Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00119-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00119-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2024-00119-02
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00119-02 (principal)
25000-23-41-000-2024-00179-00 (acumulado)
Demandante: SANDRO WILLIAM MARTÍNEZ PULIDO
Demandado: LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LÓPEZ - ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE MEDINA (CUNDINAMARCA) - PERIODO 2024-2027
Tema: Custodia de los documentos electorales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 8 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de las
demandas acumuladas.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
El ciudadano Sandro William Martínez Pulido, a través de apoderado, en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA–, presentó dos
demandas en las que pretende la nulidad del acto de elección del señor Leopoldo Rigaud
Peña López como alcalde del municipio de Medina (Cundinamarca), periodo
constitucional 2024-2027, contenido en el Formulario E-26 ALC del 8 de noviembre de
2023.
En la demanda que se tramita con el radicado 25000-23-41-000-2024-00119-02
(principal), se invocó la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 275 del
CPACA, esto es, trashumancia electoral.
Por su parte, en el trámite que corresponde al expediente 25000-23-41-000-2024-00179-
00, se controvierte el traslado irregular de una mesa de votación y la instalación de otra
en una vereda con un número reducido de sufragantes, así como las resoluciones 5 del
4 de noviembre, 7 del 5 de noviembre, y 12 del 8 de noviembre, todas de 2023, que
resolvieron las reclamaciones y recursos sobre tales aspectos.
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Demandante: Sandro William Martínez Pulido
Demandado: Leopoldo Rigaud Peña López
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00119-02 (principal)
1.1.1. Expediente 25000-23-41-000-2024-00119-02
1.1.1.1. Hechos
El demandante sostuvo que en el mes de julio de 2023 se presentaron varias denuncias
por trashumancia en el municipio de Medina, ante el Consejo Nacional Electoral.
Mencionó que dicha autoridad profirió la Resolución 6539 del 9 de agosto de 2023, a
través de la cual dejó sin efecto la inscripción de varias cédulas en el referido ente
territorial, como consecuencia de haberse acreditado que sus titulares no residen en el
municipio.
Agregó que la misma entidad, mediante las resoluciones 8387 del 8 de septiembre, 1076
del 25 de septiembre, 13340 y 13341 del 18 de octubre, todas de 2023, resolvió los
recursos de reposición presentados por varios ciudadanos, contra el acto que dejó sin
efectos la inscripción de sus cédulas de ciudadanía.
Mencionó que el día 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales
para elegir, entre otras autoridades, al alcalde del municipio de Medina, y que el 8 de
noviembre de 2023 se declaró la elección del demandado, a través del formulario E-26
de esa data.
Advirtió que en tales comicios se presentaron irregularidades por trashumancia electoral.
1.1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
En este asunto, el actor advirtió un fenómeno de trashumancia electoral, por cuanto 58
ciudadanos que no residen en Medina, sufragaron en ese territorio. Por lo tanto, se
configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 7.° del artículo 275 del CPACA.
1.1.2. Expediente 25000-23-41-000-2024-00179-001
1.1.2.1. Hechos
El demandante expuso que la Registraduría Municipal de Medina estableció un puesto
de votación en la institución educativa Policarpa Salavarrieta, y en el salón ubicado detrás
de la caseta escolar dispuso las mesas 3 y 4 de dicho puesto. Adujo que también se
instaló el puesto Arenales 2, ubicado en la vereda San Marcos – Inspección Arenales,
donde se habilitó la mesa 1.
Mencionó que el día 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales
para elegir, entre otros, al alcalde del municipio de Medina.
Indicó que, durante la jornada electoral, aproximadamente a las once de la mañana, el
registrador municipal de Medina convocó a los candidatos a la alcaldía para poner en su
1 Se sintetiza el escrito de subsanación de la demanda.
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Demandante: Sandro William Martínez Pulido
Demandado: Leopoldo Rigaud Peña López
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conocimiento el represamiento del salón detrás de la caseta escolar de la Escuela
Policarpa Salavarrieta, donde se instalaron las mesas 3 y 4. Frente a esta circunstancia,
se levantó un acta firmada por los aspirantes y sus representantes, donde consta que
autorizaron el traslado de la mesa 4 para el siguiente salón, a fin de brindar garantías a
los votantes.
