereses en la elección
de los contralores departamentales” y que “(…) el Tribunal tiene ante sí una
demanda de pérdida de investidura en donde la ratio decidendi está
contenida en la narrativa jurisprudencial planteada, motivo por el cual
prosigue un debate procesal que arroje el acervo probatorio que conduzca
a la decisión normativa de este caso”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

2.- Contestación de la diputada acusada

En la oportunidad procesal correspondiente y mediante apoderado
judicial, la señora Petrona Romero Navarro, contestó la solicitud,
oponiéndose a las pretensiones.

Como argumentos de defensa expuso2:

Que el solicitante citó cinco (5) sentencias del Consejo de Estado que
pedía fueran tenidas en cuenta como precedentes de obligatorio
cumplimiento en la resolución del caso, pese a que ninguno de esos fallos
tenían la naturaleza de sentencias de unificación jurisprudencial
proferidas por importancia jurídica, trascendencia económica o social o
por la necesidad de sentar jurisprudencia y en las que tampoco se había
hecho algún juicio subjetivo de responsabilidad para resolver cada uno de
los casos sometidos a estudio, tal y como lo demanda la ley y la
jurisprudencia de esta Corporación.

Planteó cuales eran los argumentos de la solicitud de pérdida y al referirse
a cada uno, señaló:

(i) En cuanto a que no se declaró impedida: manifestó que carece de
sustento jurídico que el solicitante afirme que se configuró la causal
invocada por no haberse declarado impedida, ya que como el Consejo de
Estado lo ha dicho “la ausencia de manifestación de impedimento no está
prevista como causal de pérdida de investidura”3.

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01. Expediente consultado por One Drive.
3
Al efecto citó: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 23 de marzo de 2010. Proceso 2009- 00196-00. C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas. Reiterada en sentencias del 22 de noviembre de 2011. Proceso 2011-
00404-00. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Sentencia del 9 de julio de 2013. Proceso
2011-01559-00. C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 9 de noviembre de 2016.
Proceso 2014- 03117-00. C.P. William Hernández Gómez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Aseveró que siguiendo el derrotero de la sentencia proferida el 13 de
noviembre de 2019 por la Sala 11 Especial de Decisión de esta
Corporación4, “es necesario que en la sentencia se pueda establecer que
ocurrió la violación del régimen del conflicto de intereses” y demostrar en
el proceso que la diputada Petrona Romero Navarro votó en la elección
de contralor del departamento del Cesar “anteponiendo intereses
personales a los intereses públicos”.

(ii) Respecto del interés invocado: Señaló que como lo ha dicho la
jurisprudencia de esta Corporación, no todo interés configura la causal de
pérdida de investidura5 y éste debe ser directo, particular e inmediato6.

(iii) Frente al conflicto de intereses: Precisó que la Sala Plena en sentencia
del 16 de abril de 20207 resaltó que el conflicto de intereses es un
concepto jurídico indeterminado y, debido a ello, será el juez el que
decida, en el caso concreto, si existe fundamento suficiente para decretar
la pérdida de investidura.

(iv) En cuanto al aspecto subjetivo del conflicto de intereses: esgrimió
que en el presente caso no se ha demostrado el dolo o la culpa en la
actuación por la que se le juzga, y que no podrá probarse jamás, porque
no existió pacto de favores con ninguno de los candidatos y menos con
quien resultó elegido, que no contó con el voto de la diputada, “(…) pero
que además, se insiste, le cuestionó una posible inhabilidad para

4
Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2019 03953 00.C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto. (PI).
5 Para ello citó la sentencia del 6 de julio de 2017 proferida por la Sala 16 Especial de

Decisión. Expediente nro. 11 001 03 15 000 2016 02279 00. C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. Y del 9 de diciembre de 2019 de la Sala 6 Especial de Decisión.
Expediente radicado nro. 2019-04508-00. C.P. Carlos Enrique Moreno R.
6 Al efecto citó, entre otras, la sentencia del 3 de octubre de 2019 proferida por esta

Sección en el proceso con radicación nro. 15001 23 33 000 2019 00277 01 (PI). C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de

noviembre de 2016. C.P. William Hernández Gómez. Expediente radicación nro. 11001
-03-15- 000- 2914-03117-00 (PI).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

desempeñar el cargo, cuando fácil hubiera sido apoyarle en su
candidatura, y así eventualmente demandar el favor, que el actor insinúa
sin lógica ni razón, puede pedirle ahora…, sin haber votado por él se
repite, pero además sin que fuera necesaria su presencia para quórum y
su voto para elegirlo”, por lo que la actuación de la diputada está exenta
de dolo o culpa, y obró de buena fe, en el ejercicio de una función
constitucional prevista en el inciso 4 del artículo 272 Constitucional.

(v) Respecto del voto en la elección del contralor: afirmó que el voto en
la elección del contralor tiene un carácter relevante al momento de decidir
si se configura o no un conflicto de intereses de un diputado para
participar y votar en dicha elección. Al efecto citó nuevamente la
sentencia del 13 de noviembre de 2019, en donde se reafirmó la
prevalencia del voto secreto en la función electoral de los órganos de
origen popular.

Agregó que, pese a que la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado establece el voto secreto cuando las corporaciones de origen
popular ejercen sus funciones electorales, en esta ocasión, la asamblea
del Cesar determinó el voto nominal para elegir contralor departamental.

(vi) Respecto de la actuación de la diputada en la elección del contralor
departamental: aseguró que la acusada votó por el señor Carlos Alberto
Aramendis Tatis, conforme consta en audios y en el acta nro. 3 y, en lo
que interesa al proceso, que es la participación y voto de la diputada en
la elección del contralor departamental, quien resultó elegido fue el señor
Delwin Jiménez Bohórquez.

(vii) El análisis del caso concreto:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

a) No existió conflicto de intereses por el hecho de participar y ejercer su
derecho al voto en la elección del contralor departamental del Cesar, pese
a que tenía dos procesos de responsabilidad fiscal en su contra.

Argumentó que no es posible considerar que el contralor departamental
elegido, señor Delwin Jeovani (sic) Jiménez Bohorquez, haya pactado la
absolución de los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en
su despacho contra una diputada que (i) no votó por su candidatura y (ii)
le cuestionó fáctica y jurídicamente su idoneidad legal para ocupar el
cargo y, que si se pensara con la ligereza jurídica del actor, sería
inevitablemente condenada en los procesos de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva que se adelantan en su contra por no haber apoyado
con su voto la elección de quien es titular de ese despacho.

Aludió que el Consejo de Estado en sentencia del 23 de marzo de 20108
expuso, entre otros aspectos, que: “(…) Cree la Sala que no porque el
escogido por un órgano colegiado deba atender luego funciones que le
interesan a ese órgano, los miembros de ese cuerpo quedan a priori
impedidos para hacer la elección, pues esa deducción haría imposible el
cumplimiento de la misión o de la función propia del órgano con capacidad
para elegir y pondría en entredicho por adelantado la idoneidad moral del
elegido (…)”.

b) En cuanto al sentido del voto de la diputada: que está probado que la
diputada en la elección del contralor no votó por el señor Delwin Jiménez
Bohorquez, quien resultó elegido, sino por el señor Carlos Alberto
Aramendiz Tatis, lo que destruye la sugerencia de cualquier interés
personal, para ello citó de nuevo la sentencia del 13 de noviembre de
2019, en el sentido que “(…) para que se configure el conflicto de intereses

8 Expediente radicado bajo el nro. 11001 03 15 000 2009 00198 -00. C.P. Hugo Fernando

Bastidas Bárcenas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

como causal de pérdida de investidura es necesario que pruebe el interés
del congresista en una actuación específica a cargo del Congreso (…)”.

De tal manera que, ni la eventual recusación, ni la hipotética absolución
en los procesos de responsabilidad fiscal que se propone como interés
generador del conflicto, tiene la entidad de interés directo, particular e
inmediato en la actuación de la diputada, razones todas estas por las que
solicitó fueran denegadas las pretensiones.

3.- La sentencia de primera instancia

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia
del 4 de septiembre de 2020 declaró la pérdida de investidura de la
diputada acusada9.

Como razones de la decisión se apoyó en las siguientes:

Luego de recordar el alcance de lo que debe entenderse por conflicto de
intereses a partir de pronunciamientos de esta Sección 10 y que se trata
de un concepto jurídico indeterminado, aseveró:

“[…] Ahora bien frente a la causal de conflicto de intereses y por
hechos idénticos a los que ahora son objeto de examen, tal como lo
sostienen tanto el demandante como el señor Agente del Ministerio
Público, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diversas
oportunidades. En efecto, en sentencia de 27 de enero de 2005
(Expediente núm. 2004-00648-01 (sic) Consejero ponente doctor
Rafael E Ostau de Lafont Pianeta) se estimó que concurre un interés
que genera conflicto en la elección de un funcionario como el Contralor
cuando existe un proceso de responsabilidad fiscal a cargo del
respectivo ente de control, criterio reiterado en Fallo de 22 de marzo
de 2013 (Expediente núm. 2012-00054, Consejera ponente doctora
María Claudia Rojas Lasso) proceso en el que se estudió la solicitud de

9
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2020 00050 01. Expediente consultado por One Drive.
10 Para ello citó la sentencia del 1 de febrero de 2018, proferida por la Sección Primera

de esta Corporación. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 66001 23
33 000 2017 00089 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

pérdida de investidura de un Diputado de la Asamblea del
Departamento del Caquetá por idénticos hechos a los que dieron lugar
a la acción de pérdida de investidura de la referencia. Dichos
pronunciamientos fueron traídos a colación posteriormente por la alta
Corporación, en sentencia del 31 de julio de 2014 radicación número:
18001-23-33-000-2013-00282-01, siendo Consejera ponente María
Elizabeth García González […]”.

Expuso que en el caso concreto, estaba acreditado que la señora Petrona
Romero Navarro fue elegida diputada del departamento de Cesar para el
período 2020-2023, cargo para el cual tomó posesión el 1 de enero de
2020; agregó “(…) tal y como lo manifestó en la diligencia de
interrogatorio de parte por medio[s] tecnológicos [que] se llevó a cabo
el 25 de agosto de 2020, en el presente asunto, la Diputada PETRONA
ROMERO NAVARRO conoce la normatividad y el reglamento interno de la
Asamblea Departamental del Cesar (…)”.

Mencionó que, según el artículo 264 de la ordenanza departamental nro.
003 de 2010, por la cual se expide el reglamento interno de la asamblea
departamental del Cesar, los diputados a los que les asista un interés
directo en la decisión deberán declararse impedidos para participar en los
debates o votaciones respectivas.

Razonó que también se demostró que en la contraloría departamental del
Cesar cursan dos procesos verbales de responsabilidad fiscal en contra de
la diputada, los cuales le fueron debidamente notificados y se encuentran
en trámite de fallo y que participó y votó en la sesión del 7 de enero de
2020 mediante la cual la asamblea departamental del Cesar eligió al
contralor departamental a través de votación nominal, sin que haya
manifestado impedimento alguno, de conformidad con lo consignado en
el acta nro. 3 de la fecha, como lo aceptó la acusada y se corroboró con
los testimonios de los señores Delwin Geovanny Jiménez, Claudia
Margarita Zuleta y Ricardo Fidelio Quintero, los cuales fueron rendidos en
la audiencia a través de medios tecnológicos llevada a cabo el 25 de
agosto de 2020.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Por último, que la participación de la demandada tuvo lugar en desarrollo
de una competencia funcional, conforme con el artículo 272 de la
Constitución Política y concluyó:

“[…] Ahora en lo que toca a la concurrencia de un interés directo,
particular, actual o inmediato en cabeza de la Diputa PETRONA
ROMERO NAVARRO en la elección del Contralor Departamental del
Cesar lo cual es el verdadero motivo de debate en el asunto de marras,
resulta claro, que el mismo existía para el momento de la referida
elección, por la potísima razón de que se trataba de escoger el titular
y máxima autoridad del organismo de control que la está investigando
en dos procesos de responsabilidad fiscal, los cuales se itera, se
encuentran en trámite de fallo con pleno conocimiento de la diputada.

