Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00018-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00018-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 70001-23-33-000-2024-00018-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
8 de mayo de 2025
Demandante: Jorge Eliécer Bula González
Demandado: Bayron Joaquín Ospina Trespalacio
– alcalde de Corozal (Sucre)
Rad. 70001-23-33-000-2024-00018-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 70001-23-33-000-2024-00018-01
Demandante: JORGE ELIÉCER BULA GONZÁLEZ
Demandado: BAYRON JOAQUÍN OSPINA TRESPALACIO – ALCALDE DE
COROZAL (SUCRE), PERIODO 2024-2027
Tema: Causal de nulidad del artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011 -
trashumancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 11 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral, promovida contra el acto de elección de Bayron Joaquín Ospina
Trespalacio, como alcalde del municipio de Corozal, periodo constitucional 2024-
2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones
1. El señor Jorge Eliécer Bula González, en nombre propio y en la condición de
representante de la Veeduría Electoral Colombia Posible, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral1, consagrado en el artículo 139
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
contra el acto de elección de Bayron José Ospina Trespalacio, como alcalde de
Corozal (Sucre), periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ALC del 4 de
noviembre de 2023.
2. En consecuencia, solicitó que se decrete la nulidad de los registros
electorales de las mesas señaladas en la pretensión segunda del escrito de la
demanda, equivalentes a 1863 ciudadanos2.
1 La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Sucre el 11 de enero de 2024, según
consta en el índice 1 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.
2 Señalados en la página 2 del escrito de la demanda, en los que indicó zona, puesto, y mesa donde,
en su criterio, votaron las personas que considera trashumantes.
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Demandante: Jorge Eliécer Bula González
Demandado: Bayron Joaquín Ospina Trespalacio
– alcalde de Corozal (Sucre)
Rad. 70001-23-33-000-2024-00018-01
1.2. Hechos relevantes
3. Como fundamentos fácticos de las pretensiones narró, en síntesis, los
siguientes:
4. Sostuvo que Bayron Joaquín Ospina Trespalacio fue inscrito como candidato
a la Alcaldía de Corozal por el Partido Conservador Colombiano para las elecciones
de autoridades regionales del 29 de octubre de 2023. Igualmente, se inscribió
Andrés Rafael Vivero León por la coalición «Por la transformación de Corozal».
5. Señaló que, en esas elecciones, votaron 1863 personas no residentes en el
municipio, como lo acredita la información registrada en las bases de datos del
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(SISBEN), Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES), y los censos electoral e indígena.
6. Adujo que los ciudadanos que consideró trashumantes no han ejercido
ninguna profesión, oficio ni han realizado negocios en Corozal, razón por la cual se
deben excluir los votos por ellos depositados.
7. Indicó que, históricamente, en el municipio de Corozal se ha presentado el
fenómeno de la trashumancia, por lo que es evidente su incidencia en los resultados
electorales a la alcaldía, tal como sucedió en las elecciones del 29 de octubre de
2023, si se tiene en cuenta que la diferencia entre los candidatos Bayron José
Ospina Trespalacio y Andrés Vivero fue de tan solo 116 votos, pues el primero
obtuvo 12.146 y el segundo 12.030.
8. Manifestó que desde el año 2014, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha
adelantado investigación alguna ni ha anulado inscripción de cédulas de ciudadanía
para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República. Al respecto, añadió
que «son 7.692 inscripciones de las que muchas han sido, fraudulentamente,
aprovechadas para beneficiar a algunos candidatos a la alcaldía de Corozal, entre
los que se encuentra el actual alcalde, el señor BAYRON JOAQUÍN OSPINA
TRESPALACIO».
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. La parte actora señaló como vulnerados los artículos 316 de la Constitución
Política; 183 de la Ley 136 de 1994; 4 de la Ley 163 de 1994; 275, numeral 7 de la
Ley 1437 de 2011, Decreto 1294 de 2015 del Ministerio del Interior y la Resolución
2857 de 2018 del CNE.
10. Para el efecto, manifestó que la elección demandada es nula por haber
incurrido en la causal de trashumancia y se refirió a las consagraciones normativas
sobre el punto, para indicar que se configura cuando se inscribe la cédula para votar
por un candidato determinado u opción política en un lugar distinto al que se reside
o en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés.
11. Señaló que, según los formularios E-11, E-14 y E-24, se comprueba que
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Demandante: Jorge Eliécer Bula González
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votaron 1863 ciudadanos que no tienen residencia electoral en el municipio de
Corozal, lo que impone la declaración de nulidad del acto de elección acusado.
1.4. Contestación de la demanda3
1.4.1. Demandado
12. A través de apoderado, contestó la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos:
13. Mencionó que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado4, la
residencia electoral no se reduce a habitar o tener domicilio en el respectivo
municipio, pues también se puede obtener por el hecho de realizar un oficio,
actividad económica o comercial o cualquier otra que permita mantener un vínculo,
arraigo o interés por el municipio en el cual se inscribió para votar.
14. Advirtió que el demandante no demostró que las 1863 personas que señala
como transeúntes hubieran inscrito su cédula de ciudadanía para votar en las
elecciones del 29 de octubre de 2023.
15. Sostuvo que el CNE expidió la Resolución 8940 del 8 de septiembre de 2023,
por la cual se dejó sin efecto la inscripción de 897 cédulas de ciudadanía en Corozal,
para las pasadas elecciones de autoridades regionales, por lo que el censo electoral
con el que se llevó a cabo el certamen del quedó completamente depurado
16. Resaltó que el actor no demostró que las personas que considera
trashumantes no cuenten con residencia electoral en el municipio, de manera que
dicha presunción de residencia no fue desvirtuada.
17. Adujo que la obtención de los formularios E-10 y E-11, por parte del
demandante, y suministrados por la RNEC fue «ilícita», toda vez que aquellos
contienen información sensible de los ciudadanos que sufragaron, aunado al hecho
de que en la diligencia de inspección donde se exhibieron no participó el
demandado, razón por la cual pidió que no se valore como prueba.