Agregó que, sin embargo, la mesa no se trasladó al salón continuo, sino al comedor del
centro educativo, «dentro del mismo puesto de votación, a una distancia aproximada de
50 metros» de la ubicación inicial.
Advirtió que la mesa no fue sellada, y fue trasladada por los jurados, sin embalar las
tarjetas electorales, y tampoco se expresó a viva voz la cantidad de electores que habían
sufragado, ni se levantó acta del procedimiento.
Sostuvo que dicho traslado no obedeció a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
sino que fue producto de un proceso lento debido a que los electores en su mayoría eran
de la tercera edad.
Mencionó que el lugar de la reubicación no era adecuado por falta de iluminación,
situación que transcurrió por un lapso aproximado de dos horas durante el cual los
jurados utilizaron las linternas de sus equipos celulares para diligenciar los documentos
electorales, hasta que se instalaron unos bombillos. Por esta situación, los electores no
ejercieron su derecho al voto en debida forma. Además, entre la una y cinco de la tarde,
el registrador no estuvo presente en la jornada.
Señaló que, por lo anterior, su testigo electoral presentó reclamación con fundamento en
la causal 1.°2 del artículo 192 del Código Electoral, «por violación de la cadena de
custodia» al momento del traslado, y porque el lugar dispuesto para la reubicación no era
adecuado.
Adujo que la Comisión Escrutadora Municipal, a través de auto 03 del 4 de noviembre de
2023, rechazó su reclamo, por cuanto el motivo de inconformidad no correspondía con la
causal invocada, o con alguna otra. Por ello, el testigo presentó «observación» a esa
providencia.
Indicó que la Comisión Escrutadora Municipal profirió la Resolución 7 del 5 de noviembre
de 2023, rechazando la reclamación por cuanto el traslado de la mesa 4 fue autorizado
por los candidatos. El testigo apeló lo resuelto.
Por medio de la Resolución 12 del 8 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora
Departamental resolvió la alzada confirmando la decisión impugnada, y declaró la
elección del demandado como alcalde de Medina.
Por otra parte, manifestó que presentó reclamación respecto de la mesa 1 de la vereda
2 1. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme la Ley.
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San Marcos, Inspección Arenales, por violación del artículo 993 del Código Electoral, por
cuanto se instaló en una vereda con un número reducido de electores.
Indicó que la Comisión Escrutadora Municipal, mediante la Resolución 5 del 4 de
noviembre de 2023, rechazó la reclamación. Contra esta decisión se presentó apelación.
El 8 de noviembre de 2023, la Comisión Departamental confirmó lo resuelto, y declaró la
elección del demandado.
1.1.2.2. Normas violadas y concepto de la violación4
Se logra comprender lo siguiente:
Advirtió que el acto de elección, y las resoluciones dictadas durante el proceso de
escrutinio, se deben declarar nulas por contravenir el orden electoral vigente, por las
causales de falsa motivación y desviación de poder, derivadas de «la gravedad de
cambiar el puesto de votación de lugar sin ninguna justificación», y sin los controles
pertinentes respecto de la cadena de custodia de la urna y los tarjetones no marcados.
Por lo tanto, los votos depositados no reflejan la voluntad de los sufragantes.
Adujo que la Comisión Escrutadora General no aplicó los artículos 29 constitucional, 192
y 193 del Código Electoral, por cuanto no atendió sus reclamaciones y solicitudes de
saneamiento. De igual manera, la comisión actuó por fuera de lo preceptuado en la
Resolución 1706 de 2019, dado que no resolvió de fondo los reparos planteados, no
otorgó el término de un día hábil posterior al escrutinio para realizar reclamaciones, ni
concedió recursos. De este modo, la autoridad incurrió en infracción de las normas en
que debía fundarse, expedición irregular, y falsa motivación.
Mencionó que dicha comisión desatendió los artículos 1, 48.8, 56.4, 99, 180, 182, 185,
189, 192, 193 y 209 del Código Electoral, la Resolución 1706 del Consejo Nacional
Electoral, y 9 del Decreto 2450 de 1979, con base en las razones expuestas con
anterioridad.