Ante tales circunstancias, a juicio de esta Colegiatura, y adoptando la
tesis reiterada del Consejo de Estado analizada, resultaba un deber
para la Diputada ROMERO NAVARRO, declararse impedida para
intervenir en la elección del Contralor Departamental del Cesar por
existir un conflicto de intereses, pues en últimas depende de dicho
funcionario tomar una decisión en perjuicio o beneficio de aquella al
interior de los procesos que se adelantan en su contra. Lo anterior, en
consonancia con lo consagrado en la Ordenanza Departamental No.
003 de 2010 por la cual se expide el Reglamento Interno de la
Asamblea Departamental del Cesar (normatividad que aquella
manifestó conocer), aunado al principio de imparcialidad y moralidad
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política como
principios rectores de la función administrativa.

Resulta inadmisible además que al momento de la elección referida la
diputada no haya “recordado” que tenía en curso dos procesos de
responsabilidad fiscal en la Contraloría Departamental del Cesar tal
como lo manifestó en el interrogatorio de parte que rindió en el
presente asunto lo anterior por cuanto la probidad que se espera de
un servidor público en la participación de actuaciones administrativas,
le impone ineludiblemente proceder rectamente en cualquier
escenario de decisión, siendo un deber de todo servidor público,
conocer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y cuándo se
configura un conflicto de intereses, en el marco de sus funciones;
además se exige que su comportamiento responda a una actuación
diligente, apegada al deber objetivo de cuidado.

Máxime cuando con antelación a la elección del Contralor
Departamental del Cesar se manifestaron dos (2) impedimentos por
parte de los Diputados Barros Gnecco y Rodríguez Barriga, los cuales
fueron decididos por la Duma, y votados favorablemente por la
Diputada ROMERO NAVARRO, circunstancia ésta que ni siquiera la
motivó o conllevó a percatarse de manifestar su propio impedimento.

De igual forma, no puede pasar por alto este Tribunal, que el doctor
Delwin Jiménez Bohórquez Contralor Departamental del Cesar sostuvo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

en declaración testimonial rendida en el presente asunto a través de
medios tecnológicos, que manifestaría impedimento en el trámite de
los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en contra de
los diputados que participaron en su elección, incluida la aquí
demandada, por considerar que podría ser controvertida la posición
que asuma como fallador de segunda instancia, por pensarse que
podría ser un tipo de retaliación por no haber votado afirmativamente
a su elección; ello al margen de la decisión que adopte la autoridad a
quien le corresponda decidir tal impedimento.

Confluye de lo expuesto que si bien es cierto como lo sostuvo la parte
demandada elegir al Contralor Departamental constituye un deber
constitucional y legal de los diputados también lo es que como quedó
demostrado, para ese momento existía una situación frente a la cual
la Diputada ROMERO NAVARRO tenía un interés específico y directo
como lo eran los procesos de responsabilidad que se tramitaban en su
contra, razón por la cual, se insiste, ha debido poner en conocimiento
de la Duma tal circunstancia, y que ésta decidiera si existía o no tal
impedimento. Al no haberlo hecho, con dicha conducta quedó incurso
en la causal de pérdida de investidura que se le endilga, esto es, la
violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral
1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

Finalmente, en cuanto al argumento de la demandada, que apunta a
que la misma no votó por la persona que resultó elegida como
Contralor Departamental del Cesar, quien se conocía de antemano
resultaría ganador por estar apoyado por una coalición mayoritaria de
la Asamblea, debe advertirse, que a la luz de los lineamientos
jurisprudenciales esbozados, para la causal de pérdida de investidura
por la existencia de un posible conflicto de intereses, no tiene
relevancia alguna el hecho de que la votación en la elección haya o no
contribuido al nombramiento de la persona favorecida con la decisión
mayoritaria de la corporación pública, pues, lo que se reprocha es la
participación activa en la conformación del quórum o en el debate o
votación del asunto, tal como ocurrió en el caso bajo estudio […]”.

(Subrayas y mayúsculas en la providencia)

Mediante providencia del 29 de septiembre de 2020 se denegó la solicitud
de aclaración de la sentencia que formuló el apoderado de la acusada.

4.- El recurso de apelación presentado por la diputada acusada

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la diputada por conducto de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

apoderado, interpuso recurso de apelación para que fuera revocada y, en
su lugar, se denegaran las pretensiones11.

Como razones de inconformidad manifestó que, en estricto sentido, el
fundamento del a quo para decretar la desinvestidura fue la existencia de
una reiterada postura jurisprudencial adoptada por el Consejo de Estado,
en virtud de la cual, se considera que el encontrarse sub judice en el
marco de procesos de responsabilidad fiscal le impide a los miembros de
una duma elegir al futuro contralor en la medida en que éste dirigirá el
organismo que en últimas decidirá el procedimiento administrativo que se
sigue en su contra; no obstante, el caso debe asumirse con un enfoque
restrictivo y diferente.

Anotó que la naturaleza del juicio de pérdida de investidura que inspira el
contenido de la Ley 1881 de 2018 exige un análisis subjetivo de la
conducta en relación con la causal invocada que imposibilita asumir los
antecedentes jurisprudenciales como verdaderos precedentes, para ello
dividió el recurso en los siguientes acápites:

(i) Las sentencias en las que se funda el fallo recurrido no constituyen
precedente para el caso concreto:

a. En cuanto a las providencias que citó el a quo:

Manifestó que fueron tres las sentencias a las que aludió el fallo recurrido
y revisada la ratio decidendi de cada una, así como el alcance que le dio
el Tribunal, consideró que:

11 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01. Expediente consultado por One Drive.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

• La sentencia del 27 de enero de 200512 estimó que el conflicto se
presentó por cuenta del beneficio que podría recibir el diputado de parte
del contralor que resultaría elegido en la sesión de la asamblea ya que
éste tendría el poder de decisión sobre los procesos de responsabilidad
fiscal seguidos en su contra. Acotó que se trataba de una situación
objetiva.

• En el fallo del 22 de marzo de 201313, esto es, 8 años después del
pronunciamiento anteriormente citado, la Sección Primera tuvo que
referirse a un escenario procesal y fáctico de similar naturaleza, y
claramente acudió al antecedente del 2005 y a otra providencia del año
2010, en donde la Sala Plena había estudiado la solicitud de pérdida de
investidura de un congresista que tampoco manifestó impedimento para
votar en la elección del procurador pese a ser investigado en unos
procesos disciplinarios seguidos por el ministerio público, oportunidad en
la que la Sala mantuvo su postura de considerar configurado el conflicto
de intereses por cuenta de la futura intervención que el contralor elegido
tendría en el proceso de responsabilidad fiscal, al ser éste quien decidiría
un caso seguido en contra de quien lo eligió.

• En la sentencia del 31 de julio de 201414, indicó que apenas con un año
de diferencia, la misma Sala resolvió un caso análogo y para tal efecto,
evidentemente acudió al antecedente del año 2005 y, en congruencia con
lo considerado en la decisión de 2013 no varió el entendimiento.

Expuso que, aunque en la sentencia recurrida no se hace otra referencia
a providencias que se hayan ocupado de asuntos de similar índole, el

12 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Radicación

nro. 44001- 23- 31- 00684-01.
13 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Radicación nro.

18001- 23- 31- 000-2012-00054-01 (PI).
14 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González. Expediente

radicación nro. 18001 23 33 000 2013 00282 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

demandante sí acude a dos pronunciamientos adicionales, que son las
providencias del 28 de noviembre de 2013 y del 2 de abril de 2019.

• Refiriéndose a la primera, esto es, la del 28 de noviembre de 201315
indicó que se trataba de una decisión de segunda instancia en un proceso
de pérdida de investidura con fuente en hechos idénticos a aquellos
analizados en los eventos anteriores y con idénticas consideraciones a las
expuestas en el fallo del 22 de marzo de 2013.

• En lo relativo a la sentencia del 2 de abril de 201916, en ella, la Sala 18
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura negó la pérdida de
investidura; de esta providencia destacó que no se parte del hecho
objetivo que participar en la elección del contralor le reporte per se al
demandado un beneficio y que la configuración del interés directo exige
la demostración de que el demandado hubiera incidido de forma directa
en la escogencia del contralor para poder evidenciar el beneficio que le
reporta. Resaltó la aclaración de voto de la Dra. Rocío Araujo, quien
consideró que: “El mero hecho de que el congresista no se declare
impedido, teniendo la obligación de hacerlo, no es razón suficiente para
que pierda la investidura, pues debe acreditarse que con su participación
y/o votación en el asunto del que conoció, se apartó del interés común y
general (…)”.

Con este marco jurisprudencial, abordó las razones para sustentar que
dichas providencias no podían entenderse como un precedente aplicable
y, por tal razón, la sentencia debió hacer “una valoración autónoma y
profunda de la situación ocurrida para concluir que en el caso concreto no
existe un interés directo de la diputada demandada en la elección del
Contralor departamental del Cesar”.

15 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González. Radicación

nro. 50001- 23- 33- 000- 2013- 00027 (PI).
16 Consejo de Estado. Sala 18 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. C.P.

Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2018-04626 (PI).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

b. Las providencias referidas no tienen el alcance de precedente al caso
concreto por haberse proferido en un escenario jurídico procesal diferente
al que rige en la actualidad:

Luego de citar lo que debe entenderse como precedente jurisprudencial17,
manifestó que resulta evidente que el mismo se funda en la garantía del
principio de igualdad, pues casos de particular identidad no admiten
tratamientos judiciales diferenciados.

Que en el caso bajo examen, aun cuando las providencias a las que acude
la sentencia censurada analizaron el conflicto de intereses derivado de la
participación de un diputado en la elección del contralor, pese a que en
su contra se seguían procesos de responsabilidad fiscal, todas fueron
proferidas con anterioridad a la expedición de la Ley 1881 de 2018 que
definió la naturaleza del medio de control de pérdida de investidura como
un juicio de responsabilidad subjetiva, y por esa razón, no tiene asidero
considerar que existe un verdadero precedente en las sentencias citadas,
puesto que todas partieron del hecho objetivo de participar en la votación
del contralor, sin reparar en las circunstancias subjetivas que pudieron
rodear tal hecho.

Resaltó también que la Ley 1881 de 2018 que establece el procedimiento
de pérdida de investidura califica a esta acción constitucional como un
juicio de responsabilidad subjetiva que exige que se pruebe la conducta
dolosa o culposa, por ello estimó que, aun asumidos como antecedentes
jurisprudenciales, éstos deben ser leídos con una adecuada distancia,
pues el contenido de su ratio decidendi es ajeno a la finalidad de la acción
de pérdida de investidura y a los principios de buena fe y presunción de
inocencia.

17 Sentencia T- 661 de 2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

(ii) Estimó que el entendimiento dado por el Tribunal Administrativo del
Cesar a los elementos de la causal de pérdida de investidura se aparta de
las garantías mínimas de defensa y lesionan el principio de culpabilidad.

(iii) Recordó cuales eran los elementos de la causal de conflicto de
intereses y afirmó que en resumen puede decirse que para su
estructuración el cabildante participe de la sesión en la que deba
considerarse un asunto en el que tenga un particular interés y no haya
manifestado impedimento, sin que en este caso se haya probado el
interés.

Agregó: “Del texto de la sentencia recurrida no hay una sola consideración
para lograr entender el por qué se parte de una apreciación tan perversa
– y mucho menos se prueba-, y lo único que se advierte es que considera
a la diputada como un ser que tiene la intención de pasar por encima de
la ley, valerse de su posición y servirse de las decisiones del cabildo, lo
cual no solo raya con las garantías mínimas del debido proceso sino que
además atentan contra la dignidad del ser humano”.

Alegó que, no se trata de un argumento menor, que las sentencias a las
que alude el fallo que se recurre y éste mismo, tienen un grave error
sustantivo, y es asumir que el beneficio que le reportará al diputado votar
por el futuro contralor radica en el hecho de que éste eventualmente
emitirá un fallo sin responsabilidad fiscal.

