Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00083-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00083-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00083-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de agosto de 2023
Demandante: Jaime Armando Yepes Martínez
Demandados: Representantes a la Cámara
por el departamento del Tolima
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00083-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00083-00
Demandante: Jaime Armando Yepes Martínez
Demandados: Representantes a la Cámara por el departamento del Tolima
(periodo 2022-2026)
Temas: Nulidad por causales objetivas. Control judicial de actos
previos. Principio de preclusividad. Valor probatorio de los
formularios E-14 transmisión, clavero y delegado. Entrega
extemporánea de los documentos electorales para escrutinio.
Desnivelación de mesas (formularios E-11 vs E-14).
Diferencias injustificadas (formularios E-14 vs E-24). Archivo
TXT, E-24 archivo plano MMV o E-24 TXT como parámetro
de comparación.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad electoral contra el acto de elección de los representantes1 a la Cámara por
el departamento del Tolima (2022-2026).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1. El 5 de mayo de 20223, el demandante solicitó la nulidad de las actas de
escrutinio general y parcial por medio de las cuales la comisión escrutadora
departamental del Tolima declaró4 la elección de los demandados como
representantes a la Cámara por el departamento del Tolima. Como pretensiones fijó
las siguientes:
1 Olga Beatriz González Correa (partido Liberal); José Alejandro Martínez Sánchez, Gerardo Yepes
Caro y Delcy Esperanza Isaza Buenaventura (partido Conservador); Carlos Edward Osorio Aguilar
(partido Centro Democrático) y Martha Lisbeth Alfonso Jurado (coalición Pacto Histórico – Alianza
Verde).
2 Índice 2 Samai.
3 Con auto del 16 de mayo de 2022 se inadmitió para que se aportara el acto definitivo que se
cuestiona, esto es, el E-26 CAM que declaró la elección de los representantes a la Cámara por el
departamento del Tolima (índice 6 Samai). La que subsanó en debida forma (índice 16 Samai).
4 El 22 de marzo de 2022.
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Demandante: Jaime Armando Yepes Martínez
Demandados: Representantes a la Cámara
por el departamento del Tolima
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00083-00
PRIMERA: Que SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO DE ELECCIÓN de los
Representantes a la Cámara por la circunscripción territorial del Departamento del Tolima para
el periodo constitucional 2022-2026, declarada en audiencia pública y que consta en el Acta
General de Escrutinio del Departamento del Tolima, suscrita el día 22 de marzo de 2022 y
oficializada por los delegados del aquí demandado CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, a
través del Formulario E-28 entregado en audiencia pública, el día 25 de marzo de 2022, así
como cualquier acto administrativo.
SEGUNDA: Que se ORDENE a los aquí demandados CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Y REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, la corrección y ajuste de los registros
electorales plasmados en los formatos definitivos de escrutinio, de conformidad con las
consideraciones que se entreguen en el fallo proferido.
TERCERA: Que se ORDENE al demandado CONSEJO NACIONAL ELECTORAL declarar
la elección como Representante a la Cámara por la Circunscripción Territorial del
Departamento del Tolima, a mi prohijado JAIME ARMANDO YEPES MARTINEZ, para el
Periodo Constitucional 2022-2026, con ocasión de su legitima (sic) elección de conformidad
con las declaraciones que se realicen en la respectiva sentencia de fondo.
CUARTA: Que en el evento de haber tomado posesión en el cargo los Representantes a la
Cámara aquí demandados, cuando se declare la nulidad de la elección, se comunique a la
Secretaria General de la CAMARA DE REPRESENTANTES, para que se efectúen los trámites
legales de acatamiento inmediato del fallo proferido.
QUINTA: Que se ordene a las entidades estatales demandadas dar cumplimiento a la
sentencia, en los términos previstos en los artículos 192 y s.s. del C.P.A.C.A.
SEXTA: Que se realicen las demás declaraciones legales para esta clase de asuntos.
(Énfasis del original).
2. Consideró que se configuró las causales de falsa motivación (artículo5 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6) y
la de anulación electoral (art. 275.3 del mismo), esta última consiste en que «los
documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido
alterados con el propósito de modificar los resultados electorales».
2. Fundamentos fácticos
3. En síntesis, se señaló como hechos los siguientes:
a) Jaime Armando Yepes Martínez (demandante) fue uno de los 6 candidatos
inscritos por el partido de la U para participar en la elección a la Cámara de
representantes por el departamento del Tolima:
5 En adelante art.
6 En adelante CPACA.
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b) El 13 de marzo de 2022, a las 23:35 horas, se publicó vía web el último boletín
donde se reportaron los resultados de las votaciones para la Cámara de
representantes en la circunscripción territorial del Tolima, en relación con los
votos alcanzados por los partidos políticos o candidatos y los registrados como
en blanco, no marcados y nulos.
Una vez los jurados de mesa escrutaron los votos, se oficializó, por parte de la
organización electoral, los representantes a la Cámara electos. Estos fueron:
c) La información del escrutinio se cargó en los formularios E-147 claveros, E-248
y E-269. A juicio del accionantes, dichos formatos permiten la publicidad de la
votación y son trascendentales para analizar y comparar los resultados
electorales, también se tratan como el insumo primordial de las reclamaciones
que surgen de los escrutinios, pues así se garantiza el debido proceso y el
derecho de defensa de los candidatos y demás intervinientes en el proceso
electoral.
d) En los municipios del departamento del Tolima se presentó una inexplicable
tardanza en el cargue de los formularios E-14 delegados y claveros y de los E-
24 y E-26, circunstancia que generó inconvenientes para presentar las
reclamaciones que surgieron ante las diferentes Comisiones Escrutadoras.
e) A medida que se fueron cargando los formatos indicados, conforme con los
escrutinios de las comisiones auxiliares y municipales, surgieron inconsistencias
que no fueron verificadas y revisadas por la autoridad electoral. Adujo diferencias
en los guarismos registrados en el E-14 claveros respecto del E-24 en votaciones
a partidos y candidatos; entre el número de votantes y el número de votos en
urna; yerros en la sumatoria de votos; y tachones, borrones y enmendaduras en
los E-14.
f) Las anteriores falencias e inconsistencias advertidas en el proceso de
escrutinio fueron puestas en conocimiento de las respectivas comisiones
escrutadoras para que fueran corregidas, de conformidad con el procedimiento
7 Acta de escrutinio del jurado de votación.
8 Cuadro de resultados de la comisión escrutadora.
9 Acta parcial o definitiva de escrutinio.
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establecido en el Código Electoral10. Sin embargo, las reclamaciones11 se
rechazaron de plano, sin que se analizaran de fondo los errores e inconsistencias
alegadas por los apoderados de los candidatos.
g) Luego de rechazar la totalidad de las reclamaciones radicadas por el
apoderado del hoy demandante, así como las apelaciones interpuestas contra
las decisiones emitidas12 por las comisiones municipales, el 22 de marzo de
2022, la Comisión Escrutadora General del departamento del Tolima consolidó
el acta de escrutinio y, en consecuencia, declaró la elección como representantes
a la Cámara por dicha circunscripción a José Alejandro Martínez Sánchez,
Gerardo Yepes Caro, Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, Martha Lisbeth
Alfonso Jurado, Carlos Edward Osorio Aguiar y Olga Beatriz González Correa.
3. Normas y concepto de la violación
4. En el capítulo denominado «FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES,
LEGALES Y JURISPRUDENCIALES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE
NULIDAD ELECTORAL. (CONCEPTO DE VIOLACIÓN)» (sic), el demandante
planteó los siguientes cargos contra el acto de elección demandado:
a) Cargo primero: nulidad del acto de elección por la incorporación en los
documentos electorales de información falsa, errónea e inconsistente con
la verdad electoral.
5. Dicho reclamo lo fundó en la causal de falsa motivación (art. 137 del CPACA)
y en la de anulación electoral (artículo 275.3 idem), y planteó como sustento de este
las siguientes irregularidades:
i) Diferencias entre los registros de los formatos E-14 claveros y E-24.
6. Indicó que en calidad de prueba se aportó un archivo digital denominado
«DIFERENCIAS ENTRE LOS FORMULARIOS E-14 CLAVEROS Y E-24»13, que,
en su opinión, muestra un total de 2.696 inconsistencias en 46 de los 47 municipios
que conforman la división político-electoral del departamento del Tolima, lo cual
verificó al confrontar los formularios E-14 claveros y E-24.
7. Explicó que el documento referenciado contiene los municipios, zonas,
puestos, mesas y diferencias que presentan los formularios electorales, así como
los partidos, candidatos, votos en blanco, nulos y no marcados sobre los que se
registran las diferencias injustificadas que sirven de base al presente cargo.
10 En adelante CE.
11 Pese a que el accionante hizo referencia a las reclamaciones que elevó durante los escrutinios,
se encontró que estas no se allegaron como pruebas al expediente, como se detallará más adelante
a los actos administrativos que las resolvieron.
12 Los diferentes actos se relacionan en las consideraciones del presente fallo.
13 Identificando zona, puesto, mesa, partido y candidato.
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8. Expuso que las diferencias tienen suficiente incidencia para modificar el
resultado de la elección, pues las 2.696 inconsistencias se presentaron en un total
de 915 mesas de las 3.315 instaladas en el departamento del Tolima, lo cual abarca
el 28% de la circunscripción territorial. Sostuvo que esta situación irregular deja en
tela de juicio el principio de verdad electoral.
ii) Diferencias entre los registros de los formatos E-14 claveros y E-14
transmisión
9. Mencionó que, si bien es cierto existe amplia jurisprudencia uniforme y
pacífica de esta Sala Electoral sobre el alcance de los tres ejemplares del formulario
E-14 (transmisión, delegados y claveros)14, también es afirmativo que dicho criterio
jurisprudencial debería modificarse en este caso concreto, por cuanto se presentó
una diferencia amplia entre el proceso de preconteo, la información que reposa en
el formulario E-14 transmisión y la del E-14 claveros.
10. Conforme con lo expuesto, esgrimió que en el departamento del Tolima se
presentaron 2.746 inconsistencias entre el E-14 de transmisión y el E-14 claveros,
irregularidad que solicitó verificarla en el archivo digital «DIFERENCIAS ENTRE EL
E-14 TRANSMISIÓN Y E-14 CLAVEROS» (sic)15. A su juicio, dicha diferencia
resultó ser problemática, máxime si se tiene en cuenta que el total de mesas
instaladas en todo el departamento era de 3.315.
iii) Diferencias entre los registros de los formatos E-14 claveros y el
formulario E-11
11. Como cuestión previa de esta irregularidad señaló que las diferencias están
sustentadas con datos publicados en el sitio web de la Registraduría Nacional del
Estado Civil16, no obstante, adujo que dichas probanzas eran insuficientes. Por lo
tanto, anunció que para la demostración plena del cargo requeriría los formularios
electorales. A su vez anunció que, pese a que los solicitó vía petición dentro de los
términos legales, a la fecha de presentación del medio de control no contó con la
información solicitada a la autoridad electoral.
12. Puso de presente que los datos registrados en los formularios de escrutinio
E-14 claveros y E-24 contienen inconsistencias entre el número total de votantes y
total de votos depositados en las urnas, aspecto que solo se puede clarificar con el
análisis y estudio de los formatos E-10 y E-11, pues en estos se constataría,
específicamente, el número de personas que efectivamente acudieron a ejercer su
derecho al sufragio.
13. A manera de ejemplo trajo a colación que, luego de un análisis de la
información disponible y que proviene de los formatos E-14 claveros publicados en
14 Específicamente, en cuanto a que el E-14 claveros ofrece un mayor valor probatorio en el juicio
electoral por la seguridad de su proceso de custodia.
15 El nombre correcto del archivo es «DIFERENCIAS ENTRE E-14 CLAVEROS Vs E-14
DELEGADOS».
16 En adelante RNEC.
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el aplicativo web de la RNEC, evidenció que existieron diferencias atípicas y casos
como el que se dio en el formato E-14 que corresponde al municipio de Chaparral
(zona 99, puesto 12 - CALARMA -, mesa 4), donde se contabilizaron 50 votos en la
urna, pero solo llegaron a votar 30 personas, situación que a su juicio fue «insólita»
y que fue solucionada por los jurados con la incineración de 20 votos.
14. Esgrimió que lo hasta aquí descrito fueron irregularidades repetitivas en los
municipios del departamento, las cuales propiciaron más de «180» reclamaciones
sometidas a consideración de la autoridad electoral, quien las rechazó sin detenerse
a analizar de fondo lo acontecido17.
15. Por lo tanto, concluyó que el acto electoral demandado incurrió en falsa
motivación pues tuvo en cuenta los escrutinios realizados por las Comisiones
Auxiliares y Municipales y la Comisión Escrutadora departamental del Tolima, que
incorporaron información que carece de veracidad.
b) Cargo segundo: nulidad de las resoluciones por medio de las cuales las
comisiones escrutadoras rechazaron las reclamaciones surtidas por Jaime
Armando Yepes Martínez
16. El accionante relacionó 25 actos administrativos18 que se refieren a
reclamaciones presentadas y sustentadas, en su criterio, conforme a la ley. Al
respecto, señaló que no era necesario detallar uno a uno sus consideraciones,
fundamentos fácticos y jurídicos, en atención a que los actos acusados tienen
idéntica argumentación en sus considerandos y, por lo tanto, en la parte resolutiva
arrojan como conclusión «el rechazo de plano de las reclamaciones».
17. Resaltó que mientras los actos administrativos proferidos por la Comisión
Escrutadora Municipal de Ibagué rechazaron las reclamaciones y procedieron a
conceder el recurso de apelación ante la Comisión Escrutadora General, aquellas
surtidas en primera instancia ante ésta última fueron rechazadas de plano y se
impidió el derecho de acceder a la doble instancia, es decir, se decidió
arbitrariamente negar la oportunidad de interponer el recurso de apelación,
contraviniendo el contenido del artículo 193 del CE.
18. Así pues, se desconoció la facultad especial y constitucional otorgada al
Consejo Nacional Electoral19 en el ordinal cuarto20 del artículo 265 de la Constitución
Política, según la cual se podrán cotejar los documentos electorales para verificar
la exactitud o diferencias en las cifras de votos que haya obtenido cada lista o
17 Como se puede evidenciar en el capítulo III de la demanda, donde relacionó todos los actos
administrativos que demandó (ver folios 6 y 7 índice 2 Samai).
18 Se observan en un cuadro, en el caso concreto, al resolver el cargo.
19 En adelante CNE.
20 «Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes
a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice
la verdad de los resultados».
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candidato, o en caso de tachaduras, enmendaduras o borrones para que se proceda
al recuento de votos conforme lo prescrito en el artículo 16321 del CE.
19. En vista de lo anterior, consideró que los actos administrativos demandados
en este cargo se deben anular conforme al artículo 137 del CPACA. En su opinión,
basta con contrastar las reclamaciones efectuadas, los actos administrativos
acusados y las normas citadas para concluir que las autoridades administrativas
que profirieron las decisiones cuestionadas incumplieron con su deber
constitucional y legal de hacer prevalecer el principio de la verdad del voto, conforme
el artículo 163 del CE.
20. Insistió en que las conclusiones de los actos administrativos hacen evidente
las omisiones en que incurrieron los funcionarios encargados de realizar el
escrutinio, quienes prefirieron dejar pasar los yerros, sin estudiarlos y analizarlos a
fondo, por una supuesta extemporaneidad que no se demostró.
21. Al respecto, agregó que de la interpretación de los artículos 19222 y 19323 del
CE se puede concluir que las reclamaciones que se originen en dichas causales
pueden ser propuestas por primera vez ante cualquier comisión escrutadora, ya sea
auxiliar, municipal, distrital o general, sin que dichas normas condicionen el
conocimiento o trámite de la reclamación a que ésta hubiese sido formulada ante
una instancia anterior o que las causales tengan origen en hechos realizados por la
misma comisión.
22. En vista de ello, afirmó que cualquier interpretación que imponga o
condicione la presentación de las reclamaciones24 sería contraria a la ley, toda vez
21 Modificado por el artículo 11 de la Ley 62 de 1988: «Artículo 163. Al iniciarse el escrutinio, el
Registrador dará lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave. Enseguida
procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen los pliegos de las mesas de votación, y dejará
en el acta general las correspondientes constancias acerca de los sobres que tengan anomalías, lo
mismo que de las tachaduras, enmendaduras o borrones que advierta en las actas de escrutinio,
cotejando de manera oficiosa las que tuviere a disposición para verificar la exactitud o diferencias de
las cifras de los votos que haya obtenido cada lista o candidato y de manera especial observará si
las actas están firmadas por menos de tres (3) de los jurados de votación. También dejará constancia
expresa de las actas que fueron recibidas extemporáneamente, conforme al artículo 144 de este
Código. // En el caso de las tachaduras, enmendaduras o borrones se procederá al recuento de
votos; y si esas irregularidades no se advierten, el cómputo se hará con base en las actas de los
jurados de votación, las cuales se exhibirán a los interesados que lo soliciten al tiempo de anotar los
resultados de la votación de la respectiva acta».
22 Esta norma regula las causales de reclamación.
23 Modificado por el artículo 16 de la Ley 62 de 1988: «Artículo 193. Las reclamaciones de que trata
el artículo anterior, podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las
comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que
realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral. // Contra las resoluciones que resuelvan las
reclamaciones presentadas por primera vez ante los delegados del Consejo Electoral. Procederá el
recurso de apelación en el efecto suspensivo ante dicho Consejo. // Durante el trámite y sustentación
de la apelación ante el Consejo Nacional Electoral no podrán alegarse causales o motivos distintos
de los recursos de el mismo».
24 Como sería las fundadas en: i) diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las
listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido,
agrupación o sector político. (Art. 164 CE); ii) tachaduras o enmendaduras en actas de los jurados
en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación. (Art. 164 CE); iii) funcionaron
mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme la ley. (Art. 192.1); iv) número de
sufragantes de una mesa exceda al número de ciudadanos que podían votar en ella. (Art. 192.5) o
v) error aritmético al sumar los votos consignados en actas de escrutinio. (Art. 192.11).
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que las que contemplan las disposiciones transcritas contienen el ejercicio de
derechos y atribuciones de naturaleza constitucional.
23. Así las cosas, a su juicio, se probó que los actos proferidos por las
autoridades electorales (Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué y Comisión
General del departamento del Tolima) incurrieron en la causal de anulación de
«infracción de las normas en que debieron fundar sus actos y desviación del
ejercicio propio de sus atribuciones», porque de manera injustificada no aplicaron
los preceptos legales que les imponían el deber de resolver las reclamaciones y así
encontrar la verdad electoral.
c) Cargo tercero: nulidad de las Resoluciones 1 del 15 de marzo de 2022, 2
del 16 de marzo de 2022, proferida por la Comisión Escrutadora Auxiliar 17
de Ibagué y 13 del 19 de marzo de 2022 de la Comisión Escrutadora
Municipal de Ibagué.
24. Afirmó que los actos administrativos cuestionados son producto de una
situación anómala, irregular y abiertamente ilegal que se presentó al interior de los
escrutinios que realizó la Comisión Auxiliar 17 de Ibagué, hechos que fueron
expuestos por la autoridad electoral en la Resolución 1 del 15 de marzo de 2022,
de la siguiente manera:
Que siendo las 3:25 pm del día 14 de marzo de 2022, los claveros designados para
la Comisión Auxiliar 17 informaron a los suscritos por escrito, que siendo la 1:30 pm
procedieron a escrutar las mesas correspondientes a la IE Leónidas Rubio Sede
Rodríguez Andrade, Zona 11 Puesto 3, y al abrir la bolsa de claveros de la mesa 1
evidenciaron que el formulario E-14 dirigido a Claveros no reposaba en la misma -los
demás formularios si (sic)-, siendo informados por la Delegada del Puesto de la
Registraduría que los jurados de las 27 mesas de votación habían dejado por fuera
dichos formularios y que procedía a entregarlos a los claveros a esa hora, no obstante
haber entregado las bolsas con los pliegos electorales el día 13 de marzo de 2022
oportunamente.
Que los formularios E-14 no fueron entregados en debida forma a los claveros
designados a esta Comisión Escrutadora y tan solo fueron custodiados por estos e
introducidos al arca triclave a la 1:30 pm del día 14 de marzo de 2022.
Que en consideración a los hechos puestos en conocimiento por parte de los señores
claveros de la comisión y atendiendo la gravedad de los mismos ante la entrega
extemporánea de un documento electoral indispensable para los escrutinios como lo
es el E-14 dirigido al arca triclave, en el que se consignan los escrutinios de cada
mesa de votación y como se presume que la información allí consignada es idéntica
al ejemplar dirigido a los delegados Departamentales de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, se optó por la comisión escrutadora a solicitar a la entrega de dicho
formulario E-14.
25. Sostiene que esta situación, del todo irregular e ilegal, fue solucionada por la
comisión escrutadora de la siguiente manera:
RESUELVEN:
PRIMERO: CONFRONTAR públicamente con participación de los testigos
electorales y apoderados de los candidatos, los formularios E-14 de las 27 mesas de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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votación del puesto 03 Zona 11 correspondientes a la IE Leónidas Rubio Sede
Rodríguez Andrade con los que proporcione la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
SEGUNDO: ADELANTAR el reconteo de votos del 30% de las 27 mesas a escrutar
del puesto 03 Zona 11 correspondientes a la IE Leónidas Rubio Sede Rodríguez
Andrade.
TERCERO: COMPULSAR copias penales y disciplinarias ante las autoridades
competentes para que se investigue la irregularidad advertida.
Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación. (Énfasis del
original).
26. En vista de ello advirtió que, mediante apoderado judicial, interpuso el recurso
de reposición y, en subsidio, apelación. No obstante, señaló que la Comisión
Escrutadora Auxiliar 17 del municipio de Ibagué, a través de la Resolución 2 del 16
de marzo de 2022, negó la reposición y concedió el recurso de apelación, el cual
fue denegado por la Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué, como consta en la
Resolución 13 del 19 de marzo de 2022.
27. Al unísono de lo anterior, esgrimió que los argumentos expuestos por las
autoridades electorales que profirieron los actos cuestionados no cuentan con un
soporte legal claro, toda vez que la decisión se sustentó en un antecedente judicial25
cuyos presupuestos fácticos fueron distintos a los del presente caso en cuanto a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos y la calidad
de los documentos que fueron recibidos de manera extemporánea por parte de los
escrutadores.
28. Por lo expuesto, manifestó que se desconoció el artículo 14426 del CE, que
establece que los pliegos electorales entregados luego de la hora allí indicada no
serán tenidos en cuenta para el escrutinio, salvo que ante la comisión escrutadora
se demuestre la configuración de algún hecho de violencia, fuerza mayor o caso
fortuito que hubiese impedido la entrega oportuna.
25 La Resolución 2 de 16 de marzo de 2022 indicó en sus consideraciones «Adicionalmente, como
estaba redactada la norma inicialmente, establecía el límite temporal para la entrega al clavero lo
cual fue modificado desde 1988. Finalmente, el Consejo de Estado en sentencia del 21 de
septiembre de 2017, radicado 13001233300020160000701 indicó que la entrega después de las
11:00 pm del día de las elecciones de los documentos electorales por parte del delegado de la
registraduría a los claveros, puede conllevar faltas disciplinarias mas no la exclusión de las mesas
de votación».