1.2. Actuaciones procesales
1.2.1. Expediente 25000-23-41-000-2024-00119-02
Por auto del 25 de enero de 2024 se admitió el medio de control y se negó la medida
cautelar deprecada en la demanda.
1.2.2. Expediente 25000-23-41-000-2024-00179-00
Por medio de auto del 18 de enero de 2024 se inadmitió la demanda para que el actor
3 ARTÍCULO 99. En las elecciones deberán colocarse mesas de votación en las cabeceras municipales y en los
corregimientos e inspecciones de policía que tengan cupo numérico separado del de la cabecera, o que disten más de
cinco (5) kilómetros de la misma, o que tengan un electorado mayor de cuatrocientos (400) sufragantes.
4 Algunos apartados del concepto de la violación contienen transcripciones de pronunciamientos de esta sala electoral,
sin exponer su relación con las censuras planteadas en esta causa judicial. También se hacen referencias al concepto
de residencia electoral y un gran número de trascripciones sin propósito claro de cara a lo que se censura en la
demanda y su corrección.
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precisara, entre otros aspectos, los hechos, los fundamentos de derecho, y la zona,
puesto y mesa donde recaen las irregularidades alegadas.
Previa subsanación, por auto del 8 de mayo de 2024 se admitió el libelo.
1.2.3. Actuación procesal conjunta
Mediante proveído del 14 de junio de 2024 se ordenó la acumulación de los procesos de
la referencia.
1.3. Contestaciones e intervención de tercero
La sala integra las contestaciones de las dos demandas, de la siguiente manera:
1.3.1. Del demandado
Frente a la trashumancia, advirtió que varios ciudadanos cuya inscripción de cédula fue
revocada por el Consejo Nacional Electoral, lograron habilitar su domicilio en Medina,
para hacer parte del censo.
Sobre las mesas cuestionadas, dijo que el puesto de votación de Arenales 2 fue creado
desde 2022, junto con el puesto de Periquito, pero el actor pretende deslegitimar
únicamente el primero porque allí obtuvo un resultado desfavorable, por lo que su
apreciación de los hechos es conveniente y selectiva.
Respecto de la mesa 4, advirtió que su traslado se realizó dentro del mismo puesto
oficialmente creado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Afirmó que la
reubicación obedeció a una situación de congestión de adultos mayores, por lo que se
buscó garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del sufragio, decisión que fue
informada y consensuada con los candidatos, delegados de partidos y demás actores
electorales presentes en la jornada.
Indicó que el movimiento de la mesa no fue clandestino, ni irregular, sino ejecutado bajo
la observancia de las autoridades electorales, el Ministerio Público, la fuerza pública, los
jurados y los testigos electorales, y que no se presentó ninguna reclamación antes del
cierre de las urnas.
Afirmó que no se configuró la causal de reclamo del artículo 192.1 del Código Electoral,
pues esta exige que la mesa funcione en lugares o sitios no autorizados, circunstancia
que no ocurrió. El demandante pretende equiparar un traslado interno dentro del mismo
puesto con un funcionamiento en sitio prohibido por la ley.
Sostuvo que la actuación de la organización electoral fue razonable, pública y garantista,
orientada a proteger el derecho al voto de personas de la tercera edad, y que el actor
consintió la decisión durante la jornada.
Formuló la excepción de caducidad con sustento en que la demanda se presentó
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inicialmente sin pretensiones, hechos, ni fundamentos jurídicos claros. En consecuencia,
el petitorio se incorporó con la subsanación del 7 de marzo de 2024, cuando ya había
operado la caducidad del medio de control.
1.3.2. Consejo Nacional Electoral
Su apoderado propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que la entidad realizó lo que le correspondía frente a la trashumancia electoral,
en el marco de sus competencias, y no dictó el acto de elección. En el mismo sentido,
intervino al pronunciarse sobre los cuestionamientos de las mesas de Policarpa
Salavarrieta y Arenales, por no tratarse de irregularidades atribuibles al Consejo Nacional
Electoral.
1.3.3. Registraduría Nacional del estado Civil
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con sustento en
que su función en el proceso electoral se limita a la verificación formal de los documentos
de inscripción y al acompañamiento técnico del certamen.
