Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2024-00018-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2024-00018-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 23001-23-33-000-2024-00018-02
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de junio de 2025
Demandantes: Jorge Luis Martínez Soto y otro
Demandado: Ángel Darío Suárez Martínez
alcalde de Valencia (Córdoba), periodo 2024 – 2027
Rad: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (Ppal.)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicados: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (principal)
23001-23-33-000-2024-00035-00 (acumulado)
Demandantes: Jorge Luis Martínez Soto y Jorge Eliécer Bula González1
Demandado: Ángel Darío Suárez Martínez, alcalde del municipio de Valencia
(Córdoba), periodo 2024-2027
Temas: Violencia y sabotaje. Recurso de apelación en sede de escrutinios.
Trashumancia electoral – consulta de bases de datos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por los demandantes contra la
sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Segunda de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia, entre otra
determinación2.
Lo anterior, con base en los siguientes:
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda (proceso 2024-00018)
1. Jorge Luis Martínez Soto, mediante apoderado judicial, presentó demanda3 en ejercicio
del medio de control consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4 contra el acto de elección del señor Ángel
Darío Suárez Martínez como alcalde del municipio de Valencia (Córdoba), para el periodo
2024-2027, contenido en el formulario E-26 ALC del 8 de noviembre de 2023, expedido por
la Comisión Escrutadora de ese ente territorial.
1.2. Pretensiones
2. Con la demanda, se solicitó:
2.1. La nulidad del formulario E-26 ALC del 8 de noviembre de 2023, mediante el cual la
1 Jorge Luis Martínez Soto (rad. 23001-23-33-000-2024-00018-00) y Jorge Eliécer Bula González (rad. 23001-
23-33-000-2024-00035-00)
2 Correspondió a declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
3 Radicada el 12 de enero de 2024, según da cuenta el acta individual de reparto que se encuentra en el índice
1 de Samai de la interfaz de la primera instancia.
4 En adelante CPACA.
1
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Demandantes: Jorge Luis Martínez Soto y otro
Demandado: Ángel Darío Suárez Martínez
alcalde de Valencia (Córdoba), periodo 2024 – 2027
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Comisión Escrutadora Municipal de Valencia 5 computó los resultados de las votaciones
celebradas el 29 de octubre de 2023 y se declaró la elección de Suárez Martínez
2.2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene: i) la cancelación de la credencial expedida
al demandado; ii) la realización de un nuevo escrutinio, con exclusión de las mesas 03, 04,
20 y 23 de la zona 00, puesto 00 y zona 99, puesto 12, mesa 01 de Valencia, y iii) de manera
subsidiaria, que se practiquen unas nuevas elecciones, de conformidad con el artículo 314
de la Constitución Política.
2.3. Asimismo, se pretende la anulación de los siguientes actos de trámite, expedidos dentro
de esa actuación administrativa:
I. AUTO DE TRÁMITE N° 01 fechado el primero (1°) de noviembre de 2023, “Por medio del
cual se resuelve la solicitud presentada ante la comisión escrutadora con respecto a la MESA
4, PUESTO CABECERA MUNICIPAL, ZONA 00, MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO
CORDOBA (sic) – CORPORACIÓN (sic) ALCALDE. CAUSAL(LES): Otros NUMERO (sic)
RECLAMACION (sic): 4, presentada por el(la) señor(a) ARMANDO RAMON HERRERA
CAMPO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6872425 quien actúa como
APODERADO, con ocasión de la(s) ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 29
de octubre de 2023”.
II. AUTO DE TRÁMITE N° 02 calendado el seis (6) de noviembre de 2023, “Por medio del cual
se resuelve la solicitud presentada ante la comisión escrutadora con respecto a la MESA 23,
PUESTO CABECERA MUNICIPAL, ZONA 00, MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO
CORDOBA (sic) – CORPORACION (sic) ALCALDE. CAUSAL(LES): Otros NUMERO (sic) DE
RECLAMACION (sic): 10, presentada por el(la) señor(a) ARMANDO RAMON HERRERA
CAMPO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6872425 quien actúa como
APODERADO., con ocasión de la(s) ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 29
de octubre de 2023”.
III. AUTO DE TRÁMITE N° 03 del seis (6) de noviembre de 2023, “Por medio del cual se
resuelve la solicitud presentada ante la comisión escrutadora con respecto a la MESA 3,
PUESTO CABECERA MUNICIPAL, ZONA 00, MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO
CORDOBA (sic) - CORPORACIÓN ALCALDE. CAUSAL(LES): Otros NUMERO (sic)
RECLAMACION (sic) presentada por el(la) señor(a) ARMANDO RAMON HERRERA CAMPO
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6872425 quien actúa como APODERADO, con
ocasión de la(s) ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 29 de octubre de 2023”.
IV. AUTO DE TRÁMITE N° 05 calendado el siete (7) de noviembre de 2023, “Por medio del
cual se resuelve la solicitud presentada ante la comisión escrutadora con respecto a la MESA
20, PUESTO CABECERA MUNICIPAL, ZONA 00, MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO
CORDOBA (sic) – CORPORACION (sic) ALCALDE. CAUSAL(LES): Otros NUMERO (sic) DE
RECLAMACION (sic): 3, presentada por el(la) señor(a) ARMANDO RAMON HERRERA
CAMPO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6872425 quien actúa como
APODERADO., con ocasión de la(s) ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 29
de octubre de 2023”.
V. RESOLUCIÓN N° 07 fechada el cuatro (4) de noviembre de 2023, “Por medio de la cual se
resuelve la siguiente reclamación de mesa: MESA 1, PUESTO 12 LAS CRUCES, ZONA 99,
MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO CORDOBA (sic) CORPORACION (sic) ALCALDE,
CAUSAL(LES): “Diferencia mayor o igual al 10% entre los votos por las listas de candidatos
Artículo 164 del Código Electoral”, NUMERO (sic) DE RECLAMACION (sic): 7, presentada por
el(la) señor(a) MAURICIO COGOLLO GOMEZ (sic) identificado(a) con cédula de ciudadanía
No. 1068813734 quien actúa como APODERADO”. (transcripción original incluso con
errores).
3. Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:
5 En adelante CEM.
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1.3. Hechos
4. La parte demandante los relató así:
5. El 29 de octubre de 2023, se realizaron las elecciones locales en el municipio de Valencia,
en desarrollo del calendario electoral expedido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil6 a través de Resolución 28229 de 2022.
6. Mediante Resolución 12406 del 4 de octubre de 2023, el Consejo Nacional Electoral7
designó a Luis Augusto Maestre Daza y a Jesús María Carrillo Ballesteros como sus
delegados para los escrutinios del departamento de Córdoba.
7. De un lado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Córdoba eligió como clavero a
José Enrique Pascuales Cobo, quien es juez municipal y del otro, el alcalde de Valencia,
para ese entonces, por medio del Decreto 155 del 20 de octubre de 2023, delegó esa función
en Ingrid Patricia Colón Lora, asesora de control interno del municipio, quien, a su vez, es
cónyuge del apoderado del demandado. Como tercer clavero actuó el registrador municipal
de Valencia, Luis Eduardo Sánchez Romero, quien también fue designado como secretario
de la CEM.
8. La CEM estuvo integrada por Mario Elías Blanquicet Oviedo, abogado de profesión y
funcionario judicial, y Eliana Carolina Pacheco Vidal, auxiliar de protocolo de la Notaría Única
de ese municipio, sin ser profesional en derecho.
9. Con posterioridad a la jornada electoral en el municipio de Valencia, se advirtieron graves
irregularidades en el material electoral, que correspondieron a las mesas 03, 04, 20 y 23 del
puesto 00, zona 00, 01 del puesto 12, zona 99 y 01 puesto 13 de la zona 998, consistentes
en hechos de violencia o sabotaje que comprometieron la integridad de los documentos,
como también el quebrantamiento de la cadena de custodia.
10. Las anomalías fueron oportunamente puestas en conocimiento de la CEM, mediante la
presentación formal de reclamaciones y solicitudes de saneamiento de nulidad electoral,
dentro del término legal establecido para el efecto.
11. Las inconsistencias se resumen de la siguiente manera:
11.1. De la zona 00, puesto 00, mesa 03:
• El 3 de noviembre de 2023, a las 06:16 p.m., el apoderado de Jorge Luis Martínez Soto
presentó una solicitud de exclusión de votos y saneamiento de nulidad electoral. El
fundamento correspondió a que existió sabotaje del material electoral y pérdida de la cadena
de custodia, ya que al realizarse el escrutinio se observó que la bolsa blanca que contenía
los votos para alcalde estaba abierta. Esta situación generó dudas sobre la manipulación
indebida de los pliegos por parte de personas ajenas a la CEM.
11.2. De la zona 00, puesto 00, mesa 04:
6 En Adelante RNEC.
7 En adelante CNE.
8 Esta mesa no hizo parte de la fijación del litigio.
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• El 31 de octubre de 2023, a las 03:29 p.m., el apoderado del demandante presentó
reclamación electoral, con la que pretendió la exclusión de la votación para la elección de
alcalde, en razón a que la «carpeta» que contenía los votos se encontraba abierta. Además,
se relacionaron inconsistencias entre los formularios E-11 y E-14, así como el mal estado
(roto) del sobre.
• El 1° de noviembre de 2023, a las 3:55 p.m., con fundamento en el numeral 2. ° del artículo
275 del CPACA, el mismo representante solicitó la exclusión de los votos de esa mesa, en
atención a que se destruyeron dos votos, sin dejar constancia de ello en el formulario E-14,
como lo aseveró Karen Lorena Pérez González, jurado de esa mesa, a través de una
declaración juramentada.
• Asimismo, en ese memorial, se evidenció una irregularidad en el formulario E-10, donde
Francisco Javier Petro Guillén figuraba como votante, aunque bajo la gravedad del
juramento, el referido indicó que no ejerció su derecho al sufragio, debido a su condición de
salud. Este mismo hecho ocurrió con otros dos votantes que no acudieron realmente a las
urnas. Además, se detectó una discrepancia entre el total de sufragantes en el formulario E-
14 (288 votos) y el E-11 (285 votos).
• La CEM, por medio del auto de trámite 04 del 7 de noviembre de 2023, resolvió el asunto,
pero dicha decisión no fue notificada adecuadamente antes de finalizar el escrutinio, lo que
constituyó una vulneración al derecho al debido proceso9.
11.3. De la zona 00, puesto 00, mesa 20:
• La testigo de mesa Marbelys Pedroza Mangones solicitó el recuento de votos, pero los
jurados de mesa la negaron.
• Finalizado el escrutinio de mesa, exactamente, a las 7:52 p.m., los jurados entregaron al
delegado de puesto del registrador Municipal del Estado Civil de Valencia, los
correspondientes documentos electorales en mal estado. El sobre contenía las bolsas
blancas con los votos de las elecciones de Alcaldía y Concejo de ese municipio, Gobernación
y Asamblea Departamental de Córdoba.
• El formulario E-17 fue diligenciado sin observaciones, y no se registró la hora de recibido,
aunque se advirtió que los pliegos estaban en mal estado, hecho que fue anotado en el
Formulario E-20. En este contexto, se plantea que pudo haberse producido un sabotaje o
violencia sobre el material electoral antes de su ingreso al arca triclave.
• La CEM encontró que el material electoral estaba en mal estado, con una bolsa de votos
abierta. El apoderado de Martínez Soto solicitó su exclusión por sabotaje y pérdida de
cadena de custodia, conforme al artículo 275, numeral 2.° del CPACA.
• Por estos mismos hechos el apoderado del demandante presentó una solicitud de
saneamiento de nulidad.
11.4. De la zona 00, puesto 00, mesa 23:
• El 6 de noviembre de 2023, a las 11:15 a.m., el apoderado de Jorge Luis Martínez Soto
9 Esta decisión no fue demandada.
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presentó una solicitud de saneamiento de nulidad electoral. Expuso que el material electoral
estaba viciado por violencia o sabotaje y por la ruptura de la cadena de custodia,
específicamente en relación con el sobre blanco que contenía los votos para la alcaldía.
11.5. De la zona 99, puesto 12, mesa 01:
• El 4 de noviembre de 2023, a las 03:32 p.m., el abogado del demandante radicó una
solicitud de recuento de votos «por diferencia del diez por ciento (10%) entre lista de
candidatos pertenecientes al mismo partido político».
• Esa petición fue rechazada por la Subcomisión Escrutadora Municipal 2 de Valencia, por
medio de Resolución 07 de ese mismo día, con el argumento que no había inconsistencias
en los registros del formulario E-14 y que se realizó un recuento de votos para subsanar
errores. Frente a ello, se interpuso el recurso de apelación, que no fue tramitado
debidamente porque no se remitió a los delegados del CNE.
11.6. De la zona 99, puesto 13, mesa 01:
• Luego, ese mismo día, la parte actora pretendió un recuento de votos, en razón a que en
el formulario E-14 tenía una anotación de error aritmético, en la que se mencionó la
incineración de votos. Tras el recuento, se encontraron 97 votos a favor de Ángel Darío
Suárez, dos más que los indicados en el acta, y 89 votos para Jorge Luis Martínez, uno
menos que en el acta. Además, se avizoró que dos sufragios no estaban marcados, en lugar
de tres, como indicaba el acta.
11.7. De las recusaciones en contra de los claveros y escrutadores municipales
• El 1° de noviembre de 2023, en el transcurso de la audiencia pública de escrutinios
municipales, se presentaron recusaciones en contra de Mario Elías Blanquiceth Oviedo,
miembro de la Comisión Escrutadora e Ingrid Colón Lora, clavera de esa autoridad electoral.
Para el primero, los fundamentos atendieron a que tenía una amistad íntima con un
apoderado del demandado. Para la segunda, obedeció a que tenía vínculo matrimonial con
otro representante de Ángel Suárez Martínez.
• Al punto, estima el demandante que esas solicitudes no fueron resueltas y el efecto de
estas era que la actuación debía suspenderse hasta que no se adoptara una decisión sobre
el particular.
• La cuestión fue decidida por la CEM mediante Auto de trámite 01 del 1.º de noviembre de
2023, mediante el cual se rechazaron las reclamaciones mencionadas. La parte actora
considera que dicho acto presenta inconsistencias, toda vez que la secretaria de ese órgano
fue nombrada el 2 de noviembre de 2023 y asumió funciones a partir del 3 del mismo mes,
lo que genera dudas sobre la validez de la fecha de su firma.
11.8. De las aparentes irregularidades ocurridas en el escrutinio municipal
• Debido a que se presentó un incendio «de un cobertizo en las inmediaciones del escrutinio»
y la renuncia de Luis Eduardo Sánchez Romero, como secretario de esa comisión, el 2 de
noviembre de 2023, se suspendió la labor de la CEM.
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• El 3 de noviembre de 2023, se reanudaron las actividades con la presencia de la nueva
secretaria de la comisión, María Susana Rhenals Moreno, quien informó que se mantendría
la estructura de dos subcomisiones escrutadoras, una para la zona urbana y otra para la
rural, con el objetivo de agilizar el proceso. Sin embargo, se aclaró que solo existía una
Comisión Escrutadora Municipal conformada por Mario Elías Blanquiceth Oviedo, Eliana
Carolina Pacheco Vidal y María Susana Rhenals Moreno.
• Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó una inconsistencia entre la fecha de
reanudación del escrutinio consignada en el acta general de escrutinio10, ya que en el acta
parcial se indicó que el 3 de noviembre fue el momento efectivo de reanudación, mientras
que en la versión final se mencionó el 4 de noviembre, generando dudas sobre la exactitud
de la información contenida en el AGE.
12. De otra parte, la CEM expidió los siguientes actos de trámite:
12.1. Auto de trámite 02 del 6 de noviembre de 2023: mediante el cual se rechazó una
solicitud de saneamiento de nulidad correspondiente a la zona 00, puesto 00, mesa 23.
12.2. Auto de trámite 03 del 6 de noviembre de 2023: por medio del cual se rechazó una
solicitud de saneamiento de nulidad referente a la zona 00, puesto 00, mesa 03.
12.3. Auto de trámite 05 del 7 de noviembre de 2023: a través del cual se rechazó una
solicitud de saneamiento de nulidad referente a la zona 00, puesto 00, mesa 20.
13. El demandante trató de radicar recursos de apelación contra estos actos, sin embargo,
las autoridades electorales (Comisiones Escrutadoras Departamental y Municipal) no los
tramitaron, circunstancia que fue informada a la personería municipal de Valencia.
1.4. Normas violadas y concepto de la violación
14. La parte actora aseveró que la elección del demandado contraviene los artículos 29 y
265 de la Constitución Política, 275 numeral 2. ° del CPACA, 1 y 2 del Código Electoral11.
15. Para lo cual formuló los siguientes reparos:
1.4.1. Específicos
16. Se presentó violencia o sabotaje contra el material electoral en la zona 00, puesto 00,
mesas 03, 04, 20 y 23 del municipio de Valencia.
16.1. La incorporación al cómputo de votos afectados por estas maniobras ilegales y la
ruptura de la cadena de custodia configura una falsa motivación en el acto de elección, que
altera la transparencia y la autenticidad del sufragio. Por lo que es procedente excluir los
resultados de estas mesas.
16.2. Concretamente, en relación con la mesa 03, se evidenció la apertura no autorizada
del sobre verde de claveros que contenía las tarjetas para la alcaldía, lo cual fue advertido
durante el escrutinio adelantado por la CEM. Estos hechos son atribuibles a personas
extrañas a la organización electoral, además, los calificó como un acto de sabotaje, cuya
10 En adelante AGE.
11 En adelante CE
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consecuencia es que quebranta la cadena de custodia y compromete la autenticidad del
sufragio.
16.3. Respecto de la mesa 04, ocurrieron los mismos sucesos, siendo informados durante
la actuación administrativa electoral.
16.4. En lo que corresponde a la mesa 20, se presentó la ruptura del envoltorio que contenía
los sobres verdes de claveros correspondientes a las distintas corporaciones territoriales,
incluyendo el de alcalde, que a su vez se encontraba abierto. Circunstancia que fue calificada
no sólo como de sabotaje, sino también de violencia contra el material electoral.
16.5. Finalmente, en la mesa 23, se registró la apertura de los documentos electorales en
los que estaban los tarjetones para la alcaldía, lo cual fue registrado por la CEM y se atribuyó
a personas indeterminadas, ajenas al proceso electoral.
1.4.2. Genéricos
17. Se violó el debido proceso, en tanto:
17.1. No se resolvieron las recusaciones formuladas contra Ingrid Colón Lora, clavera
municipal y Mario Elías Blanquicet. El incumplimiento de este deber vicia la actuación surtida
dentro del escrutinio.
17.2. Mediante la Resolución 07 de 202312 y los autos de trámite referidos, la CEM cercenó
el derecho a la segunda instancia, al resolver reclamaciones sin permitir recurso alguno.
Esto vicia la validez del escrutinio, pues se impidió que el superior jerárquico conociera y
corrigiera los errores sustanciales evidenciados.
17.3. La secretaria de la CEM se negó reiteradamente a recibir y tramitar los recursos de
apelación en audiencia pública, respecto de las zonas 00, puesto 00, mesas 03, 04, 20 y 23
y 99, puesto 12, mesa 01 del municipio de Valencia. Esa negativa impidió la competencia
funcional de la Comisión Departamental de Córdoba13, que imposibilitó la revisión integral
del proceso.
17.4. La CEM rechazó dos recusaciones mediante Auto de Trámite 01 del 1.º de noviembre
de 2023, notificado el 7 del mismo mes. Sin embargo, el acto presenta inconsistencias, pues
fue suscrito por la secretaria ad hoc designada el 2 de noviembre, quien solo asumió
funciones el 3, lo que genera dudas sobre la validez de ese documento.
17.5. La Personería Municipal de Valencia no tramitó los recursos interpuestos ante dicha
dependencia, frustrando la intervención de la CED, lo que trajo consigo una falla en el
cumplimiento de la competencia residual prevista en el artículo 23 de la Ley 1437 de 2011.
17.6. La CED también incurrió en violación del debido proceso, sin que se adoptaran
medidas correctivas o de verificación de los escrutinios. Ese proceder comprometió la
legalidad del acto demandado.
17.7. La CEM cerró anticipadamente la audiencia de escrutinios el 7 de noviembre de 2023,
12 Anotó que con esta decisión se negó una solicitud de recuento de votos por diferencia del 10%, en relación
con la zona 99, puesto 12, mesa 01 de Valencia.
13 En adelante CED.
7
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antes de las 9:00 p.m., impidiendo el desarrollo pleno de la etapa procesal.
18. Se configuró falsa motivación en el formulario E–26 ALC, al basarse en decisiones
viciadas de nulidad y con desconocimiento del debido proceso, lo que invalida la declaratoria
de elección.
19. El acto impugnado fue expedido de forma irregular, sin el sustento legal, como
consecuencia de la actuación contraria a derecho de la CEM, es decir, se tuvieron en cuenta
escrutinios de mesas saboteadas.