26 Modificado por el artículo 8 de la Ley 62 de 1988: «Inmediatamente después de terminado el
escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche (11 p.m.)
del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la votación serán
entregados por el Presidente del Jurado, bajo recibo con indicación del día y la hora de entrega,
así: En las cabeceras municipales, a los Registradores del Estado Civil o a los delegados de estos,
y en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, a los respectivos delegados del
Registrador del Estado Civil. // Los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de
policía y sectores rurales, serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de
la fuerza pública uniformada. Y entregados a los claveros respectivos dentro del término que se les
haya señalado. // Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre la violencia, fuerza
mayor o caso fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora mencionada, no
serán tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciara a la autoridad competente
para que imponga la sanción a que haya lugar». (Énfasis del original).
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29. Así las cosas, consideró que la interpretación que realizó la autoridad
correspondiente no tiene un planteamiento jurídico razonable, es decir, adujo que
resultó irrazonable dar validez al material electoral pese a que el acto administrativo
reconoció que el formulario E-14 claveros no fue incorporado conforme lo prescribe
el artículo 144 del CE.
30. Por tal circunstancia, agregó que resultó insólita la solución de la Comisión
Escrutadora Auxiliar 17 de Ibagué, validada por la Comisión Municipal, esto es, la
de tomar una especie de muestra o sondeo para verificar si los documentos
electorales concordaban con los votos, actuación que, a su juicio, no tiene
precedentes ni antecedentes en materia electoral.
31. En vista de lo expuesto, solicitó declarar la nulidad de dichas resoluciones y,
en consecuencia, que no sean tenidas en cuenta en el escrutinio los resultados del
respectivo lugar de votación, esto es, las 27 mesas de la zona 11 y puesto 3, pues
no se encontró probada la fuerza mayor, el caso fortuito o la violencia sobre la
funcionaria que debió recibir y entregar oportunamente la información.
4. Trámite
32. El 27 de mayo de 202227, el despacho admitió la demanda y ordenó las
notificaciones, comunicaciones y avisos28 del artículo 277 del CPACA, como se
evidencia en los índices 21 a 25, 29 y 34 Samai.
4.1. Intervenciones
33. Dentro del término de traslado se allegaron las siguientes contestaciones:
34. El Consejo Nacional Electoral29 solicitó negar las pretensiones de la demanda
con sustento en los siguientes argumentos:
a) Señaló que el proceso de escrutinios es una actuación compleja donde
confluyen distintos actores y se surten varias etapas que son preclusivas, de tal
manera que, para concluir que los documentos electorales tienen datos
contrarios a la verdad, no solo es necesario advertir una inconsistencia de la
confrontación entre los formularios E-14 claveros y E-24 del escrutinio
correspondiente, también es indispensable determinar que la supuesta
inconsistencia esté injustificada y sea relevante para modificar el resultado
electoral.
b) En cuanto a los cargos en contra de las resoluciones y formularios expedidos
por las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares, puso de
presente que el CNE no tiene participación en la conformación y designaciones
de dichas instancias, pues se tratan de entes transitorios, autónomos e
27 Índice 19 Samai.
28 Índice 32 Samai. Constancia de la Secretaría en que se reciben las publicaciones del aviso en los
periódicos el Espectador y el Nuevo Día de Ibagué.
29 Índice 31 Samai.
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independientes elegidos por los tribunales superiores del distrito judicial, como lo
establecen los artículos 157 y 158 del CE. Así las cosas, como no interviene en
la conformación de aquellas, afirmó que su función no guarda relación con los
documentos electorales que expidan estas.
c) No obstante, esgrimió que el escrutinio realizado por delegados del CNE en la
comisión escrutadora departamental tiene fundamento en las actas
preelaboradas por la comisión escrutadora municipal o distrital. Además, adujo
que la comisión escrutadora departamental conoce de las reclamaciones solo
cuando se interpone el recurso de apelación en aquellas, siempre que se
encuentran debidamente sustentadas. A partir de lo expuesto concluyó que:
En este sentido, esta Corporación no tuvo incidencia en las presuntas irregularidades
planteadas por la demandante, las que valga decir, carecen de precisión o
determinación y de soporte probatorio, ya que no se particularizó ni se establecieron
las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre cada una de las supuestas
irregulares (sic), pues la parte actora se limitó a señalar la vulneración de lo dispuesto
en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 por el simple hecho de haber rechazado las
reclamaciones, pero no indicó si las reclamaciones se hicieron con la debida
precisión, si invocaron la norma y causal adecuada, si el material probatorio con el
que se pretendió que se accediera a la reclamación era el idóneo, si fueron
presentadas oportunamente, ni indicó los argumentos adoptados por la autoridad
electoral para rechazar las reclamaciones presentadas.
35. Por su parte, la RNEC30 presentó los siguientes planteamientos:
a) Explicó que no es sujeto procesal para pronunciarse sobre la prosperidad o no
de las pretensiones, toda vez que no intervino en las actuaciones de las cuales
se solicita la nulidad.
b) Luego aclaró en qué consisten los formularios E-14 «Actas de Escrutinio de
los Jurados de Votación»31 y el E-24 «Cuadro de Resultados», indicando que en
este último se consolidan los resultados de la votación producto del escrutinio
con base en el E-14 ejemplar de «Claveros» que llevan a cabo las respectivas
comisiones escrutadoras, los cuales reflejan lo que se ha leído en la audiencia
de escrutinios y marcan la oportunidad para presentar reclamaciones e
impugnaciones de diferente índole.
c) Puso de presente que todos los documentos electorales se conservan y
custodian bajo la responsabilidad solidaria de los delegados departamentales de
la RNEC, como lo establece el artículo 185 del CE. Conforme esta premisa,
sostuvo que el correcto diligenciamiento del E-14 se puede comprobar al
comparar los datos registrados en el E-14 de «Claveros» y en el respectivo E-24
«Cuadro de Resultados» de la comisión escrutadora, de manera que, cuando se
realice en el presente caso, se verificará la coincidencia entre el total de
sufragantes con el total de votos en la mesa. Por lo tanto, es claro que no se
configuró alguna irregularidad.
30 Índice 37 Samai.
31 Que tiene 3 ejemplares: claveros, delegados y transmisión.
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d) A su vez, señaló que los tachones o enmendaduras son hechos normales, que
el propio CE contempla dichas vicisitudes y las soluciona de conformidad con el
artículo 163 del CE (recuento de votos) en la audiencia de escrutinios por parte
de las comisiones escrutadoras, donde además se encuentran testigos,
apoderados y candidatos de las diferentes campañas políticas y representantes
del Ministerio Público.
e) Indicó que, de encontrar errores aritméticos al sumar los votos, los testigos
electorales, apoderados o inclusive los propios candidatos podrán presentar
reclamaciones (arts. 121, 122 y 192 del CE) y solicitar el recuento de votos ante
las mesas de votación o en las comisiones escrutadoras, en el marco del debido
procedimiento administrativo electoral.
f) Precisó que los datos del escrutinio no son sustituibles por el preconteo o
conteo rápido de mesa de los resultados plasmados en las respectivas actas de
escrutinio de mesa E-14 realizados por los jurados de votación, los que se
digitalizan para que sean consultados a través de la página web de la RNEC,
pues estos tienen carácter informativo, pero carecen de valor jurídico vinculante.
En efecto, de acuerdo con lo previsto en el CE, los resultados oficiales de la
elección son los generados una vez concluya el proceso de escrutinio a cargo de
las comisiones escrutadoras y el CNE, según sea el caso.
g) En dicho orden, esgrimió que el escrutinio de los votos, tal como lo prevé el
CE, le compete a las comisiones escrutadoras, entes independientes y
autónomos, de los cuales hace parte la RNEC únicamente en calidad de
secretaría. A su juicio, dichas dependencias adelantan los escrutinios generales
de las votaciones, realizando el recuento de votos y atendiendo las
reclamaciones que al efecto se presenten conforme el CE. Para ello deben
verificar y efectuar la sumatoria de los votos por corporación y cargo uninominal,
con fundamento en las actas de escrutinio de los jurados de votación (E-14) o
con las actas parciales del escrutinio (E-26), expedidas por las comisiones
auxiliares cuando se trate de escrutinios municipales y distritales.
h) Por lo tanto, agregó que los escrutinios tienen diferentes etapas que son
previas y preclusivas32, rodeadas todas con amplios mecanismos para garantizar
el debido proceso y las oportunidades para que los diferentes actores ejerzan la
defensa de los intereses de los candidatos y partidos que representan y formulen
las reclamaciones del caso.
i) Sostuvo que, dentro de los diferentes momentos del procedimiento electoral,
existen momentos específicos para que los testigos, candidatos y apoderados
presenten reclamaciones con fundamento en los artículos 122, 163, 164 y 192
del CE, de manera que es en dicha instancia donde se deben formular las
32 Escrutinio de mesa; escrutinios auxiliares en los municipios zonificados; escrutinios distritales y
municipales; escrutinios generales o departamentales y escrutinio del CNE.
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reclamaciones ante las comisiones escrutadoras, quienes son las competentes
para resolverlas.
j) Finalmente indicó que, con sustento en los resultados de los escrutinios, les
corresponde a las comisiones y al CNE expedir la declaratoria de elección
(formulario E-26 «Acta de Escrutinio y Declaratoria de Elección»), tanto para
cargos uninominales como para corporaciones públicas, según sea el caso.
36. Los demandados no contestaron la demanda33 a pesar de haber sido
debidamente notificados.
4.2. Trámite de sentencia anticipada
37. El 20 de septiembre de 202234, con fundamento en el artículo 182A del
CPACA, se ordenó el trámite de sentencia anticipada, se dispuso tener como
pruebas documentales las aportadas por las partes, fijó el litigio (en los términos
indicados en las consideraciones de esta sentencia) y dispuso correr traslado para
alegar y al Ministerio Público para conceptuar.
4.3. Alegatos de conclusión
38. Dentro del término otorgado se presentaron los siguientes escritos de
alegatos finales:
39. El CNE35 solicitó negar las pretensiones de la demanda al no demostrarse
las irregularidades planteadas, conforme con los argumentos de la contestación.
40. Uno de los demandados36, Carlos Edward Osorio Aguilar afirmó que está de
acuerdo con que las irregularidades en los procesos electorales sean puestas en
conocimiento de los jueces, a partir de lo cual afirmó que «está dispuesto a cumplir
y acatar la decisión que se adopte en la sentencia».
41. La parte actora37 reiteró los argumentos para solicitar la nulidad de la elección
de los representantes a la Cámara por Tolima. Al respecto recalcó que existieron
mesas desniveladas (más votos que electores); diferencias injustificadas entre los
formularios E-14 y E-24 que distorsionaron la votación general y que, en las 27
mesas del municipio de Ibagué, zona 11 puesto 3 «IE Leónidas Rubio Sede
33 Índice 38 Samai. Así se desprende del informe de la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
34 Índice 42 Samai. En cuanto a las pruebas se negó un peritaje solicitado por la parte actora a los
formularios electorales, pues ese estudio lo hace la Sala Electoral con un equipo interdisciplinario
especializado para realizar las confrontaciones del caso; Índice 48 Samai. Contra la anterior decisión,
el demandante presentó recurso de súplica; Índice 60 Samai. La Sección Quinta del Consejo de
Estado negó el recurso y confirmó la decisión, mediante providencia del 20 de septiembre de 2022.
35 Índice 49 Samai.
36 Índice 58 Samai. Partido Centro Democrático.
37 Índice 69 Samai.
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Rodríguez Andrade», el E-14 claveros se entregó por fuera del término que fija el
artículo 144 del CE.
4.4. Concepto del Ministerio Público
42. Para la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado38 se deben
negar las pretensiones de la demanda por los siguientes motivos:
a) En primer lugar advirtió que, a pesar de que se presentaron diferencias
injustificadas entre los registros de los formatos E-14 claveros y E-24 como lo
indicó el demandante en su libelo introductorio, dicha discrepancia no tiene la
incidencia de alterar la elección demandada por cuanto solo se trató de 1632
votos, según se cotejó con las operaciones correspondientes39 y, por lo tanto, se
puede afirmar que no se modificó el orden de la repartición de las curules.
b) En segundo lugar consideró que, si bien se acreditó que existieron diferencias
entre lo trasmitido y lo escrutado, ello se trató de 311 votos, eso no genera la
nulidad del acto, habida cuenta que el proceso de escrutinio tuvo como fuente el
formulario E-14 Claveros, el cual goza de mayor eficacia probatoria. Aunado a lo
anterior, no existen elementos de juicio que permitan adoptar una interpretación
y consideración diferente en este caso particular, como tampoco fijar criterios
disímiles al precedente pacífico de la Sección Quinta del Consejo de Estado
sobre el particular.
c) En tercer lugar, sobre la irregularidad de más votos que votantes, esgrimió que
el total de los votos no superó el número de sufragantes; por el contrario, según
el número de personas habilitadas para votar en el E-11, halló que los votantes
fueron superiores en 1234 a los votos depositados. En ese sentido, no existe
cuestionamiento de los resultados electorales respecto de la designación de los
candidatos relacionados en el E-26 CAM, por la circunscripción del Tolima,
Cámara de Representantes, período 2022-2026.
d) En cuarto lugar, en lo que hace a las Resoluciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15,
16, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del 21 de marzo de 2022, así como el auto de trámite
5 del 20 de marzo de 2022, expedidos por la Comisión Escrutadora General del
Tolima, advirtió que hubo pronunciamiento sobre solicitudes de reclamaciones
relacionadas con la causal 11 del artículo 192 del Código Electoral que fueron
rechazadas por ser extemporáneas, lo cual resultó ajustado a derecho, por
cuanto: i) algunas reclamaciones se hicieron fuera de tiempo y frente a quienes
no eran competentes; ii) otras se presentaron por fuera de la oportunidad
normativa para cuestionar los resultados y; iii) el rechazo fue sobre una causal
38 Índice 82 Samai.
39 En el concepto sumó esa diferencia a total de votos válidos. Con ese nuevo valor, estableció la
cifra repartidora y las 6 curules quedaron así: 3 para el partido Conservador, 1 para la coalición Pacto
Histórico - Alianza Verde, 1 para el Centro Democrático y 1 para el Liberal. Es decir, con la misma
distribución que en el E-26 CAM demandado. Con el concepto adjuntó 6 archivos Excel con las
diferentes operaciones realizadas.
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por error aritmético, no por fraude electoral o por subsanación dentro del
procedimiento electoral de una nulidad.
e) En quinto lugar, en relación con la expedición irregular de las Resoluciones 1
del 15 de marzo de 2022 y 2 del 16 de marzo de 2022, proferida por la Comisión
Escrutadora Auxiliar 17 de Ibagué y 13 del 19 de marzo de 2022 de la Comisión
Escrutadora municipal de Ibagué, adujo que se hizo efectivo el principio de la
eficacia del voto, dándole mayor peso probatorio al formulario E- 14 delegados,
en conjugación con un proceso de recuento, en aras de garantizar transparencia
y verdad sustancial en los resultados electorales de las 27 mesas de votación del
puesto 03 Zona 11 correspondientes a la IE Leónidas Rubio Sede Rodríguez
Andrade de Ibagué.
Por ello, consideró que la autoridad electoral dio preponderancia del derecho
soberano de los ciudadanos de elegir a sus representantes, aunado a que, de
conformidad con los formularios E-14 Claveros y E-24, no se encontró que haya
existido una variación sustancial de los resultados, por lo que afirmó que no existe
incidencia sustancial en los resultados de la elección declarada en el formulario
E-26 CAM del 22 de marzo de 2022.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
43. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para fallar en única
instancia la demanda de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección de
los representantes a la Cámara por el departamento del Tolima (período 2022 –
2026), de conformidad con el ordinal 3.º40 del artículo 149 del CPACA, en armonía
con el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201941.
2. Acto acusado
44. Se discute la legalidad del formulario E-26 CAM del 22 de marzo de 202242,
por medio del cual la comisión escrutadora del departamento del Tolima declaró la
elección de los representantes a la Cámara por dicha circunscripción territorial
(período 2022 - 2026), en las elecciones del 13 de marzo de 2022.
3. Problemas jurídicos
45. A través de providencia del 20 de septiembre de 202243 se fijó el litigio en los
siguientes términos:
40 «De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del presidente
y el vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara […]».
Énfasis de la Sala.
41 Reglamento interno del Consejo de Estado.
42 Índice 16 Samai. Aportado con la subsanación de la demanda.
43 Índice 42 Samai.
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De conformidad con el inciso 2º de la letra d) del ordinal 1º del artículo 182A de la Ley
1437 de 2011, se procederá a fijar el litigio en los siguientes términos:
Respecto del cargo primero, en el que se solicita la nulidad del acto de elección, por la
supuesta incorporación en los documentos electorales de información falsa, errónea e
inconsistente con la verdad electoral, se deberán resolver los siguientes interrogantes:
a) ¿Se presentaron diferencias injustificadas entre los registros de los formatos E-14
claveros y E-24, como lo indica el demandante y, de ser así, tienen la incidencia de
alterar la elección demandada? Ello, conforme a la zona, puesto, mesa, partido,
candidato y diferencia identificada en el archivo excel denominado «DIFERENCIAS
ENTRE LOS FORMULARIOS E-14 CLAVEROS Y E-24», aportado con la demanda.
b) ¿La diferencia entre los registros de los formatos E-14 claveros y E-14 transmisión,
alegada en la demanda, conforme a la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, tiene incidencia sobre la elección? En caso afirmativo, se entrará
a revisar aquellas, de acuerdo con la zona, puesto, mesa, partido, candidato y
diferencia identificada en el archivo excel denominado «DIFERENCIAS ENTRE EL E-
14 TRANSMISIÓN Y E-14 CLAVEROS»44, aportado con la demanda.
c) ¿Hay lugar a modificar la jurisprudencia de esta Sección respecto del valor
probatorio del formulario E-14 claveros, en los términos solicitados en la demanda?
d) ¿Las diferencias injustificadas alegadas entre los E-14 claveros y el formulario E-
11 se verificaron? En consecuencia, ¿hubo mayor cantidad de votos que sufragantes,
en las mesas instaladas en el departamento del Tolima45, para la elección de sus
Representantes a la Cámara? En caso de que de las respuestas a los anteriores
interrogantes resulten afirmativas ¿dichas diferencias injustificadas tuvieron
incidencia en el acto demandado, en los términos planteados en la demanda?
Finalmente, en cuanto a los cargos segundo y tercero, como estos cuestionan actos
previos (resoluciones de las Comisiones Escrutadoras Auxiliar nro. 17, municipal de
Ibagué y de la Comisión General del departamento de Tolima), y en atención a la
reiterada jurisprudencia de esta Sección frente al control indirecto de los actos previos
dentro del medio de control de nulidad electoral46, se analizará ¿si las presuntas
irregularidades alegadas tienen incidencia en el acto de elección demandado?
Todo a partir del concepto de la violación reseñado en la presente providencia, junto con
las razones de hecho y de derecho presentadas oportunamente por las partes.
46. Previo a resolver los problemas jurídicos, se procede a efectuar algunas
consideraciones conforme los presupuestos fácticos y jurídicos expuestos por el
demandante, los cuales, de conformidad con la fijación del litigio citada
anteriormente, sirven a la solución del caso concreto.
44 El nombre correcto del archivo es: «DIFERENCIAS ENTRE E-14 CLAVEROS Vs E-14
DELEGADOS».
45 Ver cuestión previa.
46 Providencia del 30 de abril de 2022, expediente nro. 11001-03-28-000-2022-00029-00, M. P. Luis
Alberto Álvarez Parra: El acto electoral definitivo o declaratorio de la elección es entonces enjuiciable
de forma directa por el medio de control de nulidad electoral, mientras que en contraste, los de
trámite y/o preparatorios, como lo son para el caso de las elecciones populares, en principio,
los demás diferentes al declaratorio de la designación, lo son también pero de manera indirecta,
así que las presuntas irregularidades que se censuren con respecto a estos actos previos no pueden
ser objeto de estudio autónomo, comoquiera que su análisis se hace de manera indirecta, pero
siempre enfocados en la legalidad del acto de elección demandado y en la incidencia que
esas irregularidades causen en el acto definitivo. (Énfasis de la Sala). En este sentido véase
también la sentencia del 28 de enero de 2021, expediente nro. 19001-23-33-000-2020-00010-01, M.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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47. Para ello será necesario abordar algunas consideraciones relativas al análisis
de la legalidad de los actos previos demandados pues, en caso de prosperar,
tendrían relevancia para la resolución de los demás cargos propuestos. Así las
cosas, previo a la solución de la controversia se estudiarán los siguientes aspectos:
a) El control judicial de los actos previos al acto de elección y el principio de
preclusividad: su importancia en materia electoral.
b) El valor probatorio de los formularios E-14 transmisión, clavero y delegado -
reiteración jurisprudencial -.
c) El extremo temporal para la entrega de los documentos electorales para el
escrutinio y sus excepciones (art. 144 del CE).
d) De las irregularidades que pueden surgir cuando existen más votos que
votantes (Diferencias entre los formularios E-11 vs E-14).
e) De las diferencias injustificadas que pueden surgir de la confrontación entre
los formularios E-14 y E-24.
f) Los archivos TXT, E-24 plano MMV o E-24 TXT47 como parámetro de
comparación para afrontar el juicio de legalidad electoral.
4. El control judicial de los actos previos al acto de elección y el principio de
preclusividad: su importancia en materia electoral
48. En la demanda se cuestionaron diversos actos previos al de elección, los
cuales se identificaron como, i) aquellos que rechazaron las reclamaciones que el
demandante, mediante apoderado judicial, presentó en el proceso de escrutinio y
ii) las decisiones de la Comisión Auxiliar 17 y municipal de Ibagué que, como lo
señaló el accionante, tuvo en cuenta los votos de 27 mesas de la zona 11 puesto 3,
pese a que los correspondientes formularios E-14 claveros se allegaron por fuera
del término que prevé el artículo 144 del CE.
49. Antes de hacer referencia al control judicial indirecto de los actos previos al
de elección, la Sala hará una breve descripción de las etapas del procedimiento
electoral:
a) El procedimiento electoral es reglado y se conforma de varias etapas. La
primera es la preelectoral, en la que se realizan los censos, cedulación,
inscripción de candidaturas, designación de puestos y jurados de votación,
acreditación de testigos electorales, organización de las comisiones escrutadoras
y claveros, entre otras actuaciones.
47 La Sala encuentra pertinente incluir una consideración frente al archivo TXT, E-24 archivo plano o
E-24 TXT, por cuanto en el presente caso se tomó este último como parámetro de estudio en el
cargo de más votos que electores.