1.3.4. Tercero impugnador
El señor Pedro Felipe Gutiérrez Sierra intervino en defensa de la elección demandada,
advirtiendo la caducidad del medio de control del asunto que se tramita en el expediente
2024-00179-00, en similares términos a los expuestos por el demandado.
Afirmó que el libelo es inepto porque no precisó zona, puesto, mesa ni actas donde
supuestamente votaron los ciudadanos trashumantes. Con todo, la jurisprudencia ordena
aplicar la distribución ponderada de la votación, lo que impediría que la supuesta
irregularidad fuera determinante para modificar el resultado electoral.
Respecto de las mesas bajo cuestionamiento, señaló que la demanda se basa en
irregularidades del escrutinio y en decisiones de las comisiones escrutadoras, pero no se
demandaron conjuntamente los actos que resolvieron las reclamaciones, como exige la
ley.
1.4. Otras actuaciones de la primera instancia
Mediante proveído del 8 de julio de 2024 se dispuso el trámite de sentencia anticipada.
Declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación por pasiva propuesta por
las entidades de la organización electoral, y caducidad5 e ineptitud de la demanda
planteadas por el tercero impugnador.
El litigió se fijó en punto a establecer si se presentó la trashumancia alegada, así como
las irregularidades respecto de las mesas denunciadas. Posteriormente, el tribunal se
5 El ponente consideró que la parte actora subsanó los defectos formales, sin reformar la demanda. Precisó que el acto
demandado se expidió el 8 de noviembre de 2023, por lo que, excluyendo el periodo de vacancia judicial, los 30 días
que dispone la ley vencían el 15 de enero de 2024, fecha en la que se radicó el libelo.
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pronunció sobre el decreto y práctica de las pruebas aportadas y solicitadas, y corrió
traslado para alegar de conclusión.
1.5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, dictó
sentencia el 8 de mayo de 2026, negando las pretensiones de las demandas acumuladas.
Acerca de la trashumancia, concluyó que los 58 ciudadanos acusados de transeúntes
residían en el municipio de Medina, por lo que estaban habilitados para sufragar.
Respecto de la mesa 4 de la cabecera municipal, afirmó que existió un traslado motivado
por congestión de votantes en condición de adultos mayores. Al respecto, advirtió que,
en realidad, no se presentó un cambio de puesto de votación, sino el movimiento a un
salón contiguo, por lo que la reclamación presentada durante el escrutinio no encaja en
la causal del artículo 192.1 del Código Electoral.
Resaltó que el mismo demandante suscribió el acta donde consta haber autorizado el
traslado de la mesa, situación que, además, estuvo respaldada por la Personería de
Medina. Mencionó que la comisión municipal realizó el reconteo de los votos verificando
la información en el E-14 de claveros, donde constató que coincidieron los sufragios
físicos con la información allí consignada.
En cuanto a la mesa 1 del puesto Arenales 2, concluyó que fue creado válidamente, que
la ubicación corresponde a la división político‑administrativa del municipio y que el bajo
número de sufragantes no constituye causal de nulidad ni afecta el secreto del voto.
1.6. Recurso de apelación
El demandante apeló lo resuelto en primera instancia, advirtiendo que «la presente
apelación corresponde solo a la mesa 4 del puesto de la Cabecera municipal».
Sobre el particular, sostuvo que el tribunal no tuvo presente el material probatorio, ni que
la mesa se haya trasladado sin autorización derivada de un acto administrativo emitido
por autoridad competente, sino por parte de los candidatos, quienes carecen de esa
facultad.
Cuestionó que la maniobra tuvo lugar durante la jornada electoral, señalando como
inconsistencias las siguientes: «1. No hay cadena de custodia. 2. No tuvieron presentes
cuantos habían votado. 3. No hubo sistema de control de los tarjetones. 4. No se verificó
el E10. 5. NO se verificó el E11. 6. No quedó registrado en el E14. 7. No quedo evidencia
de que la mesa fuese trasladada. 8. No se aportó ninguna acta. 9. Se trasladó más de 50
metros 10. Se trasladó y No se Informa» (sic).
