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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00211-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00211-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 80 «Corte Constitucional, sentencia T- 945 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)». 81 «Corte Constitucional, sentencia C-630 de 2012 (MP. Mauricio González Cuervo)». 50 Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01 Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2024-00211-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez
Accionados: Yan Carlos Chavarro Munévar, Edwin Arley Jara Vélez, Oscar
Eduardo Castro Rodríguez, Jhonny Andrés Basto Hernández, Nayi Najaiby
Romero Gamboa, Lucy Fernanda Tamayo Fierro, Jhonatan Alirio Basto
Bohórquez y Zulma Díaz Díaz
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal de
pérdida de investidura de los concejales - reiteración de jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra
de la sentencia de 26 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. El ciudadano Carlos Alberto González Gutiérrez, actuando en nombre propio y
obrando en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437
de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] II. PRETENSIONES

Conforme a lo descrito en el anterior acápite de hechos y las pruebas aportadas en la
presente demanda, amablemente solicito señores Magistrados acceder a las
siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se DECRETE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA de los concejales del
Municipio de Acacías (Meta), YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadanía (…), EDWIN ARLEY JARA VELEZ,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía (…), OSCAR EDUARDO
CASTRO RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía (…),
JHONNY ANDRÉS BASTO HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadanía (…), NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadanía (…), LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO, mayor de
edad, identificada con la cédula de ciudadanía (…) y JHONATAN ALIRIO BASTO
BOHÓRQUEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía (…), por

1
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

cometer la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 2 del artículo
55 de la Ley 136 de 1994.

SEGUNDA: Se NOTIFIQUE de la decisión de PÉRDIDA DE INVESTIDURA al
Concejo Municipal de Acacías (Meta), Registraduría Nacional del Estado Civil y al
Consejo Nacional Electoral para que realicen lo de su competencia. […]” (negrilla del
texto).

I.1.1. Los hechos

2. Manifestó que los accionados fueron elegidos, en las elecciones de autoridades
territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023, concejales del municipio de
Acacías (Meta), período 2024–2027 y que, en la sesión plenaria del Concejo
municipal de 2 de enero de 2024, tomaron posesión de tales cargos.

3. Mencionó que, en la sesión plenaria de 7 de enero de 2024, el Concejo municipal,
de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 3 y los artículos
54, 55 y 56 del reglamento interno de esa Corporación4, realizó el trámite para la
elección de las comisiones permanentes, esto es, la Comisión Primera del Plan de
Desarrollo, Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública y la Comisión
Tercera Administrativa y de Gobierno, para lo cual se postularon 2 planchas.

4. Aseveró que la plancha núm. 1 fue presentada por el concejal Edwin Arley Jara
Vélez e integrada por los siguientes concejales:

(i) Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Bienes: Edwin Arley Jara
Vélez, Orlando Granados Acevedo, Yan Carlos Chavarro Munévar, Oscar
Eduardo Castro Rodríguez y Zulma Yolima Díaz Díaz.

(ii) Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública: Jhonny Andrés
Basto Hernández, Nayi Najaiby Romero Gamboa, Jhonatan Alirio Basto
Bohórquez, Lucy Fernanda Tamayo Fierro y Juan Pablo Agudelo Díaz.

(iii) Comisión Tercera Administrativa y de Gobierno: Juan Carlos Basto
Morales, Wilson Rene Ortiz Quishpe, Alirio Rojas Delgadillo, Genaro
Gutiérrez Garavito y Jhon Alexander Casallas Velásquez.

5. Afirmó que la plancha núm. 2 fue presentada por el concejal Alirio Rojas
Delgadillo, integrada por los siguientes concejales:

(i) Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Bienes: Juan Pablo Agudelo
Díaz, Zulma Yolima Díaz Díaz, Alirio Rojas Delgadillo, Lucy Fernanda
Tamayo Fierro y Nayi Najaiby Romero Gamboa.

3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
Acuerdo núm. 427 de 9 de diciembre de 2016, “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. […]”.

3

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

(ii) Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública: Genaro Gutiérrez
Garavito, Juan Carlos Basto Morales, Jhon Alexander Casallas
Velásquez, Edwin Arley Jara Vélez y Oscar Eduardo Castro Rodríguez.

(iii) Comisión Tercera Administrativa y de Gobierno: Wilson René Ortiz
Quishpe, Yan Carlos Chavarro Munévar, Orlando Granados Acevedo,
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Jhonny Andrés Basto Hernández.

6. Señaló que, una vez realizada la votación de las planchas, resultó elegida la
plancha número uno (1) y apuntó que la elección de las comisiones permanentes
del Concejo municipal desconoció la Carta Política, la Ley y el reglamento interno
de la Corporación.

7. Expuso que los concejales Juan Carlos Basto Morales, Genaro Gutiérrez Garavito
y Alirio Rojas Delgadillo presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, el cual cursa en el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Villavicencio, número de radicación 50001 33 33 009 2024 00098 00, en el cual
solicitaron la nulidad del Acta núm. 06 de 7 de enero de 2024, a través de la cual se
eligieron los integrantes de las comisiones permanentes del Concejo municipal de
Acacías para la vigencia 2024, y, como consecuencia de la declaratoria de nulidad,
la realización de una nueva elección.

8. Adujo que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, en auto
de 8 de mayo de 2024, admitió el medio de control de nulidad electoral; ordenó la
vinculación como parte demandante, entre otros, de los concejales demandados; y,
decretó la medida cautelar de suspensión provisional del punto cuarto del acta núm.
06 de 7 de enero de 2024, relativo a la elección de los miembros de las comisiones
permanentes para la vigencia 2024.

9. Aseveró que el auto de 8 de mayo de 2024 fue notificado personalmente a los
acusados a través de sus respectivos correos electrónicos, de tal forma que, en su
concepto, fueron notificados debidamente del proceso en calidad de parte
demandada y, en consecuencia, ya existía un litigo ante una autoridad judicial entre
los accionantes y los concejales acusados por los hechos relativos al trámite de la
elección de las comisiones permanentes del Concejo municipal de Acacías.

10. Mencionó que, en consideración a la medida cautelar decretada por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio y que el alcalde municipal de
Acacías radicó el proyecto de acuerdo núm. 729 de 2024, por el cual se pretendía
adoptar el plan de desarrollo del municipio para el período 2024–2027, los
concejales Nayi Najaiby Romero Gamboa, quien actuaba en ese momento como
presidente de la Corporación, y Edwin Arley Jara Vélez, a sabiendas que eran
demandados en el proceso judicial mencionado supra, decidieron, en sesión
plenaria de 15 de mayo de 2024, solicitar al asesor jurídico del Concejo municipal
que asistiera a la sesión a realizarse el día siguiente para efectos de que:

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

“[…] emita concepto sobre como desarrollar las futuras sesiones en comisión, en
especial en la que se pretendía efectuar el primer debate del proyecto de acuerdo del
Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que las comisiones permanentes se
encuentran suspendidas por la Medida Cautelar decretada por el Juzgado ya
mencionado, a lo que todos los concejales estuvieron de acuerdo. […]”

11. Precisó que ninguno de los concejales accionados podía participar en la
deliberación, discusión o votación de temas relativos a las comisiones permanentes
suspendidas, puesto que fungen como demandados en el medio de control de
nulidad electoral identificado con el número de radicación 50001 33 33 009 2024
00098 00 y tienen:

“[…] interés directo respecto a lo que pueda resolver el Juez y las decisiones
administrativas que se tomen en el recinto del Concejo Municipal por los hechos
objetos de la litis, por lo tanto, debían declarasen (sic) impedidos por conflicto de
intereses, pero no lo hicieron, es decir que sus votaciones estaban direccionadas,
manipuladas y parcializadas por un interés particular supeditado a la posición en que
se encuentran en el medio de control de Nulidad Electoral. […]” (negrilla del texto)

12. Anotó que en la sesión plenaria del Concejo municipal de Acacías realizada el
16 de mayo de 2024, se hizo presente el asesor jurídico de la Corporación, quien
se refirió al medio de control de nulidad electoral citado anteriormente, sesión en la
que los demandados estuvieron presentes, conformaron el cuórum y deliberaron,
pese a que eran parte del proceso judicial señalado, sin declararse impedidos.

13. Argumentó que, en la sesión plenaria del Concejo municipal de Acacías realizada
el 16 de mayo de 2024, el concejal Yan Carlos Chavarro Munévar, a sabiendas que
era demandado en el medio de control de nulidad electoral que cursa en el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, número de radicación 50001 33
33 009 2024 00098 00 y, por ello están inmerso en las causales de conflicto de
intereses establecidas en los numerales 1., 5. y 12. del artículo 11 de la Ley 1437.

13.1. Participó en la deliberación con el asesor jurídico de la Corporación y expuso
falencias sustanciales y procesales del medio de control señalado, además de
sustentar los argumentos de su defensa, lo cual constaría en el acta núm. 56 del 16
de mayo de 2024.

13.2. Puso en consideración de la plenaria del Concejo municipal, la proposición
consistente en elevar consulta al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Villavicencio para efectos de aclarar los alcances de la suspensión provisional de la
elección de las comisiones permanentes, proposición que fue aprobada por los
concejales acusados, quienes igualmente se encontrarían inmersos en las causales
de conflicto de intereses establecidas en los numerales 1., 5. y 12. del artículo 11
de la Ley 1437, por ser demandados en el precitado medio de control.

13.3. Formuló la consulta al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Villavicencio para efectos de que se orientara acerca de cuál debería ser el trámite
que debería llevar a cabo el Concejo municipal de Acacías en el estudio de los

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

proyectos de acuerdo que se radicaran por parte del gobierno municipal en atención
a la suspensión provisional decretada.

14. Puso de presente que, en la sesión de 21 de mayo de 20024, el concejal Yan
Carlos Chavarro Munévar:

“[…] a sabiendas que se encontraba inmerso en las causales de conflicto de intereses
establecidas en los numerales 1, 5 y 12 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, por
ser parte demandada dentro del litigio existente ante el Juzgado 9 Administrativo
del Circuito de Villavicencio (Meta) (Rad. 2024 – 098), y tener un interés directo
sobre el objeto de la litis y la decisión administrativa a tomarse, por lo tanto no podía
realizar deliberación, proposición o votación con hechos relacionados con las
Comisiones Permanente (sic) suspendidas, decide irresponsablemente realizar la
siguiente proposición:

(…) teniendo en cuenta que quedamos estamos en el término corto de resolver el
plan de desarrollo Municipal (sic) propongo a la mesa directiva conforme lo
contemplado en el proceso 2024-098 del Juzgado 9° Contencioso Administrativo que
se confiera facultades a la mesa directiva para llevar a cabo la designación de una
Comisión accidental para resolver en primer debate lo que tiene que ver con el plan
de desarrollo, está abierta la discusión, sigue abierta la discusión, aviso que se cierra,
se abre la votación por favor secretaría llamar a lista para la votación nominal.

El presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNÉVAR manifiesta, es una
proposición con el ánimo de conceder facultades a la mesa directiva para llevar a
cabo una designación de una Comisión accidental para que se decida en primer
debate el Plan de Desarrollo […]” (negrilla y subrayado del texto).

15. Adujo que la proposición anterior, motivada por la medida cautelar decretada en
el medio de control de nulidad electoral que cursa en el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, radicación número 50001 33 33 009
2024 00098 00, se sometió a votación por parte del Concejo municipal de Acacías
y fue negada, sin embargo, fue votada positivamente por los concejales acusados,
a pesar de encontrarse impedidos, reiteró:

“[…] por encontrarse inmersos en las causales de conflicto de intereses establecidas
en los numerales 1, 5 y 12 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que todos
son parte demandadas dentro del litigio existente ante el Juzgado 9 Administrativo
del Circuito de Villavicencio (Meta) (Rad. 2024 – 098), y tienen interés directo sobre
el objeto de la litis y la decisión administrativa a tomarse, sin embargo, NO SE
DECLARARON IMPEDIDOS PARA VOTAR y lo realizaron sufragando de forma
parcializada, direccionada y manipulada por los intereses particulares que
tienen como partes dentro del medio de control de Nulidad Electoral. […]”
(negrilla y subrayado del texto)

16. Indicó que, pese a que el Concejo municipal negó la proposición realizada por el
concejal Yan Carlos Chavarro Munévar, los concejales miembros de la mesa
directiva de la Corporación, esto es, los señores Yan Carlos Chavarro Munévar,
Lucy Fernanda Tamayo Fierro y Nayi Najaiby Romero Gamboa, a pesar de estar
inmersos en “[…] las causales de conflicto de intereses establecidas en los
numerales 1, 5 y 12 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 […]” toda vez que son
demandados en el medio de control de nulidad electoral citado, expidieron la

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

Resolución núm. 41 de 21 de mayo de 2024, en la cual se designaron a los
miembros de la comisión accidental para el estudio del proyecto de acuerdo núm.
729 de 30 de abril de 2024.

17. Dio a conocer que el concejal Yan Carlos Chavarro Munévar, el día 4 de junio de
2024, en calidad de presidente del Concejo municipal de Acacías, contestó la
demanda en el trámite del medio de control de nulidad electoral que cursa en el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, número de radicación
50001 33 33 009 2024 00098 00.

18. Recalcó como conclusión que:

“[…] No existe duda señor Magistrado que los concejales aquí demandados YAN
CARLOS CHAVARRO MUNÉVAR, EDWIN ARLEY JARA VÉLEZ, OSCAR
EDUARDO CASTRO RODRÍGUEZ, JHONNY ANDRÉS BASTO HERNÁNDEZ,
NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA, LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO y
JHONATAN ALIRIO BASTO BOHÓRQUEZ, son parte procesal, en calidad de
DEMANDADOS dentro del medio de control de Nulidad Electoral que cursa en el
Juzgado 9 Administrativo del Circuito de Villavicencio (Meta) bajo el radicado No.
50001333300920240009800; tampoco existe duda señor Magistrado, que todos los
concejales aquí demandados, conformaron quorum, deliberaron, votaron y
participaron abiertamente en las sesiones de los días 15, 16 y 21 del mes de Mayo
del año 2024, donde se debatió y tomó decisiones frente al Medio de Control de
Nulidad Electoral citado y su respectiva Medida Cautelar decretada, tal cual como se
evidencia en las actas No. 55, 56 y 59, sin importar que se encontraban
IMPEDIDOS para participar en estas discusiones porque se encontraban
inmersos en las causales de conflicto de intereses establecidas en los
numerales 1, 5 y 12 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011; por lo tanto, al no
declararse IMPEDIDOS se entiende que los votos que realizaron en dichas
sesiones fueron parcializados y manipulados por el interés particular. […]”
(negrilla y subrayado del texto)

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

19. El accionante consideró que los concejales acusados incurrieron en la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, esto
es, “[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses. […]”, al encontrarse inmersos en las situaciones prevista en
los numerales 1., 5. y 12. del artículo 11 de la Ley 1437, consistentes en:

“[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.
Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo
servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser
recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del
asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

(…)

5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre
el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados
en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o
apoderado.

(…)

12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas
en la actuación administrativa. […]”

20. Lo anterior, en razón a que desarrollaron las siguientes actuaciones:

20.1. Los concejales accionados integran la parte demandada dentro del medio de
control de nulidad electoral, identificado con el número de radicación 50001 33 33
009 2024 00098 00, que cursa en el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Villavicencio, proceso judicial en el cual se pretende la declaratoria de nulidad del
acta núm. 06 de 7 de enero de 2024, por medio de la cual se eligieron las comisiones
permanentes del Concejo municipal de Acacías para el período 2024, y en el cual
se accedió a la medida cautelar de suspensión provisional de dicha elección.

20.2. Los concejales accionados conformaron el cuórum, deliberaron, participaron y
votaron en las sesiones del Concejo municipal de 15, 16 y 21 de mayo de 2024, en
las cuales se debatió y se adoptaron decisiones respecto del mencionado medio de
control, conforme consta en las actas números 55, 56 y 59.

20.3. Los concejales accionados, en consecuencia, tenían un interés directo frente a
lo que se resuelva en dicho proceso, de tal forma que los argumentos expuestos y
los votos emitidos en las precitadas sesiones estaban permeados de un interés
personal y particular guiado por su posición en el proceso judicial, por lo que su
participación no era transparente e imparcial.

