Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02646-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02646-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02646-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02646-00
Demandante: DIEGO MAURICIO ARDILA ROA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Diego Mauricio Ardila
Roa contra la Sección Primera del Consejo de Estado, despacho del magistrado
Oswaldo Giraldo López.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 13 de mayo de 20221, el señor Diego Mauricio Ardila Roa interpuso acción de
tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado (despacho del magistrado
Oswaldo Giraldo López), porque consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Formuló las siguientes pretensiones:
4.2. SEGUNDO: Se ordene al respectivo Despacho de la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, en forma
inmediata, o dentro del término razonable que sea fijado por la Sala de lo
Contencioso Administrativo, se sirva adoptar las determinaciones que sean
del caso a efectos de dar impulso efectivo y resolver de fondo el recurso de
apelación promovido por la parte demandada.
4.3. TERCERO: En igual sentido, ruego a la Sala de lo Contencioso
Administrativo que se le advierta al Despacho el deber perentorio e
improrrogable de velar por el rápido impulso y resolución del Proceso de
1Se advierte que, el 25 de mayo de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02646-00
Actor: Diego Mauricio Ardila Roa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Sentencia de tutela de primera instancia
Pérdida de Investidura tramitado bajo la Radicación No. 20001-23-33-000-
2020-00050-01 (M. P. Oswaldo Giraldo López).
4.4. CUARTO: Se adopten las demás providencias necesarias para hacer
efectiva la protección de los derechos fundamentales invocados que, en el
plazo más breve posible, me garanticen el restablecimiento de mis derechos
constitucionales y legales.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Los supuestos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo se resumen así:
En ejercicio del medio de control de pérdida de investidura, el señor Diego
Mauricio Ardila Roa demandó a la señora Petrona Romero Navarro, en su
condición de diputada de la Asamblea Departamental del Cesar, con fundamento
en la causal de violación al régimen de conflicto de intereses.
Mediante sentencia dictada el 4 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo
del Cesar decretó la pérdida de la investidura de la referida diputada. Inconforme
con la decisión, la demandada interpuso recurso de apelación.
A través de auto del 1º de diciembre de 2020, la Sección Primera del Consejo de
Estado, con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo López, admitió el recurso
de apelación y, en providencia del 19 de marzo de 2021, ordenó correr traslado a
las partes para alegar de conclusión.
El 26 de marzo de 2021, el apoderado de la diputada interpuso recurso de
reposición contra el auto del 19 de marzo de 2021, el cual fue resuelto de manera
negativa en proveído del 19 de julio siguiente.
El 9 de agosto de 2021, la parte actora presentó alegatos de conclusión y el 31 de
ese mismo mes y año se registró el ingreso del expediente para fallo; sin
embargo, a la fecha no se ha proferido la decisión.
El 22 de octubre de 2021, la parte actora solicitó que se le diera impulso al
proceso, particularmente al recurso de apelación, teniendo en cuenta que no
existían más asuntos pendientes por resolver.
El 2 de noviembre de 2021, el Despacho dio respuesta e informó que se estaban
resolviendo las apelaciones de los procesos de pérdida de investidura que
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Actor: Diego Mauricio Ardila Roa
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ingresaron para fallo en junio de 2021.
Ante la inactividad, el 25 de abril de 2022, la parte actora insistió en el impulso
procesal y solicitó información sobre el orden en que se encontraba el
expediente, y si se había registrado proyecto para la Sala del 22 de abril de 2022.
El Despacho sustanciador de la Sección Primera dio respuesta a la solicitud de
impulso procesal, a través de correo electrónico de 3 de mayo del año en curso,
pero se limitó a señalar que el proceso se encontraba en turno para fallo y que
estaba estudiando el correspondiente proyecto para someterlo a consideración de
la Sala de decisión.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 16 de mayo de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al magistrado Oswaldo Giraldo López, integrante de la Sección
Primera del Consejo de Estado. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El magistrado Oswaldo Giraldo López solicitó denegar el amparo de tutela,
por considerar que no ha incurrido en mora judicial, toda vez que el proceso entró
a despacho para fallo el 31 de agosto de 2021 y no se cumplen los requisitos
establecidos en la Ley 446 de 1998 para alterar ese turno.