Mencionó que «[l]a cadena de custodia (…) No tuvo presente de quien (sic) era el
responsable de traslado (sic) los formularios, tarjetas electorales, No hubo una cadena
de custodia de la Urna, No se verificó los sellos, no se dejo (sic) constancia del material
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electoral de cómo fue trasladado. No hay ningún responsable frente los hechos del
traslado de la mesa». Y que el Ministerio Público no se pronunció respecto de esta
maniobra.
Al decir del apelante, las consecuencias de tales inconsistencias «pueden ser»,
vulneración del derecho al voto, responsabilidad disciplinaria, causal de reclamación
electoral, nulidad de la mesa, posible delito electoral, y una diferencia injustificada que
puede anular la mesa.
Se refirió al listado de cuatro testigos que presenciaron los hechos relacionados con la
mesa 4, y cuestionó que no rindieran su testimonio en el proceso.
1.7. Actuaciones de segunda instancia
Mediante proveído del 30 de junio de 2026 se admitió el recurso de apelación.
Ejecutoriada dicha decisión, mediante auto del 23 de julio de 2026 se negaron unas
pruebas testimoniales solicitadas en segunda instancia.
1.8. Alegatos de conclusión
La parte demandante6 reiteró el fundamento de la alzada.
1.9. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta colegiatura sostuvo que, en efecto, se
presentó el traslado de una mesa a un espacio contiguo, que contó con la aprobación del
Comité de Seguimiento Electoral, en el que participó el demandante. Además, la comisión
escrutadora municipal verificó la coincidencia entre votos físicos y E‑14, sin tachaduras
ni enmendaduras.
Advirtió que el demandante no invocó cual es la norma superior presuntamente
trasgredida, y su reclamo frente a la pérdida de la cadena de custodia se soportó en una
mera afirmación que carece de respaldo probatorio, por lo que los cargos de la apelación
no tienen vocación de prosperar.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 080
de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso
de la referencia, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad del acto que declaró la
elección del demandado como alcalde del municipio de Medina (Cundinamarca), periodo
2024-2027, cuyo control de legalidad compete a los tribunales administrativos, en primera
6 Índice 00015 del expediente de segunda instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.
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instancia, según el literal a) del numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 7 y
corresponde al Consejo de Estado fungir como juez ad quem, en aplicación del artículo
150 ib.
2.2. El acto acusado
La parte actora pretende la nulidad del formulario E-26 ALC del 8 de noviembre de 2023,
a través del cual se declaró la elección del señor Leopoldo Rigaud Peña López como
alcalde del municipio de Medina (Cundinamarca), periodo 2024-2027.
2.3. Cuestión previa
El demandante, en su alzada, cuestiona que el traslado de la mesa 4 de la cabecera
municipal fue autorizado por los candidatos, pese a no tener facultades para ello.
Al respecto, la sala advierte que el mentado argumento no hizo parte de las censuras que
expuso el actor en su demanda y la corrección correspondiente, por lo que el elegido no
contó con la oportunidad procesal de contradecir este reparo durante el debate ante la
primera instancia, razón suficiente para que esta judicatura se abstenga de proveer sobre
este particular, so pena de desconocer el derecho de defensa y el principio de
congruencia que debe regir todas las actuaciones de las partes.
2.4. Problema jurídico
Conforme al fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia del 8 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de las
demandas acumuladas.
Para el efecto, se deberá establecer si el traslado de la mesa 4 del puesto cabecera
municipal, a un lugar contiguo del que inicialmente fue dispuesto por la organización
electoral, se realizó con desconocimiento de los protocolos de cadena de custodia, y si
ello incidió en la elección del demandado.
2.5. Custodia del material electoral
La custodia de los documentos electorales es «el conjunto de medidas adoptadas para
garantizar la fidelidad de la información proveniente de cada una de las mesas en que
reposan los sufragios emitidos en una elección (…)»8, y persigue la conservación del
7 «ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales
(…)».
8 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Exp: 11001-03-28-000-2022-00083-00.
M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
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registro sobre la «identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación,
embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que (sic) cada
custodio”, realizado con la prueba que se quiere presentar o hacer valer»9.