1.5. Contestaciones de la demanda
1.5.1. Demandado14
20. A través de apoderado judicial, solicitó negar las pretensiones de la demanda con
respaldo en lo siguiente:
21. Puntualizó que las recusaciones presentadas contra la clavera Ingrid Colón Lora y el
escrutador Mario Elías Blanquicet Oviedo carecen de eficacia jurídica, dado que el vínculo
existente era entre dichos funcionarios y los apoderados de Ángel Darío Suárez Martínez,
mientras que el requisito normativo exige que dicho vínculo sea directamente con el
candidato. Además, conforme al artículo 192 del CE, las causales de reclamación son
taxativas y no se tipificaron esos motivos.
22. En todo caso, relató que la jurisprudencia15 de la Sección Quinta del Consejo de Estado
ha sostenido que el trámite de recusaciones e impedimentos no es aplicable en el
procedimiento de escrutinio, siendo la renuncia el único medio idóneo para apartarse del
cargo.
23. Sin perjuicio de lo dicho, aseveró que esas solicitudes fueron retiradas por quienes las
presentaron, sin objeción. El auto que resolvió lo actuado indicó expresamente que contra él
no procedía recurso alguno.
24. Afirmó que el sustento del demandante, frente a que se no decidieron las solicitudes de
saneamiento evidenciadas con el escrito inicial, no tiene algún respaldo probatorio, es más,
el AGE da cuenta de que todas las reclamaciones y peticiones se resolvieron.
25. Razonó que, aunque el CE somete ciertas peticiones a preclusión (como lo son las
reclamaciones y recuentos), las solicitudes de saneamiento de nulidad no están cobijadas
por este principio. Además, precisó que este mecanismo puede solicitarse en cualquier etapa
del escrutinio, pero no está previsto para revivir episodios ya superados.
1.5.2. CNE16
26. Su apoderado se opuso a las pretensiones del actor, con sustento en la inexistencia de
la causal de nulidad invocada en el artículo 275 del CPACA y en la ausencia de legitimación
14 Archivo: «018CONTESTACION_CONTESTACIONDEMANDA1» del expediente digital remitido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 22 de febrero de
2018. Rad.: 76001-23-33-000-2016-00261-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
16 Archivo: «015CONTESTACIONCONTESTACIONDEMANDA11PDF» del expediente digital remitido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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Demandantes: Jorge Luis Martínez Soto y otro
Demandado: Ángel Darío Suárez Martínez
alcalde de Valencia (Córdoba), periodo 2024 – 2027
Rad: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (Ppal.)
en la causa por pasiva por parte de dicha entidad.
27. Advirtió que las actuaciones impugnadas fueron adelantadas por la CEM, sin
intervención del CNE, cuya competencia se limita sólo a la supervisión general del proceso
electoral, sin facultades sobre la expedición de dicho acto.
28. Explicó que, para que la vinculación de esa autoridad sea procedente, debe demostrarse
conexidad entre sus actuaciones y los cargos formulados con el escrito introductorio, lo que
no ocurre en el presente caso, en función a que el CNE no participó en la expedición del
acto acusado, ni en los escrutinios cuestionados, por lo que solicita que su representada sea
desvinculada del proceso.
1.5.3. RNEC17
29. El abogado de la entidad pretendió que se nieguen las aspiraciones del demandante,
teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones:
30. Estimó que no se configuró sabotaje sobre el material electoral en la zona, 00, puesto
00, mesas 03, 04, 20 y 23, porque el mal estado de los sobres electorales pudo deberse al
constante movimiento y manipulación durante el proceso, sin que exista evidencia sobre la
intervención dolosa ni ruptura intencional de la cadena de custodia.
31. Argumentó que el arca triclave se encontraba permanentemente custodiada y solo pudo
ser abierta en audiencia pública por los tres claveros, lo cual garantizó la integridad de los
documentos electorales.
32. Comentó que las autoridades escrutadoras procedieron conforme a derecho, es decir,
realizaron un recuento oficioso, y no se evidenció que esta situación hubiese influido en el
resultado final, pues no se encontró alguna irregularidad, al mantenerse incólume la cadena
de custodia.
33. De otra parte, en lo que atañe a la zona 99, puesto 12, mesa 01, aseguró que también
existió un recuento de votos oficioso.
34. Esbozó que las recusaciones presentadas en contra de un clavero y un escrutador no
eran procedentes, pues los supuestos fácticos no se acompasan con los jurídicos, esto es,
las causales de impedimento, de manera que la falta de pronunciamiento no constituye
irregularidad.
35. Respecto de que no se concedieron recursos a las reclamaciones presentadas, expresó
que los autos de trámite por medio de los cuales se resolvieron las solicitudes de nulidad no
son susceptibles de recurso. Por ello, la negativa a permitir la apelación no configuró
violación del debido proceso.
36. Negó que se haya vulnerado el derecho a la segunda instancia, dado que no existen
constancias fehacientes de que se hubiesen presentado recursos formales y que estos
hubiesen sido negados arbitrariamente. Además, alegó que la actuación de la Secretaría de
la CEM se ajustó al procedimiento legal y no interfirió injustificadamente en su trámite.
17 Archivo: «016CONTESTACION_CONTESTACIONDEMANDA7» del expediente digital remitido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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37. Dedujo que la falta de intervención en las actuaciones por parte del Ministerio Público
no es imputable a la CEM, y por ende, no altera la legalidad del acto impugnado.
38. Frente a la censura sobre la finalización de la audiencia de las 9:00 p.m. del 7 de
noviembre de 2023, señaló que «en el Acta General de Escrutinios de la Comisión
Departamental, se observa que el 7/11/23 se cerró la audiencia a las 8:56:21 p.m por lo
tanto, no es cierto lo manifestado por el apoderado, frente a la imposibilidad de acceder al
escrutinio departamental».
39. Dijo que en este caso no existió falsa motivación y expedición irregular, porque la
elección fue declarada conforme a los resultados consolidados por las comisiones
escrutadoras dentro del marco legal. No se probó que los actos preparatorios acusados
carecieran de motivación suficiente ni que se hubiesen producido con base en hechos falsos
o ilegales.
40. Conforme a lo anterior, reiteró que la declaratoria de elección de Ángel Darío Suárez
Martínez goza de presunción de legalidad y debe mantenerse.
1.6. Demanda (proceso 2024-00035)
41. Jorge Eliécer Bula González, presentó demanda 18 en ejercicio del medio de control
consagrado en el artículo 139 del CPACA contra el acto cuestionado.
1.7. Pretensiones
42. Con el escrito, se pretende: 1) la nulidad del formulario E-26 ALC del 8 de noviembre de
2023, mediante el cual se declaró la elección de Ángel Darío Suárez Martínez como alcalde
de Valencia; 2) la cancelación de la respectiva credencial; 3) excluir los votos de los
ciudadanos que presuntamente incurrieron en trashumancia electoral; 4) aplicar el sistema
de distribución ponderada; 5) declarar como alcalde electo al demandante en esta causa, si
el nuevo resultado lo permite y 6) ordenar nuevo escrutinio si a ello hubiere lugar.
43. Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:
1.8. Hechos
44. El actor los resumió así:
45. Ángel Darío Suárez Martínez (Partido Alianza Social Independiente) y Jorge Luis
Martínez Soto (Partido Liberal Colombiano) fueron candidatos para la Alcaldía de Valencia,
en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
46. Con fundamento en unas consultas realizadas a las bases de datos oficiales del
SISBÉN, ADRES y del Censo Indígena, 444 ciudadanos que no residían en dicho municipio
sufragaron de manera irregular, lo cual constituye trashumancia electoral, en las mesas
relacionadas de la siguiente manera:
18 Radicada el 15 de enero de 2024, según da cuenta el auto admisorio de la demanda, que fue dirigida al
«correo electrónico administrado por el Despacho 01» del Tribunal Administrativo de Córdoba.
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Zona Puesto Nombre del Puesto Mesa Trashumantes
00 00 Cabecera Municipal 001 9
00 00 Cabecera Municipal 002 17
00 00 Cabecera Municipal 003 13
00 00 Cabecera Municipal 004 8
00 00 Cabecera Municipal 005 11
00 00 Cabecera Municipal 006 6
00 00 Cabecera Municipal 008 4
00 00 Cabecera Municipal 009 5
00 00 Cabecera Municipal 011 22
00 00 Cabecera Municipal 016 7
00 00 Cabecera Municipal 018 6
00 00 Cabecera Municipal 020 10
00 00 Cabecera Municipal 021 4
00 00 Cabecera Municipal 026 21
00 00 Cabecera Municipal 027 10
00 00 Cabecera Municipal 028 6
00 00 Cabecera Municipal 029 6
00 00 Cabecera Municipal 033 21
00 00 Cabecera Municipal 035 26
00 00 Cabecera Municipal 037 11
00 00 Cabecera Municipal 038 9
00 00 Cabecera Municipal 039 11
00 00 Cabecera Municipal 041 12
99 02 Jaraguay 001 2
99 02 Jaraguay 002 7
99 02 Jaraguay 004 6
99 03 Mata de Maíz 001 11
99 03 Mata de Maíz 002 14
99 05 Guadual Central 001 16
99 06 Guadual Central 002 13
99 06 Mieles 001 10
99 07 Mieles 002 12
99 07 Río Nuevo 001 10
99 07 Río Nuevo 002 29
99 07 Río Nuevo 003 4
99 08 Cocuelo Medio 001 6
99 09 Santo Domingo 001 9
99 09 Santo Domingo 002 2
99 12 Las Cruces 001 27
99 13 Manzanares 001 14
99 13 Manzanares 002 7
99 30 Las Nubes 001 4
47. El municipio de Valencia presenta antecedentes reiterados de trashumancia electoral
entre 2019 y 2023, sin que el CNE adoptara medidas al respecto.
48. La diferencia entre los dos candidatos fue de apenas 26 votos, lo que hace determinante
la incidencia de la irregularidad alegada.
1.9. Normas violadas y concepto de la violación
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49. El demandante invocó la causal prevista en el numeral 7. ° del artículo 275 del CPACA,
según la cual se configura la nulidad porque ciudadanos votaron en Valencia para las
elecciones territoriales del 2023, sin estar habilitados legalmente para hacerlo.
50. En concreto, explicó que la votación de personas, aptas para ello y sin residencia
comprobada en el municipio mencionado vulneró la validez del sufragio, circunstancia que
afectó el resultado de las elecciones.
51. Lo anterior, se sustenta en consultas realizadas a las bases de datos oficiales del
SISBÉN, ADRES y del Censo Indígena.
52. En consecuencia, solicitó la exclusión de estos registros electorales, su redistribución
mediante sistema ponderado y la eventual reconfiguración del acto de elección.
1.10. Contestaciones de la demanda
1.10.1. Demandado19
53. Por medio de representante judicial, propuso como excepciones de mérito las
denominadas «[i]nexistencia de inscripción irregular de cédulas trashumancia electoral» y
«[f]alta de pruebas que demuestren la inscripción irregular de cédulas trashumancia
electoral».
54. Sostuvo que no se configuró la trashumancia electoral, habida cuenta que los
ciudadanos que sufragaron en el municipio de Valencia, el 29 de octubre de 2023, estaban
debidamente habilitados conforme al censo electoral vigente, el cual presume la residencia.
Lo anterior, con fundamento en el hecho de que la autoridad electoral, en ejercicio de sus
funciones legales y constitucionales, realiza una depuración del censo, tanto de oficio, como
a solicitud de los ciudadanos, garantizando así su confiabilidad.
55. Adujo que el CNE expidió las resoluciones 6465 del 9 de agosto de 2023 y 9259 del 8
de septiembre de 2023, mediante las cuales efectuó cruces de información con diferentes
bases de datos oficiales (SISBÉN, ADRES, censo histórico, entre otros), con el fin de excluir
registros inconsistentes. Añadió que, tras dicho cotejo, las cédulas cuestionadas por el actor
no fueron eliminadas del censo, lo que evidenciaría la existencia de un nexo legítimo entre
esos ciudadanos y el municipio de Valencia.
56. Aseguró que la parte actora no allegó algún medio de prueba que desvirtúe la presunción
de residencia electoral consagrada en el artículo 4 de la Ley 163 de 1994. Indicó que el
demandante se limitó a formular apreciaciones subjetivas sobre la supuesta falta de vínculo
territorial de los ciudadanos cuestionados, sin demostrar que estos carecieran de arraigo,
domicilio, lugar de trabajo, estudio, negocios, contrato de arrendamiento, o cualquier otro
factor objetivo de conexión con la localidad en comento.
57. Asimismo, expresó que no se acreditó que las personas señaladas como trashumantes
hubieran votado efectivamente ni que su eventual inscripción tuviera impacto concreto en
las elecciones del 29 de octubre de 2023. De igual manera, objetó la pertinencia temporal
de las pruebas aportadas, ya que los registros en bases de datos fueron consultados en
enero de 2024, es decir, con posterioridad a la jornada electoral, lo que impide inferir con
19 Archivo: «017CONTESTACION_CONTESTACIONDEMANDAD» del expediente digital remitido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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certeza cuál era su lugar de residencia electoral al momento de la votación.
58. Finalmente, explicó que la mera constatación de registros administrativos en otros
municipios no basta para evidenciar la existencia de trashumancia, toda vez que la
jurisprudencia20 del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Córdoba ha reiterado
que la residencia electoral puede derivarse de múltiples elementos fácticos y jurídicos,
además del domicilio civil, tales como el ejercicio de una actividad profesional, la tenencia
de inmuebles, el lugar de habitación habitual, entre otros criterios objetivos que constituyen
un vínculo legítimo con el lugar de inscripción.
59. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda.
1.10.2. CNE21
60. Su representante pretende que se desestimen las aspiraciones de la parte actora, en
atención a lo siguiente:
61. Planteó que no existió inscripción irregular de cédulas, pues los ciudadanos habilitados
para votar residían electoralmente en el municipio de Valencia. Resaltó que el CNE,
mediante resoluciones 6465 y 9259 de 2023, realizó depuración del censo y no excluyó las
cédulas cuestionadas, lo que evidencia la existencia de vínculo con el municipio.
62. Analizó que el actor no aportó pruebas idóneas que acrediten que las cédulas
presuntamente trashumantes no tenían arraigo en Valencia. No se probó el lugar de
residencia real de los ciudadanos ni se desvirtuó su presunción legal (art. 4 Ley 163 de
1994).
63. Refutó la utilidad de las consultas a bases de datos, pues se realizaron de forma
posterior a los comicios, esto es, en enero de 2024, lo que permite inferir que esos
ciudadanos estaban inscritos válidamente en Valencia al momento de las elecciones.
64. Aclaró que el hecho que una persona figure en registros de otros municipios, por si solo,
no apunta a una trashumancia. La jurisprudencia22 ha establecido que el vínculo electoral
puede derivarse del domicilio, empleo, estudios, propiedades u otros factores que legitimen
la inscripción.
65. Puntualizó que no existe constancia de que los ciudadanos cuestionados hubieran
efectivamente votado, ni de que su posible irregularidad haya tenido incidencia determinante
sobre los resultados electorales del 29 de octubre de 2023.
1.10.3. RNEC23
66. La entidad afirmó no tener competencia ni material ni funcional para pronunciarse sobre
la procedencia de las pretensiones del medio de control electoral, por cuanto su función se
limita a la organización y logística de las elecciones, conforme al artículo 120 de la
20 Sin hacer mención a una determinada decisión.
21 Archivo: «015_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda» del expediente digital remitido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 25 de agosto de
2011. Rad.: 11001-03-28-000-2010-00039-00. M.P. Susana Buitrago Valencia.
23 Archivo: «015_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda» del expediente digital remitido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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Constitución Política, asimismo, no expide actos administrativos que incidan sobre la validez
del voto, la inhabilitación de candidatos o la determinación de trashumancia electoral, por lo
que solicitó su desvinculación del proceso.
67. En cuanto al fenómeno de la trashumancia electoral, destacó que el CNE es el único
órgano competente para declarar la inscripción irregular de cédulas, mediante el
procedimiento breve y sumario establecido en el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 y en los
actos reglamentarios que profiere. La RNEC únicamente cumple funciones de comunicación
y ejecución de las decisiones adoptadas por el CNE.
68. Resaltó que la residencia electoral se presume desde la inscripción en el censo, bajo la
gravedad del juramento (art. 4, Ley 163/94). Por tanto, corresponde al demandante
desvirtuarla. En este sentido, dijo que no basta con realizar consultas posteriores a las
elecciones (enero 2024) en bases de datos para probar que, al momento de inscribirse, el
ciudadano no residía en el municipio.
69. Expuso que no se probó que los supuestos ciudadanos trashumantes hayan votado
efectivamente, ni que hayan sido determinantes en el resultado electoral. Tampoco se
acreditó el vínculo de residencia en otro municipio distinto a Valencia por parte de dichos
ciudadanos, ni que se hubiesen inscrito en el periodo habilitado para las elecciones locales
de 2023.
70. Comentó que cumplió cabalmente con sus funciones legales, incluyendo la inscripción
de ciudadanos y candidatos, y la organización de la jornada electoral. En lo relativo a la
trashumancia, explicó que ejecutó correctamente la publicación de las resoluciones del CNE
en los plazos establecidos, sin tener participación en la determinación del fenómeno.
71. Con apoyo en jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado (sentencia
del 30 de enero de 2013, exp. 42610), relató que no cuenta con legitimación en la causa
material, en la medida en que su actuar que no tiene relación con los hechos que originaron
la controversia ni es el sujeto llamado a responder por los presuntos perjuicios derivados de
la trashumancia alegada.
1.10.4. Alberto Náder Galeano24
72. Dijo que conoce y respalda íntegramente el contenido de la demanda presentada contra
el acto que declaró la elección de Ángel Darío Suárez Martínez, al considerar que reúne las
condiciones de procedencia, pertinencia y oportunidad. La legitimidad de su respaldo se
fundamenta en las normas que regulan el sufragio válido a nivel local.
73. Advirtió el incumplimiento de las resoluciones expedidas por el CNE, sin detallarlas; a
juicio del coadyuvante, implica un quebranto del principio de legalidad.
74. Citó expresamente la sentencia del 27 de enero de 2022, exp. 2020-00010-02 (principal),
2020-00013-00 (acumulado), con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, en la cual
la Sección Quinta del Consejo de Estado reafirmó la procedencia de la nulidad electoral
frente a irregularidades sustanciales que afecten la voluntad popular.
1.11. Admisión de los medios de control
24Archivo: «021Agrega escrito_ilovepdf_merged20240» del expediente digital remitido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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alcalde de Valencia (Córdoba), periodo 2024 – 2027
Rad: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (Ppal.)
75. En el proceso 2024-00018: Mediante auto del 19 de enero de 2024, el Tribunal
Administrativo de Córdoba corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión
provisional de los actos acusados. El 5 de febrero de ese mismo año, admitió la demanda y
negó25 la cautelar26.
76. En el proceso 2024-00035: con proveído del 23 de febrero de 2024, la primera instancia
admitió la demanda.
77. Los expedientes fueron acumulados a través de providencia del 27 de mayo de 2024.
1.12. Fijación del litigio27
78. En la audiencia inicial realizada el 24 de junio de 2024, se fijó el litigio en los siguientes
términos:
«4.1. Radicado 2024-18 (Sabotaje)
Determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor Ángel Darío Suárez
Martínez, alcalde del municipio de Valencia para el periodo constitucional 2024-2027, contenido
en el formulario E-26 ALC del 8 de noviembre de 2023, con fundamento en los siguientes
cargos:
i) Haberse ejercido violencia o sabotaje contra el material electoral de la Zona 00, Puesto 00,
mesas 03, 04, 20 y 23 del Municipio de Valencia, Departamento de Córdoba,
ii) Existir violación al debido proceso en sede administrativa atribuible a los claveros e
integrantes de la comisión escrutadora municipal de Valencia,
iii) Por falsa motivación en razón a la violación flagrante y sistémica del debido proceso en sede
administrativa por la comisión escrutadora del municipio de Valencia, y
iv) Haberse expedido irregularmente los actos acusados por violarse preceptos
constitucionales y legales en que debió fundarse dada la actuación irregular de los integrantes
de la comisión escrutadora municipal de Valencia.