Expuso que, a la fecha, se encuentran 17 procesos de pérdida de investidura para
fallo, los cuales deben resolverse en el estricto orden de ingreso a despacho.
Agregó que el proceso en cuestión está en el turno 7.
Precisó, además, que el despacho tiene a su cargo 1.362 procesos e ilustró los
egresos efectivos que ha tenido el despacho en 2020, 2021 y el primer trimestre
del 2022.
Finalmente, precisó que los procesos son atendidos de acuerdo con la fecha de
ingreso al despacho, ya sea para sustanciar o proferir una decisión de fondo, «en
ese orden»; resaltó que la Sección Primera no solamente conoce de los recursos
de apelación de las sentencias de pérdida de investidura promovidas en contra de
concejales, diputados y ediles, sino también de otros medios de control respecto
de los cuales todos los usuarios de la administración de justicia esperan que sus
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Actor: Diego Mauricio Ardila Roa
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controversias sean resueltas de forma oportuna y conforme a lo que en derecho
corresponda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio,
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial,
salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro
mecanismo de defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho
que se considera vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como
medio principal de protección de los derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Primera,
despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
señor Diego Mauricio Ardila Roa, por no haber proferido fallo de segunda instancia
en el proceso de pérdida de investidura con radicado 20001 23 33 000 2020
00050 01.
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Sentencia de tutela de primera instancia
3. De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial
Frente al tema, esta Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las
condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora
judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan
con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo,
condiciones estructurales como la excesiva carga laboral o la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas2.
Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta3:
La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con
la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los
funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón
principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar
de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la
Rama Judicial.
Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la
tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora
judicial injustificada. Y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos
fundamentales de quien acudió a la justicia4.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el
asunto, sin que exista motivación para justificar la demora.
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar
i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta
de la autoridad judicial competente; iv) el análisis global de procedimiento; y iv) el
turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 19985.
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-
15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-
15-000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
4 Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
5 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que
hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo
en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal».
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Actor: Diego Mauricio Ardila Roa
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En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-333 de 20206,
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial.
4. Caso concreto y solución del problema jurídico
En el presente caso, el demandante alega que el Consejo de Estado, Sección
Primera (despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López), vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por
cuanto no ha proferido sentencia de segunda instancia en el proceso de pérdida
de investidura con radicado 20001 23 33 000 2020 00050 01.
Como se vio, en los casos en que se ejerce la acción de tutela para reclamar la
protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la mora
judicial, más allá de establecer si para adoptar una decisión se ha observado
cierto plazo previsto en la ley, lo realmente importante es determinar si la tardanza
alegada se encuentra o no objetivamente justificada.
Entonces, para identificar si la autoridad judicial incurrió en mora judicial
injustificada se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la
tardanza, tales como: la existencia de motivos razonables que justifiquen la
demora, la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la
conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el
simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no
configura per se la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.
En el caso bajo estudio, de conformidad con la información que obra en el
expediente, la Sala concluye que el Consejo de Estado, Sección Primera
(despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López) no incurrió en la mora judicial
alegada por el accionante, toda vez que en el expediente con radicado 20001 23
33 000 2020 00050 01 se han realizado las siguientes actuaciones:
6 Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Actor: Diego Mauricio Ardila Roa
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• Acta de reparto del 12 de noviembre de 2020 con ingreso al despacho del
17 del mismo mes y año.
• Auto del 1º de diciembre de 2020, a través del cual se admitió el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 4 de septiembre de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
• Providencia del 19 de marzo de 2021, en la que se corrió traslado para
alegar de conclusión.