Este protocolo está descrito en el texto del artículo 144 del Código Electoral, que
establece el procedimiento de entrega de los documentos a los registradores del estado
civil y a sus delegados, al finalizar el escrutinio de las mesas, para que estos, a su turno,
los entreguen a los claveros:
ARTÍCULO 144. Modificado por el art. 8, Ley 62 de 1988. Inmediatamente después de
terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once
de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron
para la votación serán entregados por el Presidente del Jurado, bajo recibo y con
indicación del día y la hora de entrega, así: en las cabeceras municipales, a los
Registradores del Estado Civil o a los delegados de éstos, y en los corregimientos,
inspecciones de policía y sectores rurales, a los respectivos delegados del Registrador
del Estado Civil.
Los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de Policía y sectores
rurales, serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la
fuerza pública uniformada, y entregados a los claveros respectivos dentro del término
que se les haya señalado. Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre violencia,
fuerza mayor o caso fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora
mencionada, no serán tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciará a la
autoridad competente para que imponga la sanción a que haya lugar. (Negrillas fuera de
texto)
La misma codificación establece las competencias relacionadas con las labores de
custodia y conducción del material electoral.
De este modo, el artículo 48.8 de dicho compendio, asigna a los registradores
municipales la función de actuar como clavero del arca triclave «que estará bajo su
custodia y como secretario de la comisión escrutadora», mientras que, al tenor del
numeral 9.° de la misma norma, deben «[c]onducir y entregar personalmente a los
delegados del Registrador Nacional los documentos que las comisiones escrutadoras
hayan tenido presentes y las actas de escrutinio levantadas por éstas». Por su parte, el
artículo 56.4 confiere a los delegados de los registradores distritales y municipales, la
atribución consistente en «[c]onducir, custodiados por la fuerza pública, y entregar
personalmente al respectivo Registrador todos los documentos provenientes de las
mesas de votación».
Aún cuando la normativa destacada se refiere a la custodia del material electoral con
posterioridad al escrutinio de las mesas, esta sala ha considerado que el protocolo
contempla «desde la elaboración de los documentos electorales, que continúa una vez
termina la jornada electoral hasta la culminación de los escrutinios generales y se
extiende, finalmente, a la etapa de conservación por parte del CNE»10.
9 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de enero de 2026. Exp: 44001-23-40-000-2024-00040-01. M.P:
Pedro Pablo Vanegas Gil.
10 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Exp: 11001-03-28-000-2022-00083-00.
M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Sandro William Martínez Pulido
Demandado: Leopoldo Rigaud Peña López
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00119-02 (principal)
Es necesario aclarar que las actividades de custodia «no constituyen un fin en sí mismas,
sino que tienen sentido en la medida en que con ellas se garantice la identidad de tales
instrumentos desde el momento de su elaboración y en aquellos en que debe asegurarse
la conservación de tal información y la fidelidad de su contenido»11.
Por consiguiente, «la infracción a estas actividades no anula por sí misma la elección;
por el contrario, deberá tratarse de una irregularidad sustancial y tendrán que ponderarse
las razones que ofreció la autoridad electoral para validar el escrutinio»12. En ese orden,
lo que interesa al proceso electoral, es que se pruebe que se ha falseado la verdad, pues
«no todas las circunstancias que pueden parecer anómalas generan per se una nulidad
de los registros electorales, toda vez que es necesario que se pruebe que tal irregularidad
afectó la transparencia de la votación y la validez de la elección»13.
2.6. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que no se
demostró que el traslado de la mesa 4 del puesto cabecera municipal inobservara algún
protocolo de protección del material electoral, como tampoco se acreditó alteración
alguna que incidiera en el resultado de los comicios.
Las circunstancias que rodearon el traslado de la mesa 04 del puesto cabecera municipal
de Medina, se acreditaron de la siguiente manera.
No se discute, y el propio actor lo advierte, que el Comité de Seguimiento Electoral que
autorizó el traslado de la mesa 4 del puesto cabecera municipal, estuvo integrado por el
registrador municipal de Medina y los candidatos a la alcaldía, convocados por aquel.
Mediante acta extraordinaria 27 del 29 de octubre de 2023, suscrita por, entre otros, el
hoy demandante, los Integrantes del Comité de Seguimiento Electoral evidenciaron que
en «el salón donde funciona las mesas (sic) 3 y 4 están presentando represamiento y
congestión. Por unanimidad se determina trasladar la mesa 4 para el siguiente salón para
dar agilidad a los electores, y dar garantías electorales».