El Tribunal deberá establecer si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos
expedidos por la Comisión Escrutadora Municipal de Valencia que a continuación se
relacionan, por violación al debido proceso, al negar los planteamientos de saneamiento de
nulidad electoral respecto de la zona 00, puesto 00, mesas 03, 04, 20 y 23, y la reclamación de
recuento de votos por diferencia injustificada del 10% referente a la zona 99, puesto 12, mesa
01, presentadas por los apoderados y testigos debidamente acreditados (E-16), que fueron
puestas a consideración de la autoridad electoral luego de advertirse algunas irregularidades
e inconsistencias en el proceso de escrutinio. Los actos de trámite cuestionados son los
siguientes:
• Auto de trámite Nº 01 adiado 1 de noviembre de 2023 “Por medio del cual se resuelve la
solicitud presentada ante la comisión escrutadora con respecto a la MESA 4, PUESTO
25 La primera instancia concluyó que no se cumplieron los requisitos para decretar la medida cautelar, toda vez
que el actor no allegó argumentos ni pruebas suficientes que justifiquen su procedencia, limitándose a enunciar
calificativos y afirmaciones genéricas sobre la supuesta ilegalidad del acto de elección acusado, sin sustentar
de forma concreta las razones por las cuales debería suspenderse provisionalmente el mismo. En todo caso,
frente a dicha determinación, se advierte que el recurso de apelación fue concedido únicamente mediante el
auto del 3 de julio de 2024, dado que solo hasta la audiencia inicial del 24 de junio de 2024 se tuvo conocimiento
de su presentación.
26 El 13 de agosto de 2024, en sala unitaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se rechazó el recurso
de apelación presentado por la parte actora contra esa determinación, debido a que fue radicado de manera
extemporánea.
27 Archivo «056Acta de audienc_ACTAAUDIENCIAINICIAL» del expediente digital remitido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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Demandado: Ángel Darío Suárez Martínez
alcalde de Valencia (Córdoba), periodo 2024 – 2027
Rad: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (Ppal.)
CABECERA MUNICIPAL, ZONA 00, MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO CORDOBA
(sic) – CORPORACIÓN (sic) ALCALDE. CAUSAL(LES): Otros NUMERO (sic) RECLAMACION
(sic): 4, presentada por el(la) señor(a) ARMANDO RAMON HERRERA CAMPO identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 6872425 quien actúa como APODERADO, con ocasión de la(s)
ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 29 de octubre de 2023”.
• Auto de trámite Nº 02 adiado 6 de noviembre de 2023 “Por medio del cual se resuelve la
solicitud presentada ante la comisión escrutadora con respecto a la MESA 23, PUESTO
CABECERA MUNICIPAL, ZONA 00, MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO CORDOBA
(sic) – CORPORACION (sic) ALCALDE. CAUSAL(LES): Otros NUMERO (sic) DE
RECLAMACION (sic): 10, presentada por el(la) señor(a) ARMANDO RAMON HERRERA
CAMPO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6872425 quien actúa como
APODERADO., con ocasión de la(s) ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 29
de octubre de 2023”
• Auto de trámite Nº 03 adiado 6 de noviembre de 2023 “Por medio del cual se resuelve la
solicitud presentada ante la comisión escrutadora con respecto a la MESA 3, PUESTO
CABECERA MUNICIPAL, ZONA 00, MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO CORDOBA
(sic) - CORPORACIÓN ALCALDE. CAUSAL(LES): Otros NUMERO (sic) RECLAMACION (sic)
presentada por el(la) señor(a) ARMANDO RAMON HERRERA CAMPO identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 6872425 quien actúa como APODERADO, con ocasión de la(s)
ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 29 de octubre de 2023”.
• Auto de trámite Nº 05 adiado 7 de noviembre de 2023 “Por medio del cual se resuelve la
solicitud presentada ante la comisión escrutadora con respecto a la MESA 20, PUESTO
CABECERA MUNICIPAL, ZONA 00, MUNICIPIO VALENCIA, DEPARTAMENTO CORDOBA
(sic) – CORPORACION (sic) ALCALDE. CAUSAL(LES): Otros NUMERO (sic) DE
RECLAMACION (sic): 3, presentada por el(la) señor(a) ARMANDO RAMON HERRERA
CAMPO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6872425 quien actúa como
APODERADO., con ocasión de la(s) ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES del 29
de octubre de 2023”.
• Resolución Nº 07 de calenda 4 de noviembre de 2023 “Por medio de la cual se resuelve la
siguiente reclamación de mesa: MESA 1, PUESTO 12 LAS CRUCES, ZONA 99, MUNICIPIO
VALENCIA, DEPARTAMENTO CORDOBA (sic) CORPORACION )sic) ALCALDE,
CAUSAL(LES): “Diferencia mayor o igual al 10% entre los votos por las listas de candidatos
Artículo 164 del Código Electoral”, NUMERO (sic) DE RECLAMACION (sic): 7, presentada por
el(la) señor(a) MAURICIO COGOLLO GOMEZ (sic) identificado(a) con cédula de ciudadanía
No. 1068813734 quien actúa como APODERADO”.
En caso de prosperar los cargos anulatorios, determinar si hay lugar a ordenar la realización
de un nuevo escrutinio con exclusión de las mesas 03, 04, 20 y 23 de la zona 00, puesto 00
por violación al debido proceso administrativo, por violencia o sabotaje, además de la pérdida
de la cadena de custodia que debió haber sido garantizada por la organización electoral, y si
hay lugar a excluir la zona 99, puesto 12, mesa 01 por violación al debido proceso
administrativo.
De no ser posible la realización de nuevo escrutinio, establecer la procedencia de ordenar la
realización de nuevos comicios por lo que resta de periodo constitucional 2024-2027.
Igualmente, se debe analizar la prosperidad o no de las excepciones propuestas por los
demandados.
(…)
4.2. FIJACIÓN DEL LITIGIO - Radicado 2024-35 (Trashumancia):
Determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor Ángel Darío Suárez
Martínez, alcalde del municipio de Valencia para el periodo constitucional 2024-2027, contenido
en el formulario E-26 ALC del 8 de noviembre de 2023, por haberse incurrido en trashumancia
electoral, o si, por el contrario, el acto demandado debe mantenerse incólume por no
configurarse la causal de anulación invocada por el actor.
Según el demandante votaron 444 ciudadanos no residentes en la circunscripción territorial
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Demandado: Ángel Darío Suárez Martínez
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que comprende el municipio de Valencia con incidencia ilegal en el resultado de la elección,
por ende, se incurrió en la causal de anulación del numeral 7 del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011.
De acreditarse el cargo atribuido, el Tribunal deberá establecer si hay lugar a la cancelación de
la credencial del señor Ángel Darío Suárez Martínez, y, en consecuencia, declarar electo al
señor Jorge Luis Martínez Soto por tratarse del candidato que obtuvo la mayoría de los votos
válidos, después de excluirse los votos de los ciudadanos no residentes en el municipio de
Valencia.
La Colegiatura deberá analizar igualmente la prosperidad o no de las excepciones propuestas
por los demandados». (Negrillas en el texto y transcripción original incluso con errores).
1.13. Sentencia de primera instancia28
79. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, por medio de fallo del
30 de enero de 2025, declaró probada la excepción de falta en la legitimación en la causa
propuesta por la RNEC y el CNE, y negó las pretensiones de las demandas de nulidad de la
elección de Ángel Darío Suárez Martínez, como alcalde de Valencia, con fundamento en lo
siguiente:
80. Realizó un marco teórico sobre la actuación administrativa electoral, las causales
especiales de nulidad por sabotaje, violencia y trashumancia, así como las genéricas de
falsa motivación e infracción de norma en que debía fundarse el acto.
81. Frente al caso concreto, llegó a las conclusiones que se detallan:
82. Cargo de «haberse ejercido violencia o sabotaje contra el material electoral de la Zona
00, Puesto 00, mesas 03, 04, 20 y 23 del municipio de Valencia, Departamento de Córdoba»:
82.1. Las conductas señaladas por el actor no encuadran en las causales de nulidad de
violencia o sabotaje. En relación con la primera, no obra prueba en el expediente que
demuestre la existencia de una acción de terceros que, mediante fuerza física o psicológica,
haya tenido como objetivo influir en los resultados electorales respecto de las mesas 03, 04,
20 y 23 de la Zona 00, Puesto 00.
82.2. Tampoco se acreditó la concurrencia de situaciones que puedan subsumirse en
sabotaje, entendido este como una conducta secreta y premeditada destinada a alterar el
proceso electoral.
82.3. En cuanto al estado del material electoral, solo en la mesa 20 se consignó en el
formulario E–17 que los pliegos fueron recibidos en mal estado, lo que, por sí solo, resulta
insuficiente para enervar una causal de nulidad. Ello, especialmente, si se tiene en cuenta
que se realizaron recuentos de votos tanto a solicitud de parte como de oficio, sin advertirse
irregularidades que comprometieran la validez del resultado electoral.
82.4. De igual forma, se surtieron en sede administrativa los mecanismos de reclamación y
solicitudes de saneamiento, los cuales no prosperaron.
82.5. Por otro lado, las fotografías allegadas al proceso no constituyen prueba suficiente para
demostrar el reproche invocado, pues no permiten identificar con certeza el contexto
28 Archivo «142Sentencia_SentenciaNulidadelec» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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temporal, espacial ni la relación con los hechos que se pretenden acreditar
82.6. Su contenido corresponde al siguiente:
«(…)
(…)».
82.7. En virtud de lo anterior, no se probó que se haya ejercido violencia o sabotaje sobre
las mesas cuestionadas o sobre las personas involucradas en el proceso de escrutinio.
82.8. En todo caso, las imágenes incluidas en la carpeta titulada «Anexos 2» no fueron
consideradas prueba válida, toda vez que no se acreditó su procedencia y, además, fueron
expresamente objetadas por la parte demandada.
82.9. Asimismo, al no configurarse la causal alegada, se descartaron los argumentos que
apuntan a que los actos de trámite demandados hayan sido proferidos con falsa motivación,
de forma irregular o con desconocimiento de las normas en que debieron fundarse.
83. Cargo de «violación al debido proceso en sede administrativa atribuible a los claveros e
integrantes de la comisión escrutadora municipal de Valencia»:
83.1. No encontró acreditada la vulneración a la prerrogativa invocada, porque se verificó
que la solicitud de recusación fue rechazada el 1° de noviembre de 2023 por la CEM, con
base en el artículo 151 del Código Electoral. En dicho acto administrativo se dejó constancia
expresa de que esas peticiones fueron retiradas por quienes las formularon.
83.2. Adicionalmente, en materia electoral la única causal válida de recusación es la
existencia de parentesco o relación de afinidad con alguno de los candidatos. Por tanto,
cualquier otra circunstancia carece de efectos jurídicos para estructurar un apartamiento.
83.3. Asimismo, se reiteró que este tipo de trámite, en el contexto electoral, debe cursarse
como una reclamación, en los términos previstos en los artículos 193 y siguientes del CE, y
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no conforme a los procedimientos contemplados en el CPACA ni en el Código General del
Proceso. Por lo tanto, el reproche se despachó desfavorablemente.
84. Cargo de «violación al debido proceso en sede administrativa por parte de la Comisión
Escrutadora Municipal de Valencia, respecto de las solicitudes de saneamiento de nulidad
relacionadas con las mesas 03, 04, 20 y 23 de la zona 00, puesto 00»:
84.1. Se constató que en los autos de trámite que resolvieron reclamaciones en esas
mesas, se dejó constancia de la improcedencia del recurso de apelación; no obstante, el
apoderado del demandante (2024-00018) interpuso los recursos correspondientes ante la
CED, quien, en aplicación del principio de preclusividad, resolvió rechazarlos por
extemporáneos.
84.2. Así las cosas, no se vulneró el derecho a la segunda instancia, dado que las
actuaciones fueron tramitadas conforme a derecho, y lo alegado por el actor corresponde a
una mera inconformidad frente a decisiones que le resultaron adversas.
84.3. Por ende, el cargo formulado careció de sustento para prosperar.
85. Cargo de «[p]or falsa motivación en la expedición del acto administrativo [f]ormulario E-
26 ALC, calendado 8 de noviembre de 2023, en razón a la violación flagrante y sistémica del
debido proceso en sede administrativa por la comisión escrutadora del municipio de
Valencia»29:
85.1. Este argumento fue descartado, dado que ya se negado la ocurrencia de las causales
de violencia y sabotaje.
86. Cargo de «[h]aberse expedido irregularmente los actos acusados por violarse preceptos
constitucionales y legales en que debió fundarse dada la actuación irregular de los
integrantes de la comisión escrutadora municipal de Valencia»30:
86.1. Se observó que el demandante reiteró argumentos sustentados en apreciaciones
jurídicas de carácter subjetivo, orientadas a fundamentar la anulación por expedición
irregular, con base en una presunta actuación indebida de los miembros de la CEM. Sin
embargo, esas afirmaciones no se encuentran demostradas dentro del expediente. En
consecuencia, no se acreditó el supuesto cuestionado.
87. Cargo de trashumancia electoral:
87.1. Señaló que, para que prospere el cargo de trashumancia electoral, deben acreditarse
tres elementos: (i) la inscripción de personas no residentes en el municipio; (ii) su
participación efectiva en la votación; y (iii) la incidencia determinante de esos votos en el
resultado electoral.
87.2. No obstante, el actor solo allegó como prueba consultas en bases de datos del
29 El cargo propuesto por el demandante se fundamenta en la supuesta existencia de violencia o sabotaje sobre
el material electoral utilizado en las mesas 03, 04, 20 y 23 de la zona 00, puesto 00, afirmando que dicha
situación contaminó el proceso y condujo a la expedición del Formulario E–26 ALC con falsa motivación.
30 El cargo formulado por el demandante se fundamenta en la supuesta violación sistemática de las normas
aplicables por parte de los integrantes de la Comisión Escrutadora Municipal, al no haber tramitado las
reclamaciones y solicitudes de saneamiento de nulidad mediante resoluciones susceptibles de recurso de
apelación.
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SISBÉN, ADRES y el Censo Indígena, acompañadas de un cuadro comparativo con 444
registros. Tales elementos no son suficientes para desvirtuar la presunción de residencia
electoral.
87.3. De ahí que la carga probatoria prevista en el artículo 167 del CGP exige demostrar de
forma fehaciente la carencia de residencia efectiva, lo cual no se satisfizo.
87.4. Además, en el expediente también obran actos del CNE mediante los cuales se
depuró el censo electoral previo a los comicios, evidenciando el ejercicio preventivo de
control contra la trashumancia.
87.5. Por tanto, la causal alegada no tiene vocación de prosperidad.
1.14. Los recursos de apelación
1.14.1. Jorge Luis Martínez Soto – demandante (2024-00018)31
88. Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandada solicitó que se revocara la
sentencia del 30 de enero de 2025. En efecto, presentó los siguientes argumentos:
89. Los autos de trámite proferidos por la CEM, mediante los cuales se resolvieron
reclamaciones y solicitudes de nulidad electoral, son actos administrativos que sí permiten
la interposición del recurso de apelación. Su rechazo, con fundamento en su presunta
improcedencia o extemporaneidad, constituye una denegación injustificada del derecho a la
doble instancia, vulnerando así el debido proceso establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política.
90. Los sobres de claveros de varias mesas fueron recibidos en mal estado o abiertos, lo
cual rompe la cadena de custodia del material electoral. Conforme al artículo 275, numeral
2.° del CPACA, estos hechos podrían configurar sabotaje si alteran la autenticidad de los
resultados electorales. A juicio del apelante, estas irregularidades no fueron valoradas de
forma adecuada, omitiendo las garantías mínimas de seguridad que protegen la expresión
libre del sufragio.
91. Exactamente, el motivo objeto de apelación versa sobre el quebrantamiento de la
cadena de custodia del material electoral correspondiente a la mesa 20, zona 00, puesto 00,
lo cual compromete la legitimidad del acto de elección. En su parecer, dicha ruptura quedó
acreditada con la evidencia documental obrante en los formularios E-17, E-19 y E-20, los
cuales registran que el sobre fue recibido en mal estado.
92. El apelante afirmó que la contaminación del material ocurrió durante su traslado, en un
momento comprendido entre la entrega de la mesa por parte de los jurados y su recepción
por el auxiliar de la RNEC, lo cual evidencia un procedimiento defectuoso de la Organización
Electoral. Explica que el evento vulnera los protocolos establecidos en la Resolución 4173
de 2016 y las Circulares 112 de 2016 y 042 de 2018, entre otras disposiciones normativas
sobre cadena de custodia, lo que a su juicio demuestra el incumplimiento de los
procedimientos legales y reglamentarios por parte de la RNEC.
93. Para sustentar su dicho, el recurrente critica que las fotografías aportadas, que exhiben
31 Archivo «145_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION» del expediente digital remitido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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sobres abiertos y material electoral con presuntos signos de manipulación, fueron
descartadas sin un análisis técnico ni pericial que valorara su origen, contenido y contexto
temporal. En su criterio, esta omisión contraviene el principio de valoración integral de la
prueba.
94. En ese sentido, se reiteró la existencia de sobres abiertos, en mal estado o con
manipulación visible, que constituyen un indicio relevante de sabotaje, figura que no exige
necesariamente violencia física, sino la alteración secreta, dolosa o fraudulenta del proceso
electoral. De ahí que los hechos alegados ameritaban una investigación y resolución
sustancial por parte de las autoridades escrutadoras y no una desestimación formal sin
motivación suficiente.
95. De igual modo, tal irregularidad influyó de manera determinante en el resultado electoral,
pues de haberse excluido la mesa afectada en sede de escrutinio, que corresponde a la
mesa 020, puesto 00, zona 00, como se solicitó oportunamente, no se habría expedido
válidamente el acta de elección del alcalde contenida en el Formulario E-26 ALC, cuya
nulidad solicitó.
96. Se violó el debido proceso en sede de escrutinio municipal, porque la CEM vulneró de
forma reiterada los derechos fundamentales de defensa, audiencia, contradicción y segunda
instancia. Ello se debió a que se resolvieron las reclamaciones y solicitudes de saneamiento
de nulidad mediante autos de trámite no susceptibles de recurso, contrariando lo dispuesto
en el CE, en el artículo 4 de la Resolución 1706 de 2019 del CNE y en un instructivo de la
RNEC (SICE). Esa normativa exige que las reclamaciones se resuelvan mediante decisiones
que aseguren el ejercicio del recurso de apelación, en este caso, la CED.
97. No se permitió acceder a la apelación en los escrutinios, debido a que el apoderado del
demandante los interpuso, los cuales fueron rechazados por la CED por improcedentes. Esta
conducta impidió el acceso a la segunda instancia y configuró una barrera a la función de
control de los delegados del CNE.
98. Además, que el instructivo oficial SICE 2023 de la RNEC, en sus apartados 4.3.1 a
4.3.3, establece expresamente que las reclamaciones deben resolverse por resolución y que
las decisiones deben ser susceptibles de recurso de apelación. Al respecto, la CEM
desconoció tales directrices, al declarar que no era posible el uso de recursos.
99. La CEM declaró la elección el 8 de noviembre de 2023, antes de vencer el término de
un día hábil posterior a la notificación de los autos de trámite (efectuada el 7 de noviembre
de 2023). Esta actuación desconoció el parágrafo del artículo 4° de la Resolución 1706 de
2019 (CNE), lo que constituye una infracción al término legal previsto para presentar
reclamaciones y recursos.
100. La recusación formulada contra un clavero no fue tramitada conforme al procedimiento
legal, a saber, el asunto debió resolverse mediante resolución susceptible de recurso de
apelación, la notificación tardía de la decisión afectó el debido proceso del demandado y la
subcomisión fue integrada por designación de un escrutador recusado y actuó una
funcionaria impedida. Ello configuró una omisión sustancial que vulneró el debido proceso y
desnaturalizó las garantías de imparcialidad e independencia en el desarrollo del escrutinio.
101. La secretaria de la CEM firmó el Auto de Trámite 01 del 1º de noviembre de 2023 con
fecha anterior a su posesión, lo que lo convierte, al menos, en un acto inválido por falta de
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competencia temporal, ya que para ese momento aún no había sido nombrada oficialmente.
102. La reclamación (zona 99, Puesto 12, Mesa 01) por diferencia superior al 10%,
sustentada en el artículo 166 del Código Electoral, fue resuelta mediante auto de trámite sin
posibilidad de apelación, contrariando el procedimiento legal y vulnerando los derechos del
candidato afectado.
103. Bajo estos argumentos, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y declarar la
nulidad del acto de elección.
1.14.1. Jorge Eliecer Bula González – demandante (2024-00035)32
104. El actor apeló la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, para lo
cual, esbozó la siguiente defensa:
105. Se acreditó la inscripción y posterior votación de 444 ciudadanos no residentes en la
circunscripción electoral de Valencia, cuya consecuencia fue distorsionar el resultado de la
elección.
106. El fallo de primera instancia incurrió en errores de valoración probatoria al desconocer
la fuerza indiciaria de los registros oficiales obtenidos a través de cruces con bases de datos
del SISBÉN, la ADRES y el censo indígena, conforme a lo previsto en la Resolución 2857
de 2018 del CNE. Dichos elementos constituían prueba válida para inferir la falta de arraigo
de los supuestos votantes.
107. El análisis de las pruebas debió considerar el carácter de negación indefinida del hecho
a demostrar la no residencia de los votantes, lo cual imponía una inversión de la carga
probatoria al demandado para acreditar su residencia electoral, conforme a la tesis que versa
sobre quién se encuentra en mejor posición para probar.
108. El juez contencioso electoral tiene plena competencia para valorar la prueba de
trashumancia en sede judicial, sin necesidad de que medie una decisión previa del CNE.