• En memorial del 5 de abril de 2021, la parte demandada interpuso recurso
de reposición, al que se le dio traslado el 5 de mayo de 2021.
• Auto del 19 de julio de 2021, por medio del cual se resolvió el recurso de
reposición.
• En escrito del 3 de agosto de 2021, la parte demandada presentó alegatos
de conclusión y, el 9 de agosto siguiente, la contraparte hizo lo propio.
• El 31 de agosto de 2021, el expediente ingresó al despacho del magistrado
ponente para fallo.
Así las cosas, la Sala considera que, a pesar de que aún no se ha dictado
sentencia en el proceso con radicado 20001 23 33 000 2020 00050 01, no se
configura la mora judicial injustificada que alega el demandante, pues se constata
que en el proceso de pérdida de investidura se ha tramitado sin mayores
dilaciones y se han proferido diferentes decisiones en un tiempo prudencial: auto
que admitió el recurso de apelación, auto que corrió traslado para alegar de
conclusión y auto que resolvió el recurso de reposición, todo lo cual permitió que a
la fecha el expediente ya se encuentre al Despacho para sentencia.
Adicionalmente, se destaca que el despacho del Magistrado Oswaldo Giraldo
López de la Sección Primera de esta Corporación tiene a la fecha 1.362
expedientes, de los cuales 17 corresponden a procesos de pérdida de investidura
que se encuentran pendientes de fallo y que deben resolverse en estricto orden de
ingreso.
La Sala advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley
446 de 1998, los jueces tienen la obligación de dictar las sentencias exactamente
en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin,
sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o
de prelación legal.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02646-00
Actor: Diego Mauricio Ardila Roa
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De manera que, tal como lo manifestó la autoridad judicial demandada, el
accionante no se encuentra dentro de los criterios establecidos para alterar el
turno para fallo, ni tampoco realizó manifestación alguna en ese sentido en el
escrito de tutela.
De hecho, aunque el señor Ardila Roa presentó solicitudes de impulso procesal
ante la Sección Primera del Consejo de Estado, en ninguno de sus escritos
justificó la prelación de fallo.
Ahora, aunque el demandante afirmó que su petición del 25 de abril de 2022 no
fue resuelta en su integridad, lo cierto es que en este momento, con ocasión del
informe tutela rendido por el magistrado Oswaldo Giraldo López de la Sección
Primera del Consejo de Estado, se conoce que el proceso se encuentra en el
turno 7.
Adicionalmente, se observa que la presente solicitud de amparo desconoce la real
situación de dificultad que, para la decisión oportuna, genera la congestión que se
presenta en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que no tiene, en la
mayoría de los casos, el alcance de mora judicial atribuible a los funcionarios,
como ocurre en el presente evento.
Lo anterior, sumado al cúmulo de procesos asignados al despacho judicial
accionado: 1.362, muchos de ellos con prioridad, dada su antigüedad o
especialidad, razón por la cual mal podría hablarse de la configuración de una
mora judicial injustificada. En este caso, se insiste, la mora judicial no se configura
con el simple paso del tiempo, sino que debe obedecer a una negligencia probada
de la autoridad judicial accionada que retarde la toma de decisiones al interior de
cada proceso, circunstancia que en este caso no se presenta.
La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan en los
procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos; sin embargo,
tampoco puede pasar por alto las condiciones estructurales de congestión que se
presentan en la Rama Judicial y, específicamente, en el interior de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, las cuales, de cierto modo, impiden que se le dé
el alcance de mora judicial injustificada a casos como el que aquí se analiza.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02646-00
Actor: Diego Mauricio Ardila Roa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Sentencia de tutela de primera instancia
En consecuencia, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el señor Diego Mauricio Ardila Roa, al estar justificada la mora
judicial en su caso particular.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Negar el amparo solicitado por el señor Diego Mauricio Ardila Roa, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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