18. Con todo, manifestó que no se demostró que los 1863 ciudadanos se
hubieran inscrito para votar en las elecciones del 29 de octubre de 2023
1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
19. A través de apoderado, el organismo intervino en el sentido de señalar las
actividades desarrolladas se enmarcaron en las funciones asignadas en la ley. Por
ello, la presunta irregularidad relacionada con la inscripción de votantes en el
municipio de Corozal no puede ser atribuida a la RNEC, toda vez que no guarda
relación alguna con sus atribuciones legales. Con fundamento en lo expuesto,
3 El CNE no fue vinculado al proceso.
4 Citó la sentencia del 18 de noviembre de 2021, rad. 76001-23-33-000-2019-01203-01, MP Rocío
Araújo Oñate.
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propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.4.3. Katherine Bustamante González (coadyuvante)
20. En su escrito, se limitó a señalar que hubo una participación irregular de
ciudadanos en las elecciones de autoridades locales, en el municipio de Corozal,
por lo que se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 275
del CPACA.
1.5. Actuaciones procesales en la primera instancia
21. Mediante auto del 21 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre
admitió la demanda5.
22. Por auto del 6 de mayo de 2024, se decretaron pruebas6, se postergó la
decisión de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por la RNEC, se aceptó la intervención de la coadyuvante, y se fijó el litigio en los
siguientes términos:
En tal sentido, el problema jurídico a desatar es: ¿Es procedente declarar la nulidad
del acto de elección del señor Bayron Joaquín Ospina Trespalacio como Alcalde del
Municipio de Corozal, Sucre, para el periodo 2024-2027, conforme a los cargos
señalados en la demanda?
1.7. Sentencia de primera instancia
23. A través de sentencia del 1.º de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Sucre declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la RNEC, negó las pretensiones de la demanda y
declaró probada Como fundamento de su decisión expuso, en resumen, lo
siguiente:
24. Luego de citar el marco normativo y jurisprudencial de la causal de nulidad
de trashumancia, hizo el análisis de las pruebas allegadas al proceso. Asimismo, en
cuanto al concepto de residencia electoral, indicó que es el lugar en el que se
encuentra registrado un ciudadano habilitado por la Constitución y la ley para ejercer
el derecho al voto, que puede predicarse por la relación del votante con el lugar en
el que habita, de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio, y/o
posee alguno de sus negocios o empleo. Además, la residencia electoral es única
y, para los efectos de lo establecido en el artículo 316 constitucional, se presume
que es aquella en la que se encuentra registrado el votante en el censo electoral.
25. Advirtió que para desvirtuar la presunción de residencia electoral se debe
5 Índice 9 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.
6 Se dispuso oficiar a la RNEC para que allegara copia auténtica de los formularios E-10 y E-11 de
las elecciones del 29 de octubre de 2023, correspondiente a las mesas señaladas por el
demandante, al igual que los formularios de inscripción E-6 AL de Bayron Joaquín Ospina
Trespalacio y Andrés Rafael Vivero de León, así como la copia de la actuación de la inspección de
los documentos electorales E-10 y E-11.
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probar, de forma concurrente y simultánea, que i) el presunto trashumante no es
morador del respectivo municipio; ii) no tiene asiento regular en este; iii) no ejerce
allí su profesión u oficio, y iv) tampoco posee algún negocio o empleo, para lo cual,
a su vez, se debe acreditar que tiene tales vínculos respecto de otro lugar, diferente
al relacionado con la residencia electoral.
26. Posteriormente, afirmó que mediante la Resolución 8940 del 8 de septiembre
de 2023, el CNE dejó sin efecto la inscripción de 954 cédulas de ciudadanía inscritas
en el municipio de Corozal, para las elecciones del 29 de octubre de 2023,
relacionadas en el listado anexo a ese acto.
27. Sostuvo que, según la información que obra en los anexos de la demanda,
referente a la afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), en ADRES,
se verificaron los siguientes datos de las personas que referenció el demandante en
tales documentos:
No. C.C. NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO
1 92555606 NAMUEL SOLÓRZANO PERALTA SUCRE SINCELEJO
FRANCISCO
2 92552654 MANUEL BARRIOS CANCHILA SUCRE SINCÉ
JULIAN
3 92553786 PEDRO URQUIJO ALVAREZ SUCRE SINCELEJO
ENRIQUE
4 92553832 OSCAR LUIS BARRIOS BETIN SUCRE SINCELEJO
5 92553853 GREGORIO MONTESINO MADERA SUCRE SINCELEJO
MANUEL
6 92554239 RODRIGO CONTRERASGARRIDO SUCRE SINCELEJO
RAFAEL
7 92554514 LUIS ACOSTA MEZA SUCRE SAN
EDUARDO PEDRO
8 92554636 CARLOS BARRIOS CANCHILA SUCRE SINCELEJO
MANUEL
9 92554944 SOTELO VELASQUEZ ACOSTA SUCRE LOS
RAFAEL PALMITOS
10 92555374 JOSE MARQUEZ VERGARA SUCRE SINCELEJO
GREGORIO
11 92556813 EDWIN PEÑA GALE SUCRE SINCELEJO
RAFAEL
12 92557190 CARLOS PEÑA CANCHILA SUCRE SINCELEJO
JULIO
13 92557369 ALEXANDER NAVARRO MARTINEZ SUCRE SINCELEJO
DEJESUS
28. Advirtió que, una vez consultada la información del censo de las
comunidades y resguardos indígenas del Ministerio del Interior, no se encontraron
las certificaciones de las personas antes relacionadas.
29. Indicó que al consultar las bases de datos del SISBEN se encontró que los
señores Sotelo Rafael Velásquez Acosta y Alexander de Jesús Navarro Martínez,
aparecen registrados en los municipios de Los Palmitos y Sincelejo,
respectivamente.
30. Hizo referencia al acta de inspección de documentos electorales llevada a
cabo en Corozal, el 12 de diciembre de 2023, según la información consignada en
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la siguiente imagen:
31. Señaló que, mediante sentencia de tutela 183 del 19 de diciembre de 2023,
el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Sincelejo negó por improcedente
el mecanismo de amparo presentado por Bayron Joaquín Ospina Trespalacio en
contra de la RNEC- Delegación Departamental de Sucre, para que no se llevara a
cabo la inspección señalada.
