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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2019-00368-01

Nulidad electoral: contra acto de elección de concejal de Valledupar por causales objetivas

Fecha
8 de abril de 2021
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2019-00368-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 10 de diciembre de 2020, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de nulidad electoral contra el E-26 CON de 6 de noviembre de 2019, contentivo de la elección de los concejales municipales de Valledupar, departamento del Cesar, período 2020 a 2023, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 20001-23-33-000-2019-00368-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

8 de abril de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de concejal de Valledupar por causales objetivas / NULIDAD ELECTORAL – Características del medio de control / NULIDAD ELECTORAL – Diferencias injustificadas entre formularios E14 y E24 / NULIDAD ELECTORAL - Falsedad de los documentos electorales / NULIDAD ELECTORAL – Los votos excluidos en que hubo diferencia injustificada si fueron objeto de demanda

Para responder a este primer cuestionamiento [¿se deben excluir votos injustificados que no fueron objeto de demanda?], hay que tener presente cuál es la naturaleza jurídica del medio de control de nulidad electoral. (…). Ahora, bien, esta Sección del Consejo de Estado, reiteró en sentencia de 11 de marzo de 2021 que se trata de un medio de control público, que dispone de rango constitucional, que legitima a cualquier persona para su ejercicio, sin necesidad de apoderado judicial, para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en aras de que se examine la legalidad de los actos de elección, en este caso, aquella designación devenida del voto popular. Para ello quien acude a la administración de justicia dentro del vocativo de nulidad electoral propiamente dicha y con fundamento en causales objetivas, entendidas estas como aquellas concernientes a los escrutinios y a la votación, está obligado a cumplir con la carga en la postulación de precisar las etapas o registros electorales en los que se presentaron las irregularidades o vicios, como se desprende de la literalidad impositiva del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. (…). Pero más allá de estas exigencias que deberán ser observadas por quienes accionan mediante este medio de control, lo cierto es que cuando se enjuician los actos electorales, producto de la voluntad popular, los fundamentos de la demanda podrán ampararse tanto en las causales generales de anulación de los actos administrativos (art. 137 CPACA) como en las específicas y propias de los actos electorales (art. 275 ejusdem). (…). Ahora bien, en cuanto la causal establecida en el numeral 3º del artículo 275 del CPACA, que establece que los «documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales», una de sus formas materializada corresponde a las diferencias injustificadas entre los datos de los formularios electorales E-14 y del E-24. (…). Valga recordar que (…) los documentos electorales son: i) aquellos formatos que están diseñados por los organismos electorales para adelantar la votación y, ii) aquellos que fueron suscritos por los funcionarios competentes para concretar el resultado electoral y por ende la voluntad popular. (…). [L]a Sala Electoral del Consejo de Estado ha explicado que la falsedad es una irregularidad que se presenta en el proceso de escrutinio consistente en la alteración de los resultados electorales, que conlleva a que se afecte la verdad electoral, pues la anomalía plasmada en los datos definitivos consignados en el E-24 evidencia que, sin justificación, difieren de los incluidos en el formulario E-14, lo cual falsea al final, la voluntad democrática, plasmada en el acto que declara la elección. La causal que se contiene en el artículo 275 numeral 3° del CPACA aúpa todo aquello que se relaciona con la falsedad de los documentos electorales, como acontece con las diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 y que generan la nulidad al encuadrar en los eventos en los que “los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.” (…). Pero no puede dejarse de lado otro derrotero que regenta el espectro de esta irregularidad, atinente a que, para la prosperidad de la nulidad pretendida por esta causal, debe además demostrar la existencia de la falsedad en los documentos electorales, pues ello está condicionado a que la tergiversación sea de tal magnitud que afecte sustancialmente el resultado, es decir, que se altere o modifique de tal manera, que lo haga mutar. Vale la pena precisar, que esta causal de anulación se enmarca en las denominadas de tipo objetivo entendidas como aquellas que emergen de los procesos de votación o escrutinio, como acontece con las diferencias entre los E-14 y E-24 que tienen su génesis en este último.

Y es que, por regla general, la información de ambos formularios, debe ser coincidente, a menos que la autoridad electoral haya realizado algún recuento o revisión de los votos, del que encuentre irregularidades que conllevaran a la modificación del número de votos registrado en el E-14, justificación que entonces debe reflejarse en el E-24 y, en todo caso, constar en forma clara expresa y fidedigna con claridad en la respectiva acta general de escrutinio, y de esta manera, se concreta una diferencia justificada; pues en caso de no constar, la diferencia se torna en injustificada y por ello la exclusión de los votos espurios. (…). Ahora bien, en el presente caso, para el apelante EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, según su juicio, no le debieron restar 2 votos de la mesa 11, del puesto 4 de la zona 2 del municipio de Valledupar, toda vez que en su demanda (Exp. 2019-00368) ni en la del radicado Exp. 2019-377, que promovió el señor RICARDO JOSÉ PIÑERES CARRILLO, se cuestionaron los sufragios por él obtenidos. Para la Sala, dicho planteamiento no es de recibo, por cuanto el control legalidad que realizó el Tribunal Administrativo del Cesar en la zona 2, puesto 4, mesa 11 del municipio de Valledupar se dio porque dicho registro fue objeto de demanda en el expediente N° 2019-00377, donde se alegó la existencia de diferencias injustificadas entre el E-14 y el E-24, las que encontró acreditadas a partir de la valoración en conjunto de las pruebas aportados por las partes y la Registraduría Nacional del Estado Civil al proceso, que le permitió concluir que sí existieron. (…). Ahora, pretender lo buscado por el apelante, es decir, excluir los votos injustificados del demandado y mantener los suyos, al pasar de estar en la misma controversia, en la misma mesa y en similares circunstancias constitutivas de falsedad, es desnaturalizar la esencia de este medio de control, el cual debe hacer un control de la legalidad del acto de elección, para la protección del sufragio y el respeto por la voluntad del elector, cuando el planteamiento sí está dentro de la órbita del thema decidendum y no contradice las características de rogada de esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que la zona 2, puesto 4, mesas 11 del municipio de Valledupar, fue objeto de demanda en el expediente No. 2019-00377. Distinto fuera, por incurrir en extrapetita que se hubiera tomado a otros candidatos en contienda, a otros partidos o movimientos o a otras mesas, sin que hubieran sido puestas en entredicho o habiendo sido controvertidas se refirieran a otras causales, supuestos o participantes. (…). En conclusión, no hay mérito en los argumentos del apelante (…) toda vez que el Tribunal Administrativo del Cesar (…) se decantó por excluir los votos frente a los cuales existiera una diferencia injustificada entre la información registrada en el E-14 y el E-24, como aconteció en el presente caso.

NULIDAD ELECTORAL – Las actas de los jurados de votación deben estar suscritas por al menos dos de ellos para que sean válidas / NULIDAD ELECTORAL – La invalidez de los formularios E14 por falta de firmas no conlleva al recuento de votos sino a la exclusión de los mismos

[D]entro de las generalidades del derecho electoral aplicable a los escrutinios a los jurados de votación les corresponde suscribir las actas, conforme a lo preceptuado en el artículo 142 del Código Electoral, normativa que, para la validez de esta, anteriormente imponía que estuvieran firmadas por al menos tres de ellos (artículos 163 y 192 numeral 3 idem), pero en la actualidad, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, los E-14 son válidos cuando estén firmados como mínimo por dos jurados. (…). [C]onforme con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 136 de 1994, los jurados de votación son ciudadanos designados por entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos , teniendo en cuenta las excepciones que sobre el tema consagra el artículo 104 del CE. Dentro de sus varias competencias como primeros escrutadores de toda contienda por voto popular, el artículo 142 ejusdem les impone el deber de firmar las actas de escrutinio, al punto que dichas rúbricas constituyen requisito sine qua non para dar validez al acta respectiva. Solo que el legislador, en una fórmula por demás garantista con el electorado y la democracia estableció un límite mínimo de permisión para validar con un número de firmas el formulario de que se trate. (…). Se tiene entonces que, para la validez de las actas de jurados de votación vertidas, entre otros, en el llamado E-14 pende de la circunstancia de que se encuentren firmadas al menos por dos de los jurados de la mesa, pues a falta estas y de conformidad con el artículo 192 del Código Electoral, no hay quien de fe de su resultado y ante ello no se puede tener como válido el escrutinio y su resultado, así que no se comparte el planteamiento de las recurrentes de que la invalidez del E-14 por falta de firmas no tiene la virtualidad de permear esa invalidez a los sufragios escrutados en éste, por lo que en vez de proceder a la exclusión de la votación debieron realizar un recuento y escrutarlos para validar los votos. (…). Como se desprende de la simple lectura de la anterior disposición [artículo 163 del Código Electoral], no existe imposición de recuento de votos por falta de la firma mínimas de los jurados de mesa para la validez del formulario E-14, como los sostuvieron las apelantes, toda vez que el proceso de escrutinio como se mostró de forma pretérita es escalonado, lo cual indica que son los jurados lo que revisan la votación y la consolidan en un E-14 el cual es la base del escrutinio zonal o municipal según el caso, es decir la comisión escrutadora no inicia su labor por la contabilización de los votos sino la consolidación de los E-14 mesa a mesa para crear el E-24 y, solo en ocasiones excepcionales consagradas en la ley electoral, que por demás es de carácter estatutario, es que procede a recontar la votación y ante la falta mínima de las firmas de jurados de mesa de los E-14, establecida por el legislador y, de conformidad con el artículo 192 del Código Electoral, como ya se explicó, es la exclusión de los votos depositados en la mesa del proceso de escrutinio, como ocurrió en el presente caso. (…). Así las cosas, ante la total ausencia de firmas de los jurados en los formularios E-14 de la Zona 99 – Puesto 34 – Mesa 1 (Exp. 2019-00375) y de la Zona 99 – Puesto 15 – Mesa 6 (Exp. 2019-00378), las censuras de apelación (…) no están llamados a prosperar, en tanto fácticamente se probó la ausencia de firmas de los E-14 tanto de claveros como de delegados en las mesas mencionadas; normativamente no se exige para estos eventos de falta de firmas el recuento de votos la vía de la exclusión de la mesa y, por ende, jurídicamente tampoco se advierte que las resoluciones previas a la declaratoria de elección demandadas, (…) hayan incursionado en la violación de las norma superiores en que deberían fundarse (art. 137 inc. 2 del CPACA) como lo indicaron las apelantes.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caracterización del medio de control de nulidad electoral, consultar: Corte Constitucional, sentencia SU-050 del 24 de mayo de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Sobre el mismo tema igualmente consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado 11001-03-28-000-2018-00081-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 8 de febrero de 2018, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-28-000-2014-00117-00. Sobre el medio de control de nulidad electoral y que el acto enjuiciado puede demandarse con fundamento en las causales generales de anulación del artículo 137 del CPACA o de las especiales del artículo 275 de la misma obra, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 1 de noviembre de 2012, M.P. Mauricio Torres Cuervo, radicación 11001-03-28-000-2010-00086-00. Sobre los documentos electorales, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 11001-03-28-000-2001-0009-01(2477). Sobre la configuración de la falsedad de los registros electorales que hayan servido para la formación de un acta de escrutinio, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de febrero de 2018, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 2014-00117-00. En cuanto a la prosperidad de la nulidad y que para ello se requiere además de demostrar la falsedad, que esta es de tal magnitud que muta el resultado, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 9 de febrero de 2019, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 2014-00112-00 y 2014-00117-00. Sobre las causales de anulación de tipo objetivo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-28-000-2014-0062-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 5 de mayo de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 05001-23-33-000-2015-02594-01. En cuanto a la validez de las actas de las actas de escrutinio de los jurados de votación en lo que a firmas refiere, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de agosto de 2012, M.P. Mauricio Torres Cuervo, radicado 11001-03-28-000-2010-00050-00. Sobre el deber de suscribir las actas E-14 por parte de los jurados, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de mayo de 2019, M.P. Rocío Araujo Oñate, expediente 11001-03-28-000-2018-00038-00.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 139 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 NUMERAL 3 / LEY 1475 DE 2011 - ARTÍCULO 41 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 104 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 142 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 143 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 144 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 163 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 192 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 203 / LEY 6 DE 1990 - ARTÍCULO 12 / LEY 62 DE 1988 - ARTÍCULO 8 / LEY 163 DE 1994 – ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 2 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 20001-23-33-000-2019-00368-01 (2019-00375, 2019-00377 Y 2019-00378)

Actor: EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA Y OTROS

Demandado: WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO - CONCEJAL DE VALLEDUPAR, PERIODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Diferencias injustificadas entre E-14 y E-24. Falta de firmas en el E-14. Confirma denegatoria de pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala los recursos de apelación presentados por los demandantes EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ y KAREN AGUILERA CARRILLO contra la sentencia de 10 de diciembre de 2020, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó la solicitud de nulidad de la elección del señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, en calidad de concejal del municipio de Valledupar, para el período 2020 a 2023.

ANTECEDENTES

1. Las demandas

Los ciudadanos EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA (Exp. 2019-00368), ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ (Exp. 2019-00375), RICARDO JOSÉ PIÑERES CARRILLO (Exp. 2019-00377) y KAREN AGUILERA CARRILLO (Exp. 2019-00378), presentaron demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral (art. 139 CPACA) contra el acto de elección del señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, en calidad de concejal del municipio de Valledupar, para el período 2020 a 2023. En general los accionantes, en primer término, afirmaron que en varias mesas de votación, que determinaron y especificaron existieron: diferencias injustificadas en el formulario E-24 CON respecto a su homólogo E-14 claveros (Exps. 2019-00368 y 2019-00377) y, en segundo lugar, sostuvieron que no se debieron excluir los votos por falta de firma de los jurados de mesa, como lo realizaron las Comisiones Escrutadoras, las que se negaron a realizar el recuento de votos solicitados (Exps. 2019-00375 y 2019-00378), con lo que se trastocó la voluntad del poder soberano del pueblo.

1.1. Expediente 2019-00368

El señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA presentó demanda, el 16 de diciembre de 2019, en la que solicitó la nulidad de la elección del señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, en calidad de concejal del municipio de Valledupar, para el período 2020 a 2023, en la que formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 06 de noviembre de 2019, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal, conformada por los señores FRANKLIN MARTÍNEZ SOLANO, ROXANA GARCÍA PINTO y SAMIA CECILIA FARAH QUIROZ, en sus calidades de miembros y secretaria de la Comisión Escrutadora Municipal, por medio del cual se realiza la Declaratoria de Elección de los Concejales del Municipio de Valledupar, para el período constitucional de 2020 - 2023, contenido en el Formulario E-26 CON, pero solamente en cuanto a la declaratoria de elección del señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, candidato identificado en el Tarjetón Electoral con el numero 1 por el Partido Conservador al Concejo del Municipio de Valledupar, teniendo en cuenta los fundamentos que más adelante se explicaran, de conformidad con lo señalado en los artículos 137 y 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 3 del artículo 275, ibidem, por cuanto el Acto de elección se expidió en forma irregular y mediante falsa motivación.