I.2. Subsanación y reforma de la solicitud por el accionante5

21. El Despacho sustanciador de primera instancia, mediante auto de 27 de junio de
20246, ordenó la devolución de la solicitud presentada por el accionante para que
procediera a su corrección y otorgó el término de diez (10) días.

22. El accionante, dentro del término otorgado para la corrección de la solicitud,
subsanó los defectos advertidos por la primera instancia y, adicionalmente, reformó
la demanda7 para incluir como demandada a la señora Zulma Díaz Díaz, concejal
del municipio de Acacías:

5
Cfr. Índice 10, 11 y 12, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
6
Cfr. Índice 5, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
7
Cfr. Índice 10, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.

8

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

“[…] en las mismas condiciones fácticas de los otros concejales demandados,
teniendo en cuenta el Auto proferido por el Juzgado Noveno que al admitir la demanda
contra la elección de las comisiones, vinculo (sic) a varios concejales entre ellos a la
susodicha concejal ZULMA DIAZ, por lo que también le asistía el deber de declararse
impedida en los hechos que fueron sustentados y desarrollados en el cuerpo de la
demanda de la cual se le hace llegar a esta última, junto con el memorial de
subsanación y adición, le (sic) demanda inicial y sus anexos. […]”

23. Respecto de la vinculación de la concejal Zulma Díaz Díaz, adicionalmente
indicó8:

“[…] La concejal ZULMA DIAZ DIAZ (…) que a petición del suscrito se solicitó en la
subsanación y adición de la demanda de pérdida de investidura se vincule al proceso
en las mismas condiciones que los otros concejales, por intermedio de su abogado,
contesto (sic) la demanda de nulidad del acta de elección de las comisiones
permanentes del concejo demandadas dentro del expediente
50001333300920240009800 teniendo en cuenta su condición de vinculada al mismo.

La anterior situación prueba el hecho que le asistía el deber legal, al igual que los
demás concejales vinculados por el juez noveno en dicho proceso de nulidad de las
comisiones, a declarar su impedimento en razón al interés particular que perseguían
y materializado al conformar el quorum, votar la proposición para crear una comisión,
accidental en razón a que las permanentes habían quedao (sic) días atrás
suspendidas por la medida cautelar, cuando bien se sabe que esta era una facultad
propia y otorgada por reglamento interno al presidente del concejo, lo cual los lleva a
incurrir en esa irregularidad […]”

24. El accionante, asimismo, reformó la demanda para allegar y solicitar la práctica
de pruebas9.

25. El Despacho sustanciador de primera instancia, mediante auto de 19 de julio de
202410, admitió la demanda de pérdida de investidura presentada por el accionante,
en contra de los concejales del municipio de Acacías, señores Yan Carlos Chavarro
Munévar, Edwin Arley Jara Vélez, Oscar Eduardo Castro Rodríguez, Jhonny Andrés
Basto Hernández, Nayi Najaiby Romero Gamboa, Lucy Fernanda Tamayo Fierro,
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Zulma Díaz Díaz, elegidos para el período 2024–
2027, y les otorgó el término de cinco (5) días para referirse a la solicitud.

I.3. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura

I.3.1. Contestación de la solicitud por parte de la concejal Lucy Fernanda
Tamayo Fierro11

26. La concejal Lucy Fernanda Tamayo Fierro, mediante apoderado, se pronunció
frente a la solicitud de pérdida de investidura y se opuso a sus pretensiones y
manifestó no haber estado incursa en causal de impedimento ni en conflicto de

8
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
9
Cfr. Índice 10, 11 y 12, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
10
Cfr. Índice 13, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
11
Cfr. Índice 19, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.

9

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

intereses para participar en “[…] las sesiones ordinarias o extraordinarias del
Concejo Municipal de Acacías […]”.

27. Manifestó, luego de referirse a los hechos sustento de la solicitud, que de la
confrontación de la solicitud y las pruebas allegadas relacionadas con su conducta
en las sesiones a las que se refiere el accionante, se llegaba a la conclusión
consistente en que no estaría incursa en las causales previstas en los numerales
1., 5. y 12. de la Ley 1437.

28. Argumentó que el hecho de que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Villavicencio esté tramitando el medio de control de nulidad electoral respecto de
la conformación de las comisiones permanentes y que tal elección se encuentre
suspendida provisionalmente, no impedía a los concejales deliberar acerca de cómo
superar el impase jurídico sin incumplir el pronunciamiento judicial, de tal forma que,
con apoyo del asesor jurídico de la Corporación, buscaron válidamente alternativas
hasta tanto se decidiera de fondo el asunto.

29. Consideró que el trámite del medio de control de nulidad electoral y que a este
fueran vinculados los concejales mencionados por el accionante, no les impedía,
reiteró, buscar alternativas para darle trámite a los proyectos de acuerdo, entre ellos,
el plan de desarrollo municipal, pues la administración no puede paralizarse porque
uno de sus actos sea suspendido provisionalmente.

30. Estimó que el objeto del litigio que se tramita en el citado despacho judicial no
está relacionado con circunstancia alguna que la beneficie a ella o a sus familiares
o de la cual pueda derivarse un beneficio económico para los concejales
accionados, y el hecho de haber solicitado aclaración a la medida cautelar, haber
discutido y analizado los efectos de esta decisión y de haber creado una comisión
accidental, no la hace incurrir en conflicto de intereses ni evidencia violación alguna
del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues estaban ejerciendo una
función constitucional y legal, en la búsqueda de una salida institucional que les
permitiera tramitar los proyectos de acuerdo presentados ante la Corporación por el
alcalde municipal.

I.3.2. Contestación de la solicitud por parte de los concejales Edwin Arley Jara
Vélez, Oscar Eduardo Castro Rodríguez, Jhonny Andrés Basto Hernández,
Nayi Najaiby Romero Gamboa, Yan Carlos Chavarro Munévar y Jhonatan Alirio
Basto Bohórquez12

31. Losconcejales Edwin Arley Jara Vélez, Oscar Eduardo Castro Rodríguez,
Jhonny Andrés Basto Hernández, Nayi Najaiby Romero Gamboa, Yan Carlos
Chavarro Munévar y Jhonatan Alirio Basto Bohórquez, a través de un único
apoderado, dieron respuesta a la solicitud y pidieron negar la solicitud de pérdida
de investidura.

12
Cfr. Índice 24 y 25, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.

10

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

32. Luego de referirse a los hechos que sustentan la solicitud de pérdida de
investidura, formularon la excepción de inexistencia de la causal invocada, pues
estiman que, de los hechos y pruebas allegadas por el accionante no se evidencia
desconocimiento alguno del régimen de conflicto de intereses y, en particular, de
los numerales 1., 5. y 12 del artículo 11 de la Ley 1437, que dé lugar a la
configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136.

33. Argumentaron que resultaba improcedente castigarlos por el hecho de buscar
alternativas jurídicas para cumplir sus deberes constitucionales y legales y acatar la
decisión adoptada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Villavicencio dentro del medio de control de nulidad electoral en el cual se discute
la legalidad de la elección de los miembros de las comisiones permanentes del
Concejo municipal de Acacías, teniendo en cuenta que la Ley 136 obliga a que los
acuerdos municipales surtan dos debates, uno en la respectiva comisión, cuya
conformación se encuentra suspendida provisionalmente, y otro en la plenaria de la
Corporación.

34. Estimaron que, en el escenario anterior, era acorde con el ordenamiento jurídico
que en compañía del asesor jurídico de la Corporación buscaran válidamente
alternativas para darle trámite a los proyectos de acuerdo, entre ellos, el plan de
desarrollo.

35. Anotaron que el objeto del medio de control de nulidad electoral que se tramita
en el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio no está
relacionado con circunstancias que los beneficie personalmente o a sus familiares
o de las cuales puedan derivar un provecho económico y el hecho de haber
solicitado aclaración a la medida cautelar adoptada por el despacho judicial, haber
discutido y analizado sus efectos y haber creado una comisión accidental no les
generaba conflicto de intereses ni puede predicarse desconocimiento del régimen
de incompatibilidades e inhabilidades, en razón a que están ejerciendo una función
constitucional y legal y buscaban, reiteraron, una salida para tramitar los proyectos
de acuerdo presentados por el alcalde municipal.

36. Insistieron en la inexistencia de un interés privado puesto que la motivación de
su actuar y de las deliberaciones llevadas a cabo, se encuentra en el deber de dar
trámite al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo del municipio de Acacías,
teniendo en consideración la medida cautelar de suspensión de la elección de los
integrantes de las comisiones permanentes, las cuales deben tramitar, en primer
debate, el citado proyecto de acuerdo, con lo que, reiteraron, debían buscar
alternativas jurídicas para cumplir con sus deberes.

37. Subrayaron que, predicar que la Corporación debería abstenerse de dar trámite
a los proyectos de acuerdo radicados, era extender los efectos de la medida cautelar
decretada y, adicionalmente, que i) el interés en el cumplimiento de sus deberes y
acatar las decisiones judiciales no entraba en conflicto con “[…] los poderes de la

11

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

jurisdicción contenciosa administrativa […]”, puesto que las decisiones
administrativa no tenían efectos en las providencias judiciales adoptadas por esta
jurisdicción; y, ii) las deliberaciones efectuadas en las sesiones descritas por el
accionante no los privilegiaron ni afectaron, pues todos los miembros del concejo
municipal deben integrar las comisiones permanentes y, en caso de accederse a la
nulidad solicitada en el medio de control de nulidad electoral, debía realizarse una
nueva elección de los integrantes de las comisiones, decisión que no depende de
ellos.

I.3.3. La intervención del agente del Ministerio Público13

38. El agente del Ministerio Público intervino en esta etapa procesal y solicitó que se
incorporaran al proceso las actuaciones desarrolladas en el expediente identificado
con el número de radicación 50001 33 33 009 2024 00098 00 que cursa en el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio.

39. Adicionalmente, solicitó que se libraran oficios a la presidencia delConcejo
municipal de Acacías, con el fin de que se allegaran copias de las actas números
55 (correspondiente a la sesión de 15 de mayo de 2024), 56 (correspondiente a la
sesión de 16 de mayo de 2024) y 59 (correspondiente a la sesión de 21 de mayo de
2024).

I.4. Trámite del proceso

40. Mediante auto de 27 de junio de 202414 se inadmitió la solicitud de pérdida de
investidura y, una vez subsanados los requisitos por parte del accionante15, en auto
de 19 de julio de 202416, se admitió, ordenándose la notificación a los accionados y
al agente del Ministerio Público y corriéndose traslado para que los demandados se
refirieran a la solicitud, aportaran y solicitaran la práctica de pruebas.

41. Los accionados Lucy Fernanda Tamayo Fierro, Edwin Arley Jara Vélez, Oscar
Eduardo Castro Rodríguez, Jhonny Andrés Basto Hernández, Nayi Najaiby Romero
Gamboa, Yan Carlos Chavarro Munévar y Jhonatan Alirio Basto Bohórquez se
pronunciaron respecto de la solicitud de pérdida de investidura17.

42. En auto de 5 de agosto de 202418 i) se dejó constancia que la concejal Zulma
Díaz Díaz no se pronunció respecto de la solicitud de pérdida de investidura; ii) se
decretó la práctica de pruebas; y iii) se fijó para el día 26 de agosto de 2024, la

13
Cfr. Índice 23, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
14
Cfr. Índice 5, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
15
Cfr. Índice 10, 11 y 12, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00. El accionante, además de subsanar los
defectos evidenciados por el Despacho instructor del proceso, reformó la solicitud.
16
Cfr. Índice 13, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
17
Cfr. Índice 19, 24 y 25, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
18
Cfr. Índice 26, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.

12

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

realización de la audiencia pública a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la
Ley 1881 de 15 de enero de 201819.

43. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881, fue realizada el día
2 de septiembre de 202420, fecha fijada en auto de 22 de agosto de 202421, con la
asistencia e intervención del accionante, el agente del Ministerio Público y los
apoderados judiciales de los accionados22.

I.5. La sentencia de primera instancia23

44. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 26 de
septiembre de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura de los señores YAN
CARLOS CHAVARRO MUNÉVAR, EDWIN ARLEY JARA VÉLEZ, OSCAR
EDUARDO CASTRO RODRÍGUEZ, JHONNY ANDRÉS BASTO HERNÁNDEZ,
NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA, LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO,
JHONATAN ALIRIO BASTO BOHÓRQUEZ y ZULMA DÍAZ DÍAZ como Concejales
del Municipio de Acacías, Meta, por el período constitucional 2024-2027, por las
razones expresadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones indicadas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: En firme esta decisión, archívese el expediente. […]” (negrilla del texto)

45. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar:

“[…] si los Concejales del Municipio de Acacías, Meta (…) YAN CARLOS
CHAVARRO MUNÉVAR, EDWIN ARLEY JARA VÉLEZ, OSCAR EDUARDO
CASTRO RODRÍGUEZ, JHONNY ANDRÉS BASTO HERNÁNDEZ, NAYI NAJAIBY
ROMERO GAMBOA, LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO, JHONATAN ALIRIO
BASTO BOHÓRQUEZ y ZULMA DÍAZ DÍAZ, elegidos para el período constitucional
2024-2027, incurrieron en la causal de pérdida de investidura consagrada en el
numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, esto es, si violaron el régimen de
conflicto de intereses, al no declararse impedidos en los debates y votaciones
efectuadas en las sesiones de la plenaria realizadas los días 15, 16 y 21 de mayo de
2024. […]” (negrilla del texto).

46. Abordó el caso concreto, luego de referirse al medio de control de pérdida de
investidura y a la causal invocada por el accionante, y mencionó que la acusación
a los concejales accionados se fundó en que:

“[…] se encuentran incursos en la causal de pérdida de investidura consagrada en el
numeral 2 del artículo 136 de 1994, por violación al régimen de conflicto de intereses,

19
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”
20
Cfr. Índice 50, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
21
Cfr. Índice 35, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
22
En desarrollo de dicha audiencia se dejó constancia que “[…] la Concejal ZULMA DÍAZ DÍAZ a pesar de encontrarse
demandada y debidamente notificada, no dio contestación a la demanda ni constituyó apoderado. […]”.
23
Cfr. Índice 54, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.

13

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

toda vez que en las sesiones del Concejo Municipal actuaron en deliberaciones y
votaciones en temas referentes al medio de control de nulidad electoral tramitada en
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio (Meta) bajo el radicado
No. 50001 33 33 009 2024 00098 00 y su medida cautelar, a sabiendas de que no lo
podían realizar porque eran demandados en esa litis y tenían interés directo frente a
lo que se resolviera en dicho proceso, por lo tanto, sus argumentos y votos emitidos
en las sesiones estaban permeados de un interés personal y particular, guiados por
su posición dentro del proceso judicial, haciendo que su participación no fuera
transparente e imparcial […]”

47. Señaló que de las pruebas recaudadas, estaría probado que el Concejo
municipal de Acacías, en sesión de 7 de enero de 2024, eligió a los miembros de
las comisiones permanentes para la vigencia 2024, lo cual consta en el acta núm.
6.

48. Estaría probado igualmente que los concejales Juan Carlos Basto Morales, Alirio
Rojas Delgadillo y Genaro Gutiérrez Garavito presentaron “[…] demanda de nulidad
electoral […]”, la cual se tramita en el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Villavicencio, con el número de radicación 50001 33 33 009 2024 00098 00, en
el cual se profirió el auto de 8 de mayo de 2024, a través del cual:

“[…] se admitió la demanda, se vinculó a los concejales Juan Pablo Agudelo Díaz,
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez, Jhonny Andrés Basto Bohórquez, Jhonny Andrés
Basto Hernández, John Alexander Casallas Velásquez, Óscar Eduardo Castro
Rodríguez, Yan Carlos Chavarro Munévar, Zulma Yolima Díaz Díaz, Orlando
Granados Acevedo, Edwin Arley Jara Vélez, Wilson René Ortiz Quishpe, Nayi Najaiby
Romero Gamboa y Lucy Fernanda Tamayo Fierro y, se decretó como medida
cautelar, la suspensión provisional del Acta N°. 06 de 7 de enero de 2024 respecto
del punto cuarto de la elección de los miembros de las Comisiones Permanentes
vigencia 2024. […]”

49. Puso de presente lo acaecido en la sesión plenaria del Concejo municipal de
Acacías, conforme al acta núm. 55, en la cual los concejales Zulma Yolima Díaz
Díaz, Nayi Najaiby Romero Gamboa, Juan Carlos Basto Morales y Edwin Arley Jara
Vélez trataron lo atinente a la mencionada suspensión provisional de la elección de
las comisiones permanentes, motivados por la necesidad de tramitar el proyecto de
acuerdo del plan de desarrollo del municipio, y acordaron invitar al asesor jurídico
de esa corporación para recibir asesoría al respecto.