109. Se cuestionó que el fallo no hubiera abordado la existencia de una trashumancia
histórica, evidenciada por la persistencia de múltiples inscripciones irregulares previamente
depuradas por el CNE mediante las resoluciones 6465 y 9259 de 2023, con lo cual se ignoró
el carácter sistemático del fenómeno en el municipio.
110. En ese sentido, el demandado no presentó elementos probatorios para desvirtuar los
indicios presentados; como certificaciones de residencia, constancias laborales, contratos o
facturas de servicios públicos, que permitieran acreditar un vínculo legítimo con el municipio
de Valencia.
111. Con base en lo anterior, el apelante solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E-26 ALC,
al haberse verificado la configuración de la causal de nulidad electoral consagrada en el
artículo 275 numeral 7. ° del CPACA.
32 Archivo «144Recepcionrecur_Recurso5pdf» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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1.15. Actuación procesal en segunda instancia
112. Mediante auto del 7 de marzo de 2025, el magistrado ponente de la Sección Quinta del
Consejo de Estado: (i) admitió los recursos de la parte actora; (ii) ordenó a la Secretaría de
la Sección que los pusieran a disposición del demandado por el término de 3 días; (iii)
determinó que vencido el plazo anterior, permaneciera el expediente en la Secretaría de
Sección por otros 3 días para que las partes presentaran alegatos de conclusión y (iv) luego,
para que el Ministerio Público rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.
1.16. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.16.1. Jorge Luis Martínez Soto – demandante (2024-00018)
113. La parte actora reiteró los argumentos propuestos con la alzada, por lo que solicitó
declarar la nulidad del acto de elección del alcalde de Valencia, aduciendo múltiples
irregularidades en el procedimiento de escrutinio y en el tratamiento de las reclamaciones
formuladas en sede administrativa.
114. Insistió en la ruptura de la cadena de custodia del material electoral en la mesa 20,
zona 00, puesto 00, conforme a lo consignado en los formularios E-17, E-19 y E-20, en los
cuales se indicó que dichos pliegos fueron recibidos en mal estado. Sostuvo que esta
situación compromete la integridad del proceso electoral.
115. Alegó la existencia de una práctica sistemática y reiterada de vulneración al debido
proceso en sede del escrutinio municipal. Particularmente, criticó que las reclamaciones y
solicitudes de saneamiento de nulidad no fueran resueltas mediante resoluciones motivadas
y susceptibles de apelación, como lo exige el CE y la Resolución 1706 de 2019 del CNE,
sino a través de autos de trámite, sin la procedencia de recurso.
116. Relató que la CEM incurrió en actuaciones que coartan la competencia funcional de la
CED, al impedir el trámite de los recursos de apelación interpuestos oportunamente.
117. Reiteró que hubo una falta de aplicación de lo previsto en el Instructivo SICE de la
RNEC, que establece que las reclamaciones deben resolverse mediante acto susceptible de
apelación, siendo el superior jerárquico quien debe evaluar su procedencia.
118. Finalmente, argumentó que la elección del demandado fue declarada antes de
cumplirse el término legal de interposición de recursos, en contravención a los plazos
establecidos por el artículo 4 de la Resolución 1706 de 2019 del CNE.
1.16.2. Demandado
119. La defensa elaboró los siguientes argumentos:
120. No se configuraron los elementos fácticos ni probatorios que sustenten la causal del
numeral 2. ° del artículo 275 del CPACA. En ese sentido, afirmó que no existen pruebas de
actos violentos o sabotajes sobre el material electoral, siendo insuficientes las fotografías
aportadas, que fueron además tachadas de falsas. Se resaltó la ausencia del uso de fuerza
física o psicológica y se aclaró que cualquier daño o deterioro en sobres pudo derivarse del
traslado de materiales y no de actos subversivos.
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121. El acto demandado fue expedido conforme a las normas que rigen la materia, sin
incurrir en irregularidad alguna, por lo que las recusaciones interpuestas carecían de trámite,
por no tener procedimiento expreso en la legislación electoral. Además, indicó que las
decisiones que las resolvieron fueron adoptadas mediante auto no susceptible de recurso y
que ello no vulneró el debido proceso ni afectó la validez del acto.
122. No existió elemento alguno que evidencie que la CEM actuó con motivaciones ajenas
al derecho. Por el contrario, el acto fue debidamente sustentado en el acta general de
escrutinios y en la verificación de los formularios E10 y E11, así como en el recuento de
votos realizado en cada caso.
123. Todas las solicitudes fueron resueltas en tiempo y forma, mediante autos de trámite no
apelables, conforme al CE. En particular, se despacharon solicitudes de saneamiento y de
recuento del 10% entre elecciones uninominales y de corporaciones, las cuales se
consideraron improcedentes, por no ser comparables en su naturaleza jurídica y estar
reguladas por distintos artículos del CE.
124. Respecto de la supuesta inscripción irregular de 444 cédulas, no se desvirtuó la
presunción de residencia electoral consagrada en el artículo 4° de la Ley 163 de 1994. Las
pruebas aportadas por el actor (consultas en bases de datos) son extemporáneas e
insuficientes. Además, se señaló que el actor no probó en qué otro municipio residían
realmente los presuntos trashumantes.
125. Con fundamento en lo expuesto, se solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
1.17. Concepto del Ministerio Público
126. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.
127. Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia de
las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de nulidad que afecte la
actuación, procede la Sala a resolver, previas las siguientes:
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
128. La Sala es competente para resolver los recursos de apelación presentados contra la
sentencia con la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, negó
la nulidad de la elección de Ángel Darío Suárez Martínez, como alcalde del municipio de
Valencia (Córdoba), periodo 2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15033, 152 numeral 7.a34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
33 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. (…) <inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en
el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
34«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86.
El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los
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Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación35.
2.2. Los actos acusados
129. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a la elección
de Ángel Darío Suárez Martínez, alcalde de Valencia, periodo 2024-2027, contenida en el
formulario E-26 ALC del 7 de noviembre de 2023.
130. También se procura la anulación de los siguientes actos preparatorios:
Acto administrativo Zona Puesto Mesa
Auto de trámite 03 del 6 de noviembre de 2023 00 00 003
Auto de trámite 01 del 1° de noviembre de 2023 00 00 004
Auto de trámite 05 del 7 de noviembre de 2023 00 00 020
Auto de trámite 02 del 6 de noviembre de 2023 00 00 023
Resolución 07 del 4 de noviembre de 2023 99 12 01
2.3. Cuestiones previas
131. Con la impugnación, el actor del proceso 2024-00018 pretende que se revoque la
sentencia de primera instancia con fundamento, entre otros argumentos, en que:
i) La recusación presentada contra la clavera Ingrid Patricia Colón Lora, quien tenía la
obligación de declararse impedida, pero no lo hizo, se resolvió indebidamente mediante un
auto de trámite no susceptible de apelación. Además, la decisión fue notificada con una
demora injustificada de seis días, lo que afectó el debido proceso del candidato demandante.
ii) La subcomisión escrutadora que resolvió esa solicitud estuvo integrada por miembros que
fueron designados por un escrutador municipal recusado y que la citada funcionaria ejerció
funciones por varios días estando impedida, hechos que comprometen la legitimidad del
proceso y la validez del acto electoral36.
iii) Se revise la legalidad de las decisiones adoptadas en el escrutinio de la zona 99, puesto
13, mesa 001.
132. A su vez, el demandante del proceso 2024-00035 sostuvo que debe hacerse un estudio
desde la perspectiva de la trashumancia histórica37.
miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración (…)».
(Subrayado fuera del texto original)
35 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
36 Con fines ilustrativos, se aclara que con la demanda se propuso que esa funcionaria no se declaró impedida
ni tramitó la recusación conforme al procedimiento establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, lo que
implicaba la suspensión inmediata del escrutinio hasta que la Comisión Escrutadora Departamental resolviera
el asunto. En cambio, la recusación fue indebidamente remitida y decidida por la Subcomisión Escrutadora
Municipal 2, sin competencia legal para ello. Además, el auto que resolvió la recusación presentó
inconsistencias de fecha, suscripción y trámite. Paralelamente, se advirtió una extralimitación funcional de la
doctora Colón Lora al asumir tareas propias de los escrutadores, como el recuento de votos y la manipulación
de tarjetones, situación que cesó únicamente tras la advertencia de uno de los intervinientes.
37 Con la demanda, únicamente en el acápite de hechos, se aseveró que en el municipio de Valencia presenta
antecedentes reiterados de trashumancia electoral entre 2019 y 2023, sin que el CNE adoptara medidas al
respecto.
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Demandado: Ángel Darío Suárez Martínez
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133. Al respecto, debe precisarse que la Sección Quinta del Consejo de Estado no abordará
estos reproches contra el fallo de primera instancia, en razón a que se trata de argumentos
novedosos para el caso, sin que la contraparte haya tenido oportunidad para controvertirlos,
por no haber quedado dentro de la fijación del litigio.
134. Se recuerda que a la luz de los artículos 162.4 38 y 278 39 del CPACA, los únicos
momentos para incluir cargos, de manera oportuna, son la demanda y la reforma siempre
que esté en término de caducidad, en todo caso, en el segundo escenario, respetando el
término de caducidad del medio de control de nulidad electoral.
2.4. Problema jurídico
135. Corresponde a la Sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos en los
recursos de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o confirmar la sentencia
del 30 de enero de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las
pretensiones de la demanda.
136. Para el efecto, habrá de determinarse si, como lo establecen los recurrentes, con la
expedición del acto demandado se incurrió en los vicios formulados con los escritos iniciales,
por las siguientes razones:
De acuerdo con Jorge Luis Martínez Soto (proceso 2024-00018):
136.1. i) Se transgredió el debido proceso electoral durante el escrutinio municipal de
Valencia, en tanto que los autos de trámite que rechazaron reclamaciones fueron expedidos
sin la procedencia del recurso de apelación; ii) la elección se declaró antes de vencer el día
hábil siguiente a la notificación de los autos del 7 de noviembre de 2023 y iii) existió una
ruptura de la cadena de custodia del material electoral de la mesa 20, zona 00, puesto 00,
evidenciada en formularios E-17, E-19 y E-20, y el tratamiento inadecuado de pruebas
fotográficas aportadas sobre el particular.
Para Jorge Eliecer Bula González (proceso 2024-00035):
136.2. i) Si 444 ciudadanos no residentes votaron en el municipio de Valencia, afectando la
legitimidad del resultado electoral; ii) el fallo de primera instancia desconoció la fuerza
indiciaria de las bases de datos oficiales (SISBEN, ADRES, censo indígena); iii) se omitió
aplicar la inversión de la carga probatoria frente a hechos de negación indefinida; iv) el juez
contencioso electoral puede valorar directamente la prueba de trashumancia sin esperar
decisión previa del CNE y v) el demandado no desvirtuó los indicios con prueba directa de
residencia.
137. No obstante, antes de abordar estos cuestionamientos, se hace necesario agotar los
siguientes temas: 1) las actividades y funciones relacionadas con la custodia del material
electoral y los escrutinios que realizan a continuación las comisiones; 2) regulación aplicable
38 ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente
y contendrá: (...) 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de
un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación (...).
39 ARTÍCULO 278. REFORMA DE LA DEMANDA. La demanda podrá reformarse por una sola vez dentro de
los tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante y se resolverá
dentro de los tres (3) días siguientes. Podrán adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende
siempre que no haya operado la caducidad, en caso contrario se rechazará la reforma en relación con
estos cargos. Contra el auto que resuelva sobre la admisión de la reforma de la demanda no procederá
recurso. (Negrillas fuera del texto).
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al sabotaje y violencia de documentos electorales como motivo de nulidad; 3) marco jurídico
de la trashumancia electoral con efectos anulables y 4) control judicial de los actos previos
a la elección.
2.5. Las actividades y funciones relacionadas con la custodia del material electoral y
los escrutinios que realizan a continuación las comisiones 40
138. El envío del ejemplar de claveros del formulario E-14 y demás documentos de la mesa
está provisto de medidas de seguridad, en tanto se entregan a los claveros responsables del
arca triclave y se transportan con el acompañamiento de la fuerza pública, conforme a los
lineamientos del Código Electoral:
ARTÍCULO 144. Modificado por el art. 8, Ley 62 de 1988. Inmediatamente después de
terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la
noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la
votación serán entregados por el Presidente del Jurado, bajo recibo y con indicación del día y
la hora de entrega, así: en las cabeceras municipales, a los Registradores del Estado Civil o a
los delegados de éstos, y en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, a
los respectivos delegados del Registrador del Estado Civil.
Los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de Policía y sectores rurales,
serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la fuerza pública
uniformada, y entregados a los claveros respectivos dentro del término que se les haya
señalado. Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre violencia, fuerza mayor o caso
fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora mencionada, no serán tenidos
en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciará a la autoridad competente para que
imponga la sanción a que haya lugar41.
139. En la norma transcrita se observa como medida adicional al arca, la indicación de una
hora máxima para entregar el material, fijada a las 11 de la noche, que puede ser extendida
por la autoridad electoral para casos especiales, más que todo cuando se trata de lugares
apartados. La misma disposición señala como eximentes de la entrega extemporánea de
pliegos los casos de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, o hechos imputables al
funcionario responsable de recibirlos. En estos eventos, los votos deben contarse42.
140. Asimismo, de estas actividades debe quedar constancia en los formularios E-17 (recibo
de documentos electorales para jurados de votación), E-19 (recibo de documentos
electorales) y E-20 (acta de introducción de documentos electorales en el arca triclave)43.
141. Esta Sala ha identificado los momentos de entrega y recibo de pliegos, junto con las
constancias que se exigen:
De la lectura de la norma se pueden establecer 2 momentos, esto es, el término que tienen los
jurados de votación para entregar a los delegados de puesto los pliegos electorales, el cual es
hasta las 11 p.m., del día de las elecciones, trámite que constará en el formulario E-17.
El segundo, es el término con el que cuentan los delegados de puesto para hacer entrega de
aquellos a los claveros, el cual constará en el formulario E-2044.
40 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13 de marzo
de 2025. Rad.: 11001-03-28-000-2024-00016-00 (ppal.). M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
41 En concordancia, Código Electoral, artículo 192, numeral 7.
42 Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2024, Rad. 11001-03-28-000-
2024-00035-00, MP. Gloria María Gómez Montoya.
43 Sobre la denominación de los formularios electorales, ver: Registraduría Nacional del Estado Civil.
«Registraduría prepara elecciones de Autoridades Locales 2015». Bogotá: Editorial La Unidad S.A. Pág. 111.
44 Id.
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142. Esta cadena de custodia ha sido definida por esta sección como «el conjunto de
medidas adoptadas para garantizar la fidelidad de la información proveniente de cada una
de las mesas en que reposan los sufragios emitidos en una elección»45.
143. A su turno, se ha destacado que la infracción a estas actividades no anula por sí misma
la elección; por el contrario, deberá tratarse de una irregularidad sustancial y tendrán que
ponderarse las razones que ofreció la autoridad electoral para validar el escrutinio46, de
conformidad con las constancias de las actas.
144. Escrutinios de las comisiones
145. Recibidos los documentos electorales de la mesa, la comisión escrutadora auxiliar,
municipal o distrital, según la circunscripción, consolida la votación de las mesas en los
formularios E-24, con arreglo al artículo 41 de la Ley 1475 de 2011:
ARTÍCULO 41. DEL ESCRUTINIO EL DÍA DE LA VOTACIÓN. Las comisiones escrutadoras
distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo
día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de votación, con base en las
actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros
respectivos, en el local que la respectiva Registraduría previamente señale.
Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea posible terminar
el escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las nueve (9)
de la mañana del día siguiente hasta las nueve (9) de la noche y así sucesivamente hasta
terminar el correspondiente escrutinio (…).
146. Este procedimiento de escrutinio continuará de manera análoga en las comisiones
escrutadoras departamentales o generales, o hasta el Consejo Nacional Electoral,
dependiendo del tipo de elección.
147. En principio, el cómputo escalonado debe reflejar los resultados anotados en las actas
parciales del escrutinio anterior. Sin embargo, la votación puede cambiar, por cuenta de
correcciones de oficio, ante dudas de la comisión sobre la exactitud de los datos, tachaduras,
enmendaduras o borrones.
148. También proceden por peticiones de los legitimados, es decir, los candidatos, los
partidos y sus apoderados. Esta facultad ha sido explicada por esta sección, en los
siguientes términos:
Los escrutinios de votos para elegir a las autoridades públicas representan un procedimiento
de alta estima para la democracia y para los intereses políticos, que no están exentos de ser
afectados por malas prácticas o errores humanos. Para combatir irregularidades que empañen
la transparencia y legitimidad de los resultados electorales, el ordenamiento jurídico ha previsto
mecanismos de contradicción en el procedimiento administrativo y un control judicial
posterior47.
149. Con tal propósito, el legislador estableció un conjunto de mecanismos jurídicos48, como
se verá más adelante, que permiten impugnar los resultados parciales del escrutinio, entre
los que se destacan el recuento de votos, las reclamaciones, las solicitudes de saneamiento
de nulidades y el recurso de apelación.
45 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de agosto de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00083-
00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
46 Id.
47 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2024-
00011-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
48 Código Electoral, artículos 122, 164, 166, 167, 187, literal b), 192 y 193. CPACA, artículo 275, numeral 3.
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150. Esos instrumentos deben ser ejercidos de manera escrita, oportuna, clara y precisa,
exponiendo de forma razonada tanto los fundamentos fácticos como jurídicos de la
inconformidad, e incluyendo necesariamente la identificación de la causal invocada, el lugar
específico donde se habría producido la irregularidad (zona, puesto y mesa), los candidatos
eventualmente afectados y el número de votos comprometidos. Estos requisitos no
constituyen meros formalismos, sino expresiones del principio de preclusividad que rige las
etapas del proceso electoral, conforme al cual los actos deben ejercerse dentro de los
momentos oportunos.
151. De todos los actos del escrutinio debe levantarse un «acta general de escrutinio», que
contenga todos los actos del escrutinio, 49 es decir, con un resumen del desarrollo de la
audiencia 50 , especialmente el resultado de los recuentos que practicó la comisión 51 y
constancia sobre el estado de los pliegos remitidos por los jurados de votación52.
152. Del resumen anterior, se concluye que el procedimiento electoral es reglado y se agota
mediante etapas conformadas por variadas actividades y en las que intervienen diferentes
actores. En este contexto, el régimen electoral colombiano está instituido para asegurar que
«los comicios se desarrollen y culminen de manera ágil, segura y, principalmente, que estén
provistos de veracidad»53.
153. Finalmente, se pone de presente que, en el marco de los escrutinios, el ordenamiento
jurídico electoral contempla expresamente la posibilidad de recusar a jurados, escrutadores
y claveros, conforme lo establece el artículo 151 del CE. Este mecanismo busca garantizar
la imparcialidad y transparencia del proceso, permitiendo a los interesados cuestionar la
idoneidad de dichos funcionarios cuando existan causales objetivas de impedimento. Para
ello, el procedimiento está regulado por los artículos 192-10 y 193 de la misma codificación,
los cuales disponen que la recusación debe formularse mediante una reclamación
debidamente sustentada, a fin de que la autoridad competente evalúe su procedencia dentro
de las etapas previstas para el efecto.
2.6. Regulación aplicable al sabotaje y violencia de documentos electorales como
motivo de nulidad
154. El numeral 2. ° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 establece la causal de nulidad
especial para los actos de elección, que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además,
cuando:
(…)
2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se
haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de
votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.
155. De la norma transcrita, se evidencia que podrá pedirse la nulidad de un acto electoral
49 Código Electoral, artículo 170.
50 Código Electoral, artículo 172.
51 Código Electoral, artículo 164.
52 Código Electoral, artículo 163.
53 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de junio de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00060-
00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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cuando se destruyan documentos electorales o cuando se presente violencia o sabotaje
contra los mismos o contra los procedimientos y tecnologías para el registro, transmisión y
validación del resultado electoral.
156. De cara a la violencia y el sabotaje, estas dos figuras jurídicas son totalmente distintas,
que pueden incidir en la legalidad de una elección de carácter popular. Aunque estas
acciones se encuentran consagradas conjuntamente en el mismo numeral, la
jurisprudencia 54 de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dejado en claro que
constituyen causales de nulidad autónomas e independientes, si bien comparten ciertas
características comunes, como tratarse de condutas perpetradas por terceros ajenos al
proceso electoral, que alteran su curso normal y afectan los medios sobre los cuales recaen,
existen unas diferencias bien marcadas.
157. En particular, se ha enfatizado que la violencia se distingue por el empleo de fuerza, ya
sea física o psicológica, elemento ausente en la otra causal en comento.