SEGUNDA: Se declare la nulidad de la Resolución No. 009 de 5 de noviembre de 2019, por medio de la cual se resuelven unas reclamaciones y se adoptan otras disposiciones; y de la Resolución No. 010 de 6 de noviembre de 2019, por medio de la cual se resuelven unos recursos de reposición y se adoptan otras disposiciones: ambas emanadas de la Comisión Escrutadora Departamental, por considerar que dichos actos administrativos transgreden el derecho fundamental de mi poderdante de ser elegido, por las razones que más adelante pasan a exponerse y que constituyen causal de nulidad del orden constitucional y legal.

TERCERA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y en caso de ser necesario el Magistrado del conocimiento ordenará y practicará nuevos escrutinios de los votos depositados en el Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, para la elección de Concejal del Municipio de Valledupar, período Constitucional 2020 - 2023, luego de lo cual declarará la nulidad y ordenará incluir los votos que en forma fraudulenta le fueron excluidos a mi poderdante, señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, en su condición de candidato por el Partido Conservador identificado con el No. 2, los cuales ascienden en número a DIECIOCHO (18), previa corrección de los registros electorales de donde por falsedad en los resultados, hayan sido excluidos o disminuidos, sin ninguna justificación, en las mesas de votación que a continuación se detallan, así:

No.ZONAPUESTONOMBRE DEL PUESTOMESAE-14E-24 CONDIFERENCIA ENTRE E-14 Y E-24 CON010201Colegio Francisco Molina Sánchez1640-4020401Colegio José Eugenio Martínez1110-1030401Colegio José Eugenio Martínez2930-3040501Colegio Nacionalizado Alfonso López1131-2050502Colegio Nacionalizado Alfonso López2430-3060506Institución Educativa Loperena Garupal3231-2070506Institución Educativa Bello Horizonte576-4080506Institución Educativa Bello Horizonte1531-2TOTAL-18
CUARTA: Que, en consecuencia, se disponga la cancelación de la credencial del señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, candidato identificado en el Tarjetón Electoral con el numero 1 por el Partido Conservador al Concejo del Municipio de Valledupar, y en su defecto, se declare la elección del señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, candidato identificado en el Tarjetón Electoral con el numero 2 por el Partido Conservador, como Concejal del Municipio de Valledupar, para el período constitucional 2020 - 2023, razón por la cual se le debe expedir la credencial respectiva.

QUINTA: Que se comunique a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y demás autoridades a que haya lugar, la decisión adoptada {sic} su efectivo cumplimiento».

1.2. Expediente 2019-00375

La señora ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ presentó demanda, el 18 de diciembre de 2019, en la que formuló las siguientes pretensiones:

«1. Que se declare parcialmente la nulidad de las Resoluciones N° 4 de 30 de octubre de 2019 y N° 12 de 2 de noviembre de 2019, proferidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal N° 18 y Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente, a través de las cuales se negó el reconteo de votos y se excluyó la votación del Corregimiento de El Jabo Municipio de Valledupar, de la Corporación Concejo Municipal.

2. Que en consecuencia de lo anterior se incluyan en el E 24 de la zona 99 de la corporación Concejo Municipal de Valledupar, los 264 votos, del puesto de votación No 34 de la mesa No 1 del corregimiento El Jabo municipio de Valledupar.

3. Que modifique el Formato E 24 y E 26 de la Corporación Concejo Municipal Valledupar».

1.3. Expediente 2019-00377

El señor RICARDO JOSÉ PIÑERES CARRILLO presentó demanda, el 18 de diciembre de 2019, en la que solicitó la nulidad de la elección del señor HINOJOSA BORRERO como concejal del municipio de Valledupar, para el período 2020 a 2023, formulando las siguientes pretensiones:

«1°. Declarar la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ELECCIÓN contenido en la declaración de elección Acta de Escrutinio formularlo E 26 CON - RESULTADO DEL ESCRUTINIO - ELECCIÓN DE CONCEJO - ELECCIONES 27 DE OCTUBRE DE 2019, DECLARATORIO DE ELECCIÓN, en lo que hace referencia a la declaratoria de elección como Concejal por la circunscripción electoral del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, período constitucional 2020 - 2023 del candidato 01 de la lista del Partido Conservador Colombiano, señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, acto administrativo de elección expedido el 6 de noviembre de 2019, por parte de los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, por haberse incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 275.3 de la Ley 1437 de 2011.

2°. Como consecuencia de la anterior declaración, que se disponga la cancelación de la correspondiente credencial del candidato No. 001 señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, de la lista del Partido Conservador Colombiano y, en su lugar, se declare la elección para la corporación Concejo Municipal por la circunscripción electoral del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, período constitucional 2020 - 2023, al señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, candidato 002 inscrito en la lista del Partido Conservador Colombiano.

3°. Ordenar a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, que una vez en firme este fallo, expida y entregue al señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, la CREDENCIAL como Concejal del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, período constitucional 2020 -2023.

4°. Se ordene de ser necesario la práctica de un nuevo escrutinio para Concejo Municipal del Municipio Valledupar - Cesar, con la corrección de los guarismos electorales, deduciéndole al candidato 001 del Partido Conservador Colombiano, los votos que le fueron injustificadamente adicionados».

1.4. Expediente 2019-00378

La señora KAREN AGUILERA CARRILLO presentó demanda, el 18 de diciembre de 2019, en la que formuló las siguientes pretensiones:

«1. Se declare parcialmente la nulidad de las Resoluciones N° 6 de 1 de noviembre de 2019 y N° 13 de 2 de noviembre de 2019, proferidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal N° 18 y Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente, a través de las cuales se negó el reconteo de votos y se excluyó la votación de la mesa 6 del Corregimiento de Atánquez Municipio de Valledupar, de la Corporación Concejo Municipal.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene el conteo voto a voto de las tarjetas electorales de la Corporación Concejo Municipal y se incluyan en el E 24 de la zona 99 de la corporación Concejo Municipal, los 283 votos, del puesto de votación N° 15 de la mesa N° 6 del corregimiento de ATÁNQUEZ municipio de Valledupar.

3. Que se modifique el FORMATO E 24 y E 26 de la Corporación Concejo Municipal de Valledupar- Cesar».

2. Fundamentos fácticos

Los supuestos fácticos de estos medios de control, en síntesis, son los siguientes:

Como hechos comunes a todos los procesos se tiene que el 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones del concejo municipal de Valledupar para el período constitucional 2020 - 2023.

2.1. Expediente 2019-00368

En esta demanda se expuso que se presentaron diferencias injustificadas en los formularios E-24 CON respecto a su homólogo E-14 claveros, las que fueron puestas en conocimiento de la Comisión Escrutadora Departamental del Cesar el 5 de noviembre de 2019 y fueron resueltas desfavorablemente, mediante las Resoluciones Nos. 9 y 10 del 5 y 6 de noviembre de 2019, respectivamente.

Se afirmó que dichas inconsistencias le restaron 18 votos, diferencia determinante, ya que, el señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO (demandado) alcanzó la segunda curul del partido conservador con 2.896 votos, mientras el ciudadano EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA (demandante), obtuvo 2.890 sufragios.

Las mesas en que se presentaron las inconsistencias, se fijaron en el siguiente cuadro:

2.2. Expediente 2019-00375

La señora ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ sostuvo que el día de la elección ejerció el voto en el corregimiento de El Jabo del municipio de Valledupar, en la mesa 1, puesto 34, zona 99.

Indicó que la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal No. 18 y la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar excluyeron los 264 votos depositados, al no contar el E-14 con la firma de los jurados de votación. Frente a lo cual, el señor Numas Fernando Escobar Orozco presentó reclamación que fue resuelta de forma desfavorable mediante las Resoluciones Nos. 4 de 30 de octubre y 12 del 2 de noviembre, ambas del año 2019, proferidas por las mencionadas comisiones escrutadoras, respectivamente.

2.3. Expediente 2019-00377

En el presente proceso, el señor RICARDO JOSÉ PIÑERES CARRILLO afirmó que se presentaron inconsistencia en los formularios E-24 respecto a su homólogo E-14 Claveros, en las siguientes mesas: zona 01, puesto 02, mesa 12; zona 02, puesto 01, mesa 16; zona 02, puesto 04, mesa 11; zona 05, puesto 01, mesas 11 y 24 y zona 05, puesto 07, mesa 03 del municipio de Valledupar; siendo puestas en conocimiento de la Comisión Escrutadora Departamental del Cesar las que resolvió desfavorablemente, mediante las Resoluciones Nos. 9 y 10 del 5 y 6 de noviembre de 2019.

Sostuvo que dichas inconsistencias provocaron que se le restaran 11 votos al candidato EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA (demandante Exp. 2019-00368), diferencia determinante en el resultado electoral ya que, el señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO (demandado) alcanzó la segunda curul del partido conservador con 2.896 sufragios, mientras que aquél obtuvo 2.890 votos, con apenas una diferencia de 6 votos.

2.4. Expediente 2019-00378

La señora KAREN AGUILERA CARRILLO afirmó que el día de la elección ejerció el voto en el corregimiento del Atánquez del municipio de Valledupar, en la mesa 6, puesto 15, zona 99.

Expresó que la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal No. 18 y la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar excluyeron los 283 votos depositados, al no contar el respectivo E-14 con la firma de los jurados de votación. Frente a lo cual, el señor Numas Fernando Escobar Orozco presentó reclamación que fue resuelta de forma desfavorable, como consta en las Resoluciones No. 6 y 13, del 1º y 2 de noviembre de 2019.

3. Normas violadas y concepto de violación

3.1. En los expedientes 2019-00368 y 2019-00377

Al converger temáticamente los argumentos de las censuras resulta viable compilar ambas demandas.

Afirmaron que las diferencias injustificadas entre los formularios E-24 respecto a su homólogo E-14, son de tal magnitud que alterarían el resultado del escrutinio y, por ende, la elección, toda vez que el señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO (demandado) alcanzó la segunda curul del partido conservador con 2.896 votos, mientras el ciudadano EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA (demandante), obtuvo 2.890 sufragios, por una disparidad entre ellos de apenas 6 votos.

Sostuvieron con fundamento en el artículo 192 del Código Electoral, que en el presente caso se dio una falsedad ideológica, en cuanto a la falta de correspondencia entre los documentos electorales, al existir alteraciones en los resultados sin justificación alguna, que dejaron de ser corregidas por la Comisión Escrutadora Departamental del Cesar, mediante Resolución No. 9 del 5 de noviembre de 2019.

En las consideraciones de dicho acto se puso de presente que ese mismo día, el señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA presentó sendas reclamaciones durante el escrutinio departamental, en la que solicitó se verificaran los resultados de votación, es decir, que se realizara recuento de estos en las mesas indicadas en la demanda. En la parte resolutiva se declaró la improcedencia de las reclamaciones, por cuanto revisadas dichas mesas no se observó la anormalidad alegada. Contra la anterior decisión se presentó recurso de reposición el que fue denegado por la misma autoridad, a través de la Resolución No. 10 del día 6 de noviembre de 2019, con fundamento en que «ninguna de las partes está aportando elemento probatorio que haga variar la determinar {sic} adoptada»; a partir de lo cual sostuvo, que dejó de ser un simple error aritmético para convertirse en una falsedad que alteró el resultado electoral.

Así las cosas, al presentarse la causal especial de nulidad del acto de elección de los concejales del municipio de Valledupar, para el período constitucional de 2020 - 2023, contenido en el formulario E-26 CON de 6 de noviembre de 2019, conforme a lo señalado en el numeral 3º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación a las mesas de votación que se encuentran plenamente identificadas en los hechos de estas demandas, está llamada a prosperar en la medida en que la alteración de los documentos electorales que sirvieron de base para la formación del acto demandado, contienen datos contrarios a la verdad que en efecto modifican el resultado electoral.

3.2. En los expedientes 2019-00375 y 2019-00378

Al presentarse convergencia argumentativa atinente a qué se entiende inválido cuando la irregularidad deviene de la falta de firmas requeridas por la ley para dar perfeccionamiento a un formulario electoral, planteamiento con el que las demandantes pretenden no se desconozcan los votos escrutados, resulta viable consolidar las censuras de estos dos procesos.

En efecto, para la señora CASTILLA CHÁVEZ al no tenerse cuenta los 264 votos depositados en la mesa 1, puesto 34, zona 99 del corregimiento de El Jabo del municipio de Valledupar (Exp. 2019-00375) y para la ciudadana AGUILERA CARRILLO frente a los 283 votos excluidos de la mesa 6, puesto 15, zona 99 del corregimiento del Atánquez del municipio de Valledupar (Exp. 2019-00378), por parte de la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal No. 18 y la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente, ello no estuvo acorde a la ley porque la falta de firmas en el E-14, llevó a la exclusión de todos esos votos válidos con lo que se trastocó la voluntad del poder soberano del pueblo y, por ende, se desconocieron los derechos políticos consagrados en la Constitución.

Lo anterior con fundamento en que a juicio de las demandantes si bien la falta de firma de los jurados de votación invalida el formulario E-14, ello no puede afectar los votos depositados correctamente por los ciudadanos que acudieron a cumplir con su deber democrático. Insistieron que en las resoluciones expedidas por las distintas comisiones escrutadoras, no se indicó que los sufragios presentaran tachaduras, enmendaduras o alteraciones de alguna clase, afirmaron que el sobre de custodia de aquellos jamás fue abierto, por lo que no existió reclamación que expresara que se perdió la custodia de los mismos y concluyeron que los votos depositados en los puestos de votación indicados resultaban válidos, por lo que la exclusión de los mismos no se ajustó a derecho.

4. Trámite en primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar admitió las demandas así:

4.1. La presentada por el señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA (Exp. 2019-00368), con providencia de 13 de enero de 2020. Por lo que, ordenó notificar personalmente al demandado, a la Registraduría Nacional del Estado Civil; al Presidente del Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público, también dispuso informar al Presidente del Concejo Municipal de Valledupar, para los efectos del numeral 6º del artículo 277 del CPACA y, finalmente, ordenó fijar el respectivo aviso.