50. Dio cuenta que, en la sesión plenaria del Concejo municipal de Acacías, realizada
el 16 de mayo de 2024, se permitió la intervención del asesor jurídico de la
Corporación, quien expuso lo atiente al medio de control de nulidad electoral y a la
viabilidad de designar una comisión accidental para estudiar, en primer debate, el
proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. En esta sesión, añadió, se aprobó la
realización de una consulta al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Villavicencio.

51. Mencionó que, en la sesión plenaria del Concejo municipal de Acacías realizada
el 21 de mayo de 2024, se sometió a votación la proposición del presidente de la

14

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

Corporación, consistente en conferir facultades a la mesa directiva para designar
una comisión accidental para resolver, en primer debate, el proyecto de acuerdo del
plan de desarrollo, la cual no fue aprobada, como consta en el acta núm. 56.

52. Concluyó que si bien estaba probado que los accionados tenían la calidad de
concejales del municipio de Acacías para el período 2024-2027, no ocurría lo mismo
con la existencia de un interés directo, particular y actual de estos que entrara en
colisión con el interés público que representan.

53. Afirmó que, de acuerdo con las actas allegadas al proceso y que corresponden
a la sesiones plenarias del Concejo municipal de Acacías de 15, 16 y 21 de mayo
de 2024, los concejales deliberaron y votaron lo relativo a i) la forma de superar el
impase derivado de la suspensión provisional de la elección de quienes integrarían
las comisiones permanentes para la vigencia 2024, decretada por el Juzgado
Noveno Administrativo de Villavicencio en el expediente de radicación número
50001 33 33 009 2024 00098 00; ii) formular una consulta al despacho judicial de
conocimiento del proceso para tener claridad de cómo actuar ante la medida
cautelar decretada; y iii) la alternativa de designar una comisión accidental para el
estudio, en primer debate, de los proyectos de acuerdo.

54. Aseveró que, si bien las cuestiones debatidas tuvieron origen en la medida
cautelar proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio
en el medio de control precitado, lo cierto era que:

“[…] de dichas disertaciones y decisiones no puede establecerse, de manera clara y
contundente, un conflicto de intereses como lo aduce el actor.

En efecto, en criterio de esta Colegiatura, los concejales demandados actuaron
ejerciendo las funciones que la Constitución y la ley les imponen, entre otros, el
ocasional de buscar alternativas para darle trámite al proyecto de acuerdo del Plan
de Desarrollo del Municipio de Acacías, habida cuenta que, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 25 y 73 de la Ley 136 de 1994, el primer debate de todo proyecto debe
ser adelantado ante una comisión; situación que, para el momento de los hechos,
resultaba imposible por la suspensión provisional de las comisiones permanentes
decretada en el medio de control de nulidad electoral.

Precisa la Sala, que lo evidente en este caso es que se configura en el sub lite la
excepción que consagra el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 que prevé
que no existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en
general, pues, lo que buscaban los demandados en sus variadas deliberaciones era
encontrar una solución jurídica viable para darle trámite al proyecto de acuerdo del
Plan de Desarrollo, el cual afecta a toda la comunidad del Municipio de Acacías
incluidos los concejales, toda vez que es un importante instrumento de planificación
territorial que establece las estrategias, programas y proyectos de inversión para los
diferentes sectores de la sociedad acacireña (sic), lo cual va en armonía con el
cumplimiento de los fines del Estado a cargo, en este caso, del Alcalde y Concejo
Municipal. […]”

55. Aseguró que resultaba irrelevante y, además, sin prueba alguna de esto, la forma
en que los concejales accionados, al deliberar sobre el medio de control de nulidad

15

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

electoral mencionado, pudieran tener injerencia en el resultado de ese proceso
judicial, puesto que es un asunto adelantado por una autoridad judicial autónoma,
de tal forma que las actuaciones que realicen los concejales al interior de la
corporación no afectan las decisiones que adopten los jueces de la República en
los asuntos puestos a su conocimiento.

56. Indicó que no le asistía razón al accionante en sus apreciaciones relativas a que
los accionados debieron declararse impedidos para discutir lo relacionado con el
medio de control de nulidad electoral al que se ha hecho referencia anteriormente,
teniendo en cuenta que lo que buscaban los concejales demandados era una
solución jurídicamente viable al impase originado en la suspensión provisional
decretada sobre la elección los integrantes de las comisiones permanentes del
Concejo municipal de Acacías, lo cual se encuentra dentro de sus funciones.

57. Resaltó que tampoco le asistía razón al accionante al mencionar que la existencia
del medio de control de nulidad electoral les imponía la obligación de declarar su
impedimento para votar lo relativo a la conformación de una comisión accidental
para dar trámite al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo municipal:

“[…] toda vez que, tal como se ha venido advirtiendo, los concejales accionados se
encontraban auscultando soluciones para tramitar el citado proyecto de acuerdo, en
consecuencia, no era necesario que se declararan impedidos, pues dicha decisión en
nada afectaba el curso del proceso judicial o la decisión que en derecho debía tomar
el operador jurídico.

Frente al argumento del actor, en el sentido de que lo debatido y votado en las
sesiones de los días 15, 16 y 21 de mayo de 2024 tenía como fin resolver la
problemática generada por los tres concejales demandantes en la nulidad electoral, y
el resto de concejales vinculados por orden del Juez de conocimiento (sic) en la
demanda electoral, con lo cual se materializaba una conducta dolosa de los
accionados y que por lo tanto es claro, protuberante y de bulto, considera la Sala que
es una intelección equivocada del demandante, pues, de acuerdo con la
jurisprudencia el conflicto de interese (sic) existe cuando hay colisión entre el interés
general con el particular o privado, precisándose, que en el sub júdice (sic), en la
forma como lo argumenta el actor, no se trata de un problema privado de naturaleza
personal o familiar, sino de una refriega de orden político-administrativo dentro de sus
roles como cabildantes, que se originó en un asunto netamente administrativo, propio
de sus funciones, como fue el elegir las comisiones permanentes para la vigencia
2024 que, amén de, eventualmente, haberse cumplido irregularmente, afecta el
interés general, a la corporación edilicia y a sus integrantes en su perfil funcional
institucional y no en el particular o de sus intereses individuales y privados. […]”

58. Apuntó que haber votado la proposición de designar una comisión accidental, la
cual fue negada, no convertía a los concejales en juez y parte de un proceso que
se adelanta, con autonomía e independencia, ante los jueces de República, con lo
cual no es posible señalar que los accionados puedan tener alguna influencia en los
resultados de la controversia judicial o que las deliberaciones y votación que
adelantan los concejales pueda afectar el curso del proceso judicial.

16

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

59. Señaló que el accionante confundía el conflicto entre los concejales derivado de
las elecciones de las comisiones permanentes, con un conflicto de intereses, pues
el conflicto al interior de las corporaciones era propio de estas por las diferencias
que pueden presentarse entre miembros de diferentes corrientes políticas.

I.6. El recurso de apelación24

60. El accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque en su integridad y, en su lugar, se decrete
la pérdida de investidura de los accionados.

61. Indicó que el “[…] conflicto directo […]” de los concejales accionados surgía “[…]
en el mismo momento que deciden apoyar como plenaria la creación de unas
comisiones accidentales […]” para poder sesionar, tramitar, aprobar y expedir
proyectos de acuerdo presentados por la administración, actuación que estimó
contraria al reglamento del Concejo municipal de Acacías y a la Ley 136, normas
que permiten crear comisiones accidentales solamente cuando las comisiones
permanentes no existan, creación que “[…] debe ser por conducto exclusivamente
del presidente de la corporación […]”. (Negrilla del texto).

62. Manifestó que el presidente del Concejo municipal de Acacías presentó la
proposición para ser facultado para crear comisiones accidentales, “[…] cuando esto
debió hacerlo de manera directa […]” y aseguró que fue la manera que:

“[…] creyó se podía dejar incurso inicialmente en una vulneración del régimen de
impedimentos y conflicto de interés a los tres concejales del partido conservador, sin
valorar que la decisión ya proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de
Villavicencio Radicado 50001333300920240009800, los había vinculado quedando
en condiciones sub judis (sic) como demandados dentro de la nulidad electoral, lo
cual ya les obligaba a todos a declarar sus impedimentos que nunca hicieron ni
cumplieron […]”.

63. Señaló que no eran correctas ni ciertas las manifestaciones de la defensa en el
sentido de que estaban resolviendo asuntos propios de sus funciones porque “[…]
además de tener cada uno de cada uno de ellos intereses directos (políticos) a los
cuales no se les puede subsumir ni excluir su responsabilidad […]”, incurrieron en
violación del reglamento interno y de la Ley 136 al haber creado “[…] comisiones
accidentales cuando las comisiones permanentes si había sido creadas, solo que
estaba suspendidas precisamente por los vicios directos generados por todos los
demandados en razón a sus intereses directos de perjudicarse entre unos y otros.
[…]”.

64. Aseguró que, al estar creadas las comisiones permanentes “[…] pero
suspendidas por un juez de la república (sic) […]”, se debió:

24
Cfr. Índice 57, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.

17

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

“[…] crear nuevas comisiones permanentes provisionales, elecciones provisionales
que debieron haberse surtido en la plenaria, nunca lo hicieron porque para ese
momento era una realidad que el presidente YAN CARLOS CHAVARRO perdería su
poder en la presidencia porque dichas comisiones permanentes provisionales
elegidas en la plenaria le quitaría la posibilidad de elegirlas el mismo y a sus
conveniencia (sic), bien por orden del reglamento que violó, como por la plenaria que
como se vio, lo facultó viciosamente, pues ya no contaba para ese momento con sus
mayorías al quedar por fuera del concejo por orden del Consejo de Estado por Pérdida
de Investidura el señor ex concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO (…) hecho
relevante que inclinó las mayorías a favor de la administración con la salida de
Granados y la expectativa de la llegada del nuevo concejal, quien aun sin
posesionarse, de los que quedaban, constituían ya una mayoría sin el actual
presidente, ese es el punto neurálgico que permite señalar como el interés directo en
estas decisiones si le obligaban a los concejales (…) declararse impedidos por estar
vinculados como parte demandad (sic) dentro del proceso de nulidad electoral
Radicado 50001333300920240009800 […]” (negrilla del texto).

65. Subrayó que era prueba del “[…] conflicto directo y el deber legal de habersen
(sic) tenido que declarar impedidos los concejales (…) para facultar (ilícitamente) al
presidente a crear una comisión accidental, existiendo ya unas comisiones
permanente, solo que suspendidas, cuando debió haberse creado unas comisiones
permanentes por el mismo presidente […]”, la providencia de 2 de septiembre de
2024, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Villavicencio, en
el proceso identificado con el número de radicación 50001 33 33 009 2024 00098
00.

66. Recalcó que el “[…] conflicto directo de los concejales […]” estaría probado
suficientemente en el “[…] trámite surtido con la proposición accidental (que al
hacerse y tener que resolverse, tenía que votarse, pero debía declarar
impedimentos, NO lo hicieron) […]” para facultar al presidente, pese a que esto
desconocía el reglamento interno y la Ley 136 “[…] que solo permiten crear comisión
accidentales cuando las permanentes NO hayan sido creadas. […]”.

67. Adujo que en la elección de las mencionadas comisiones, acaecida en enero de
2024, “[…] hoy anuladas por el juez contencioso […]”, como en la decisión de “[…]
facultar viciosamente al presidente para crear comisiones accidentales y no
provisionales permanentes […]”, los concejales acusados solo actuaron bajo la
convicción de “[…] defender sus intereses directos, personales y políticos, para
atacar los derechos personales, directos y políticos de los tres concejales del partido
conservador, quienes finalmente por dichas causas y razones de orden legal
demandaron dicha elección de las comisiones, demanda que el juez les da la razón
concediendo las pretensiones y anulándolas definitivamente. […]”.

68. Manifestó que el presidente del Concejo municipal de Acacías, en nombre propio
y en representación de los concejales demandados, a través de su apoderada,
presentó recurso de apelación:

“[…] contra la sentencia que decretó la nulidad de las comisiones permanentes. Este
hecho constituye una prueba más del conflicto de interés de los concejales aquí
demandados, actuaciones y conductas que se contraponen con el interés personal

18

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

de los otros tres concejales, es decir que en general hay es una disputa por
defenderse por parte de unos (3) y de otros (8) sus intereses director (sic) para que
se anulen dichas comisiones y de otra parte para que no, esto porque sus conductas
de unos y otros, superaron el interés general para enfocarse en sus intereses directos
y personales en obtener la derrota de unos sobre otros, o la victoria d (sic) unos contra
otros […]”

69. Destacó que la concejal Zulma Díaz Díaz, a través de apoderado, fue la única
que “[…] presentó oposición a la demanda de nulidad electoral […]” identificada con
el número de radicación 50001 33 33 009 2024 0098 00 y que los restantes
concejales se limitaron a la defensa realizada por el presidente del Concejo
municipal de Acacías.

70. Estimó que no le asistía razón a la primera instancia de negar la solicitud de
pérdida de investidura con el argumento consistente en que la participación de los
acusados en la deliberación y votación de la proposición para designar una comisión
accidental se produjo en cumplimiento de sus funciones y buscando el interés
general, puesto que desconoce que aquellos concejales estaban vinculados a un
proceso judicial de nulidad electoral, lo cual les imponía la obligación de declararse
impedidos y no lo hicieron.

71. Insistió en que los concejales acusados comprometieron su imparcialidad al
participar y votar “[…] en la proposición para la creación de una comisión accidental,
que además de ser ilegal y estar viciada, era partes demandante y demandados
en un proceso de nulidad electoral 50001333300920240009800 […]” en el cual se
decretó la nulidad de “[…] las Comisiones Accidentales […]” y se ordenó realizar
nuevamente la elección respetando la ley de bancadas (negrilla del texto).

72. Refirióque erró la primera instancia al encuadrar la participación de los
concejales acusados “[…] en la deliberación y votación para designar ilícitamente
unas comisiones accidentales, violando la Ley 136 de 1994 y el mismo Reglamento
Interno -Acuerdo 427 de 2016 (sic) […]”, como una conducta de interés general en
cumplimiento de sus funciones, “[…] cuando ello es falso […]”.

73. Puso de presente que, contrario a lo considerado por la primera instancia, con
las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Villavicencio que decretó “[…] la suspensión y nulidad de la elección de
las comisiones permanentes […]”, se dejó en evidencia que los concejales acusados
fueron derrotados por los tres (3) concejales que promovieron el medio de control
de nulidad electoral:

“[…] por la clara, evidente y puntual violación a sus derechos fundamentales de
participación en política y asaltaron los principios democráticos de elegir y ser
elegidos, pues lo pretendido por estos concejales demandados con la elección de las
comisiones permanentes hoy anuladas; fue materializar (sic) de hecho su interés
directo particular y concreto, de excluir a los tres concejales conservadores, casi que
una conducta de desaparición política en la toma de decisiones de manera equitativa
en la corporación.

19

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

El tribunal Administrativo (sic) pasa de largo en este análisis riguroso que no hizo,
dejó de analizar la conducta subjetiva de cada concejal en su participación, sin lograr
resolver ni dejar probado dónde es que radica el interés general de los concejales
aquí demandados, como tampoco del comportamiento y la conducta violatoria de
crear comisiones accidentales si estaba elegidas las permanentes (sic), en qué se
benefició a la comunidad con dichas conductas de los concejales (…) cuando lo que
propiciaron fue una mayor ilegalidad desde la elección misma y luego con la facultad
ilegal al presidente para crear comisiones por fuera del marco legal, además de las
demandas de nulidad. El tribunal no prueba ese interés general.