Advirtió que en el caso concreto, quien resultó elegido contralor
departamental del Cesar manifestó en sede testimonial que cuando a su
despacho llegue un proceso de responsabilidad fiscal para su resolución
en el cual se investigue a uno de los diputados que participaron en su
elección, claramente se declararía impedido.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Aseguró que con ello, el razonamiento del Tribunal pierde toda solidez y
no es cierto que el contralor elegido debe indefectiblemente resolver en
definitiva los procesos de responsabilidad fiscal y que la estructuración de
la causal de conflicto de interés no tuvo en cuenta elementos legales
analógicos que hubiesen podido dar luces sobre el entendimiento de lo
que se precisa para que se configure el beneficio particular, para lo cual
hubiese bastado acudir a lo dispuesto en la Ley 2003 de 2019, que en
relación con el régimen de conflicto de intereses de los congresistas
procuró definir el alcance de lo que significa el beneficio particular, actual
y directo.

Se pregunta frente a tal contexto, qué privilegio o ganancia trae para la
diputada el haber participado de la sesión electoral del contralor
departamental si éste necesariamente estará impedido para resolver los
procesos de responsabilidad fiscal de quienes lo eligieron.

(iv) La presunción a la que alude la sentencia y su distanciamiento de la
teleología del principio de responsabilidad subjetiva que quiere garantizar
la Ley 1881 de 2018:

Manifestó que deviene contrario al Pacto de San José de Costa Rica
(Convención Americana sobre Derechos Humanos firmada el 22 de
noviembre de 1969) y a la ley procesal, la falta de aplicación de los
principios que rigen la materia penal, particularmente el de la presunción
de inocencia y el del in dubio pro reo, según el cual, no puede sancionarse
si existen dudas acerca de la comisión de la conducta que se reprocha o
en el evento en que no sea posible comprobar en grado de certeza la
responsabilidad atribuida.

Advirtió que en el caso concreto, no existe ninguna prueba que conduzca
a determinar que la demandada tenía un interés directo en la elección del
contralor departamental, que el análisis en relación con el elemento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

subjetivo de la conducta fue nulo y presumió la existencia de un interés
directo, lo que lleva al escenario de la responsabilidad objetiva, que está
proscrita en este escenario, por cuanto el dolo y la culpa deben probarse.

(v) El elemento subjetivo y la ausencia de culpabilidad

Arguyó que no se cumplieron los mandatos constitucionales y legales de
análisis probatorio para fundamentar la responsabilidad subjetiva, que la
conducta de la diputada está libre de culpa y no puede conducir a la
sanción de pérdida de investidura que le fue impuesta en primera
instancia, por las siguientes razones:

• Las circunstancias particulares en que se presentó la conducta: advirtió
que la diputada no manifestó impedimento para participar de la sesión
porque desde el plano jurídico no existió un interés de su parte en la
elección del contralor dado que tenía la absoluta convicción que debía
cumplir con su deber constitucional de procurar seleccionar al mejor
candidato para la contraloría de su departamento.

Razonó “(…) Téngase en cuenta que en desarrollo de la diligencia de
interrogatorio de parte la señora Petrona Romero manifestó lo siguiente:
“que en el momento de la elección del señor Personero (sic) no recordé
esos procesos porque lo hice bajo mi deber como diputada del
departamento del Cesar cumpliendo a ese llamado que me hace a mí el
ser una servidora pública, el tener una responsabilidad con las
comunidades del departamento del Cesar y me asistía ese deber legal que
me impone a mí la ley y la constitución en mis deberes como servidora
pública”.

Frente al hecho que cuestiona el a quo en el sentido que hayan presentado
impedimentos otros dos diputados, manifiesta que el Tribunal “(…) no
reparó en el alcance de tales impedimentos como para haber sugerido

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

que ello, hubiese tenido que generar al menos la inquietud de la diputada
de que debía hacer lo mismo”. Agregó que al analizar el contenido de tales
manifestaciones de impedimento, lo que se evidencia es que las razones
que motivaron a los diputados se referían a situaciones tan obvias que
evidentemente harían que su voto en la elección se viera inclinado sin
duda por quien finalmente resultó elegido, lo que se deduce de los apartes
del acta nro. 3 de la asamblea departamental del Cesar, los cuales no se
referían a la misma circunstancia de hecho que se le atribuye a la
demandada.

Adujo que en la sentencia recurrida se dijo que el sentido del voto en la
sesión eleccionaria no era relevante para los efectos de la configuración
de la pérdida, pero que sí lo es, y en este evento, basta con destacar cual
fue el voto que la demandada emitió para probar que no procuró de
ninguna manera favorecer al candidato que finalmente resultó elegido en
esa sesión; por lo tanto, el supuesto beneficio que se le pretende atribuir
en la sentencia recurrida no existió.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 22 de octubre de
202018.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 12
de noviembre de 202019, ingresó a despacho el 17 del mismo mes y año
y por auto del 1 de diciembre de 2020 se admitió el recurso de apelación20.

18Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01. Expediente consultado por One Drive.
19 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01.
20
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

5.2. Mediante proveído del 19 de marzo de 2021 se corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al señor agente
del Ministerio Público para que rindiera concepto21.

5.3. Contra la decisión de correr traslado para alegar de conclusión
interpuso recurso de reposición el apoderado de la diputada acusada, del
cual se corrió traslado a la parte actora y ésta lo descorrió en oportunidad,
mediante escrito radicado el 13 de mayo de 2021. En proveído del 19 de
julio de 2021 el magistrado de conocimiento resolvió el recurso de
reposición, en el sentido de no reponer, atendiendo que, para la fecha en
que se interpuso la apelación, esto es, el 20 de octubre de 2020, la
modificación introducida por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 al
artículo 247 la Ley 1437 de 2011 no había entrado en vigencia22.

5.4. Los términos para alegar de conclusión corrieron del 9 al 24 de agosto
de 2021, según consta en la anotación de Secretaría visible en el índice
29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 20001 23 33 000 2020 0005001 y presentaron escrito de alegatos el
apoderado de la diputada acusada y el solicitante de la pérdida de
investidura23. No rindió concepto el Ministerio Público.

El apoderado de la diputada acusada manifestó en concreto que insistía
en los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, para solicitar que fuera
revocada, por advertir equivocaciones jurídicas en la aplicación del

21
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01.
22
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01.
23
Pese a que el informe secretarial del 30 de agosto de 2021, índice 32, se indica que
la parte actora presentó alegatos de conclusión de manera extemporánea, se observa
que los términos para alegar corrieron del 9 al 24 de agosto de 2021 según anotación
que obra en el índice 29 del expediente y en la fecha del 9 de agosto de 2021 la parte
actora alegó de conclusión, visto en el índice 31, razón por la que no había lugar a
señalar que los alegatos fueron extemporáneos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

precedente judicial y “(…) sesgo en la interpretación del alcance de los
elementos de estructuración de la causal de pérdida de investidura y
serias deficiencias de análisis de la situación fáctica presentada”. Pidió
que la Sala acudiera a todos los argumentos que fueron materia de
apelación, para que advierta que en el caso concreto, la decisión
consciente de la diputada de participar en la sesión en la que se eligió al
contralor departamental no pugna con el interés general24.

Mientras que el solicitante de la pérdida de investidura, hizo referencia a
lo que está probado en el proceso y a los argumentos del apelante, para
pedir que fuera confirmada la sentencia de primera instancia, bajo la
consideración que están probados todos los hechos que configuran la
violación de un régimen de conflicto de intereses que hacen procedente
la pérdida de investidura y que el apelante no logró desvirtuarlos. Agregó
que no es cierto que la sentencia recurrida no haya analizado los motivos
por los cuales había conflicto de interés, puesto que una lectura pausada
y ajustada a la realidad procesal permite concluir que se determinaron los
motivos por lo que había conflicto de interés y se aplicaron las reglas de
la desinvestidura a partir de las circunstancias fácticas del caso25.

Consideró importante precisar que la sustentación de la apelación sostuvo
que la sentencia se fundamentó en tres sentencias del Consejo de Estado,
cuando en realidad la subregla jurisprudencial aplicada tiene fundamento
en la sentencia del 1 de febrero de 2018 expediente con radicación 66001
23 33 000 2017 00089 01 y que ninguno de los argumentos expuestos
en la apelación desvirtúa la existencia de los hechos o la variación de los
mismos frente a los precedentes judiciales.

24
Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01.
25
Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Por último, indicó que en el recurso no se desvirtuó la existencia del
elemento subjetivo de la responsabilidad puesto que sobre la diputada
“(…) recaía un deber de cuidado, una suma diligencia para cumplir sus
funciones -las cuales manifestó conocer en la diligencia de interrogatorio-
y no obstante, actuó faltando al deber objetivo y procediendo con ligereza
y desmaño, lo cual la hizo incurrir en un descuido que tornó en negligente
su conducta (…)”.

5.5. El expediente ingresó a despacho para fallo en la fecha del 30 de
agosto de 202126.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200027, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201928, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones29.

26
Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01.
27 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
28
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
29
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que la señora Petrona Romero Navarro, fue elegida
diputada de la asamblea del departamento del Cesar, para el período
constitucional 2020-2023 por el Partido Alianza Social Independiente-
ASI, la parte actora aportó copia del formulario E- 26 ASA30, donde consta
que se declararon electos como diputados de dicho departamento, para
el citado período, entre otros, la señora Romero Navarro.

Así mismo, mediante acta nro. 001 del 1 de enero de 2020 de la asamblea
departamental del Cesar, se verifica que tomaron posesión del cargo los
diputados elegidos para el citado período.

Por lo tanto, la acusada es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida
de investidura.

3.- Hechos probados:

En el proceso está acreditado lo siguiente31:

3.1. Acorde con la certificación expedida el 14 de enero de 2020 por el
secretario de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
de la Contraloría General del Departamento del Cesar “(…) revisados de
manera exhaustiva los archivos de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General del Departamento del
Cesar, se encontró que en contra de la señora PETRONA ROMERO
NAVARRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 49.745.975,
son llevadas en esta dependencia los Procesos de Responsabilidad Fiscal

30Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01. Expediente consultado por One Drive.
31 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01. Expediente consultado por One Drive.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Verbal Nos. 001 y 002 de 2019 y en la actualidad se encuentran en trámite
de fallo (…)”. (Negrillas originales en el documento)

Así mismo, la Contraloría del Cesar por solicitud del Tribunal, remitió en
copia digital los procesos de responsabilidad fiscal verbales números 001
y 002 de 2019.

El proceso de responsabilidad fiscal nro. 001 – 2019 V, se adelantó en
contra de los señores Zunilda Toloza Pérez en calidad de alcalde municipal
de Chiriguaná, Cesar; Orley Galán Vergel contratista - representante legal
de la empresa transportadora de Colombia “COTRACOL” y, de la señora
Petrona Romero Navarro, en calidad de supervisora del contrato de
prestación de servicio de transporte nro. 089 de 2017, quien según se
desprende de las documentales remitidas era la secretaria de gobierno y
de asuntos administrativos del citado municipio. La cuantía del presunto
detrimento se estableció en la suma de $67.643.070. En la diligencia de
descargos practicada el 26 de junio de 2019 la señora Romero Navarro
informó que era de profesión abogada. En la audiencia de descargos que
se inició y suspendió el 12 de junio de 2019 se dejó constancia que la
investigada había sido notificada personalmente del auto de apertura e
imputación de responsabilidad fiscal nro. 001- 2019 V.

El proceso de responsabilidad fiscal nro. 002- 2019 V, se originó por el
contrato de suministro de alimentación nro. 006 de 2017, suscrito entre
el municipio de Chiriguaná y la Corporación Redes de Vida, cuya
supervisora fue la señora Petrona Romero Navarro en calidad de
secretaria de gobierno y asuntos administrativos del municipio. La cuantía
del presunto detrimento se estableció en la suma de $21.723.920 como
mayor pagado al contratista. En la audiencia de descargos que se inició y
suspendió el 12 de junio de 2019 se dejó constancia que la investigada
había sido notificada personalmente del auto de apertura e imputación de
responsabilidad fiscal nro. 002- 2019 V.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

3.2. Según consta en el Acta nro. 003 de la sesión de la asamblea
departamental del Cesar celebrada el 7 de enero de 2020 en el orden del
día, se enlistó en el punto octavo la “elección del contralor del
departamento del Cesar en cumplimiento del cronograma establecido en
la Resolución 522 del 2019”.