4.2. La radicada por la señora ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ (Exp. 2019-00375), con auto de 30 de enero de 2020. En este caso, ordenó la notificación personal de todos los concejales del municipio de Valledupar, al Ministerio Público y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, finalmente, dispuso informar a la comunidad.

4.3. La promovida por el señor RICARDO JOSÉ PIÑERES CARRILLO (Exp. 2019-00377), con decisión de 17 de enero de 2020. Providencia en la que ordenó la notificación personal de todos los concejales del municipio de Valledupar, al Ministerio Público y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, finalmente, dispuso informar a la comunidad.

4.4. La planteada por la señora KAREN AGUILERA CARRILLO (Exp. 2019-00378), con auto de 28 de enero de 2020. Decisión en la que ordenó la notificación por aviso a todos los concejales del municipio de Valledupar y personalmente a los integrantes de la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, a la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal No. 18 de Valledupar, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, finalmente, dispuso informar a la comunidad y al Presidente del Concejo Municipal de Valledupar, para los efectos del numeral 6º del artículo 277 del CPACA.

El Tribunal Tribunal Administrativo del Cesar con providencia del 5 de marzo de 2020, acumuló los anteriores procesos.

Efectuadas las notificaciones pertinentes, se recibieron las siguientes contestaciones e intervenciones:

5. Contestaciones

5.1. El señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO - Concejal
Sostuvo que no existió el fraude planteado en las demandas. Explicó que las comisiones escrutadoras realizaron la verificación de los formularios E-14 con la finalidad de garantizar la veracidad de la que se consignó en los E-24. Puso de presente, que las reclamaciones que se presentaron, entre ellas, las de los demandantes fueron resueltas oportunamente y que incluso fueron objeto de varios reconteos de votos.

Afirmó que, el señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA no presentó reclamaciones sobre las mesas demandadas. Indicó que fue él quien presentó reclamación en la mesa 11, puesto 04, zona 02 del municipio de Valledupar.

5.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil

Al intervenir solicitó ser desvinculada del proceso, por cuanto su actuación se limita a la realización de labores secretariales de las comisiones escrutadoras, motivo por el cual, dicha entidad es ajena a la creación del acto demandado.

En aplicación del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, el Tribunal a quo declaró no probada esta excepción en auto de 17 de septiembre de 2020, por cuanto consideró necesaria la comparecencia de esta entidad dentro del vocativo de la referencia.

5.3. El Consejo Nacional Electoral

En su escrito sostuvo no tener legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no conoció de las reclamaciones que se presentaron ante la comisión escrutadora de Valledupar. Al respecto el Tribunal, en el mismo auto de 17 de septiembre de 2020 antes mencionado denegó la excepción con idénticos argumentos de la necesaria presencia de la entidad dentro del proceso.

6. Audiencia inicial

Celebrada el 15 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que, entre otras actuaciones, fijó el litigio por proceso, en los siguientes términos:

6.1. Expediente 2019-00368:

«El problema jurídico se circunscribe a determinar si debe declararse nulo el acto que declaró la elección del concejal WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO del municipio de Valledupar, por la existencia de diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 que hubo en las mesas de votación reseñadas en la demanda; o si, por el contrario, debe mantenerse la legalidad de este acto electoral.

En caso de que prospere la anterior declaración, se debe establecer si es posible declarar la elección del candidato EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA como concejal electo de Valledupar».

6.2. Expediente 2019-00375:

«El problema jurídico se circunscribe a determinar si deben declararse nulas las Resoluciones 4 del 30 de octubre de 2019 y 12 del 2 de noviembre de 2019 expedidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal 18 y la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente, al haber negado el recuento de votos y excluir la votación de la mesa 01, puesto 34, zona 99 del municipio de Valledupar.

En caso de que prospere esta pretensión, se debe determinar si es posible incluir la votación de la mesa 01, puesto 34, zona 99 del municipio de Valledupar, y con ello, modificar los formatos E-24 y E-26».

6.3. Expediente 2019-00377:

«El problema jurídico se circunscribe a determinar si debe declararse nulo el acto que declaró la elección del concejal WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO del municipio de Valledupar, por la existencia de diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 que hubo en las mesas de votación reseñadas en la demanda; o si, por el contrario, debe mantenerse la legalidad de este acto electoral.

En caso de que proceda la anterior declaración, se debe establecer si es posible declarar la elección del candidato EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA como concejal electo de Valledupar».

6.4. Expediente 2019-00378:

«El problema jurídico se circunscribe a determinar si deben declararse nulas las Resoluciones 6 del 1° de noviembre de 2019 y 13 del 2 de noviembre de 2019 expedidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal 18 y la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente, al haber negado el recuento de votos y excluir la votación de la mesa 6, puesto 15, zona 99 del municipio de Valledupar.

En caso de que prospere esta pretensión, se debe determinar si es posible incluir la votación de la mesa 01, puesto 34, zona 99 del municipio de Valledupar, y con ello, modificar los formatos E-24 y E-26».

7. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones elevadas, con sentencia del 10 de diciembre de 2020.

A partir del estudio en conjunto de las pruebas allegadas al proceso, esto es, los documentos electorales de la elección cuestionada, procedió a realizar el análisis de dos temas: i) falsedad en documentos electorales y ii) firmas de jurados de votación en el formulario E-14.

i) Falsedad en documentos electorales

En cuanto al tópico de la falsedad en documentos electorales, explicó con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que la modalidad alegada, corresponde a las diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24.

Respecto del E-14, explicó que contiene la información registrada por los jurados (con 3 ejemplares: (1) para el arca triclave; (2) dirigido a los delegados de la RNEC y (3) destinado para la transmisión, que se entrega al delegado del puesto de votación, para tal fin) y el E-24, que es elaborado por la comisión escrutadora.

Puso de presente que, en principio, la información registrada en el E-14 y E-24 debe coincidir; pero se pueden presentar diferencias, las que son justificadas, cuando es la comisión escrutadora quien realiza un recuento de votos porque advierte alguna irregularidad que conlleva la modificación de aquellos registrados en el E-14; cambio que queda reflejado en el E-24 y que deberá quedar justificado en la respectiva acta general de escrutinio, como lo ordenan los artículos 163 y 164 del Código Electoral.

En contraste con lo anterior, explicó que existe diferencia injustificada cuando en el acta general de escrutinio no consta la modificación realizada en el E-24 frente al E-14. En estos casos es cuando se configura la nulidad por falsedad en documentos electorales.

Luego procedió, en el caso concreto, a revisar las diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24, donde consideró:

«Las diferencias entre los formularios E-14 y E-24 son injustificadas cuando en el Acta General de Escrutinio no se explican las razones del recuento o modificación existente. En el siguiente recuadro se recopilarán los datos de las mesas que se cuestionan. Se aclara que el candidato 001 es el señor Wilber Antonio Hinojosa Borrego, mientras que el candidato 002 es el demandante Eduar {sic} José Daza Cujia.

Candidato
Partido
ConservadorZonaPuestoMesaE-14E-24DiferenciaActa General de Escrutinio001010201265-1No se registra tachaduras, enmendaduras, borrones, ni recuento de votos.0020102012000001020101640-4No se registra tachaduras, enmendaduras, borrones, ni recuento de votos.002020101640-4001020401121-1“(…) EN LA PG 4 DEL FORMATO E14 PARA EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIADO (sic) EL JURADO PROCEDIÓ A ENMENDAR EL ERROR TRANSCRIBIENDO LOS RESULTADO AL RESPALDO DE DICHA PAG. (ES LA CONSTANCIA DEJADA POR LOS JURADOS DE VOTACIÓN)”002020401135+20010401011110No se registra tachaduras, enmendaduras, borrones, ni recuento de votos.002040101110-10010401029220“(…) observación de la mesa HUBO RECONTEO POR QUE (sic) AL MOMENTO DE LLENAR EN (sic) CUENTA VOTOS SE COMETIÓ EL ERROR DE MARCAR EL UMBRAL CON LA VOTACIÓN DE LOS CONCEJALES RECTIFICÁNDOLO ASÍ E 10, H 15, N2, O 2, Q 1, R 15, T 1, VOTOS EN BLANCO 1”002040102930-3001050101132-1No se registra tachaduras, enmendaduras, borrones, ni recuento de votos.002050101131-2001050102440-4No se registra tachaduras, enmendaduras, borrones, ni recuento de votos.002050102430-30010502032110No se registra tachaduras, enmendaduras, borrones, ni recuento de votos.002050203231-20010506005660No se registra tachaduras, enmendaduras, borrones, ni recuento de votos.002050600576-10010506015550“(…) la mesa viene recontada por los jurados, observación del recuento por los jurados de votación, SE PIDIÓ RECONTEO DE VOTOS POR PARTE DEL TESTIGO ELECTORAL JOSÉ JORGE TAMARA MENDOZA CON CEDULA DE CIUDADANÍA N 1003236526 POR LO CUAL SE CONSTATO UN CONTEO QUIVADO (sic) EN LA E EQUIPO AZUL EL CUAL CONSTA QUE TIENE 26 FALTÁNDOLE 1 VOTO PARA UN TOTAL DE 27 VOTO (sic)”002050601531-2001050700321-1No se registra tachaduras, enmendaduras, borrones, ni recuento de votos.0020507003440
De las mesas referenciadas, la Sala observa diferencias injustificadas que afectaron la votación de ambos candidatos. En la mayoría de casos no se consignó ninguna información de modificación o recuento de votos en el formulario E-24. Asimismo, se precisa que existen tres (3) mesas de votación que tienen una anotación en el Acta General de Escrutinio. No obstante, no serán tomadas como justificación por las siguientes razones:

• Zona 02, Puesto 04, Mesa 11. El Acta General de Escrutinios afirmó que se corrigió el E-24 conforme a las indicaciones que hicieron los jurados de votación en el formulario E-14. Sin embargo, no existe certeza sobre las pautas que trazaron los jurados. En el E-14 se manifestó lo siguiente: “En la página 04 de 11 del formato E-14 para el partido conservador colombiano se cometió error involuntario al diligenciar los datos correspondientes que correspondían (sic) al partido G, por ti Valledupar. Procedimos a corregir al respaldo de la página 4, dejando constancia que estos últimos son los resultados verdaderos del escrutinio”. En el expediente judicial no obra la parte trasera del formulario el E-14. Por lo tanto, la información del Acta General de Escrutinios no se puede corroborar con ningún documento. Téngase en cuenta que la Comisión Escrutadora Auxiliar no hizo un recuento de la votación, por consiguiente, no se justifica el cambio que hubo en el formulario E-24.
• Zona 04, Puesto 01, Mesa 29. El Acta General de Escrutinios transcribe la observación hecha por los jurados de votación en el E-14. Empero, la información que registra el Acta General de Escrutinios no concuerda con las indicaciones de los jurados. En el E-14 se afirmó lo siguiente “se le quito (sic) al umbral de los siguientes partidos la cantidad de votos solo se escribe la letra representa {sic} en el cuenta votos E=10 H=15 N=2 O=2 Q=1 R=15 T=1 Voto en blanco=1”. Así entonces, se evidencia que en el formulario E-14 no se había hecho ningún señalamiento sobre el candidato 002 del Partido Conservador. De esta manera, la pérdida de votos que significó para el señor Eduar {sic} Daza Cujia resulta injustificada. Se resalta que la Comisión Escrutadora Auxiliar no realizó recuento de votos, por lo tanto, se mantiene la incertidumbre sobre el cambio que hubo en el E-24.

• Zona 05, Puesto 06, Mesa 15. El Acta General de Escrutinios indicó que la mesa venía recontada por los jurados de votación. En efecto, el formulario E-14 establece la siguiente observación “se pidio (sic) reconteo de votos por parte del testigo electoral José Jorge Tamara Mendoza con cédula de ciudadanía N° 1003236526 por lo cual se constato (sic) un conteo equivocado en la E (equipo azul) el cual consta que tiene 26 faltandole (sic) 1 voto para un total de 27 votos”. En este caso, la indicación de los jurados era clara: sumar un voto al movimiento Equipo Azul. Sin embargo, en el E-24 se le restaron 2 votos al candidato Eduar {sic} Daza Cujia sin justificación alguna. Téngase en cuenta que en el Acta General de Escrutinios no se registra recuento de votos en esta mesa de votación. En consecuencia, el cambio que hubo en el formulario E-24 es injustificado».

El Tribunal Administrativo del Cesar, a partir de lo anterior, evidenció que existieron diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24. Estas diferencias hicieron que se les restaran los siguientes votos a los candidatos 001 y 002 del Partido Conservador, así:

• Wilber Antonio Hinojosa Borrego – Partido Conservador 001: 12.
• Eduard José Daza Cujia – Partido Conservador 002: 16.

También puso de presente que, en la Zona 02, Puesto 04, Mesa 11 se le sumaron al candidato Eduard José Daza Cujia 2 votos que no se encontraron justificados. Por esa razón, a los 18 votos que alegó la parte actora, se le restaron los votos que ganó injustificadamente en esta mesa de votación.

Luego el Tribunal realizó el cómputo total de los votos que debieron haber obtenido los candidatos reseñados, así:

• Wilber Antonio Hinojosa Borrego – Partido Conservador: 2.908.
• Eduard José Daza Cujia – Partido Conservador: 2.906.

Finalmente, al revisar la incidencia en el voto de las diferencias injustificadas, con fundamento en el artículo 287 del CPACA, el Tribunal Administrativo del Cesar concluyó que «a pesar de las inconsistencias que se presentaron en el proceso de escrutinio del Concejo Municipal de Valledupar, estas no tienen incidencia en la votación que permita acceder a las pretensiones de la demanda. Como se evidenció en el apartado anterior, el candidato Wilber Hinojosa obtuvo 2.908 votos mientras que su copartidario Eduard Daza Cujia consiguió un total 2.906. En otras palabras, aun sumando los votos que se le restaron al demandante no le alcanzó para superar al concejal electo».

ii) Firmas de jurados de votación en el formulario E-14

Frente a este punto, al estudiar las decisiones adoptadas por las Comisiones Escrutadoras consideró el a quo que se encuentran ajustadas a la ley, toda vez que, cuando un formulario E-14 tenga menos de tres firmas de los jurados de votación, se deberá excluir esta acta del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos, como lo establecen los artículo 192 y 193 del Código Electoral, en los casos expuestos en los procesos 2019-00375 y 2019-00378, los votos de la zonas, puestos, mesas allí establecidos, se excluyeron, por cuanto los formularios E-14 CON claveros y delegados no se consignaron las firmas de los jurados de votación.