Los concejales demandados (…) provocaron la causa y dieron lugar al efecto, para
que los tres concejales afectados por la violación a sus derechos, impetraran la
demanda de nulidad y posterior suspensión de las comisiones, por lo que les asistía
un interés directo del asunto, por cuanto conocían del mismo con anterioridad, y así
participaron los días 15, 16 y 21 de mayo en las sesiones plenarias en la
deliberación, discusión y votación de la problemática para la búsqueda de una
solución al problema creado por estos mismos en verbi gracia (sic) a su despliegue
de conductas ilícitas, requiriendo poderle dar trámite al proyecto de acuerdo 729 de
2024, ACTUARON COMO JUEZ Y PARTE DE SU MISMA CAUSA. […]” (negrilla del
texto).

I.7. Trámite del recurso de apelación

74. Mediante auto de 1.° de noviembre de 202425, se concedió el recurso de
apelación interpuesto por el accionante en contra de la sentencia de 26 de
septiembre de 2024.

75. En auto de 21 de abril de 202526, se resolvió i) admitir el recurso de apelación; ii)
negar el decreto de las pruebas aportadas con el recurso de apelación; y, (iii) correr
traslado del auto admisorio del recurso de apelación a la parte accionada y al agente
del Ministerio Público por el término de tres (3) días.

76. Durante el término del traslado concedido, el agente del Ministerio Público
intervino, a través del concepto núm. 180-2527, concluyó que de las pruebas
allegadas y practicadas y conforme a los argumentos expuestos no se configuraba
la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la
Ley 136, relativa a la violación del régimen de conflicto de intereses, por lo cual
solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

77. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejales demandados; iii)
el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura invocada; y v) los cargos
formulados por el apelante contra la sentencia de primera instancia.

25
Cfr. Índice 59, SAMAI. Expediente 50001 23 33 000 2024 00211 00.
26
Cfr. Índice 7, SAMAI.
27
Cfr. Índice 13, SAMAI.

20

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

II.1. La competencia

78. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201928, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15029 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

79. La condición de los accionados, señores Yan Carlos Chavarro Munévar, Edwin
Arley Jara Vélez, Oscar Eduardo Castro Rodríguez, Jhonny Andrés Basto
Hernández, Nayi Najaiby Romero Gamboa, Lucy Fernanda Tamayo Fierro,
Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Zulma Yolima Díaz Díaz, como concejales del
municipio de Acacías (Meta) se encuentra probada por la copia del acta del
escrutinio municipal correspondiente a la elección de los integrantes del Concejo
municipal de Acacías (Meta), realizada el 29 de octubre de 2023, para el período
2024-202730.

80. Igualmente se aportó copia del Acta núm. 01 31 que da cuenta de la sesión del
Concejo municipal de Acacías realizada el 2 de enero de 2024, en la cual tomaron
posesión los concejales electos de ese municipio, entre los que se encontraban, los
accionados (sexto punto del orden del día).

81. Se precisa que la condición de los accionados como concejales del municipio de
Acacías, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación.

II.3. El problema jurídico

82. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201232 , aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el
artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo
el recurso de apelación formulado por el accionante, se contrae a determinar si,
como lo estableció la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, la conducta
que se le atribuyó a los accionados no constituye violación del régimen de conflicto
de intereses, causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo

28
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
29
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
30
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
31
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
32
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”

21

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

55 de la Ley 136, o si, por el contrario, se debe despojar a los accionados de su
investidura de concejales del municipio de Acacías (Meta), por haber incurrido en
dicha causal.

83. Lo anterior, en la medida en que, conforme la impugnación del accionante, los
concejales acusados violaron el régimen de conflicto de intereses al discutir y votar
una proposición dirigida a que se concedieran facultades a la mesa directiva del
Concejo municipal para designar una comisión accidental para tramitar, en primer
debate, el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo del municipio, pese a que
fungían como parte demandada en el medio de control de nulidad electoral
identificado con el número de radicación núm. 50001 33 33 009 2024 00098 00, en
el cual se demandó, por parte de los concejales Juan Carlos Basto Morales, Alirio
Rojas Delgadillo y Genaro Gutiérrez Garavito, la nulidad del acta núm. 06, que dio
cuenta de la elección de los miembros de las comisiones permanentes de esa
corporación para la vigencia 2024, proceso judicial en el cual se decretó la
suspensión provisional de tal elección.

II.4. La causal de pérdida de investidura invocada

84. El accionante le atribuyó a los concejales del municipio de Acacías, señores Yan
Carlos Chavarro Munévar, Edwin Arley Jara Vélez, Oscar Eduardo Castro
Rodríguez, Jhonny Andrés Basto Hernández, Nayi Najaiby Romero Gamboa, Lucy
Fernanda Tamayo Fierro, Jhonatan Alirio Basto Bohórquez y Zulma Yolima Díaz
Díaz, la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 2. del artículo 55
de la Ley 136, en concordancia con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 de 6
de octubre de 200033, consistente en la violación del régimen de conflicto de
intereses, así:

“[…] ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los
concejales perderán su investidura por:

(…)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]” (negrilla del texto)

“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES
MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]” (negrilla del texto)

33
“[…] "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional". […]”

22

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

85. El artículo 70 de la Ley 136, respecto del conflicto de intereses estableció:

“[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho
registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento
de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella. […]” (negrilla del texto).

86. Esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales
previstos en los artículos 1°. y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5°.
del Acto Legislativo 1 de 14 de julio de 200934, preceptos que establecen que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés
general, y señalan que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

87. De esa forma, con esta causal de pérdida de investidura se castiga la posibilidad
de que quienes resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones
públicas pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios,
ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo
precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.

88. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el
asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios.

89. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben
guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento
para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida
de investidura.

90. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se ha pronunciado en diversas
ocasiones frente al alcance y contenido de la causal de pérdida de investidura
mencionada, las cuales, si bien se han realizado con ocasión de las controversias
asociadas a los congresistas, orientan el entendimiento, configuración y aplicación
de la figura a los miembros de corporaciones públicas del orden territorial.

34
“[…] Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. […]”.

23

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

91. Así, en sentencia de 28 enero de 202035, indicó:

“[…] A partir de las normas previamente mencionadas (C. Polt. Arts. 183 –numeral 1-
, 182 y 185, y Leyes 5 de 1992 –art. 286 a 296- y 1881 de 2018 –art. 18-), la
jurisprudencia reiterada de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado36 –en sede de pérdida de investidura de congresistas- ha señalado los
requisitos concurrentes que necesariamente deben estar acreditados para la
estructuración de la causal de violación del régimen de conflicto de intereses, así:

“(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto
por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el
debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme
al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República”.37

En cuanto al segundo de los mencionados elementos de la causal de pérdida de
investidura en comento, esto es “(ii) La concurrencia de un interés directo, particular
y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano”, la
jurisprudencia de esta corporación ha señalado que se estructura cuando se observa:
a) la existencia de un interés particular –de cualquier orden, incluso moral- del
congresista en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso;
b) que efectivamente participe en la deliberación o decisión de ese tema en
específico; c) que ese interés sea directo, no eventual o hipotético; d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino particular.

Así las cosas, es válido concluir que, la causal de pérdida de investidura de violación
del régimen de conflicto de intereses se presenta cuando el congresista tiene interés
directo en el asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le afecta en forma
personal, a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o, a sus
socios, y plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general que
debe guiar el ejercicio de sus funciones, lo que obliga a que aquel deba manifestar su
impedimento para efectos de que este sea resuelto so pena de incurrir en la causal
de pérdida de investidura; en ese orden el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, será el juez el que decida, en el caso concreto,
si existe fundamento suficiente para la desinvestidura solicitada. […]” (negrilla y
subrayado del texto)

35
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia de 28 de enero de 2020. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2019 02135 01.
36
Consejo de Estado, Sentencia del 17 de octubre de 2000, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, No. Rad. AC- 11116,
C.P. Mario Alario Méndez; Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Sección Primera, Rad. No. 2012-01771-01, C.P. María
Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 2 de junio de 2016, Sección Primera, Rad No. 2015-00177, C.P. María Claudia Rojas
Lasso; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2015-01333, C.P.
Ramiro Pazos Guerrero; Sentencia del 1 de febrero de 2018, Sección Primera, No. Rad. 2019-02830, C.P. Oswaldo Giraldo
López; Sentencia del 5 de septiembre de 2018, Sala de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2018-00320, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia del 18 de febrero de 2019, Sala Especia] de Decisión No. 12, Rad No. 2018-03779,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
37
Ver entre otras: 1). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Expediente
11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 6. Magistrado Ponente: Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 16 de julio 2019. Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación: 11001-03-15-000-2019-02830-
00. Demandante: Andrés Zalamea. Demandado: Álvaro Uribe Vélez.

24

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

92. Esta Sección38 ha señalado que, para la configuración objetiva de esta causal se
requiere de la presencia de los siguientes elementos:

“[…] 55. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses39 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que,
movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin
declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus
funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la
función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios
de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]”.

56. Esta Sección40 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta “[…]
solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto objeto
de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones […]”; y
agregó que “[…] la Sala Plena41 ha sido enfática en sostener que si el interés se
confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en
igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en
interés de la colectividad y no en el suyo propio […]” (Destacado fuera de texto).

57. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de un
asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.

58. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en la
medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.

59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre
la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del
asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”

38
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01.
39
Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de abril de 2019, C.P.
Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00(PI); y
Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-
00(IJ).
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de marzo de 2007,
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15- 000-2006-00003-01.
41
Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto de 27 de
mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.

25

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

II.5. Los cargos formulados por el apelante en contra de la sentencia de
primera instancia

93. La sentencia de primera instancia manifestó que el problema jurídico que
resolvería consistía en determinar si los concejales accionados del municipio de
Acacías, período 2024-2027, incurrieron en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, esto es, si violaron el régimen
de conflicto de intereses por no declararse impedidos en los debates y votaciones
efectuadas en las sesiones plenarias del Concejo municipal realizadas los días 15,
16 y 21 de mayo de 2024.

94. Indicó que estaba acreditado que en la sesión plenaria del Concejo municipal
realizada el 7 de enero de 2024, se eligieron a los miembros de las comisiones
permanentes de la corporación para la vigencia 2024 y que concejales del municipio
acudieron al medio de control de nulidad electoral para cuestionar dicha elección, la
cual se tramita en el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio,
número de radicación núm. 50001 33 33 009 2024 00098 00, en la que se profirió,
para la fecha del fallo de primera instancia, auto de 8 de mayo de 2024 en la cual
se suspendió provisionalmente esa elección.

95. Encontró probado que, en las sesiones plenarias de 15, 16 y 21 de mayo de
2024, i) se trató lo concerniente a la suspensión provisional de la elección de los
miembros de las comisiones permanentes del Concejo municipal de Acacías,
decisión proferida en la providencia judicial mencionada, en atención a que se
requería dar trámite al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo del municipio; ii)
se permitió la intervención del asesor jurídico de la corporación para ilustrar lo
correspondiente al medio de control de nulidad electoral y la viabilidad de designar
una comisión accidental para estudiar, en primer debate, el citado proyecto de
acuerdo; iii) se aprobó realizar una consulta a la autoridad judicial que tramitaba el
medio de control de nulidad electoral; y, iv) se sometió a votación la proposición del
presidente de la corporación consistente en facultar a la mesa directiva para
designar una comisión accidental para tramitar, en primer debate, el proyecto de
acuerdo del plan de desarrollo, la cual no fue aprobada.

96. Estimó que no estaba acreditado el interés directo, particular y actual de los
concejales del municipio de Acacías puesto que, si bien las cuestiones debatidas
tuvieron origen en la medida cautelar proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, en el medio de control de nulidad
electoral antes señalado, estos actuaron ejerciendo las funciones que la Carta
Política y la ley les impone, tratando de buscar alternativas para dar trámite al
proyecto de acuerdo del plan de desarrollo, teniendo en cuenta que, conforme a los
artículos 25 y 73 de la Ley 136, el primer debate de los proyectos de acuerdo debe
ser adelantado ante una comisión, situación que resultaba imposible, ante la
decisión judicial aludida.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

97. Consideró que se configuraba la excepción contenida en el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617 según la cual no existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal en condiciones a las de la ciudadanía en
general, pues lo que buscaban los accionados era encontrar una solución jurídica
viable para dar trámite al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo, el cual afecta
a toda la comunidad del municipio de Acacías, incluido a los concejales.

98. Indicó que las deliberaciones de los concejales en torno al medio de control de
nulidad electoral no tienen efecto alguno en el resultado del proceso judicial al ser
adelantado por una autoridad judicial autónoma e insistió en que no le asistía razón
al accionante al considerar que los concejales accionados debían declararse
impedidos para votar lo relativo a la conformación de una comisión accidental para
dar trámite al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo municipal puesto que,
reiteró, la decisión no afectaba ni influía en el curso del medio de control de nulidad
electoral.

99. Resaltó que el accionante confundió el conflicto entre los concejales derivado de
las elecciones de las comisiones permanentes, con un conflicto de intereses, pues
el conflicto al interior de las corporaciones era propio de estas por las diferencias
que pueden presentarse entre miembros de diferentes corrientes políticas.

100. Elaccionante, en su recurso de apelación, consideró que el conflicto de
intereses de los concejales acusados surgió en el momento en que éstos decidieron
apoyar, sin presentar impedimento, la creación de comisiones accidentales para
poder sesionar, tramitar, aprobar y expedir proyectos de acuerdo presentados por
la administración municipal, lo cual era contrario al reglamento interno y a la Ley
136, normas que permiten crear ese tipo de comisiones cuando las comisiones
permanentes no hayan sido creadas, lo cual no ocurría en este caso, de tal forma
que lo que ha debido hacerse, en su concepto, era crear nuevas comisiones
permanentes provisionales.

101. Anotó que los concejales acusados, en la elección de las comisiones
permanentes del Concejo municipal de Acacías como al apoyar la proposición de
facultar al presidente de la corporación para crear comisiones accidentales y no
comisiones provisionales permanentes, actuaron en defensa de sus intereses
directos, personales y políticos, para atacar a los tres (3) concejales del Partido
Conservador que acudieron al medio de control de nulidad electoral para cuestionar
la elección de las comisiones permanentes, medio de control que culminó con la
anulación de tal elección.

102. Puso de presente que los accionados, al participar en la deliberación y votación
de la proposición para crear comisiones accidentales, no buscaban cumplir sus
funciones ni el interés general, puesto que aquello desconocía que se encontraban
vinculados, como demandados, al medio de control de nulidad electoral que cursa
en el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, identificado con

27

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

el número de radicación 50001 33 33 009 2024 00098 00, lo cual los obligaba a
presentar el respectivo impedimento, pero esto no ocurrió.

103. Aseveró que constituía prueba del conflicto de intereses en que se encontraban
los accionados, el hecho de que estos presentaron recurso de apelación en contra
de la sentencia que decretó la nulidad de la elección de los integrantes de las
comisiones permanentes y puso de presente que existía una disputa entre los
concejales que pretenden la anulación de la elección de tales comisiones y los
concejales que pretenden que se mantenga, de tal forma que unos y otros
superaron el interés general y se enfocaron en sus intereses personales.

104. Estimó que a los concejales accionados les asistía un interés directo por cuanto
conocían del trámite del medio de control de nulidad electoral precitado y, aún así,
participaron en las sesiones de los días 15, 16 y 21 de mayo de 2024, en las cuales
se buscaba llegar a una solución al problema creado por ellos mismos y dar trámite
al proyecto de acuerdo núm. 729 de 2024, con lo cual actuaron como juez y parte.

105. Para el estudio de la controversia objeto del recurso de apelación, se encuentran
en el expediente las siguientes pruebas:

105.1. Copia del acta núm. 0642 que da cuenta de lo acaecido en la sesión del Concejo
municipal de Acacías de 7 de enero de 2024.

105.2. En dicha acta consta que en el orden del día se encontraba “[…] 4. ELECCIÓN
DE LAS COMISIONES PERMANENTES VIGENCIA 2024 […]” y para el efecto, se
conformaron dos planchas, postuladas por los concejales Edwin Arley Jara Vélez y
Alirio Rojas Delgadillo, y “[…] los resultados de las votaciones fueron ocho (08) votos
para la plancha No. 01 y siete (07) votos para la plancha No. 02, entonces ha sido
aprobada las comisiones propuestas de la plancha número uno […]”.