En dicha sesión se dio lectura al resultado de la prueba de integridad
realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
aplicada a los tres candidatos aspirantes al cargo, el cual según consta en
el acta “no puntuable que podrá ser tenida en cuenta como criterio
orientador para la elección por parte de la corporación pública” (punto 6
del orden del día); consta que en la misma sesión se hizo la entrevista a
los candidatos que conformaban la terna para proveer el cargo de
contralor del departamento del Cesar para el período 2020-2021 (punto
séptimo del orden del día) y terminado se pasó a la elección del contralor
departamental, de allí se destaca:

”[…]

Presidente: señora secretaria dele lectura al impedimento del doctor
JOSE MARIO RODRÍGUEZ BARRIGA y posteriormente le da lectura a
el reglamento interno en su sesión 3 de conflicto de intereses a los
artículos que hacen referencias a estos documentos radicados.

Diputado JORGE BARROS GNECCO: Presidente con su venia pedirle a
la mesa directiva que lea el artículo del reglamento interno y someta
a votación primero el impedimento para votación de JORGE BARROS
GNECCO y luego la del doctor Barriga no vallamos (sic) a mezclar los
dos temas.

Presidente: siendo así diputado démosle lectura a los arti8culos (sic)
de los impedimentos de la sesión 3 del reglamento secretaria y
posteriormente también hago una proposición para votación nominal
del impedimento del honorable diputado JIORGE (sic) BARROS
GNECCO.

SECRETARIA: con gusto señor presidente artículo 65 reglamento
interno ordenanza 003 del 2010, declaración de impedimento todo
diputado podrá declararse impedido para conocer y participar sobre
determinado proyecto o decisión trascendental al observar un conflicto
de intereses[,] artículo 267 efectos de impedimento, aceptado el
impedimento se procederá a la designación de un nuevo poniente (sic)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

si fuere el caso si el conflicto lo fuere respecto del debate y la votación
y aceptado asa (sic) mismo el impedimento el respectivo presidente
excusara de votar al diputado, el secretario dejará constancia expresa
en el acta de la abstención. Leído señor presidente.

(...)

Presidente: aprobado el impedimento damos paso a la elección no sin
antes preguntarles a los diputados ya que están de moda los
impedimentos si alguno tiene impedimento, en esta altura del punto
vamos a abrir la discusión de una proposición de votación nominal
para la elección del próximo contralor o contralora departamental del
cesar, se abre la discusión sigue abierta la discusión se avisa que se
va a cerrar queda cerrada ¿aprueban los diputados votación nominal?

Secretaria: sí la aprueban

Presidente: les recuerdo que los tres nombres a los diputados aptos
para votar son los siguientes DELWIN GEOVANI JIMENEZ, YOMAIRA
BOHORQUEZ ARAUJO, CALRLOSS (sic) ALBERTO ARAMENDIZ TATIS
señora secretaria llame a lista para votación nominal.

Secretaria: con gusto.

VOTACIÓN NOMINAL

ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL DPTO DEL CESAR PERIODO
2020 – 2021

BARROS GNECCO JORGE ANTONIO: IMPEDIDO
GALVÁN LOPEZ ROBINSON: motivación la intachable hoja de vida
de los 3 aspirantes y el reconocimiento y la buena exposición que
tuvieron ante nosotros mi voto es por el doctor DELWIN JIMENEZ
BOHORQUEZ.

(…)

ROMERO NAVARRO PETRONA: argumentando mi voto un saludo
especial a todos quienes nos acompañan en esta tarde una jornada
bastante larga pero productiva a los señores de la prensa un saludo
especial a nuestro representante Eliecer Salazar he pedido a Dios
sabiduría para tomar la decisión que voy a tomar en la tarde de hoy
porque no es fácil hay 3 hojas de vida impecables que seguramente
todos merecen estar allí ejerciendo un control fiscal eficiente como los
cesarense se lo merecen para depositar esa confianza en una persona
que vele por los intereses que vele por los recursos del erario público,
pero teniendo en cuenta las circunstancias jurídicas que rodean este
proceso yo me voy a permitir señalar y sustentar los fundamentos
jurídicos que me asisten para tomar mi decisión en esta importante
elección de la persona a la cual esta honorable asamblea lejos de
afujías y presiones debemos tener en cuenta para elegir este alto
cargo de contralor dptal a la persona indicada a quien le entreguemos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

esa gran responsabilidad para ejercer el control y vigilancia fiscal en
todo el apto del cesar siendo esta alta responsabilidad con todos los
cesarense la que me obliga actuar con la mayor mesura para la toma
de esta importante decisión ante el hecho de ser presentada la terna
formal escogida conforme al proceso selectivo de rigor ante esta
honorable corporación considerando que más que una obligación es
un deber legal que tenemos los diputados de estudiar y analizar
jurídicamente uno por uno la real situación de los candidatos a ser
contralor dptal respecto de sus hojas de vida y concluir en esta sui
(sic) existen o no inhabilidades e incompatibilidades para el cargo que
pudieran llevamos con nuestra decisión a violar el régimen
constitucional y legal de aquellas, y por supuesto el código disciplinario
por el incumplimiento de ese deber propio de nuestra competencia y
funciones que la ley y la constitución nacional nos impone analizadas
las hojas de vida de los integrantes de la citada terna en su orden por
el doctor Delwin Jiménez Bohórquez, la doctora Yomaira Bohórquez
Araujo y el doctor Carlos Aramendiz Tatis personas que tiene una hoja
de vida admirable todos con basta experiencia en distintos campos del
saber que incuestionablemente en cabeza de quien caiga esa
responsabilidad de ser elegido contralor lo hará con lujo de
competencia ahora bien revisada cada hoja de vida y las
documentaciones aportadas en el caso del doctor Delwin Jiménez que
actualmente funge en el cargo de director territorial del trabajo y
seguridad social en la ciudad de Valledupar luego de efectuar el
análisis jurídico del caso si existe o no inhabilidad del caso
encontramos 1) que la ley 330 de 1996 en su articulo 6 referente a
las inhabilidades señala que no podrá ser elegido contralor quien
enciso (sic) C quien durante el último año haya ocupado cargo público
del orden dptal, distrital o municipal salvo la docencia, 2) si
analizamos el contenido normativo a primera fase podríamos afirmar
que el hecho de que el cargo del director del trabajo y seguridad social
que sienta al doctor JIMENEZ BOHORQUEZ por el solo hecho de ser
un cargo nacional y que no se relaciona con lo dptal, distrital o
municipal pudiésemos pensar que no existiera ninguna inhabilidad a
vida (sic) cuenta que la norma en comento no incluye el cargo nacional
para efecto de las inhabilidades que se estudian, 3) pero si analizamos
estudiamos el caso desde el punto de vista de la función pública
administrativa podría resultar estructurada una inhabilidad que podría
ser de mucha preocupación para la toma de mi decisión que no vaya
a ser violatoria de la ley penal y disciplinaria por lo que se hace
necesario señalar algunas de las funciones del cargo que nos ocupa
que establece el articulo 3 de la ley 610 de 2013 entra otras las función
preventiva la coactiva o de policía administrativa la conciliadora la de
mejoramiento de la normatividad laboral y la de acompañamiento y
garante del cumplimiento de las normas laborales del sistema general
de riesgos pensionales y de pensiones, tal como se observa no se
requiere hacer mayores esfuerzos para entender que todas las
funciones anotadas dentro del ejercicio de la función pública conllevan
el actuar de autoridades administrativas con funciones entre otras con
carácter porsitivos (sic) y de policía para el estricto cumplimiento para
las ordenes y reglamentos laborales lo que en su conjunto constituye
el ejercicio de la autoridad administrativa con injerencia de mando no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

solo ante sus compañeros de trabajo sino desplegando actos de
autoridad al respecto el honorable concejo de estado (sic)
entendiendo por autoridad administrativa señalo el ejercicio del poder
público en función de mando para una finalidad prevista en la ley y
que obliga el acatamiento de los particulares y en caso de
desobediencia faculta para el ejercicio de la compulsión o de la
coacción por medio de la fuerza publica la autoridad es el poder o la
potestad de mandar u ordenar disponer prohibir o sancionar de
conformidad con la ley dentro de los limites de la respectiva
competencia de igual forma a juicio de la sesión quinta del concejo de
estado(sic) autoridad es el ejercicio del poder público en poder de
mando que por consiguiente ubica en un extremo a los particulares
obligados a obedecer aun por medio de la fuerza pública que permite
nombrar y remover libremente empleados subordinados aun por
medio de delegación y que autoriza sancionar a los empleados con
suspensiones multas y destituciones al tenor de lo dicho si autoridad
es ejerció (sic) del poder público en poder de mando que obliga a los
particulares a obedecer aun por medios coercitivos por medio de la
fuerza pública tal como lo registra las funciones del cargo de inspector
del trabajo y de seguridad social que ejerce actualmente el doctor
JIMNEZ (sic) podríamos afirmar que se encontraría incurso en una
inhabilidad para poder ser elegido contralor del dpto del cesar toda
vez que en criterio reiterado del órgano de cierre superior como lo es
el concejo de estado (sic) no solo es necesario que la autoridad
ejercida conlleve poderes decisorios de mando o de imposición sobre
los subordinados o la sociedad al punto que ese poder tenga la
potencialidad de alterar el derecho que tiene todos los ciudadanos de
aspirantes al cargo de contralor para competir en las mismas
condiciones para alcanzar el poder político respetando a cabalidad la
constitución nacional y los derechos fundamentales del
debido proceso, igualdad ante la ley y a ser elegidos es decir no
pueden existir frente a la igualdad de la ley con que nace todo
ciudadano prorrogativos (sic) a uno pero en contra del derecho que le
corresponde a los otros; respecto a la doctora Yomaira Bohórquez
Araujo solo basta ver acreditado en su hoja de vida que es
actualmente funcionaria de la contraloría dptal ejerciendo el cargo de
asesor de control interno encontrándose incursa por la inhabilidad
sobreviniente por lo dispuesto en el articulo 6 de la ley 330 de 1996
literal C por ocupar un cargo público del orden dptal tal como quedó
demostrado; respecto al doctor Carlos Aramendiz Tatis analizada su
hoja de vida al igual que los demás no he encontrado causal o motivo
que le declare estar incurso en inhabilidad que le pueda alimentar (sic)
ante la ley ser elegido contralor dptal, determinado los distintos
aspectos de orden jurídico la incertidumbre que me genera la presunta
inhabilidad del doctor Jiménez Bohórquez persona a quien admiro y
respeto como mi profesor que fue y la existencia de la inhabilidad de
la doctora Yomaira Bohórquez tal como se demostró debo manifestar
que mi voto para elegir contralor del dpto del cesar es para el doctor
CARLOS ALBERTO ARAMENDIZ TATIS decisión que asumo con toda la
responsabilidad de por todos los cesarense tal como lo he manifestado
mi compromiso sigue siendo con todos los cesarense del dpto de
cesar, muchísimas gracias.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

(…)

Secretaria: señor presidente le manifiesto que la votación quedo así
DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ OBTUVO SEIS (S) YOMAIRA
BOHORQUEZ ARAUJO no obtuvo votos, CARLOS ARAMENDIZ TATIS
obtuvo tres (3) votos; por tanto ha sido elegido como contralor del
dpto dl (sic) cesar para el periodo comprendido del 2020 al 2021 el
doctor DELWIN JIMNES (sic) BOHORQUEZ.

Presidente: muchas felicitaciones para al doctor DELWIN JIMENEZ
BOHORQUEZ también felicitar y agradecer a la doctora YOMAIRA
BOHORQUEZ y al doctor ARAMENDIZ por su participación pero
además por llegar este (sic) punto de la convocatoria que se hizo,
continúe secretaria, ya pueden ingresar el honorable diputados JORGE
BARROS y el doctor JOS (sic) EMARIO RODRIGUEZ.