En consecuencia, el formulario E-14 sin firma no puede ser tenido en cuenta para el escrutinio general.

8. Las apelaciones

8.1. El señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA (Exp. 2019-00368)

En su recurso insistió que desde que se demandó se planteó que fueron 18 los votos que le quitaron irregularmente, pues no existía justificación para la diferencia entre el E-14 y el E-24, identificando la zona, puesto y mesas cuestionadas.

Luego puso de presente que, confrontadas cada una de las pretensiones y hechos de estas dos demandas (haciendo referencia a los expedientes Nos. 2019-00368 y el 2019-00377), con el cómputo de votos realizado por el Tribunal Administrativo del Cesar y consignado en la sentencia, se observó que el demandante RICARDO JOSÉ DE PIÑERES CARRILLO cuando cuestionó los resultados electorales de la Mesa No. 11 de la Zona 02, Puesto 04, Colegio Leónidas Acuña, solo se refirió, tal como lo confirma el numeral 3º de los hechos de la demanda, a la diferencia de 1 voto, en cuanto al candidato WILMER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, ya que el formulario E-14 le figuraban 2 votos y en el E-24 solo 1 voto. Es decir, en ningún momento fue objeto de cuestionamiento por parte del demandante los votos obtenidos por el candidato EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, en dicha mesa.

Por lo anterior, consideró que la exclusión de esos 2 votos por parte del Tribunal Administrativo del Cesar correspondió a un aspecto subjetivo de la autoridad judicial, porque ni en la parte motiva, ni en la parte resolutiva de la sentencia, se explicó las razones de tal proceder.

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«REVOCAR la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020, y en su defecto se declare la nulidad del acto administrativo, Formulario E-26 CON de fecha 6 de noviembre de 2019, que declara la elección de Concejales en el Municipio de Valledupar – Cesar, para el período constitucional 2020 – 2023, parcialmente en lo que tiene que ver con la elección del candidato WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.065.580.107».

8.2. La señora ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ (Exp. 2019-00375)

En su escrito, afirmó que la votación del corregimiento de El Jabo no fue tenida en cuenta, debido a que supuestamente existían anomalías en los formatos electorales, como fue en el E-14, situación que calificó de extraña, al sostener que en ningún momento se determinaron que los votos depositados en la mesa 1, puesto 34, zona 99 de ese corregimiento tenían enmendaduras, tachaduras o había causal de nulidad, es decir, que los votos en sí, que son la razón de ser del ejercicio electoral y que es la expresión de la voluntad del elector, son válidos, cosa distinta era que el E-14 al no tener la firma de los jurados fuera inválido . Por lo que sostuvo:

«No obstante en ninguna de las Resoluciones expedidas por las distintas Comisiones, se manifestó que los votos no eran válidos, los votantes de la mesa 1 del corregimiento de El Jabo, son legales y son válidos, debido a que se encontraban aptos para votar (E10) se registraron en la mesa de votación (E11), los tarjetones no presentaban tachaduras, enmendaduras o alteraciones algunas, el sobre de custodia de los votos jamás fue abierto, por ende no existe ninguna reclamación que manifieste que se perdió la custodia de los votos, por lo tanto los VOTOS DE EL JABO MESA 1 ZONA 99 SON VALIDOS. Lo que no es válido es el E14 CON pues no tiene la firma de los jurados de votación, mas no los votos, que son la representación del poder soberano del pueblo».

Así las cosas, al excluir los 264 votos por el Concejo municipal de Valledupar, se atentó contra el espíritu de la democracia, al suprimir la voluntad popular de la población del corregimiento de El Jabo.

Afirmó que, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 5° de la Ley 163 de 1994, era claro que la invalidez a la que se refiere dicha norma recae sobre el acta, más no sobre los votos como lo han mal interpretado las comisiones escrutadoras zonal y municipal, puesto que una cosa es el acta y otra muy distinta los votos, por ello no era procedente ni aceptable la postura asumida por la comisión escrutadora frente a la supuesta invalidez de los votos por no estar el acta suscrita por mínimo 2 jurados electorales y de acuerdo con el artículo 163 del Código Electoral por dicha circunstancia, procedía el recuento de votos.

Con fundamento en lo anterior, solicitó «la nulidad del FORMULARIO E26 CON, FORMULARIO E24 CON y de las Resoluciones Nº 4 de 30 de octubre de 2019 y Nº 12 de 2 de noviembre de 2019, proferidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal Nº 18 y Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente, toda vez que estos actos administrativos fueron expedidos con infracción en las normas en que debían fundarse, … el artículo 163 del Código Nacional Electoral y el artículo 275 numeral 3 del CPACA».

8.3. La señora KAREN AGUILERA CARRILLO (Exp. 2019-00378)

Planteó los mismos argumentos invocados en la apelación de Ely Yohana Castilla Chávez (Exp. 2019-00375 ver numeral 8.2), pero haciendo referencia a los 283 votos excluidos en el corregimiento del Atánquez, por lo que solicitó:

«…se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 6 de 1 de noviembre de 2019 y Nº 13 de 2 de noviembre de 2019, proferidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal Nº 18 y Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente, a través de las cuales se negó el reconteo de votos y se excluyó la votación de la mesa 6 del Corregimiento de Atánquez Municipio de Valledupar, respectivamente, toda vez que estos actos administrativos fueron expedidos con infracción en las normas en que debían fundarse, esta es el artículo 163 del Código Nacional Electoral y el articulo 275 numeral 3 del CPACA».

9. Trámite en segunda instancia

La magistrada sustanciadora, mediante auto del 16 de febrero de 2021, admitió las apelaciones presentadas por los ciudadanos EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ y KAREN AGUILERA CARRILLO y ordenó los traslados de ley.

10. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

10.1. La señora ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ - demandante

Presentó el mismo escrito sustento del recurso de apelación.

10.2. La señora KAREN AGUILERA CARRILLO - demandante

También reiteró el escrito con el cual sustentó su recurso de apelación.

10.3. El señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO - Concejal

Se opuso a la prosperidad de los recursos de apelación presentados.

Explicó que al haber sido demandada la Mesa No. 11 de la Zona 02, Puesto 04, cualquier consecuencia se podía derivar (no necesariamente la que pidió el demandante) con fundamento en las pruebas que militan en el proceso. Fue así que al contestar la demanda se puso de presente que al señor DAZA CUJIA se le habían computado 2 votos de manera injustificada, que no obtuvo en las urnas, falseando con ello la voluntad popular, puesto que, los documentos electorales (específicamente el E-14 Clavero y Delegado) fue sustituido, por parte de los jurados de votación aduciendo un supuesto error al momento de diligenciarlos y para corregirlo procedieron a consignar el resultado de la votación al respaldo de dicho formulario, no obstante, el reverso del formulario no reposa en los documentos que están en custodia de la Registraduría y que fueron allegados al plenario con el que se podía corroborar la información contenida en el AGE, al contrario, solo reposa el E-14 Clavero y Delegado en el que consta que el candidato Daza Cujia solo obtuvo 3 votos, pero de manera injustificada en el E-24, le registran 5 votos, es decir, que le fueron computados 2 votos de forma irregular.

Por lo que, afirmó, no era de recibo el argumento del recurrente relacionado con el hecho de que el Tribunal Administrativo del Cesar al haberle deducido al señor DAZA CUJIA 2 votos que encontró injustificados, fue un aspecto revestido de subjetividad, porque en la sentencia no se explicó o fundamentó el carácter de tal circunstancia; por el contrario, sostuvo que dicha autoridad judicial dio las razones de esos votos espurios, tanto para el demandante como para el demandado.

Así las cosas, el análisis y la valoración racional de las pruebas que reposan en el expediente, fue lo que le permitió al Tribunal a quo, establecer que existieron diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24 e hicieron que se les restaran los siguientes votos a los candidatos del Partido Conservador:

• Wilber Antonio Hinojosa Borrego – Partido Conservador 001: 12.
• Eduard José Daza Cujia – Partido Conservador 002: 16.

Finalmente, el Tribunal procedió a realizar el cómputo total de los votos que debieron haber obtenido los candidatos reseñados: - Wilber Antonio Hinojosa Borrego – Partido Conservador: 2.908. - Eduard José Daza Cujia – Partido Conservador: 2.906, ganando el hoy demandado.

Por otro lado, explicó que las pretensiones de la demanda fueron denegadas y la decisión le fue favorable a sus intereses, por lo que no tenía propósito para recurrir el fallo de primera instancia. No obstante, consideró que esta era la oportunidad, para solicitar que «… se excluya del estudio del proceso las siguientes mesas: Zona 04, Puesto 01, Mesa 29, Colegio José Eugenio Martínez y en la Zona 05, Puesto 06, Mesa 15, Institución Educativa Bello Horizonte, por cuanto las mismas fueron objeto de recuento de votos».

10.4. El señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA – demandante

En sus alegatos reiteró los argumentos sustento del recurso de apelación. Sostuvo que no hay duda de que esos 2 votos restados al señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA al momento de la realización del cómputo total de los votos por parte del Tribunal Administrativo del Cesar en la zona 2, puesto 4, mesa 11, marcan la diferencia del resultado a favor del señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, cuando lo que realmente se presenta es un empate entre los dos candidatos en el resultado de 2908 votos.

10.5. El Ministerio Público

La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, allegó concepto en el que solicitó confirmar la sentencia apelada.

Consideró que las Resoluciones No. 4 de 30 de octubre y No. 12 del 2 de noviembre, ambas del año 2019, de la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal No. 18 y la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, adoptadas con respecto al escrutinio correspondiente a la mesa 01, del puesto 34, de la zona 99 del corregimiento de El Jabo, municipio de Valledupar (expediente 2019-00375) y las Resoluciones No. 6 y 13, del 1º y 2 de noviembre de 2019, de las mismas comisiones, en relación con el escrutinio de la mesa 01, del puesto 15 de la zona 99 del corregimiento de Atánquez, municipio de Valledupar (proceso No. 2019-00378), que decidieron excluir los votos de dichas mesas por cuanto los formularios E-14 no contaban con el mínimo legal de dos firmas por parte de los jurados de votación, fueron adoptadas con fundamento en lo establecido en la Ley 163 de 1994 y no se desvirtuó su presunción de legalidad dentro del expediente.

Indicó que el apelante DAZA CUJIA fundamentó el recurso en una presunta extralimitación del juez electoral en la valoración de las situaciones que se plantearon como irregulares, especialmente, en la zona 02, puesto 04, mesa 11, por cuanto consideró que, en ningún momento fueron objeto de cuestionamiento por parte del demandante los votos obtenidos por el candidato EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, en dicha mesa, planteando una violación al principio de justicia rogada que rige la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Al respecto, el Ministerio Público sostuvo que no eran de recibo dichos argumentos, teniendo en cuenta la naturaleza misma de la acción de nulidad electoral, al ser un medio de control judicial que pretende el control de legalidad de los actos, el fallador de instancia en materia electoral, está habilitado para estudiar y pronunciarse en su sentencia sobre algunos aspectos que, si bien, no se establecieron expresamente en el libelo introductorio, sí se encuentran necesariamente relacionados con los resultados finales, máxime, cuando la vocación de la nulidad electoral es la salvaguarda de los resultados electorales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con los artículos 150 y 152 numeral 8 del CPACA (modificados por los artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente), así como también el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que se trata de las apelaciones interpuestas contra el fallo proferido por un Tribunal Administrativo y es la Sección Quinta, en este caso, quien debe conocer del asunto porque se refiere al fallo denegatorio de las pretensiones de una demanda de nulidad electoral contra la elección de un concejal municipal, materia que es la especialidad de la Sala Electoral (art. 13 del Reglamento).

2. Acto demandado

Se trata del acto por medio del cual se eligieron a los Concejales del municipio de Valledupar, para el período 2020 a 2023, con censura particular respecto del señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, en calidad de tal, acto que adjuntado con las demandas de los expedientes Nos. 2019-00368 y 2019-00377.

3. Problemas jurídicos

Para la Sala a partir de las apelaciones y de la sentencia de primera instancia que es el límite del litigio a decidir por parte del operador ad quem, considera que los ejes temáticos a resolver son los siguientes, de cara a si se debe revocar o no el fallo de primera instancia:

3.1. ¿Hay lugar a excluir los votos injustificados que no fueron objeto de demanda? Pues el apelante EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA afirmó que no le debieron restar 2 votos de la zona 2, puesto 4 mesa 11 del municipio de Valledupar, ya que ni en su demanda que dio origen al expediente 2019-00368 ni en el libelo con radicado 2019-377, se cuestionaron los sufragios que obtuvo en esa mesa.

3.2. ¿Se deben tener en cuenta los votos que se registran en un E-14 Claveros, que no contiene el mínimo legal de firmas de los jurados de mesa? Para las apelantes ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ (Exp. 2019-00375) y KAREN AGUILERA CARRILLO (Exp. 2019-00378), esta irregularidad, legamente solo es predicable o recae sobre el acta de escrutinio mas no sobre los votos válidamente depositados, por lo que las comisiones escrutadoras debieron hacer un reconteo, tenerlos en cuenta y, por ende, no excluirlos del escrutinio.

4. Caso concreto

La Sala aborda cada uno de los problemas jurídicos establecidos, para finalmente determinar si la sentencia de 10 de diciembre de 2020, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar “negó las pretensiones de las demandas acumuladas en el presente proceso” debe ser confirmada, modificada o revocada.

4.1. ¿Se deben excluir votos injustificados que no fueron objeto de demanda?

Para responder a este primer cuestionamiento, hay que tener presente cuál es la naturaleza jurídica del medio de control de nulidad electoral. Sobre su caracterización, la Corte Constitucional en la sentencia SU-050 del 24 de mayo de 2018, explicó:

«La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el carácter constitucional de este medio de control. Ha dicho que se trata de una acción pública especial de legalidad y de impugnación de un acto administrativo de elección o de nombramiento, a la que puede acudir cualquier ciudadano dentro de los términos establecidos en la ley, con el fin de discutir ante la jurisdicción contenciosa administrativa la legalidad del acto de elección, la protección del sufragio y el respeto por la voluntad del elector.