32. Indicó que la RNEC aportó al expediente los formularios E-107, en donde
aparecen resaltados los números de cédula de ciudadanía de los sufragantes que
llegaron a los distintos lugares de votación en Corozal.
33. También se refirió al formulario E-118, en el que se constató la firma y huella
de cada uno de los votantes en las siguientes zonas:
Zona 1:
• Puesto 1 - FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE PRINCIPAL, mesa 1 a 15.
• Puesto 2 - SEDE TRES DE MARZO, mesa 1 a 14.
• Puesto 3 - NORMAL SUPERIOR DE COROZAL, mesa 10, 12, 14, 15, 18 a 24.
• Puesto 4 - I.E. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, mesa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 a 15.
Zona 2:
• Puesto Uno - SEDE SOR MARIA ANGELICA, mesa 1, 3, 5, 6 y 7.
• Puesto Dos - SEDE IGNACIO MUÑOZ JARABA, mesa 1 a 9.
7 Carpeta37PruebaRegistraduria/CarpetaFormularioE-10.
8 Carpeta37PruebaRegistraduria/CarpetaFormularioE-11/CARPETASZONA1, ZONA 2 y ZONA 99.
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• Puesto Tres - E.E. CARMELO PERCY VERGARA, mesa 1 a 7 y 9 a 16.
• Puesto Cuatro - SEDE PRIMERA VALPARAIZO, mesa 3 y 5 a 12.
Zona 99:
• Puesto 46 - HATO NUEVO, mesa 3
• Puesto 58 - LAS TINAS, mesa 1 y 2.
• Puesto 87 - MILLÁN, mesa 1.
34. Luego de la relación probatoria, advirtió que con los escritos de demanda y
de subsanación se anexó un documento denominado «LISTADO DE
TRASHUMANTES QUE SUFRAGARON EN LAS ELECCIONES TERRITORIALES
2023»9, en el cual se describió la información de las 1863 personas que el actor
consideró trashumantes, de acuerdo con la información de ADRES y SISBEN, al
igual que un cuadro de incidencia electoral por los votos irregulares.
35. Asimismo, advirtió que, de acuerdo con la Resolución 8940 del 8 de
septiembre de 2023, expedida por el CNE, se realizó la depuración del censo
electoral, por lo cual el número de cédulas de ciudadanías que se dejaron sin efecto
fueron 954 y no 1863, como lo señaló la parte actora.
36. Expuso que el demandante no allegó ninguna prueba tendiente a acreditar
que las personas enunciadas en el escrito introductorio como supuestos
trashumantes no residen en Corozal o que no estuvieran asentadas en ese territorio,
o que no ejercían profesión, empleo u oficio, ya que la información registrada en las
bases de datos de ADRES, SISBEN y el censo indígena, por sí sola, no es suficiente
para desvirtuar la presunción de residencia electoral, si se tiene en cuenta que
existen casos en los que el afiliado está registrado para la prestación de servicios
en salud en un lugar, pero reside en un municipio distinto, lo que puede ocurrir por
desidia, omisión o cualquier tipo de interés.
37. Refirió que el «demandante al relacionar las mesas en las cuales pide se
cancelen los votos de las personas no residentes en el municipio de Corozal, no
indicó específicamente quienes eran o si las mismas se inscribieron para ejercer su
derecho al voto en dicho municipio» [sic].
38. Adujo que con la demanda se manifestó que se allegaron las carpetas
digitales que contiene los registros de las bases de datos de SISBEN, ADRES y el
censo de la población indígena de 1863 ciudadanos. No obstante, solo se aportó la
información de la consulta básica de 13 personas. Además, al intentar abrir los
enlaces de las bases de datos aportadas, se dirigen a la página web de la consulta
general de cada entidad, para lo cual adjuntó las imágenes correspondientes.
39. Por lo anterior, sostuvo que no se demostró que 1863 trashumantes hubieran
votado en el municipio de Corozal para las elecciones de alcalde.
40. Por otro lado, afirmó que no era posible acceder a la solicitud probatoria
realizada por la parte actora, el 22 de agosto de 2024, referente a que se oficiara al
CNE y a la RNEC el cruce de la información de 1602 ciudadanos (listado depurado
9 Archivo 01EscritoDemanda.pdf. Págs. 37 a 42.
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que se presentó en los alegatos de conclusión), por cuanto la petición no se realizó
en las oportunidades probatorias previstas en la ley.
1.8. El recurso de apelación
41. El demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
42. Cuestionó que no se valorara el hecho de que 1603 trashumantes votaron
para las elecciones de alcalde en Corozal, luego de hacerse la constatación con los
formularios E-11.
43. Consideró que la sentencia contiene frases que generan duda, por lo que
solicitó la aclaración sobre la inclusión en el expediente del sistema de gestión
SAMAI de «los casi 5600 elementos probatorios en el que aparecen como archivos
dañados, en contraste de los que fueron enviados por el demandante como anexos
en la subsanación de la demanda al correo de la Secretaría General, el pasado 30
de enero de 2024».
44. Advirtió que en los folios 37 a 42 del escrito de demanda se presentó una
relación de 1865 ciudadanos trashumantes, con indicación de la zona, puesto y
mesa donde ejercieron el voto, así como la identificación con nombres, apellidos, y
número de cédula, seguidos de la información que les correspondía en las distintas
bases de datos consultadas.
45. Asimismo, señaló que como anexo de la demanda se envió al correo
institucional de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre, un archivo zip
denominado «COROZAL-SUC_pruebas_digitales_trashumantes.zip» con la
información de las bases de datos correspondientes a los 1865 ciudadanos
trashumantes.
46. Atribuyó al despacho del magistrado sustanciador del proceso de primera
instancia que al momento de radicarse la documentación en la plataforma SAMAI,
«de manera sorpresiva e inexplicable, aparecen como dañados los archivos antes
indicados».
47. Manifestó que la trashumancia no solo se demuestra con la actuación
administrativa que adelante el CNE, sino con otros medios de prueba. Por
consiguiente, la comparación de la información registrada en las bases de datos de
SISBEN, ADRES y censo indígena es un ejercicio que tiene como sustento la
metodología que utiliza el CNE en los procesos administrativos que adelanta, según
lo señalado en la Resolución 2857 de 2018.