[…]”.

3.3. Por auto del 13 de agosto de 2020 el magistrado de conocimiento del
Tribunal Administrativo del Cesar abrió a pruebas el proceso y dispuso a
petición de la parte solicitante, recibir interrogatorio de parte a la diputada
Petrona Romero Navarro y, por solicitud de la diputada acusada, recibir
la declaración de terceros de los señores Delwin Geovanny Jiménez
Bohórquez, Claudia Margarita Zuleta Murgas, Ricardo Fidelio Quintero
Baute, Robinson Galván López y Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez.

En la fecha del 25 de agosto de 2020 se hizo la audiencia de pruebas,
donde se recibió el interrogatorio de parte de la diputada acusada y la
declaración de los señores Delwin Geovanny Jiménez Bohórquez, Claudia
Margarita Zuleta Murgas y Ricardo Fidelio Quintero Baute. Allí mismo se
desistió del testimonio de los señores Robinson Galván López y Miguel
Ángel Gutiérrez Ramírez, el cual fue aceptado.

En la declaración rendida por el señor Delwin Geovanny Jiménez
Bohórquez informó lo siguiente:

Que tiene como profesión abogado y al momento de la declaración se
desempeñaba como contralor departamental del Cesar. Que en la sesión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

del 7 de enero de 2020 fue elegido contralor del departamento, terna de
la que hizo parte luego de surtirse un concurso de méritos y fue elegido
entre los tres candidatos que ocuparon los mejores puntajes para aspirar
al cargo. Manifestó que recordaba que existieron unas recusaciones al
diputado Barros, quien luego presentó impedimento y así mismo se
declaró impedido el diputado Rodríguez Barriga para votar en esa
elección, por lo tanto no participaron en el proceso. Afirmó que nadie más
manifestó impedimento o ningún tipo de recusación, por lo que se llevó a
cabo la votación y resultó elegido contralor departamental. El apoderado
de la diputada acusada, preguntó si por tratarse de una convocatoria
pública para participar en el proceso de elección de contralor, cuál era la
campaña que había hecho para el efecto y el declarante contestó que
campaña como tal no existió, que lo que se les hizo fue una entrevista
pública frente a los diputados del departamento donde fueron escuchadas
las propuestas y luego de eso se procedió a las votaciones. Preguntado
por el apoderado de la diputada acusada “¿supo usted al momento de su
elección como contralor que la diputada Petrona Romero Navarro tenía
procesos fiscales en la contraloría a la cual usted aspiraba?” Contestó el
testigo: “bueno la verdad es que decirle con certeza que tenía
conocimiento no, alguien manifestó ese día allá en la sala que ella tenía
algún tipo de impedimento porque tenía un proceso fiscal, pero realmente
no me constaba la situación, entonces lo que puedo decirle es que fue un
chisme de sala”. Preguntado por el apoderado de la diputada: “¿supo
usted por quien votó la diputada Petrona Romero para elegir contralor?”
Contestó: “bueno sé que votó por uno de los que se encontraba en la
terna que no fui yo”. Preguntado por el apoderado de la diputada:
“¿doctor Jiménez le pregunto existe algún impedimento para que usted
asuma el conocimiento de los procesos fiscales que le llegaren a su
despacho contra algún diputado actual de la asamblea por el hecho de
haber participado en la sesión en la que usted fue elegido? contestó:
“bueno yo le contaré que si me llega a mi despacho un proceso referente
a algunos de los diputados que participó en mi elección me declararía

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

impedido, como es el caso que hoy nos ocupa”. Preguntado por el
apoderado de la diputada: “¿doctor Jiménez, en consecuencia con su
respuesta ya usted se declaró impedido en el proceso de Petrona Romero?
Contesto: “bueno yo le voy a contar el escenario, como es el escenario de
los procesos fiscales, los procesos fiscales al interior tienen una oficina de
responsabilidad fiscal quien es quien actúa como fallador de primera
instancia. Luego de esto se concede ahí la oportunidad de la segunda
instancia, que es el recurso de apelación, que es donde yo en un caso
determinado asumiría competencia y es en el momento en el cual la
norma me otorga la oportunidad de declarar mi impedimento o que
cualquier persona me recuse”. Preguntado por el apoderado de la
diputada: “es decir concretemos, ¿por el hecho de la diputada Petrona
Romero haber participado de su elección, aun cuando no haya votado por
usted, se encuentra usted impedido para conocer en esa segunda
instancia de los procesos fiscales que en este momento se tramitan en su
contra en la contraloría?” contestó: “considero que me encuentro
impedido, pero quien toma la determinación de mi impedimento dado que
no tengo superior jerárquico es la procuradora regional del departamento,
yo voy a presentar mi impedimento a la espera de que sea la procuraduría
quien otorgue la respuesta, porque se puede presentar la suspicacia que
la respuesta que yo dé o la posición que asuma como fallador de segunda
instancia pueda ser controvertida en atención a que manifiesten que
puede ser algún tipo de retaliación por no haber participado la diputada o
no haber votado afirmativamente hacia mi elección” (…). Concedida la
palabra al demandante manifestó que no tenía ninguna pregunta. El
Procurador 47 Administrativo preguntó: “en respuesta a una pregunta que
hizo el apoderado de la parte demandada manifestó usted que en sala se
había manifestado que ella tenía un impedimento para votar, refiriéndose
a la diputada Petrona, ¿podría por favor contextualizar este ampliamente
en qué consistió ese comentario, de dónde escuchó o quién lo manifestó?”
Contestó: “bueno cuando se procedió a la elección se tomaron unos
minutos para que los diputados iniciaran la votación, en ese momento se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

empezaron a manifestar consideraciones del público ya que fue una
audiencia pública, había una sala llena con algo más de 60 o 70 personas,
donde empezaron a manifestar que había algunos diputados que tenían
impedimentos para participar en la elección, fueron comentarios
generales, no puedo manifestar que conocía gran parte del público que
estaba ahí, manifestaron que el diputado Barros por la familiaridad con el
gobernador debería declararse impedido, manifestaron que otro diputado
debía declararse impedido y manifestaron razones, luego cuando los
diputados regresaron al recinto dos de esos diputados manifestaron que
tenían los impedimentos. (…) Manifestaron precisamente que la diputada
Petra Romero tenía un proceso y que se iba a declarar impedida también,
pero realmente cuando llegó la votación yo ni siquiera podía manifestar
porque frente a ese comentario no me constaba absolutamente nada
(…)”. Preguntado por el magistrado de conocimiento si tenía algo que
agregar a la declaración el testigo indicó que no.

Por su parte, la testigo Claudia Margarita Zuleta Murgas, indicó que
era diputada de la asamblea departamental del Cesar, que conoce a la
doctora Petrona Romero en su condición de diputada, que la conoció el 1
de enero de 2020, no antes. Que en la sesión del 7 de enero de 2020 se
eligió el contralor departamental del Cesar y no tuvo contacto alguno con
la diputada Petrona frente a este proceso de elección. Recuerda que el
diputado Quintero, la diputada Petrona Romero y ella fueron los únicos
diputados que no votaron por Delwin Jiménez. Dijo que la votación había
sido nominal y cada diputado expuso las razones por las cuales votó.
Preguntado por el apoderado de la diputada acusada: ¿si le entiendo bien
se sabía de antemano que el doctor Delwin Jiménez sería elegido contralor
del departamento? contestó: “pues había serias razones para entender
que así sería porque el doctor Delwin Jiménez, lo advertí también el día
que di mi voto, es cercano a los miembros del equipo de gobierno, es
cercano al gobernador, a su familia, tienen incluso una relación de
afinidad por él estar casado con una prima hermana del gobernador y eso,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

esa cercanía de él con la familia lo hace cercano al gobierno y entendíamos
que la coalición mayoritaria por esa razón y seguramente por otras
razones lo acompañaría, es decir, nosotros preveíamos que así podría
suceder”. Anotó que los diputados de la oposición Quintero y ella fueron
los únicos que votaron con convicción por un candidato diferente y notó
que la diputada Petrona Romero también decidió acompañar a otro
candidato, recuerda que después de una amplia intervención que
estuviera libre de sesgos según la exposición de motivos que hizo la
diputada Petrona, votó por el candidato Carlos Arasmendis Tatis,.

Finalmente, el testigo Ricardo Fidelio Quintero Baute informó que es
diputado de la asamblea departamental del Cesar, que en la sesión del 7
de enero de 2020 en la cual se eligió al contralor general del
departamento “(…) era la crónica de una elección ya dicha porque en los
comentarios de los corrillos políticos se sabía, se conocía con todo respeto,
que la elección iba a ser para el doctor Delwin Jiménez, era lo que
manifestaban también algunos compañeros. En ese orden de ideas,
cuando se valoró cada uno de los integrantes de la terna, se les escuchó,
se valoró, la compañera de bancada mía, la diputada Claudia Margarita
Zuleta fue muy coherente en una exposición que hizo de la posibilidad
que existía de una posible o eventual incompatibilidad, si más no
recuerdo, porque de alguna manera se veía al doctor Delwin Jiménez muy
cercano a la casa de gobierno, teniendo familiar o es el esposo de una
sobrina de la primera dama del departamento del Cesar, nosotros sí
veníamos pensando y valorando otro nombre en ese ejercicio, el cual
apoyamos con vehemencia, en el cual nos apoyó y votó también la
diputada Petrona. En ese sentido, creo que si no estoy mal y hago un
recorderis, creo que fueron siete votos contra, perdón siete no, porque
hubo dos personas que se abstuvieron de votar, fueron cinco a tres que
quedó la elección exactamente (…)”. Preguntado por el apoderado de la
diputada acusada: ¿según lo que acaba de exponer se sabía de antemano
que el doctor Delwin Jiménez sería elegido contralor del departamento?,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

por qué? contestó: “así es, sí, porque por los comentarios y los corrillos
políticos, de mi parte no tuve ninguna, por lo menos creo que sí una
llamada del doctor Delwin para sentarnos a conversar, no tuvimos la
oportunidad, no se hizo, pero se conocía cuál era la coalición mayoritaria
que tenía el gobernador de entonces y lógicamente esto es con votos y
sabíamos que de esa manera se iba a lograr porque tenía la mayoría en
ese sentido y quedamos muy contentos por la apreciación que hizo
también la diputada Petrona, de verdad que sí, porque pensábamos que
solamente Claudia Margarita y yo íbamos a estar opuestos a la casa de
gobierno, en ese sentido”. Preguntado por el apoderado de la diputada
acusada: ¿sabe usted doctor Quintero por quién votó la diputada Petrona
Romero para contralor? contestó: “sí claro, votó de la misma manera que
voté yo, por el doctor…. Carlos Alberto Aramendis Tatis”.

4.- Análisis de la Sala

Se le atribuyó a la diputada acusada la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que
dispone:

“[…] ARTICULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto
de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general […]”.

El conflicto de intereses se ha definido “como aquella conducta en que
incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que,
movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general,
sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia
de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la
pugna entre los intereses propios de la función y los particulares
del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera
honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e
imparcial”32. (negrillas en la providencia).

Como lo ha explicado esta Sección en diversas oportunidades, la causal
de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses busca dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en
el artículo 133 de la Constitución Política, según el cual, constituye un
imperativo de los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular
actuar consultando la justicia y el bien común y, en esa medida, resulta
exigible que, cuando exista colisión entre el interés general con el
particular o privado que pueda tener un servidor público sobre un asunto
que deba conocer, manifieste de manera oportuna dicha situación
mediante la declaratoria de su impedimento, pues no hacerlo compromete
el ejercicio transparente, probo y ponderado del ejercicio de la función
pública que están llamados a cumplir en la democracia33.