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b) De acuerdo con el Decreto Ley 2241 de 1986, la etapa electoral comienza
el día de las elecciones con la instalación de las mesas y la presencia de los
jurados de votación a las 7:30 am, seguida de la apertura de las urnas para
verificar que se encuentren vacías y dar inicio al proceso de votación, que
comienza a las 8:00 am y culmina a las 4:00 pm, con el cierre de las votaciones.
c) Culminado lo anterior, inicia la etapa poselectoral con los escrutinios de los
jurados de votación. De acuerdo con el artículo 142 del CE «Los resultados del
cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el
acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se
extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del
jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno
para el arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado
Civil». Durante este periodo, los testigos electorales vigilan las elecciones y
pueden formular reclamaciones escritas, de acuerdo con las causales de los
artículos 192, 122 y 164 del CE, dando cumplimiento a los requisitos allí fijados.
d) Una vez terminado el escrutinio, se leerán los resultados en voz alta y «las
personas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán
las correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser publicadas
inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de dichas actas será
entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar cámaras
fotográficas o de video».48
e) Otro rasgo particular de la etapa poselectoral es que los candidatos, sus
representantes y los testigos electorales acreditados podrán solicitar a las
comisiones escrutadoras el recuento de los votos emitidos en una determinada
mesa. Una vez efectuado dicho acto por la comisión no procederá otro sobre la
misma mesa.
f) También, otro aspecto particular que diferencia dicha etapa de las otras,
repercute en que, en los escrutinios de las comisiones escrutadoras auxiliares,
distritales y municipales, solo se aceptarán reclamaciones49 o apelaciones que
48 Art. 41 de la Ley 1475 de 2011.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de
mayo de 2022, expediente 05001-23-33-000-2019-03249-01, MP Rocío Araújo Oñate. Al respecto
se concluyó que«[…] son situaciones de hecho que se presentan en la etapa post electoral -
escrutinio, y son la respuesta a las fallas que se pueden presentar en el procedimiento, tales como,
la desnivelación de la mesa, el error aritmético, la falta de firma de los formularios, las tachaduras o
enmendaduras, la recepción extemporánea de pliegos, entre otros, que impiden dotar de total
claridad lo acaecido en la mesa de votación. […] el legislador reconoció que pueden existir fallas
humanas que pueden negativamente incidir en la consolidación de los resultados y por lo mismo, se
previeron mecanismos para solicitar revisiones durante los escrutinios, entre las que se pueden
plantear: i) el recuento de la votación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 163 y 166
del C.E., y ii) la invocación de las causales de reclamación previstas en el artículo 192 ibidem, cuya
(sic) características son la taxatividad y la exclusión de la votación cuando se encuentren
acreditadas, a excepción de la causal número 11 concerniente a la existencia de error aritmético,
que no contempla esta medida de exclusión de la votación».
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se formulen por escrito, en el mismo acto y que estén fundadas en las causales
de los artículos 122, 164 y 192 del CE.
g) Aunado a lo anterior, existen solicitudes de saneamiento50 que se pueden
presentar ante cualquiera de las autoridades electorales hasta antes de la
declaratoria de la designación y que se fundan en las casuales del artículo 275
del CPACA.
50. Las decisiones de dichas comisiones escrutadoras constituyen actos
previos51 al que declara el resultado de la elección, los cuales, al igual que los actos
definitivos, son susceptibles de control judicial por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, siempre que se demanden junto con el acto que declara
la elección.
51. Así se desprende del artículo 139 del CPACA que indica que «[e]n elecciones
por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que
resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de
los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección.
El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan
las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección» (Énfasis de la Sala).
52. Dicho control judicial, para efectos del estudio de fondo que implican las
irregularidades que se denuncien por los interesados, pende de que las
reclamaciones a las que haya lugar en sede administrativa sean oportunas, pues no
debe perderse de vista que las etapas del proceso electoral son de naturaleza
preclusiva, lo cual ha permitido que la jurisprudencia de esta Sección se haya
centrado en tal principio como un axioma a considerar en el estudio de legalidad de
los actos previos que se demanden.
53. Sobre el principio de preclusividad, esta Sala, en sentencia del 4 de mayo de
202352, indicó que en atención a este se determina la oportunidad con la cual cuenta
el interesado para ejercer determinadas actuaciones dentro del curso de la etapa
poselectoral. De esta manera, si no se ejerce la reclamación que concede el CE al
interesado dentro del plazo perentorio, se excluye la posibilidad de que pueda
presentarse posteriormente. Sobre el particular, en la providencia referida se indicó
lo que sigue:
50 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 12 de mayo de 2022. Radicado núm. 05001-
23-33-000-2019-03249-01. MP: Rocío Araújo Oñate. Sobre las casuales de saneamiento en la
mencionada decisión se explicó: «Así las cosas, corresponderá determinar en cada caso, si la
atención debe centrarse en si se alegan situaciones relativas a la causal de reclamación (artículo
192 del Código Electoral) que presuntamente no fueron corregidas en debida forma por la autoridad
electoral y se mantuvieron hasta el resultado de la elección, o si tales errores se mantuvieron y
mutaron los resultados para que puedan ser estudiadas bajo la causal especial de nulidad del
numeral 3º del artículo 275 del CPACA, por la presencia de diferencias injustificadas entre
guarismos». Dicho aspecto fue reiterado en la sentencia del 4 de mayo de 2023, expediente 11001-
03-28-000-2022-00108-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
51 Estos actos tienen control judicial indirecto pues, conforme con el inciso segundo del artículo 139
del CPACA, se deben demandar junto con el que declara la elección.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
mayo de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00108-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
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El procedimiento electoral está enmarcado dentro de etapas claramente delimitadas
en el tiempo y ante instancias previamente establecidas, con miras a que las
autoridades revisen los resultados de los escrutinios y a que se otorgue estabilidad y
certeza a las decisiones adoptadas por aquellas, lo que implica que cada actuación
debe agotarse en plazos perentorios. //En ese sentido, una vez acaecido el término
establecido legalmente para el desarrollo de la respectiva actuación, esta se clausura
en forma definitiva, de tal suerte que si el interesado no alega o discute la situación
irregular advertida dentro del término fijado para ello, queda excluida la posibilidad de
hacerlo en forma posterior.
54. Así las cosas, el principio de preclusividad apunta, entre otros aspectos, a
que algunas irregularidades que se presenten deben advertirse en las instancias
previstas para ello y ante las autoridades establecidas en el CE para cada etapa
electoral, so pena de que el interesado no pueda manifestarla en una etapa
posterior, circunstancia que tendrá en cuenta el juez electoral al resolver la
demanda53:
[…] en el evento en que se advierten irregularidades en el escrutinio que configuren
alguna de las causales de reclamación de las que trata el Código Electoral, es
deber del interesado exponerla ante la autoridad administrativa electoral para que
esta se pronuncie sobre el particular, pues de no ser así, se predicará la firmeza
de las resultas del escrutinio, toda vez que por virtud del principio de preclusividad,
no habrá lugar a manifestar censuras en etapas posteriores. // En esa medida,
puede ocurrir que en el contencioso de nulidad electoral se puedan controvertir,
además de la causal de nulidad propiamente dicha, los actos electorales que
resolvieron las reclamaciones de que trata el Código Electoral, en punto a
cuestionar la legalidad de lo allí resuelto. // Como se indicó, no hay lugar a exigir
el sometimiento previo de la causal de nulidad ante la autoridad electoral, sin
embargo, si en la demanda también se cuestionan los actos que resolvieron las
reclamaciones de que trata el Código Electoral, la autoridad judicial deberá tener
en cuenta si las mismas se presentaron en la oportunidad pertinente y ante el
órgano competente, en atención al principio de preclusividad.
55. Finalmente, en sentencia del 19 de julio de 202354, esta Sección sintetizó los
mecanismos de impugnación que proceden frente a las presuntas irregularidades
que se presenten en los escrutinios conforme con el principio de preclusividad, como
se ilustra a continuación:
Medio de Principio de
Causales Oportunidad y competencia
impugnación preclusividad
Se deben interponer ante los
jurados de votación o las
comisiones escrutadoras de
Solicitudes de Artículo 164 primer nivel (zonales, auxiliares
Sí aplica
recuento del CE municipales o distritales, según
corresponda) hasta antes de
finalizar la audiencia de
escrutinio correspondiente,
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
marzo de 2021, expediente 27001-23-33-000-2019-00047-01, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
julio de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00117-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra. En la
que reiteró la sentencia del 29 de abril de 2021, expediente 11001-03-28-000-2018-00106-00, del
mismo magistrado.
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Medio de Principio de
Causales Oportunidad y competencia
impugnación preclusividad
según los artículos 164 y 182,
inciso final del CE.
Se deben interponer en la
misma etapa del escrutinio en la
cual se presente la causal que le
Artículos 122 sirve de fundamento, ante la
Reclamaciones Sí aplica
y 192 del CE autoridad electoral a cargo del
desarrollo de la respectiva
audiencia, según el artículo 167
y 193 del CE.
Se pueden presentar hasta
antes de la declaratoria de
elección y frente a cualquiera de
las autoridades escrutadoras en
el ámbito de sus respectivas
Solicitudes de Artículo 275 competencias, según se trate de
No aplica
saneamiento del CPACA una elección nacional o
territorial y, en todo caso, dentro
de los límites temporales
señalados previamente por la
autoridad electoral en el marco
de los escrutinios.
5. El valor probatorio de los formularios E-14 transmisión, clavero y delegado
-reiteración jurisprudencial-
56. En la demanda se incorporó una solicitud del demandante para que se
replanteara la reiterada jurisprudencia de esta Sección en torno al valor probatorio
del formulario E-14 clavero. A su juicio, en estas elecciones existieron notorias
diferencias entre el E-14 transmisión y aquel. En ese contexto, la Sala encuentra
oportuno traer a colación algunas consideraciones en torno al alcance jurídico de
ambos documentos electorales.
57. En el acápite anterior se explicó que una vez se cierra la jornada de votación
a las 4 p.m., se inicia el conteo de los votos por parte de los jurados de votación de
cada mesa, cuyos resultados son registrados en el formulario E-14.
58. Dicho documento es de gran preponderancia para efectos de la validez de
los votos depositados en las urnas, toda vez que se trata del soporte con el cual la
comisión escrutadora correspondiente realiza el escrutinio de los sufragios emitidos
el día de la votación55, con sustento en la información registrada por los jurados.
55 Ley 1475 de 2011 (art. 41): «Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares
comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del momento del
cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan
recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva Registraduría
previamente señale. // Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea
posible terminar el escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las
nueve (9) de la mañana del día siguiente hasta las nueve (9) de la noche y así sucesivamente hasta
terminar el correspondiente escrutinio. Al concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta
los resultados, las personas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán
las correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser publicadas inmediatamente en la
página web de la entidad. Una copia de dichas actas será entregada a los testigos electorales,
quienes igualmente podrán utilizar cámaras fotográficas o de video».
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59. Los jurados de votación incorporan al formulario E-14 «la información del
número de votos obtenidos por cada una de las opciones políticas –partidos,
movimientos, grupos significativos, listas, candidatos–, los votos en blanco, los
votos nulos e, inclusive, las tarjetas no marcadas. De este se expiden tres
ejemplares, uno para los claveros, otro para los delegados de la RNEC, y el de
transmisión». Por regla general, en material judicial a efectos de la valoración
probatoria se prefiere el de claveros por su mejor cadena de custodia56.
60. En ese sentido, de la jurisprudencia en cita se extrae que el E-1457 posee
tres ejemplares con las siguientes particularidades:
Formulario E-14
Clavero Delegado Transmisión
Viaja en los sobres hacia las Se envía directamente a los centros Se le entrega al
arcas triclave donde se les de acopio en donde se digitalizan contratista encargado
guarda custodia, son los que se desde el día 1 para subirlos a la del preconteo y cuyo
utilizan en las comisiones página web de la RNEC y para que contenido se trasmite
escrutadoras y vuelven al arca las personas puedan consultarlos a los centros de
después de usarlos. rápidamente. cómputo.
61. En la providencia en cita se explica por qué el formulario E-14 claveros tiene
una mejor cadena de custodia, conclusión que obedece a que dicho documento se
introduce en la urna triclave y queda en protección de las autoridades electorales
hasta que se inicia el escrutinio, criterio que ha sido reiterado por esta
Corporación58.
62. La cualidad anterior también se predica del documento electoral de
delegados que resguardan los funcionarios de la RNEC. Sin embargo, no puede
afirmarse lo mismo frente al de transmisión pues, contrario a lo que acontece con
los otros, estos se le entregan al contratista encargado del preconteo, cuyo
contenido se trasmite a los centros de cómputo, así mismo, a los testigos a quienes
se les entregará una copia, tal y como se desprende del artículo 41 de la Ley 1475
de 2011.
56 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 24 de febrero de 2022. Radicado 1001-23-33-
000-2019-00536-04. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Reiterado en sentencia de 17 de noviembre de
2022. Radicado 25000-23-41-000-2020-00222-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
57 Sobre el destino de estos documentos la cartilla de capacitación de los jurados de votación para
las elección del Congreso de la República 2022 de la RNEC indicó que: «Firmados los tres (3)
ejemplares del formulario E-14 de la consulta, los jurados deberán permitir que los testigos
electorales tomen foto de este y luego sí desprenderlos para entregar inmediatamente el ejemplar
de transmisión al delegado de puesto o a quien él designe; el ejemplar del formulario E-14 dirigido a
los delegados debe depositarse en el sobre de delegados, si lo hay, o entregarlo inmediatamente al
delegado de puesto o a quien él designe; por último, el ejemplar del formulario E-14 dirigido a los
claveros debe depositarse en el sobre de claveros, junto con el sobre de votos de esa consulta».
(Enlace: https://www.registraduria.gov.co/sites/-Sistema-Integral-de-Capacitacion-Electoral-/).
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
mayo de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00108-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil. Decisión
en la que reafirmó, en la consideración 219, que respecto «[…] a los formularios E-14 claveros y E-
14 delegados, por regla general, no se desconoce que la Sección Quinta, en jurisprudencia reiterada,
le ha dado mayor valor probatorio al primero, cuando difieren en su contenido, debido a que “la
cadena de custodia del primero es mucho más estricta y que por tanto reviste mayor credibilidad”».
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63. Lo anterior permite traer a colación que, aunque el E-14 se trata de un solo
documento electoral, sus copias desde la noción de validez tienen un alcance
probatorio diferente, como pasa a explicarse.
64. En efecto, el E-14 de delegados, si bien no cuenta con una cadena de
custodia equivalente a la de su homólogo dirigido a los claveros, por no introducirse
en el arca triclave, tiene valor probatorio idéntico al de este último, como lo señala
el artículo 142 del CE: «Del acta se extenderán dos ejemplares que serán firmados
por el jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así:
uno para el arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del
Estado Civil».
65. Mientras tanto, el E-14 de transmisión no tiene regulación específica en el CE
como la prevista para los dos anteriores, sino que su noción se desprende del inciso
final de artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, en los siguientes términos:
Al concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, las
personas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán
las correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser publicadas
inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de dichas actas será
entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar cámaras
fotográficas o de video. (Énfasis de la Sala).
66. Por ello, se tiene por cierto que tal documento electoral no tiene el mismo
alcance probatorio que el artículo 142 del CE reconoce a los otros. Sin embargo, lo
anterior no quiere significar que carezca de validez, pues la jurisprudencia de esta
Sección en algunas situaciones particulares le ha reconocido su aptitud a efectos
de determinar la voluntad del electorado, siempre que su valoración sea en conjunto
con otros medios probatorios, como sucedería en aquellos casos en los que se
destruyó el E-14 claveros.
67. Al respecto la jurisprudencia de esta Sección59 ha manifestado lo siguiente:
156. En consecuencia, se tiene que la autoridad judicial accionada desconoció que el
formulario E-14 se expide en tres ejemplares, sin que por este hecho se pueda
concluir razonablemente que solo es válido el de Claveros, máxime si se tiene en
cuenta que en el expediente obraba el ejemplar del acta correspondiente a
Transmisión para las mesas señaladas y el E-14 Delegados de los corregimientos de
El Algarrobo y Providencia, así como las fotografías tomadas por los jurados a las tres
versiones –claveros, delegados y transmisión- en virtud de lo establecido en el artículo
41 de la Ley 1475 de 2011, elementos materiales probatorios que, analizados de
manera conjunta, le permitían verificar la conformidad o no, entre los E-14 de
Transmisión y Delegados de cara a las fotografías del de Claveros.
157. Ahora, si bien es cierto la Sección Quinta del Consejo de Estado60 ha establecido
que, en algunos casos, se debe dar mayor valor probatorio al formulario E-14
claveros, por ser el que goza de mayor cadena de custodia, al ser el que se introduce
en el arca triclave y es la referencia para diligenciar el formulario E-24, lo cierto que
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de
mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-00597-01, MP Rocío Araújo Oñate.
60 «Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 1 de junio de 2017. M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Rad. 25000-23-41-000-2016-00608-01».
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dicho criterio no se traduce en que el E-14 Transmisión no tiene ningún valor
probatorio a efectos de determinar la voluntad del electorado cuando se destruyó el
E-14 claveros, como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia
del 16 de noviembre de 2021.
68. La Sala encuentra que el criterio jurisprudencial frente a la cadena de
custodia y al valor probatorio del E-14 claveros y delegados ofrece mayor
consistencia jurídica al momento de asegurar la existencia de herramientas para
analizar cualquier irregularidad que se presente por diferencias en el número votos,
eso sí, sin descartar que el de transmisión en algunos eventos puede valorase en
conjunto para los mismos fines, como lo manifestó la jurisprudencia citada
anteriormente.
69. Así las cosas, al momento de resolver este cargo en el caso concreto, se
tendrá en cuenta que, como se desprende del artículo 142 del CE y del criterio
reiterado de esta Sección, el E-14 claveros y el de delegados tienen mayor alcance
probatorio y asidero jurídico frente a las inconsistencias que se puedan presentar
en la determinación de la voluntad electoral, lo que implica que ambos ejemplares
sirvan de sustento para la revisión del escrutinio a partir del cual se declara la
elección.
70. En el orden anterior, el E-14 claveros debe utilizarse como primera opción,
en atención a su robusta cadena de custodia; situación distinta a la del formulario
E-14 de transmisión que no fundamenta la declaratoria de elección, sino que tiene
como objeto el de transmitir una información preliminar de las votaciones a los
centros de cómputo y a los testigos electorales.
71. Ahora bien, se aclara que el argumento anterior no implica que al documento
de transmisión se le deba restar validez en todos los casos pues, como lo ha
señalado la jurisprudencia, habrá situaciones especialísimas, como la destrucción
del de claveros, que permiten al juez electoral revisar su alcance probatorio a
efectos de determinar la voluntad del electorado.
72. En síntesis, cualquier diferencia existente entre el E-14 de transmisión y el
de claveros no es una situación que deba conllevar a la anulación de una elección
con fundamento en la causal 3.ª del artículo 275 del CPACA pues, como se enunció,
al menos en el presente caso, se allegó el E-14 claveros que, como se estudiará en
el caso concreto, sirvió de sustento a la comisión para darle validez a la información
de los votos que allí reposaron, una vez se realizó la confrontación con el E-14 de
delegados, como pasa a explicarse a continuación.
6. Del extremo temporal para la entrega de los documentos electorales para el
escrutinio y sus excepciones (art. 144 del CE)
73. En la demanda se planteó como cargo que en la zona 11, puesto 3 IE
Leónidas Rubio sede Rodríguez Andrade (27 mesas) del municipio de Ibagué, se
desconoció el artículo 144 del CE, toda vez que los formularios E-14 dirigidos a los
claveros no fueron entregados en el término allí establecido.
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74. En ese contexto se encuentra pertinente revisar el extremo temporal que
prevé dicha norma para la entrega de los documentos electorales y las excepciones
previstas por el legislador, a efectos de determinar la regla de la decisión que servirá
para absolver el problema jurídico planteado frente a este aspecto.
75. Conforme con el CE, el procedimiento de entrega de documentos electorales
por los jurados de votación se realiza de la siguiente manera:
a) El presidente de cada una de las mesas de votación diligencia el
formulario E-14. Luego hace entrega de los documentos y formularios al
delegado de la Registraduría, quien a su vez deja constancia de la fecha y
hora de recibo, y de ser el caso también del estado de los sobres electorales
de la correspondiente mesa de votación.
b) Posteriormente, los pliegos electorales son entregados al clavero quien
los deposita en el arca triclave con el fin de resguardar su contenido y expide
una constancia de su ingreso.
76. Dicho procedimiento se encuentra regulado en el artículo 144 del Decreto
2241 de 1986 –Código Electoral-, modificado por el artículo 8 de la Ley 62 de 1988,
así:
Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero
en todo caso antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones, las
actas y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el Presidente
del Jurado, bajo recibo y con indicación del día y la hora de entrega, así: en las
cabeceras municipales, a los Registradores del Estado Civil o a los delegados de
éstos, y en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, a los
respectivos delegados del Registrador del Estado Civil.
Los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de Policía y sectores
rurales, serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la
fuerza pública uniformada, y entregados a los claveros respectivos dentro del término
que se les haya señalado.
Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre violencia, fuerza mayor o caso
fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora mencionada, no serán
tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciará a la autoridad competente
para que imponga la sanción a que haya lugar.
77. En síntesis, se tiene que todos los documentos electorales de la jornada se
deben introducir en el arca triclave por los jurados, en el término establecido por el
artículo 144 del CE (antes de las once – 11:00 p.m. - de la noche). En principio, solo
los eventos constitutivos de violencia, fuerza mayor o caso fortuito permiten dar
validez a los documentos electorales cuando se introducen de manera
extemporánea.
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78. Se indica que en principio porque la jurisprudencia61 ha señalado otros
factores eximentes relacionados con hechos imputables al funcionario que deba
recibir los documentos electorales, así:
Se consideran factores eximentes en la entrega extemporánea de los pliegos
electorales las situaciones que acrediten i) violencia, ii) fuerza mayor o caso fortuito o
iii) hechos imputables al funcionario encargado de recibir los documentos
electorales. En esos casos las comisiones escrutadoras dejarán de excluir las
votaciones de las mesas que hayan sufrido alguna de estas alteraciones.
(…)
Frente a la última causal eximente, el hecho imputable al funcionario encargado de
recibir los documentos electorales, se dice que “en el marco de la relación causal,
debe acreditarse que la demora en la entrega de los pliegos electorales por los
presidentes del Jurado a los Registradores o sus delegados, debe tener por
causa la conducta exclusiva del funcionario encargado de recibir ese material.
(Énfasis del original).
79. Desde el panorama anterior, aunado a la verificación de los eventos de
violencia, fuerza mayor, caso fortuito o de los hechos imputables al funcionario
encargado de recibir los documentos electorales, será obligación del juez electoral
constatar en cada caso concreto las circunstancias particulares del escrutinio y las
actuaciones que adoptaron las autoridades con el fin de subsanar las
irregularidades que pudieron surgir, como efectivamente se analizará en el presente
caso, en el cual será necesario auscultar, i) lo que decidió la comisión escrutadora
frente a la inclusión o no del E-14 claveros en la urna triclave y el E-14 de delegados
y su alcance conforme con el artículo 142 del CE, y ii) las posibilidades de recuento
oficioso de los sufragios depositados en las mesas correspondientes.
80. Lo anterior, por cuanto es un deber del juez electoral propender siempre por
establecer la verdad electoral y optimizar el principio de eficacia del voto
contemplado en el artículo 1, ordinal 3, del CE62, norma que también obliga a hacer
prevalecer al ejercicio de los derechos fundamentales de los sufragantes.
7. De las irregularidades que puede surgir cuando existen más votos que
votantes (Diferencias entre los formularios E-11 vs E-14)
81. Para un mejor entendimiento de esta irregularidad, la Sala se referirá a los
criterios normativos y jurisprudenciales delineados por esta Corporación, con el fin
de determinar cuándo está llamada a prosperar.
82. El artículo 11463 del CE se refiere al formulario E-1164 o acta de instalación y
registro de votantes, que da cuenta de los ciudadanos que asistieron a las urnas a
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de
abril de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00208-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
62 «Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones,
se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector».
63 «El Presidente del Jurado le exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía, la examinará, verificará
su identidad y buscará el número de la cédula en la lista de sufragantes. Si figurare, le permitirá
depositar el voto y registrará que el ciudadano ha votado. Este registro se efectuará de acuerdo con
las instrucciones que imparta la Registraduría Nacional del Estado Civil a los jurados».