105.3. La plancha núm. 1, estaba integrada de la siguiente manera:

(i) Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Bienes: Edwin Arley Jara
Vélez, Orlando Granados Acevedo, Yan Carlos Chavarro Munévar, Oscar
Eduardo Castro Rodríguez y Zulma Yolima Díaz Díaz.

(ii) Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública: Jhonny Andrés
Basto Hernández, Nayi Najaiby Romero Gamboa, Jhonatan Alirio Basto
Bohórquez, Lucy Fernanda Tamayo Fierro y Juan Pablo Agudelo Díaz.

(iii) Comisión Tercera Administrativa y de Gobierno: Juan Carlos Basto
Morales, Wilson Rene Ortiz Quishpe, Alirio Rojas Delgadillo, Genaro
Gutiérrez Garavito y Jhon Alexander Casallas Velásquez.

42
Cfr. Índices 2 y 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

105.4. Se aportó copia de la demanda presentada por los señores Juan Carlos Basto
Morales, Alirio Rojas Delgadillo y Genaro Gutiérrez, en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral43, en el cual se formularon como pretensiones, las siguientes:

“[…] 1. Se decrete la nulidad del acta No. 06 del 07 de enero de 2024, mediante la
cual se decidió sobre la elección de las comisiones permanentes para la vigencia
2024 del Concejo Municipal de Acacías.

2. Como consecuencia de lo anterior se proceda a ordenar, se realice una nueva
elección de las comisiones permanentes del Concejo municipal de Acacías para la
vigencia del 2024, conforme a lo establecido en el artículo 46° numeral 10°, 55°, 63°
y 88° del acuerdo municipal 427 de 2016.

3. Que se realicen las demás declaraciones y condenas a que haya lugar conforme a
la ley. […]” (negrilla y subrayado del texto)

105.5. Los concejales demandantes consideraron que el acto administrativo
demandado había vulnerado los artículos 29, 40 y 258 de la Carta Política; 137, 139
y 275 (inciso primero) de la Ley 1437; 25 y 31 de la Ley 136; y, 46, 55, 63 y 88 del
reglamento interno del Concejo de Acacías, adoptado por el Acuerdo núm. 427 de
2016.

105.6. En el concepto de violación de las anteriores normas, indicaron que i) la
elección de las comisiones permanentes para la vigencia 2024 fue irregular toda vez
que tres (3) concejales del Partido Conservador Colombiano fueron ubicados en la
comisión tercera administrativa y de gobierno, con lo cual se desconoció el
reglamento interno de la Corporación al no garantizarse una participación equitativa
en cada una de las comisiones permanentes; ii) la elección se realizó de forma
nominal cuando el reglamento interno de la corporación indica que la votación debe
ser secreta; y iii) no se citó al Concejo municipal con la antelación que indica el
reglamento interno de la Corporación.

105.7. Copia de la providencia de 8 de mayo de 202444, proferida por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, en el medio de control de
nulidad electoral identificado con el número de radicación 50001 33 33 009 2024
00098 00, en la cual se decidió:

“[…] PRIMERO. Admitir el medio de control de nulidad electoral promovido por los
señores Juan Carlos Bastos Morales, Alirio Rojas Delgadillo y Genaro Gutiérrez
Garavito, en contra del municipio de Acacías – Concejo municipal; por consiguiente,
tramítese por el procedimiento previsto en los artículos 275 y ss. del CPACA y demás
normas concordantes.

SEGUNDO. Vincular al presente asunto, a los concejales del municipio de Acacías
señores Juan Pablo Agudelo Díaz, Jhonatán Alirio Basto Bohórquez, Jhonny Andrés
Basto Hernández, John Alexander Casallas Velásquez, Óscar Eduardo Castro
Rodríguez, Yan Carlos Chavarro Munévar, Zulma Yolima Díaz Díaz, Orlando

43
Cfr. Índices 2 y 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
44
Cfr. Índices 2 y 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.

29

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

Granados Acevedo, Edwin Arley Jara Vélez, Wilson Rene Ortiz Quishpe, Nayi Najaiby
Romero Gamboa y Lucy Fernanda Tamayo Fierro45.

TERCERO. Decretar la medida cautelar de suspensión provisional del Acta N°. 06 de
7 de enero de 2024, sólo respecto del punto cuarto, de la elección de los miembros
de las comisiones permanentes vigencia 2024 del Concejo Municipal de Acacías,
solicitada por la parte demandante, de conformidad con lo aquí expuesto. […]”
(negrilla del texto)

105.8. Para adoptar su decisión, el mencionado despacho judicial, luego de citar los
artículos 46, 55, 63 y 88 del reglamento del Concejo municipal del Acacías,
consideró que:

“[…] En un primer aspecto, al revisar en conjunto, el contenido de las normas que
fueron señaladas como trasgredidas por los demandantes, los aspectos fácticos en
los cuales se realizó la elección de las comisiones permanentes del Concejo Municipal
de Acacías y las pruebas allegadas al expediente, no pudo evidenciar la citación a
estas, con la antelación de los tres (3) días, establecida en los artículos 63 y 88 del
reglamento interno de la Corporación, lo cual afecta el principio de publicidad.

Como un segundo aspecto, visto el contenido del acta nro. 6 de 7 de enero de la
anualidad y el de los formularios E27 de la Registraduría Nacional del Estado Civil de
los demandantes46, se pudo constatar que son miembros que fueron elegidos con el
aval del Partido Conservador Colombiano, así mismo, que los tres anteriores, se
designaron para integrar la plancha N° 1 para integrar la Comisión Tercera
Administrativa y de Gobierno47. Con lo anterior, se transgredió, lo establecido en el
numeral 10 del artículo 46 del Acuerdo 427 de 2016, en tanto, no se garantiza la
participación y representación de una bancada política en cada una de las comisiones
permanentes tal como lo previó la norma antes mencionada.

En suma, se logró contrastar el desconocimiento de la normativa presente en el
reglamento interno del Concejo Municipal de Acacías, respecto de la situación fáctica
que fue expuesta en la demanda. Adicionalmente, el perjuicio irremediable que hace
procedente la adopción de la medida cautelar48, se establece en cuanto a que, no hay
una representación adecuada de la bancada del Partido Conservador Colombiano en
cada una de las comisiones permanentes, como se estableció en el Reglamento
Interno del Concejo Municipal de Acacías49. Además, porque desde el punto anterior,
se efectuó una integración irregular de las comisiones permanentes del Concejo
Municipal, que irradia la toma de las demás decisiones a cargo de estas.

En consecuencia, se dispone suspender provisionalmente los efectos del acto
demandado, debido a que se corrobora el desconocimiento de las normas previstas
en el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías, en lo que respecta a la
elección de los miembros de las comisiones permanentes. […]”

105.9. El trámite de notificación del auto de 8 de mayo de 2024 50, proferido por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, a los “[…] vinculados
[…]”, señores “[…] JUAN PABLO AGUDELO DIAZ (…) JHONATAN ALIRIO
BASTO BOHORQUEZ (…) JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ (…) JUAN

45
Ver correos electrónicos de los concejales a folio 155 ejusdem.
46
Folios 165, 167 y 170 del documento que contiene la demanda.
47
Folios 101 a 123 ibídem.
48
Ley 1437 de 2011, literal A, numeral 4, artículo 231
49
Reglamento Interno Concejo Municipal de Acacías, Acuerdo 427 de 2016, artículo 46, numeral 10.
50
Cfr. Índice 2 y 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

CARLOS BASTO MORALES (…) JOHN ALEXANDER CASALLAS VELASQUEZ
(…) OSCAR EDUARDO CASTRO RODRÍGUEZ (…) YAN CARLOS CHAVARRO
MUNEVAR (…) ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ (…) ORLANDO GRANADOS
ACEVEDO (…) GENARO GUTIÉRREZ GARAVITO (…) EDWIN ARLEY JARA
VELEZ (…) WILSON RENE ORTIZ QUISHPE (…) NAYI NAJAIBY ROMERO
GAMBOA (…) ALIRIO ROJAS DELGADILLO (…) LUCY FERNANDA TAMAYO
FIERRO […]”. (Negrilla del texto).

105.10. Copia del Acuerdo núm. 427 de 9 de diciembre de 201651, por medio del cual
se adoptó el reglamento interno del Concejo municipal de Acacías y se dictaron
otras disposiciones.

105.11. Copia del acta núm. 5552 que da cuenta de lo acontecido en la sesión plenaria
del Concejo municipal de Acacías de 15 de mayo de 2024, en la cual consta que:

“[…] Hace el uso de la palabra el Concejal ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ (sic) (…)
presidente a mí si me surge una inquietud que quisiera que por favor sumercé
trasladara a la mesa directiva como tal y es con respecto precisamente del tema que
nos ocupa del plan de desarrollo, como es conocimiento de todos tenemos una
medida cautelar donde está la suspensión provisional de las Comisiones
permanentes (sic), bajo ese entendido en esa condición no podremos dar primer
debate al plan de desarrollo, como ustedes ya lo tuvieron que haber tenido en cuenta
o me imagino que a través del concepto jurídico tanto los artículos 53, 54 y 61 de
nuestro reglamento interno dice que no podemos dar primer debate en Comisión
Accidental si ésta se hubiera creado, en efecto las Comisiones son creadas sino que
en este momento por medida cautelar están suspendidas es decir que en la práctica
según nuestro reglamento no podríamos dar este primer debate, bajo ese entendido
si solicito respetuosamente a la mesa directiva señora presidenta para que sumercé
traslade la inquietud, que se oficie al tribunal Administrativo o en su defecto al juzgado
que emitió el auto admisorio de esta nulidad electoral que nos indique cuál es del
debido proceso frente al desarrollo del estudio del plan de desarrollo en el entendido
que este proyecto de acuerdo tiene unos tiempos y que por ley no nos podemos pasar
ese tiempo, en aras de ser muy diligentes a esta Corporación solicito
respetuosamente se le de esta consulta para que todos tengamos la claridad cuál es
el deber ser frente a la situación que actualmente estamos viviendo presidenta,
muchísimas gracias.

La Presidente Concejal NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA manifiesta, claro que si
compañera ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ, nosotros ya habíamos estudiado el tema
con nuestro reglamento interno, creo que el día de hoy les van a trasladar respuesta
a todos, de hoy a mañana.

Hace el uso de la palabra el Concejal JUAN CARLOS BASTO MORALES, presidenta
tranquila, yo creo que lo pide la Concejal ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ estamos en
proposiciones y varios, es darle legalidad a cualquier acto que decidamos
independiente, elevar consulta al ente que genera la suspensión provisional es de lo
más lógico que se tiene que hacer porque es un procedimiento bien raro pero creo
que si es sano elevarle al Juzgado Noveno Administrativo de cómo generaríamos el
impase que tenemos en la parte de Comisiones.

51
Cfr. Índice 2 y 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
52
Cfr. Índice 2 y 34, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

La Presidente Concejal NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA manifiesta, vamos a
elevar consulta y le vamos a dar respuesta.

Hace el uso de la palabra el Concejal ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ, si presidenta
muchísimas gracias, en ese entendido si ya hay una determinación porque entiendo
que la cosa va por ahí porque ya se designó una Comisión Accidental.

La Presidente Concejal NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA manifiesta, no se ha
designado.

Hace el uso de la palabra el Concejal ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ, si en dado caso
que se destine una Comisión Accidental y si no se eleva la consulta al superior jurídico
digamos en este caso, que nos den un concepto frente al que hacer (sic) pero hasta
el tanto se ha estudiado o sea nuestro reglamento no nos permite dar un primer
debate bajo estas circunstancias sin que esto no nos permita en plenaria hacer las
mesas de socialización del plan de desarrollo que eso si lo podemos hacer en
plenaria.

Hace el uso de la palabra el Concejal EDWIN ARLEY JARA VÉLEZ en ese orden de
ideas compañero yo creo que para el día de mañana pedirle el favor al jurídico para
que venga a sesionar con nosotros y organicemos ese tema de lo que se viene
presentando con esa medida.

La Presidente Concejal NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA manifiesta, si hacerle la
invitación y como le digo pues nosotros ayer tocamos el tema creo que de hoy a
mañana les van a llevar respuesta igualmente porque creo que ya también le dio
respuesta el jurídico. […]”

105.12. Copia del acta núm. 5653 que da cuenta de lo acaecido en la sesión plenaria
del Concejo municipal de Acacías de 16 de mayo de 2024, en la cual consta que:

“[…] Hace el uso de la palabra el señor ESTEBAN RODRÍGUEZ VALENCIA, jurídico
del Concejo, muy buenos días honorables Concejales de la mesa efectiva la plenaria
y los periodistas y ciudadanos que nos acompañan en las barras, pues según tengo
entendido la preocupación o las dudas que tienen ustedes como plenaria respecto al
proceso de nulidad electoral que se inició en este mes; bueno pues verificada el
escrito de la demanda (sic) iniciada por los Concejales algunos Concejales de este
recinto (sic) pues se advierte pues primero que es un poco incómodo estar en este
momento acá porque yo soy el que defiende a la corporación cierto defiendo la
corporación de todas las demandas que se susciten en cuanto la jurisdicción
contenciosa administrativa entonces pues es un poco incómodo estar aquí dando mi
postura respecto a la defensa de la misma en el entendido de que son algunos
Corporados que han iniciado esa demanda entonces pues es un poco incómodo; sin
embargo voy a absolver las dudas al respecto, tengo entendido que se suscita
respecto a las elección (sic) de las comisiones permanentes según el reglamento
interno entre los hechos y las pretensiones de la demanda aducen los demandantes
que no se notificó al Concejo 3 días antes para la conformación las comisiones
permanentes (sic) sin embargo yo quiero traer a colación el artículo 26 del reglamento
interno que hace referencia que de conformidad con el artículo 8 del decreto 2796 del
94 el concejo instalará públicamente en el recinto oficial el día 2 de enero
correspondiente a la iniciación de su período legal a las 4 la tarde (sic) y muy
específicamente les dice a los Concejales que se ocupará exclusivamente de la
elección de los funcionarios que les corresponde, la mesa directiva y comisiones
permanentes para los efectos mencionados se reunirá máximo hasta 10 enero (sic)
lo que se entiende que momento de la instalación y posesión (sic) de los Concejales

53
Cfr. Índice 2 y 34, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

pues ustedes están en la obligación de elegir mesa directiva y comisiones, en ese
sentido no procedería la notificación de los 3 días anteriores a la misma, respecto a
la citación también de los funcionarios conforme al artículo 88 mencionan en la
demanda ese artículo 88 dice reglas especiales en materia elección de funcionarios
(sic), acto de elección de funcionarios de competencia el Concejo se citará con 3 días
calendario anticipación conforme la ley, en este sentido yo si quiero hacer una
pequeña aclaración de que los Concejales no son funcionarios públicos son
servidores públicos los funcionarios públicos vendría siendo los personeros y el
contralor municipal, respecto al tema de las bancadas ahí si hay una pequeña
preocupación porque el reglamento interno indica respecto a las bancadas los
Concejales tienen derecho a permanecer a cada Comisión permanente (sic), si en
ese efecto si estaría ya pues esa pretensión o ese hecho de la demanda; en síntesis
por ahora presuntamente comprobada porque hay 3 Concejales del Partido
Conservador que están en una sola bancada que es la tercera Comisión permanente
si no estoy mal, ahora respecto a saneamientos del proceso como tal no en cuanto a
la demanda ni a las pretensiones si advierto que hay una pequeña irregularidad por
parte del juzgado 9°, que esa irregularidad pues yo la manifestaré en la contestación
de la demanda, que pues se me llegó el proceso la semana (sic) entonces procederé
con los términos de ley a contestar la misma demanda y pues hacer la defensa de la
corporación; no sé qué otras dudas tengan honorables Concejales respecto a eso.