158. En cuanto al sabotaje, se ha sido entendido como «el daño, deterioro, obstrucción u
oposición que, de manera sutil, engañosa o disimulada se hace sobre las cosas con el
objetivo de materializarse en alteraciones del proceso electoral, que no involucran el uso de
la fuerza, sino que obedecen a maniobras subrepticias que buscan destruir u obstruir el
proceso eleccionario»55.
159. Sin embargo, esta figura ha sido erróneamente equiparada, en algunos casos, con: (i)
conductas que configuran causales de reclamación dentro de la etapa de escrutinio, como
la existencia de tachaduras, enmendaduras o errores aritméticos cometidos por los jurados
de votación; o (ii) con la causal de nulidad por falsedad en documentos electorales,
contemplada en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
160. Tal asociación resulta impropia, en tanto uno de los elementos definitorios del sabotaje
radica precisamente en su ejecución por parte de sujetos externos al proceso electoral
(característica que comparte con la violencia). Por el contrario, tanto la falsedad documental,
como los errores materiales en el diligenciamiento de formularios electorales, son atribuibles
a autoridades electorales y responden a dinámicas distintas: la primera constituye una causal
autónoma de nulidad, mientras que las segundas configuran causales de reclamación56.
161. Ahora, para que acredite su ocurrencia deben estar presentes los siguientes aspectos:
«de un elemento físico y de un elemento consecuencial. Esos dos presupuestos
corresponden al aspecto objetivo representado en la ocurrencia del hecho y al componente
subjetivo, cuya materialización estaría dada por la afectación de la situación concreta, como
sería el resultado de la elección»57.
2.7. Marco jurídico de la trashumancia electoral con efectos anulables
54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre
de 2016. Rad.: 05001-23-33-000-2015-02546-01 (ppal.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
55 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 29 de abril de
2021. Rad.: 11001-03-28-000-2018-00106-00 (Acum.). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de marzo de
2023. Exp.: 11001-03-28-000-2022-00290-00 (ppal.). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
57 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del septiembre 23 de
2021. Exp.: 13001-23-31-000-2020-00043-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Postura reiterada en
sentencias del 23 de septiembre de 2021. Rad. 13001-23-31-000-2020-00043-01 y del 13 de marzo de 2025.
Rad. 27001-23-33-000-2023-00113-01.
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162. Según lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección Quinta 58 , la trashumancia
electoral consiste en «la acción de inscribir la cédula para votar por un determinado
candidato u opción política en un lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un
verdadero arraigo o interés». El objetivo de la causal es el respeto de la autodeterminación
de los ciudadanos en la resolución de los asuntos propios y que sean estos quienes decidan
sus autoridades y demás cuestiones inherentes al proceso de elección, con sustento en los
principios rectores que, entre otros aspectos, buscan asegurar que las votaciones traduzcan
la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos.
163. Asimismo, se ha señalado que, para entender el fenómeno de la trashumancia
electoral, es necesario remontarse a la Ley 6ª de 1990, que, entre otras disposiciones,
modificó los artículos 76 y 77 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986), en el sentido de
precisar: «[a] partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su
cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del
sitio respectivo (…) mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar».
164. Por su parte, el artículo 316 de la Constitución Política de 1991, establece: «en las
votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de
asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el
respectivo municipio», lo cual impone un vínculo necesario entre la votación a realizar y la
residencia del sufragante, que, al mismo tiempo, prohíbe la inexistencia de esa relación.
165. Desde la sentencia del 28 de enero de 199959, esa situación fue enmarcada como una
causal de nulidad de los actos electorales bajo la modalidad de falsedad en los registros
electorales prevista en el numeral 2.º del artículo 233 del Decreto 01 de 1984. En la
providencia se precisó que el acto electoral era nulo por trashumancia electoral si se
demostraba el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que personas no residentes en
el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él, (ii) que estas efectivamente hayan
votado y que (iii) sus votos tuvieran incidencia en el resultado de la contienda electoral.
166. Con la Ley 1437 de 2011 se reguló la trashumancia electoral en el artículo 275.7 como
una causal autónoma de nulidad electoral, según la cual, los actos de elección son nulos
«tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los
electores no sean residentes en la respectiva circunscripción». No obstante, los requisitos
para su configuración siguen siendo aquellos determinados por la Sección desde 1999.
167. Para que prospere el cargo de nulidad de trashumancia electoral, esta sala ha indicado
que se deben seguir las reglas ya mencionadas, es decir, acreditar i) que personas no
residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él, (ii) que estas
efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la
contienda electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del CPACA.
168. En cuanto al concepto de residencia con fines electorales, el artículo 316 de la
Constitución Política no trajo una definición sobre el punto, por lo que es necesario acudir a
otras disposiciones60.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de mayo de
2017, rad. 11001-03-28-000-2014-000112-00, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 28 de enero de
1999, rad. 2125, MP Mario Alario Méndez.
60 Reiteración de la tesis planteada en la sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 76001-23-33-000-2019-
01203-01, MP Rocío Araújo Oñate.
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169. Así, se encuentra que el artículo 316 de la Constitución Política dispone que «en las
votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de
asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el
respectivo municipio». Esta disposición establece un requisito esencial de participación
electoral a nivel local o departamental, según el tipo de elección, al exigir una relación directa
entre el votante y la jurisdicción territorial en la que se desarrollan los comicios, de modo que
la residencia en el municipio o departamento se erige como condición habilitante para el
ejercicio del derecho al sufragio en dicho ámbito.
170. En consecuencia, la norma excluye la posibilidad de participación de quienes no
ostenten ese vínculo. Sin embargo, pese a su carácter imperativo, el precepto constitucional
no define el alcance del concepto de “residencia” ni desarrolla las consecuencias jurídicas
que se derivan de su incumplimiento.
171. En ese sentido, la Ley 163 de 1994, en su artículo 4. °, preceptuó sobre la residencia
electoral, lo siguiente:
Artículo 4o. residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en
el censo electoral.
Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir
en el respectivo municipio.
Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se
compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral
declarará sin efecto la inscripción.
Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el
cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número 2762 de 1991.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los efectos del inciso final de este artículo, los residentes
y nativos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán
votar en todas las elecciones de 1994 con la sola presentación de la cédula de ciudadanía.
172. De acuerdo con lo anterior, se ha entendido que se incorporó al ordenamiento una
presunción de residencia electoral, que recayó sobre aquella que informara el ciudadano al
inscribir su cédula, en tanto lo hace bajo la gravedad del juramento.
173. Esta Sección61, luego de hacer un recuento desde 1999 sobre los distintos avances
jurisprudenciales en materia de trashumancia electoral y con el referente legal precitado,
señaló que para su configuración, durante el curso del proceso de nulidad electoral se debe
demostrar, además de que el presunto trashumante no es habitante o que no tiene asiento
en el respectivo municipio, que tampoco tiene algún otro vínculo del que se pueda
desprender la residencia electoral, situación que no les es ajena a los jurados de votación,
ya que, aunque el artículo 101 del Código Electoral les permite sufragar en la misma mesa
en la que ejercen su función, ello no los habilita a sufragar por fuera del respectivo municipio
del que sean residentes, ya que ello equivaldría a una modalidad de trashumancia62.
174. Por ello, se concluyó que para para desvirtuar la presunción de residencia electoral a
que se refiere el precepto legal de la Ley 163 de 1994, se debe probar, de forma concurrente
y simultánea, que: (i) el presunto trashumante no es morador del respectivo municipio; (ii) no
tiene asiento regular en el mismo; (iii) no ejerce allí su profesión u oficio y (iv) no posee algún
61 Sentencia del 9 de febrero de 2017, rad. 2014-00112, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
62 Ibidem
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negocio o empleo.
175. En ese sentido, teniendo en cuenta que el votante puede escoger una de entre las
varias formas de residencia electoral admitidas por la ley y jurisprudencia reseñadas al
momento de registrar su cédula de ciudadanía, bajo la gravedad de juramento, cuando se
pretende controvertir dicha decisión personal con fines de nulidad electoral se debe
satisfacer la carga de probar que el sufragante no se encuentra en ninguna de las situaciones
que lo habilita para votar en la circunscripción en que lo hizo.
176. Por lo tanto, la Sala63 ha indicado que los reportes que pueden ofrecer los diferentes
órganos del Estado no permiten establecer con total certeza la convergencia o la ausencia
de todas las referidas opciones de residencia electoral, pero sí ofrecen un indicio significativo
frente a la presencia de la irregularidad y entendió, aunque tratándose de trashumancia
internacional y guardadas las debidas proporciones, que la ausencia de registros
acompañados de información de la cédula en otro territorio a aquel en que votó, sugiere en
conjunto que se trata de una manifestación irregular en las urnas por esta causal, así:
«Registros migratorios o trámites ante cuerpos diplomáticos–, acompañado de otros factores
cualitativos, como el hecho de figurar en bases de datos del orden interno –v. gr. Sisbén y
RUV– o el hecho de la inscripción de la cédula entre el 9 de marzo de 2013 y el 9 de enero de
2014 –víspera de las elecciones de 9 de marzo de 2014– más bien sugiere que esta última
encubre motivos de trashumancia electoral. Sin embargo, es algo que debe ser analizado caso
a caso y en perspectiva conjunta con todos los elementos de prueba que obran en el plenario».
177. Por consiguiente, sostuvo que resultaba aplicable el artículo 165 del Código General
del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta en el artículo 306 del CPACA,
norma que estipula que el «indicio» es un medio de prueba y precisó el alcance de esta
figura, bajo el hecho de que, a través de ellos, aunque no se puede demostrar directamente
la prueba de la trashumancia, ello no implica que su valor dentro del proceso sea limitado,
pues «(…) no por el hecho de ser indirecta o indiciaria, una prueba resulta insuficiente para
generar la plena convicción del juzgador sobre la ocurrencia de ciertos hechos. Al contrario,
el Legislador y la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa del país han
admitido de entrada que los indicios son medios de prueba, al igual que los demás» 64.
2.8. Control judicial de los actos previos a la elección
178. El artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 establece un requisito especial para la demanda
electoral que determina la pretensión. Así, tratándose de actos de elección por voto popular,
«las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre
reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán
demandarse junto con el acto que declara la elección».
179. A esta naturaleza responden las resoluciones, autos y, en general, los actos que
expidan las comisiones escrutadoras para resolver los diferentes tipos de impugnaciones.
180. Para el control judicial de los actos previos, esta sección exige que se verifique la
existencia de las peticiones, su oportunidad, los motivos ofrecidos por la autoridad para
sustentar la decisión y establecer la incidencia de las irregularidades que se comprueben65.
63 Ibidem.
64 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 14 de marzo de
2019. Exp.: 11001-03-28-000-2018-00051-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
65 Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de agosto de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-
00261-00 (Acumulado), MP. Rocío Araújo Oñate.
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181. En particular, la jurisprudencia ha subrayado la verificación de la oportunidad de las
reclamaciones que les dieron origen, «pues no debe perderse de vista que las etapas del
proceso electoral son de naturaleza preclusiva, lo cual ha permitido que la jurisprudencia de
esta Sección se haya centrado en tal principio como un axioma a considerar en el estudio
de legalidad de los actos previos que se demanden»66.
2.9. Caso concreto
182. De conformidad con la consideración 136 y las de sus subnumerales, los reparos
formulados por los demandantes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Córdoba se resolverán de la siguiente manera:
2.9.1. Violación al debido proceso electoral durante el escrutinio municipal de
Valencia (Proceso 2024-00018)
183. El apelante consideró que no se le permitió la doble instancia en las reclamaciones y
solicitudes de saneamiento de nulidad electoral presentadas en el escrutinio municipal,
frente a la zona 00, puesto 00, mesas 003, 004, 020 y 023, y zona 99, puesto 12, mesa 001
de Valencia.
184. Por el contrario, la primera instancia explicó que los autos proferidos indicaban
expresamente la improcedencia del recurso de apelación; sin embargo, el apoderado del
demandante presentó dichos recursos ante la CED, quien los rechazó por extemporáneos
aplicando el principio de preclusividad. Por lo tanto, no se configuró vulneración alegada,
pues las actuaciones se ajustaron al ordenamiento jurídico y lo planteado por el actor
constituye únicamente una discrepancia frente a decisiones desfavorables.
185. El recurso de apelación como una garantía de control en el proceso de escrutinios
186. El recurso de apelación, en sede de escrutinios, constituye una manifestación del
principio de acceso a la doble instancia, como una variante del debido proceso dentro del
procedimiento que se debe seguir en el devenir de una actuación administrativa electoral,
en aras de propender por el control funcional jerárquico sobre las decisiones adoptadas entre
los distintos niveles de las autoridades electorales. De ahí que su esencia jurídica
corresponda a la de verificar la legalidad de lo actuado por el inferior.
187. Lo anterior, reviste especial trascendencia, en la medida en que las decisiones
adoptadas por las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales o distritales y
departamentales, en primera instancia, constituyen actos preparatorios o integradores del
acto complejo de declaratoria de elección, como así lo ha precisado la jurisprudencia 67.
Dichos actos, aunque no definen por sí mismos la validez de la elección, forman parte
esencial del procedimiento electoral, en tanto suministran los elementos de juicio necesarios
para determinar el resultado final del escrutinio.
66 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de agosto de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00083-
00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
67 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2. ° del artículo 139 del CPACA, esta Sección ha sostenido que los
actos previos o preparatorios adoptados por las comisiones escrutadoras no producen efectos jurídicos
definitivos, pero pueden ser controlados en sede jurisdiccional si afectan derechos fundamentales o procesales,
como el derecho al recurso o el debido proceso. Al respecto, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Rad.: 11001-03-28-000-2022-00083-00.
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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188. En este sentido, el establecimiento de mecanismos de control (apelaciones) previstos
en el CE responde a la necesidad de preservar la integridad del proceso electoral y de evitar,
en últimas, la ocurrencia de errores materiales o sustanciales que comprometan la fidelidad
de los resultados frente a la voluntad del pueblo. De esta manera, se garantiza también la
protección de derechos de carácter subjetivo que pueden predicarse, eventualmente, al
candidato que, conforme a los resultados reales, debió haber sido proclamado como ganador
legítimo de la contienda, o de cualquier otro, porque son garantías previstas para todos los
ciudadanos, sin hacer distinción.
189. Ahora bien, en el conteo de los jurados de mesa, los testigos electorales pueden
presentar reclamaciones escritas en los casos de errores aritméticos y en la anotación de
nombres de candidatos o falta de firmas en las actas de escrutinio. Estas peticiones serán
resueltas durante los escrutinios de las comisiones escrutadoras auxiliares o municipales,
según el caso, frente a las cuales procederá el recurso de apelación (artículos 122 y 166 del
CE).
190. Acto seguido, la preceptiva del artículo 164 del CE apunta a que las comisiones
escrutadoras podrán verificar el recuento de votos de una mesa cuando lo soliciten, de
manera justificada, los candidatos, sus representantes o los testigos electorales acreditados,
dejando constancia de la decisión en el acta y estarán obligadas a ello, cuando exista una
diferencia del 10 % o más entre votos de listas del mismo partido para diferentes
corporaciones, si hay tachaduras o enmendaduras en las actas, o si se presentan dudas
razonables sobre la exactitud de los cómputos realizados por los jurados de votación.
191. Por su parte, el artículo 192 de la citada codificación fija las siguientes causales de
reclamación:
(…)
1. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme a la ley.
2. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por la ley, o de los
señalados por la autoridad con facultad legal para este fin.
3. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén
firmados por menos de tres (3) de éstos.
4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de
escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.
5. Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda al número de ciudadanos que podían
votar en ella.
6. Cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección
de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera,
corregimiento, inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales.
7. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el
retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por
funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir
los pliegos.
8. Cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba funcionar
la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral
competente.
9. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o
cuando los candidatos no hubieren expresado su aceptación y prestado el juramento
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correspondiente dentro de los términos señalados por la ley para la inscripción o para la
modificación, según el caso.
10. Cuando en un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos a que se
refiere el artículo 151 de este Código.
11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error
aritmético al sumar los votos consignados en ella.
12. Cuando con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción aparezca
de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinios se incurrió en error al anotar los
nombres o apellidos de uno o más candidatos.
192. Asimismo, indica: «[s]i las corporaciones escrutadoras no encontraren fundadas las
reclamaciones, lo declararán así por resolución motivada. Esta resolución se notificará
inmediatamente en estrados y contra ella el peticionario o interesado podrá apelar por escrito
antes de que termine la diligencia de escrutinios y allí mismo deberá concederse el recurso
en el efecto suspensivo».
193. A renglón seguido, el artículo 193 en mención establece que las reclamaciones que
traten sobre alguno de los supuestos del 192 podrán formularse inicialmente en el curso de
los escrutinios adelantados por las comisiones escrutadoras distritales, municipales o
auxiliares, o en el marco de los escrutinios generales efectuados por los delegados del CNE.
194. Frente a lo visto, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sostenido que «contra
las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares procede el recurso de apelación
ante las comisión (sic) distritales o municipales. A su vez, también son apelables las
decisiones de las comisiones escrutadoras municipales ante la comisión escrutadora
departamental integrada por los delegados del Consejo Nacional Electoral, como lo dispone
el artículo 166 del Código Electoral»68.
195. Así las cosas, serán pasibles del recurso de apelación aquellas solicitudes que se
funden en las causales previstas en los artículos 122, 164 y 192 del CE.
196. Ahora, a propósito de sus requisitos adjetivos (recurso de apelación), se describen a
continuación: (i) constar por escrito69; ii) ser presentados por los candidatos inscritos, sus
apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos 70 ; iii) al igual que la
reclamación, estar fundados en las causales del artículo 122, 164 y 192 del CE, alegadas
por primera vez71 e iii) interponerse directamente en el escrutinio antes de que finalice la
sesión, debido a que la decisión objeto de censura es notificada por estrados72.
197. En adición, es de aclarar que la reclamación que da lugar a la impugnación, debe
radicarse, bien ante las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, o bien
en el marco de los escrutinios generales adelantados por los delegados del CNE 73 y
dependiendo del tipo de elección, las determinaciones de las comisiones auxiliares, las
conocerán las municipales o distritales y así sucesivamente hasta el CNE, por lo que se
presentarán, atendiendo al principio de preclusividad, en todo caso, ante quien la adoptó y
68 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 21 de marzo de
2024. Exp: 11001-03-28-000-2022-00290-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Tesis reiterada en Sentencia
del 22 de mayo de 2025. Rad.: 15001-23-33-000-2023-00482-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
69 Artículos 167 y 192 del Código Electoral.
70 Artículo 192 del Código Electoral.
71 Artículos 166 y 167 del Código Electoral.
72 Inciso final del artículo 192 del Código Electoral.
73 Artículo 167 del Código Electoral
36
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las conocerá el superior jerárquico74.
198. En torno a sus efectos, serán suspensivos, de tal manera que no se podrá declararse
la elección hasta que el asunto no se resuelva75.
199. Bajo este panorama, se colige que la interposición de dicho mecanismo habilita el
conocimiento por parte de la autoridad superior, quien debe resolverlo de fondo, teniendo
como base las inconformidades formuladas por alguno de los intervinientes del proceso.
200. A partir de lo previamente analizado, se indica que el instituto de la apelación, no solo
asegura el derecho de defensa y contradicción consagrado en el artículo 29 constitucional,
sino que también salvaguarda la transparencia, eficacia y legitimidad del sufragio, al permitir
que las decisiones expedidas por el inferior jerárquico puedan ser revisadas dentro del
mismo procedimiento, antes de consolidarse los resultados definitivos y garantizando la
verdad electoral.
201. En consecuencia, toda actuación que implique desatender las reclamaciones que se
basen en las causales de los artículos 122, 164 y 192 del CE y se formulen razonadamente,
y que no se permita que el superior jerárquico las revise, cuando hayan sido interpuestas
oportunamente y en la respectiva etapa donde ocurrió la irregularidad, al igual que su
recurso, y en el evento de que existiera el deber de corregir irregularidades evidenciadas
durante los escrutinios con ocasión a esa omisión reprochable, en caso de tener la incidencia
suficiente, podría comprometer la legalidad del acto electoral.
202. Una vez efectuadas las precisiones que anteceden, corresponde abordar el estudio del
caso concreto, para lo cual esta Sección establecerá si las actuaciones desplegadas por la
CEM, consistentes en la no concesión de los recursos de apelación interpuestos contra los
autos de trámite 01 del 1° de noviembre de 2023, 02 y 03 del 6 de noviembre de 2023, 05
del 7 de noviembre de 2023 y la Resolución 07 del 4 de noviembre de 2023, se ajustaron al
ordenamiento jurídico aplicable. Para tal efecto, se procederá a realizar el análisis de rigor,
con fundamento en el acervo probatorio obrante en el expediente.
203. Zona 00, puesto 00, mesa 03:
203.1. El 3 de noviembre de 2023, el representante del demandante (2024-00018) en los
escrutinios, Armando Ramón Herrera Campo solicitó76 la exclusión de la votación de esa
mesa, por cuanto, a pesar de que la bolsa de claveros se encontraba en buen estado, «se
advirtió por parte de los intervinientes en la audiencia que la misma se encontraba abierta,
lo cual viola la cadena de custodia del material electoral introducido en la bolsa se claveros
(…)». La petición se fundamentó en el artículo 163 del Código Electoral.