48. Acotó que el CNE profirió auto del 24 de julio de 2023, por el cual inició
investigación con el fin de establecer la inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de 2022,
pero no existe resolución alguna que haya anulado las inscripciones realizadas
entre el 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, y del 14 de enero de 2022 al
29 de marzo de ese año, respectivamente. Sobre el punto, refirió que en Corozal se
inscribieron 2412 ciudadanos que no residían en el territorio, sin que el CNE
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investigara tal situación.
49. Estimó que en la sentencia apelada no se efectuó el estudio de la
trashumancia histórica en Corozal.
50. Adujo que es deber del juez realizar la consulta de las bases de datos de las
personas que fueron señaladas como trashumantes en la demanda.
51. Indicó que resulta imposible para el demandante demostrar que un
ciudadano no reside en Corozal, pues se trata de una negación indefinida. Sin
embargo, acreditó, mediante indicios, la residencia de quienes consideró
trashumantes, por lo que se debió invertir la carga de la prueba.
52. Señaló como ejemplo lo que sucede cuando el CNE anula la inscripción de
la cédula de ciudadanía y le otorga la oportunidad al interesado para que, a través
del recurso de reposición, demuestre su residencia en el municipio en el cual fue
excluido para votar.
53. Refirió que la residencia electoral se demuestra a través de certificaciones de
vecindad expedidas por las secretarías de Gobierno, registros de SISBEN y
ADRES, así como el pago de impuestos, las constancias que acreditan la condición
de desplazados o de ser usuarios del servicio público de acueducto y alcantarillado.
1.9. Actuación procesal en segunda instancia
54. Mediante auto del 19 de diciembre de 2024, el magistrado ponente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió el recurso de apelación; (ii)
ordenó a la Secretaría de la Sección correr traslado a la parte contraria por el
término de 3 días; (iii) dispuso que, una vez vencido el plazo anterior, permaneciera
el expediente en Secretaría por otros 3 días para que las partes presentaran
alegatos de conclusión y (iv) dejar el expediente a disposición del Ministerio Público
con el fin de que rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.
1.10. Oposición al recurso de apelación
55. El demandado pidió que se confirme la sentencia de primera instancia, toda
vez que no se acreditó que las personas relacionadas en la demanda no son
residentes de Corozal, para lo cual se debe tener en cuenta que la consulta de las
bases de datos de SISBEN y ADRES son simples indicios no concluyentes para
descartar el arraigo en el municipio.
1.11. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.10.1. Demandado
56. Alegó de conclusión en el sentido de señalar que frente a la sentencia de
primera instancia se pidió aclaración por parte del demandante, de manera que la
ejecutoria del fallo se prorroga hasta que se resuelva esa petición, que, en este
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caso, ocurrió el 17 de octubre de 2024, notificada a las partes el 24 siguiente, luego
el término para interponer el recurso de apelación corrió el 1.º, 5.º y 6.º de noviembre
de 2024. En ese orden, comoquiera que el recurso no se interpuso en esos días, la
sentencia quedó ejecutoriada.
57. Por otro lado, reiteró que la parte actora no acreditó que las personas
relacionadas en la demanda se inscribieron para votar en Corozal; tampoco que no
son moradores del lugar, no ejercen allí su profesión o que no tienen empleo o
negocio y, menos aún, demostró que votaron por el alcalde demandado y que los
sufragios incidieron en el resultado.
1.11. Concepto del Ministerio Público
58. Durante el término concedido para rendir concepto, la señora agente del
Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia apelada, que negó las
pretensiones de la demanda, por no encontrarse demostrada la causal de nulidad
de trashumancia.
59. Mencionó que el recurrente cuestionó que el tribunal no valoró el cuadro en
el que relacionó un total de 1.863 supuestos trashumantes. Sin embargo, contrario
a lo sostenido, en la sentencia de primera instancia se indicó que la sola referencia
a los nombres de los ciudadanos no es suficiente para desvirtuar la presunción de
residencia electoral, además de que el CNE ya había realizado la depuración del
censo electoral, si se tiene en cuenta que anuló la inscripción de 954 cédulas de
ciudadanía inscritas en el municipio de Corozal, para las elecciones del 29 de
octubre de 2023, las cuales se habían incorporado al censo electoral
inmediatamente anterior.
60. Añadió que con la contestación de la demanda se aportó la Resolución 8940
del 8 de septiembre de 2023 «por medio de la cual se adoptan algunas decisiones
dentro del procedimiento administrativo breve y sumario que se adelanta para
determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en
el municipio de Corozal del departamento de Sucre, con ocasión de las elecciones
a realizarse el próximo 29 de octubre de 2023».
61. En ese orden, el proceso administrativo que inició con el auto del 24 de julio
de 2023 culminó con la Resolución 8940 de 2023, antes referida, por lo que es claro
que el CNE analizó y decidió respecto la inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía en los períodos comprendidos entre el 13 de marzo de 2021 al 13 de
enero de 2022, para Congreso de la República; del 14 de enero 2022 al 29 marzo
de 2022, para Presidente y Vicepresidente de la República y del 29 de octubre de
2022 al 29 de agosto de 2023.
62. Esgrimió que en el expediente no obra prueba que demuestre que los 1.863
ciudadanos relacionados en la demanda hayan votado en las elecciones de
autoridades locales en Corozal, aunado a que tampoco se acreditó que no tuvieran
residencia en esa localidad, ya que la información obtenida de SISBEN, ADRES y
de los censos electoral y de población indígena del Ministerio del Interior, no son
suficientes para desvirtuar la presunción de residencia electoral.
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63. Sostuvo que aquella puede establecerse por otro tipo de relación del votante
con el territorio, como, por ejemplo, el ejercicio de una profesión, oficio, o que posea
algún negocio, tenga empleo o ser el lugar en cuestión en el que de manera regular
está de asiento.
64. Concluyó con la manifestación de que no confluyeron totalmente los
elementos definidos por la jurisprudencia para la estructuración de la causal de
nulidad de trashumancia electoral.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
65. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
11 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de
conformidad con lo establecido en los artículos 15010 y 152 numeral 7, literal a) del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 202412.