Hace el uso de la palabra la Concejal ZULMA YOLIMA DÍAZ, gracias el presidente
frente a este tema básicamente la solicitud que eleve ayer era precisamente más que
como Sumercé como asesor está de acuerdo o no a las postulaciones porque
entiendo yo no puede ser juez y parte (sic), pero voy en el hecho de que actualmente
hay un pronunciamiento del juez dice están suspendía las Comisión (sic) hay una
medida cautelar, mi preocupación radica doctor es que hay un proceso que estamos
llevando no solamente este concejo sino todos los concejos que es el estudio para
aprobar o no el plan de desarrollo y que este tiene unos términos; dentro de la
competencia que tenemos en nuestro reglamento interno artículo 53 artículos 54
artículo 61 dentro de los que pude identificar taxativamente dice que una comisión
accidental puede dar primer debate si sólo si no se hayan conformado las comisiones
permanentes, en nuestro estado con estado que estamos (sic) si hay una
conformación solamente que están suspendidas por una medida cautelar, es decir
que no aplicaría lo que entiendo literalmente ahí no aplicaría una comisión accidental
para llevar primer debate, bajo esa instancia porque habría que esperar el
pronunciamiento definitivo del juzgado cuales es el deber ser (sic), que tendría que la
corporación para poder adelantar la discusión del primer debate si no lo podemos
hacer de esa manera cuál es la medida? yo solicité obviamente que se elevará la
consulta o al tribunal administrativo o ante el juez que emitió la medida para que nos
digan cuales el procedimiento (sic) para no ir a errar, ni tanto la mesa directiva en
delegar una comisión que no corresponda ni para las personas que hagan parte de
esa Comisión y finalmente el resultado final que este proceso está viciado y entremos
toda la plenaria, sino que las acciones que hagamos frente al estudio de plan de
desarrollo cualquiera que sea su resultado finalmente esté dado entre el marco legal
esas mi preocupación (sic) y por eso eleve la solicitud para que se elevaran (sic) estas
consultas antes de tomar una decisión si no tener los argumentos jurídicos para tomar
las decisiones correspondientes gracias.

Hace el uso de la palabra el señor ESTEBAN RODRÍGUEZ VALENCIA, bueno en ese
sentido primero tocará esperar el pronunciamiento del tribunal, respecto a la
suspensión porque la suspensión del numeral 4° del acta pues hace referencia la
selección (sic) de la comisiones permanentes (sic) cuando se entiende que se
suspende el acta es que los efectos jurídicos creado al momento de la conformación
de las comisiones permanentes se suspenden, entonces como tú muy bien lo dijiste
no tiene efectos jurídicos esa elección de las cosas permanentes (sic), a bien
entendería yo como jurídico que se si se debería crear una comisión accidental para

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

adelantar los temas de debate del primer debate a juicio mío; sin embargo pues todos
no la sabemos todas (sic) aun así si considero prudente esperar el pronunciamiento
del tribunal respecto a eso y pues elevar una petición más reiterativa o un pequeño
recurso súplica (sic) o de insistencia al tribunal en vista de la premura y la urgencia
del mismo tema para que dentro del término puedan ustedes como corporación actuar
respecto al plan de desarrollo que se está debatiendo se ultimó (sic) que entiendo yo
que es bastante urgente el tema de los debates.

Hace el uso de la palabra el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO
MUNEVAR, en ese sentido y siendo mi deber no solamente con el presidente la
corporación sino además de eso como abogado y profesional en derecho,
compañeros decirles que además de eso Concejal las consultas que se le eleven ante
diferentes entidades entiéndase la función pública, Consejo Nacional Electoral y las
entidades a las que elevemos cualquier tipo de consultas establecido conforme lo dice
la ley 1437 del año 2011 el CPACA Código contencioso administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no los obliga darle cumplimiento de manera taxativa
tenemos que acogernos nosotros a lo que dice la constitución la ley y el reglamento
interno y tengan plena seguridad que la experiencia me permite decirles hoy que así
ustedes hagan un planteamiento o la corporación haga un planteamiento al juzgado
9° contencioso administrativo la ciudad Villavicencio (sic) pues ellos no son órgano
consultor del concejo y de ninguna manera nos van a decir que hacer tenemos
entonces es que desde la mesa directiva evidentemente y la presidencia y con los
jurídicos de la corporación definir, ya tenemos asignada la ponencia al honorable
Concejal Alirio Rojas que cuando lo considere pertinente y con el fin de llevar a cabo
las mesas de concertación con las diferentes comunidades, agremiaciones,
asociaciones y representantes para el estudio pues de los planteamientos que se
hacen en el plan de desarrollo lo que tiene que ver con la aplicación 1 (sic) del artículo
53 capítulo 1 ° del título 6° del reglamento interno respecto de la suspensión provisión
(sic) esa decisión que tomamos en su momento aunado a ello adicionando lo que dice
el jurídico la corporación (sic) véase como no hubo traslado de la demanda o de las
medidas cautelares a la corporación municipal y solamente hasta la emisión del auto
por medio del cual se admite la demanda y se decreta la medida cautelar esta
corporación conoce de la misma coincidencialmente (sic) cuando les puedo decir que
el término de interposición de las acciones de nulidad electoral corresponde un
término de 30 días a posteriori (sic) llevada la elección cosa que paso en el mes de
enero es decir teníamos a partir del 7 de enero fecha la cual se hizo la elección de las
comisión accidentales (sic) hasta el 7 de febrero para que se interpusiera la acción de
nulidad electoral de esas comisiones accidentales, de decir el juzgado 9° contencioso
administrativo tardó entendiéndose que se radicó como les digo no nuevo traslado de
la demanda para que la corporación presentara pues los sustentos jurídicos fácticos
y jurisprudenciales que correspondieran a la defensa de la corporación, febrero,
marzo abril y mayo (sic) estando ya hoy de 16 de mayo entonces llevamos casi 4
meses del por lo que (sic) tenía máximo el demandante para interponer la acción de
nulidad electoral, cosas que se vendrán a dilucidar jurídicamente hablando dentro del
proceso contencioso administrativo de nulidad electoral; lo que si es cierto es que el
planteamiento de la corporación, de los jurídicos, de la mesa directiva y del presidente
es que no hubo un traslado de la demanda y que estará inmiscuido en esa
contestación y teniendo el término aún la solicitud de nulidad por violación al debido
proceso y al derecho de defensa del Concejo Municipal lo que tal vez traería un auto
de nulidad por la indebida notificación y la falta al derecho de defensa, al debido
proceso y entonces la retractación de la actuación judicial que no quiere decir que la
vayan a cambiar no, que lo que va hacer es que nos corran traslado de la demanda y
corrió todo el traslado de la demanda el pronunciamiento por parte de la corporación
dentro del término establecido en el traslado de la demanda sobre los hechos, las
pretensiones la medida cautelar y el ingreso del expediente de nuevo al despacho del
juez 9° contencioso Administrativo quien entonces tendrá que resolver después
habernos corrió traslado a nosotros de la demanda si vuelve a emitir un auto en

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

similares condiciones al que ya se dio de manera primigenia pero que hoy nos tiene
en una encrucijada jurídica respecto de que debemos hacer al interior de la
corporación, eso con el fin de aclarar o adicionar al planteamiento que hace el jurídico
de la corporación y decirles entonces que estamos aún dentro del término para
pronunciarnos sobre el auto admisorio, el mismo fue notificado a la corporación
secretaria corríjame si no es así el día jueves de la semana pasada, contamos con 2
días para empezar a correr el término de la contestación, si es así entonces el día
viernes y martes fueron esos 2 días, miércoles, jueves y viernes son días para llevar
a cabo la contestación de la misma no quiere decir ello que inmediatamente se vaya
a pronunciar el juez, pues la congestión judicial es ardua, cabe la posible que ni
siquiera se nos pronunció sobre la solicitud de nulidad y eso entonces dejaría con
validez o vigencia el auto que fue promulgado y que fue notificado hasta tanto se
pronuncias el señor juez (sic), dado caso en que ello llegue a ocurrir, previo a que se
ponga consideración de la Comisión bien sea accidental o permanente el estudio de
en primer debate el plan de desarrollo pues nos acogeremos a lo establecen el
reglamento interno.

Hace el uso de la palabra el señor ESTEBAN RODRIGUEZ VALENCIA, aunado a la
intervención y apoyando la teoría y la tesis que dice pues en su sapiencia el presidente
la corporación como abogado, si quiero leerles cortamente el artículo 233 del Código
de Procedimiento Administrativo que repasa lo siguiente: el juez o magistrado ponente
al admitir la demanda en auto separado ordenara correr traslado de la solicitud de la
medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado
entre término de 5 días, caso en el cual no ocurrió en este escenario; ahí se advierte
entonces que hay un vicio en el procedimiento del proceso no hago referencia a la
demanda ni a las pretensiones yo si pues obviamente respetuosamente me quisiera
sentar con el presidente la corporación y con la otra jurídica para que mañana mismo
y ante la premura y la necesidad de seguir con el tema el plan de desarrollo pues se
avizore al juez la nulidad para que se subsane en los próximos días o en la próxima
semana quizás a lo mejor el juez va a retractarse o va a declarar nulo su auto
admisorio donde decreta la suspensión provisional del acta y pues ustedes podrán
continuar con las comisión es permanentes (sic) y el estudio plan de desarrollo y ya
respecto al proceso de nulidad de ese tipo de acta pues ya se desencadenará al
proceso.

Hace el uso de la palabra el Concejal JUAN CARLOS BASTO MORALES, buenos
días para todos, presidente independiente la interpretación en derecho aquí
encontramos 2 partes, y lo que usted dijo desde el comienzo considero que si hay un
impedimento inmenso referente a cómo se está expresando en el proceso, creo que
se está hablando es de la suspensión, no hablemos del proceso de fondo y si lo van
a anular o no lo van a anular hablemos es la suspensión que se genera con la media
(sic) porque esa es la que deja en el limbo las comisiones, si de pronto les van aceptar
o no los argumentos soy respetuoso en derecho interpretó algo y creo que eso lo
iremos a atender durante el proceso a hoy hablemos de la suspensión presidente no
hablemos de ningún tipo más, porque creo que su exposición de motivos me alegra
escucharlo pero creo que cuando interponemos la demanda es porque consideramos
que hay unas faltas que van en contra del reglamento interno presidente, entonces
aquí la preocupación de la Concejal ZULMA YOLINA DIAZ (sic) y la mía es los vacíos
que se generen por la buena o mala interpretación como se ha hecho en diferentes
procesos como se hizo en lo de la personera como se está haciendo la elección del
Concejal JASSON GREGORIO RINCON TORO y le soy respetuoso un documento
inexistente que estuve en la Registraduría ya pedí la trazabilidad y a usted le
explicaron que ese documento y demoramos creo que fue como 15 días o 10 días la
posesión del Concejal JASSON GREGORIO RINCON TORO, entonces es ponerle
juicio a la interpretación en derecho, es ver cómo opera esa suspensión,
indiscutiblemente podemos viciar un acto como es el plan de desarrollo pero hay 2
opciones o se toma decisión considero que eso lo va a hacer usted en base a la parte

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

legal que lo apoya pero hoy si creo que queda en el aire la suspensión que se generó
y que se pronuncie o no la juez la interpretación puede ser de partes y usted puede
interpretar el derecho como usted bien lo considere presidente.

Hace el uso de la palabra la Concejal ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ, gracias presidente
y bueno en parte en algunos aspectos si coincido o me genera más inquietud todavía
es que si se va a tomar una decisión desde la perspectiva de que se analice procese
(sic) y que de pronto hayan vicios dentro el proceso, creo que no es nuestra
competencia sino que ya será del otro lado quien determine si hubo o no vicios dentro
del proceso pero lo que actualmente si nos convoca es que estamos suspendidos y
que necesitamos conocer en la legalidad de los procesos que tenemos que hacer,
entonces más allá que si se cometió alguna irregularidad pues será el competente en
este caso será el juez o la jueza que determine si hubo o no causal finalmente
necesitamos es que se pronunció un fallo y que se nos indique el que hacer porque
si es importante presidente quizás yo haya entendido mal le pude percibir que más
allá de que una entidad se pronuncie es decisión del Concejo si lo adopta o no porque
hay un fallo de una instancia, entonces considero que con el respeto de las entidades
de control si hay un pronunciamiento pues si tenemos que acatarlo si está entre un
marco obviamente que pronunciamiento (sic) se haya hecho y en este caso un juez
emitió un concepto o emitió un auto admisorio donde hay una medida cautelar y hasta
el momento eso está vigente más allá si fue correcta o no y bajo ese parámetro si es
importante o sea necesitamos actuar bajo la presunción de legalidad y que todo se
haya bien por el beneficio de toda la corporación, entonces considero que si necesario
(sic) así no nos contesten en el tiempo que necesitamos pero que si se eleve la
consulta porque eso será una herramienta para nosotros más adelante si nos llegan
a llamar, entonces si considero necesario el doctor y mesa directiva que sepa elevar
la consulta de cual es el debido proceso en este caso, si no nos contesta ni siquiera
entre el mes de mayo, pero que haya una acción por parte del Concejo municipal que
se hace frente estos aspectos; incluso he estado revisando y no he encontrado nada
a nivel país ningún pronunciamiento, ninguna sentencia, no lo encontrado entonces
seguramente pues será también motivo más adelante que las entidades se
pronuncien y que nos digan que se pueda hacer al respecto para futuros años o
concejos que se presente una situación de esas que se hace, entonces si considero
necesario que se eleve la consulta no se pierde nada con elevar la consulta más allá
que nos respondan o no o en el tiempo indicado.

Hace el uso de la palabra el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO
MUNEVAR, totalmente acuerdo con la planteamiento Concejal (sic), entonces en ese
sentido entiendo hace una proposición a la plenaria para que se eleve una consulta
ante el juzgado 9° contencioso administrativo de la ciudad de Villavicencio que fue
quien emitió el auto admisorio por medio del cual se decretó la medida cautelar que
básicamente suspende lo que tiene que ver con la elección de las comisiones
permanentes del concejo Municipal.

Hace el uso de la palabra la Concejal ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ presidente pues
no lo había contemplado como una proposición de la plenaria si no dentro mismo
ejercicio que tiene que dar respuesta la mesa directiva al proceso.

Hace el uso de la palabra el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO
MUNEVAR, es que una cosa seria lo que tiene que ver con la representación judicial
del concejo que la contestación a la demanda que tendrá que hacer el doctor, pero
estamos solicitando elevar una consulta y pues la consulta no va de la mano con la
contestación o la representación jurídica que haga el abogado del de la corporación
ante el juzgado 9° Contencioso Administrativo, entones abro la discusión para la
aprobación de lo que tiene que ver con la proposición presentada por la Concejal
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ, sigue abierta la discusión estamos en discusión de la
proposición.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

Hace el uso de la palabra el Concejal JUAN CARLOS BASTO MORALES, presidente
nosotros somos los demandantes y usted quiere que votemos un asunto que tiene
que quedar al interior de la demanda, yo creo que eso ya viene a hacer diligencia del
abogado elevar consultas, usted como presidente creo que si estamos errados lo que
pide la Concejal ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ.

Hace el uso de la palabra el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO
MUNEVAR, Concejal si quiere hacer alguna manifestación de declaratoria de
inhabilidad que está violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades esta
en todo su derecho, pero tratemos de darle agilidad esta sesión no todo es entrar en
conflicto compañero por favor.

Hace el uso de la palabra Concejal ALIRIO ROJAS DELGADILLO, presidente con
todo respeto por tantas cosas que han pasado no estoy seguro si se crearía
inhabilidad no tengo la claridad completa entonces la verdad prefiero retirarme y me
ausento en medio de la votación ya que soy demandante.

Hace el uso de la palabra el Concejal JUAN CARLOS BASTO MORALES, presidente
es que usted es el que le tiene que llevar y es claro que cuando el abogado nos
interpreta que hay un conflicto de interés está probado desde el comienzo porque
estamos integrando el concejo y nosotros demandamos; presidente ahí no hay
aplicación es del ilógico (sic), me retiro.

Hace el uso de la palabra el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO
MUNEVAR, si así fuere entonces solamente con la conformación del quórum
compañeros ya habrían incurrido en una falta no obstante lo anterior démosle trámite
diligente a la proposición presentada por la Concejal sigue abierta la discusión aviso
que se va a cerrar queda cerrada, ¿se abre la votación aviso que se va a cerrar queda
cerrada lo aprueban?

Hace el uso de la palabra la secretaria general ERIKA ALEXANDRA MOSQUERA
PEÑA, aprobada la proposición presidente.