203.2. El 5 siguiente, el apoderado del demandante (2024-00018) presentó memorial 77 ,
incluido un alcance, con el que pretendió el saneamiento del proceso, amparado en la causal
del artículo 275.2 del CPACA, por los mismos hechos alegados.
74 Artículo 193 del Código Electoral.
75 Inciso 2. °del artículo 192 del Código Electoral.
76 Folio 96 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
77 Folios 97 a 101 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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203.3. La CEM mediante auto de trámite 3 del 6 de noviembre de ese año78, rechazó la
reclamación radicada por Herrera Campo, con sustento en:
«La mesa fue recontada de manera oficiosa, en virtud de que la bolsa de votos de la alcaldía
se encontraba el sello parcialmente abierto, dejándose expresa constancia que la bolsa de
claveros se encontraba en buen estado cerrada y sellada, corroborando que el número de votos
coinciden con el número de sufragados en el E-11, así mismo se corroboró la información
registrada en el E-14 de claveros. Por tanto queda demostrado que no se perdió la cadena de
custodia desde la mesa de votación hasta la entrega formal a la comisión escrutadora.
Igualmente el formulario E-17 da constancia de que el sobre de claveros llegó en buen estado.
Por lo tanto una vez verificada dicha información por esta comisión no hay lugar a decretar el
saneamiento toda vez que el mismo se realizó oficiosamente por esta comisión». (transcripción
original incluso con errores).
203.4. De acuerdo con ese mismo acto, su notificación se realizó por estrado y con la
indicación de que no le procedía recurso alguno. En todo caso, frente a esta decisión, el
representante del demandante la apeló 79 el 9 de noviembre de 2023 ante la Comisión
Escrutadora Departamental de Córdoba, cuyos miembros, mediante Resolución 22A del 11
de noviembre del mismo año80, lo rechazaron de plano por extemporáneo81.
203.5. Revisada el AGE82, se constata que:
«(…) DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO
00–PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 3: En la fecha 03-11-2023 04:27:55 p. m. – se
realiza la apertura de la mesa con la siguiente información, pliegos introducidos en términos, el
sobre se encuentra en BUEN ESTADO, sufragantes según E-11 = 233. DEPARTAMENTO 13-
CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00- PUESTO CABECERA
MUNICIPAL, MESA 3, 03-ALCALDE: En la fecha 03-11-2023 04:28:49 p. m. - se digitaliza
acta E-14 de claveros. En la fecha 03-11-2023 04:32:03 p. m. - Autenticación del (de los)
integrante(s) de la comisión escrutadora: MARIO ELÍAS BLANQUICET OVIEDO con Cédula
de Ciudadanía 78.036.904 autenticado por Biometría, ELIANA CAROLINA PACHECO VIDAL
con Cédula de Ciudadanía 1.068.824.343 autenticada por Biometría, MARÍA SUSANA
RHENALS MORENO con Cédula de Ciudadanía 35.116.753 autenticada por Biometría.
DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00-
PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 3, 03-ALCALDE: En la fecha 03-11-2023 04:32:03
p. m. – El acta E-14 para ALCALDE fue leída y transcrita al Software, la comisión escrutadora
da fe de que la información es correcta, total de votos en la urna acta E-14 de claveros = 233,
total votos incinerados = 0, el acta E-14 está firmada por 6 jurados, sufragantes E-11 según
acta E-14 = 233, no tiene tachaduras, enmendaduras o borrones, el acta no registra la
realización u observación de recuento de votos por parte de los jurados de votación,
observación de la mesa SE HACE EL RECUENTO DE LA MESA POR CUANTO LA BOLSA
DE VOTOS DE ALCALDÍA SE ENCONTRABA ABIERTA, DEJÁNDOSE POR CENTADO QUE
LA BOLSA DE CLAVEROS ESTABA EN BUEN ESTADO. Esta información queda consignada
en los reportes E24 mesa a mesa, E26 y E23, que forman parte integral de la presente Acta
(…) DEPARTAMENTO CÓRDOBA, MUNICIPIO VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00 -
PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA N.º 3: ALCALDE: En la fecha 03-11-2023 06:20:26
p. m. -. Se presentó una reclamación identificada en el sistema con el número 8 por el(la)
78 Folio 102 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
79 Folios 103 a 106 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
80 Folios 316 a 317 del archivo «016CONTESTACION_CONTESTACIONDEMANDA7» del expediente digital
remitido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
81 Sus fundamentos fueron: «Esta comisión observó que las solicitudes no fueron presentadas en debida
oportunidad ante la autoridad electoral competente; si bien fueron radicadas de manera extemporánea lo que
imposibilita pronunciamiento de fondo, también es cierto que el asunto de la petición versa sobre la elección
de ALCALDE del Municipio de Valencia –Córdoba– y al momento de la radicación de la solicitud en la presente
comisión, ya se había realizado la declaratoria de elección del ALCALDE del Municipio de Valencia –Córdoba–
, como se pudo constatar en el sistema dispuesto para tal fin por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil. Así las cosas, esta comisión escrutadora no tiene competencia en esta instancia procesal para
manifestarse al respecto». (transcripción original incluso con errores).
82 Municipal.
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APODERADO ARMANDO RAMÓN HERRERA CAMPO del PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO, representante del candidato(a) JORGE LUIS MARTÍNEZ SOTO
argumentando ‘MANIFIESTA EL SOLICITANTE QUE CUANDO LA BOLSA DE CLAVEROS
SE ENCONTRABA EN BUEN ESTADO SE ADVIRTIÓ POR PARTE DE LOS
INTERVINIENTES QUE LA MISMA SE ENCONTRABA ABIERTA LO CUAL VIOLA LA
CADENA DE CUSTODIA DEL MATERIAL ELECTORAL INTRODUCIDO EN LA BOLSA DE
CLAVEROS, VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y EFICACIA DEL
VOTO.’ e indicando la(s) siguiente(s) causal(es), ‘LO PERCEPTUADO EN EL ARTÍCULO 163
DEL CÓDIGO ELECTORAL COLOMBIANO EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN
LA SENTENCIA ÚNICA DE ÚNICA INSTANCIA CALENDADA EL TRES DE AGOSTO DEL
2022 PREFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO CON RADICADO 2022 00253, LO
ANTERIOR EN ARAS DE SANEAR LA NULIDAD ELECTORAL SEÑALADA EN ARTÍCULO
275 DE LA LEY 1437 DEL 2011 (…) En la fecha 06-11-2023 04:59:13 p. m. - la Comisión
Escrutadora por Auto de Trámite 3 de fecha 2023-11-06 RECHAZÓ la(s) reclamación(es) por
la(s) causal(es) "LO PERCEPTUADO EN EL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO ELECTORAL
COLOMBIANO EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN LA SENTENCIA ÚNICA DE
ÚNICA INSTANCIA CALENDADA EL TRES DE AGOSTO DEL 2022 PREFERIDA POR EL
CONSEJO DE ESTADO CON RADICADO 2022 00253, LO ANTERIOR EN ARAS DE
SANEAR LA NULIDAD ELECTORAL SEÑALADA EN ARTÍCULO 275 DE LA LEY 1437 DEL
2011." (…) DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00,
PUESTO 00–PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 3, 03-ALCALDE: En la fecha 07-11-
2023 03:17:32 p. m. - La Comisión Escrutadora validó la información capturada y contenida en
la mesa. DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO
00–PUESTO». (Transcripción original incluso con errores).
203.6. Con base en la verificación detallada, se concluye que, en relación con esa mesa, en
el escrutinio municipal, se constató que el sobre de claveros fue recibido en buen estado y
en el formulario E-14 se consignó un total de 233 sufragantes, sin tachaduras,
enmendaduras o votos incinerados. No se observó recuento por parte de los jurados de
votación; sin embargo, se efectuó un nuevo cómputo, debido a que la bolsa de votos para
alcalde estaba abierta, pero sin deterioro. Posteriormente, el apoderado del candidato Jorge
Luis Martínez Soto presentó reclamación alegando violación a la cadena de custodia por
supuesta apertura de la bolsa de claveros, que fue rechazada mediante auto de trámite 3
del 6 de noviembre de 2023, por considerar que no se configuraba causal de nulidad electoral
conforme a la jurisprudencia invocada, sobre la base de que la actuación de los jurados de
votación correspondió a derecho.
203.7. Ahora bien, frente a la reclamación elevada por la presunta vulneración de la cadena
de custodia del material electoral, esta sala encuentra que, conforme a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, particularmente en lo previsto para la etapa de escrutinios, procedía
el recurso de apelación contra el rechazo realizado en el auto de trámite 3 del 6 de noviembre
de 2023. Sin embargo, la impugnación formulada contra el referido auto de trámite fue
presentada en forma extemporánea. Dicha actuación no se surtió dentro de la audiencia
pública de escrutinios municipales, tal como lo exige el CE, sino que fue radicada ante la
CED, el 9 de noviembre de 2023 cuando ya se había declarado la elección.
203.8. Adicionalmente, si bien no se concedió la alzada, dicha omisión no constituye una
irregularidad sustancial con la entidad suficiente para invalidar el acto de elección, conforme
lo ha reiterado esta Sección 83 . En efecto, la jurisprudencia ha sostenido que no toda
vulneración de carácter procedimental comporta, por sí sola, la nulidad del acto electoral,
sino únicamente aquellas incidan en el resultado de la elección.
203.9. Con todo, se evidencia que la CEM, de manera oficiosa, ordenó y practicó un
recuento, conforme lo acredita el AGE, que tuvo como efecto disipar cualquier duda
83 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 24 de abril de
2025. Rad.: 27001-23-33-000-2024-00003-01 (ppal.). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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razonable sobre la irregularidad del proceso, sin que, por lo demás, se hubiese dejado
constancia de anomalías por parte de los intervinientes durante dicha diligencia, diferente a
la que el sobre que contenía los votos para la elección de alcalde se encontraba
«parcialmente abierto».
203.10. Asimismo, del examen del escrito que dio lugar a la decisión de la autoridad electoral,
se observa que la reclamación se sustentó exclusivamente en ese hecho, lo cual, por sí solo,
no configura una afectación material a la cadena de custodia. Ello es así, en tanto, se repite,
la comisión procedió al recuento, sin encontrar inconsistencias que comprometieran la
validez o transparencia del proceso electoral en dicha mesa. Además, el resultado no
variaría porque «verificado el recuento de votos por una comisión escrutadora, no procederá
otro alguno sobre la misma mesa de votación»84.
204. Zona 00, puesto 00, mesa 04:
204.1. Esta Sección se abstiene de realizar un pronunciamiento de fondo respecto del asunto
en comento, por cuanto la controversia se circunscribe a la negativa de conceder el recurso
de apelación contra el Auto de Trámite 4 del 7 de noviembre de 2023 85, mediante el cual se
rechazó la reclamación presentada por el señor Nelson Andrés Vargas Mestra86, en calidad
de apoderado del demandante. Tal actuación constituye un acto previo autónomo que, sin
embargo, no fue objeto de nulidad dentro del presente proceso.
204.2. Sobre el particular, resulta pertinente recordar lo dispuesto en el artículo 139 del
CPACA, según el cual: «[e]n elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las
autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la
votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección».
204.3. De conformidad con esta previsión normativa, la omisión en la pretensión de
enjuiciamiento del acto que resolvió la reclamación electoral impide su análisis en sede
jurisdiccional, en tanto el control judicial de los actos que integran la cadena de validez de la
elección exige su impugnación conjunta con el acto de declaratoria de elección.
205. Zona 00, puesto 00, mesa 020:
205.1. El 1º de noviembre de 2023, el apoderado del demandante Armando Ramón Herrera
Campo87 solicitó la exclusión de la votación correspondiente a dicha mesa, argumentando
que los pliegos electorales presentaban deterioro y que una testigo de mesa afirmó que
dichos documentos habían sido objeto de alteración. La petición se fundamentó en el
numeral 2. ° del artículo 275 del CPACA.
205.2. El 4 y 5 siguientes, el citado y Ana Gabriela Gómez Pérez presentaron memoriales88,
con los que pretendió el saneamiento del proceso amparado en la causal del artículo 275.2
del CPACA, por los mismos hechos puestos en conocimiento de la CEM.
84 Inciso final del artículo 164 del CE.
85 Folio 288 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
86 Folios 107 a 115 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
87 Folios 124 a 134 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
88 Folios 137 a 153 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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205.3. Por medio del auto de trámite 5 del 7 de noviembre de 2023 89 , la CEM resolvió
rechazar la reclamación interpuesta por el apoderado Herrera Campo, argumentando para
ello las razones que se exponen a continuación:
«Sea lo primero dejar por sentado que esta comisión, una vez advertida en mal estado del
sobre de claveros, dejó expresa constancia de ello en las observaciones en el sistema,
igualmente se hizo la correspondiente anotación respecto a las condiciones del sobre de votos
para alcaldía de esta misma mesa y procedió de manera oficiosa al recuento de votos para
este cargo uninominal, constatando que la información contenida en el E11 y E14 de claveros
guardan idéntica relación, es decir, la misma cantidad de sufragantes y votos en la urna, lo cual
no generó modificación o alteración alguna en los datos consignados en dichos formularios,
procediéndose con ello el saneamiento oficioso y la no pérdida de la cadena de custodia, por
cuanto dicho sobre no salió de la esfera del sitio habilitado para las respectivas elecciones,
puesto a que es el mismo lugar donde se están realizando los escrutinios, por tal razón no es
procedente por sustracción de materia, en razón a que el saneamiento solicitado se realizó
oficiosamente garantizando la transparencia constitucionales y legales en esta comisión».
(transcripción original incluso con errores).
205.4. Conforme a lo señalado en el referido acto, este fue notificado por estrados e incluyó
la advertencia de que no procedía recurso alguno. Pese a ello, el apoderado de la parte
actora lo apeló90 el 9 de noviembre de 2023. La CED a través de la Resolución 22A del 11
siguiente91, dispuso su rechazo de plano, porque al momento de su presentación ya se había
declarado la elección.
205.5. La revisión del AGE92 permite afirmar que:
«DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00–
PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 20: En la fecha 31-10-2023 09:51:49 a. m. –se
realiza la apertura de la mesa con la siguiente información, pliegos introducidos en términos, el
sobre se encuentra en MAL ESTADO, sufragantes según E-11 = 237. DEPARTAMENTO 13-
CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00– PUESTO CABECERA
MUNICIPAL, MESA 20, 03-ALCALDE: En la fecha 31-10-2023 09:52:38 a. m. –se digitaliza
acta E-14 de claveros. En la fecha 31-10-2023 09:54:33 a. m. – Autenticación del (de los)
integrante(s) de la comisión escrutadora: MARIO ELÍAS BLANQUICET OVIEDO con Cédula
de Ciudadanía 78.036.904 autenticado por Biometría, ELIANA CAROLINA PACHECO VIDAL
con Cédula de Ciudadanía 1.068.824.343 autenticado por Biometría, LUIS EDUARDO
SÁNCHEZ ROMERO con Cédula de Ciudadanía 11.036.590 autenticado por Biometría.
DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00–
PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 20, 03-ALCALDE: En la fecha 31-10-2023
09:54:33 a. m. –El acta E-14 para ALCALDE fue leída y transcrita al Software, la comisión
escrutadora da fe que la información es correcta. Total de votos en la urna acta E-14 de
claveros = 237, total votos incinerados = 0, el acta E-14 está firmada por 6 jurados, sufragantes
E-11 según acta E-14 = 237, no tiene tachaduras, enmendaduras o borrones, el acta no registra
la realización u observación de recuento de votos por parte de los jurados de votación. Esta
información queda consignada en los reportes E24 mesa a mesa, E26 y E23, que forman parte
integral de la presente Acta (…) DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-
VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00– PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 20, 03-
ALCALDE: En la fecha 31-10-2023 11:12:08 a. m. –La Comisión Escrutadora autoriza la
modificación de la mesa con la siguiente información, la Comisión Escrutadora realizó recuento
de votos, con la siguiente observación, SE RECUENTA LA VOTACIÓN A ALCALDÍA DE LA
MESA 20, POR CUANTO FUE RECIBIDA POR LOS CLAVEROS EN MAL ESTADO Y SOBRE
PARA VOTOS (BOLSA DE VOTOS) SE ENCONTRABA ABIERTA. SE PROCEDIÓ A
MODIFICAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL E14 RESPECTO AL CANDIDATO
NÚMERO 4 Y EN VOTOS NULOS (1 VOTO), observación de la mesa SE PROCEDE A
CORREGIR EL RESULTADO DESPUÉS DEL RECUENTO DE VOTOS. Esta información
89 Folio 289 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
90 Folios 155 a 159 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
91 Id. nota al pie 92.
92 Municipal.
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alcalde de Valencia (Córdoba), periodo 2024 – 2027
Rad: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (Ppal.)
queda consignada en los reportes E24 mesa a mesa, E26 y E23, que forman parte integral de
la presente Acta. DEPARTAMENTO CÓRDOBA, MUNICIPIO VALENCIA, ZONA 00, PUESTO
00– PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA N.º 20: ALCALDE: En la fecha 31-10-2023
11:12:08 a. m. – se modificó la votación.
Votación Nueva
Partido/Movimiento Político/GSC/Candidato
Anterior Votación
0006-PARTIDO ALIANZA SOCIAL
94 93 INDEPENDIENTE "ASI" / 004-ANGEL DARIO
SUAREZ MARTINEZ
DEPARTAMENTO CÓRDOBA, MUNICIPIO VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00 – PUESTO
CABECERA MUNICIPAL, MESA N.º 20: En la fecha 31-10-2023 11:12:08 a. m. – se modificó
la votación.
Votación Nueva
Partido/Movimiento Político/GSC/Candidato
Anterior Votación
0000-CANDIDATOS TOTALES / 997-VOTOS
1 2
NULOS
DEPARTAMENTO CÓRDOBA, MUNICIPIO VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00 – PUESTO
CABECERA MUNICIPAL, MESA N.º 20 – ALCALDE: En la fecha 31-10-2023 01:33:25 p. m.
– Se presentó una reclamación identificada en el sistema con el número 3 por el(la) apoderado
ARMANDO RAMÓN HERRERA CAMPO del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO,
representante del candidato(a) JORGE LUIS MARTÍNEZ SOTO, argumentando: "SE
OBSERVA QUE LAS BOLSAS QUE CONTIENEN MATERIAL PROBATORIO, TARJETAS
ELECTORALES, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, ADEMÁS DE QUE EXISTEN
CONSTANCIAS DE TESTIGOS DE MESA EN RECLAMACIÓN POR LA PRESUNTA
MANIPULACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTIZAN EL PROCESO ELECTORAL. EN
ESE SENTIDO, AL VERSE SERIAMENTE COMPROMETIDO EL MATERIAL, HABERSE
PERDIDO EVIDENTEMENTE LA CADENA DE CUSTODIA." e indicando la(s) siguiente(s)
causal(es): "FUNDA SU PETICIÓN EN LO PRECEPTUADO EN EL NUMERAL 2 DEL
ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…) En la fecha 07-11-2023 02:44:28 p.m.- la Comisión
Escrutadora por Auto de Trámite 5 de fecha 2023-11-07 RECHAZÓ la(s) reclamación(es) por
la(s) causal(es) FUNDA SU PETICIÓN EN LO PRECÉPTUADO EN EL NUMERAL 2 DEL
ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…) DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-
VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00–PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 20, 03-
ALCALDE: En la fecha 07-11-2023 03:23:36 p. m. - La Comisión Escrutadora validó la
información capturada y contenida en la mesa». (Transcripción original incluso con errores).
205.6. De lo relatado, se puede concluir que en la verificación del escrutinio de mesa se
registró un total de 237 sufragantes. Desde el inicio se constató que el sobre de claveros se
encontraba abierta, situación que motivó a la CEM a realizar un recuento de votos, dado que
la bolsa de votos también estaba abierta. Como resultado, se modificó el formulario E-14,
restando un voto al candidato del Partido ASI, es decir, al demandado, y sumando uno a los
votos nulos. Posteriormente, se presentó una reclamación por parte del apoderado del
Partido Liberal Colombiano, invocando la ruptura de la cadena de custodia del material
electoral, en virtud del numeral 2 del artículo 275 del CPACA. No obstante, dicha reclamación
también fue rechazada mediante Auto de Trámite 5 del 7 de noviembre de 2023, sin acceder
a la nulidad solicitada.
205.7. Frente a esta cuestión, no se encuentra irregularidad sustancial que afecte la legalidad
del acto demandado por las mismas argumentaciones anotadas en las consideraciones
203.7, 203.8, 203.9 y 203.10 que resultan aplicables a este caso.
206. Zona 00, puesto 00, mesa 023:
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Rad: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (Ppal.)