64 Se aclara que la denominación de formulario E-11 es propia de la RNEC.
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ejercer su derecho al voto. Según el artículo 14265 del mismo código, los resultados
de la sumatoria de votos se consignarán por los jurados en otro formulario, en el
que constará el número de sufragios obtenido por cada candidato, lista, así como
los depositados en blanco, los no marcados y nulos, documento que se ha
denominado como E-14.
83. En el orden de los conceptos, el E-11 da cuenta del número de sufragantes
que efectivamente votaron en determinada mesa y el E-14 muestra la cantidad de
votos emitidos y repartidos entre los candidatos, listas de candidatos, votos en
blanco, nulos y no marcados en la misma mesa. En el también se deja constancia
del total de sufragantes, dato que se extrae del E-11, es decir, se hace una
constatación y verificación de la información que atañe a cada mesa.
84. En ningún caso, el número de votos (E-14) puede ser mayor al de votantes
(E-11) registrados en cada mesa. De presentarse tal circunstancia, estaríamos ante
una irregularidad porque el número total de votos en una mesa registrado en el
formulario E-1466, excedería sin justificación el número de electores que ejercieron
su derecho al sufragio según el documento E-11 o acta de instalación y registro de
votantes. Esto es así porque cada ciudadano tiene derecho a emitir un solo voto por
la opción política de su preferencia.
85. En contraposición, lo que puede ocurrir válidamente es que exista mayor
número de sufragantes que de sufragios toda vez que, en ocasiones, por ejemplo,
los ciudadanos no votan por todas las autoridades a elegir o el ciudadano se
abstiene de depositar la tarjeta electoral en la urna que le corresponde. Situación
que no trae como consecuencia la nulidad de la elección.
86. Cuando sucede la primera situación descrita, esta Sala67 ha advertido la
configuración de la falsedad en los documentos electorales que podría acarrear la
nulidad del acto electoral68:
La circunstancia de que en las actas de escrutinio de los jurados (Formulario E-14)
se consignen más votos que votantes (Formulario E11), produce una alteración de la
verdad electoral, y puede dar lugar a la anulación del acto de elección.
Ello porque en la medida en que cada ciudadano está habilitado para depositar un
voto, en la respectiva mesa sólo puede aparecer un número de sufragios consecuente
con el de electores. Aquellos que se contabilicen más allá del de votantes habrán sido
incluidos en forma irregular.
Al respecto esta Sala ha dicho: “[...] sí constituye una irregularidad cuando el acta de
escrutinio del jurado de votación –Formulario E-14- registra un número mayor que la
lista y registro de votantes –Formulario E-11-, puesto que el número de votos no
65 Modificado por el artículo 12 de la Ley 6 de 1990.
66 Acta de escrutinio de los jurados de votación.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de
febrero de 2017, expediente 20001-23-33-003-2016-00005-02, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8 de
abril de 2021, expediente 20001-23-33-000-2019-00368-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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puede ser superior al número de votantes, por la sencilla razón de que cada
ciudadano tiene derecho a un solo voto”.
87. Por otra parte, la Sala de lo Electoral69 ha señalado que cuando los votos
exceden al número de sufragantes, tal circunstancia constituye una causal de
reclamación contemplada en el numeral 5 del artículo 192 del CE, que, en caso de
trasladarse al formulario E-24, es susceptible de ser analizada en sede judicial y
podría anular la elección:
[…] el vicio como reclamación se encuentra previsto en los artículos 122 y el numeral
5º del artículo 192 Código Electoral, así como el artículo 135 Ibidem, y ha sido
entendido como una circunstancia que nace de la comparación del contenido del
registro de votantes (formulario E-11) con las actas de escrutinio de jurados
(formulario E-14). Hasta ahí nos encontramos dentro del ámbito de la reclamación, al
punto que la solución administrativa electoral, aunque parezca extraño, es introducir
de nuevo los votos, realizar el recuento y al azar destruir el equivalente al exceso que
violó la paridad entre el E-11 y el E-14.
Pero cuando ese vicio, que en un primer estadio se advierte poco trascendente, se
transforma en la típica irregularidad objetiva de nulidad electoral que se judicializa
ante el juez de lo contencioso administrativo cuando se traslada al siguiente
formulario, pues el hecho de extenderse a la escrutadora siguiente, quien plasma su
actuar en el formulario siguiente vulnerando el resultado que ya viene viciado, entra
en el ámbito de la falsedad electoral, que de ser comprobada e incidente en el
resultado puede dar lugar a la nulidad de elección por falsedad de los documentos
electorales.
88. En otras palabras, es posible que las autoridades electorales pasen por alto
la existencia de inconsistencias entre el número de votantes y votos depositados;
sin embargo, tal situación no es óbice para que en sede jurisdiccional no pueda
alegarse la falsedad de los registros electorales y ser estudiada como una causal
de nulidad que conlleva la comparación del «número de votantes registrado en el
formulario E-11 frente a los votos consignados en los formularios E-14 o E-24»70.
89. En síntesis, la evidencia de inconsistencias entre los formularios indicados,
por la existencia de más votos en la urna que de electores, genera la nulidad
electoral en los términos del artículo 275.3 del CPACA.
8. De las diferencias injustificadas que pueden surgir de la confrontación entre
los formularios E-14 y E-24
90. Como se planteó en la demanda, esta irregularidad se habría presentado en
2.696 mesas del departamento del Tolima. Para un mejor entendimiento del cargo,
la Sección hará unas consideraciones sobre este, con fundamento en las normas
que se relacionan con el mismo y la jurisprudencia de la Sala Electoral.
91. Los jurados de votación, en los formularios E-14, registran «la información
del número de votos obtenidos por cada una de las opciones políticas (partidos,
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
febrero de 2016, expediente 11001-03-28-000-2014-00110-00, MP Alberto Yepes Barreiro.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de
junio de 2019, expediente 11001-03-28-000-2018-00060-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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movimientos, grupos significativos, listas, candidatos), los votos en blanco, los votos
nulos e, inclusive, las tarjetas no marcadas».
92. Por su parte, «los formularios E-24, son documentos que reflejan el
consolidado de estas mesas, de forma detallada, por parte de cada comisión
escrutadora, a partir de la información diligenciada en los E-14, y se construyen de
forma piramidal. De suerte que la información de los escrutinios auxiliares o zonales
(en municipios o distritos zonificados) sirve de base a los municipales o distritales;
estos últimos, a su vez, alimentan el E-24 de los escrutinios generales o
departamentales; y estos, al mismo tiempo, nutren los de carácter nacional»71.
93. La información de dichos formularios debe coincidir, pues se trata de
documentos que sustentan la declaratoria de la elección. Excepto cuando la
autoridad electoral competente en virtud de un recuento72 por circunstancias
relacionadas con el saneamiento, reclamaciones, nivelación de mesas, de oficio o
por renuncia de candidatos, encuentre irregularidades que impliquen la modificación
del número de votos registrados en el E-14.
94. Ante tal escenario, se dejará constancia en la respectiva acta general de
escrutinio, caso en el cual la diferencia estaría justificada. Cuando no exista
explicación de la variación, estaríamos ante una posible falsedad en los documentos
electorales73, conforme la causal 275.3 del CPACA y el criterio jurisprudencial de
esta Sección74 que al respecto ha señalado:
Esta causal de nulidad, sustentada en la presencia de registros electorales falsos o
apócrifos, o de elementos falsos o apócrifos que hubieran servido para su formación,
deriva en la alteración de la verdad electoral, como cuando se supone la votación de
personas que no han intervenido en las urnas, se hacen constar resultados que son
ajenos a los verdaderamente escrutados (por exceso o por defecto), se finge la
calidad de jurado de votación para sufragar sin estar autorizado, o se aduce una
autorización inexistente para votar, o también cuando se altera materialmente el
contenido de las actas o se incorporan en los cómputos de votos actas inválidas, y en
71 Idem.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
mayo de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00108-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil
(representantes a la Cámara por Magdalena); del 29 de junio de 2023, expediente 11001-03-28-000-
2022-00106-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio (representantes a la Cámara por Cesar); del 19
de julio de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00117-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra
(representantes a la Cámara por Risaralda) y del 3 de agosto de 2023, expediente 11001-03-28-000-
2022-00253-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio (representantes a la Cámara por Antioquia).
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de
octubre de 2015, expediente 11001-03-28-000-2014-00062-00, MP Alberto Yepes Barreiro. Al
respecto, la Sala ha concluido que: «La configuración de la falsedad o apocrificidad en temas
electorales bien puede surtirse a partir de la definición de ese concepto, que según la Real Academia
Española corresponde a lo “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad o de veracidad”. o
“Incierto y contrario a la verdad”. Es decir, que un documento o registro electoral adolece de falsedad
si lo que se expresa en él no concuerda con la realidad, disonancia que puede darse por falsedad
material, como cuando el registro documental sufre una mutación o adulteración física en lo escrito,
o por falsedad ideológica, que suele ocurrir, Vr. Gr., cuando un registro ulterior refleja una información
completamente distinta del registro anterior, sin que ello tenga una explicación o justificación válida».
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de
octubre de 2009, expediente 11001-03-28-000-2006-00122-00, MP Filemón Jiménez Ochoa.
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general, cuando la declaración que contiene el documento no corresponde a la
realidad.
Por tanto, la falsedad o apocrificidad como causal de nulidad es necesariamente
objetiva. Quiere decir lo anterior, que su presencia en los documentos o registros
electorales puede constatarse directamente por el operador jurídico, quien después
de establecer la verdad de unos resultados los puede confrontar con los registros
cuestionados para así concluir si esa realidad ha sido objeto de manipulaciones o
distorsiones.
95. Ahora bien, no debe perderse de vista el escenario en el que la
correspondiente autoridad electoral realiza el recuento y procede a las correcciones
a las que haya lugar, pero omite consignar las respectivas constancias en las actas
de escrutinio u olvida la justificación75 que debería dejarse frente a la colectividad,
candidato u opción76 que sufrió alteración de los resultados registrados en el E-14.
96. La solución preliminar a tal vicisitud es concluir que se trata de diferencias
injustificadas entre los formularios electorales y, con ello, prosperaría la
irregularidad.
97. Sin embargo, en aras de la verdad electoral y el respeto del principio de
eficacia del voto de los sufragantes, es deber del juez electoral analizar los
documentos electorales en conjunto (formularios y actas), con el fin de determinar
si, en esos eventos, realmente las modificaciones atienden a recuentos y
correcciones realizadas por las comisiones escrutadoras o, en realidad, se trata de
cambios carentes de motivación que pueden generar la falsedad del resultado
electoral.
98. Dicho análisis resulta imperativo a la hora de resolver el cargo, porque solo
así se podrá concluir en debida forma si el escrutinio se adelantó con respeto a las
normas que lo regulan, si se respetaron las garantías de las partes que intervienen
y si la autoridad electoral correspondiente realizó las correcciones procedentes.
99. Aunado a lo anterior, debe advertirse que, en atención al alcance
constitucional y legal del medio de control de nulidad electoral, le corresponde al
juez contencioso administrativo ejercer dicho control sobre las mesas y registros
demandados con el fin de determinar, a partir de la valoración en conjunto de las
pruebas que se aporten y en especial de los documentos electorales, la verdad
electoral.
100. En ese sentido, el juez podrá declarar nulo el acto de elección, siempre que
se compruebe que i) las diferencias entre E-14 y E-24 son injustificadas y ii) tengan
una incidencia tal en el resultado de la votación que sean capaces de modificar el
resultado electoral.
101. Lo anterior, tiene sustento en el principio de la eficacia del voto, consagrado
en el artículo 287 de la Ley 1437 de 2011, según el cual «[p]ara garantizar el respeto
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
mayo de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00108-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
76 Como serían los casos en los cuales se marca el voto en blanco.
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de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad
de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades
en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos
escrutinios serían otros los elegidos»77.
9. Los archivos TXT, E-24 plano MMV o E-24 TXT como parámetro de
comparación para afrontar el juicio de legalidad electoral
102. En relación con la irregularidad comentada en el punto anterior, esto es,
diferencia injustificada entre formularios E-14 y E-24, la Sala pone de presente que,
en ciertas ocasiones, además de aquella confrontación, se analiza el
comportamiento de la mesa en el denominado archivo TXT, E-24 archivo plano
MMV o E-24 TXT, que contiene la votación definitiva de la elección escrutada, con
el cual se declara la elección.
103. Dicho documento de trabajo resulta válido cuando coincida con la
información final reportada en los documentos suscritos por las autoridades
competentes.
104. Frente a la materia, en reciente sentencia, la Sección78 reiteró que el archivo
E-24 TXT, archivo plano o E-24 archivo plano MMV contiene la información mesa a
mesa, de acuerdo con la cual se declara la respectiva elección. Por tal razón,
cuando resulte necesario revisar el comportamiento de las mesas, el análisis del
cargo procederá respecto de los datos que este contenga, lo cual permite concluir
si existe diferencia justificada o no79.
105. De igual manera, esta Sala indicó en la decisión en comento que se debe
estudiar el archivo plano con «[…] la finalidad de determinar, si las modificaciones
entre formularios, obedecen a que la comisión respectiva adelantó recuento y omitió
dejar la constancia de su actuación, pues, es este escenario el que permite acreditar
que los cambios se realizaron para enmendar los yerros que se presentaron en los
escrutinios realizados en niveles inferiores, contrario a limitarse a reconocer una
votación que devendría irregular porque superaría la cantidad de sufragantes».
106. Así mismo, la Sección explicó que «[…] en algunas ocasiones, ha resultado,
que, luego del diligenciamiento del formulario E-24 se pueden presentar variaciones
de los datos allí consignados, resultado del proceso mismo de consolidación de los
formularios E-24 y su depuración, por lo que “la información definitiva mesa a mesa,
con cambios o sin ellos, queda registrada en un E-24 en archivo plano que no tiene
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 24 de
febrero de 2022, expediente 11001-23-33-000-2019-00536-04, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
Reiterada en la sentencia de 17 de noviembre de 2022, expediente 25000-23-41-000-2020-00222-
01, del mismo magistrado.
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
mayo de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00108-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de
marzo de 2021, expediente 11001-03-28-000-2018-00081-00, MP Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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las características de un formulario, que es el que se denomina E-24 TXT o E-24 en
archivo plano [...]”80». Lo anterior quiere significar que en el proceso de
consolidación de los formularios E-24 se va depurando la información y esos
movimientos se reflejan en el TXT, lo cual antecede la declaratoria de la elección.
107. Conforme con las anteriores consideraciones y las pruebas que obran en el
expediente, la Sala absolverá los problemas jurídicos planteados por el
demandante, con el objeto de verificar la existencia o no de las presuntas
irregularidades que adujo la parte actora y, en caso de encontrarse acreditadas,
determinar si cuentan con incidencia para afectar la legalidad del acto de elección
demandado.
10. Caso concreto
108. Previo a resolver la cuestión jurídica trazada, la Sala expondrá la metodología
utilizada para verificar cada una de las presuntas irregularidades reseñadas con la
demanda. Al respecto, en un documento Excel cargado en Samai81 junto con la
presente decisión, se examinó la información de los formularios E-1182, E-1483, E-
2484, AGE85 y E-24 TXT86, los cuales se allegaron e incorporaron al expediente con
el valor que la ley les reconoce.
109. El documento Excel se compone de varias hojas, las dos primeras
corresponden a los cargos planteados en la demanda, en los que se revisan los
formularios electorales y analizan las supuestas irregularidades con su respectiva
conclusión, las cuales pueden ser inexistente, justificada o injustificada87.
110. Finalmente, en las demás hojas88 se verificará la posible incidencia de las
irregularidades injustificadas o mesas desniveladas frente al acto de elección
demandado, dependiendo del cargo.
111. Para arribar a las conclusiones que arrojará el análisis de las diferencias
alegadas, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios, los cuales serán aplicables
específicamente al presente caso:
Conclusión Criterio
Se arriba a esta determinación una vez revisados los
formularios, dependiendo del cargo, así: i) desnivelación de
Inexistente
mesa E-11 vs E-14, en este caso debe existir igualdad o menos
votos en urna que electores y ii) diferencia injustificada E-14 vs
80 Idem.
81 Sede Electrónica para la Gestión Judicial Consejo de Estado.
82 Acta de instalación y registro de votantes.
83 Acta de escrutinio de jurados de votación.
84 Cuadro de resultados de la comisión escrutadora.
85 Acta general de escrutinio.
86 Archivo plano con información definitiva de los votos mesa a mesa.
87 Para el cargo de más votos que electores, por injustificada se entenderá que la mesa se encontró
desnivelada.
88 Frente a este aspecto se profundizará más adelante, en el acápite de incidencia.
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Conclusión Criterio
E-24, escenario que se configura cuando existe evidencia de
que los registros tienen identidad en el valor numérico.
Una vez revisada el AGE del municipio, zona, puesto y mesa
indicado en la demanda se pueden encontrar las siguientes
situaciones que permiten justificar la irregularidad alegada:
• La Comisión Escrutadora realizó recuento de los votos que
implicó modificaciones para los candidatos, partidos.
Aspectos que se analizan en el caso concreto.
• La Comisión Escrutadora realizó recuento de los votos,
expresó que hizo cambios de forma general, pero no
especificó resultados y modificaciones respecto de los
partidos y candidatos del caso.
• La Comisión advirtió que los votos nulos, en blanco y no
marcados fueron asignados a la circunscripción indígena o
afro, pero pertenecen a la circunscripción territorial en
estudio.
• La Comisión Escrutadora realizó recuento de votos solo
para nivelar la mesa.
• Al revisarse el AGE se observó que la comisión no dejó
constancia expresa de que los votos nulos, en blanco y no
marcados, que correspondían a la circunscripción territorial,
fueron registrados en el espacio de las circunscripciones
Justificada
especiales (indígena o afro) y que ello obedeció a un error de
los jurados. No obstante, una vez se procedió a la
confrontación de los datos consignados en los formularios, se
constató que la información numérica registrada en las
circunscripciones especiales corresponde a la Cámara como
quedó establecido en el E-24. Dicha verificación se hizo
conforme a la facultad del juez de encontrar la verdad
electoral.
• Aquellos casos en los que la comisión respectiva realizó
recuento y correcciones, pero omitió dejar las respectivas
constancias en las actas de escrutinio, tampoco dejó la
justificación respecto de la colectividad, candidato u opción
(ejemplo voto blanco) que sufrió alteración de los resultados
registrados en el E-14 y, no obstante, al revisarse el E-24 se
encontró que sí hubo variación.
En estos casos, en los que suele advertirse que la mesa
respectiva desde el inicio se encuentra desnivelada (con más
votos que votantes) y del análisis de los formularios electorales
se evidencia que la Comisión Escrutadora la niveló, aunque no
dejó constancia de ello, la diferencia estaría justificada porque,
de reconocerse, se desconocería el trabajo que adelantó la
autoridad electoral en aras de garantizar el principio de un voto
por votante. Regla de decisión que se plasmó en Sentencia del
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Conclusión Criterio
4 de mayo de 2023, exp. 11001-03-28-000-2022-00108-00, MP
Pedro Pablo Vanegas Gil.
Se presenta cuando:
-Una vez revisadas las AGE de los diversos niveles y los demás
documentos electorales no se encontró explicación que
justifique la diferencia entre formularios cuyas irregularidades se
Injustificada
alegaron en la demanda.
• La Comisión Escrutadora realizó recuento de los votos que
implicó modificaciones, pero las mismas no afectaron los
candidatos y partidos frente a quienes se dirige el cargo.
112. Como se explicó en las consideraciones de esta providencia, la Sala
estudiará en primer lugar los cargos contra los actos previos demandados pues, de
prosperar estos, tendrían repercusión en el análisis de la legalidad de los demás.
10.1. Actos previos demandados
113. La parte actora en este cargo cuestionó dos grupos de actos administrativos:
a) En primer lugar, aquellos que resolvieron reclamaciones y,
b) En segundo lugar, las decisiones de las Comisiones Auxiliar 17 y Municipal de
Ibagué, por medio de las cuales resolvieron los recursos de reposición y
apelación presentados por el apoderado del hoy actor, contra las resoluciones
que validaron los formularios E-14 claveros de 27 mesas en la zona 11, puesto 3
que, a juicio del accionante, se entregaron para el escrutinio por fuera del plazo
establecido en el artículo 144 del CE, sin que existiera alguna razón justificante
como la violencia, fuerza mayor o el caso fortuito.
114. Frente al grupo de actos que resolvieron las reclamaciones que el accionante
elevó ante las autoridades electorales correspondientes, se pone de presente que
al expediente no se allegaron pruebas de aquellas. Ahora bien, en el proceso obran
las resoluciones que las resolvieron89, en cuyo contenido reposan las referencias
frente al argumento que soportó cada una de las 19090 que presentó.
115. La circunstancia probatoria advertida no impide que la Sala se pronuncie
sobre el fondo de la pretensión pues, conforme el dicho del demandante, su reparo
radicó en que las reclamaciones que elevó ante las autoridades electorales
correspondientes no debieron declararse como extemporáneas. Por ello, el juicio de
legalidad que procede, tal y como se indicó en la fijación del litigio, se circunscribirá
a dicho aspecto.
89 Dichos actos administrativos se adjuntaron con la demanda y otros se allegaron por la RNEC en
etapa de pruebas.
90 Ante la Comisión Municipal de Ibagué radicó 131 reclamaciones y en la Comisión Escrutadora
General del Tolima 59. La Sala pone de presente que las 190 reclamaciones están relacionadas en
los cargos de más votos que electores y diferencias injustificadas.
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10.1.1. De los actos previos que resolvieron reclamaciones
116. Tal y como se mencionó en líneas anteriores, el demandante reprochó la
legalidad de veinticinco (25) resoluciones que resolvieron desfavorablemente una
serie de reclamaciones que presentó con ocasión de supuestas irregularidades
acaecidas en el proceso electoral materia de interés.
117. En su concepto, no resulta de recibo lo resuelto por la Comisión Escrutadora
Municipal de Ibagué y la Comisión Escrutadora General del Tolima, puesto que las
reclamaciones interpuestas se ajustaron a las previsiones legales para el efecto, en
cuanto a su fundamento y oportunidad, razón por la que reprochó que fueran
rechazadas.
118. En su entender, la aplicación del principio de preclusividad como fundamento
del rechazo de sus solicitudes y reclamaciones contravino el contenido del artículo
193 del CE que, en su entender, permite que se presenten ante cualquier comisión
escrutadora.
119. Resaltó que, mientras que la Comisión Municipal de Ibagué rechazó las
reclamaciones y procedió a conceder el recurso de apelación correspondiente, la
Comisión Escrutadora General del departamento simplemente dispuso el rechazo
de plano de aquellas que conoció. Por ello, aseveró que resultó lesionada la
garantía de la doble instancia, en tanto arbitrariamente no se ofreció la oportunidad
de interponer el recurso de apelación, con lo cual se desconoció el artículo 193 del
CE.
120. Además, esgrimió que fue desatendida la facultad otorgada al CNE en el
ordinal cuarto del artículo 265 superior, según la cual, se podrán cotejar los
documentos electorales para verificar la exactitud o diferencias en las cifras de votos
que haya obtenido cada lista o candidato o en caso de tachaduras, enmendaduras
o borrones proceder al recuento de votos, conforme con el artículo 163 del CE.