10 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule
contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
11 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos,
de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de
miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la
nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces
de reconsideración;
12 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades públicas, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en la ley.
Igualmente, la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las
corporaciones públicas.
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2.2. Cuestión previa
66. En el escrito de alegaciones finales presentado por el demandado, cuestionó
la oportunidad en la que se radicó el recurso de apelación interpuesto por el actor.
67. Al respecto, se tiene que, mediante auto del 19 de diciembre de 2024, el
magistrado ponente resolvió sobre la admisibilidad del medio de impugnación en
referencia, razón por la cual no hay lugar a pronunciarse nuevamente acerca de ese
punto.
2.3. Problema jurídico
68. Corresponde a esta Sección resolver, si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar la sentencia proferida del 11 de septiembre de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda.
69. Para el efecto, se deberá establecer si, como lo sostiene el demandante en
la decisión apelada no se analizó la relación de las personas que consideró
trashumantes para demostrar la causal de nulidad invocada; se desconoció la
existencia de la trashumancia histórica en el municipio de Corozal, además de que
no se estudió en forma detallada el resultado de la residencia negativa que demostró
la existencia de trashumancia electoral.
2.3. Marco jurídico de la trashumancia electoral
70. Según lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección Quinta13, la
trashumancia electoral consiste en «la acción de inscribir la cédula para votar por
un determinado candidato u opción política en un lugar distinto al que se reside o
en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés». El objetivo de la causal es
el respeto de la autodeterminación de los ciudadanos en la resolución de los asuntos
propios y que sean estos quienes decidan sus autoridades y demás cuestiones
inherentes al proceso de elección, con sustento en los principios rectores que, entre
otros aspectos, buscan asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre,
espontánea y auténtica de los ciudadanos.
71. Asimismo, se ha señalado que, para entender el fenómeno de la
trashumancia electoral, es necesario remontarse a la Ley 6ª de 1990, que, entre
otras disposiciones, modificó los artículos 76 y 77 del Código Electoral (Decreto
2241 de 1986), en el sentido de precisar: «[a] partir de 1988 el ciudadano solo podrá
votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo
electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo (…) mientras no
sean canceladas o se inscriban en otro lugar».
72. Por su parte, el artículo 316 de la Constitución Política de 1991, establece:
«en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la
decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de
mayo de 2017, rad. 11001-03-28-000-2014-000112-00, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Rad. 70001-23-33-000-2024-00018-01
residentes en el respectivo municipio», lo cual impone un vínculo necesario entre la
votación a realizar y la residencia del sufragante, que, al mismo tiempo, prohíbe la
inexistencia de esa relación.
73. Desde la sentencia del 28 de enero de 199914, esa situación fue enmarcada
como una causal de nulidad de los actos electorales bajo la modalidad de falsedad
en los registros electorales prevista en el numeral 2.º del artículo 233 del Decreto
01 de 1984. En la providencia se precisó que el acto electoral es nulo por
trashumancia electoral si se demostraba el cumplimiento de los siguientes
requisitos: (i) que personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron
para sufragar en él, (ii) que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos
tuvieran incidencia en el resultado de la contienda electoral.
74. Con la Ley 1437 de 2011 se reguló la trashumancia electoral en el artículo
275.7 como una causal autónoma de nulidad electoral, según la cual, los actos de
elección son nulos «tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones
distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva
circunscripción». No obstante, los requisitos para su configuración siguen siendo
aquellos determinados por la Sección desde 1999.
75. Para que prospere el cargo de nulidad de trashumancia electoral, esta sala
ha indicado que se deben seguir las reglas ya mencionadas, es decir, acreditar i)
que personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar
en él, (ii) que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron
incidencia en el resultado de la contienda electoral, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 287 del CPACA.
76. En cuanto al concepto de residencia con fines electorales, el artículo 316 de
la Constitución Política no trajo una definición sobre el punto, por lo que es necesario
acudir a otras disposiciones15.
77. Así, se encuentra el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, según el cual se
entiende por residencia, para los efectos establecidos en el artículo 316 de la
Constitución Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está
de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo.
78. En la norma se previeron otras situaciones adicionales que se desprenden
de la residencia, pues se incluyen otras como el lugar donde la persona «posee
alguno de sus negocios o empleo»16.
79. En la sentencia del 9 de febrero de 201717, la sala indicó que la redacción de
la norma legal conecta cada uno de los escenarios enunciados a través de una
conjunción disyuntiva, esto es, por medio del vocablo «o», lo que significa que cada
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 28 de
enero de 1999, rad. 2125, MP Mario Alario Méndez.
15 Reiteración de la tesis planteada en la sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 76001-23-33-
000-2019-01203-01, MP Rocío Araújo Oñate.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de
febrero de 2017, rad. 2014-00112-00, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 Ibidem. Reiterada en sentencia del 30 de septiembre de 2021, rad. 11001-03-28-000-2020-00013-
00, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
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hipótesis se distingue como una forma de residencia electoral autónoma y, al mismo
tiempo, implica que con cualquiera se puede acreditar el requisito que habilita al
ciudadano para sufragar en el respectivo municipio.
80. Por su parte, la Ley 163 de 1994, en su artículo 4.°, preceptuó sobre la
residencia electoral, lo siguiente:
Artículo 4o. residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de
la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado
el votante en el censo electoral.
Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio.
Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y
sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el
Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.
Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número 2762
de 1991.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los efectos del inciso final de este artículo, los
residentes y nativos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina podrán votar en todas las elecciones de 1994 con la sola
presentación de la cédula de ciudadanía.
81. De acuerdo con lo anterior, se ha entendido que se incorporó al ordenamiento
una presunción de residencia electoral, que recayó sobre aquella que informara el
ciudadano al inscribir su cédula, en tanto lo hace bajo la gravedad del juramento.
82. Esta Sección18, luego de hacer un recuento desde 1999 sobre los distintos
avances jurisprudenciales en materia de trashumancia electoral y con el referente
legal precitado, señaló que para su configuración, durante el curso del proceso de
nulidad electoral se debe demostrar, además de que el presunto trashumante no es
habitante o que no tiene asiento en el respectivo municipio, que tampoco tiene algún
otro vínculo del que se pueda desprender la residencia electoral, situación que no
les es ajena a los jurados de votación, ya que, aunque el artículo 101 del Código
Electoral les permite sufragar en la misma mesa en la que ejercen su función, ello
no los habilita a sufragar por fuera del respectivo municipio del que sean residentes,
ya que ello equivaldría a una modalidad de trashumancia19.