206.1. El 29 de octubre de 2023, la testigo electoral Gloria Julio Martínez presentó 93
reclamación «acorde a causales fundamentadas en el art. 192 del C.E. y art. 11 de la Ley 62
de 1988», esto es, «los votos se destruyeron o perdieron y no existe acta de escrutinios de
jurados» y «tachaduras, enmendaduras o borrones en el acta de escrutinio de jurados», con
el propósito de que se hiciera una «verificación de acta».
206.2. Para mayor claridad, se inserta el escrito.
206.3. El 6 siguiente, la apoderada del demandado, Ana Gabriela Gómez Pérez, presentó
memorial94, con el que pretendió el saneamiento del proceso amparado en la causal del
artículo 275.2 del CPACA, por la pérdida de cadena de custodia, al encontrarse los
documentos electorales en mal estado.
206.4. La CEM, mediante auto de trámite 2 del 6 de noviembre de 202395, rechazó la petición
radicada por Gómez Pérez, con sustento en:
«Que de acuerdo con la reclamación invocada por el petente, "CAUSAL DE NULIDAD
CONSAGRADA EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 1437 DE 2011." esta no
corresponde a las establecidas de manera taxativa en el artículo 192 del Decreto Ley 2241 de
1986 (Código Electoral).
La mesa fue recontada de manera oficiosa en virtud de la observación por parte de la comisión
escrutadora de la abertura parcial del sobre de los votos del cargo de alcaldía, corroborando
que el número de votos coincide con el número de sufragantes relacionados en el E-11.
Asimismo, se corroboró que la información registrada en las actas E-14 de claveros coincide
con el escrutinio realizado por los jurados de mesa y por la comisión escrutadora».
(transcripción original incluso con errores).
206.5. De acuerdo con ese mismo acto, su notificación se realizó por estrado y con la
indicación que no le procedía recurso alguno. Frente a esta decisión, el representante del
93 Folio 146 del archivo «02PRUEBAS» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
94 Folios 160 a 162 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
95 Folio 286 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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Rad: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (Ppal.)
demandante la apeló96 el 9 de noviembre de 2023.
206.6. Es oportuno advertir que el motivo de la impugnación fue distinto al de la reclamación,
pues el primero, trató sobre el mal estado de los documentos electorales y el segundo,
acerca de destrucción, tachaduras, enmendaduras o borrones en el formulario E-14.
206.7. Por medio de la Resolución 22A del 11 de noviembre de 2023, la Comisión
Escrutadora Departamental de Córdoba rechazó de plano la apelación, porque ya se había
declarado la elección.
206.8. A su turno, verificada el AGE97 se encuentra:
«DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00–
PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 23: En la fecha 06-11-2023 10:17:14 a. m. – se
realiza la apertura de la mesa con la siguiente información, pliegos introducidos en términos, el
sobre se encuentra en BUEN ESTADO, sufragantes según E-11 = 250. DEPARTAMENTO 13-
CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00–PUESTO CABECERA
MUNICIPAL, MESA 23, 03-ALCALDE: En la fecha 06-11-2023 10:17:57 a. m. – se digitaliza
acta E-14 de claveros. (…) DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA,
ZONA 00, PUESTO 00–PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 23, 03-ALCALDE: En la
fecha 06-11-2023 10:22:10 a. m. – El acta E-14 para ALCALDE fue leída y transcrita al
Software, la comisión escrutadora da fe de que la información es correcta: total de votos en la
urna acta E-14 de claveros = 250; total votos incinerados = 0, el acta E-14 está firmada por 5
jurados, sufragantes E-11 según acta E-14 = 250, no tiene tachaduras, enmendaduras o
borrones, el acta no registra la realización u observación de recuento de votos por parte de los
jurados de votación, observación de la mesa DE MANERA OFICIOSA SE HACE RECUENTO
DE ALCALDÍA EN RAZÓN A QUE LA BOLSA DE VOTOS SE ENCONTRABA DESPEGADA
EN EL CENTRO, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE LA BOLSA DE CLAVEROS SE
ENCONTRABA EN BUEN ESTADO. POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA, NO SE DA
TRÁMITE A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR UN JURADO DEBIDO AL RECUENTO
DE VOTOS. Esta información queda consignada en los reportes E24 mesa a mesa, E26 y E23,
que forman parte integral de la presente Acta (…) DEPARTAMENTO CÓRDOBA, MUNICIPIO
VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00–PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA N.º 23–
ALCALDE: En la fecha 06-11-2023 03:51:55 p. m. – Se presentó una reclamación identificada
en el sistema con el número 10 por ANA GABRIELA GÓMEZ PÉREZ argumentando ‘SOLICITA
LA TESTIGO ANTE LA COMISIÓN ESCRUTADORA DEL CANDIDATO JORGE LUIS
MARTÍNEZ SOTO, SE ADMITA LA SOLICITUD DE SANEAMIENTO DE NULIDAD
ELECTORAL TODA VEZ QUE SE PRESENTÓ SABOTAJE EN EL MATERIAL ELECTORAL
DE LA ZONA 2 PUESTO 2 MESA 23 DEL MUNICIPIO DE VALENCIA CÓRDOBA EN
ESPECÍFICO EL SOBRE QUE CONTENÍA LOS VOTOS PARA LA ALCALDÍA TERRITORIAL’
e indicando la(s) siguiente(s) causal(es): ‘CAUSAL DE NULIDAD CONSAGRADA EN EL
NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 1437 DE 2011 (…) DEPARTAMENTO
CÓRDOBA, MUNICIPIO VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00 – PUESTO CABECERA
MUNICIPAL, MESA N.º 23 – ALCALDE: En la fecha 06-11-2023 03:51:55 p. m. – Se presentó
una reclamación identificada en el sistema con el número 10 por ANA GABRIELA GÓMEZ
PÉREZ argumentando: SOLICITA LA TESTIGO ANTE LA COMISIÓN ESCRUTADORA DEL
CANDIDATO JORGE LUIS MARTÍNEZ SOTO, SE ADMITA LA SOLICITUD DE
SANEAMIENTO DE NULIDAD ELECTORAL TODA VEZ QUE SE PRESENTÓ SABOTAJE EN
EL MATERIAL ELECTORAL DE LA ZONA 2, PUESTO 2, MESA 23 DEL MUNICIPIO DE
VALENCIA CÓRDOBA, EN ESPECÍFICO EL SOBRE QUE CONTENÍA LOS VOTOS PARA
LA ALCALDÍA TERRITORIAL e indicando la(s) siguiente(s) causal(es): CAUSAL DE NULIDAD
CONSAGRADA EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 1437 DE 2011 (…) En
la fecha 06-11-2023 04:07:59 p. m. – La Comisión Escrutadora ha generado reporte de trámite:
AUTO.pdf (…) La Comisión Escrutadora por Auto de Trámite 3 de fecha 2023-11-06 RECHAZÓ
la(s) reclamación(es) por la(s) causa(es) ‘LO PERCEPTUADO EN EL ARTÍCULO 163 DEL
CÓDIGO ELECTORAL COLOMBIANO EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN LA
SENTENCIA ÚNICA DE ÚNICA INSTANCIA CALENDADA EL TRES DE AGOSTO DEL 2022
96 Folios 164 a 168 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
97 Municipal
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Demandantes: Jorge Luis Martínez Soto y otro
Demandado: Ángel Darío Suárez Martínez
alcalde de Valencia (Córdoba), periodo 2024 – 2027
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PREFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO CON RADICADO 2022 00253, LO ANTERIOR
EN ARAS DE SANEAR LA NULIDAD ELECTORAL SEÑALADA EN ARTÍCULO 275 DE LA
LEY 1437 DEL 2011 (…)». (Transcripción original incluso con errores).
206.9. En otras palabras, en relación con esa mesa, se constató que el material electoral fue
recibido en buen estado, sin irregularidades aparentes. No obstante, debido a que la bolsa
de votos se encontraba despegada en el centro, la CEM realizó de manera oficiosa un
recuento, dejando constancia que la bolsa de claveros estaba en buen estado 98 y que no
hubo afectación del contenido. Luego, la apoderada del demandante presentó una solicitud
con sustento en una presunta ruptura de la cadena de custodia del material electoral, en
virtud del numeral 2 del artículo 275 del CPACA. No obstante, la petición fue rechazada
mediante Auto de Trámite 2 del 6 de noviembre de 2023, sin acceder a la nulidad solicitada.
206.10. En relación con este aspecto, no se advierte la existencia de una irregularidad
sustancial que debilite la legalidad del acto acusado, porque la CEM realizó un recuento, al
advertir el mal estado de los sobres, sin encontrar irregularidades y por las razones
expuestas en el apartado 203.8, que resulta plenamente aplicable al presente asunto.
206.11. No puede pasarse por alto que, frente a la reclamación formulada por la testigo Julio
Martínez, en la cual se adujo que «los votos se destruyeron o perdieron y no existe acta de
escrutinio de los jurados», así como que el formulario E-14 presenta «tachaduras,
enmendaduras o borrones», no obra en el expediente evidencia de un pronunciamiento
expreso por parte de las autoridades electorales al respecto. Con todo, tampoco se acreditan
elementos que permitan concluir que se vulneró la verdad electoral, habida cuenta de que la
CEM efectuó un recuento de votos y se constató que el acta de los jurados de votación se
encontraba incorporada en los pliegos electorales en debida forma, sin presentar
alteraciones, enmendaduras, tachaduras ni borrones.
207. Zona 99, puesto 12, mesa 01:
207.1. Mediante escrito 99 presentado el 4 de noviembre de 2023, el apoderado del
demandante en sede de escrutinio, Mauricio Cogollo Gómez, formuló reclamación con
fundamento en el artículo 164 del Código Electoral, aduciendo una inconsistencia superior
al diez por ciento (10 %) entre el número de votos atribuidos al candidato a la Alcaldía y
aquellos registrados a favor de la lista al Concejo Municipal de Valencia por el Partido
Liberal100.
207.2. Dicho escrito refiere: «existe una diferencia entre el número de votos del candidato a
la alcaldía y la lista del concejo en más del 10% Partido Liberal» y marca con una «x» una
casilla que tiene la anotación «diferencia del 10% o más entre listas de candidatos
pertenecientes al mismo partido, agrupación o sector político».
207.3. El memorial corresponde al siguiente:
98 Se aclara que, si bien en el AGE se indicó que el sobre se encontraba en buen estado, ello no era correcto,
pues dicha apreciación fue la que dio lugar al recuento, en el cual se constató que el material efectivamente
estaba correcto.
99 Folio 170 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
100 Agrupación en la que milita el demandante Jorge Luis Martínez Soto.
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Rad: 23001-23-33-000-2024-00018-02 (Ppal.)
207.4. Mediante Resolución 7 del 4 de noviembre de 2023101, la CEM resolvió rechazar la
reclamación presentada por el apoderado en mención, con fundamento en las
consideraciones que se exponen a continuación:
«La subcomisión escrutadora con relación a la solicitud presentada, se pronuncia negando la
misma ya que carece de fundamento jurídico, toda vez que en su momento al escrutar el E14
de claveros de alcaldía, el mismo no presentó inconsistencias en el número de sufragantes ni
en la urna, concordando las sumas con los registrados en la mesa aptos para ejercer el voto.
Igualmente, la comisión oficiosamente procedió al recuento de votos en el E14 claveros de
concejo para subsanar el error involuntario por los jurados». (transcripción original incluso con
errores).
207.5. Conforme a lo consignado en dicho acto administrativo, su notificación se surtió por
estrado, dejando constancia expresa de que contra el mismo no procedía recurso alguno.
No obstante, el apoderado del reclamante interpuso el de apelación102 en esa misma fecha,
esto es, el 4 de noviembre de 2023.
207.6. Examinado el contenido del AGE de la Subcomisión Escrutadora de Valencia, se
verifica:
«(…) DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 99, PUESTO 12-
LAS CRUCES, MESA 1, 03-ALCALDE: En la fecha 04-11-2023 02:47:12 p. m. - se digitaliza
acta E-14 de claveros. En la fecha 04-11-2023 02:49:11 p. m. - Autenticación del(de los)
integrante(s) de la comisión escrutadora: TAMARIS TATIANA PACHECO MUSLASCO con
Cédula de Ciudadanía 1.065.293.094 autenticado por Biometría, MADELEINE MARIA
MENDOZA MADRID con Cédula de Ciudadanía 26.202.062 autenticado por Biometría, MARIA
TERESA HOYOS CARDOZO con Cédula de Ciudadanía 1.192.742.108 autenticado por
Biometría. DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 99,
PUESTO 12-LAS CRUCES, MESA 1, 03-ALCALDE: En la fecha 04-11-2023 02:49:11 p. m. -
El acta E-14 para ALCALDE fue leída y transcrita al Software, la comisión escrutadora da fe
101 Folios 171 a 172 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
102 Folios 173 a 175 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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que la información es correcta. Total de votos en la urna acta E-14 de claveros = 293, total
votos incinerados = 0, el acta E-14 está firmada por 6 jurados, sufragantes E-11 según acta E-
14 = 293, no tiene tachaduras, enmendaduras o borrones, el acta no registra la realización u
observación de recuento de votos por parte de los jurados de votación. Esta información queda
consignada en los reportes E24 mesa a mesa, E26 y E23, que forman parte integral de la
presente Acta (…) DEPARTAMENTO CÓRDOBA, MUNICIPIO VALENCIA, ZONA 99,
PUESTO 12 – LAS CRUCES, MESA N.º 1 – ALCALDE: En la fecha 04-11-2023 03:47:55 p.
m. – Se presentó una reclamación identificada en el sistema con el número 7 por el(la)
apoderado Mauricio Cogollo Gómez del Partido Liberal Colombiano, representante del
candidato(a) Jorge Luis Martínez Soto, argumentando: "EL APODERADO MAURICIO
COGOLLO GÓMEZ RADICA RECLAMACIÓN POR EXISTIR UNA DIFERENCIA ENTRE EL
NÚMERO DE VOTOS DEL CANDIDATO A LA ALCALDÍA Y LA LISTA AL CONCEJO DE MÁS
DEL 10 % POR CIENTO DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO." e indicando la(s)
siguiente(s) causal(es): "Diferencia mayor o igual al 10 % entre los votos por las listas de
candidatos. Artículo 164 del Código Electoral" (…) En la fecha 04-11-2023 03:51:30 p. m. – La
Comisión Escrutadora por Resolución 7 de fecha 2023-11-04 rechazó la(s) reclamación(es) por
la(s) causal(es): "Diferencia mayor o igual al 10 % entre los votos por las listas de candidatos.
Artículo 164 del Código Electoral" del recurso 7. En la fecha 04-11-2023 03:56:04 p. m. – La
Comisión Escrutadora ha generado el reporte de resoluciones: RESOLUCION7.docx, con hash
(SHA-256) (…)». (Transcripción original incluso con errores).
207.7. De lo anterior, la CEM certificó la validez del acta de escrutinio, constatando que no
presentaba irregularidades formales (tachaduras, enmendaduras o borrones), que estaba
firmada por los seis jurados, y que los votos contabilizados (293) coincidían con el número
de sufragantes registrados en el formulario E-11. No se reportó recuento de votos por parte
de los jurados.
207.8. Posteriormente, el mismo día, el apoderado del candidato Jorge Luis Martínez Soto,
Mauricio Cogollo Gómez, presentó reclamación invocando la causal prevista en el artículo
164 del Código Electoral, al considerar que existía una diferencia mayor al 10 % entre los
votos obtenidos por el candidato a la alcaldía del Partido Liberal Colombiano y la lista de
concejo del mismo partido. Por medio de la Resolución 7 del 4 de noviembre de 2023, esa
autoridad electoral rechazó la reclamación presentada, concluyendo que no se cumplían los
presupuestos de la causal alegada.
207.9. En relación con la reclamación presentada con fundamento en el artículo 164 del
Código Electoral, por supuesta diferencia superior al 10% entre los votos del candidato a la
alcaldía y los obtenidos por la lista al concejo del mismo partido 103 , resulta procedente
advertir que, conforme al ordenamiento electoral, frente al rechazo de esta solicitud, en
principio procedía el recurso de apelación. No obstante, es importante destacar que la
finalidad material de dicha reclamación consiste en que la autoridad electoral realice un
recuento de los votos emitidos en la mesa cuestionada, lo cual busca garantizar la
correspondencia entre los resultados consignados en los formularios y la voluntad del
electorado.
207.10. En el caso concreto, se observa que la Subcomisión Escrutadora, mediante la
Resolución 7 del 4 de noviembre de 2023, accedió sustancialmente al objeto de la
reclamación, al efectuar el recuento oficioso de los votos, como da cuenta ese acto, con lo
que se cumple con la finalidad de verificación que persigue la norma invocada, más allá de
que el recurso de apelación no hubiera sido formalmente concedido.
207.11. En tal sentido, si bien es cierto que existió una omisión procedimental respecto de la
concesión del recurso de alzada, también lo es que dicha irregularidad carece de entidad
103 La norma prevé esta causal de recuento únicamente cuando la diferencia se presenta entre listas para
corporaciones públicas, no así respecto de cargos uninominales, por lo que no procedía el recuento solicitado.
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suficiente para invalidar la actuación, toda vez que la pretensión de fondo fue satisfecha
durante el escrutinio, en estricto cumplimiento del principio de eficacia del voto. Por
consiguiente, no se vislumbra una vulneración sustancial al debido proceso ni a los derechos
del reclamante.
208. Adicional a estas diligencias, en las mesas 003, 020 y 023 de la zona 00, puesto 00 y
01, zona 99, puesto 12, el defensor del demandante remitió104 los respectivos recursos de
apelación al personero municipal de Valencia, para que interviniera en el asunto ante la
negativa de las autoridades electorales en tramitarle sus impugnaciones, situación que en
nada incide en el proceso electoral, bajo el entendido de que la función del agente del
Ministerio Público es meramente garantista y, en cualquier caso, los recursos presentados
resultan extemporáneos.
209. En consecuencia, las decisiones de rechazar los recursos de apelación contenidas en
los autos de trámite 01 del 1° de noviembre de 2023, 02 y 03 del 6 de noviembre de 2023, y
05 del 7 de noviembre de 2023, si bien contrarían el ordenamiento jurídico, toda vez que,
frente a los argumentos planteados en las impugnaciones, en unos casos, la irregularidad
alegada no fue sustancial, y en otros, la impugnación fue puesta en conocimiento de manera
tardía.
210. De otra parte, el apelante sostiene que, durante el escrutinio municipal, los miembros
de la CEM, especialmente su secretaria, habrían incurrido en arbitrariedades al negarse a
recibir las impugnaciones relacionadas con actos preparatorios y, además, al no notificar
debidamente las decisiones adoptadas 105 . Sin embargo, tales afirmaciones carecen de
respaldo probatorio, pues no obra soporte alguno que acredite dicha negativa o que dé
cuenta de una indebida notificación. Es más, las resoluciones de la CED no indican que el
peticionario hubiera sustentado su radicación en la supuesta no recepción previa de los
mismos.
211. Por el contrario, de las AGE, se observa de manera detallada el desarrollo del proceso
de consolidación de resultados, incluyendo las decisiones adoptadas por la CEM, las cuales
fueron notificadas en audiencia, en la que estuvieron presentes los apoderados del actor.
Con lo anterior se evidencia la regularidad de los procedimientos establecidos y que,
además, no hubo afectación al derecho de defensa ni al principio de publicidad, en ese
sentido.
212. Ahora, el memorialista sostiene que el Auto de Trámite 1 del 1º de noviembre de 2023
adolece de un vicio de forma, en tanto habría sido suscrito por la señora María Susana
Rhenals Moreno, quien para esa fecha no ejercía el cargo de secretaria de la CEM, lo que,
a su juicio, afectaría la validez de dicho pronunciamiento.
213. En torno a ello, se estima que esa circunstancia no tiene incidencia en la validez del
acto mencionado, toda vez que la decisión fue adoptada por los miembros integrantes de la
CEM, quienes ostentan competencia para proferir dicho tipo de determinaciones. La
secretaria, en su calidad de auxiliar administrativa, no participa en la formación de la voluntad
decisoria de la comisión, limitándose su función a la suscripción del documento en ejercicio
de labores meramente instrumentales.
104 Folios 94 a 95 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
105 Frente al auto de trámite 04 de 2023, manifestó que no fue leído en la audiencia.
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214. Además, aunque en el encabezado del acto figura como firmante la referida
funcionaria, lo cual eventualmente podría obedecer a un error mecanográfico o de digitación,
lo cierto es que, del contenido mismo del auto, así como de la constancia generada por el
software de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se desprende con claridad el
momento de su elaboración y autenticación, descartándose así cualquier afectación
sustancial que comprometa su validez formal o material:
215. En cuanto al argumento del apelante, según el cual la declaratoria de elección se
profirió antes de que transcurriera el día hábil siguiente a la notificación de los autos del 7 de
noviembre de 2023, este carece de sustento. Como se explicó en precedencia, dichas
decisiones fueron notificadas en estrados durante la audiencia de escrutinios, sin que se
hubiesen interpuesto recursos en su contra. Por tanto, la Comisión Escrutadora Municipal se
encontraba habilitada para expedir válidamente el acto de elección objeto de controversia.