Ha señalado que el objeto principal de la acción de nulidad electoral es determinar a la mayor brevedad la legalidad y conformidad con la Constitución de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales (…). Ha resaltado su carácter público en la medida que cualquier persona puede solicitar la nulidad de los actos electorales bajo la lógica que quien actúa representa el interés general para esclarecer la forma en que se realizó una elección y si la misma observó los lineamientos fijados en la Constitución y la ley. De igual forma ha resaltado la brevedad con la que opera la caducidad de la acción, de 20 a 30 días, en concordancia con el mandato establecido en el artículo 264 de la Constitución que señala el término de un año para decidir la acción de nulidad electoral, sin perjuicio de los casos que se tramitan en procesos de única instancia cuyo término para decidir no puede exceder los 6 meses.

El Consejo de Estado por su parte también se ha pronunciado sobre las particularidades de la acción de nulidad electoral. En ese sentido ha establecido que éste recurso es una especie de la acción de nulidad simple contemplada en el artículo 84 del Código de Procedimiento Administrativo que sirve para debatir la legalidad de nombramientos o de actos de la administración de naturaleza electoral y para cuyo trámite tiene disposiciones específicas, no excluyentes, a partir del artículo 223 del mismo Código.

Luego en el año 2015 la Corte Constitucional en sentencia de unificación determinó los elementos que caracterizaban la acción de nulidad electoral así:

a) Se trata de una acción pública que puede ser ejercida por el Ministerio Público o por cualquier otro ciudadano que quiera discutir la legalidad del acto de la elección.

b) Tiene la finalidad de proteger las condiciones de elección y elegibilidad establecidas por la ley, por lo que sus objetivos son tres: (i) garantizar la constitucionalidad y la legalidad de la función administrativa; (ii) salvaguardar la independencia y eficacia del voto y el uso adecuado del poder administrativo en la designación de servidores públicos; (iii) preservar la validez de los actos administrativos que regulan aspectos de contenido electoral con el fin de materializar el principio de democracia participativa como base del Estado Social de Derecho.

c) El principio pro actione es propio de este medio de control, lo que quiere decir que las normas procesales son instrumentos o medios para la materialización del derecho sustancial.

d) La nulidad electoral se origina en la violación de las disposiciones que regulan los procesos y decisiones electorales y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que existe para los ciudadanos elegidos por votación popular para ocupar cargos públicos.

e) Las pretensiones en la acción de nulidad electoral solo están dirigidas a los siguientes asuntos: (i) restaurar el orden jurídico abstracto vulnerado por un acto ilegal o inconstitucional, es decir, aquellas que busquen dejar sin ningún efecto jurídico la regulación electoral {sic}, la elección o nombramiento irregulares; (ii) retrotraer la situación abstracta anterior a la elección o nombramiento irregulares; y (iii) sanear la irregularidad que constato {sic} el acto inválido.

f) La acción deja sin efectos un acto administrativo de contenido electoral, previa invocación, sustentación y prueba del hecho alegado que debe encontrar tipificación en una de las causales de nulidad del acto acusado, dispuestas por la ley.

g) Por ser una acción de nulidad la sentencia tendrá efectos erga omnes, es decir generales, por lo que incluye incluso, desde el punto de vista electoral, a todos aquellos que pudiendo haber participado en el proceso, se marginaron voluntariamente del mismo o no concurrieron a él.».

Ahora, bien, esta Sección del Consejo de Estado, reiteró en sentencia de 11 de marzo de 2021 que se trata de un medio de control público, que dispone de rango constitucional, que legitima a cualquier persona para su ejercicio, sin necesidad de apoderado judicial, para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en aras de que se examine la legalidad de los actos de elección, en este caso, aquella designación devenida del voto popular.

Para ello quien acude a la administración de justicia dentro del vocativo de nulidad electoral propiamente dicha y con fundamento en causales objetivas, entendidas estas como aquellas concernientes a los escrutinios y a la votación, está obligado a cumplir con la carga en la postulación de precisar las etapas o registros electorales en los que se presentaron las irregularidades o vicios, como se desprende de la literalidad impositiva del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en cuyo tenor indica:

«Artículo 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales.

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.
(…)». Énfasis de la Sala.

Pero más allá de estas exigencias que deberán ser observadas por quienes accionan mediante este medio de control, lo cierto es que cuando se enjuician los actos electorales, producto de la voluntad popular, los fundamentos de la demanda podrán ampararse tanto en las causales generales de anulación de los actos administrativos (art. 137 CPACA) como en las específicas y propias de los actos electorales (art. 275 ejusdem), como ha sido manifestado por esta Sala, incluso con anterioridad a la entrada en vigencia del CPACA, en antecedente cuyas consideraciones resultan aplicables a este caso y del cual se transcribe el aparte pertinente:

«Cuando se ejerce [la acción de nulidad] contra actos electorales producto de la voluntad popular puede formularse no sólo por las causales genéricas de nulidad establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, sino por las especiales a las que se refieren los artículos 223, 227 y 228 ibídem.

Tal como lo tiene dicho la Sala:

En ejercicio de la acción electoral puede controvertirse la validez de actos por los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento, según lo establecido, principalmente, en los artículos 128, numeral 4, 131, numeral 3, y 132, numeral 4, del Código Contencioso Administrativo y, después de la reforma introducida mediante los artículos 36, 40, 42 y 44 de la ley 446 de 1998, en los artículos 128, numeral 3, 132, numeral 8, 134 A, numeral 9, y 136, numeral 12, del mismo Código, y también en los artículos 223, 227, 228, 229, 230 y 231, que no fueron reformados.

Según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en que se encuentra establecida la acción de nulidad, son nulos los actos administrativos, entre otras causas, cuando infrinjan normas en que deberían fundarse, y entre estas, sin duda y principalmente, las normas constitucionales. Y la acción electoral es modalidad de la acción de nulidad, solo que en su ejercicio se controvierte únicamente la validez de actos por los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento, ya se dijo, de manera que, en general, son causas de nulidad de los actos de elección y de nombramiento, como lo son de la generalidad de los actos administrativos, las establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, bien que hay causas de nulidad especiales, referidas a la materia electoral».

Posición jurisprudencial que fue objeto de regulación normativa a la luz de las diferentes prescripciones contenidas en el CPACA, como se colige de una lectura detenida del artículo 275 ejusdem.

Así las cosas, se tiene que el medio de control de nulidad electoral es una acción pública, toda vez que permite a cualquier persona demandar, por lo que cuenta con la llamada legitimación universal, respecto, entre otros, al acto de elección producto del voto popular; pero se diferencia de aquella, porque está sometida a un término de caducidad (30 días), aspecto que se ha visto ajeno al medio de control de estirpe público y, su ejercicio implica cargas para el demandante, de las cuales carece la nulidad simple, ya que en algunos asuntos, éste deberá dirigirse contra el acto de elección y los actos previos que resuelven las reclamaciones o irregularidades frente a la votación o los escrutinios.

De esta manera, se itera, la Sala ha explicado que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral «…una decisión administrativa contentiva de una elección (…) [podrá ser demandada] por causales especiales objetivas, relacionadas con los procesos de votación y de escrutinio de votos y, especiales subjetivas, relacionadas con el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a un destino público o la inelegibilidad de un elegido».

Ahora bien, en cuanto la causal establecida en el numeral 3º del artículo 275 del CPACA, que establece que los «documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales», una de sus formas materializada corresponde a las diferencias injustificadas entre los datos de los formularios electorales E-14 y del E-24.

Valga recordar que los artículos 41 de la Ley 1475 de 2011; 142 (modificado por el art. 12, Ley 6 de 1990), 143, 144 (modificado por el artículo 8º, Ley 62 de 1988) y 203 del Código Electoral, los documentos electorales son: i) aquellos formatos que están diseñados por los organismos electorales para adelantar la votación y, ii) aquellos que fueron suscritos por los funcionarios competentes para concretar el resultado electoral y por ende la voluntad popular, al respecto, esta Sección ha sostenido:

“…Sin embargo, la noción de documento electoral sólo se refiere a todos aquellos que están diseñados por los organismos electorales para adelantar la votación y aquellos que fueron suscritos por los funcionarios competentes para concretar el resultado electoral, y, por ende, la voluntad popular (artículos 143 y 144 del Decreto 2241 de 1986) (...) los formularios que sirven de apoyo para registrar una votación sí se consideran documentos electorales, puesto que no sólo facilitan el escrutinio sino que contienen los datos que determinan el resultado electoral (…)

Sin embargo, pese a que la importancia de los documentos electorales no se discute, lo anteriormente expuesto no significa que todos ellos tienen las mismas implicaciones sobre el resultado de la contienda electoral y no todas las irregularidades que, eventualmente, pueden contener originan la nulidad de los actos que declaran la elección popular. En efecto, el ordenamiento jurídico Colombiano solamente consagra procedimientos de control sobre la regularidad de ciertos actos, ciertas situaciones y algunos documentos electorales, pues es razonable que el proceso democrático garantice un margen importante de seguridad jurídica para los administrados y de estabilidad política para los elegidos popularmente.

Así las cosas, de acuerdo con los artículos 223 y 229 del Código Contencioso Administrativo, no todos los documentos electorales pueden anularse, pues sólo son objeto de invalidación los actos de elección, los registros electorales y las actas de escrutinio, ya sean de los jurados de votación o de las corporaciones electorales. No obstante, la anulación de las actas puede derivar de la existencia de irregularidades que se predican de otros documentos electorales como la destrucción o mezcla de “papeletas de votación” (numeral 1º) o la demostración del carácter falso o apócrifo de elementos que hayan servido para su formación (numeral 2º). Por ende, y para el caso objeto de estudio, un documento electoral falso o apócrifo origina la nulidad del acta de escrutinio cuando sirve de fundamento para declarar la elección de un candidato. En otras palabras, se tiene que si bien es cierto la nulidad de un acta de escrutinio se obtiene demandando el acto por medio del cual se declara la elección (artículo 229 del Código Contencioso Administrativo), no es menos cierto que en el proceso electoral se puede alegar la falsedad de los datos contenidos en un documento base para la formación del acta de escrutinio.

En este orden de ideas, se deberá analizar si el formulario E-24, esto es, aquel cuyo cotejo con las actas de escrutinio de los jurados de votación se alega como causa de la falsedad de las actas de escrutinio de las Comisiones Escrutadoras Auxiliares 02 y 02A, sirvió de fundamento para declarar la elección de los miembros de la Junta Administradora Local de la Localidad 02 de Chapinero.

(…)

Los resultados electorales definitivos no se obtienen inmediatamente se totalizan los datos registrados por los jurados de votación, pues ese escrutinio es tan sólo el comienzo del proceso orientado a contabilizar los votos válidos que expresan la voluntad popular. De esta forma, el Código Electoral establece la obligación de efectuar el escrutinio posterior a cargo de las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares, quienes tienen la misión de verificar los resultados electorales registrados en las actas de los jurados de votación (artículos 157 a 174 del Decreto 2241 de 1986), adelantar el recuento de votos (artículos 163 y 164 del Código Electoral), y, al mismo tiempo, les corresponde resolver las reclamaciones que se formulen para garantizar mayor certeza de algunos datos contenidos en dichas actas (artículos 122 y 166 del Decreto 2241 de 1986). De hecho, el artículo 163 del Código Electoral señala que los escrutinios distritales, municipales y auxiliares se efectuarán con base en los pliegos de las mesas de votación y las actas de escrutinio “cotejando de manera oficiosa las que tuviere a disposición para verificar la exactitud o diferencia de las cifras de los votos que haya obtenido cada lista o candidato y de manera especial observará si las actas están firmadas por menos de tres (3) de los jurados de votación…” (La subraya y subraya son de la Sala).

La Sección Quinta también ha sostenido, de manera reiterada y pacífica, sobre la configuración de la falsedad de los registros electorales que hayan servido para la formación de un acta de escrutinio, lo siguiente:

«… un elemento o un registro electoral es falso o apócrifo (conceptos éstos que se asumen como sinónimos), cuando se ocultan, modifican o alteran los verdaderos resultados electorales, independientemente de si ese acto u omisión se produce como consecuencia de actos malintencionados o dolosos. En otras palabras, la falsedad puede presentarse por vía de acción u omisión. Así, se presenta la falsedad por vía de acción cuando un elemento manifiesta algo diferente a la realidad electoral y se presenta la falsedad por omisión cuando un elemento deja de decir lo que debía expresarse. Esos argumentos se explican porque la ley electoral consagra el proceso contencioso electoral como un mecanismo jurídico para proteger la eficacia del voto y la regularidad de las elecciones, por lo que su objetivo nunca podrá ser el de juzgar la conducta ni el de endilgar responsabilidad a los funcionarios electorales, sino que su cometido es lograr la transparencia y la veracidad de la expresión popular…».

Así las cosas, la Sala Electoral del Consejo de Estado ha explicado que la falsedad es una irregularidad que se presenta en el proceso de escrutinio consistente en la alteración de los resultados electorales, que conlleva a que se afecte la verdad electoral, pues la anomalía plasmada en los datos definitivos consignados en el E-24 evidencia que, sin justificación, difieren de los incluidos en el formulario E-14, lo cual falsea al final, la voluntad democrática, plasmada en el acto que declara la elección.

La causal que se contiene en el artículo 275 numeral 3° del CPACA aúpa todo aquello que se relaciona con la falsedad de los documentos electorales, como acontece con las diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 y que generan la nulidad al encuadrar en los eventos en los que “los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.”.

Así ha sido decantado por la jurisprudencia de la Sección Quinta tratándose de la configuración de la falsedad de los registros electorales que hayan servido para la formación de un acta de escrutinio:

“… un elemento o un registro electoral es falso o apócrifo (conceptos éstos que se asumen como sinónimos), cuando se ocultan, modifican o alteran los verdaderos resultados electorales, independientemente de si ese acto u omisión se produce como consecuencia de actos malintencionados o dolosos. En otras palabras, la falsedad puede presentarse por vía de acción u omisión. Así, se presenta la falsedad por vía de acción cuando un elemento manifiesta algo diferente a la realidad electoral y se presenta la falsedad por omisión cuando un elemento deja de decir lo que debía expresarse. Esos argumentos se explican porque la ley electoral consagra el proceso contencioso electoral como un mecanismo jurídico para proteger la eficacia del voto y la regularidad de las elecciones, por lo que su objetivo nunca podrá ser el de juzgar la conducta ni el de endilgar responsabilidad a los funcionarios electorales, sino que su cometido es lograr la transparencia y la veracidad de la expresión popular…”.