83. Por ello, se concluyó que para para desvirtuar la presunción de residencia
electoral a que se refiere el precepto legal de la Ley 163 de 1994, se debe probar,
de forma concurrente y simultánea, que: (i) el presunto trashumante no es morador
del respectivo municipio; (ii) no tiene asiento regular en el mismo; (iii) no ejerce allí
su profesión u oficio y (iv) no posee algún negocio o empleo.
84. En ese sentido, teniendo en cuenta que el votante puede escoger una de
18 Sentencia del 9 de febrero de 2017, rad. 2014-00112, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19 Ibidem
14
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entre las varias formas de residencia electoral admitidas por la ley y jurisprudencia
reseñadas al momento de registrar su cédula de ciudadanía, bajo la gravedad de
juramento, cuando se pretende controvertir dicha decisión personal con fines de
nulidad electoral se debe satisfacer la carga de probar que el sufragante no se
encuentra en ninguna de las situaciones que lo habilita para votar en la
circunscripción en que lo hizo.
85. Por lo tanto, la Sala20 ha indicado que los reportes que pueden ofrecer los
diferentes órganos del Estado no permiten establecer con total certeza la
convergencia o la ausencia de todas las referidas opciones de residencia electoral,
pero sí ofrecen un indicio significativo frente a la presencia de la irregularidad y
entendió, aunque tratándose de trashumancia internacional y guardadas las
debidas proporciones, que la ausencia de registros acompañados de información
de la cédula en otro territorio a aquel en que votó, sugiere en conjunto que se trata
de una manifestación irregular en las urnas por esta causal, así:
Registros migratorios o trámites ante cuerpos diplomáticos–, acompañado de otros
factores cualitativos, como el hecho de figurar en bases de datos del orden interno
–v. gr. Sisbén y RUV– o el hecho de la inscripción de la cédula entre el 9 de marzo
de 2013 y el 9 de enero de 2014 –víspera de las elecciones de 9 de marzo de 2014–
más bien sugiere que esta última encubre motivos de trashumancia electoral. Sin
embargo, es algo que debe ser analizado caso a caso y en perspectiva conjunta con
todos los elementos de prueba que obran en el plenario
86. Por consiguiente, sostuvo que resultaba aplicable el artículo 165 del Código
General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta en el artículo
306 del CPACA, norma que estipula que el «indicio» es un medio de prueba y
precisó el alcance de esta figura, bajo el hecho de que, a través de ellos, aunque no
se puede demostrar directamente la prueba de la trashumancia, ello no implica que
su valor dentro del proceso sea limitado, pues «(…) no por el hecho de ser indirecta
o indiciaria, una prueba resulta insuficiente para generar la plena convicción del
juzgador sobre la ocurrencia de ciertos hechos. Al contrario, el Legislador y la
jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa del país han admitido de
entrada que los indicios son medios de prueba, al igual que los demás».
2.5. Caso concreto
87. En criterio de la parte actora, se debe declarar nulo el acto de elección de
Bayron Joaquín Ospina Trespalacio como alcalde del municipio de Corozal, periodo
constitucional 2024-2027, por haber incurrido en la causal de nulidad de
trashumancia electoral.
88. El recurso de apelación se contrae a señalar que no se valoró que 1.603
ciudadanos trashumantes votaron para la Alcaldía de Corozal, en las elecciones del
29 de octubre de 2023, luego de la verificación que se hizo de los formularios E-11,
quienes efectivamente ejercieron el voto, como se indicó en los alegatos de
conclusión de primera instancia. Igualmente, cuestionó que no se hubiera analizado
el archivo «zip» con el listado de 1.865 trashumantes con la información de la
20 Ibidem.
15
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consulta de las bases de datos de estos en SISBEN, ADRES y censos electoral e
indígena del Ministerio del Interior, aportados con la demanda, pues, «de manera
sorpresiva e inexplicable, aparecen como dañados los archivos antes indicados».
89. Igualmente, sostuvo que la trashumancia no solo se demuestra con la
actuación administrativa del CNE, como erróneamente lo indicó el tribunal, sino que
también con la prueba indiciaria de los resultados de la consulta de las bases de
datos como SISBEN, ADRES, censo electoral e indígena; que la actuación policiva
adelantada por el CNE con el auto del 24 de julio de 2023 no dio como resultado la
anulación de inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones de Congreso
y Presidencia de la República, y de autoridades regionales del 29 de octubre de
2023; que se desconoció la existencia de la trashumancia histórica en el municipio
de Corozal, y se debió invertir la carga de la prueba debido a la imposibilidad del
demandante de demostrar la no residencia electoral de las personas señaladas en
la demanda, toda vez que se trata de una negación indefinida.
90. Para resolver los cuestionamientos propuestos, se encuentra, en primer
lugar, que tal como se indicó en la sentencia apelada, el aspecto referente al cruce
de las bases de datos de los 1.602 ciudadanos21, según el listado depurado que se
presentó en los alegatos de conclusión de primera instancia no era procedente
analizarlo, por haberse presentado por fuera de las oportunidades probatorias
previstas en el artículo 212 del CPACA22.
91. Con todo, se debe anotar que durante el trámite de segunda instancia no se
hizo referencia alguna a una nueva solicitud de pruebas, de acuerdo con lo señalado
en esa disposición, razón por la cual no se profirió la decisión correspondiente por
el magistrado sustanciador ni tampoco hay lugar a volver sobre el punto en esta
providencia.
92. En segundo lugar, en la sentencia apelada se explicó que, aunque en la
demanda se mencionaron las mesas en las que, en criterio del actor, se presentaron
los votos transeúntes, lo cierto es que «no indicó específicamente quiénes eran o si
las mismas se inscribieron para ejercer su derecho al voto en dicho municipio».