216. Para concluir, respecto de los cargos analizados, estos no fueron abordados conforme
a lo previsto en el artículo 4 de la Resolución 1706 de 2019 del Consejo Nacional Electoral
ni en el instructivo del SICE de la Registraduría Nacional del Estado Civil, toda vez que en
el expediente no obra copia de dichos documentos.
217. Así, ante la ausencia de elementos probatorios idóneos y suficientes que acrediten la
existencia de una irregularidad con entidad sustancial, la Sala concluye que el cargo no está
llamado a prosperar.
2.9.2. La ruptura de la cadena de custodia del material electoral de la mesa 20, zona
00, puesto 00 y el tratamiento inadecuado de pruebas fotográficas (Proceso 2024-
00018)
218. El memorialista alegó la existencia de actos de violencia o sabotaje sobre los
documentos electorales correspondientes a la zona 00, puesto 00, mesa 020, con el
argumento de que los pliegos electorales llegaron en mal estado al arca triclave, luego de
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haberse efectuado el conteo por parte de los jurados de votación. Esta afirmación la sustentó
en los registros consignados en los formularios E-17 y E-20, así como en una serie de
fotografías tomadas durante el desarrollo del escrutinio llevado a cabo por la CEM, en las
que, según su apreciación, se evidenciaría la manipulación indebida del material electoral,
antes de que llegaran a los claveros para su custodia.
219. Asimismo, manifestó su inconformidad respecto de la valoración probatoria que el
tribunal de primera instancia hizo de dichas imágenes, considerando que no se les otorgó el
mérito que correspondía, pese a que constituirían prueba documental de la presunta
afectación a la cadena de custodia y al principio de transparencia del proceso electoral.
220. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Córdoba concluyó que las fotografías
allegadas en la carpeta titulada «Anexos 2» no podían ser valoradas como prueba, habida
cuenta de que no fue posible establecer su autoría y, además, fueron expresamente
desconocidas por la parte demandada.
221. En cuanto a las demás piezas documentales, entre ellas, los formularios electorales y
las mismas imágenes, pero ubicadas en un archivo diferente, ese operador judicial razonó
que los hechos descritos no encuadran dentro de la causal prevista en el numeral 2° del
artículo 275 del CPACA, porque no se acreditó la intervención de un tercero mediante actos
de fuerza física o psicológica, ni la existencia de una maniobra engañosa con capacidad real
de incidir en el resultado electoral.
222. A fin de resolver este reparo, como punto de partida, se observa que en los folios 132
a 136 del archivo identificado como «02PRUEBAS», remitido por el Tribunal de primera
instancia, reposan estas piezas fotográficas, que fueron desconocidas expresamente por la
parte demandada:
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223. En la sentencia del 30 de enero de 2025, esos documentos fueron descartados como
elementos de juicio, en atención a que, conforme a un requerimiento efectuado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se informó que las imágenes fueron capturadas
durante el escrutinio municipal de Valencia. No obstante, se aclaró que su autor no
corresponde a algún funcionario adscrito a dicha entidad. En consecuencia, al no acreditarse
su autenticidad ni su procedencia institucional, las fotos fueron excluidas del análisis
probatorio.
224. En relación con este aspecto, no le asiste razón al fallador de primera instancia, por
cuanto en el presente caso la autoría de los documentos fotográficos no constituye un
elemento determinante para su valoración probatoria, sino el contenido y contexto que
reflejan. En efecto, la RNEC indicó que las imágenes corresponden al proceso de escrutinio
del municipio de Valencia, aunque precisó que no fueron captadas por algún funcionario
electoral. Esta circunstancia ubica el material probatorio en el escenario del escrutinio
cuestionado, lo que permite su valoración como elemento de prueba dentro del proceso,
conforme a la sana crítica.
225. Lo anterior se refuerza con el hecho de que esas imágenes fueron aportadas como
anexo a una solicitud presentada por uno de los apoderados del candidato Jorge Luis
Martínez Soto, en la que se denuncian presuntas irregularidades ocurridas durante el
escrutinio municipal, específicamente en la zona 00, puesto 00, mesa 020, lo cual otorga
coherencia contextual y pertinencia probatoria a los documentos en mención.
225. Así las cosas, corresponde valorar esos elementos, a la luz de las reglas de la sana
crítica, y en concordancia con el resto del acervo probatorio válidamente incorporado al
expediente, conforme se expondrá a continuación:
226. Frente a la zona 00, puesto 00, mesa 020, se tienen los siguientes soportes:
• Formulario E-17106:
106 Folio
125 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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• Formulario E-20107:
• Fotografías108:
• Los memoriales, el AGE y las decisiones que se relacionan en las consideraciones 212 y
sus subnumerales.
227. Ahora, por esta circunstancia, el apelante plantea que existió una manipulación
deliberada de los documentos electorales, la cual califica como un acto de violencia o
sabotaje. Sin embargo, tal afirmación carece de un desarrollo argumentativo serio y
debidamente sustentado en el expediente, limitándose a señalar conjeturas sobre una
supuesta alteración ocurrida en el transcurso entre el escrutinio realizado por los jurados de
votación y la recepción del material por parte de los claveros para ser ingresado en el arca
107 Folios 126 a 127 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
108 Folios 129 a 134 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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triclave.
228. Si bien se acreditó que los sobres se encontraban en mal estado, como se avizora con
las documentales arriba relacionadas, tal circunstancia, por sí sola, no permite concluir
válidamente la existencia de una intervención ilegítima. En efecto, no se probó la ocurrencia
de una conducta atribuible a un tercero, con capacidad de coacción física o sicológica, o
mediante engaño, que comprometiera la autenticidad de los documentos o tuviera incidencia
directa en el resultado electoral.
229. En ese contexto, no resulta jurídicamente viable excluir la votación de la mesa 020 con
base en una supuesta violación a la cadena de custodia del material electoral. Aun cuando
el sobre fue recibido en condiciones deterioradas, lo cierto es que tal situación fue corregida
oportunamente mediante el recuento oficioso dispuesto por la CEM, con el cual se logró
verificar y ajustar la información contenida en el acta E-14, garantizando la fidelidad del
resultado, que se concretó en el acto demandado, como se evidencia a continuación:
«DEPARTAMENTO 13-CÓRDOBA, MUNICIPIO 061-VALENCIA, ZONA 00, PUESTO 00–
PUESTO CABECERA MUNICIPAL, MESA 20, 03-ALCALDE: En la fecha 31-10-2023
11:12:08 a. m. –La Comisión Escrutadora autoriza la modificación de la mesa con la siguiente
información, la Comisión Escrutadora realizó recuento de votos, con la siguiente observación,
SE RECUENTA LA VOTACIÓN A ALCALDÍA DE LA MESA 20, POR CUANTO FUE RECIBIDA
POR LOS CLAVEROS EN MAL ESTADO Y SOBRE PARA VOTOS (BOLSA DE VOTOS) SE
ENCONTRABA ABIERTA. SE PROCEDIÓ A MODIFICAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA
EN EL E14 RESPECTO AL CANDIDATO NÚMERO 4 Y EN VOTOS NULOS (1 VOTO),
observación de la mesa SE PROCEDE A CORREGIR EL RESULTADO DESPUÉS DEL
RECUENTO DE VOTOS. Esta información queda consignada en los reportes E24 mesa a
mesa, E26 y E23, que forman parte integral de la presente Acta». (Trascripción original incluso
con errores)109.
230. En tal sentido, no se configuró la causal invocada y, por ende, la censura resulta
infundada.
2.9.3. Trashumancia electoral (Proceso 2024-00035)
231. El recurso de apelación planteó los siguientes ejes de inconformidad respecto del fallo
de primera instancia: i) se alega que 444 ciudadanos no residentes sufragaron en el
municipio de Valencia, comprometiendo la legitimidad del resultado electoral; ii) se cuestiona
que el fallo desconoció el valor probatorio indiciario de fuentes oficiales como SISBEN,
ADRES y el censo indígena; iii) se aduce que se omitió aplicar la inversión de la carga
probatoria frente a hechos negativos de carácter indefinido; iv) se afirma que el juez
contencioso electoral tiene competencia para valorar directamente la prueba de
trashumancia, sin supeditar su decisión a lo resuelto por el CNE y v) se sostiene que el
demandado no logró desvirtuar los indicios con prueba directa de residencia efectiva.
232. De manera opuesta, el Tribunal Administrativo de Córdoba explicó que, para configurar
la trashumancia electoral, como causal de nulidad, deben demostrarse tres elementos:
inscripción de personas no residentes, su votación efectiva y la incidencia determinante en
el resultado electoral. En el caso objeto de controversia, el actor solo aportó consultas a
bases de datos (SISBÉN, ADRES y Censo Indígena) y un cuadro con 444 registros, sin
lograr desvirtuar la presunción de residencia electoral ni acreditar la carencia de vínculos
efectivos con el municipio de Valencia. Además, no cumplió con la carga probatoria exigida
109 AGE municipal que se encuentra en los folios 186 a 306 del archivo «01DEMANDA» del expediente digital
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por el artículo 167 del CGP, y en el expediente constan actuaciones del CNE que evidencian
un control para depurar el censo electoral.
233. Anticipa la sala que la censura formulada no tiene vocación de éxito, por las razones
que se expondrán a continuación:
234. Con el escrito inicial, la parte actora, para acreditar la trashumancia electoral, trajo una
relación de 444 ciudadanos que supuestamente votaron en el municipio de Valencia,
indicando en qué mesa ejercieron el derecho al sufragio para las elecciones territoriales del
29 octubre de 2023 y unas constancias de consultas, realizadas en el 2024, de cada uno de
ellos, de las bases de datos de SISBEN, ADRES y el censo indígena. Al respecto, es
importante precisar que el demandante no relaciona su lista de ciudadanos, con aquellas
contenidas en las resoluciones 6465 y 9259 del CNE, a las que hizo referencia el tribunal en
el fallo de primera instancia.
235. En torno a ello, se pone de presente que la sola información registrada en las bases de
datos de entidades públicas no constituye prueba suficiente para enervar la presunción legal
de residencia electoral. Como lo ha señalado de manera reiterada la Sección Quinta del
Consejo de Estado110, dichos registros no permiten establecer con certeza la inexistencia de
un arraigo a un determinado municipio. Por tal motivo, y ante la imposibilidad de desvirtuar
dicha presunción, carece de sentido jurídico abordar el estudio de los formularios E-11.
236. Como se expuso en el marco teórico de esta providencia, exactamente, en el título de
«marco jurídico de la trashumancia electoral con efectos anulables», el ciudadano cuenta
con diversas opciones válidas, según lo definido por los artículos 316 de la Constitución
política y 78 del Código Electoral, para fijar su lugar de votación, entre las que se encuentran
el domicilio, el sitio de trabajo o cualquier otro vínculo que denote un lazo con una entidad
territorial determinada. Esta manifestación se realiza bajo la gravedad de juramento 111, lo
cual le confiere un ropaje jurídico de veracidad y genera una presunción legal, que solo
puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario. En otras palabras, la existencia de una
de estas condiciones legitima la inscripción y blinda su validez frente a cuestionamientos que
no satisfagan el estándar probatorio requerido.
237. Sobre este tema, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de
pronunciarse, así:
«Así las cosas, se puede decir que la residencia electoral es aquella en la cual los ciudadanos
inscriben su cédula de ciudadanía con el fin de que haga parte del censo electoral de un lugar,
en el cual se ejercerá el derecho al voto, siempre que se tenga un vínculo con el sitio en el cual
se hace la respectiva inscripción, en la medida que el inciso segundo del artículo 4 de la Ley
163 de 1994 determina que: ‘con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio»112.
238. En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley 136 de 1994 y en la
jurisprudencia de esta sala de lo contencioso electoral113, para desvirtuar la presunción de
110 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13 de marzo de
2025. Rad.: 70001-23-33-000-2024-00017-01 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Tesis reiterada en Providencia
del 8 de mayo de 2025. Rad.: 70001-23-33-000-2024-00018-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
111 Según las voces del artículo 4 de la Ley 163 de 1994, que dispone: «[s]e entiende que, con la inscripción,
el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio».
112 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 6 de octubre de
2016: Rad.: 25000-23-41-000-2015-02381-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
113 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de mayo de
2025. Rad.: 70001-23-33-000-2024-00018-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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residencia electoral, se exige acreditar de manera concurrente y simultanea la inexistencia
de todo vínculo material o jurídico que refute el arraigo territorial del ciudadano. En ese
sentido, debe probarse que: (i) el presunto votante no reside en el respectivo municipio; (ii)
no tiene presencia o asiento habitual en su territorio; (iii) no ejerce allí actividad profesional,
laboral u oficio alguno; y (iv) no posee establecimiento de comercio, empleo formal, ni
mantiene vínculo económico, social o familiar que permita inferir una conexión estable con
dicho ente territorial.
239. Es de aclarar que la ausencia de cualquiera de estos presupuestos de forma aislada
no es suficiente para desacreditar la presunción legal derivada del juramento prestado por
el ciudadano al momento de inscribir su cédula, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la
Ley 163 de 1994.
240. En tal sentido, recae sobre el actor la carga procesal de acreditar de manera clara y
suficiente que el sufragante no posee vínculo alguno con el municipio en el cual inscribió su
cédula, conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso.
241. De manera adicional, se recuerda que el CNE ejerce la facultad conferida en el artículo
4.º de la Ley 163 de 1994 para adelantar el procedimiento breve y sumario destinado a
depurar las inscripciones irregulares de cédulas de ciudadanía. En la misma línea, conviene
evocar que, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1475 de 2011 114 , la
depuración del censo electoral es una función atribuida de manera exclusiva a la autoridad
electoral.
242. Al examinar el caso en juicio, del plenario, se encuentra i) copia de la Resolución 6465
del 9 de agosto de 2023115, dictada por el CNE, «[p]or medio del cual se adoptan algunas
decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario que se adelanta para
determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el
municipio de VALENCIA del Departamento de CÓRDOBA, con ocasión de las elecciones a
realizarse el próximo 29 de octubre de 2023» y ii) copia de la Resolución 9259 del 8 de
septiembre de 2023 116, proferida por el CNE, «[p]or medio del cual se adoptan algunas
decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario que se adelanta para
determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el
municipio de VALENCIA del Departamento de CÓRDOBA, con ocasión de las elecciones a
realizarse el próximo 29 de octubre de 2023».
243. A partir del análisis de los mencionados actos administrativos, se advierte que mediante
auto del 14 de marzo de 2023, se asumió conocimiento de los asuntos, por separado y se
decretó, en cada caso, el cruce las bases de datos, con el fin de determinar la presunta
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía que podría haberse presentado en todos los
municipios del departamento de Córdoba, «en los períodos comprendidos entre el 13 de
marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, para Congreso de la República; del 14 de enero
2022 al 29 marzo de 2022, para Presidente y Vicepresidente de la República y desde el 29
de octubre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023».
114 Artículo 48. Depuración permanente del censo electoral. Los principios de publicidad y de eficacia del censo
electoral exigen que la organización electoral cuente con la debida anticipación, con datos ciertos y actuales
para el desarrollo de los comicios y de los mecanismos de participación ciudadana.
115 Folios 17 a 68 del archivo «014CONTESTACION_CONTESTACIONMERGEDPD» del expediente digital
remitido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
116 Folios 69 a 121 del archivo «014CONTESTACION_CONTESTACIONMERGEDPD» del expediente digital
remitido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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244. De igual manera, en las resoluciones se expusieron:
«En cumplimiento a lo dispuesto del Auto descrito en el numeral anterior, a través del oficio
RNEC-S-2023-0081004 de fecha 02 de agosto de 2023, el señor ROBERTO CARLOS
CADAVID MARTÍNEZ, Director de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, remitió al Despacho del Magistrado Ponente el cruce de información de las cédulas
inscritas desde el 13 de marzo de 2021 hasta el 13 de enero de 2022 para Congreso de la
República; desde 14 de enero 2022 hasta el 29 marzo de 2022 para Presidente y
Vicepresidente de la República y; desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023;
con las siguientes bases de datos:
• Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –
SISBEN-.
• Sistema de Seguridad Social –BDUA del ADRES- adscrita al Ministerio de Salud y Protección
Social.
• Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema –ANSPE-.
• Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS-.
• Base de datos de la Oficina Instituto Geográfico de Agustín Codazzi –IGAC-.
• Archivo Nacional de Identificación –ANI-
• Censo Electoral año 2019 (…).
245. Luego del estudio correspondiente, se dejó sin efecto la inscripción de 472 (res. 6465)
y 344 (res. 9259) cédulas de ciudadanía, enlistadas en los artículos primero de esos actos.
246. Por su parte, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el
recurrente sostuvo que, ante la imposibilidad de acreditar de manera directa la inexistencia
de la residencia electoral por parte de los ciudadanos 444 señalados en la demanda,
correspondía trasladar la carga probatoria a la parte demandada, en tanto se encontraría en
una mejor posición para acreditar dicha circunstancia. Ello, en atención a que se está frente
a una negación indefinida.
247. Al punto, en un reciente pronunciamiento117 y similar al negocio que hoy se estudia,
esta sala argumentó:
«112. En relación con las afirmaciones o negaciones indefinidas, se tiene que son aquellas que
no se refieren a hechos concretos, sino indeterminados en cuanto al tiempo, modo o lugar118,
razón por la cual son de imposible demostración judicial para quien las alega, lo que genera el
traslado de la carga de la prueba119.
113. Para el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que las manifestaciones
relacionadas con la ocurrencia de la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía de personas
que no residen o no tienen arraigo en el municipio de Corozal se refieren a hechos concretos y
puntuales, determinados en cuanto al tiempo, modo y lugar, en la medida que la parte actora
narró con detalle, en los supuestos fácticos del libelo introductorio, las circunstancias que
117 Id. nota al pie 112.
118 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1º de septiembre de 2021, SC3375-2021, rad. 08001-31-03-004-
2012-00016-01, MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
119 ARTÍCULO 167 del Código General del Proceso. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la
carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el
término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción
previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
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rodearon la presunta existencia de votos transeúntes, hasta el punto de que aportó como
pruebas los distintos registros de bases de datos de organismos del Estado.
114. En línea con lo expuesto, es claro que, en virtud del principio de justicia rogada, y con el
fin proteger el sistema democrático, el derecho de defensa y de contradicción del demandado,
la parte actora tenía la carga probatoria de acreditar que las personas señaladas en el escrito
inicial no tienen residencia electoral en el respectivo territorio y que se inscribieron para sufragar
en este; adicionalmente, que efectivamente hayan votado y que sus votos tuvieron incidencia
en el resultado de la elección».
248. En complemento, resulta pertinente reiterar que las inscripciones de cédulas en el
censo electoral gozan de una presunción, en tanto constituye una manifestación del
ciudadano o extranjero, según el tipo de elección, que se realiza bajo la gravedad de
juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.º de la Ley 163 de 1994. Esta ficción legal
opera a favor del inscrito y se fundamenta en los principios de buena fe y confianza legítima.
En tal virtud, corresponde a la parte actora desvirtuarla, probando que esta se realizó sin
cumplir los requisitos que contempla el ordenamiento jurídico.
249. En lo que respecta a los argumentos de la alzada, se concluye que la carga probatoria
exigida no fue satisfecha, por cuanto las manifestaciones del apelante se sustentan
únicamente en un listado de ciudadanos que presuntamente sufragaron, acompañado de
consultas a bases de datos públicas del SISBÉN, ADRES y del Censo Indígena, las cuales
fueron allegadas con la presentación de la demanda. Se itera que esos medios de
convicción, por sí solos, no permiten desvirtuar la presunción de legalidad que ampara la
inscripción de cédulas en el censo electoral, ni apuntan a la causal de nulidad alegada.
2.10. Otra determinación
250. El apoderado de la parte demandante (proceso 2024-0018), Juan Pablo Betancur
Hinestroza presentó120 memorial en el realiza una sustitución de su mandato al abogado
César Augusto Bedoya Ramírez, «para que continúe en el ejercicio de las actuaciones
legales a las que hubiere lugar en el presente trámite», el cual se aceptará.
251. Visto así el asunto, la providencia objeto de apelación será confirmada, de acuerdo
con lo explicado en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley
3. FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que negó, entre otra determinación, la nulidad de la elección de
Ángel Darío Suárez Martínez, como alcalde de Valencia, para el periodo 2024-2027, de
acuerdo con la parte considerativa de este fallo.
SEGUNDO: Acéptase la sustitución de poder presentada por el profesional del derecho Juan
Pablo Betancur Hinestroza al abogado César Augusto Bedoya Ramírez, identificado con
cédula 71.274.957, tarjeta profesional 149.761 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado del demandante en el proceso 2024-00018.
120 Índice 14 de SAMAI.
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SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para
lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
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