Hace el uso de la palabra el presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO
MUNEVAR, secretaria por favor de la secretaria general y conforme planteamiento de
la Concejal hagamos una solicitud de consulta al juzgado 9° contencioso
administrativo de la ciudad de Villavicencio con el fin de que oriente o absuelva lo que
tiene que ver con el trámite a llevar a cabo por parte de la corporación municipal de
acacias en el estudio cualquiera que sea el proyecto de acuerdo en comisiones
permanentes toda vez que, mediante providencia de fecha de la notificación se
ordenó la suspensión como medida cautelar de esa elección y en el entendido
además dejar claridad ello secretaria favor de que en la primera y la segunda instancia
básicamente nos podemos comer 2 años y entonces se acabó el periodo para el cual
fueron elegidas las comisiones y que vamos hacer, pese a ello demás compañeros y
terminando y con la solicitud al Juzgado Contencioso Administrativo decirles que está
reglado dentro del reglamente (sic) todo lo que tiene que ver con la situación que se
nos está presentando pues será la mesa directiva y el presidente la corporación quien
pues tome la decisión cuando corresponda al estudio en Comisión del plan de
desarrollo que lo que nos acoge en estos momentos.

Hace el uso de la palabra el señor ESTEBAN RODRIGUEZ VALENCIA, presidente
pues me inquieta bastante y me genera intranquilidad el tema de la resolución de las
comisiones en ese entendido bien lo dijo la Concejal ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ,
pues que el reglamente interno (sic) no da una solución específica frente a este caso
porque es un caso muy complejo y en vista de eso pues uno como profesional en
derecho lo sabe bien el presidente pues uno tiene que empezar a indagar y a

37

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

investigar y a buscar casos similares o análogos para ver cómo se resuelve o se
desata el asunto, en ese sentido y me preocupa bastante a razón de lo mismo yo
mañana en las horas de la mañana a través de la Secretaría les voy a emitir un
concepto de cómo sería el paso a seguir o cuál sería la vía más más favorable para
desatar el tema de la controversia con las comisiones permanentes y que ustedes
como corporación puedan adelantar el trámite del plan de desarrollo y los demás
asuntos que ustedes bien les compete. […]”

105.13. Copia del escrito de 16 de mayo de 2024 54 dirigido al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio por parte del presidente del Concejo
municipal de Acacías, cuyo contenido es el siguiente:

“[…] Ref. Solicitud de consulta.

Teniendo en cuenta el mediante (sic) auto de fecha 08 de mayo de 2024,
radicado ante esta corporación el 09 de mayo de 2024, proferido por este
juzgado mediante el cual se ADMITIÓ la demanda de NULIDAD ELECTORAL,
presentada por los señores JUAN CARLOS BASTOS MORALES, ALIRIO
ROJAS DELGADILLO y GENARO GUTIÉRREZ GARAVITO en el que se
indico en uno de sus numerales

(…)

En relación a lo anterior y conforme el reglamento interno de esta corporación
en su artículo 28, esta corporación se encuentra en el segundo periodo legal
de sesiones ordinarias que corresponde del 01 al 31 de mayo de 2024 y en
relación que la administración municipal el pasado 30 de abril de la presente
anualidad radicó proyecto de acuerdo No. 729 de 2024 “Por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo Municipal denominado Recuperemos Acacías
para el período constitucional 2024-2027”; en ese solicito se oriente de ser
el caso cual es el trámite a llevar a cabo por la corporación en el estudio
del proyecto de acuerdo que a hoy tenemos radicado y en adelante los que
se radiquen por parte del ejecutivo en comisiones permanentes conforme se
indica en el numeral tercero de dicha providencia.

Lo anterior, de conformidad con la proposición realizada por al (sic) concejal
Zulma Yolima Díaz Díaz, y aprobada por la plenaria de la corporación, como
consta en acta N° 56 del 16 de mayo de 2024 […]” (negrilla y subrayado del
texto)

105.14. Copia del acta núm. 5955 que da cuenta de lo acaecido en la sesión plenaria
del Concejo municipal de Acacías de 21 de mayo de 2024, en la cual consta que:

“[…] El presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR manifiesta,
teniendo en cuenta que quedamos estamos en el término corto de resolver el plan de
desarrollo Municipal (sic) proponga a la mesa directiva conforme lo contemplado en
el proceso 2024-098 del Juzgado 9° Contencioso Administrativo que se confiera
facultades a la mesa directiva para llevar a cabo la designación de una Comisión
accidental para resolver en primer debate lo que tiene que ver con el plan de

54
Cfr. Índice 2 y 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
55
Cfr. Índice 2 y 34, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

desarrollo, esta abierta la discusión, sigue abierta la discusión, aviso que se va a
cerrar, se abre la votación por favor secretaria llamar a lista para la votación nominal.

Interviene el Concejal JUAN PABLO AGUDELO DIAZ, solicita que se aclare la
proposición.

El presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR manifiesta, es una
proposición con el ánimo de conceder facultades a la mesa directiva para llevar a
cabo una designación de una Comisión accidental para que se decida en primer
debate el Plan de Desarrollo.

Se procede con la votación nominal:

JUAN PABLO AGUDELO DIAZ Negativo
JHONATAN ALIRIO BASTO BOHORQUEZ Positivo
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ Positivo
JUAN CARLOS BASTO MORALES Negativo
JOHN ALEXANDER CASALLAS Negativo
VELASQUEZ
OSCAR EDUARDO CASTRO RODRÍGUEZ Positivo
YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR Positivo
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ Negativo
GENARO GUTIERREZ GARAVITO Negativo
EDWIN ARLEY JARA VELEZ Positivo
WILSON RENE ORTIZ QUISHPE Negativo
JASSON GREGORIO RINCON TORO Negativo
NAYI NAJAIBY ROMERO GAMBOA Positivo
ALIRIO ROJAS DELGADILLO Negativo
LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO Positivo

La secretaria general informa, presidente con 8 votos negativos y 7 votos positivos ha
sido negada la proposición.

El presidente Concejal YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR manifiesta, voy hacer
la aclaración de mi voto secretaria para que quede constancia, el pasado 9 de mayo
se notificó por parte del Juzgado 9° contencioso administrativo al Concejo Municipal
claro no a Yan Carlos Chavarro un auto por medio del cual se decreta una medida
cautelar, misma que fue de conocimiento de los Concejales en sesión del día jueves
de la semana pasado (sic), donde se solicitó al jurídico de la Corporación llevar a cabo
un concepto sobre el particular, él mismo se pronunció el pasado 17 de abril pero
entiendo y o debe ser el 17 de mayo el correo electrónico que me allega la secretaria
general del Concejo y en el mismo se hace un planteamiento general de la situación
administrativa y jurídica en la cual se encuentra el Concejo del Concejo Municipal (sic)
al día de hoy y es mi obligación como Concejal del Municipio Acacías dejar la
respectiva constancia de que me atañe una obligación para darle trámite al proyecto
de acuerdo que presentó el señor Alcalde del Municipio Acacías como Plan de
Desarrollo, y pues es evidente que dedo (sic) dejar constancia de que esto en todo
mi derecho de participar activamente en esas discusiones en comisión y que quiero
llevar a cabo la discusión y que el Concejo resuelva sobre el particular, hice una
proposición con el fin de que se resolviera sobre el particular conforme a la exposición
de motivos y jurídicos (sic) que hace el abogado de la Corporación, entonces esa es
la razón por la cual mi vito (sic) fue positivo.

Interviene la Concejal ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ, también quiero hacer la aclaración
del voto bajo los siguientes aspectos. 1. Frente a la mención que hace señor
presidente del concepto que emitió el señor en asesor jurídico (sic) de la corporación,

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

mencionó un acápite frente a uno manifestación (sic) que hace Consejo de Estado
(sic) solicité que me adjuntara cuál era el contexto mediante el cual él se había
apoyado dentro de ese concepto que emitió el Consejo de Estado y él menciona este
concepto que la forma en que se adoptó uno comisión accidental (sic) fue por plenaria
más no por la designación del presidente, teniendo así cuenta (sic) que este concepto
no se ajusta a la problemática que estamos viviendo o que estamos viviendo
actualmente (sic) y es que hay uno suspensión (sic), hay uno medida cautelar (sic),
pero que las comisiones si existen, por lo tanto dentro lo que nos norma (sic) el
reglamento dice que no puede haber uno comisión (sic) accidental mediante si existen
las anteriores (sic), entonces bajo ese concepto mi voto es negativo, adicional por qué
se solicitó, se aprobó mediante la plenaria elevar la consulta al Juzgado el cual en
efecto se dio pero queremos recibido (sic) respuesta, entretanto que existe vacío
jurídico por tanto mi voto fue negativo.

Se le concede el uso de la palabra al Concejal JHONNY ANDRES BASTO
HERANDEZ (sic), gracias señor presidente con respecto a lo que usted acaba de
hablar de las comisiones y la solicitud que se hizo, pedirle señor presidente que pues
en vista de que tenemos uno proyecto (sic) de acuerdo bueno el plan de desarrollo el
Municipio (sic) para discusión estamos sobre los tiempos, pedirle que la designación
de la Comisión se haga a través de lo que está reglado en el reglamento interno del
Concejo Municipal lo que dice la ley, ya le correspondería prácticamente a la mesa
directiva llevar a cabo esa designación, muchas gracias. […]”

105.15. Copia del acta núm. 6856 que da cuenta de lo acaecido en la sesión plenaria
del Concejo municipal de Acacías de 31 de mayo de 2024, en la cual consta la
aprobación de las “[…] actas del número 55 al número 66 del mes de mayo de 2024.
[…]”.

105.16. Copia de la Resolución núm. 41 de 21 de mayo de 2024 57, mediante la cual
la mesa directiva del Concejo municipal de Acacías, integrada por los concejales
Yan Carlos Chavarro Munévar, Lucy Fernanda Tamayo Fierro, resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Designar los integrantes de la Comisión Accidental
encargada de estudiar en primer debate el proyecto de Acuerdo No 729 del 30 de
abril de 2024, integrada por los Miembros de los distintos Partidos y Movimientos
Políticos con representación en el Concejo Municipal de Acacías-Meta, así:

PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO CONCEJAL
Conservador Colombiano Genaro Gutiérrez Garavito
Colombia renaciente Jhonny Andrés Basto Hernández
AICO Edwin Arley Jara Vélez

[…]” (negrilla del texto).

105.17. Contestación del “[…] Auto del 8 de mayo de 2024 […]” presentado por la
apoderada judicial del Concejo municipal de Acacías, en el medio de control de
nulidad electoral, “[…] Rad: 2024-000098-00 […]”58, y poder otorgado a la
mencionada apoderada por parte del señor Yan Carlos Chavarro Munévar, “[…]
presidente y representante legal del CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS […]”

56
Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
57
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
58
Cfr. Índice 2 y 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.

40

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

para representar los intereses de esa corporación en el mencionado proceso
judicial.

105.18. El despacho instructor de primera instancia, en auto de 22 de agosto de
202459, resolvió:

“[…] DECRETAR la prueba documental elevada por la Señora Agente del Ministerio
Público en su Concepto 49, que obra en el índice 023 del expediente digital; en
consecuencia, por la Secretaría General de esta Corporación, de manera inmediata
incorpórense a este proceso, desde el Sistema SAMAI, la integridad de las
actuaciones desarrolladas al interior del proceso con Radicación No.
50001333300920240009800 que se adelanta ante el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Villavicencio. […]” (negrilla del texto)

105.19. Dentro de las piezas procesales del expediente con número de radicación
núm. 50001 33 33 009 2024 00098 0060, que se adelanta en el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, se destacan:

i) La demanda y sus anexos.

ii) El auto de 8 de mayo de 2024, proferido por el despacho instructor del
proceso, a través del cual se admitió la demanda; se vinculó a los
concejales del municipio de Acacías, señores Juan Pablo Agudelo Díaz,
Jhonatán Alirio Basto Bohórquez, Jhonny Andrés Basto Hernández, John
Alexander Casallas Velásquez, Oscar Eduardo Castro Rodríguez, Yan
Carlos Chavarro Munévar, Zulma Yolima Díaz Díaz, Orlando Granados
Acevedo, Edwin Arley Jara Vélez, Wilson Rene Ortiz Quishpe, Nayi
Najaiby Romero Gamboa y Lucy Fernanda Tamayo Fierro; y, se decretó
la suspensión provisional del acta núm. 06 de 7 de enero de 2024,
respecto del punto cuarto relativo a la elección de los miembros de las
comisiones permanentes del Concejo municipal para la vigencia 2024.

iii) El trámite de notificación del auto de 8 de mayo de 2024 a los sujetos
procesales.

iv) Consulta formulada por el presidente del Concejo municipal de Acacías,
señor Yan Carlos Chavarro Munévar, al despacho judicial con el fin de
que se orientara a la corporación en el trámite del Proyecto de Acuerdo
núm. 729 de 2024, plan de desarrollo del municipio para el período 2024-
2027, y en adelante los que se radicaran por parte del ejecutivo municipal
ante la medida cautelar decretada en auto de 8 de mayo de 2024.

v) Contestación de la demanda por parte del apoderado del municipio de
Acacías.

59
Cfr. Índice 35, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
60
Cfr. Índice 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.

41

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

vi) Contestación de la demanda por parte del apoderado de la concejal
Zulma Yolima Díaz Díaz.

vii) Contestación “[…] del Auto del 8 de mayo de 2024 […]” por parte del
apoderado del Concejo municipal de Acacías.

viii) Providencia de 17 de junio de 2024, en la cual el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, respecto de la consulta
formulada por el presidente del Concejo municipal para que se orientara
a la corporación respecto del cuál debería ser el trámite a seguir para el
estudio del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo, indicó que:

“[…] de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, y este Juzgado Administrativo miembro de la
misma, carece de competencia para absolver sus consultas de índole
jurídico, en tanto que ejerce funciones jurisdiccionales y no consultivas.

Contrario sensu, en los términos expuestos en los artículos 112 del
CPACA, 237, numeral 3°, de la Ley 270 de 1996 (L.E.A.J.) y 21 del
Acuerdo 058 de 1999 – Reglamento Interno del Consejo de Estado -, la
función consultiva del Consejo de Estado es ejercida por la Sala de
Consulta y Servicio Civil, la cual tiene competencia para resolver,
exclusivamente, preguntas elevadas por el Gobierno Nacional. […]”

ix) Memorial de réplica de los accionantes respecto de las excepciones
formuladas en la contestación de la demanda por parte del Concejo
municipal de Acacías.

x) Providencia de 9 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante la cual negó una
solicitud de nulidad; prescindió de la audiencia inicial y de pruebas; fijó el
litigio, tuvo como medios de prueba los documentos allegados con la
demanda y sus contestaciones; y ordenó correr traslado a las partes, por
el término de diez (10) días hábiles, para que presentaran alegatos de
conclusión, término durante el cual también lo podría hacer el agente del
Ministerio Público.

xi) Alegatos de conclusión presentados por el municipio de Acacías, la
concejal Zulma Yolima Díaz Díaz, los demandantes y el Concejo
municipal de Acacías.

xii) Solicitud formulada por el apoderado del municipio de Acacías para que
se modulara la medida cautelar decretada en auto de 8 de mayo de 2024

“[…] en el sentido de incluir dentro de la medida cautelar una explicación
al Honorable Concejo Municipal en el cual se le indique que la suspensión
provisional de los efectos del acto suspendido tiene como finalidad que
los motivos que originaron la suspensión no sean repetidos, por cuanto
si bien no se ha realizado una reproducción textual del acto suspendido,

42

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

los efectos de los actos que bien expidiendo del Presidente (sic) del
Concejo Municipal por medio de los cuales designa comisiones
accidentales, generan los mismos efectos del acto suspendido […]”
(negrilla del texto)

106. Las pruebas que obran en el expediente acreditan que los accionados son
concejales del municipio de Acacías (Meta) para el período 2024-2027.

107. No obstante, no es posible evidenciar la existencia de un interés directo,
particular y actual de los accionados en la discusión y votación de la proposición
consistente en conferir facultades a la mesa directiva del Concejo municipal de
Acacías para crear una comisión accidental para dar trámite, en primer debate, al
“[…] proyecto de acuerdo No. 729 de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal denominado Recuperemos Acacías para el período
constitucional 2024-2027” […]”61, lo cual ocurrió en las sesiones de 15, 16 y 21 de
mayo de 2024.