El 3 de noviembre de 2023, el testigo Hernán Martín Garzón presentó reclamación
cuestionando la maniobra antedicha, con fundamento en la causal 1.° del artículo 192 del
Código Electoral, por considerar que se realizó con violación de la cadena de custodia, a
un lugar inadecuado por falta de iluminación, lo que «pudo haber afectado la
transparencia del proceso (…) pues es de resaltar que la mesa denota una alteración
total en la tendencia de los votos, frente al resultado de las otras mesas».
La Comisión Escrutadora Municipal de Medina profirió el auto de trámite 3 del 4 de
11 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Exp: 11001-03-28-000-2022-00083-00.
M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
12 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de junio de 2025. Exp: 23001-23-33-000-2024-00018-02
(principal). M.P: Omar Joaquín Barreto Suárez.
13 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 2 de mayo de 2016 dentro del radicado No. 11001-03-28-000-
2014-00107-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Postura reiterada en la sentencia del 26 de septiembre de 2024.
Exp: 11001-03-28-000-2022-00109-00 (principal). M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Sandro William Martínez Pulido
Demandado: Leopoldo Rigaud Peña López
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00119-02 (principal)
noviembre de 2023, rechazando el reparo, por no corresponder con alguna de las
causales previstas en el artículo 192 del Código Electoral.
La misma autoridad, esta vez mediante la Resolución 7 del 5 de noviembre de 2023,
atendiendo una «observación» presentada por el testigo en mención, resolvió el reclamo
en el sentido de rechazarlo, por cuanto «el traslado de la mesa se efectuó en convenio
con la autorización de el (sic) comité de seguimiento electoral del que hacen parte los
candidatos y/o sus delegados, el ministerio público la registraduría (sic), la policía
nacional y la alcaldía municipal por unanimidad se determinó trasladar la mesa 4 a otro
salón con el propósito de garantizar la accesibilidad de la población objeto de especial
protección como adultos mayores, discapacitados, (…) de ello se suscribió una acta
firmada por los candidatos entre ellos el señor SANDRO WILLIAM MARTÍNEZ y las
entidades correspondientes».
En esta decisión se indicó que «realizado el reconteo de la mesa 04 como fue solicitado
por el testigo HERNÁN MARTÍN GARZÓN, no se encontró variación o alteración respecto
a los votos en físico como lo consignado en el e-14 de claveros; en el escrutinio realizado
en el e-14 no tenía ninguna tachadura enmendadura o borrones».
El testigo apeló lo resuelto en el acto descrito, reiterando la causal invocada, y con
sustento, entre otros aspectos, en que la responsabilidad de brindar garantías recae en
el registrador municipal, por lo que no se puede trasladar a los candidatos. Además,
según alegó en el texto de la alzada, la mesa se trasladó a un lugar distinto del
inicialmente autorizado, después de su instalación, cuando la urna se encontraba abierta,
con votantes en pleno ejercicio de su derecho al sufragio, y sin levantar un acta donde
constaran las razones de la desinstalación de la mesa, y el número de votos y de votantes
que hasta el momento habían sufragado.
Insistió en que los candidatos no son competentes para autorizar el traslado de una mesa,
que no existió un plan de mejoramiento para disponer de otro cubículo, que el lugar de
destino no fue adecuado por la falta de iluminación lo que, en su criterio, afectó el ejercicio
del voto de la población especial que debía sufragar en la mesa, y que la operación se
realizó por personal no autorizado, con ruptura de la cadena de custodia, y sin presencia
del registrador.
La Comisión Escrutadora General de Cundinamarca, a través de la Resolución 12 del 8
de noviembre de 2023, confirmó el acto apelado, reiterando las razones de su homólogo
municipal, esto es, que el salón donde se instaló la mesa presentó represamiento, por lo
que, en garantía del ejercicio del sufragio, se trasladó a otro lugar, sin que ello implicara
cambio de puesto, que el candidato Sandro William Martínez apoyó la maniobra, y que
mediante recuento de la votación se verificó el resultado vertido en el formulario E-14.