21 En el escrito de alegatos de primera instancia se mencionaron 1.602 ciudadanos trashumantes.
22 ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda
y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su
contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este
último evento circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán
solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del
auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los
siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al
simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:
Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron
de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o
de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento (…).
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93. Al respecto, de la revisión del escrito introductorio, se encuentra que, tal como
lo planteó el demandante en el recurso, se señalaron 1.863 ciudadanos que
supuestamente no tienen residencia electoral en el municipio de Corozal, con
indicación de nombres, apellidos, cédula de ciudadanía, zona, puesto y mesa en los
que depositaron su voto, así como la información de la consulta de las bases de
datos de SISBEN, ADRES y según los censos electoral e indígena.
94. El demandante adujo que el archivo «zip» que contiene la información de las
bases de datos está averiado, sin explicación aparente, por la cual el tribunal omitió
el análisis de la prueba.
95. De acuerdo con lo manifestado por el apelante, la Sala encontró que, en
efecto, con el escrito de subsanación de la demanda, allegado el 30 de enero de
2024, se aportó el archivo al que se hace referencia23, como lo acredita la siguiente
imagen:
96. Al abrir el archivo aparecen las carpetas correspondientes a las zonas
puestos y mesas del municipio de Corozal en las que, presuntamente, votaron
personas no residentes en ese territorio, al igual que la información de las cédulas
de ciudadanía con la información de la consulta de las bases de datos de SISBEN,
ADRES, y censo indígena.
97. En ese sentido, se tiene que, contrario a lo manifestado en la sentencia de
primera instancia, se aportaron los datos no solo de 13 personas, sino de las que
fueron relacionadas en los folios 37 a 42 del escrito de demanda, los cuales están
disponibles para consulta.
98. Con todo, en este caso particular y concreto, se advierte que la información
registrada en las páginas de los organismos del Estado no es suficiente para
desvirtuar la presunción de residencia electoral, pues tales documentos, como lo ha
señalado la jurisprudencia de la Sección Quinta, antes reseñada, no permiten
establecer con total certeza la convergencia o total ausencia de las opciones de
residencia electoral. Por ello, no hay lugar a analizar los formularios E-11, si se tiene
en cuenta que no se desvirtuó la presunción de residencia.
23 Decretado como prueba mediante auto del 6 de mayo de 2024.
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99. Sobre el punto, en reciente providencia de esta corporación24, se indicó lo siguiente:
Aun en el evento de hacer la depuración de estos datos por cada uno de los
ciudadanos relacionados por la parte actora, y comprobar que aquellos no se
encuentran registrados en el SISBEN, ADRES, censo indígena y RUES en Morroa
(Sucre), lo cierto es que no resultan suficientes, por sí solos, para desvirtuar la
presunción de residencia electoral de las personas que inscribieron su cédula de
ciudadanía en dicho ente territorial para ejercer su derecho al voto.
Nótese que el actor no demostró que el listado de las personas que aportó con la
demanda sea ajeno al estudio que emprendió el CNE al depurar el censo electoral
de Morroa (Sucre), de cara a las resoluciones que obran en el expediente, el cual
no sólo partió de las cédulas registradas en el marco de las elecciones locales de
2023 sino de comicios anteriores. Si bien las bases de datos que trae como prueba
la parte accionante, pueden ser un indicio de la residencia de los ciudadanos
señalados en su escrito de demanda, no reflejan fielmente la realidad, y tampoco
demuestra que la autoridad electoral las haya omitido en su estudio
100. Como se indicó en el marco legal de la trashumancia electoral, el votante
tiene la opción de escoger entre las varias opciones definidas por la ley y la
jurisprudencia de la Sección Quinta para el registro de su cédula de ciudanía, bajo
la gravedad de juramento (artículo 78 del Código Electoral), por lo que le
corresponde al demandante demostrar que el sufragante no tiene ningún tipo de
vínculo con la entidad territorial en la que fijó su residencia electoral.
101. La residencia electoral se puede demostrar con la información que reporta el
ciudadano al momento de inscribir su cédula de ciudadanía y el cruce de esta con
las bases de datos. Cualquiera de las opciones señaladas lo habilitan para sufragar
en el respectivo municipio.25
102. As pues, con fundamento en la Ley 136 de 1994, para desvirtuar la
presunción de residencia electoral se debe probar en forma concurrente y
simultánea que: (i) el presunto trashumante no es morador del respectivo municipio;
(ii) no tiene asiento regular en el mismo; (iii) no ejerce allí su profesión u oficio y (iv)
no posee algún negocio o empleo o, algún otro vínculo del que se pueda desprender
la residencia electoral.
103. Por su parte, el CNE cuenta con la facultad prevista en el artículo 4.º de la
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 13 de
marzo de 2025, rad. 70001233300020240001701, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
25 Decreto 1294 de 2015. ARTÍCULO 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional
del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información suministrada por el
ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes procesos
electorales, con las siguientes bases de datos:
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - Sisbén,
administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social (BDUA) del Fosyga, adscrita al Ministerio
de Salud y Protección Social.
• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema (ANSPE).
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social (DPS).
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría
Nacional del Estado Civil el cruce de información con cualquier base de datos pública o privada que
se considere útil para establecer la residencia electoral.
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Demandante: Jorge Eliécer Bula González
Demandado: Bayron Joaquín Ospina Trespalacio
– alcalde de Corozal (Sucre)
Rad. 70001-23-33-000-2024-00018-01
Ley 163 de 1994 de adelantar el procedimiento breve y sumario orientado a depurar
las inscripciones irregulares de cédulas de ciudadanía, con sujeción a las normas
constitucionales y legales que regulan la materia. Asimismo, se pone de presente
que, conforme con el artículo 48 de la Ley 1475 de 201126, la depuración del censo
le corresponde a la autoridad electoral.
104. En este asunto, se aportó con la contestación de la demanda la Resolución
8940 del 8 de septiembre de 2023, proferida por el CNE27, «Por medio del cual se
adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y
sumario que se adelanta para determinar la posible inscripción irregular de cédulas
de ciudadanía y extranjería en el municipio de COROZAL del departamento de
SUCRE, con ocasión de las elecciones a realizarse el próximo 29 de octubre de
2023».