121. Por ello, señaló que las resoluciones materia de censura deben anularse
conforme la causal establecida en el artículo 137 del CPACA, relacionada con la
expedición con «infracción en las normas en que debían fundarse y desviación del
ejercicio de sus atribuciones».
122. Con este panorama, como lo pretendido por la parte demandante es que la
Sala revise el trámite que impartieron en sus respectivos ámbitos de competencia
las comisiones escrutadoras de Ibagué y de Tolima a las solicitudes y reclamaciones
presentadas y se verifiquen los motivos para desestimarlas, a continuación se
constatará si lo resuelto en los actos censurados desconoce el ordenamiento
jurídico, como se asegura en la demanda.
123. En concreto, el accionante relacionó los siguientes actos administrativos:
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Resolución Fecha Titulo Autoridad que la profiere
“Por medio de la cual se resuelve Comisión Escrutadora
1 19/03/2022
una reclamación” Municipal de Ibagué
“Por medio de la cual se resuelve Comisión Escrutadora
2 19/03/2022
una reclamación” Municipal de Ibagué
“Por medio de la cual se resuelve Comisión Escrutadora
7 19/03/2022
una reclamación” Municipal de Ibagué
“Por medio de la cual se resuelve Comisión Escrutadora
8 19/03/2022
una reclamación” Municipal de Ibagué
“Por medio de la cual se resuelve Comisión Escrutadora
9 19/03/2022
una reclamación” Municipal de Ibagué
“Por medio de la cual se resuelve Comisión Escrutadora
10 19/03/2022
una reclamación” Municipal de Ibagué
“Por medio de la cual se resuelve Comisión Escrutadora
11 19/03/2022
una reclamación” Municipal de Ibagué
“Por medio de la cual se resuelve Comisión Escrutadora
14 19/03/2022
una reclamación” Municipal de Ibagué
“Por medio de la cual se resuelve
3 20/03/2022 Comisión General del Tolima
una reclamación”
“Por medio de la cual se resuelve
4 20/03/2022 Comisión General del Tolima
una reclamación”
“Por medio de la cual se resuelve
5 20/03/2022 Comisión General del Tolima
una reclamación”
“Por medio de la cual se resuelve
6 20/03/2022 Comisión General del Tolima
una reclamación”
“Por medio de la cual se resuelve
7 20/03/2022 Comisión General del Tolima
una reclamación”
“Por medio de la cual se resuelve
8 20/03/2022 Comisión General del Tolima
una reclamación”
“Por medio de la cual se resuelve
10 20/03/2022 Comisión General del Tolima
una reclamación”
“Por medio de la cual se resuelve
11 20/03/2022 Comisión General del Tolima
una reclamación”
“Por medio de la cual se resuelve
15 21/03/2022 Comisión General del Tolima
un recurso de apelación”
“Por medio de la cual se resuelve
16 21/03/2022 Comisión General del Tolima
un recurso de apelación”
“Por medio de la cual se resuelve
19 21/03/2022 Comisión General del Tolima
un recurso de apelación”
“Por medio de la cual se resuelve
20 21/03/2022 Comisión General del Tolima
un recurso de apelación”
“Por medio de la cual se resuelve
21 21/03/2022 Comisión General del Tolima
un recurso de apelación”
“Por medio de la cual se resuelve
22 21/03/2022 Comisión General del Tolima
un recurso de apelación”
“Por medio de la cual se resuelve
23 21/03/2022 Comisión General del Tolima
un recurso de apelación”
“Por medio de la cual se resuelve
24 21/03/2022 Comisión General del Tolima
un recurso de apelación”
Auto de “Por medio de la cual se resuelve
20/03/2022 Comisión General del Tolima
Trámite 5 una reclamación”
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• Decisiones de la Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué
124. Inicialmente, debe ponerse de presente que las solicitudes y reclamaciones
presentadas por el accionante ante la referida comisión se elevaron respecto de
múltiples mesas del municipio de Ibagué y con sustento en alguna de las siguientes
causales:
i) Diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de
candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo
partido, agrupación o sector político (art. 164 CE).
ii) Tachaduras o enmendaduras en actas de los jurados en los nombres de los
candidatos o en los resultados de la votación (art. 164 CE).
iii) Funcionaron mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme
la ley (art. 192.1 CE).
iv) Número de sufragantes de una mesa exceda al número de ciudadanos que
podían votar en ella (art. 192.5 CE)91.
v) Error aritmético al sumar los votos consignados en actas de escrutinio (art.
192.11 CE)92.
125. Para mayor ilustración se presenta el siguiente cuadro:
Resol. Fecha Mesas reclamadas Causal(es) invocadas
i) Errores aritméticos en actas de escrutinio
118 mesas distribuidas en
1 19/03/2022 y ii) diferencia del 10% entre los votos por las
10 zonas de Ibagué93.
listas de candidatos.
Ibagué: Zona 02, puesto
2 19/03/2022 02, mesa 20 y zona 07, Tachaduras o enmendaduras en actas.
puesto 4, mesa 18.
i) Tachaduras o enmendaduras en actas, ii)
Ibagué: Zona 11, puesto 3.
diferencia del 10% entre los votos por las
7 19/03/2022 Mesa 14 y zona 90, puesto
listas de candidatos y iii) errores aritméticos
01, mesas 4 y 21.
en actas de escrutinio.
91 Si bien esta situación podría ser falsedad y, por ende, causal de saneamiento, en la demanda se
presentó como reclamaciones.
92 Idem.
93 En específico: ZONA 01, PUESTO 01, MESAS 14, 20, 21 y 22; PUESTO 03, MESA 17; PUESTO
04, MESA 13. ZONA 02, PUESTO 01, MESAS 2, 3, 10 Y 11. ZONA 05, PUESTO 01, MESAS 16,19,
21, 39 Y 46; PUESTO 03, MESAS 6, 10, 16, 30; PUESTO 4, MESA 3. ZONA 06, PUESTO 01,
MESAS 4, 6, 7, 9, 10 Y 13; PUESTO 02, MESA 3; PUESTO 01, MESAS 21 Y 31; PUESTO 04,
MESAS 1 Y 7; PUESTO 05, MESA 6; PUESTO 06, MESAS 2 Y 4. ZONA 07, PUESTO 01, MESAS
3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 26, 30; PUESTO 02, MESAS 2,3 y 7; PUESTO 03, MESAS 4, 5, 11, 13,
21; PUESTO 04, MESAS 5, 6, 8, 9, 10, 18, 28, 29, 32; PUESTO 05, MESAS 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20;
PUESTO 06, MESA 1; PUESTO 07, MESA 1; PUESTO 08, MESAS 1,2,5, 6, 9 Y 23. ZONA 08,
PUESTO 01, MESAS 1 Y 11. ZONA 09, PUESTO 01, MESAS 1, 4, 7, 14 Y 20; PUESTO 02, MESA
3. ZONA 11, PUESTO 01, MESAS 3, 4, 14; PUESTO 02, MESAS 2, 3, 8 Y 9; PUESTO 03, MESAS
4,5 ,6, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26; PUESTO 04, MESAS 4, 5, 13, 22 Y 23; PUESTO 05, MESAS 3 Y
4. ZONA 90, PUESTO 01, MESAS 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 20. ZONA 99, PUESTO 17, MESA 2.
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Resol. Fecha Mesas reclamadas Causal(es) invocadas
Ibagué: Zona 07, puesto
Número de sufragantes excedió el número
8 19/03/2022 08, mesa 20 y zona 11,
de ciudadanos que podían votar en mesa94.
puesto 01, mesa 16.
i) Número de sufragantes excedió el número
Ibagué: Zona 07, puesto de ciudadanos que podían votar en mesa
9 19/03/2022
05, mesa 11. (entiéndase más votos que votantes) y ii)
errores aritméticos en actas de escrutinio.
Ibagué: Zona 01, puesto
i) Tachaduras o enmendaduras en actas y iii)
10 19/03/2022 01, mesa 5 y zona 06,
errores aritméticos en actas de escrutinio.
puesto 04, mesa 8.
i) Diferencia del 10% entre los votos por las
Ibagué: Zona 07, puesto listas de candidatos, ii) mesas de votación en
11 19/03/2022
04, mesa 7. lugares o sitios no autorizados y iii) errores
aritméticos en actas de escrutinio.
i) Errores aritméticos en actas de escrutinio
Ibagué: Zona 05, puesto
14 19/03/2022 y ii) diferencia del 10% entre los votos por las
03, mesa 20.
listas de candidatos.
126. De la lectura de cada una de las resoluciones en mención, la Sala advierte
dos situaciones en particular:
127. La primera de ellas, es que las circunstancias en las cuales se edificaron las
distintas solicitudes y reclamaciones obedecen a i) las causales contenidas en los
artículos 163 y 164 del CE que dan lugar a la posibilidad de recuento de votos, así
como ii) los escenarios previstos en el artículo 192 del mismo texto normativo, como
consta en los actos administrativos aportados con la demanda95.
128. En segundo momento, que el común denominador para el rechazo de las
peticiones fue la aplicación del principio de preclusividad, puesto que en las
resoluciones se indicó, en síntesis, que las circunstancias irregulares invocadas,
primero debieron ser puestas en conocimiento de las comisiones auxiliares. Lo
anterior, para que estas se pronunciaran caso a caso, y solo ante desacuerdos con
lo que se decidiera, la comisión escrutadora municipal conocería del asunto en sede
de apelación. Así se manifestó en los actos objeto de análisis:
[…] las comisiones escrutadoras distritales y municipales no estan (sic) facultadas
para resolver reclamaciones electorales referidas al escrutinio que realizó alguna
comisión escrutadora auxiliar, en los aspectos que la ley le confía de manera
exclusiva a esta ultima (sic) y que pueden ser ventilados ante ella, pues en ese evento
se entiende que la competencia para resolverlas es de la auxiliar y, por tanto, la
distrital o municipal solo pueden conocer de ellas en segunda instancia.
Dicho de otra manera, en presencia de comiciones (sic) escrutadoras auxiliares, no
pueden proponerse por primera vez ante las comisiones escrutadoras distritales o
municipales reclamaciones por el escrutinio zonal en los asuntos que son de su
exclusiva competencia, pues, ademas (sic) de que se trata de un escrutinio que
realizo una autoridad diferente, lo cierto es que en esos casos la correspondiente
autoridad escrutadora distrital o municipal solo puede conocer de tales reclamaciones
por via (sic) de apelación o para resolver algun (sic) desacuerdo que surja al respecto
entre los miembros de la comision (sic) escrutadora auxiliar.
94 E-11 y E-14.
95 Índice 2 Samai.
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129. Como se observa, la Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué refirió, en
cada una de las resoluciones en mención, que el accionante debió ventilar las
circunstancias invocadas ante las comisiones escrutadoras auxiliares por ser las
competentes para dirimirlas en primer momento. Justamente, porque no se obró en
tal sentido, se dispuso su rechazo al constatar que se pretermitió la etapa
correspondiente, esto es, que el interesado alegara las distintas irregularidades bien
fuera luego del escrutinio que realizan los jurados de votación en la mesa
correspondiente, o en los escrutinios que realiza la comisión escrutadora auxiliar o
zonal.
130. En este punto, debe recordarse que los escrutinios previstos en el CE están
regidos por un procedimiento que se cumple por fases y ante instancias previamente
determinadas, representadas en las diferentes comisiones escrutadoras. Al
respecto, se estima pertinente recordar algunas consideraciones en torno al papel
de las autoridades escrutadoras96:
[l]a mayoría de las autoridades escrutadoras ejercen un doble papel, el primero,
responde a la facultad que tienen para contar los votos, verificar y consolidar los
resultados que a su vez conlleva la función de declarar la elección y otorgar la
credencial a los elegidos; el segundo papel, está dado por la competencia de
ejercer como segunda instancia frente a quien jerárquicamente en materia
electoral es su “a quo”
(…)
Una lectura detenida del Código Electoral da cuenta de que en la base se ubican
los jurados de votación, luego la Comisión Escrutadora Auxiliar, cuya existencia
depende de si el territorio electoral a escrutar, entiéndase distrito o municipio, ha
requerido la división en zonas, a fin de facilitar las inscripciones, votaciones y
escrutinios (art. 79 C.E.) y esa es la razón por la cual no siempre se escucha hablar
de ellas. Enseguida y como superior jerárquico de esas escrutadoras auxiliares
aparecen las Comisiones Escrutadoras Distritales o Municipales y sobre éstas la
jerarquía se predica de las Comisiones Departamentales – conformadas por los
Delegados del Consejo Nacional Electoral- cuya instancia superior recae en la
máxima autoridad electoral, esto es, el Consejo Nacional Electoral.
Dentro de ese doble papel de autoridad escrutadora y de autoridad jerárquicamente
funcional es claro que algunos hechos constitutivos de alegación, bien sea por vía
de la reclamación o de la apelación, deben estar claramente delimitados a fin de no
mezclar las competencias que se derivan del ejercicio de ese doble papel, toda vez
que en algunos eventos la ley le ha otorgado a la autoridad escrutadora electoral,
sin importar su nivel, el imperium suficiente y exclusivo para resolver y predicar de
su decisión la firmeza y la ejecutividad necesarias, sin que la autoridad que es
superior para otros temas pueda tener injerencia en ella.
Por lo anterior, la consagración de normas como el último inciso del artículo 164 del
Código Electoral cuando se refiere a que verificado el recuento de votos por la
comisión escrutadora “no procederá otro alguno sobre la misma mesa de votación”;
o la orden legal impartida por el artículo 166 a las comisiones escrutadoras
distritales o municipales de conocer y decidir las apelaciones contra las
decisiones de sus homólogas auxiliares o los desacuerdos y a su vez efectuar
96 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 23 de
septiembre de 2010. Expediente: 07001233100020090003401. M.P: Mauricio Torres Cuervo.
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el escrutinio general de votos emitidos en el distrito o municipio y resolver las
reclamaciones que le propongan frente a sus propios escrutinios dan cuenta
de su competencia restringida frente a la Comisión Auxiliar que permite
predicar la aplicación de la preclusión en las etapas administrativas
electorales, siempre que la competencia asignada sea de aquellas privativas
de la respectiva Comisión. (Énfasis de la Sala).
131. Frente al particular, también debe ponerse de presente que esta Sala ha
señalado97:
Ahora bien, conforme con la normativa vigente, previo a la revisión de los anteriores
requisitos, debe tenerse en cuenta que la oportunidad para presentar la solicitud
de recuento de votos a que se refiere el artículo 164 del CE es, en primer lugar,
durante el escrutinio que realizan los jurados de votación en la mesa; en
segundo lugar, ante las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales o
distritales; y en tercer lugar, ante los Delegados del Consejo Nacional Electoral,
cuya competencia, valga decir, se activa, en estos casos, tratándose del
escrutinio general –que es el caso que ocupa la atención de Sala–, solamente
cuando las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales o distritales
hubieran negado el recuento y esa decisión hubiera sido apelada. (Destacado
por la Sala)
132. Igualmente, debe recordarse que las comisiones escrutadoras auxiliares,
además de resolver las reclamaciones presentadas por los testigos electorales con
fundamento en las causales previstas en los términos del artículo 122 del CE98 y
aquellas solicitudes de recuento de votos con fundamento en los eventos previstos
en el artículo 164 ídem99, también resolverán las reclamaciones que se originen en
las causales señaladas en el artículo 192 del CE, siendo competencia de las
comisiones escrutadoras distritales o municipales el conocimiento de los recursos
de apelación interpuestos en contra de las decisiones emitidas por aquellas.
133. En la medida de lo anterior, tratándose de solicitudes de recuento de votos
y de reclamaciones, se tiene que, según sea el caso y fundamento, deben
presentarse i) ante los jurados de votación durante el escrutinio de la mesa y ii) ante
las comisiones auxiliares, municipales o distritales, conforme corresponda.
134. Ahora bien, conviene mencionar que, además de los mecanismos para
presentar reclamaciones ante los jurados de votación y los comisionados
escrutadores, la legislación electoral permite presentar solicitudes de saneamiento
de nulidades electorales por las causales enlistadas en el artículo 275 del CPACA,
las cuales no están sometidas al principio de preclusividad y, por ende, se
pueden presentar en cualquiera de sus etapas antes de la declaratoria de la
elección100.
97 Sentencia del 29 de abril de 2021. Exp: 11001-03-28-000-2018-00106-00 – 11001-03-28-000-
2018-00116-00 (Acumulados). En esta sentencia se citan las siguientes providencias: Sentencia del
2 de noviembre de 2001. Exp. 25000-23-24-000-2001-0090-01(2698). Sentencia del 8 de febrero de
2018. Exp. 11001-03-28-00-2014-00117-00. 1001-03-28-00-2014-00109-00. (acumulados).
98 En concordancia con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 6 de 1990.
99 Formuladas por los candidatos, sus representantes o los testigos electorales, caso en el cual, se
impartirá la orden de corrección y se dejará la constancia correspondiente de conformidad con el
artículo 164 del Código Electoral.
100 Sentencia del 29 de abril de 2021. Exp: 11001-03-28-000-2018-00106-00 (11001-03-28-000-
2018-00116-00), MP Luis Alberto Álvarez Parra.
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135. Para el caso concreto, se advierte que las irregularidades propuestas por el
actor como sustento de sus peticiones y reclamos se circunscribieron a los eventos
previstos en los artículos 163, 164 y 192 del CE. Sin embargo, se reitera que el
accionante, aún cuando era su carga, no aportó ni solicitó como prueba las
reclamaciones que presentó y fueron resueltas en los actos administrativos previos
que cuestionó.
136. No obstante, pese a la omisión de la carga probatoria que le correspondía a
la parte actora, la Sala, al verificar el contenido de las resoluciones relacionadas de
manera precedente, encontró que algunas de las reclamaciones estuvieron
relacionadas con solicitudes de saneamiento, al igual que otras enlistadas en el CE.
137. Por tal razón, en aras de resolver el cargo presentado por el accionante, esto
es, declarar la nulidad de dichos actos por cuanto la autoridad electoral acudió al
argumento de extemporaneidad para rechazar las solicitados presentadas, «[…] sin
estudiarlas y analizarlas a fondo […]», la Sala encuentra pertinente desatar dicha
cuestión jurídica conforme con los siguientes planteamientos: i) las solicitudes de
saneamiento se pueden presentar en cualquier tiempo y ii) las demás
reclamaciones previstas en el CE están sujetas al principio de preclusividad.
138. Así las cosas, como respuesta a la primera premisa se tiene que, como se
enunció anteriormente, las solicitudes de saneamiento de nulidades electorales por
las causales enlistadas en el artículo 275 del CPACA no están sometidas al
principio de preclusividad, por tal motivo se pueden presentar en cualquiera de
sus etapas antes de la declaratoria de la elección, como lo ha reiterado la
jurisprudencia de esta Sección101:
Ciertamente, las reclamaciones por las causales previstas en el Código Electoral
están sujetas al principio de preclusión, es decir, deben presentarse ante la autoridad
electoral competente dentro de la etapa correspondiente, so pena de rechazo. Sin
embargo, esta Sala ha señalado que distinto es el caso de las solicitudes de
saneamiento de nulidades electorales, las cuales no están sometidas al referido
principio y, por tanto, se pueden presentar en cualquiera de sus etapas, (…) este
medio de impugnación de los resultados de los comicios sigue vigente como una
facultad de los candidatos, agrupaciones políticas y sus representantes y testigos
electorales con miras a que las comisiones escrutadoras de todos los niveles y el
propio CNE puedan subsanar tales vicios “antes de la declaratoria de elección”,
siempre que se interponga antes del cierre del escrutinio respectivo según la
oportunidad que señale para tal efecto la autoridad electoral correspondiente.
139. Por otra parte, esta Sala ha señalado que al juez electoral corresponde el
estudio de una solicitud de saneamiento como causal de nulidad en aras de
preservar la verdad electoral, lo cual supone el análisis del cargo con el fin de
determinar si existió la irregularidad y su incidencia en el resultado de la elección
que se demanda102:
101 Idem.
102 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
julio de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00117-00. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
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Con relación a las censuras contra los actos previos a la elección que resuelven
reclamaciones y solicitudes de saneamiento, esta Sala ha advertido que «aún si las
alegaciones de la parte demandante se enmarcan en las típicas causales de
reclamación, se debe determinar en cada caso si las irregularidades bajo las cuales
se fundamentan persistieron y trascendieron al punto de alterar los resultados
electorales y, en esa medida, analizarlas como causales de nulidad»103.
Esto supone un profundo análisis del juez electoral a la valoración que otorgan las
autoridades electorales a lo pedido por el solicitante, al punto de asumir el estudio del
cargo como una causal de nulidad, determinar si existió la irregularidad y si puede
mutar el resultado que se demanda, cuando ello lo amerita.
140. Sin perder de vista que el accionante en su demanda solo alegó la
extemporaneidad para sustentar el cargo, lo cierto es que, una vez revisados los
actos administrativos cuestionados, de acuerdo con el criterio jurisprudencial en cita,
se encontró que, además de las reclamaciones por otras causales generales
previstas en el CE, existieron otras puntualmente relacionadas con solicitudes de
saneamiento, las cuales fueron identificadas por la Sala de la siguiente manera:
No. Fecha Autoridad Mesas Causal
Mpio. Ibagué:
Comisión Número de sufragantes
Zona 07, puesto
Escrutadora excedió el número de
8104 19/03/2022 08, mesa 20.
Municipal de ciudadanos que podían votar
Zona 11, puesto
Ibagué en mesa.
01, mesa 16.
Comisión Número de sufragantes
Mpio. Ibagué:
Escrutadora excedió el número de
9105 19/03/2022 Zona 07, puesto
Municipal de ciudadanos que podían votar
05, mesa 11.
Ibagué en mesa.
Mpio. Ataco:
Zona 00, puesto
00, mesa 8.
Zona 00, puesto
Comisión Número de sufragantes
00, mesa 5.
Escrutadora excedió el número de
4 20/03/2022 Mpio. Ortega:
General del ciudadanos que podían votar
Zona 99, puesto
Tolima en mesa.
06, mesa 1.
Mpio. Rioblanco:
Zona 99, puesto
03, Mesa 1.
Comisión Mpio. Número de sufragantes
Escrutadora Purificación: excedió el número de
8 20/03/2022
General del Zona 00, puesto ciudadanos que podían votar
Tolima 00, mesa 6. en mesa.
141. Al confrontar las resoluciones indicadas, se evidenció que la comisión
correspondiente rechazó dichas reclamaciones por extemporáneas, así consta en
103 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de junio de 2023, Rad. 11001-03-28-000-
2022-00106-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
104 Confirmada mediante la Resolución 20 del 21 de marzo de 2022, por la Comisión Escrutadora
General del Tolima.
105 Idem.
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la parte considerativa y de resolutiva de los actos visibles en el índice 2 Samai.
Frente a dicha circunstancia, se tiene que las autoridades electorales respectivas
desconocieron el criterio que de forma reiterada ha definido esta Sección en torno
a que las solicitudes de saneamiento no están sujetas al principio de preclusividad.
142. En ese orden, como las peticiones de saneamiento se pueden presentar en
cualquier momento tanto así que, incluso, el juez electoral puede conocerlas como
casuales de anulación del acto electoral conforme con el artículo 275.3 del CPACA,
la Sala encuentra que el argumento que sustentó la declaratoria de
extemporaneidad no se ajustó a los criterios jurisprudenciales expuestos.
143. Por tal motivo, al no ajustarse dichas decisiones administrativas al criterio
vigente de esta Sala, lo que procedía, en este evento particular, era que las
autoridades electorales correspondientes conocieran del fondo de dichas solicitudes
de saneamiento.