Puntualizado lo anterior, la Sala destaca que el Tribunal de instancia
declaró la desinvestidura de la diputada bajo la consideración que,
“adoptando la tesis reiterada del Consejo de Estado” era deber declararse
impedida para intervenir en la elección del contralor departamental del
Cesar, por existir un conflicto de intereses, en la medida que, dependía
de dicho funcionario tomar una decisión en perjuicio o beneficio de aquella

32
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-
000-2005-00068-00(IJ), cita extractada de sentencia del 2 de abril de 2018, Sala
Dieciocho (18) Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. C.P. Oswaldo Giraldo
López. Expediente radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 18 de marzo de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 85001 23 33 000 2020 0016 02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

al interior de los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaban en
su contra.

A su turno, el apoderado de la diputada argumentó que las sentencias
citadas por el a quo no constituyen precedente, entre otras razones,
porque fueron proferidas con anterioridad a la Ley 1881 de 2018, de
manera que, en este caso, debe hacerse un examen autónomo de la
situación ocurrida. Agregó que no hay prueba de la existencia de un
interés y que tampoco se analizó el elemento subjetivo de la conducta, lo
que habría dado lugar a que no se decretara la desinvestidura.

La Sala para resolver los argumentos del recurrente, se detendrá en lo
siguiente: (i) la jurisprudencia proferida por la Sección Primera sobre la
configuración de un interés directo cuando un diputado participa en la
elección del contralor territorial y tiene un proceso de responsabilidad
fiscal; (ii) los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura invocada y (iii) el examen del elemento
subjetivo de la conducta.

4.1. La jurisprudencia proferida por la Sección Primera sobre la
configuración de un interés directo cuando un diputado participa
en la elección del contralor territorial y tiene un proceso de
responsabilidad fiscal

En este acápite, la Sala examinará uno de los reparos expuestos por la
recurrente consistente en que el a quo para fundamentar su decisión
aludió a la postura jurisprudencial del Consejo de Estado, según la cual,
la parte acusada está impedida para elegir al contralor cuando es
investigada en un proceso de responsabilidad fiscal por ser el funcionario
que lo resolverá en última instancia y, cuestionó que las sentencias
citadas sean verdaderos precedentes, ya que fueron proferidas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1881 de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Para desatar el reproche que se formula sobre la jurisprudencia del
Consejo de Estado aplicada por el a quo, la Sala considera pertinente, en
primer lugar, diferenciar los conceptos de precedente y antecedente.

La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como
precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo”34. Al respecto, estableció como
criterios para concluir cuando se está ante un precedente, los siguientes:
“i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una
regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y
iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente”35.

Bajo tales parámetros, un precedente se configura cuando la sentencia
pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos
mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e iguales
fundamentos en derecho.

De contera, para que una providencia constituya precedente es necesario
que sea idéntica en el objeto y causa del asunto examinado,
entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la
causa los hechos en que se apoya dicha pretensión y los fundamentos
normativos de la misma; en ese sentido, no será precedente la sentencia
que difiera en cualquiera de los aspectos indicados.

34 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y

Auto 397 de 2014.
35
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a
los precedentes judiciales no es absoluto, ya que, una comprensión
excesiva del deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los
principios de autonomía e independencia que tienen los administradores
de justicia al momento de fallar los casos concretos.

Por lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido
que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean
estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera
clara y precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación
precisó que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la
autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos
concretos apartarse del precedente; pero aclaró que, en cualquier caso,
esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre
otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la
jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –
requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la
interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los
derechos, principios y valores constitucionales –requisito de suficiencia36.

Por su parte, la Corte Constitucional también ha referido al concepto de
antecedente, diferenciándolo del precedente, en los siguientes
términos37:

“[…] La Sala considera necesario examinar la diferencia entre los
conceptos de antecedente y precedente.

3.6.3. El antecedente se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes
desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que
contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones
de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso
objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter
orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta

36
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
37
Corte Constitucional. Sentencia T- 102 del 25 de febrero de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad.

Esta noción fue esbozada en la sentencia T-292 de 2006, en la que la
Corte, ante la pregunta de “¿debe entenderse por precedente
cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con
anterioridad al caso en estudio?”, indicó:

“La respuesta a esta inquietud es negativa por varias razones. La
primera, es que no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior, como se ha visto (vgr. la ratio es
diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique
adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio
establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de
constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla
la sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras
palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema
jurídico en estudio o no”.

3.6.4. Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un
caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y
(ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado
una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el nuevo caso.

(…)

3.6.5. Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de
precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es
el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a
aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de
unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel
constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la
Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos
de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que
no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.

3.6.6. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es
orientador sino obligatorio […].

En el asunto bajo examen, el Tribunal de instancia manifestó lo siguiente
y ello es objeto de reproche en el recurso de apelación:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

“[…] Ahora bien frente a la causal de conflicto de intereses y por
hechos idénticos a los que ahora son objeto de examen, tal como lo
sostienen tanto el demandante como el señor Agente del Ministerio
Público, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diversas
oportunidades. En efecto, en sentencia de 27 de enero de 2005
(Expediente núm. 2004-00648-01 (sic) Consejero ponente doctor
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta) se estimó que concurre un interés
que genera conflicto en la elección de un funcionario como el Contralor
cuando existe un proceso de responsabilidad fiscal a cargo del
respectivo ente de control, criterio reiterado en Fallo de 22 de marzo
de 2013 (Expediente núm. 2012-00054, Consejera ponente doctora
María Claudia Rojas Lasso) proceso en el que se estudió la solicitud de
pérdida de investidura de un Diputado de la Asamblea del
Departamento del Caquetá por idénticos hechos a los que dieron lugar
a la acción de pérdida de investidura de la referencia. Dichos
pronunciamientos fueron traídos a colación posteriormente por la alta
Corporación, en sentencia del 31 de julio de 2014 radicación número:
18001-23-33-000-2013-00282-01, siendo Consejera ponente María
Elizabeth García González […]”.

Al efecto, las sentencias allí citadas son las siguientes:

• La proferida por la Sección Primera el 27 de enero de 2005 en el
expediente con radicado nro. 44001-23-31-000-2004-00684-01:

En dicho caso se solicitó decretar la desinvestidura de un diputado por
violación del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por cuanto
participó y votó, justamente por quien resultó elegido, en la elección del
contralor departamental; no obstante, que allí se adelantaba en su contra
un proceso de responsabilidad fiscal. El diputado en la contestación de la
demanda adujo que no había conflicto de interés porque había prescrito la
acción fiscal y, por ende, la contraloría departamental no tenía competencia
para pronunciarse sobre el asunto.

En primera instancia del Tribunal denegó la solicitud con fundamento en
que cuando el demandado participó en la elección del contralor
departamental no existía interés directo de orden personal que le impidiera
ser imparcial para ejercer sus funciones como diputado en esa elección, ya

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

que para la fecha, se encontraba prescrita la acción fiscal que se adelantaba
en su contra al tenor del artículo 9 de la Ley 610 de 2000.

La Sala al decidir el recurso de apelación revocó la decisión de primera
instancia por estimar que “(…) la situación personal en que se encontraba
el demandado le implicaba un interés específico o directo en la medida en
que se trataba de designar nada más y nada menos que el titular y máxima
autoridad del organismo de control que lo estaba investigando y que por
ende podía tomar una decisión en perjuicio o beneficio suyo; decisión que
en últimas iba a depender del funcionario que se iba a elegir en ese
entonces, luego sí se daba un conflicto de intereses respecto del encartado
y era su deber haberlo manifestado a la membresía de la Corporación, y al
haber omitido hacerlo mediante la manifestación de impedimento que la
norma le imponía resulta estructurada la causal bajo examen, sin que al
efecto tenga relevancia el hecho de que, según ahora se ha planteado,
había tenido ocurrencia el fenómeno de caducidad de la acción o
prescripción de la responsabilidad fiscal señaladas en el artículo 9 de la Ley
610 de 2000, pues el examen de esas situaciones y lo que cabía proveer
era parte justamente del conocimiento del proceso que le correspondía al
órgano de control”.

Por consiguiente, si bien es cierto, entre este caso y el aquí examinado hay
similitudes, en el sentido que se trata de la acción pública de pérdida de
investidura, la causal invocada es la de conflicto de interés, y los hechos
semejantes se fincan en que un diputado votó y participó para elegir el
contralor departamental, pese a que tenía un proceso de responsabilidad
fiscal en su contra, también lo es que, el diputado expuso como argumentos
de defensa que, no existía un interés porque la acción fiscal ya había
caducado para la fecha de la elección, razón por la cual no constituye un
verdadero precedente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

• En la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el
22 de marzo de 2013 en el expediente con radicación nro. 18001-23-31-
000-2012-00054-01 (PI):

En este caso, se solicitó declarar la pérdida de investidura de un diputado,
por incurrir en conflicto de intereses al no haberse declarado impedido para
participar en la votación de la elección del contralor departamental, pese a
que se adelantaba un proceso de responsabilidad fiscal en su contra. En
dicha sesión, el demandado se limitó a manifestar que allegaba copia del
auto que ordenó el cese del procedimiento proferido en el proceso de
responsabilidad fiscal. En la contestación de la demanda el diputado
aseguró que ya había pagado el valor del presunto detrimento por lo que
no podía beneficiarse de ninguna manera de la decisión del contralor
departamental.

En primera instancia se denegó la desinvestidura y la Sección Primera al
resolver la apelación para revocar la decisión del a quo examinó que “(…)
En sentencia de 27 de enero de 2005 (Expediente: 2004-00684, M.P. Dr.
Rafael E. Ostau De Lafont), frente a un asunto similar al que ahora se
examina, la Sala precisó que el aspecto deontológico de esta causal radica
en que es deber de los servidores públicos poner de manifiesto ante la
corporación respectiva, las circunstancias que por razones económicas o
morales y a sabiendas que las mismas pueden afectar su objetividad,
imparcialidad o dependencia frente al asunto oficial o institucional que le
compete decidir. // La Sala en la misma sentencia señaló que se configura
el conflicto de intereses respecto del diputado demandado, cuando se trata
de designar, nada más y nada menos, el titular y máxima autoridad del
organismo de control que lo está investigando y, que por ende, podría llegar
a tomar una decisión en perjuicio o beneficio suyo; decisión que en últimas
dependería del funcionario que en su oportunidad se va a elegir; lo cual
significa que resulta un deber para el servidor público declararse impedido
para intervenir en dicha elección”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Agregó que, “Para la Sala, el hecho de que el Diputado hubiera pagado la
suma correspondiente al perjuicio endilgado en el proceso de
responsabilidad fiscal, no es razón suficiente para exonerarlo de
responsabilidad frente a la ocurrencia del conflicto de intereses, pues la
situación personal en la que se encontraba el demandado, suponía un
interés específico o directo en la medida en que se trataba de un proceso
de responsabilidad fiscal que se encontraba en trámite en el momento en
que se eligió al Contralor Departamental, quien sería el encargado de decidir
la consulta en el referido proceso como en efecto ocurrió”.

De modo que, aunque existen similitudes, entre ese caso y el aquí
analizado, no constituye precedente puesto que el diputado acusado
alegaba que ya había resarcido la suma ordenada en el proceso de
responsabilidad fiscal, lo que aquí no ocurre.

-En la sentencia proferida el 31 de julio de 2014 por la Sección Primera
de esta Corporación en el expediente con radicación nro. 18001-23-33-
000-2013-00282-01:

En este caso se solicitó declarar la desinvestidura de un diputado, por
incurrir en violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por participar en la elección
del contralor departamental, pese a que tenía conocimiento de un proceso
de responsabilidad fiscal que allí se seguía en su contra. El diputado alegó
que ya había pagado la suma ordenada en el fallo de responsabilidad fiscal.

El a quo denegó las pretensiones de la demanda y la Sección Primera al
resolver el recurso de apelación, expuso que “(…) en asuntos similares la
Sección Primera del Consejo de Estado ha decretado la pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, por cuanto
el Diputado demandado no se declaró impedido para participar en la
elección del Contralor Departamental, no obstante que en su contra cursaba

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

una investigación fiscal en dicha entidad”. Para ello citó la sentencia del 27
de enero de 2005 (Expediente: 2004-00684), reiterada el 22 de marzo
de 2013 (Expediente nro. 2012-00054) y la del 23 de marzo de 2010
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Por lo tanto, tampoco constituye precedente, pues en este caso no se
invoca como un hecho el pago del detrimento ordenado.