Esta clase de irregularidad que mella la validez del mencionado documento por contener datos contrarios a la verdad democrática tiene causas diversas, unas internas devenidas de las autoridades electorales que incluso pueden ser involuntarias como cuando se comete un error en la contabilidad del escrutinio o intencional cuando lo que se busca es falsear esa verdad mediante conductas espurias, dañinas y malintencionadas para alterar los guarismos de los documentos, con datos falsos sobre el verdadero resultado del escrutinio, actividades que pueden provenir también de personas externas a la organización electoral, dado el sinnúmero de modalidades que puede revestir la falsedad.

Pero no puede dejarse de lado otro derrotero que regenta el espectro de esta irregularidad, atinente a que, para la prosperidad de la nulidad pretendida por esta causal, debe además demostrar la existencia de la falsedad en los documentos electorales, pues ello está condicionado a que la tergiversación sea de tal magnitud que afecte sustancialmente el resultado, es decir, que se altere o modifique de tal manera, que lo haga mutar. Vale la pena precisar, que esta causal de anulación se enmarca en las denominadas de tipo objetivo entendidas como aquellas que emergen de los procesos de votación o escrutinio, como acontece con las diferencias entre los E-14 y E-24 que tienen su génesis en este último.

Y es que, por regla general, la información de ambos formularios, debe ser coincidente, a menos que la autoridad electoral haya realizado algún recuento o revisión de los votos, del que encuentre irregularidades que conllevaran a la modificación del número de votos registrado en el E-14, justificación que entonces debe reflejarse en el E-24 y, en todo caso, constar en forma clara expresa y fidedigna con claridad en la respectiva acta general de escrutinio, y de esta manera, se concreta una diferencia justificada; pues en caso de no constar, la diferencia se torna en injustificada y por ello la exclusión de los votos espurios.

Así las cosas, para la Sala al ser el medio de control de nulidad electoral una acción pública, constitucional que controla la legalidad del acto de elección en protección del sufragio y hace prevaler la voluntad real de elector, una vez activada o accionada, le corresponde al juez contencioso administrativo ejercer dicho control sobre las mesas y registros demandados, para determinar, a partir de la valoración en conjunto de las pruebas que se aporten, en especial los documentos electorales, cuál fue el deseo real de los votantes.

Ahora bien, en el presente caso, para el apelante EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, según su juicio, no le debieron restar 2 votos de la mesa 11, del puesto 4 de la zona 2 del municipio de Valledupar, toda vez que en su demanda (Exp. 2019-00368) ni en la del radicado Exp. 2019-377, que promovió el señor RICARDO JOSÉ PIÑERES CARRILLO, se cuestionaron los sufragios por él obtenidos.

Para la Sala, dicho planteamiento no es de recibo, por cuanto el control legalidad que realizó el Tribunal Administrativo del Cesar en la zona 2, puesto 4, mesa 11 del municipio de Valledupar se dio porque dicho registro fue objeto de demanda en el expediente N° 2019-00377, donde se alegó la existencia de diferencias injustificadas entre el E-14 y el E-24, las que encontró acreditadas a partir de la valoración en conjunto de las pruebas aportados por las partes y la Registraduría Nacional del Estado Civil al proceso, que le permitió concluir que sí existieron.

En efecto, retomando los antecedentes frente a las demandas acumuladas, se evidencia que dentro del libelo de nulidad electoral con el radicado 2019-00377, el Tribunal a quo en la fijación del litigio tuvo como parte de su espectro competencial, la determinación de la legalidad y juridicidad de la mesa 11, del puesto 4, de la zona 2, del municipio de Valledupar, con fundamento causal en las mentadas diferencias entre los formularios mencionados; aspectos frente a los cuales se continúa la discusión en el recurso de alzada.

Nótese que el Tribunal Administrativo del Cesar, en la audiencia inicial celebrada el 15 de octubre de 2020, respecto al expediente 00377, donde el señor Ricardo José Piñeres Carrillo demandó por diferencias injustificadas entre otras, la mesa 11, puesto 4, zona 2 y a partir de lo cual el a quo manifestó el “problema jurídico se circunscribe a determinar si debe declararse nulo el acto que declaró la elección del concejal Wilber Antonio Hinojosa Borrego del municipio de Valledupar, por la existencia de diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 que hubo en las mesas reseñadas en la demanda; o si, por el contrario, debe mantenerse la legalidad de este acto electoral”.

Y es que el juez de la nulidad electoral no puede ir más allá de lo pedido, lo cual no acontece en este caso porque la valoración de ese escrutinio en el aspecto que fue apelado partió del mismo cargo propuesto en una de las demanda e hizo parte del espectro fijado como tema a decidir incluso desde la primera instancia, en el que se señaló que la diferencia injustificada impuso que para el análisis se debiera acudir al E-14 y a revisar si los jurados habían dejado alguna anotación respecto de los guarismos que reposan en el mencionado formulario encontrando que se anotó una aclaración en este caso para quien se le pretende restar 2 votos situación que aclara la votación del demandante en la mesa.

En efecto, la Sección Quinta al detenerse en la discusión de alzada que recae sobre la mesa en cita, esto es la fijada en la zona 2, puesto 4, mesa 11 del municipio de Valledupar, el Tribunal Administrativo del Cesar, encontró las siguientes diferencias, que afectaron a ambos candidatos pertenecientes al Partido Conservador Colombiano, así:

Candidato
Partido
ConservadorZonaPuestoMesaE-14E-24DiferenciaActa General de Escrutinio001020401121-1“(…) EN LA PG 4 DEL FORMATO E14 PARA EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIADO (sic) EL JURADO PROCEDIÓ A ENMENDAR EL ERROR TRANSCRIBIENDO LOS RESULTADO AL RESPALDO DE DICHA PAG. (ES LA CONSTANCIA DEJADA POR LOS JURADOS DE VOTACIÓN)”002020401135+2
Pero no aceptó la justificación del acta general de escrutinio, al explicar:

«- Zona 02, Puesto 04, Mesa 11. El Acta General de Escrutinios afirmó que se corrigió el E-24 conforme a las indicaciones que hicieron los jurados de votación en el formulario E-14. Sin embargo, no existe certeza sobre las pautas que trazaron los jurados. En el E-14 se manifestó lo siguiente: “En la página 04 de 11 del formato E-14{} para el partido conservador colombiano se cometió error involuntario al diligenciar los datos correspondientes que correspondían (sic) al partido G, por ti Valledupar. Procedimos a corregir al respaldo de la página 4, dejando constancia que estos últimos son los resultados verdaderos del escrutinio”. En el expediente judicial no obra la parte trasera del formulario el E-14. Por lo tanto, la información del Acta General de Escrutinios no se puede corroborar con ningún documento. Téngase en cuenta que la Comisión Escrutadora Auxiliar no hizo un recuento de la votación, por consiguiente, no se justifica el cambio que hubo en el formulario E-24».

En el acta general de escrutinio, se lee lo siguiente sobre la mesa objeto de cuestionamiento en el recurso de alzada:

Para la Sala del Tribunal Administrativo del Cesar razonablemente, del análisis en conjunto de las pruebas, no es válida la justificación, pues no hay soporte de reverso del E-14, donde se afirmó que los jurados de votación de la zona 2, puesto 4, mesas 11 del municipio de Valledupar dejaron plasmada la votación correcta del Partido Conservador Colombiano, por lo tanto, descontó los votos de los candidatos WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO (hoy demandado) y del señor EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA (hoy demandante), que en últimas son los protagonistas en contienda y han concurrido al proceso durante todas sus etapas.

Ahora, pretender lo buscado por el apelante, es decir, excluir los votos injustificados del demandado y mantener los suyos, al pasar de estar en la misma controversia, en la misma mesa y en similares circunstancias constitutivas de falsedad, es desnaturalizar la esencia de este medio de control, el cual debe hacer un control de la legalidad del acto de elección, para la protección del sufragio y el respeto por la voluntad del elector, cuando el planteamiento sí está dentro de la órbita del thema decidendum y no contradice las características de rogada de esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que la zona 2, puesto 4, mesas 11 del municipio de Valledupar, fue objeto de demanda en el expediente No. 2019-00377.

Distinto fuera, por incurrir en extrapetita que se hubiera tomado a otros candidatos en contienda, a otros partidos o movimientos o a otras mesas, sin que hubieran sido puestas en entredicho o habiendo sido controvertidas se refirieran a otras causales, supuestos o participantes.

Ahora, también de la esencia y naturaleza del medio de control de nulidad electoral puestas de presente en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, traída a colación en precedencia, está la relacionada con que los efectos de la decisión serán «erga omnes, es decir generales, por lo que incluye…, desde el punto de vista electoral, a todos aquellos que pudiendo haber participado en el proceso, {y que} se marginaron voluntariamente del mismo o no concurrieron a él» y en vista de ello, el auto admisorio de las demandas electorales como las acá estudiadas se le debe informar al Presidente de la respectiva corporación pública, para que por su conducto se entere a los miembros de la corporación que ha sido demandada (numeral 6º del artículo 277 del CPACA) y, ello tiene su razón de ser en el control de legalidad del acto de elección por voto popular.

Con mayor razón, el espectro competencial de los operadores judiciales en la nulidad electoral tiene viabilidad en casos como el que ocupa la atención de la Sala, en lo que se circunscribe a los mismos candidatos, en la misma mesa y por la misma diferencia o censura, en tanto la controversia incluso en el ámbito administrativo electoral históricamente venía trabada entre los mentados candidatos, como se evidencia del acervo probatorio del proceso acumulado, en concreto de la Resolución 5 de 1° noviembre de 2019 de la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, por medio de la cual se confirmó el rechazó la reclamación presentada por el demandado Hinojosa Borrero para que la mesa 11, del puesto 4 I.E. Leónidas Acuña, zona 2 del municipio de Valledupar, fuera objeto de recuento con causa en las supuestas enmendaduras del E-14 (véase exp. digital radicado 377).

Así que verter un velo de duda sobre el lector aludiendo a una acusación de extra petita cuando no se ha salido de la órbita ni de la causa petendi, ni de la censura, ni de los candidatos en litigio, toca los límites de lo ilógico, para pasar a un ámbito que no solo refleja un propósito individualista de hacerse a la curul no importa cómo, sino que se aleja de la misión de la nulidad electoral que tiende a proteger el sentido democrático de la voluntad popular del electorado, por cuanto como ya se indicó la zona 2, puesto 4, mesas 11 del municipio de Valledupar, cuestionada en apelación, sí fue objeto de demanda en el expediente No. 2019-00377.

Por las anteriores razones, para la Sala y como lo puso de presente el Ministerio Público en su concepto, el Tribunal Administrativo del Cesar, en su papel del juez electoral en este tipo de demandas por causales objetivas, valoró las situaciones de hecho y de derecho que distorsionaron la voluntad popular y, por ende, la legalidad de los actos enjuiciados, a partir de ello, excluyó de la votación las diferencias injustificadas entre el E-14 y E-24, a partir de las pruebas aportados por las partes y la Registraduría Nacional del Estado Civil al proceso y con fundamento en la verdad electoral demostrado concluyó:

«Finalmente, el Tribunal procede a realizar el cómputo total de los votos que debieron haber obtenido los candidatos reseñados:

• Wilber Antonio Hinojosa Borrego – Partido Conservador: 2.908.
• Eduar {sic} José Daza Cujia – Partido Conservador: 2.906.
(…)
El artículo 287 del CPACA previó el principio de eficacia de voto. La disposición normativa indica que solo se declarará la nulidad de la elección de voto popular cuando el juez constate irregularidades en la votación o escrutinios que tengan incidencia en los resultados.

Así las cosas, la Sala concluye que a pesar de las inconsistencias que se presentaron en el proceso de escrutinio del Concejo Municipal de Valledupar, estas no tienen incidencia en la votación que permita acceder a las pretensiones de la demanda. Como se evidenció en el apartado anterior, el candidato Wilber Hinojosa obtuvo 2.908 votos mientras que su copartidario Eduar {sic} Daza Cujia consiguió un total 2.906. En otras palabras, aun sumando los votos que se le restaron al demandante no le alcanzó para superar al concejal electo».

En conclusión, no hay mérito en los argumentos del apelante EDUARD JOSÉ DAZA CUJIA, de conformidad con los atrás expuesto, toda vez que el Tribunal Administrativo del Cesar dado el panorama puesto por las partes a su conocimiento, se decantó por excluir los votos frente a los cuales existiera una diferencia injustificada entre la información registrada en el E-14 y el E-24, como aconteció en el presente caso.

Ante la no prosperidad de esta censura, la Sala da continuidad al estudio del cargo de violación restante.

4.2. ¿Se deben tener en cuenta los votos que se registran en un E-14 Claveros, que no contiene el mínimo de firma de jurados fijados en la ley?

Para las apelantes ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ (Exp. 2019-00375) y KAREN AGUILERA CARRILLO (Exp. 2019-00378), la irregularidad recae sobre el acta mas no en los votos válidamente depositados, por lo que las comisiones escrutadoras debieron hacer un reconteo y en el resultado final del escrutinio haberlos contabilizado, porque ello habría implicado que los 264 votos del corregimiento del Jobo y los 283 del corregimiento de Atánquez, ambos del municipio de Valledupar, tendrían la virtualidad de variar la elección de los miembros del concejo municipal.

Hay que tener presente, que dentro de las generalidades del derecho electoral aplicable a los escrutinios a los jurados de votación les corresponde suscribir las actas, conforme a lo preceptuado en el artículo 142 del Código Electoral, normativa que, para la validez de esta, anteriormente imponía que estuvieran firmadas por al menos tres de ellos (artículos 163 y 192 numeral 3 idem), pero en la actualidad, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, los E-14 son válidos cuando estén firmados como mínimo por dos jurados.

En efecto, establece la mencionada disposición:

«Para la integración de los jurados de votación se procederá así:

1. Con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los Registradores del Distrito Capital, Municipales y Auxiliares solicitarán a las entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación.

Las listas elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de ciudadanos con grado de educación secundaria no inferior a décimo (10º) nivel.

2. Los Registradores Municipales y Distritales, mediante resolución, designarán tres (3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa, ciudadanos no mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos políticos.
Los principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función alternándose entre sí.

No se podrá designar como jurados a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, del Registrador Nacional, ni de los Registradores del Estado Civil, distritales, municipales o auxiliares, ni de los delegados del Registrador. El incumplimiento a esta disposición constituirá causal de mala conducta.

Parágrafo 1º. Los nominadores o Jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación, serán sancionados con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen, serán sancionadas con la destitución del cargo que desempeñen, si son servidores públicos. Si no lo son, a la multa prevista en el inciso anterior.

Parágrafo 2º. Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos.

A los jurados que no firmen las actas respectivas, se les impondrá una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se hará efectiva mediante resolución dictada por los Registradores Distritales o Municipales».