144. En todo caso, a efectos de revisar la controversia que correspondía decidir
en ese momento a las autoridades electorales, la Sala encuentra que, confrontados
los documentos electorales allegados al proceso como prueba, no existieron más
votos que electores106 en lo que respecta a las mesas relacionadas en las
resoluciones 8 y 9107 de 2022, 4 y 8108 del mismo año, conforme con el siguiente
cuadro:
E-11 E14 votos E24
Municipio - Código Zona Puesto Mesa Conclusión
votantes en urna votos
001 007 05 011 191 189 189
Ibagué 001 007 08 020 161 156 146
001 011 01 016 152 151 151
019 000 00 005 127 127 127 No existe más
Ataco votantes que
019 000 00 008 153 153 153 sufragios.
085 099 03 001 180 179 178
Ortega
085 099 06 001 42 42 42
Purificación 094 000 00 006 204 200 200
145. En segundo lugar, frente a las demás reclamaciones, debe ponerse de
presente que aun cuando el artículo 193 del CE establece que las reclamaciones
con sustento en las causales de su artículo 192 «podrán presentarse por primera
vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales,
municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que realizan los
delegados del Consejo Nacional Electoral», tal disposición debe analizarse en
concordancia con el artículo 167 del mismo cuerpo normativo, en cuanto dispone
que:
106 Si bien las reclamaciones revisadas se presentaron ante las comisiones indicadas con
fundamento en el numeral 5.º del art. 192 del CE, esto es, «[c]uando el número de sufragantes de
una mesa exceda al número de ciudadanos que podían votar en ella», lo cierto es que esta causal
podría generar la nulidad de la elección cuando se verifica un mayor número de votos que de
votantes, como lo ha señalado la jurisprudencia.
107 Proferidas por la Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué.
108 Emitidas por la Comisión Escrutadora General del Tolima.
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En los escrutinios realizados por las comisiones escrutadoras distritales y municipales
no se aceptarán reclamos o apelaciones que no sean formulados por escrito en el
acto mismo del escrutinio y que no estén fundadas en alguna de las causales
establecidas en el artículo 192 de este Código. También deberán presentarse por
escrito los reclamos que se hagan ante las comisiones auxiliares.
146. Esta Sala109 ha señalado frente a este aspecto que «la presentación de la
respectiva reclamación, por primera vez, se debe hacer ante la autoridad que
legalmente tenga las atribuciones y la competencia para disponer los ajustes
o correcciones a los que haya lugar ante la demostración de la ocurrencia de la
causal de que se trate, u ordenar el recuento de votos» (énfasis añadido).
147. Frente al asunto que ocupa a la Sala, se tiene que el municipio de Ibagué,
que es la ciudad donde se presentaron las reclamaciones materia de estudio, al
estar zonificado, se dividió en zonas en las que actuaron las comisiones
escrutadoras auxiliares.
148. De este modo, las etapas del proceso electoral, en el caso concreto tuvieron
lugar durante i) el escrutinio de los jurados de votación, a quienes corresponde
en el cómputo de la votación de la mesa por cada lista o candidato, atender de
manera inmediata las reclamaciones que tuvieran como objeto el recuento de votos,
y recibir las demás110 para adjuntarlas a los documentos electorales para que sean
resueltas por la comisión auxiliar; ii) el escrutinio de las comisiones auxiliares,
donde se lleva a cabo el cómputo de los resultados de la votación, con base en las
actas de cada mesa, se resuelven las reclamaciones presentadas ante los jurados
de votación, y se atienden las solicitudes de recuento de votos por las causales
previstas en el artículo 164 del CE111 así como las reclamaciones planteadas con
fundamento en el artículo 192 idem; iii) el escrutinio municipal, etapa en la que se
resuelven los recursos de apelación interpuestos en contra de las decisiones
emitidas por las comisiones escrutadoras auxiliares y iv) la adelantada por los
delegados del CNE, en la Comisión Escrutadora Departamental de Tolima.
109 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 23 de
septiembre de 2021, expediente 25000-23-41-000-2019-01101-02, MP Carlos Enrique Moreno
Rubio.
110 De acuerdo con lo previsto por el artículo 122, los testigos electorales podrán formular
reclamaciones escritas, entre otros casos, i) cuando el número de sufragantes de una mesa exceda
el de ciudadanos que podían votar en ella; ii) cuando en las actas de escrutinio se haya incurrido en
error aritmético al computar los votos; o iii) cuando los ejemplares de las actas de los jurados de
votación estén firmados por menos de tres de estos. De acuerdo con la norma, «[t]ales
reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y sobre ellas se resolverá en los
escrutinios». Según lo dispone el artículo 166, estas reclamaciones deben presentarse ante los
jurados de votación.
111 «Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, se sus representantes o de los
testigos electorales debidamente acreditados, podrán verificar el recuento de los votos emitidos en
una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos deberá presentarse en forma razonada y
de la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta. // Estas comisiones no podrán negar
la solicitud de recuento cuando en las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia
del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas
corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político. Tampoco
podrá negar la solicitud cuando en las actas de los jurados aparezcan tachaduras o
enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación, o haya duda
a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación».
Énfasis de la Sala
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149. Así las cosas, las solicitudes de recuento de la votación, así como las
reclamaciones propuestas por el actor, debieron formularse ante los jurados de
votación, en primer término, o ante las comisiones escrutadoras auxiliares, para que
aquellos o estas se pronunciaran sobre el particular. Si eventualmente dichas
peticiones fueran resueltas de manera desfavorable, correspondía a la comisión
escrutadora municipal resolver los recursos de apelación contra las decisiones de
los escrutadores predecesores, tal y como advirtió la Comisión Escrutadora
Municipal de Ibagué en los actos analizados.
150. Por lo anterior, esta Sala considera que la solución desfavorable de las
distintas reclamaciones obedeció a la radicación inoportuna de las mismas pues,
aun cuando las peticiones que tienen como objeto el recuento de la votación deben
ser atendidas de manera inmediata por los escrutadores, y no pueden negarse
cuando se presenten los eventos de que tratan los artículos 163 y 166 del CE, lo
cierto es que ello tiene lugar siempre que se presenten ante la autoridad electoral
competente, para el caso, los jurados de votación o las comisiones auxiliares, según
lo ha precisado esta Sala.
151. Ciertamente, el principio de preclusividad de los escrutinios implica que, al
presentar solicitudes y reclamaciones por las causales previstas en el CE, debe
atenderse el término establecido en el ordenamiento, así como la autoridad ante la
cual se deban formular «so pena que precluya o se clausure la oportunidad para
discutir alguna situación de irregularidad que pueda presentar el escrutinio, sin
posibilidad de hacerlo en una etapa posterior»112.
152. En suma, la Sala reitera que, en atención al hecho de que existen comisiones
escrutadoras auxiliares en el municipio de Ibagué, se estima razonable que, tal y
como se puso de presente en los actos censurados, las supuestas irregularidades
fueran presentadas por primera vez en ese nivel de los escrutinios, donde ya era
posible advertirlas. Así se desprende del artículo 164 del CE, que atribuye a todas
las comisiones la competencia para conocer este tipo de reclamaciones.
153. Por lo expuesto, los reproches de nulidad dirigidos contra las Resoluciones
1, 2, 7, 10, 11 y 14 del 19 de marzo de 2023 proferidas por la Comisión Escrutadora
Municipal de Ibagué no tienen vocación de prosperidad.
• Decisiones de la Comisión Escrutadora Departamental del Tolima
154. La Comisión en comento profirió las Resoluciones 3, 5, 6, 7, 10, 11 y el auto
de trámite No. 5 del 20 de marzo de 2022, mediante las cuales resolvió una serie
de reclamaciones que presentó la parte actora respecto de presuntas
112 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de junio de 2023. Exps: 11001-03-28-000-
2022-00106-00 acumulado 11001-03-28-000-2022-00112-00. M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.
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irregularidades acaecidas en múltiples mesas de votación ubicadas en 24
municipios113 del Departamento del Tolima.
155. Las anomalías que fundamentaron las solicitudes y reclamaciones de la parte
demandante ante la Comisión Escrutadora Departamental del Tolima, se
relacionaron con: i) diferencias del diez por ciento (10%) o más entre los votos por
las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan
al mismo partido, agrupación o sector político; ii) tachaduras o enmendaduras en
actas de los jurados; iii) error aritmético al sumar los votos consignados en actas de
escrutinio y iv) número de sufragantes superior al número de ciudadanos habilitados
para votar en una mesa.
156. Igualmente, del análisis de las Resoluciones en comento se advierte que la
referida Comisión Escrutadora dispuso el rechazo en cada una de ellas con
fundamento en una sentencia proferida por esta Sección114 en la que se mencionó
(sic a toda la cita):
Sabido es, que la preclusión es uno de los principios fundamentales del derecho
procesal y que en desarrollo de este se establecen las diversas etapas que han de
cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que cada una de
ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la
cual no pueden adelantarse. En razón a este principio, es que se establecen términos
dentro de los cuales se puede hacer uso de los recursos de ley; asi mismo, para el
ejercicio de ciertas acciones o recursos extraordinarios, cuya omisión genera la
caducidad o preclución como sanción a la inactividad de la parte facultada para
ejercer el derecho dentro del limite temporal establecido por la ley.
157. Como sucedió respecto de las solicitudes y reclamaciones que se analizaron
en el acápite anterior, la Comisión Escrutadora Departamental también dio
aplicación al principio de preclusividad y, por tanto, estimó que tales peticiones de
la parte demandante resultaron extemporáneas, al evidenciar que las anomalías no
fueron propuestas, inicialmente, ante los jurados de votación o las comisiones
escrutadoras correspondientes.
158. Ante dicho panorama, la Sala advierte que las consideraciones expuestas
con antelación, al analizar las resoluciones proferidas por la Comisión Escrutadora
Municipal de Ibagué, resultan de plena aplicación en este punto, si se tiene en
cuenta que el fundamento de lo resuelto en un caso y otro es el mismo, es decir, el
desconocimiento del principio de preclusividad, en tanto las anomalías en las que
se edifican las solicitudes y reclamaciones elevadas por la parte actora no fueron
presentadas ante las autoridades competentes para resolverlas, sino que fueron
ventiladas, en primera instancia, cuando su competencia se origina por vía de
apelación para confirmar, revocar o modificar lo decidido en una fase anterior.
113 Concretamente: Venadillo, San Luis, Ataco, Ortega, Rioblanco, Líbano, Cunday, Cajamarca,
Santa Isabel, Natagaima, Melgar, Planadas, Suárez, Rovira, Ambalema, Honda, Anzoátegui, San
Antonio, Coello, Guamo, Flandes, Espinal, Villahermosa y Purificación.
114 Con radicación 11001-03-28-0002014-00046-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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159. Para este caso, se advierte que la Comisión Escrutadora Departamental del
Tolima se encontraría habilitada para conocer de las distintas peticiones y
reclamaciones, siempre que su trámite se hubiera dado en primer lugar ante su
predecesora en el nivel municipal, en aquellos casos donde el municipio no es
zonificado.
160. Como ello no ocurrió, sino que todas las peticiones se presentaron
primigeniamente ante la autoridad de escrutinio departamental, se tiene que los
reproches de legalidad en torno a tales actos administrativos tampoco tienen
vocación de prosperidad bajo la égida de la interpretación que el accionante otorga
al artículo 193 del CE, según la cual las reclamaciones pueden elevarse en cualquier
momento del escrutinio y ante cualquier Comisión, posición que desconoce que el
proceso electoral tiene diferentes etapas, como lo ha señalado recientemente esta
Sección115:
[p]or virtud del principio de preclusión de los escrutinios, quien pretenda presentar una
reclamación por alguna de las causales previstas en el Código Electoral, deberá tener
en cuenta el término legalmente establecido para ese propósito y la autoridad ante la
cual se deba formular, so pena que precluya o se clausure la oportunidad para discutir
alguna situación de irregularidad que pueda presentar el escrutinio, sin posibilidad de
hacerlo en una etapa posterior.
161. Lo dicho en precedencia se robustece aún más con lo dispuesto en el artículo
182 del CE que establece:
En los escrutinios generales solo procederá el recuento de los votos emitidos en una
mesa, cuando la comisión escrutadora distrital o municipal respectiva se
hubiere negado a hacerlo, su decisión hubiere sido apelada oportunamente y
los Delegados del Consejo Nacional Electoral hallaren fundada la apelación.
(Énfasis de la Sala).
162. Como se observa, la norma en cita se refiere a la competencia para decidir
las peticiones de recuento de votos y de la misma es posible inferir lo siguiente,
según ha reconocido la Sala116:
[e]n las circunscripciones electorales del orden municipal no zonificadas, las
autoridades competentes para practicar recuento a la votación, y por consiguiente
absolver las peticiones elevadas con el mismo propósito, son las comisiones
escrutadoras municipales, y que las comisiones escrutadoras departamentales
solamente podrán ocuparse de ello si la solicitud hubiere sido negada, la
respectiva decisión se hubiere apelado y los delegados resolvieren que el recuento
sí era procedente117. (Énfasis de la Sala).
163. Así las cosas, al estar atribuida la competencia en las comisiones
escrutadoras municipales para decidir las peticiones de recuento, por ejemplo, con
fundamento en errores aritméticos en los formularios E-14 y en cualquier otra acta
115 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de junio de 2023. Exps: 11001-03-28-000-
2022-00106-00 acumulado 11001-03-28-000-2022-00112-00. M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.
116 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 13 de noviembre de 2014. Exp: 11001-03-28-
000-2014-00046-00. M.P Alberto Yepes Barreiro.
117 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de junio de 2023. Exps: 11001-03-28-000-
2022-00106-00 acumulado 11001-03-28-000-2022-00112-00. M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.
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a diligenciar en el orden municipal, puede concluirse que su superior funcional, es
decir, la comisión escrutadora departamental, carece de competencia para decidir
directamente y en primera instancia peticiones con el mismo objeto. Por ello, la
decisión de rechazar tales solicitudes y reclamaciones no merece reproche alguno.
164. Ahora bien, el demandante reprochó que la comisión escrutadora
departamental, además del rechazo, resolviera que contra tales resoluciones no
procedía el recurso de apelación. En su criterio, ello lesionó la garantía de doble
instancia, en tanto arbitrariamente no se ofreció la oportunidad de recurrir lo decidido
y con ello se desconoció el artículo 193 del CE.
165. Frente a este punto, debe traerse a colación un pronunciamiento de esta
Sección118 similar al presente asunto, donde también se analizó una resolución
proferida por una comisión escrutadora departamental que dispuso el rechazo por
haberse interpuesto solicitudes y reclamaciones ante una autoridad sin competencia
para resolverlas en primera instancia y en el que, posteriormente, se negó la
apelación interpuesta por los reclamantes contra tal determinación.
166. En dicha oportunidad, al estudiar la vulneración del artículo 193 se manifestó
que resultó contraria a dicha disposición del CE, la decisión de no conceder la
apelación que los interesados interpusieron contra la determinación de rechazo de
la comisión escrutadora departamental, razón por la que la Sala, en ese momento,
se planteó si «¿el acto de elección está viciado de nulidad porque no se concedió
el recurso de apelación que sí procedía frente a una decisión administrativa asumida
conforme a Derecho?». Para resolver dicho cuestionamiento se indicó:
La Sala no duda en afirmar que la decisión de negar el otorgamiento del recurso de
apelación formulado en tiempo ante los delegados del CNE es ilegal. Pero de ello no
se puede colegir, indefectiblemente, que el acto de elección respectivo es igualmente
ilegal. Hay que tomar en cuenta la entidad de la irregularidad, que en todo caso debe
ser trascendente o sustancial para que pueda afectar la validez del acto en cuestión,
pues de lo contrario los actos electorales podrían anularse por errores inocuos.
[…]
Así las cosas, la Sala considera que lo ocurrido en torno a la negativa de
conceder el recurso de apelación no se puede calificar como una irregularidad
sustancial, no porque el negar el acceso a la segunda instancia en los
escrutinios no guarde una relación estrecha con la garantía fundamental del
debido proceso y sea por ello trascendental, sino porque se estableció en esta
providencia que la petición formulada por los señores Jorge Julián Silva Meche
y César Augusto Mesa Jiménez no se radicó ante la autoridad competente, esto
es ante las respectivas comisiones escrutadoras municipales, sino porque se
allegó ante una autoridad incompetente, como de hecho lo es para este caso la
Comisión Escrutadora Departamental del Vichada, lo que así no parezca muy
técnico apoya la decisión asumida por esos delegados de que las
reclamaciones se presentaron extemporáneamente.
Por consiguiente, la imprecisión cometida por los delegados del CNE al negarse
a conceder un recurso de apelación que sí procedía en el efecto suspensivo
118 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 13 de noviembre de 2014. Exp: 11001-03-28-
000-2014-00046-00. M.P Alberto Yepes Barreiro.
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ante esa entidad de la Organización Electoral, puede llevar a que en otras áreas
del Derecho tenga algún efecto, pero en el terreno de este medio de control de
nulidad electoral no, gracias a que la decisión que debía revisar el CNE estuvo
bien tomada. Así, la Sala le niega prosperidad al cargo examinado. (Énfasis de
la Sala)
167. De conformidad con el antecedente jurisprudencial en cita, fuerza concluir
que, aun cuando la Comisión Escrutadora Departamental de Ibagué erró al
manifestar que contra las resoluciones objeto de análisis no procedía el recurso de
apelación, lo cierto es que, tal y como sucedió en el caso traído a colación, también
lo es que en el presente caso se evidenció que las reclamaciones no fueron
radicadas inicialmente ante las autoridades competentes, sino de manera
directa ante el nivel departamental, esto es, un organismo sin competencia
para su conocimiento. En consecuencia, aun con la existencia de dicha
irregularidad en torno a no haberse garantizado la doble instancia, este reproche en
específico no tiene vocación de prosperidad.
168. Resuelto lo anterior, debe mencionarse que la Comisión Escrutadora en
comento también profirió las Resoluciones 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del 21 de
marzo de 2022. A través de estas resolvió confirmar, en sede de apelación, las
expedidas por la Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué 1,2,7, 8, 9, 10, 11 y 14
del 19 de marzo de 2023, cuyo contenido fue abordado en el acápite anterior.
169. Así las cosas, se infiere que el fundamento para confirmar lo resuelto en
primera instancia se circunscribió al hecho de considerar que, en efecto, las
reclamaciones debieron interponerse, en primer lugar, ante los jurados de votación
y/o las comisiones escrutadoras auxiliares del caso. Frente al punto, la Sala no
considera pertinente hacer más disquisiciones, razón por la que tampoco observa
motivo o razón que propicie una afectación de su legalidad.
170. Por lo tanto, en primer lugar, habrá que concluirse que frente al grupo de
actos que resolvieron las reclamaciones que el accionante elevó ante las
autoridades electorales correspondientes, no se allegaron al expediente las pruebas
de aquellas, razón por la que el análisis se surtió sobre la información que consta
en las respectivas resoluciones cuestionadas.
171. En segundo lugar, como las solicitudes y reclamaciones que se analizaron
en este cargo concreto no fueron radicadas ante la autoridad competente, esto es
ante las respectivas comisiones escrutadoras auxiliares y/o municipales, según el
caso, sino que, como se observó, fueron allegadas ante una comisión escrutadora
sin la competencia para el efecto, ello da sustento a las decisiones de rechazo
asumidas en aplicación del principio de preclusividad, a partir del cual se concluyó
la extemporaneidad en su presentación.
172. Finalmente, en la relacionado con las supuestas irregularidades porque el
número de sufragantes excedió el número de ciudadanos que podían votar en
mesa, las cuales correspondía a solicitudes de saneamiento, se concluye i) que no
estaban sujetas el principio de preclusividad como erradamente los señalaron las
comisiones respectivas al declarar su extemporaneidad y, en consecuencia, ii)
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como procedía su estudio de fondo por parte de las autoridades electorales, en este
escenario se encontró que en las mesas relacionadas en las resoluciones 8 y 9119,
4 y 8120 de 2022, no existieron más votos que votantes.
10.1.2. De la entrega de documentos electorales para el escrutinio por fuera
de los términos del artículo 144 del CE
173. En criterio de la parte accionante, los actos administrativos mencionados
incurrieron en una infracción de lo dispuesto en el artículo 144 del CE, al no haberse
excluido del escrutinio las 27 mesas ubicadas en el municipio de Ibagué, zona 11,
puesto 03 IE Leónidas Rubio sede Rodríguez Andrade, toda vez que los formularios
E-14 dirigidos a los claveros correspondientes a tales mesas fueron entregados a
dichos funcionarios el 14 de marzo de 2022 a la 1:30 p.m., esto es, con posterioridad
al plazo establecido en la disposición mencionada, la cual señala lo siguiente:
Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero
en todo caso antes de las once de la noche (11 p.m.) del día de las elecciones,
las actas y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el
Presidente del Jurado, bajo recibo con indicación del día y la hora de entrega, así:
En las cabeceras municipales, a los Registradores del Estado Civil o a los delegados
de estos, y en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, a los
respectivos delegados del Registrador del Estado Civil.
Los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores
rurales, serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la
fuerza pública uniformada. Y entregados a los claveros respectivos dentro del término
que se les haya señalado.
Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre la violencia, fuerza mayor o
caso fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora mencionada,
no serán tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciará a la autoridad
competente para que imponga la sanción a que haya lugar. (Énfasis de la Sala).
174. Como puede apreciarse, los apartes resaltados de la norma en cita disponen
que, de no hacerse la entrega de las actas y documentos utilizados para la votación
a los funcionarios correspondientes antes de las 11:00 p.m. del día en que ha tenido
lugar una determinada elección por voto popular, las mesas a las que correspondan
tales documentos no podrán ser tenidas en cuenta para efectos del correspondiente
escrutinio. El objeto de este artículo, entre otros, es garantizar una debida cadena
de custodia de los elementos que serán utilizados para determinar el resultado
expresado por la voluntad de los electores.
175. En relación con la cadena de custodia, entendida como el conjunto de
medidas adoptadas para garantizar la fidelidad de la información proveniente de
cada una de las mesas en que reposan los sufragios emitidos en una elección, esta
Sección ha acogido lo expresado por la Corte Suprema de Justicia sobre la materia,
en los siguientes términos121.
119 Proferidas por la Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué.
120 Emitidas por la Comisión Escrutadora General del Tolima.
121 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 22 de
marzo de 2018. Rad. 85001-23-33-000-2017-00019-03. M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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…es concebida como un conjunto de medidas que tienen como fin preservar la
identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o evidencia física
y asegurar el poder demostrativo de la prueba....
…el procedimiento a través del cual se aplica la cadena de custodia no es un fin
en sí mismo, sino un medio a través del cual se busca asegurar la autenticidad
del elemento probatorio o la evidencia física en el proceso penal, lo cual en ningún
momento descarta que existan otros mecanismos para lograr esa finalidad….
Ahora si se quisiera buscar una definición legal, tendríamos que acudir al contenido
del artículo 254 del Código de Procedimiento Penal:
“Artículo 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos
materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará
teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de
recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los
cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la
identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos
elementos.
La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o
encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por
orden de autoridad competente.
(…)
Así las cosas, de entrada se advierte que la cadena de custodia puede definirse como
el procedimiento que se debe dejar demostrado cuando se busca proteger evidencia
o materiales probatorios; es decir, es el registro debidamente realizado o si se quiere
la constancia que debe dejarse de todo acto, entiéndase “identidad, estado original,
condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de
permanencia y los cambios que cada custodio”, realizado con la prueba que se quiere
presentar o hacer valer.” (Lo subrayado es de la Sala).