Bajo dicho contexto, la Sala estima pertinente precisar que las precitadas
sentencias no constituyen precedente para el asunto aquí debatido y, ello
es así, además de las razones expuestas, porque para la fecha en la que
se profirieron no se exigía en el juicio de pérdida de investidura el estudio
del elemento subjetivo, sino solo del objetivo y, en este caso, dado que
la solicitud se presentó en vigencia de la Ley 1881 de 2018, para decretar
la desinvestidura es necesario que estén reunidos la totalidad de los
elementos.

Sin perjuicio de lo anotado, es claro que las aludidas sentencias guardan
una similitud fáctica y jurídica con el presente asunto, pero, se insiste, no
hay identidad, por lo que no son precedente. Tal similitud se evidencia en
que el Consejo de Estado decretó la desinvestidura de todos los diputados
acusados, la causal examinada fue la misma, esto es, la prevista en el
numeral primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y los hechos en
los que se comparte semejanza se circunscribieron a que los diputados
tenían conocimiento de que se adelantaba un proceso de responsabilidad
fiscal en su contra y aún así participaron y votaron en la elección del
contralor departamental.

De tal manera, que ello permite considerar las anteriores sentencias como
un antecedente y, en esa medida, es posible acudir a ellas con la finalidad
de ilustrar puntos de derecho, en este caso, sobre el criterio que la
Sección Primera ha desarrollado frente a la ocurrencia de un interés que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

sea constitutivo de conflicto para la elección de contralores territoriales
cuando se adelantan procesos de responsabilidad fiscal.

Adicionalmente, se pone de presente que, esta Sala ha decretado la
pérdida de investidura cuando al diputado acusado se le endilga la
violación al régimen del conflicto de intereses precisamente porque
participó en la elección del contralor departamental aunque tenían en
curso procesos de responsabilidad fiscal en su contra. Al efecto, pueden
verse las sentencias proferidas el 11 de marzo de 202138, 18 de marzo de
202139 y del 16 de septiembre de 202140.

Tales providencias también son antecedentes jurisprudenciales debido a
que aunque existen semejanzas desde el punto de vista fáctico y jurídico
con el presente asunto, no son idénticos. Verbigracia en la primera de
ellas, se alegó que la votación fue por bancadas y los procesos de
responsabilidad fiscal no habían sido notificados a la dirección de
residencia del diputado. En los dos últimos procesos se expuso que no
había conflicto de intereses porque se había votado para la elección de
contralor departamental encargado.

Conforme con lo señalado, la Sala estima pertinente advertir que las
decisiones que se han proferido con anterioridad se tendrán en cuenta
como antecedentes jurisprudenciales con el fin de esclarecer los requisitos
que deben estar reunidos para la configuración del elemento objetivo de
la causal, así como la noción y la finalidad del régimen del conflicto de
intereses.

38 Expediente nro. 47001 23 33 000 2020 00550 01. C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
39 Expediente nro. 85001 23 33 000 2020 000 1602 01. C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés.
40 Expediente nro. 47001 23 33 000 2020 000 00544 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

4.2. Análisis del elemento objetivo

Precisado lo anterior, la Sala recuerda que siguiendo decisiones de la Sala
Plena de esta Corporación, esta Sección ha explicado cuales presupuestos
deben estar cumplidos para que se configure la causal de conflicto de
intereses, así41:

“[…] En lo concerniente a los presupuestos que deben estar
configurados para la estructuración de esta causal, la cual por
extensión también comprende a los concejales y diputados, son los
siguientes42:

“[…] (i) La calidad de congresista, [léase para el caso diputado]
elemento transversal y común a todo juicio de desinvestidura, (ii) la
concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en
cabeza de quien es congresista [para el caso diputado] o su círculo
cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o no haber sido
separado del conocimiento del asunto por recusación, (iv) haber
conformado el quorum o participado el congresista [diputado] en el
debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar
en un asunto de conocimiento funcional del [diputado], cualquiera sea
su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones
legislativas, sino a toda materia que conforme al ordenamiento sea de
competencia del Congreso de la República [asamblea departamental]
[…]”.

Por consiguiente, los elementos son:

(i) Tener la acusada la calidad de diputada.

(ii) Existir un interés directo, particular y concreto de la acusada o de las
personas que señala la ley43 distinto al propio de la función pública o al

41
Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P.
Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 1 de febrero de 2018. Expediente radicación nro.
66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 2019.
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 05001-23-31-000-
2017- 02538- 01 (PI).
42
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de
junio de 2017. Expediente radicación nro.11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). (PI).
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
43
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio
o socios de derecho o de hecho.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

que le asiste a la comunidad en general, que le impida participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.

(iii) La no manifestación de impedimento frente al asunto que es motivo
de decisión.

(iv) Haber conformado el quorum o participado la diputada en el debate
o votación del asunto, y,

(v) Que su participación tenga lugar en un asunto de conocimiento
funcional de la corporación.

Examinados en el caso, se tiene:

a) En cuanto a la calidad de diputada de la acusada: está acreditado
que la señora Petrona Romero Navarro fue elegida diputada del
departamento del Cesar para el período constitucional 2020-2023 y tomó
posesión del cargo el 1 de enero de 2020.

b) La concurrencia de un interés directo, particular o inmediato
en cabeza de la diputada distinto al propio de la función pública
que le impidiera participar en el asunto sometido a consideración:

Se le endilga a la acusada que no podía participar en la elección del
contralor departamental del Cesar, comoquiera que para el momento de
la elección conocía de la existencia de dos procesos de responsabilidad
fiscal que se adelantaban en su contra, específicamente los radicados bajo
los números 001 y 002 de 2019.

El apoderado de la diputada acusada señala que no está acreditado el
interés particular, actual y directo, que el fallo que se recurre tiene un
grave error sustantivo, asumir que el beneficio que le reportará a la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

diputada, votar por el futuro contralor, radica en el hecho de que éste
eventualmente emitirá un fallo sin responsabilidad fiscal a lo que agregó
que no se observaba cuál era el beneficio si el contralor manifestó que se
declarararía impedido en los casos que eventualmente conociera de los
diputados que participaron en la elección.

En este caso está probado y, no es un hecho discutido por las partes, que
en contra de la diputada acusada se adelantaban dos procesos de
responsabilidad fiscal radicados con los números 001V y 002V de 2019 y
en las audiencias de descargos del 12 de junio de 2019 consta que la
señora Romero Navarro fue notificada personalmente de los autos de
apertura e imputación de cargos.

También está acreditado que el 7 de enero de 2020 la asamblea
departamental del Cesar eligió al contralor departamental y la diputada
participó y votó en la referida elección, sin que se haya declarado
impedida.

En consecuencia, la Sala concluye que este requisito se cumple, puesto
que el interés directo, particular y concreto se evidencia en la existencia
de los procesos de responsabilidad fiscal seguidos en su contra, de modo
que, no le asiste razón a la recurrente cuando asegura que no está
probado el interés, dado que éste radica en que para la fecha en la que
participó en la elección de contralor departamental, la diputada ya conocía
de los procesos de responsabilidad fiscal.

De otro lado, en este punto, la recurrente también argumentó que la
sentencia de primera instancia incurre en un yerro y es asumir que el
beneficio que reportará a la diputada votar por el futuro contralor es que
éste emita un fallo sin responsabilidad fiscal y, en esa misma línea, se
preguntó por el privilegio que trae para la diputada el participar en la
sesión electoral, si el contralor departamental estará impedido para

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

resolver los procesos de responsabilidad fiscal de quienes lo eligieron.

Frente a estos reparos, la Sala recuerda, como se indicó en precedencia,
que el régimen de conflicto de intereses es un desarrollo de los principios
constitucionales de prevalencia del interés general, moralidad y
transparencia en el ejercicio de funciones públicas, por tal motivo, es que
la diputada acusada tenía el deber de manifestar, antes de participar en
la elección de contralor, que en su contra se seguían dos procesos de
responsabilidad fiscal, pues no hacerlo, pone en tela de juicio la
imparcialidad requerida para participar en la designación del funcionario
que dirigirá el órgano de control que la está investigando.

En ese sentido, no es de recibo que el conflicto de interés se observe en
la eventual decisión que emita el contralor departamental o que no existe
beneficio porque éste en el futuro se declarará impedido, en la medida
que, como ya se dijo, el conflicto de interés se configuró en el momento
en que la diputada acusada participó en la elección del contralor
departamental, aun cuando ya había sido notificada de los procesos de
responsabilidad fiscal y, ello es así, porque lo que persigue esta institución
es ofrecer transparencia en las decisiones adoptadas, que en este caso,
es el voto emitido por la señora Romero Navarro. La transparencia radica
precisamente en que de forma inequívoca la decisión se haya
fundamentado en el interés general y no esté guiada por una circunstancia
que afecta de manera personal y directa a la diputada, estos son, los
procesos de responsabilidad fiscal.

Adicionalmente, el razonamiento adelantado por la recurrente consistente
en que no existe un beneficio porque indefectiblemente el contralor
departamental se declarará impedido para resolver ya que la diputada
participó en la elección, no logra desvirtuar este requisito y, por el
contrario, pone en evidencia que la participación de la diputada sí tiene
consecuencias para definir quien será el funcionario que decidirá sobre los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

procesos de responsabilidad fiscal, pues a la postré no será el mismo
funcionario que eligió la asamblea departamental, circunstancia que
refuerza lo hasta aquí expuesto, y es que el conflicto de interés se
presentó al momento de la participación y votación de la diputada, sin
que por estos mismos motivos sea relevante el sentido del voto formulado
por la diputada.

c) La no manifestación de impedimento frente al asunto que es
motivo de decisión: acorde con el Acta nro. 003 de la sesión de la
asamblea departamental del Cesar celebrada el 7 de enero de 2020, fue
elegido el contralor del departamento y no está acreditado que la diputada
haya manifestado impedimento para votar o que haya sido recusada. Por
el contrario, está probado que participó y votó en dicha elección.

d) Haber conformado el quorum o participado la diputada en el
debate o votación del asunto:

De igual manera, acorde con el Acta nro. 003 de la sesión de la asamblea
departamental del Cesar celebrada el 7 de enero de 2020, consta :

“[…] Presidente: le hago un llamado a todos los diputados para
reiniciar la sesión, secretaria llamar a lista para verificar el quórum y
reiniciar la sesión.

Secretaria: con gusto, siendo las 11:42 am retomamos la sesión

BARROS GNECCO JORGE ANTONIO
GALVAN LOPEZ ROBINSON
GUTIERREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL
LACOUTURE ACKERMAN CAMILO ANDRES
SUAREZ MOSCOTE JESUS JAVIER
OBREGÓN GARCIA NURYS CECILIA
QUINTERO BAUTE RICARDO FIDELIO
RODRIGUEZ BARRIGA JOSE MARIO
ROMERO NAVARRO PETRONA
ROMERO RODRIGUEZ RAUL
ZULETA MURGAS CLAUDIA MARGARITA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Secretaria: señor presidente le manifiesto que en la sala de sesiones
se encuentran once (11) diputados por lo tanto existe quórum para
deliberar y decidir.

Presidente: habiendo quórum para deliberar y decidir reiniciamos la
sesión, señora secretaria continue con el orden del día.

8. ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL DEPTO DEL CESAR EN
CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIÓN 522 DEL 2019

[…]”. (Negrillas propias y subrayas de la Sala)

Por ende, esta acreditado en el proceso que la diputada Petrona Romero
Navarro conformó el quórum para elegir al contralor departamental del
Cesar y además, está probado que votó en la elección.

Así mismo, este requisito demuestra que, el sentido del voto de la señora
Romero Navarro no es un hecho relevante para la configuración de la
causal, tal como lo sostuvo el a quo, puesto que, lo que se exige es que
haya conformado el quorum para la decisión y participado, lo que en este
evento está probado.

e) Que su participación tenga lugar en un asunto de conocimiento
funcional de la corporación

De acuerdo con el artículo 272 de la Constitución Política dentro de las
funciones a cargo de las asambleas se encuentra la elección de los
contralores departamentales, por lo que este elemento se cumple. Al
efecto el citado artículo dispone:

“[…] ARTICULO 272. <Artículo modificado por el artículo 4 del Acto
Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La vigilancia
de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde
haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la
Contraloría General de la República.