La Sala mediante sentencia del 29 de agosto de 2012, luego de referirse a decisiones anteriores sobre la exigencia de mínimo 3 firmas de jurados en la referida acta, corrigió su posición en los siguientes términos:

«… Repárese en que por disposición del parágrafo segundo del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, las actas de escrutinio de los jurados de votación son válidas cuando están firmadas, al menos, por dos de ellos, en lo cual que fue modificada la disposición anterior».

Sobre el deber de suscribir las actas E-14 por parte de los jurados, en sentencia del 30 de mayo de 2019, de esta Sección, se hizo referencia a los escrutinios de mesa que realizan éstos y frente aquella obligación se explicó:

«A. Escrutinio de mesa de los jurados de votación: el Título VII Capítulo I del Código Electoral, regula lo concerniente al proceso de escrutinio de mesa, en él se contempla que cuando finalice la jornada de votación, corresponde a los jurados de votación abrir las urnas y proceder al conteo de la votación.

Corresponde a estos funcionarios públicos transitorios, dejar constancia de la sumatoria total de los votos de cada mesa, así como de las circunstancias que rodearon dicho conteo, para ello la Registraduría Nacional del Estado Civil les proporciona en el kit electoral el denominado formulario E-14, el cual se erige en 3 ejemplares los cuales deben ser idénticos en su contenido y, dependiendo de su destino, se puede establecer su función, es así como el ejemplar de claveros va a ser el sustento del escrutinio zonal o auxiliar, el de delegados del Registrador Nacional, es el que se digitaliza para su posterior publicación en la página web de la entidad y, el de transmisión, es la base del preconteo y a su vez es el que finalmente se le entrega a los testigos electorales que lo soliciten para su control y de ser el caso presentar las reclamaciones del caso.

Recapitulando, en los 3 ejemplares del mencionado formulario que una vez es diligenciado se constituye en el Acta E-14, debe quedar constancia de la nivelación de la mesa, que es el resultado de contabilizar los sufragantes que se encuentran registrados en el registro de sufragantes formulario E-11 con los votos depositados y existentes en la urna de votación de una determinada mesa, dato que debe coincidir, de igual forma, en él debe reposar de manera certera sin tachaduras y enmendaduras el número de votos obtenidos por cada opción (candidato, partido, en blanco, no marcados y nulos). Finalmente luego de plasmar cada una de estas actuaciones en las Actas E-14 los jurados de votación deberán firmar todos y cada uno de sus ejemplares».

Y es que, conforme con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 136 de 1994, los jurados de votación son ciudadanos designados por entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos, teniendo en cuenta las excepciones que sobre el tema consagra el artículo 104 del CE.

Dentro de sus varias competencias como primeros escrutadores de toda contienda por voto popular, el artículo 142 ejusdem les impone el deber de firmar las actas de escrutinio, al punto que dichas rúbricas constituyen requisito sine qua non para dar validez al acta respectiva. Solo que el legislador, en una fórmula por demás garantista con el electorado y la democracia estableció un límite mínimo de permisión para validar con un número de firmas el formulario de que se trate. En principio, por lo menos tres rúbricas de los jurados (arts. 163 y 192 numeral 3° del Código Electoral) y luego, con mínimo dos, conforme a las voces del parágrafo 2° del artículo 5° de la Ley 163 de 1994.

Se tiene entonces que, para la validez de las actas de jurados de votación vertidas, entre otros, en el llamado E-14 pende de la circunstancia de que se encuentren firmadas al menos por dos de los jurados de la mesa, pues a falta estas y de conformidad con el artículo 192 del Código Electoral, no hay quien de fe de su resultado y ante ello no se puede tener como válido el escrutinio y su resultado, así que no se comparte el planteamiento de las recurrentes de que la invalidez del E-14 por falta de firmas no tiene la virtualidad de permear esa invalidez a los sufragios escrutados en éste, por lo que en vez de proceder a la exclusión de la votación debieron realizar un recuento y escrutarlos para validar los votos.

Es tal el yerro en la argumentación de alzada que afirmaron que se presentaron solicitudes ante las Comisiones Escrutadoras Zonales y que si bien estaba comprobada la falta del mínimo de firmas de los jurados de votación en el E-14 no se excluyeran los votos escrutados si no que se procediera a su recuento. Tales postulaciones electorales ante las autoridades administrativas dieron lugar a los actos que en forma aparejada al acto declaratorio de elección fueron enjuiciados en el vocativo de la referencia:

• Resolución N° 6 de 1° de noviembre de 2019, expedida por la Comisión Escrutadora Zonal N° 18, “Por medio de la cual se resuelve una reclamación presentada en la MESA 6, PUESTO 15 ATÁNQUEZ, ZONA 99, MUNICIPIO VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO CESAR, con motivo de las ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 27 de octubre de 2019” (exp. 378, demandante Karen Lizeth Aguilera Carrillo). En esta se decidió, por una parte, rechazar la reclamación presentada por el señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, a través de apoderado. Y por otra, tener por excluida la mesa.

La Comisión Zonal explicó que la reclamación se soportó en el artículo 192 numeral 3° del Código Electoral sobre la causal de falta de firmas en las actas de escrutinio de los jurados de votación, pero que no la encontró de recibo, decantándose por el rechazo con base en que la comisión escrutadora no hizo el recuento de los votos de manera oficiosa, y en que tampoco procederá a hacerlo, como lo pretende el reclamante, por cuanto conforme a la mencionada normativa, lo que corresponde en el evento de que el E-14 no cuente con el número legal mínimo de firmas de los jurados es la exclusión de la mesa, pues para su validez, se insiste, son necesarias dos firmas de jurados de mesa, como lo establece el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 163 de 1994.

Indicó que incluso verificó el E-14 de Delegados y tampoco se encuentra firmado. Trajo a colación la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006, dentro del radicado de nulidad electoral 77001-23-31-000-2004-00015-01 (interno 3562), que analizó una situación similar acontecida en el corregimiento de Puerto Viejo, municipio de Tolú y ante la falta de firmas mínimas de los jurados del acta de escrutinio la mesa fue excluida del escrutinio y que le sirvió de referente para aplicarlo al caso e indicó “en el momento de avizorarse la irregularidad de falta de firmas hubo dos posiciones entre los candidatos, testigos electorales y apoderados por cuanto unos sostenían la exclusión de los resultados para esa corporación y otros se inclinaban por el recuento de cada uno de los votos. En esa circunstancia mal podría procederse al recuento de votos por cuanto se estaría desconociendo la causal tercera del artículo 192 del Código Electoral (mod. por el parágrafo 2 del art. 5 de la Ley 163 de 1994)… así las cosas, no hay lugar a acceder a la reclamación presentada que dicho sea no encuadra en el evento en que nos encontramos por cuanto su procedencia dependía de que se hubiera hecho el recuento de votos y los partidarios de la exclusión era quienes tenían la posibilidad de presentarla”. (Exp. 378, demandante Karen Lizeth Aguilera Carrillo).

• Resolución N° 13 de 2 de noviembre de 2019, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, mediante la cual decidió el recurso apelación incoado por el señor WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO (demandado en el proceso de la referencia) confirmando la Resolución 06 anterior. Expuso como fundamento que la interpretación dada por el reclamante no se acompasa con la normativa del artículo 192 numeral 3 del Código Electoral, ya que el vicio se predica de la falta de menos de dos (2) firmas de los jurados de votación en el E-14, aunado a que conforme con el artículo 142 del Código Electoral, modificado por el artículo 12 de la Ley 6 de 1990, los resultados del cómputo de votos se harán constar en el acta y en aplicación armónica con la regulación electoral, concretamente con el artículo 163 ejusdem se tiene que la norma hace referencia a dos eventos, a saber: el de tachaduras, enmendaduras o borrones en las actas de escrutinios y el de falta del número mínimo de firmas, imponiendo únicamente al primero la realización del recuento y dejando en silencio el tema de la omisión de rúbricas, siendo la única salida la exclusión de la mesa, lo cual se encuentra acorde con las fuertes sanciones que el artículo 200 castiga a los jurados que incurran en tal falencia, que no se daría si la situación fuera fácilmente subsanable incluso con el mero recuento. (Exp. 378, demandante Karen Lizeth Aguilera Carrillo).

• Resolución N° 4 de 30 de octubre de 2019, expedida por la Comisión Escrutadora Zonal N° 18, por la cual se rechazó la reclamación presentada por el señor Wilber Antonio Hinojosa Borrego –hoy demandado- y excluyó la mesa reclamada, esto es, la mesa 1, puesto 34 El Jabo, zona 99, municipio Valledupar, departamento del Cesar. Indicó que la reclamación del señor Hinojosa tuvo como fin que la votación de la mesa referida no fuera excluida y que en su lugar, se procediera al reconteo de los votos.

En la argumentación de fondo, lo primero que denota la escrutadora zonal es que la reclamación es imprecisa, falta de claridad y concreción, toda vez que se refiere a la totalidad de la mesa, cuando la misma fue recontada para Alcaldía, Gobernación y Asamblea. Explicó que el recuento no se hizo respecto del Concejo al avizorar que el acta E-14 correspondiente a esta corporación carecía de firmas, falencia que fue observada por los testigos y apoderados presentes ante la comisión, por lo que en procura de velar por la transparencia del escrutinio se solicitó a la delegatura de la Registraduría enviar la copia respectiva del acta aludida (E-14 delegados), evidenciándose que tampoco estaba suscrita por jurado alguno al igual que su homólogo de claveros, por lo que se tomó la determinación de excluir la mesa, conforme a las voces del parágrafo 2 artículo 5 de la Ley 163 de 1994 (“página 28 del instructivo para escrutinios”). Concluyó con base en todo lo anterior que “no hay lugar a acceder a la reclamación presentada que dicho sea no encuadra en el evento en el que nos encontramos por cuanto su procedencia dependía de que se hubiera hecho el recuento de votos y los partidarios de la exclusión era quienes tenían la posibilidad de presentarla.”.

Como segundo punto, indicó que no se puede dar aplicación al evento en que la Comisión Escrutadora procede de oficio al reconteo, ya que en este caso ello no sucedió así y menos porque la Comisión se decantó por la salida que le otorga la Ley precitada de excluir la mesa del escrutinio. (Exp. 375, demandante Ely Yohana Castilla Chávez).

• Resolución N° 12 de 2 de noviembre de 2019 expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar “por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación concedido en el escrutinio de la instancia anterior sobre la reclamación presentada en la mesa 1, puesto 34 El Jabo, zona 99, municipio de Valledupar…” (exp. 375, demandante Ely Yohana Castilla Chávez). En esta se confirma por vía de alzada la decisión de rechazo de la reclamación contenida en la Resolución 4 anterior, por razones y considerandos idénticos a los plasmados en la Resolución 13 de 2021, sintetizada párrafos atrás.

Visto el contexto de los actos administrativos relacionados en precedencia advierte la Sala que en el concepto de violación con los que se pretendió quebrar la presunción de legalidad, que por lo demás no fue reiterado en la alzada, solo se aludió a la transgresión de las normas en que deberían fundarse esos actos, pero conexo al argumento basado en lo fáctico, que debió recontarse la mesa y no excluirse, por lo que considera esta Magistratura que, frente a este cargo el problema jurídico se circunscribe a dilucidar si: ¿existen menos de dos firmas de los jurados de votación en los formularios E-14 de las mesas demandadas? y, en caso afirmativo, si ¿hay lugar a invalidar la votación de las mesas, por este aspecto?; y solo determinado y superado ello, concluir si los actos por medio de los cuales se resolvieron las reclamaciones atinentes a la falta del mínimo de firmas en el E-14 están viciados de nulidad.

Así las cosas, se retoma el fundamento que para la validez de las actas de jurados de votación (formulario E-14), es necesario que estén firmadas al menos por dos de los jurados de la mesa; de lo contrario si dicho formulario no contiene dicho mínimo, es inválido y los votos allí contenidos, excluidos, en consecuencia, «para dar por probada la invalidez de las actas de los jurados de votación es preciso que se pruebe que no se encuentran firmadas por lo menos por dos de aquellos que fueron designados legalmente».

Teniendo en cuenta lo anterior, procede la Sala a revisar los E-14, de las mesas excluidas y cuestionadas por las apelantes así:

ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ
(Exp. 2019-00375) - Zona 99 – Puesto 34 – Mesa 1
KAREN AGUILERA CARRILLO
(Exp. 2019-00378) - Zona 99 – Puesto 15 – Mesa 6

Para la Sala, al no contar los formularios E-14 con ninguna firma de los jurados mesa, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, la consecuencia jurídica de tal circunstancia, es la invalidez de la respectiva acta, por tal razón, la exclusión de los votos allí registrados, como se fijó en las Resoluciones adoptadas al interior de los escrutinios correspondientes a la zona 99, puesto 34, mesa 01, en el corregimiento de El Jabo y zona 99, puesto 15, mesa 6, en el corregimiento de Atánquez, ambos pertenecientes al municipio de Valledupar, se encuentran ajustadas a dicha disposición normativa.

Ahora bien, en las apelaciones las ciudadanas CASTILLA CHÁVEZ y KAREN AGUILERA CARRILLO sostuvieron que no era procedente ni aceptable la postura asumida por las comisiones escrutadoras frente a la supuesta invalidez de los votos por no estar el acta (E-14) suscrita por mínimo 2 jurados electorales y de acuerdo con el artículo 163 del Código Electoral por dicha circunstancia, procedía el recuento de votos.

Para la Sala el anterior argumento no es de recibo, toda vez que, la mencionada normativa establece que el recuento de votos se da en eventos específicos detallados, a saber o cuando existen tachaduras, enmendaduras o borrones, o porque en aras de propender por el saneamiento del escrutinio se lleva a cabo la revisión, pero ello no se impone cuando la falencia provenga de la ausencia de las firmas mínimas exigidas legalmente para la validez del acta E-14.

Nada diferente, se advierte de la literalidad del artículo 163 idem en cita, con la modificación que le introdujo el artículo 11 de la Ley 62 de 1988, en los siguientes términos:

«Al iniciarse el escrutinio, el Registrador dará lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave. Enseguida procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen los pliegos de las mesas de votación, y dejará en el acta general las correspondientes constancias acerca de los sobres que tengan anomalías, lo mismo que de las tachaduras, enmendaduras o borrones que advierta en las actas de escrutinio, cotejando de manera oficiosa las que tuviere a disposición para verificar la exactitud o diferencias de las cifras de los votos que haya obtenido cada lista o candidato y de manera especial observará si las actas están firmadas por menos de tres (3) de los jurados de votación {léase 2 jurados - parágrafo segundo del artículo 5º de la Ley 163 de 1994}. También dejará constancia expresa de las actas que fueron recibidas extemporáneamente, conforme al artículo 144 de este Código.