176. A partir de lo anterior, la Sala ha entendido «que la cadena de custodia sobre
los documentos electorales, es el procedimiento que lleva a cabo la organización
electoral para su conservación y guarda, con varias etapas que deben iniciar desde
la elaboración de los documentos electorales, que continúa una vez termina la
jornada electoral hasta la culminación de los escrutinios generales y se extiende,
finalmente, a la etapa de conservación por parte del CNE en el archivo de las
delegaciones departamentales, entidad que responde solidariamente junto con la
RNEC, y que podrá incinerarlos, una vez vencido el respectivo período del Congreso
de la República, conforme con los artículos 185 y 209 del Código Electoral»122.
177. Así, las medidas adoptadas con miras a la custodia de los documentos
electorales no constituyen un fin en sí mismas, sino que tienen sentido en la medida
en que con ellas se garantice la identidad de tales instrumentos desde el momento
de su elaboración y en aquellos en que debe asegurarse la conservación de tal
información y la fidelidad de su contenido.
122 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de
marzo de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2018-00081-00. M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
En dicha providencia se reiteró lo indicado en la sentencia del 22 de marzo de 2018. Rad. 85001-23-
33-000-2017-00019-03. Con ponencia de la misma magistrada.
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178. La disposición del artículo 144 del CE incorpora medidas tendientes a evitar
que la dilación entre el momento en que se concluye el cómputo de votos realizado
por los jurados y se registra la información correspondiente a dicho procedimiento
en los formularios E-14, y la entrega a los claveros que resguardarán los
documentos hasta el momento de su escrutinio, tenga como efecto la posibilidad de
que se produzcan alteraciones o intromisiones que puedan falsear la voluntad de
los electores.
179. Por tanto, lo previsto en el inciso tercero de la norma no implica que la
ausencia de un elemento que, conforme lo indicado en el artículo 143 idem123, debía
ser entregado a los funcionarios correspondientes antes de las 11:00 p.m. del día
en que tuvo lugar la jornada electoral, permita dejar en tela de juicio la mesa
afectada por dicha irregularidad, sino que ello dependerá de que ésta tenga la
entidad para afectar sustancialmente la cadena de custodia, al punto en que no
exista forma alguna de establecer con certeza la fidelidad de la información que
reposa en aquellos documentos que sí fueron entregados de manera oportuna.
180. En todo caso, habrá que verificarse lo prescrito en el inciso final del artículo
144 del CE que, como se anotó anteriormente, permite que por situaciones de
violencia, fuerza mayor, caso fortuito o hechos imputables al funcionario encargado
de recibir los documentos electorales124, para que sean tenidos en cuenta a pesar
de haber sido allegados extemporáneamente.
181. Además, se deberán tener en cuenta las circunstancias que consideró la
autoridad electoral para validar el escrutinio, pese a la existencia de irregularidades,
con el fin de determinar si existe alguna incidencia para afectar la legalidad de la
votación y así optimizar el principio de eficacia del voto.
182. En el presente caso, la irregularidad que, en criterio del accionante, conlleva
la nulidad de las decisiones emitidas por la Comisión Auxiliar Escrutadora 17
(Resoluciones 1 del 15 de marzo y 2 del 16 de marzo de 2022) y por la Comisión
Escrutadora Municipal de Ibagué (Resolución 13 del 19 de marzo de 2022), recae
en la no exclusión de las 27 mesas en mención, aun cuando en tales actos
administrativos se advirtió que los formularios E-14 dirigidos a los claveros fueron
entregados a la 1:30 p.m. del día siguiente a aquel en que tuvo lugar la votación.
183. Sobre el particular, la Sala advierte que, en efecto, en la parte considerativa
de la primera resolución mencionada, se indicó lo que sigue:
Que siendo las 3:25 pm del día 14 de marzo de 2022, los claveros designados para
la Comisión Auxiliar 17 informaron a los suscritos por escrito, que siendo la 1:30 pm
123 «Terminado el escrutinio, se leerá su resultado en voz alta. En seguida se introducirán en un
sobre las papeletas y demás documentos que hayan servido para la votación, separando en paquete
especial las que hubieren sido anuladas, pero que deberán también introducirse en dicho sobre el
cual estará dirigido al Registrador del Estado Civil o su Delegado, y donde se escribirá una nota
certificada de su contenido, que firmarán el Presidente y Vicepresidente del jurado».
124 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de
abril de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00208-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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procedieron a escrutar las mesas correspondientes a la IE Leónidas Rubio Sede
Rodríguez Andrade, Zona 11 Puesto 3, y al abrir la bolsa de claveros de la mesa
1 evidenciaron que el formulario E-14 dirigido a Claveros no reposaba en la
misma -los demás formularios si (sic)-, siendo informados por la Delegada del
Puesto de la Registraduría que los jurados de las 27 mesas de votación habían dejado
por fuera dichos formularios y que procedía a entregarlos a los claveros a esa hora,
no obstante haber entregado las bolsas con los pliegos electorales el día 13 de
marzo de 2022 oportunamente.
Que los formularios E-14 no fueron entregados en debida forma a los claveros
designados a esta Comisión Escrutadora y tan solo fueron custodiados por estos e
introducidos al arca triclave a la 1:30 pm del día 14 de marzo de 2022. (Énfasis de la
Sala).
184. De acuerdo con el aparte citado, se encuentra probado en el proceso que los
formularios E-14 claveros correspondientes a las 27 mesas ubicadas en el puesto
3 de la zona 11 del municipio de Ibagué fueron entregados de manera
extemporánea.
185. Por otra parte, se advierte que ni la resolución transcrita ni aquellas que
resolvieron los recursos de reposición y apelación presentados contra la primera,
dan cuenta de la existencia de circunstancias constitutivas de violencia, caso
fortuito, fuerza mayor o hechos imputables al funcionario encargado de recibir los
documentos electorales.
186. Sin embargo, en la Resolución 1 del 15 de marzo de 2022 también se da
cuenta de que los demás elementos correspondientes a tales mesas sí fueron
puestos a disposición de los claveros de manera oportuna, como aconteció
efectivamente con la entrega de la urna triclave, que contenía los demás
documentos electorales. Por tal razón, se resalta que los votos que constaban en el
E-14 mantuvieron su cadena de custodia y, por ello, la autoridad electoral procedió
a la validación de la información que allí reposaba.
187. Adicionalmente, en el mismo acto administrativo se indica que, en atención a
que la información contenida en los formularios E-14 dirigidos a los claveros y en
aquellos que se entregan a los delegados de la RNEC se presume idéntica, y dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 165 del CE125, la Comisión Escrutadora
Auxiliar solicitó la entrega de estos últimos documentos126.
188. Conforme con lo dispuesto por el artículo 142 del mismo Código, los
formularios dirigidos a los claveros y a los delegados de la RNEC se tratan de actas
que deben introducirse en la urna triclave, la primera; la segunda dirigida para los
mencionados funcionarios, lo cual corresponde a un procedimiento que le otorga
mayor transparencia al escrutinio.
125 «Cuando por cualquier circunstancia algún pliego o registro necesario para el escrutinio no
estuviere a disposición de los miembros de la comisión escrutadora, éstos deberán solicitarlo al
funcionario o corporación que lo haya recibido, él cual será remitido sin demora».
126 Así lo señaló la Comisión Auxiliar 17 Municipal de Ibagué en la Resolución 1 del 15 de marzo de
2022 a folio 1 de esta y aportado con la demanda (índice 2 Samai).
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189. En ese orden, se trata de una ritualidad que debe cumplirse conforme con el
artículo 142 del CE, solo que, en este caso, dado a las circunstancias especiales
que rodearon la no inclusión del E-14 clavero en la urna triclave, fue necesaria su
verificación a partir de su confrontación con el formulario de delegados, con el fin de
lograr la certeza necesaria de los votos depositados por los ciudadanos.
190. En vista de lo anterior, no existe obstáculo legal que impida, ante la ausencia
del E-14 claveros, acudir al E-14 delegados como soporte para efectuar el
correspondiente escrutinio. Lo anterior, por cuanto dicha norma establece lo
siguiente:
Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán
constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del
acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros
del jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán
así: uno para el arca triclave y otro para los Delegados del Registrador Nacional
del Estado Civil. (Énfasis de la Sala).
191. Incluso, la jurisprudencia de esta Sección, aun cuando ha indicado que la
cadena de custodia con que cuenta el E-14 claveros ofrece mayor seguridad por
cuanto se inserta en el arca triclave correspondiente, también ha sostenido que
«esta “mayor credibilidad” no puede entenderse de manera absoluta, ya que si se
acredita debidamente que es este formulario el que trae consigo las inconsistencias,
puede darse mayor peso probatorio al formulario E-14 delegados, según las
circunstancias de cada caso»127.
192. Por tanto, aun cuando se acreditó que el formulario E-14 clavero de las 27
mesas del puesto cuestionado no estaba dentro de la urna triclave y por ello se puso
en duda su cadena de custodia, lo cierto es que dicho principio, en este caso
concreto, no comportó una afectación frente a los demás documentos electorales,
que impidiera a la Comisión Escrutadora Auxiliar 17 solicitar otro soporte
documental que diera cuenta del cómputo de votos y electores efectuado por los
jurados al término de la jornada electoral, como en efecto sucedió con el
requerimiento para la entrega de los formularios E-14 delegados, los cuales también
son objeto de custodia por parte de los funcionarios de la RNEC.
193. Adicionalmente, conforme se indicó en la Resolución 1 del 15 de marzo de
2022, a la entrega de los formularios E-14 claveros, la autoridad electoral dispuso
su confrontación con los E-14 dirigidos al delegado de la RNEC:
[…] con el fin de preservar el principio de eficacia del voto, la integridad del proceso
electoral, se dispone por la Comisión confrontar públicamente, con participación de
los testigos de los testigos electorales y apoderados de los candidatos, los formularios
E-14 entregados a los escrutadores por los claveros y los que proporcione la
Registraduría Nacional del Estado Civil […]
127 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 1 de
junio de 2017. Rad. 25000-23-41-000-2016-00608-01. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Reiterada
en: Sentencia del 11 de marzo de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2018-00081-00. M.P: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
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194. Conforme con lo indicado anteriormente, dichos instrumentos se presumen
de igual contenido, por cuanto la jurisprudencia de la Sección Quinta ha manifestado
que «en principio, no puede existir diferencias entre uno y otro ejemplar, ya que se
trata de un mismo formulario que debe diligenciarse de manera igualitaria por los
mismos firmantes en un mismo momento, lo que de ninguna manera admite que
válida o legalmente existan diferencias entre ellos»128.
195. Así fue advertido en la Resolución 2 del 16 de marzo de 2022, en la que la
Comisión Escrutadora Auxiliar 17 resolvió el recurso de reposición formulado contra
el primer acto mencionado, en los siguientes términos:
Para subsanar la irregularidad advertida y ante la existencia de un ejemplar del
formulario E-14 que según el artículo 142 del CE debe ser idéntico al que se dirige a
los claveros, se solicitó a la Registraduría Nacional del estado (sic) Civil la entrega del
mismo para comparar el allegado el día 14 de marzo de 2022, solución que consulta
el principio de eficacia del voto y evita acudir a una medida tan drástica que afecte los
derechos fundamentales de un grueso número de ciudadanos que acudieron a ejercer
unos de los derechos por el que las (sic) sociedad tanto ha luchado, así como el de
otros ciudadanos a ser elegidos.
196. La Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué se pronunció de manera
similar sobre el particular129, en la Resolución 13 del 19 de marzo de 2022.
197. Por lo expuesto, la Sala encuentra que, pese a la afectación de la cadena de
custodia del E-14 clavero correspondiente a las 27 mesas estudiadas en los actos
administrativos cuestionados, no sucedió lo mismo frente a los formularios de
delegados de las mismas mesas custodiado por los funcionarios de la RNEC, tanto
así que ambos pudieron ser contrastados con miras a su utilización en el marco del
escrutinio efectuado.
198. Finalmente, la Sala advierte que de manera complementaria a la
contrastación de los formularios E-14 en mención y con el objeto de asegurar la
confiabilidad de la información proveniente de las mesas afectadas y la eficacia de
los votos emitidos, la Comisión Escrutadora Auxiliar número 17 ordenó efectuar un
recuento de los sufragios en el 30% de tales mesas130, lo cual, como consta en
Resolución 1 del 15 de marzo de 2022, se adelantó públicamente con participación
de los testigos electorales y apoderados de los candidatos, circunstancia que
evidencia que se validó el escrutinio y se dio fe del resultado final, toda vez que los
votos fueron resguardados.
128 Idem.
129 En dicho acto se indicó que: «Revisadas las pruebas anexadas al expediente y puestas a
consideración de la comisión municipal, esa comisión auxiliar decidió confrontar públicamente con
participación de los testigos electorales y apoderados de los candidatos los formularios e14 de las
27 mesas de votación del puesto 3 zona 11 correspondientes al ie leonidas rubio sede rodriguez
Andrade con los proporcionados por la registraduría nacional del estado civil (…). Recordemos que
en procesos electorales la sección quinta del consejo de estado en términos probatorios ha
manifestado que la credibilidad del e 14 de claveros no puede entenderse de forma absoluta ya que
si se acredita debidamente que este trae inconsistencias, puede darse mayor peso probatorio al e14
de delegados (sic) (…)».
130 Conforme al AGE las mesas con recuento, de acuerdo con lo decidido en la Resolución 1 del 15
de marzo de 2022, fueron: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15 y 17.
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199. Así mismo, respecto de las demás mesas, se reitera que los escrutadores
procedieron a cotejar los formularios E-14 claveros y delegados, los cuales, como
se anotó en la parte considerativa representan identidad en su contenido y gozan
de la cadena de custodia. De esa manera, la autoridad electoral al finalizar su
comparación concluyó la inexistencia de alteraciones en su contenido. En todo caso,
la Sala encuentra que el demandante no ilustró alguna alteración en ese sentido
que indicara algún cambio de la voluntad popular expresada.
200. Dicha actuación oficiosa de la comisión tiene fundamento en el artículo 163131
del CE, cuya finalidad obedece a la necesidad de establecer con exactitud los votos
obtenidos con cada lista y candidato, premisa que también ha sido resaltada por la
jurisprudencia de esta Sala132 y la Corte Constitucional133 que manifestó:
47. En segundo lugar, en lo que respecta a la carga de reclamar previamente por
falsedad o alteración de los documentos electorales, debe tenerse en cuenta que
existe la posibilidad de revisar los documentos electorales y de proceder a
recuentos, tanto directamente por parte de los jurados de votación y las
comisiones escrutadoras, como de oficio o a petición de parte por parte del
Consejo Nacional Electoral, lo que significa que los mismos pueden ser objeto de
cambios durante todo el procedimiento. (Énfasis de la Sala).
201. Por lo tanto, la Sala encuentra probado que se adoptaron las medidas
necesarias para asegurar la fidelidad de la información contenida en los documentos
electorales que sirvieron de sustento al escrutinio y que, en últimas, dicho aspecto
tiene asidero jurídico en el principio de eficacia del voto contemplado en el artículo
1, ordinal 3 del CE134, norma que también obliga a este juez de lo electoral a
reconocer primacía al ejercicio del derecho al sufragio por parte de los ciudadanos
que votaron en las 27 mesas afectadas.
131 «Al iniciarse el escrutinio, el Registrador dará la lectura al registro de los documentos
introducidos en el arca triclave. // En seguida procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen
los pliegos de las mesas de votación y dejará en el acta general las correspondientes constancias
acerca de los sobres que tengan anomalías lo mismo de las tachaduras, enmendaduras o
borrones que advierta en las actas de escrutinio, cotejando de manera oficiosa las que tuviere
a disposición para verificar la exactitud o diferencias de las cifras de los votos que haya
obtenido cada lista o candidato y de manera especial observará si las actas están firmadas por
menos de tres (3) de los jurados de votación. También dejará constancia expresa de las actas que
fueron recibidas extemporáneamente, conforme al artículo 144 de este Código. // En el caso de las
tachaduras, enmendaduras o borrones se procederá al recuento de votos; y si esas irregularidades
no se advierten el computo se hará con base en las actas de los jurados de votación, las cuales se
exhibirán a los interesados que lo soliciten al tiempo de anotar los resultados de la votación de la
respectiva acta». (Énfasis de la Sala).
132 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
marzo de 2021, expediente 27001-23-33-000-2019-00047-01, MP Carlos Enrique Moreno Rubio En
esta providencia se refirió a la posibilidad de revisar y corregir los documentos electorales por parte
de los jurados de votación y de las comisiones escrutadoras.
133 Corte Constitucional, sentencia C-283 del 3 de mayo de 2017, expediente D-11676, MP Alejandro
Linares Cantillo.
134 «Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones,
se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector».
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10.2. El valor probatorio de los formularios E-14 transmisión, clavero y
delegado
202. Como se explicó en las consideraciones respecto a este punto, no hay lugar
a acceder a la solicitud de la parte actora dirigida a que se modifique el criterio
reiterado de esta Sala en torno al valor probatorio del formulario E-14 clavero, por
cuenta de las notorias diferencias entre «2.746» inconsistencias entre los
formularios E-14 transmisión y clavero que, a su juicio, existieron en las elecciones
que demandó.
203. En efecto, la Sala reiterará, con sustento en el artículo 142 del CE y el criterio
pacífico de esta Sección, que los formularios E-14 claveros y delegados gozan de
valor probatorio para declarar una elección, de manera que se trata de los
documentos electorales que ofrecen mayor certeza al análisis que realiza el juez
electoral.
204. Mientras que el formulario E-14 transmisión135 es un insumo oficial que se le
entrega al contratista encargado del preconteo y cuyo contenido se trasmite a los
centros de cómputo, con fines meramente informativo durante el preconteo.
205. Ahora, el E- 14 de transmisión, si bien no goza del mismo alcance probatorio
de los otros, lo cierto es que conforme a la jurisprudencia tiene validez en algunas
circunstancias, como por ejemplo cuando se destruye el E-14 claveros136,
circunstancia que, conforme con los hechos y pretensiones de la demanda, no es
objeto de análisis en el presente caso.
206. Así las cosas, no existe razón o sustento que permita a esta Sala variar el
criterio jurisprudencial que ha definido el alcance de los formularios E- 14 claveros
y delegados.
207. Por ende, cualquier diferencia existente entre el E-14 transmisión y el clavero
no es una situación que, en principio, deba conllevar a la anulación de una elección
con fundamento en la causal 3.ª del artículo 275 del CPACA, razón por lo que el
cargo relacionado con las supuestas inconsistencias que acaecieron en 2.746
mesas no prosperará, pues no basta con indicar que hay diferencia entre dichos
formularios, toda vez que, como ya se explicó, se prefiere la consignada en el de
claveros debido a su mayor cadena de custodia, salvo que se acredite por qué la
información que contienen los mismos es contraria a la realidad, lo cual no aconteció
en el presente caso.
135 El inciso final del artículo 41 de la Ley 1475 de 2011 dispone sobre la trasmisión, lo siguiente: «Al
concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, las personas autorizadas
por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán las correspondientes actas de escrutinio
de mesa a efectos de ser publicadas inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de
dichas actas será entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar cámaras
fotográficas o de video».
136 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de
mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-00597-01, MP Rocío Araújo Oñate.
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10.3. Desnivelación de mesas por diferencias injustificadas entre los
formularios E-11 vs E-14137
208. La parte actora alegó que esta irregularidad ocurrió en las elecciones a la
Cámara de Representantes por el departamento del Tolima, así planteó el cargo:
Como punto de partida del presente acápite del cargo se debe señalar, que el
sustento se realiza con la información que se encuentra disponible para la parte que
represento, esto es los datos publicados por la aquí demandada REGISTRADURIA
en su sitio web, pero para la demostración plena del cargo se requerirá de un material
electoral que también deberá ser exhibido al perito designado, material éste
consistente en los formularios E-10 y E-11, que la REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, se ha negado a entregar al aquí demandante, pese a que se solicitó
vía derecho de petición (Documento que se adjunta como prueba) dentro de los
términos legales, sin que a la fecha se hubiese dado respuesta de fondo a la petición,
en una clara y abierta trasgresión a las garantías mínimas de mi prohijado que
confortan un debido proceso y derecho de defensa.
Pero de los datos registrados en los formularios de escrutinio E-14 claveros y E-24,
se evidencian serias incongruencias entre el número total de votantes y el número
total de votos depositados en las urnas, aspecto este que solo se puede clarificar con
el análisis y estudio de los formatos E-10 y E-11, donde se puede constatar
específicamente el número de personas que efectivamente acudieron a ejercer su
soberano derecho al voto.
Con la información disponible y que se repite proviene de los formatos E-14 Claveros
publicados en el aplicativo web de la Registraduría, se evidencia que existen
diferencias atípicas y casos como por ejemplo el que se evidencia en el formato E-
14, que corresponde al Municipio de Chaparral, Zona 99, Puesto 12 (CALARMA),
Mesa 4, que se plasma a continuación, donde de una forma inexplicable se
contabilizan 50 votos en la urna, pero solo llegaron a votar 30 personas, situación
insólita que fue solucionada por los jurados con la incineración de 20 votos, tal como
lo evidencia el formato […] E – 14:
[…]
Esta clase de eventos, que son repetitivos en los diversos municipios del
Departamento, fueron insumo para generar más de 180 reclamaciones, que
fueron sometidas a consideración de la autoridad electoral, quien las rechazo sin
detenerse a analizar de fondo lo acontecido.
Considerando lo hasta aquí expuesto como fundamento del cargo, se tiene claro y
probado, que el Acto de Elección, adolece del Vicio de Nulidad contenido en el Art.
137 del C.P.A.C.A., que se aplica en general a los Actos de la Administración, como
lo es la “Falsa Motivación”, sobre la aplicación de dicha causal en los actos de
elección, el Consejo de Estado ha sostenido:
[…]
Acudiendo al planteamiento jurisprudencial citado, se puede concluir claramente que
el acto administrativo de elección que por este medio de control se demanda, adolece
de vicios en su formación, específicamente en su motivación, atendiendo que la
misma tuvo en cuenta los escrutinios realizados por las Comisiones Auxiliares y
Municipales, así como la Comisión Escrutadora departamental del Tolima, que como
se ha venido sosteniendo hasta la saciedad, incorporó información que carece de
137 De la irregularidad de más votos (E-14) que electores y registro de votantes (E-11).
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veracidad, frente a la verdadera voluntad popular expresada en las urnas. (Énfasis de
la Sala)
209. En lo que respecta a la sustentación del cargo de desnivelación de mesas
(formularios E-11 respecto del E-14), la parte actora manifestó que hizo una revisión
inicial a partir de la información publicada en la RNEC, sin que tuviera acceso a los
formularios E - 10 y E – 11.
210. En consecuencia, adujo que para la demostración plena del cargo, solicitó
ante la RNEC la copia de los formularios E - 10 y E - 11, sin que a la fecha hubiese
recibido respuesta por parte de dicha entidad. Dicha circunstancia la calificó como
«una clara y abierta trasgresión a las garantías mínimas […] que confortan (sic) un
debido proceso y derecho de defensa». Pese a lo anterior, la Sala encuentra
relevante resaltar que la parte actora, a partir de su análisis frente a otros
documentos electorales, afirmó que surgieron inconsistencias frente al número de
votantes y de sufragios.