Según el formulario E-14 delegados aportado al expediente, la mesa presentó un total de
282 electores, 283 sufragios, y un voto incinerado.
Con base en lo anterior, la sala observa que el traslado de la mesa 4 del puesto cabecera
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Demandante: Sandro William Martínez Pulido
Demandado: Leopoldo Rigaud Peña López
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00119-02 (principal)
municipal fue autorizado por un Comité de Seguimiento Electoral14, donde participó, entre
otros, el señor Sandro William Martínez Pulido, otrora candidato a la Alcaldía de Medina,
y quien funge como demandante en esta causa judicial. El motivo del traslado obedeció
a una situación de represamiento, por lo que se decidió trasladar la mesa a otro salón.
Ahora bien, como se indicó con anterioridad, los protocolos de cadena de custodia
contemplan etapas encaminadas al debido resguardo de los documentos electorales, a
partir de su elaboración y hasta la etapa de conservación.
Si bien la legislación electoral no prevé protocolos orientados al traslado de una mesa a
un lugar contiguo dentro del mismo puesto de votación, ello no exceptúa el deber de
observar la debida conservación del material electoral.
Con todo, el demandante no demostró la ausencia de custodia alegada, pues al proceso
no se aportaron los medios de convicción que conduzcan a concluir, con plena certeza,
y más allá de la versión expuesta en los reclamos del testigo que cuestionó la maniobra,
que el material electoral estuvo expuesto y, por ende, vulnerable a alteraciones que
comprometieran la identidad, estado original, y preservación de la información de la
votación.
En todo caso, no debe perderse de vista que, como se dijo con anterioridad, las
actividades de custodia no constituyen un fin en sí mismas, sino que tienen sentido en la
medida en que con ellas se garantice la identidad del material electoral, por lo que el
eventual desconocimiento de los protocolos no conduce, per se, a la anulación de la
votación de la mesa.
Por consiguiente, y sin subestimar la importancia de los procedimientos, «en estos casos
es necesario analizar el grado de incidencia o trascendencia de las irregularidades en la
expedición del acto acusado»15.
En tal escenario, se tiene que el demandante no acreditó que el contenido del material
electoral sufriera alguna alteración con el potencial de incidir en el resultado electoral,
dado que sus censuras se concentraron en la inobservancia del procedimiento, sin
advertencias sobre cambios materiales, sustracción o destrucción de los pliegos de la
mesa.
Adicionalmente, no se debe pasar por alto que la Comisión Escrutadora Municipal de
14 Organismo creado por el artículo 2.3.1.10.5 del Decreto 1066 de 2015, denominado Comisión Municipal para la
Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, integrado por el alcalde municipal o su delegado, los
comandantes de las fuerzas militares y de policía del respectivo municipio, el funcionario de la Fiscalía General de la
Nación de mayor jerarquía en el territorio, el personero municipal o su delegado, el contralor municipal o su delegado,
el defensor regional del pueblo, cuando su asiento principal corresponda al ente territorial, y el registrador municipal o
su delegado. Al tenor del artículo 2.3.1.10.6 Ibidem, esta comisión puede invitar a los voceros de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica, para que intervengan con voz para, entre otros aspectos, garantizar el
normal desarrollo de los comicios. El artículo 2.3.1.10.7 establece, entre otras funciones de este organismo, la de
propiciar el cumplimiento de las garantías electorales en las elecciones ordinarias (numeral 1.°), y «[c]onocer, evaluar
y recomendar al competente, previo análisis de la situación, los traslados de las mesas de votación por motivos de
orden público o casos de fuerza mayor» (numeral 14).
15 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de agosto de 2025. Exp: 3001-23-33-000-2023-00437-01. M.P:
Gloria María Gómez Montoya.
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Demandante: Sandro William Martínez Pulido
Demandado: Leopoldo Rigaud Peña López
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00119-02 (principal)
Medina realizó el recuento de la votación de la mesa, a solicitud del testigo reclamante,
cuyo resultado coincidió con los datos vertidos en el formulario E-14 claveros, y en el
ejemplar de los delegados aportado consta, incluso una actividad de nivelación, lo que
pone de presente que, en todo caso, se hicieron los controles correspondientes sobre el
resultado de la mesa.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las
pretensiones de las demandas acumuladas.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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