En el caso de las tachaduras, enmendaduras o borrones se procederá al recuento de votos; y si esas irregularidades no se advierten, el cómputo se hará con base en las actas de los jurados de votación, las cuales se exhibirán a los interesados que lo soliciten al tiempo de anotar los resultados de la votación de la respectiva acta».

Como se desprende de la simple lectura de la anterior disposición, no existe imposición de recuento de votos por falta de la firma mínimas de los jurados de mesa para la validez del formulario E-14, como los sostuvieron las apelantes, toda vez que el proceso de escrutinio como se mostró de forma pretérita es escalonado, lo cual indica que son los jurados lo que revisan la votación y la consolidan en un E-14 el cual es la base del escrutinio zonal o municipal según el caso, es decir la comisión escrutadora no inicia su labor por la contabilización de los votos sino la consolidación de los E-14 mesa a mesa para crear el E-24 y, solo en ocasiones excepcionales consagradas en la ley electoral, que por demás es de carácter estatutario, es que procede a recontar la votación y ante la falta mínima de las firmas de jurados de mesa de los E-14, establecida por el legislador y, de conformidad con el artículo 192 del Código Electoral, como ya se explicó, es la exclusión de los votos depositados en la mesa del proceso de escrutinio, como ocurrió en el presente caso.

Y es que como ya se indició si las ritualidades de la esencia previstas en la regulación electoral no se cumplen, como acontece con la causal alegada, no se puede tener como válida la labor consolidadora y la información que reposa en el E-14, por lo que el legislador previó en el inciso 13 del artículo 192 ejusdem señaló que si las escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos, por lo que ineluctablemente se trata de una consecuencia que la norma previó frente a la votación y es que ella no puede ser consolidada y, por ende, mucho menos validada.

Así las cosas, ante la total ausencia de firmas de los jurados en los formularios E-14 de la Zona 99 – Puesto 34 – Mesa 1 (Exp. 2019-00375) y de la Zona 99 – Puesto 15 – Mesa 6 (Exp. 2019-00378), las censuras de apelación de la señoras ELY YOHANA CASTILLA CHÁVEZ y KAREN AGUILERA CARRILLO, respectivamente, no están llamados a prosperar, en tanto fácticamente se probó la ausencia de firmas de los E-14 tanto de claveros como de delegados en las mesas mencionadas; normativamente no se exige para estos eventos de falta de firmas el recuento de votos la vía de la exclusión de la mesa y, por ende, jurídicamente tampoco se advierte que las resoluciones previas a la declaratoria de elección demandadas, a saber: las Resoluciones N° 6 de 1° de noviembre de 2019, expedida por la Comisión Escrutadora Zonal 18 y N° 13 de 2 de noviembre de 2019, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, atinente a la mesa 6, Puesto 15 Atánquez, Zona 99, MUNICIPIO VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO CESAR, que fue objeto de reclamación por este hecho omisivo y las Resoluciones N° 4 de 30 de octubre de 2019, expedida por la Comisión Escrutadora Zonal N° 18, y N° 12 de 2 de noviembre de 2019 expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, con respecto a la mesa 1, puesto 34 El Jabo, zona 99, municipio Valledupar, departamento del Cesar hayan incursionado en la violación de las norma superiores en que deberían fundarse (art. 137 inc. 2 del CPACA) como lo indicaron las apelantes respecto de los mandatos constitucionales 29, 2, 6, 13, 40 y 209, pues como se consideró en precedencia solamente acreditada la situación fáctica glosada por las recurrentes permitía pregonar la transgresión normativa alegada, lo cual no aconteció de cara a lo previsto en el artículo 163 del Código Electoral, sin que tampoco se advierta que haya mérito para nulitar el acto declaratorio de la elección.

5. Conclusión

Así las cosas, para la Sala al no encontrar mérito suficiente en los argumentos de las apelaciones, por lo explicado en precedencia, se impone confirmar la sentencia de 10 de diciembre de 2020, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de nulidad de la elección demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 10 de diciembre de 2020, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de nulidad electoral contra el E-26 CON de 6 de noviembre de 2019, contentivo de la elección de los concejales municipales de Valledupar, departamento del Cesar, período 2020 a 2023, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
Recibidos de los correos electrónicos de cada uno de los apelantes el 12 de enero de 2021.
El Despacho advierte que el demandante Ricardo José Piñeres Carrillo no apeló el fallo de primera instancia.
Aunque conforme al literal d) del numeral 1° del artículo 277 del CPACA en la demanda de nulidad electoral contra actos declaratorios de la elección por voto popular a corporaciones públicas y dependiendo de la causal se entienden demandados todos los ciudadanos elegidos por los actos cuya nulidad se pretende.
Énfasis del original.
Énfasis del original.
Con la que se resolvió el recurso de reposición que se presentó contra la Resolución 9 de 5 de noviembre de 2019.
Con la que la Comisión Escrutadora Departamental del Cesar resolvió el recurso de reposición que se presentó contra la Resolución 9 de 5 de noviembre de 2019.
Como se sintetiza en el siguiente cuadro:
No.
Zona
Puesto
Mesa
Expediente en que se cuestionó
1
01
02
012
2019-00375
2
02
01
016
2019-00368 y 2019-00375
3
02
04
011
2019-00375
4
04
01
011
2019-00368
5
04
01
029
2019-00368
6
05
01
011
2019-00368 y 2019-00375
7
05
01
024
2019-00368 y 2019-00375
8
05
02
032
2019-00368
9
05
06
005
2019-00368
10
05
06
015
2019-00368
11
05
07
003
2019-00375

En el expediente 2019-00375 hizo referencia a las Resoluciones No. 4 de 30 de octubre y No. 12 del 2 de noviembre, ambas del año 2019, de la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal No. 18 y la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente. Por su parte, en el proceso No. 2019-00378 mencionó las Resoluciones No. 6 y 13, del 1º y 2 de noviembre de 2019, de las mismas comisiones. Inadmitida con auto de 23 de enero de 2020. Inadmitida con auto de 17 de enero de 2020.
«“2.5.2.3. Registros que presentan diferencias injustificadas entre los datos registrados en los formularios E-14 y E-24 / Este escenario corresponde a aquellas mesas en las cuales existen discrepancias entre los formularios E-14 y E-24, respecto de las cuales no se encuentran motivos de justificación, tales como recuentos de votos o correcciones de los datos.” (Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-28-000-2018-00035-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-00033-00), Sentencia del 9 de mayo de 2019)». Es claro que se trata del partido Conservador Colombiano por cuanto la anotación se circunscribe a los números asignados a los candidatos y a dicho partido para esas justas electorales, aunado a que era lo que el Tribunal a quo se encontraba revisando exclusivamente en esa mesa. Énfasis del original.
«En ninguna de las Resoluciones expedidas por las distintas Comisiones, se manifestó que los votos no eran válidos, los votantes de la mesa 6 del corregimiento del Atánquez, son legales y son válidos, debido a que se encontraban actos para votar (E10) se registraron en la mesa de votación (E11), los tarjetones no presentaban tachaduras, enmendaduras o alteraciones algunas, el sobre de custodia de los votos jamás fue abierto, por ende no existe ninguna reclamación que manifieste que se perdió la custodia de los votos, por lo tanto los VOTOS DEL ATÁNQUEZ MESA 6, PUESTO 15 Y ZONA 99 SON VÁLIDOS. Lo que no es válido es el E14 CON pues no tiene la firma de los jurados de votación, mas no los votos, que son la representación del poder soberano del pueblo». Énfasis del original. Índice 5 Samai. Índice 10 Samai. Índice 11 Samai. Índice 14 Samai. Índice 15 Samai. Índice 15 Samai. Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. “Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (..) 8. De la nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las asambleas departamentales; de concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los alcaldes, personeros, contralores municipales y miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. La competencia por razón del territorio corresponde al Tribunal con jurisdicción en el respectivo departamento”. Las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 25 de enero de 2020, en lo referente a las competencias regirán tan solo un (1) año después de la publicación de la referida Ley, conforme a las voces del régimen de transición que consagra el artículo 86 ejusdem: «ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa.

La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. // Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. // De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones». (Énfasis de la Sala). Referencia: Expediente T-5.027.021. Acción de tutela instaurada por el señor Alberto Rojas Ríos contra la Sección Quinta del Consejo de Estado. Procedencia: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
«Corte Constitucional, sentencia C-391 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis)».
«Corte Constitucional, sentencia C- 437 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)».
«Corte Constitucional, sentencia C- 437 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)».
«Corte Constitucional, sentencia C- 437 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)».
«Consejo de Estado Sección Quinta. Sentencia del 6 de marzo de 2012 (Expediente 2011-0003). MP Víctor Hernando Alvarado Ardila».
«Corte Constitucional, sentencias T-1160 de 2003. (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
«Corte Constitucional, sentencia T- 945 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
«Corte Constitucional, sentencia SU-400 de 2012 (MP. Adriana Guillen Arango)».
«Corte Constitucional, sentencia C-630 de 2012 (MP. Mauricio González Cuervo)».
«Corte Constitucional, sentencia T-500 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis)». Cursiva del original. Medio de control de nulidad electoral, radicado con el No. 11001-03-28-000-2018-00081-00; demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otros, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. También se puede consultar la providencia de la misma Sección del 8 de febrero de 2018, expediente electoral No. 11001-03-28-0002014-00117-00, actores: Álvaro Young Hidalgo Rosero y otro. M. P. Idem. Sección Quinta del Consejo de Estado, radicación No. 11001-03-28-000-2010-00086-00 del 1º de noviembre de 2012, M. P. Mauricio Torres Cuervo.
«Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando…». Sección Quinta del Consejo de Estado, expediente No. 11001-03-28-000-2010-00086-00 del 01 de noviembre de 2012, M. P. Mauricio Torres Cuervo. Sección Quinta del Consejo de Estado. M.P: Darío Quiñones Pinilla. Radicación número: 11001-03-28-000-2001-0009-01(2477). Actor: Juan David Duque Botero. Ver sentencia del 8 de febrero de 2018, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rad. 2014-00117-00, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en cita que se hace de la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. M. P. Darío Quiñones Pinilla. Radicación número: 11001-03-28-000-2001-0009-01, actor: Juan David Duque Botero. Énfasis de la Sala.

Ver sentencia del 8 de febrero de 2018, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rad. 2014-00117-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en cita que se hace de la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. M.P.: Darío Quiñones Pinilla. Radicación número: 11001-03-28-000-2001-0009-01(2477). Actor: Juan David Duque Botero. Sección Quinta. Sentencias de 9 de febrero de 2019, Rad. 2014-00112-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandados: Representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional y 2014-00117-00 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandados: Senadores de la República, período 2018-2022. Sección Quinta del Consejo de Estado. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-28-000-2014-0062-00. Actor: Henry Hernández Beltrán y otros. Auto de 5 de mayo de 2016. Radicación No: 05001-23-33-000-2015-02594-01. Actor: Actor: Óscar Andrés Pérez Muñoz, Maribel Sánchez Y Diego Fernando Díaz Patiño. Demandado: Junta Administradora Local de Bello. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Mesa cuestionada en la demanda del expediente No. 2019-00377. Constancia de los jurados en el E-14:

Énfasis de la Sala.
«Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. // Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil». Énfasis de la Sala. Sección Quinta del Consejo de Estado, radicado No.11001-03-28-000-2010-00050-00, demandantes: José Antonio Quintero Jaimes y Jorge Alberto García-Herreros Cabrera, M. P. Mauricio Torres Cuervo. Énfasis de la Sala. Sección Quinta del Consejo de Estado, expediente No. 11001-03-28-000-2018-00038-00, actor: Carlos Felipe Muñoz Bolaños. M. P. Rocío Araujo Oñate. Cita que se hace del artículo 136 del CE, conforme al cual: recogidas las [papeletas], los jurados procederán a hacer el escrutinio y a anotar en la correspondiente acta el número de votos emitidos en favor de cada lista o candidato. Ver artículo 41 de la Ley 1475 de 2011.
«En caso que no coincidan, el artículo 135 del Código Electoral prevé: Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno; si hubiere un número mayor que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente. // En el acta de escrutinio se hará constar la circunstancia de que habla este artículo, con expresión del número de sobres excedentes».
«En caso de presentarse esta irregularidad, los candidatos, sus apoderados, los testigos electorales y el Ministerio Público, podrán pedir el recuento de la votación con miras a establecer la verdad electoral». Énfasis de la Sala.
“Artículo 5. Jurados de votación. Para la integración de los jurados de votación se procederá así: 1. Con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los Registradores del Distrito Capital, Municipales y Auxiliares solicitarán a las entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación.// Las listas elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de ciudadanos con grado de educación secundaria no inferior a décimo (10o.) nivel. (…)”. A título de mención los funcionarios y empleados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal las que tienen funciones propiamente electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores del Ministerio de Comunicaciones, Telecom, Empresas de Teléfonos, los auxiliares de los mismos y los funcionarios de la Administración Postal Nacional o los miembros de directorios políticos ni los candidatos. Artículo 142. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 6 de 1990. Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación …
“El Consejo Nacional Electoral o sus Delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales: (…) 3º.

Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos. (…) Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos. (…)”.
“Parágrafo 2o. Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos. // A los jurados que no firmen las actas respectivas, se les impondrá una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se hará efectiva mediante resolución dictada por los Registradores Distritales o Municipales.”.

Sección Quinta del Consejo de Estado, providencia del 2 de mayo de 2016, expediente acumulado No. 11001-03-28-000-2014-00107-00 con el 11001-03-28-000-2014-00106-00, actores: Eduard Eccehomo Torres Mosquera y Melania Valois Lozano, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
En el expediente 2019-00375 (corregimiento el Jobo) hizo referencia a las Resoluciones No. 4 de 30 de octubre y No. 12 del 2 de noviembre, ambas del año 2019, de la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal No. 18 y la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, respectivamente. Por su parte, en el proceso No. 2019-00378 (corregimiento de Atánquez) mencionó las Resoluciones No. 6 y 13, del 1º y 2 de noviembre de 2019, de las mismas comisiones.
Énfasis de la Sala.

Radicados: 20001-23-33-000-2019-00368-01, 2019-00375,
2019-00377, 2019-00378 Acum
Demandados: Concejales de Valledupar (WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO)
(2020-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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