(…)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán
elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y
Distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores
puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los
principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación
ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que
no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y
alcalde […]”.

Por último, acerca de lo manifestado por el recurrente, en el sentido que
para entender cuando se configura el beneficio particular hubiese bastado
acudir a lo dispuesto en la Ley 2003 de 2019, que en relación con el
régimen de conflicto de intereses de los congresistas definió el alcance de
lo que debe entenderse por beneficio particular, actual y directo, se
advierte que, la Sala ha explicado que la Ley 2003 del 19 de noviembre
de 2019 “por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan
otras disposiciones”, que reguló el régimen de conflicto de intereses de
los congresistas no resulta aplicable para los miembros de las
corporaciones públicas del orden territorial, en tanto que las disposiciones
contenidas en el Reglamento Interno del Congreso están referidas
únicamente a los congresistas sin hacerla extensiva a todos los servidores
públicos de elección popular como los miembros de las asambleas
departamentales y de los concejos municipales, como sí ocurre con la Ley
1881 de 2018 que señaló expresamente en el artículo 22 que las
disposiciones contenidas en ella resultan aplicables en lo que sea
compatible a los procesos de pérdida de investidura de diputados y
concejales44.

44 Precisión contenida en la sentencia proferida por esta Sección el 18 de marzo de
2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 85 001 23 33
000 2020 00016 02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

4.3. El elemento subjetivo

Así como el elemento objetivo de la pérdida de investidura corresponde
al principio de tipicidad del derecho sancionador del Estado, el elemento
subjetivo de esta acción pública tiene que ver con la culpabilidad.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que “(…)
debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta figura
“está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el debido
proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que son
necesarias para la realización de sus fines constitucionales. En ese orden
de ideas, las garantías básicas del debido proceso, son aplicables en estos
trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines propios
que lo caracterizan”45.

En la referida sentencia la Corte precisó que “los principios del derecho
sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la
ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de inocencia hasta no
ser declarado culpable. De este último principio, se ha derivado el
principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace referencia a la
necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en la comisión de
un delito”46. (destacado en la providencia)

El elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva de la presunción
de inocencia, que tiene su fundamento en el artículo 29 Superior; la
culpabilidad implica que deba estar acreditada la responsabilidad
subjetiva del acusado para la estructuración de la causal. Por tal razón, la

45 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella

Ortíz Delgado.
46
Ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

culpabilidad, consiste en efectuar un juicio de reproche sobre la conducta
del implicado47.

En lo relacionado con la pérdida de investidura, con la entrada en vigencia
de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la modificación introducida por
la Ley 2003 de 2019, el análisis de la conducta debe hacerse bajo los
parámetros de dolo o culpa grave. El primer concepto atañe a la intención
positiva de realizar la conducta que lesiona el interés jurídico; entretanto,
el segundo está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de
determinada actividad.

Al respecto, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave así: “(…)
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”,
y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.

En este caso, la demanda se radicó el 11 de marzo de 202048 y, por ende,
ya había entrado en vigencia la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019,
que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de 201849, que dispuso que el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva y que la acción se ejercerá contra los
congresistas [léase para el caso diputada] que con su conducta dolosa o
gravemente culposa hubieran incurrido en una de las causales de pérdida
de investidura previstas en la Constitución.

47
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado.
48 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 20001 23 33 000 2020 00050 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
49
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

A su turno, el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 estableció que las
disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán en lo que sea compatible
a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.

De contera, para efectos del juicio de reproche, el caso habrá de
estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que este proceso judicial
sancionatorio implica en la actualidad un juicio de responsabilidad
subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la culpabilidad del
investigado50, el cual no fue examinado por el a quo y es un punto de
reproche de la recurrente.

Lo primero que la Sala precisa, como lo ha explicado en otras
oportunidades51, es que no había lugar a practicar ni a examinar el
interrogatorio de parte que se le recibió a la diputada acusada en primera
instancia, dado que, la pérdida de investidura tiene una naturaleza
sancionatoria que conlleva la imposibilidad para desempeñar cargos de
elección popular por lo que la jurisprudencia de la Corporación ha
considerado que puede asimilarse a un proceso de naturaleza penal y, por
eso, le es aplicable la prohibición del artículo 33 de la Constitución Política,
“habida consideración de que el interrogatorio de parte está instituido
para provocar la confesión del declarante, la cual conlleva que éste,
necesariamente, admita hechos que lo perjudican52”.

Dicho lo anterior, en el asunto bajo examen, la recurrente alega que no
manifestó impedimento para participar en la sesión electoral porque
desde el plano jurídico no existió un interés de su parte en la elección del

50
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).
51
Ver entre otras, sentencia del 29 de julio de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López.
Expediente radicación nro. 68001-23-33-000-2019-00892-01.
52 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Auto del 29 de mayo de 2000. Expediente radicación
acumulados nros. AC-9875 y AC 9876. En el mismo sentido véase el auto del 6 de
octubre de 2015. Expediente radicación nro. 11 001 03 15 000 2014 01602-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

contralor, ya que obró con la absoluta convicción de que tenía que cumplir
con su deber constitucional de procurar seleccionar al mejor candidato
para la contraloría del departamento.

Sin embargo, está probado y no lo discute la recurrente, que para la fecha
de la elección del contralor departamental, ya había sido notificada de los
dos procesos de responsabilidad fiscal que se seguían en su contra y aun
así no manifestó impedimento para participar en dicho proceso. De
contera, la conducta que se reprocha a través de la causal invocada es
que la diputada, teniendo el deber de declararse impedida debido al
conflicto de interés que le asistía, no lo hizo.

Ahora bien, es claro que la elección del contralor departamental es una
función constitucional de las asambleas, pero ante una circunstancia que
afectaba de manera personal y directa a la diputada, como es la existencia
de los dos procesos de responsabilidad fiscal, surgía el deber de
declararse impedida para no participar en el proceso electoral con el fin
de garantizar no solo los principios de la función pública tales como la
moralidad y la transparencia, sino también que no se comprometa la
imparcialidad del voto que se emita.

Explicado en otros términos, la recurrente alega que actuó con la
convicción de elegir al mejor contralor para el departamento; no obstante,
dicha afirmación no logra desvirtuar el elemento subjetivo, precisamente
porque hace parte de una corporación pública que es elegida a través del
voto popular, lo que quiere decir que sus actuaciones están en constante
escrutinio de la ciudadanía y, por ello, es que se exige que las decisiones
adoptadas de manera individual o colectiva sean transparentes, de lo
contrario, no se garantiza la confianza de la comunidad en el ejercicio del
cargo. En tal virtud, la finalidad que persigue la manifestación de
impedimento es que la asamblea y los ciudadanos conozcan de una
situación que de forma directa le afecta a la diputada y participar en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

proceso electoral, sin hacerlo, es lo que compromete los principios que la
función pública quiere preservar, así como la causal de pérdida de
investidura invocada. Además, como se explicará en los párrafos
subsiguientes, invocar la buena fe simple no la exonera de
responsabilidad.

La recurrente también alega que la sentencia de primera instancia parte
de una apreciación perversa y es considerar que tenía la intención de
pasar por encima de la ley para servirse de las decisiones del cabildo y
obtener un beneficio con la elección del contralor departamental, esto es,
que se profiriera un fallo sin responsabilidad fiscal; frente a este punto, la
Sala advierte que el reproche de la conducta se centra en el hecho
probado que, conociendo de la existencia de los procesos de
responsabilidad fiscal, no se haya declarado impedida, pues como quedó
visto, el conflicto de interés se configura en el momento de la participación
en la elección del contralor departamental.

De otro lado, tampoco se observa que su conducta esté amparada en la
buena fe calificada, por las razones que pasan a señalarse:

Aunque, al tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la
ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos
en los cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta
prohibida, porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada
y en presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces
han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su
criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii)
cuando, precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se asesora
de un profesional idóneo y éste le aconseja mal, ello siempre y cuando no
haya claridad en relación con el punto que se discute para la configuración
de la causal de pérdida de investidura, dado que, si ésta es clara, no suple
la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

Así las cosas, lo que se observa es que su conducta no estuvo amparada
por la jurisprudencia de esta Corporación, en primer lugar porque la
diputada no lo alega, y, además, los antecedentes jurisprudenciales de la
Sección Primera demuestran que los elementos de la configuración de la
causal desde el punto de vista objetivo han sido desarrollados de manera
clara en los eventos que, los diputados participan en la elección del
contralor departamental, pese a que tienen unos procesos de
responsabilidad fiscal adelantados en su contra. Lo que implica que el
actuar de la diputada no estuvo justificada en la buena fe calificada
producto de un error invencible.

Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular
está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los
deberes que el cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata de
verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la
nulidad de la elección, o la pérdida de investidura.

Cabe precisar que, comoquiera que la culpabilidad – elemento subjetivo
de la pérdida de investidura - consiste en efectuar un juicio de reproche
sobre la conducta del implicado, no niega la Sala que ella puede
justificarse cuando éste actúa con el convencimiento de que su conducta
es ajustada al ordenamiento jurídico, pero ese convencimiento supone
que el implicado ha incurrido en ella por error invencible, es decir, aquél
que es común a muchos y del cual no es posible sustraerse, ya que, al
tenor del artículo noveno del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve
de excusa.

Es esa la razón por la cual la Sala exige que, para acreditar esta falta de
conocimiento, el actor no alegue simplemente que obró de buena fe, sino
que debe acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un error

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

invencible, en la medida en que actuó de conformidad con la
jurisprudencia que estaba vigente para la época, o que se asesoró
adecuadamente de abogados idóneos, no obstante lo cual incurrió en la
conducta reprochable.

Por último, se destaca que, en el proceso de responsabilidad fiscal quedó
acreditado que la diputada tiene como profesión la de abogada y lo que
se observa en la exposición de motivos, previo a emitir su voto en la
elección del contralor departamental, es que tenía conocimientos acerca
de lo que constituye una inhabilidad.

En consecuencia, la Sala concluye que el elemento subjetivo de la
conducta también está cumplido, dado que la diputada incurrió en la
causal de pérdida de investidura a título de culpa grave, en la medida
que, no tuvo la diligencia o el cuidado de manifestarse impedida para
participar en la elección del contralor departamental, pese al conflicto de
interés que le asistía, el cual está probado en que, para ese momento, ya
había sido notificada de los procesos de responsabilidad fiscal.

La Sala considera que la conducta de la diputada es contraria a la finalidad
que persigue la causal de conflicto de intereses en la medida que esta
Sección ha explicado que su finalidad consiste en evitar favorecer
intereses que no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad
de las decisiones de los diputados se comprometa y distorsione por
motivos personales o particulares y ha explicado que dicho régimen es
una institución de transparencia democrática53. Además como se dijo
líneas atrás, tal institución es un desarrollo de los principios que inspiran
la función pública, por esa razón, cuando exista un interés directo en
cabeza de los diputados surge el deber de manifestar el impedimento,

53 Al respecto puede verse la sentencia proferida el 18 de marzo de 2021. C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés. Expediente nro. 85001 23 33 000 2020 000 1602 (PI). En dicha
providencia la Sala acudió al concepto emitido en el expediente nro. 1572 por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

pues éste tiene como objeto garantizar la transparencia de la decisión que
se emite, que en este caso, es el voto por un candidato para ser designado
contralor departamental y, así, propender por la primacía del interés
general.

Por las razones explicadas, la Sala confirmará la decisión proferida por el
Tribunal de instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de septiembre de
2020, por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la pérdida de
investidura de la diputada de la asamblea del departamento del Cesar,
señora Petrona Romero Navarro, elegida para el período constitucional
2020-2023, según las razones explicadas en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00050-01
Solicitante: Diego Mauricio Ardila Roa

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.