108. Esta Sala62, en relación con lo que debe entenderse por interés directo,
particular y actual o inmediato, ha indicado que:

“[…] 61. En relación con lo que debe entenderse por interés directo, particular y actual
o inmediato, esta Sala63 ha replicado las decisiones judiciales de esta misma
Corporación y de la Corte Constitucional.

62. En efecto, se ha indicado que existe un interés directo «[…] cuando el provecho
que se obtenga por el parlamentario, sus familiares o socio en los términos previstos
en la ley, no requiera para su demostración de actos, hechos o desarrollos posteriores
que lo conviertan en hipotético o aleatorio […]»64.

63. Es particular «[…] cuando la adopción de una decisión en un asunto concreto le
generaría al parlamentario un provecho o beneficio, específico y personal, para sí
mismo o para quienes de acuerdo con la ley se encuentren relacionados con él, y que
no obstante estar consciente de dicha circunstancia, no manifiesta su impedimento
para participar en el debate o votación correspondiente […]»65.

64. Es inmediato «[…] con el propósito de excluir sucesos o hechos contingentes e
imprevisibles, sobre los cuales no sea posible determinar o predecir con cierto grado
de convicción y de evidencia fáctica su realización en el futuro66 […]»67. […]”

61
Cfr. Índice 2 y 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240021100.
62
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2019 00086 01(PI).
63
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERO, Consejero ponente:
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Sentencia de tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
15001-23-33-000-2019-00277-01(PI).
64
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERO, Consejero ponente:
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Sentencia de tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
15001-23-33-000-2019-00277-01(PI).
65
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERO, Consejero ponente:
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Sentencia de tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
15001-23-33-000-2019-00277-01(PI).
66
Corte Constitucional, sentencia C-1040 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
67
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERO, Consejero ponente:
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Sentencia de tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
15001-23-33-000-2019-00277-01(PI).

43

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

109. En el mismo sentido, la Sala68 resaltó que:

“[…] 67. Esta Sección69 ha delimitado el presupuesto atinente a la existencia de un
interés directo, particular y actual, en la siguiente forma:

[…] El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse:
el interés directo, particular y actual; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o
temas que son puestos a consideración e intervención del miembro de la corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real del diputado,
concejal municipal o distrital, o miembro de junta administradora local hacia un tema,
objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con el ánimo de
materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su
cónyuge, familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial
de obtener el bien general70 y afecta la transparencia y objetividad de dicha
actuación.

La Sala Plena71 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser entendido como
“[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse
al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés
que la norma moral y la norma legal exigen […]”72 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o
los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto […]”73.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta indubitable
que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa objetivamente la
intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual la Sala estima necesario
hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la
satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece
cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos representados en derechos subjetivos, o
en ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento
de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como
ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple
exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

68
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 2 de diciembre de 2021. Radicación núm.: 73001 23 33 000 2021 00220 01(PI).
69
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente:
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número:
25000-23-15-000-2019-00217-01(PI).
70
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 núm. único de radicado 11001-03-15-000-2009-
00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas, la Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la
Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el
interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que
pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el
congresista queda separado de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado
o particular del congresista no subordine al interés público […]”
71
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010, número único de
radicado 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015,
número único de radicado 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
72
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de 1996, Expediente núm. AC-
3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
73
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de 2000, Expediente núm.
AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

44

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero con la
aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando amparado
por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para
ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha adquirido y
puede afectarse. De allí que por ausencia de este requisito quede excluido el interés
futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la ley. Por tanto, es
inaceptable interés originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación
o trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede extinguirse
o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da cuando el interés es inalienable (v.
gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera inequívoca
y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés público o general
-regulación abstracta en general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido
en el primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al interés común
de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su cónyuge, compañero
(a), pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el
caso bajo estudio […]”74.

El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del interés que
procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena ha explicado los siguientes
criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un perfil mucho más
claro habida cuenta de que los artículos 287 y 288 de la Ley 5ª de 1992
prescriben el deber de registrar los intereses privados y la participación
accionaria que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista frente al interés
público que se debate en el Congreso y de cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros de
los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán
actuar consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan
los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en
la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que
pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación. En efecto, de
prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la
función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés
privado o particular del congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no aparece nítidamente
definido ni tiene un perfil claro en las normas constitucionales y legales, como
sí ocurre con el conflicto de intereses de índole económico, lo que no significa
que no exista o que no pueda presentarse. Es más, no se descarta que una
determinada situación fáctica derive simultáneamente tanto en un conflicto
económico como en un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente
admisible que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya ejercido
derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses privados que deba cuidar. Por
otro lado, la Constitución le ordena que como congresista vote en pos del bien común
y la justicia, vale decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el

74
Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero ponente Flavio Augusto
Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de
marzo de 2013, Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

45

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó. Como no resulta
conforme con los paradigmas de la ética pública que en un momento dado se
superpongan esos intereses, la Constitución castiga el hecho de que el congresista
omita denunciar la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un debate o en una
decisión trascendental estando de por medio intereses personales de tipo económico
o moral francamente incompatibles con el interés público relacionado con esa
votación, ese debate o esa decisión […]”75 (Negrillas y subrayas fuera de texto) […]
[…]” (negrilla y subrayado del texto)

110. Las discusiones que se dieron en las sesiones de 15, 16 y 21 de mayo de 2024,
se encuentran relacionadas con la decisión judicial de 8 de mayo de 2024, proferida
por el Juzgado Administrativo del Circuito de Villavicencio en el trámite del medio
de control de nulidad electoral identificado con el número de radicación 50001 33
33 009 2024 00098 00, a través de la cual suspendió provisionalmente el acta núm.
06 de 7 de enero de 2024, únicamente respecto de la elección de los miembros de
las comisiones permanentes para la vigencia 2024.

111. Así, la suspensión provisional del acta citada, en la cual se eligieron los
miembros de las comisiones permanentes del Concejo municipal de Acacías,
impedía la tramitación de los proyectos de acuerdo, toda vez que, de acuerdo con
los artículos 25 y 73 de la Ley 136, la aprobación de los proyectos debe darse en
dos debates y el primer debate se surte en la respectiva comisión.

112. Se suma a lo anterior que la aprobación de los planes territoriales de desarrollo,
siguiendo el artículo 40 de la Ley 152 de 15 de julio de 1994 76, debe darse dentro
del mes siguiente a su presentación y, si ello no ocurre, podrá ser adoptado por el
alcalde –en este caso– mediante decreto.

113. A las dificultades expuestas, se debía agregar que, de acuerdo con los artículos
53, 54 y 61 del Acuerdo núm. 427 de 2016 (reglamento interno del Concejo
municipal de Acacías), no era posible la tramitación de proyectos de acuerdo, en
primer debate, en comisiones accidentales, pues esto solo era posible en el evento
en que no se hubieren constituido las comisiones permanentes, situación que no
era la que se presentaba.

114. El contenido de las normas mencionadas supra es el siguiente:

114.1. Los artículos 25 y 73 de la Ley 136, señalan:

“[…] Artículo 25. Comisiones. Los concejos integrarán comisiones permanentes
encargadas de rendir informe para primer debate a los proyectos de acuerdo, según

75
Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero ponente Doctor Hugo Fernando
Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994, consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300
de 19 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Amado Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María Carrillo
Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero ponente Doctor Nicolás Pájaro
Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez
Maldonado.
76
“[…] por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo […]”.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

los asuntos o negocios de que estas conozcan y el contenido del proyecto acorde con
su propio reglamento. Si dichas comisiones no se hubieren creado o integrado, los
informes se rendirán por las Comisiones Accidentales que la Mesa Directiva nombre
para tal efecto.

Todo concejal deberá hacer parte de una comisión permanente y en ningún caso
podrán pertenecer a dos o más comisiones permanentes.

Además de las Comisiones Permanentes, con el objeto de fomentar la participación
de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político, los concejos
municipales crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual tendrá como
funciones además de las que el Concejo delegue, dictar su propio reglamento, ejercer
el control político así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas
de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular
y de designación, ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al
igual que fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas
relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes. De
igual manera esta Comisión podrá hacer seguimiento a los procesos de verdad,
justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto
armado interno en sus territorios, a los que haya lugar.

Para la conformación se tendrá en cuenta a todas las mujeres cabildantes de la
Corporación respectiva de igual forma la participación voluntaria y optativa de los
hombres concejales.

(…)

Artículo 73. Debates: Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos
debates, celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría
del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el
primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y
segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria.

Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la
corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva.

El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser
nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro
concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la
iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el
aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción.

114.2. El artículo 40 de la Ley 152, indica:

“[…] Artículo 40. Aprobación. Los planes serán sometidos a la consideración de la
Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo período
del Gobernador o Alcalde para su aprobación. La Asamblea o Concejo deberá decidir
sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurre ese lapso
sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o Alcalde podrá adoptarlos mediante
decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo Gobernador o
Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente Asamblea o
Concejo. Toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe
contar con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el
caso. […]”

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

114.3. Los artículos 53, 54 y 61 del Acuerdo núm. 427 de 2016 (reglamento interno
de la corporación), resaltaron:

“[…] ARTÍCULO 53.- COMISIONES ACCIDENTALES. Además de las Comisiones
Permanentes, el Concejo podrá integrar Comisiones Accidentales. El Presidente
nombrará Comisiones Accidentales para el cumplimiento de asuntos específicos
como (…) primer debate a proyectos cuando no se hayan constituido las Comisiones
Permanentes (…)

ARTÍCULO 54°.- NÚMERO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES. El Concejo tendrá tres
(3) Comisiones Permanentes, integradas así: Comisión Primera Permanente del Plan
de Desarrollo integrada por cinco (5) miembros; Comisión Segunda Permanente del
Presupuesto y Hacienda Pública integrada por cinco (5) miembros, Comisión Tercera
Permanente Administrativa y de Gobierno integrada por cinco (5) miembros. En estas
Comisiones Permanentes se surtirá el primer debate a los proyectos de acuerdo que
por competencia le sean remitidos por la Secretaría General de la Corporación.

(…)

Parágrafo 3. En los eventos en que las Comisiones Permanentes no se hayan
integrado, los informes serán rendidos por Comisiones Accidentales nombradas para
el efecto por la Presidencia de la Corporación.

(…)

ARTÍCULO 61°.- CLASES DE SESIONES. El Concejo podrá sesionar bajo las
siguientes modalidades:

(…)

3°. SESIÓN DE COMISIÓN ACCIDENTAL. Es aquella que surte el primer debate
cuando no se hayan conformado las Comisiones Permanentes. También es aquella
que se reúne para estudiar asuntos específicos que le asigne la Presidencia. […]”
(negrilla del texto

115. Las sesiones de 15, 16 y 21 de mayo de 2024 dan cuenta de la preocupación
de los concejales del municipio de Acacías por el trámite del proyecto de acuerdo
del plan de desarrollo ante la medida cautelar proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, lo cual implicó, en la práctica, que no
fuera posible dar primer debate, en la respectiva comisión, al mencionado proyecto
de acuerdo.

116. En las sesiones indicadas, si bien se hizo referencia al trámite y actuaciones
surtidas en el medio de control de nulidad electoral identificado con el número de
radicación 50001 33 33 009 2024 00098 00, el punto central abordado fue la
búsqueda de soluciones que permitieran el trámite del citado proyecto de acuerdo,
para lo cual se discutió y aprobó la realización de una consulta al despacho judicial
que decretó la medida; se pidió la asesoría del asesor jurídico de la corporación; y,
se discutió y votó la proposición consistente en otorgar facultades al presidente del
concejo municipal para crear una comisión accidental a efectos de dar primer debate
al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo, la cual fue negada.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

117. No se observa cuál es el provecho o beneficio, específico y particular, que
pudieron obtener los concejales accionados, sus cónyuges, familiares o socios,
alejado de la intención de obtener el bien general, con las discusiones y votación
relativa a la conformación de una comisión accidental a efectos de dar primer debate
al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo del municipio.

118. Está acreditado dentro del expediente que los concejales acusados se
encuentran vinculados al trámite del control de nulidad electoral identificado con el
número de radicación 50001 33 33 009 2024 00098 00, sin embargo, las
deliberaciones y votaciones para enfrentar los efectos de la medida cautelar
decretada en la providencia de 8 de mayo de 2014, en particular, la proposición
consistente en otorgar facultades al presidente del Concejo municipal para crear
una comisión accidental a efectos de dar primer debate al proyecto de acuerdo del
plan de desarrollo, no tienen como propósito o por efecto incidir en el trámite de ese
medio de control, de tal forma que no estaban obligados a presentar impedimento
para intervenir y votar esta proposición, ni puede decirse, como lo indica el
accionante, que los accionados sean juez y parte.

119. No obra prueba en el expediente que acredite la existencia de una disputa entre
los concejales y se aclara que el medio de control de nulidad al que se ha hecho
referencia no tiene por finalidad, como así lo estima el apelante, resolver conflictos
particulares entre ellos, pues ese medio de control tiene como características,
conforme lo ha señalado esta Corporación77, entre otras, las de:

“[…] Para responder a este primer cuestionamiento, hay que tener presente cuál es
la naturaleza jurídica del medio de control de nulidad electoral. Sobre su
caracterización, la Corte Constitucional en la sentencia SU-050 del 24 de mayo de
201878, explicó:

(…)

Luego en el año 2015 la Corte Constitucional en sentencia de unificación determinó
los elementos que caracterizaban la acción de nulidad electoral así:

a) Se trata de una acción pública que puede ser ejercida por el Ministerio Público o
por cualquier otro ciudadano que quiera discutir la legalidad del acto de la elección.

b) Tiene la finalidad de proteger las condiciones de elección y elegibilidad
establecidas por la ley,79 por lo que sus objetivos son tres: (i) garantizar la
constitucionalidad y la legalidad de la función administrativa; (ii) salvaguardar la
independencia y eficacia del voto y el uso adecuado del poder administrativo en la
designación de servidores públicos; (iii) preservar la validez de los actos

77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 8 de abril de 2021. Radicación núm.: 20001-23-33-000-2019-00368-01 (2019-00375, 2019-00377 Y
2019-00378).
78
Referencia: Expediente T-5.027.021. Acción de tutela instaurada por el señor Alberto Rojas Ríos contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado. Procedencia: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. M. P. Cristina Pardo
Schlesinger.
79
«Corte Constitucional, sentencias T-1160 de 2003. (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

administrativos que regulan aspectos de contenido electoral con el fin de materializar
el principio de democracia participativa como base del Estado Social de Derecho.80

(…)

d) La nulidad electoral se origina en la violación de las disposiciones que regulan los
procesos y decisiones electorales y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
que existe para los ciudadanos elegidos por votación popular para ocupar cargos
públicos.81

e) Las pretensiones en la acción de nulidad electoral solo están dirigidas a los
siguientes asuntos: (i) restaurar el orden jurídico abstracto vulnerado por un acto ilegal
o inconstitucional, es decir, aquellas que busquen dejar sin ningún efecto jurídico la
regulación electoral {sic}, la elección o nombramiento irregulares; (ii) retrotraer la
situación abstracta anterior a la elección o nombramiento irregulares; y (iii) sanear la
irregularidad que constato {sic} el acto inválido. […]”

120. Se precisa que no es objeto de este medio de control establecer si las
proposiciones presentadas a consideración de los concejales son contrarias al
reglamento interno y a la Ley 136 y, además, no está acreditado dentro del
expediente que en el medio de control de nulidad electoral señalado se hubiere
proferido fallo sobre el fondo de la controversia ni que frente a este se haya
presentado recurso de apelación por los concejales vinculados a ese proceso.

II.6. Conclusión

121. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no encontró
acreditados los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136, en
concordancia con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
2000, consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses y, en
consecuencia, se abstendrá de analizar el elemento subjetivo de culpabilidad y
confirmará la sentencia de primera instancia de 26 de septiembre de 2024, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se decidió
negar la solicitud de pérdida de investidura de los accionados, concejales del
municipio de Acacías (Meta), para el período 2024-2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

80
«Corte Constitucional, sentencia T- 945 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
81
«Corte Constitucional, sentencia C-630 de 2012 (MP. Mauricio González Cuervo)».

50

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00211-01
Accionante: Carlos Alberto González Gutiérrez

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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