211. En efecto, indicó que los datos registrados en los formularios de escrutinio E-
14 claveros y E-24 evidenciaron serias incongruencias entre el número total de
votantes y el número total de votos depositados en las urnas, aspecto que solo
podría clarificarse con el análisis y estudio de los formatos E-10 y E-11 que se
alleguen como prueba al expediente, pues a través de ellos se constataría el número
de personas que efectivamente acudieron a ejercer el derecho al voto en el
departamento del Tolima y, con ello, se verificaría la irregularidad que, a su juicio,
se configuró a por falsa motivación (art. 137 CPACA).
212. Para sustentar lo anterior específico que, en el municipio de Chaparral, zona
99, puesto 12, mesa 4 (CALARMA), habría ocurrido una supuesta irregularidad
consistente en que se contabilizaron 50 votos en urna, pero solo sufragaron 30
personas, frente a lo cual indicó que dicha inconsistencia la notó en el cotejo del
formulario E-14. Además, agregó que dicha circunstancia también acaeció en
diferentes municipios del departamento, como en efecto se puede constatar en 180
reclamaciones presentadas ante las autoridades electorales.
213. El contexto anterior evidencia que el accionante solo determinó el cargo de
desnivelación por más votos que votantes, i) en el municipio de Chaparral, zona 99,
puesto 12, mesa 4 (CALARMA) y ii) en las 180 reclamaciones que supuestamente
se presentaron ante las autoridades electorales.
214. Sin embargo, frente a las otras supuestas irregularidades que anunció, se
encuentra que no indicó o allegó información adicional al proceso que referenciara
el municipio – zona – puesto – mesa (exceso de votos) donde también hubiese
podido acaecer tal vicisitud; por el contrario, solo se limitó a señalar que cualquier
otra anomalía se clarificaría con el análisis y estudio de los formatos E-10 y E-11,
los cuales solicitó a la RNEC mediante un derecho de petición.
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215. El despacho ponente al ordenar el trámite de sentencia anticipada138, en
punto de las pruebas a decretar, tuvo presente la petición del accionante ante la
RNEC respecto de los formularios electorales (E-11)139, la cual, a su criterio, no
había sido contestada. En consecuencia, ordenó a dicha entidad que aportara «los
formularios electorales E-11, E-14, E-24, E-26, archivos MMV de las comisiones
escrutadoras en sus diferentes niveles».
216. En este punto debe señalarse que, aun cuando la actuación del despacho
ponente al decretar dicha prueba documental estuvo encaminada a garantizar el
derecho de acceso a la administración de justicia del accionante, con el fin de
obtener claridad frente al cargo de desnivelación de mesas por más votos que
votantes, lo cierto es que el demandante incumplió con el deber que le asistía de
individualizar el cargo frente a las demás mesas donde consideraba que había
ocurrido la irregularidad alegada.
217. De igual manera, se pone de presente que, una vez se valoraron las pruebas
allegadas por la RNEC al expediente se pudo determinar que el número de mesas
ascendería a un total de 3.316 conforme con el E-11 y se encontró que la manera
en la que fue planteado el cargo impide verificar, puntualmente, cuál fue el
municipio, la zona, puesto y mesa frente a las que este juez electoral debe realizar
el análisis que propone el accionante por el exceso de votos frente al número de
votantes.
218. En ese orden, es evidente que el accionante incumplió con la carga que le
correspondía de particularizar el cargo atinente a la desnivelación de mesas por
diferencias entre el E-11 y el E-14, tal y como lo ha delimitado la reiterada
jurisprudencia de esta Corporación al referirse al principio de jurisdicción rogada
en demandas de nulidad electoral por causales objetivas.
219. Frente al principio de jurisdicción rogada140, esta Sala ha manifestado que
cuando se promueve el medio de control de nulidad electoral por causales objetivas,
la parte actora tiene la carga de formular sus reparos con claridad, al menos cuando
de la desnivelación de mesas se trata (diferencias E-11 y E-14), esto es,
especificando el municipio – zona – puesto – mesa (exceso de votos) que
pretende probar en cada una de estas, exigencia que se desprende del artículo 139
del CPACA; de lo contrario, estaríamos ante un escenario que impide su estudio de
fondo.
138 Índice 42 Samai. Auto del 20 de septiembre de 2022.
139 Dicho aspecto que se decretó como prueba documental, tal y como consta en el numeral 2 de la
parte resolutiva del auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada.
140 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de
abril de 2021, expediente 70001-23-31-000-2007-00239-02, MP Filemón Jiménez Ochoa. En dicha
providencia se explicó que en la «[…] demanda que debe precisar cuáles son las razones de la
presunta ilegalidad, es decir, en una demanda que contenga un concepto de la violación. Siendo así,
el concepto de la violación se constituye en referente para el ejercicio del control que la Constitución
le ha deferido al Juez de lo contencioso administrativo […]».
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220. Dicha exigencia atinente a la determinación que le corresponde cumplir al
demandante, no significa que se limite su derecho de acceso a la administración de
justicia141, sino que lo que se busca es garantizar el respeto al debido proceso y al
derecho a la defensa de la parte demandada142, quien deberá conocer con exactitud
el contenido de la irregularidad propuesta para efectos de su contradicción en el
proceso.
221. En pronunciamiento reciente de esta Sección143 se hizo hincapié en la carga
del demandante frente a la determinación del cargo, imposición que, como lo señaló
la providencia, tiene sustento en principios constitucionales como el enunciado
debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandada, y la prohibición del
juez electoral de sustentar la providencia en inconsistencias electorales que
encontró de oficio. Así se señaló al reiterar la jurisprudencia de esta Corporación144:
Sobre este aspecto, es importante resaltar que, como lo precisó la Sala en el proveído
en cita, la exigencia de determinación del cargo “(…) no se concibió para obstruir el
acceso a la Administración de Justicia, sino para conciliar ese principio constitucional
con el del debido proceso y el derecho a la defensa de la parte demandada, y con
la prohibición al juez de lo contencioso administrativo de emitir fallos de oficio. Sería
absurdo suponer que a los demandantes les bastaría con apenas señalar que hubo
irregularidades en la votación y los escrutinios, para que el juez se viera
impelido a hacer una búsqueda oficiosa e interminable de inconsistencias en
los documentos electorales, ya que por más esfuerzos que hiciera la parte
demandada, su defensa nunca podría ser idónea debido a que solamente hasta la
sentencia, cuando se asigne el mérito probatorio a cada medio de prueba, los elegidos
por voto popular tendrían certeza de cuáles son los casos de falsedad.” (Énfasis de
la Sala)
222. En dicho caso se resolvió un cargo relacionado con diferencias injustificadas
entre el E-14 y el E-24, el cual, en lo que tuvo que ver con «99 mesas, 16 de las
solicitudes de saneamiento y 83 de la demanda», no fue analizado de fondo
porque el demandante incumplió el requisito de precisar o individualizar los registros
que presentaron inconsistencias que dieron lugar a que la votación total se
disminuyera o aumentara en el consolidado de la zona o el puesto, según el caso.
La sentencia lo señaló de la siguiente manera:
141 Corte Constitucional, sentencia C-483 del 15 de mayo de 2008, expediente D-6935, MP Rodrigo
Escobar Gil. En esta decisión consideró que «[e]l derecho de acceso a la administración de justicia
se encuentra reconocido de manera expresa en el artículo 229 de la Constitución Política. El
contenido de este derecho hace referencia a la posibilidad que tienen todas las personas residentes
en el territorio de acudir, en condiciones de igualdad, ante las autoridades judiciales con el propósito
de que ellas resuelvan sus conflictos jurídicos, los cuales se traducen en la solicitud de protección o
restablecimiento de derechos e intereses legítimos, o en procurar la defensa del orden jurídico, de
acuerdo con procedimientos preestablecidos, y con el respeto de las garantías sustanciales y
procesales previstas en la ley para el efecto».
142 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 18 de
septiembre de 2014, expediente 11001-03-28-000-2014-00060-00, MP Alberto Yepes Barreiro. En
esta decisión se explicó que «[l]a determinación de cargos, que como se vio es una clara
manifestación del principio de justicia rogada, no se concibió para obstruir el acceso a la
Administración de Justicia, sino para conciliar ese principio constitucional con el del debido proceso
y el derecho a la defensa de la parte demandada […]».
143 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de
junio de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00106-00 acumulado, 11001-03-28-000-2022-
00112-00. MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
144 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de
septiembre de 2014, expediente 70001-03-28-000-2014-00060-00. MP Alberto Yepes Barreiro.
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A su turno, es preciso tener en cuenta que quien pretenda controvertir una elección
con fundamento en las diferencias injustificadas entre formularios E14 y E24, debe
identificar con claridad la zona, puesto, mesa, partido o candidato, y la diferencia de
votos que resulta de la irregularidad, exigencia que deviene del texto del artículo 139
del CPACA, que consiste en que “El demandante deberá precisar en qué etapas o
registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto
de elección.”
[…]
Lo contrario, traería consigo que la valoración probatoria a cargo del juez, ya en la
etapa de sentencia, resida en buscar inconsistencias frente a las cuales los elegidos
no pudieron presentar una oposición concreta y eficaz al momento de contestar la
demanda, dado el contenido abstracto de los reparos contra la legalidad del acto de
elección.
[…]
El requisito bajo análisis se insiste, se instituyó como garantía del derecho de defensa
de la parte demandada, para que conozca de manera puntual las inconsistencias con
las que se cuestiona su elección, y tenga la posibilidad de contradecir los cargos de
la parte actora y aportar las pruebas que desvirtúen la falsedad en cada caso.
[…]
La Sala encontró que varios cargos de la demanda señalaron diferencias que se
presentaron en la totalidad de la votación entre formularios E14 y el E24, sin hacer
precisión de la opción política perjudicada o favorecida con la diferencia entre
registros.
En varios de estos casos, la parte actora se refirió a la votación total registrada en el
formulario E14 y advirtió que esta se aumentó, o se redujo, indebidamente en el
formulario E24, dando lugar a la falsedad endilgada.
En los cargos sobre este particular, no se señalaron los candidatos o colectividades
políticas a las que se le aumentó o disminuyó la votación en el formulario E24.
Como se dijo en el marco conceptual de este proveído, además de la zona, el puesto,
la mesa y la diferencia entre registros electorales, es necesario hacer precisión de la
alternativa democrática (partidos, candidatos, voto en blanco) cuya votación resultó
favorecida o perjudicada con ocasión de la irregularidad endilgada, so pena de
presentarse el cargo incompleto o indeterminado.
En total, son 99 mesas, 16 de las solicitudes de saneamiento y 83 de la demanda,
cuyos cargos no se analizarán de fondo por no cumplir requisitos. (Cursivas del
original)
223. Pese a que dicha regla de decisión se fijó en el marco del estudio de la
irregularidad relacionada con las diferencias injustificadas entre el E-14 y el E-24, lo
cierto es que no existe argumento alguno que impida a la Sala hacer extensible el
alcance de dicho criterio jurisprudencial a la particularidad que conlleva analizar la
vicisitud afín a la existencia de más votos que sufragantes.
224. En efecto, aun cuando se trata de cargos distintos, lo evidente es que la
exigencia de determinar la irregularidad por la que se reclama se debe extender al
análisis de ambos cargos, pues así se desprende del artículo 139 del CPACA: «El
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demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se
presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección».
(Énfasis de la Sala)
225. Así mismo, se reitera que la exigencia de la determinación de las zonas,
puestos y mesas en las que ocurrió dicha presunta irregularidad, y demás
particularidades a las que hace referencia el precedente citado, se traducen en una
doble garantía a saber:
a) Para el demandado, quien contará con una posición adecuada para ejercer
su derecho de defensa; y
b) Para las partes, quienes en el marco del derecho al debido proceso,
obtendrán la solución del caso mediante un fallo sustentado en las
inconsistencias que se determinaron adecuadamente con la demanda y se
acreditaron mediante las pruebas allegadas al proceso, y no en la búsqueda
oficiosa del juez pues, habrá que recordarse, la prohibición que impide que aquel
emita fallos de oficio.
226. Conforme con las anteriores consideraciones y el criterio jurisprudencial
vigente de esta Sección, la Sala procederá a examinar el cargo como se planteó en
la fijación del litigio145 (decisión que además no fue objeto de recursos por parte de
los sujetos procesales), en consonancia con los aspectos especificados en el
concepto de la violación expuesto con la demanda.
227. Así las cosas, se tiene que frente a dicho cargo el litigo se fijó de la siguiente
manera:
d) ¿Las diferencias injustificadas alegadas entre los E-14 claveros y el formulario E-
11 se verificaron? En consecuencia, ¿hubo mayor cantidad de votos que sufragantes,
en las mesas instaladas en el departamento del Tolima, para la elección de sus
Representantes a la Cámara? En caso de que de las respuestas a los anteriores
interrogantes resulten afirmativas ¿dichas diferencias injustificadas tuvieron
incidencia en el acto demandado, en los términos planteados en la demanda?
[…]
Todo a partir del concepto de la violación reseñado en la presente providencia, junto
con las razones de hecho y de derecho presentadas oportunamente por las partes.
145 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de
febrero de 2023, expediente 25000-23-41-000-2021-00830-01, MP Rocío Araújo Oñate. En dicha
providencia se reiteró lo siguiente: «Esta posición fue reiterada por la Sala Electoral en donde señaló
que la decisión en torno a la fijación del litigio cobra firmeza ante la ausencia de cuestionamiento de
las partes frente a lo resuelto por el ponente al momento de pronunciarse sobre el particular, por ello:
“Contrario a lo que manifestó el Ministerio Público en su concepto, según el cual los asuntos deben
ser resueltos aun si no se incluyeron en la fijación del litigio, por el hecho de haber hecho
parte del concepto de violación, esta Sala es del criterio según el cual “la etapa de fijación del
litigio es la que determina los temas que serán estudiados en la sentencia; de hecho, es tal su
importancia que aquélla condiciona las pruebas y la postura procesal que en adelante adoptarán las
partes como estrategia de defensa, y ello, de suyo, implica que los sujetos procesales tienen la carga
y el deber de velar para que dentro del problema jurídico queden incluidos todos los temas objeto de
debate». (Énfasis del original).
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228. Frente a este último aspecto, cabe señalar que, si bien la fijación se refiere a
las mesas instaladas en el departamento del Tolima para la elección de sus
Representantes a la Cámara, lo cierto es que el alcance de lo definido se encuentra
limitado por lo que expresó el accionante en el concepto de la violación que trajo
con la demanda.
229. Así las cosas, como en el concepto de la violación el accionante especificó
el cargo propuesto en dos particularidades puntuales, su análisis comprenderá los
siguientes escenarios:
a) Municipio de Chaparral, zona 99, puesto 12, mesa 4 (CALARMA),
habría ocurrido una supuesta irregularidad consistente en que se
contabilizaron 50 votos en urna pero solo sufragaron 30 personas, frente a lo
cual indicó que avizoró dicha inconsistencia al cotejar el formulario E – 14.
b) Desnivelaciones que se pueden constatar en 180 reclamaciones
presentadas ante las autoridades electorales.
230. Una vez realizadas las comparaciones del caso a partir del examen E-14
clavero «Municipio de Chaparral, Zona 99, Puesto 12, Mesa 4 (CALARMA)», se
encontró que la mesa fue nivelada por los jurados al incinerar el excedente de 20
votos146, como se observa en la siguiente imagen:
146 Conforme con el artículo 135 del CE «Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo anterior,
se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará
uno a uno; si hubiere un número mayor que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de
nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos
sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente». Énfasis de
la Sala.
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231. Frente al cargo de más votos que electores que, a juicio del accionante se
puede constatar en reclamaciones presentadas ante las autoridades electorales, se
tiene que, pese a que se allegaron algunas resoluciones en las que se resolvieron
diversidad de aquellas, lo cierto es que el demandante incumplió con la carga de
especificar e individualizar los actos administrativos en los cuáles se decidieron las
relacionadas con dicha irregularidad, salvo aquellas que se analizaron de manera
precedente en relación con los actos previos (solicitudes de saneamiento).
232. De igual manera, se extraña que el accionante no hizo alusión a las
diferencias entre el número de votos y de votantes sobre lo cual predicó la
irregularidad alegada a partir del contenido de los diferentes actos administrativos
que resolvieron las reclamaciones. Respecto de esta circunstancia también se
observa que incumplió la carga de individualización y especificación del cargo.
233. De esa manera, la Sala encuentra que el actor incumplió la determinación
exigida legal (art. 139 CPACA) y jurisprudencialmente para proceder analizar las
irregularidades que alegó, las cuales, según se infiere de su pretensión, debían
verificarse de oficio en las 180 reclamaciones que enunció en el concepto de la
violación, escenario cuyo análisis está vedado para el juez electoral.
234. Así las cosas, acceder al conocimiento de las supuestas irregularidades en
los términos planteados por el demandante desconocería el principio de jurisdicción
rogada, además, el derecho al debido proceso y de defensa del cual gozan las
partes.
235. La anterior conclusión también se extiende frente a las mesas relacionadas
en los formularios E -11 que allegó la RNEC en la etapa probatoria, pues frente a
estos también se extraña la sustentación que atañía al accionante de señalar los
votos excedidos en comparación con el total de sufragantes.
10.4. Diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24
236. Por otra parte, el demandante aseveró que existió una diferencia injustificada
en muchas mesas que relacionó en la demanda en documento Excel, entre el valor
registrado por los jurados al realizar el conteo inicial de los votos registrados en el
formulario E-14, frente a los definitivos asentados en el E-24 luego del escrutinio.
237. Una vez realizadas las comparaciones del caso a partir del examen de 2.696
registros, los cuales constan en el documento Excel cargado en la plataforma Samai
adjunto con la presente decisión, y la confrontación con la información de los
formularios E-11147, E-14148, E-24149, AGE150 y E-24 TXT151, se obtuvieron los
siguientes resultados:
147 Acta de instalación y registro de votantes.
148 Acta de escrutinio de jurados de votación.
149 Cuadro de resultados de la comisión escrutadora.
150 Acta general de escrutinio.
151 Archivo plano con información definitiva de los votos mesa a mesa.
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Conclusión Cantidad
frente a la irregularidad de registros
Mesa inexistente 1
Inexistencia 593
Justificada 1.449
Injustificada 653
Total 2.696
238. Respecto a los 653 registros que presentaron diferencias injustificadas entre
los formularios E-14 y E-24, a continuación, se harán los cálculos del caso para
determinar si existe incidencia que altere la elección demandada.
11. Incidencia
239. Como se indicó al iniciar el estudio del caso concreto, adjunto con la presente
sentencia en Samai152 se cargó un documento Excel donde se estudiaron los cargos
y se realizaron los cálculos para determinar la incidencia de las irregularidades que
se concluyeron como injustificadas.
240. Este apartado de la sentencia se compone de las siguientes hojas, en su
orden: 1) cifra repartidora original, 2) cálculos de los E-14 vs E-24 sobre
irregularidades por diferencias injustificadas, 3) cálculos por partido y, finalmente, 4)
cifra repartidora final.
241. Los cálculos referidos anteriormente se efectuaron conforme con los
siguientes lineamientos en las mesas con cargos E-14 vs E-24 (diferencias
injustificadas), los cuales se realizaron teniendo en cuenta si la mesa se desniveló
o no al momento de reconocer la votación:
1. En aquellos casos donde no se desnivela la mesa, se reconoció o sustrajo
la votación directamente.
2. Cuando se desniveló se hizo un estudio más a fondo, con la finalidad de
encontrar los movimientos adicionales de votos que pudieran nivelar la
mesa. Para este caso, el demandante solicitó votos tanto a favor de su
partido153 como en contra de múltiples partidos, por ende, al analizar los
cambios injustificados, normalmente queda nivelada al sustraer los votos
adicionados.
242. En ese orden, en primer lugar, se proyectarán los datos de la cifra repartidora
inicial u original.
243. Luego, una vez realizados los ajustes por los 653 registros que presentaron
diferencias injustificadas, se presentarán los datos de la cifra repartidora final donde
152 Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado.
153 Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U).
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-00083-00
constarán los nuevos valores. Lo anterior permitirá las correcciones a las que habrá
lugar y definir si los cambios evidenciados en el escrutinio general tienen la
incidencia para alterar las curules asignadas inicialmente, así:
Cifra repartidora original:
Cifra repartidora final154:
154 Los cálculos hechos para determinar la cifra repartidora final se pueden revisar en el documento
Excel y cargado en Samai junto a la presente decisión.
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Demandante: Jaime Armando Yepes Martínez
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244. En vista de lo anterior, una vez suprimidos los votos injustificados y realizados
los cálculos con la nueva cifra repartidora (46.525), las curules inicialmente
asignadas se mantienen en los mismos partidos. Por lo tanto, la Sala encuentra que
no existe la incidencia que establece el artículo 287155 del CPACA para anular la
elección demandada y, por tal razón, se negarán las pretensiones de la demanda.
12. Reconocimiento de personerías
245. En primer lugar, se tiene que la demandada Olga Beatriz González Correa le
otorgó poder156 al abogado Camilo Ernesto Delgado Herrera, identificado con
cédula de ciudadanía 5.822.133 y tarjeta profesional 128.277.
246. En segundo término, el apoderado del demandante, esto es, el doctor
Ricardo Fabián Rodríguez Lozano sustituyó157 el poder a la doctora Helena
Margarita Piñeros Osorio158, identificada con la cédula de ciudadanía 1.110.448.502
y tarjeta profesional 164.516.
13. Conclusiones
247. La Sala concluye que, pese a que las resoluciones 8 y 9159de 2022 y 4 y 8160
del mismo año declararon la extemporaneidad de las solicitudes de saneamiento
frente a la irregularidad relacionada con que el número de sufragios excedió el
número de ciudadanos que podían votar en la mesa, situación que no era
susceptible de aplicación del principio de preclusividad, lo cierto es que tal yerro
carece de incidencia para afectar la legalidad del acto de elección demandado, aún
menos, si se tiene en cuenta que, de la confrontación entre los documentos
electorales allegados al proceso como prueba y las mesas relacionadas en las
peticiones de saneamiento, se llegó a la conclusión de que no existieron más votos
que electores.
248. Finalmente, la Sala también encuentra que las demás irregularidades
alegadas no se acreditaron, por tal razón, al no desvirtuarse la legalidad del acto de
elección de los representantes a la Cámara por el departamento del Tolima, lo
procedente es no declarar la nulidad conforme con las causales de los artículos 137
y 275.3 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
155 «Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a
declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades
en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían
otros los elegidos».
156 Índice 70 Samai.
157 Índice 2 Samai. Poder con facultad para sustituir.
158 Índice 76 Samai.
159 Proferidas por la Comisión Escrutadora Municipal de Ibagué.
160 Emitidas por la Comisión Escrutadora General del Tolima.
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III. FALLA:
PRIMERO: Negar la declaratoria de nulidad del formulario E-26 CAM del 22 de
marzo de 2022, por medio del cual la Comisión Escrutadora del departamento del
Tolima declaró la elección de los representantes a la Cámara por dicha
circunscripción territorial, para el período 2022 a 2026, conforme con lo expuesto en
la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Reconocer personería al abogado Camilo Ernesto Delgado Herrera
como apoderado judicial de Olga Beatriz González Correa y a la abogada Helena
Margarita Piñeros Osorio como apoderada del demandante, conforme a los poderes
allegados.
TERCERO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario,
conforme con el artículo 243A161 del CPACA.
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclaración de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
161 «1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia».
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