105. En el citado acto se indicó que, mediante auto del 24 de julio de 2023, se
avocó conocimiento del asunto y se decretó el cruce las bases de datos, con el fin
de determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía que podría
haber presentado en Corozal, «en los períodos comprendidos entre el 13 de marzo
de 2021 al 13 de enero de 2022, para Congreso de la República; del 14 de enero
2022 al 29 marzo de 2022, para Presidente y Vicepresidente de la República y
desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023».
106. Asimismo, se señaló que:
(…) se solicitó a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que
realizara el respectivo cruce de forma simultánea de las cédulas inscritas con
las siguientes bases de datos y remitiera el resultado al despacho
sustanciador, conforme lo dispuesto en las citadas prerrogativas legales:
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales – SISBÉN, administrada por el Departamento Nacional de
Planeación – DNP
• Sistema de Seguridad Social - BDUA del ADRES, adscrita al Ministerio de
Salud y Protección Social.
• Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS
26 Artículo 48. Depuración permanente del censo electoral.
Los principios de publicidad y de eficacia del censo electoral exigen que la organización electoral
cuente con la debida anticipación, con datos ciertos y actuales para el desarrollo de los comicios y
de los mecanismos de participación ciudadana.
En cumplimiento de estos principios deben ser permanentemente depuradas del censo electoral las
siguientes cédulas de ciudadanía:
1. Las pertenecientes a ciudadanos que se encuentren en situación de servicio activo a la Fuerza
Pública.
2. Las pertenecientes a ciudadanos inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas
en virtud de sanción disciplinaria en firme o de sentencia penal ejecutoriada.
3. Las correspondientes a ciudadanos fallecidos.
4. Las cédulas múltiples.
5. Las expedidas a menores de edad.
6. Las expedidas a extranjeros que no tengan carta de naturaleza.
7. Las correspondientes a casos de falsa identidad o suplantación.
Parágrafo
En todo caso, el censo electoral deberá estar depurado dos meses antes de la celebración de cada
certamen electoral o mecanismo de participación ciudadana.
27 Folios 36 y siguientes.
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Demandado: Bayron Joaquín Ospina Trespalacio
– alcalde de Corozal (Sucre)
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• Censo electoral año 2019.
• Archivo Nacional de Identificación –ANI-
(…)
A través de auto de 04 de septiembre de 2023 se solicitó al doctor Dr.
ROBERTO CARLOS CADAVID MARTÍNEZ Director Censo Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, realizara el cruce de la base de datos
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC con las
cédulas inscritas para sufragar en el departamento de SUCRE en el lapso
comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de agosto de 2023.
107. Luego del estudio correspondiente, se dejó sin efecto la inscripción de 954
cédulas de ciudadanía, enlistadas en documento anexo a la resolución.
108. Ahora bien, es relevante señalar que en el escrito de demanda no se indicó
si los ciudadanos que fueron incluidos en la depuración que hizo el CNE, en la
Resolución 8940 del 8 de septiembre de 2023, se inscribieron para votar en Corozal,
en las elecciones del 29 de octubre de 2023, y, menos aún, si ejercieron su derecho
al voto.
109. Aunado a ello, se debe tener en cuenta que en el numeral 10 de la resolución
se indicó que en contra de ese acto procedía el recurso de reposición, pero al
proceso no se allegó prueba que acredite que dicho medio de impugnación fue
ejercido, requisito necesario para establecer si la decisión de dejar sin efecto las
cédulas de ciudadanía enlistadas adquirió o no firmeza, o si fueron reincorporadas
al censo.
110. En el recurso de apelación indicó que, debido a la imposibilidad de demostrar
que los ciudadanos señalados en la demanda no tienen residencia electoral en
Corozal, se debió trasladar la carga de la prueba al demandado, quien está en mejor
posición de acreditar esa circunstancia, máxime si se tiene en cuenta que se trata
de una negación indefinida.
111. En relación con las afirmaciones o negaciones indefinidas, se tiene que son
aquellas que no se refieren a hechos concretos, sino indeterminados en cuanto al
tiempo, modo o lugar28, razón por la cual son de imposible demostración judicial
para quien las alega, lo que genera el traslado de la carga de la prueba29.
28 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1º de septiembre de 2021, SC3375-2021, rad. 08001-
31-03-004-2012-00016-01, MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
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ARTÍCULO 167 del Código General del Proceso. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
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Demandado: Bayron Joaquín Ospina Trespalacio
– alcalde de Corozal (Sucre)
Rad. 70001-23-33-000-2024-00018-01
112. Para el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que las
manifestaciones relacionadas con la ocurrencia de la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía de personas que no residen o no tienen arraigo en el
municipio de Corozal se refieren a hechos concretos y puntuales, determinados en
cuanto al tiempo, modo y lugar, en la medida que la parte actora narró con detalle,
en los supuestos fácticos del libelo introductorio, las circunstancias que rodearon la
presunta existencia de votos transeúntes, hasta el punto de que aportó como
pruebas los distintos registros de bases de datos de organismos del Estado.
113. En línea con lo expuesto, es claro que, en virtud del principio de justicia
rogada, y con el fin proteger el sistema democrático, el derecho de defensa y de
contradicción del demandado, la parte actora tenía la carga probatoria de acreditar
que las personas señaladas en el escrito inicial no tienen residencia electoral en el
respectivo territorio y que se inscribieron para sufragar en este; adicionalmente, que
efectivamente hayan votado y que sus votos tuvieron incidencia en el resultado de
la elección.
114. Frente a la censura relacionada con que no se analizó la trashumancia
histórica en el municipio de Corozal, la Sala pone de presente que la parte actora
no allegó ningún elemento de convicción tendiente a que se valorara la ocurrencia
del fenómeno, de tiempo atrás.
115. Acerca de la trashumancia histórica, esta Sala30 ha indicado lo siguiente:
Adicionalmente, en cuanto al procedimiento administrativo que se viene explicando,
resulta pertinente traer a colación el artículo 2.3.1.8.8 del decreto en mención, que hace
referencia a la posibilidad de que el CNE efectúe análisis de trashumancia histórica:
“Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con
anterioridad al 25 de octubre de 2014 podrán ser verificadas de conformidad con lo
establecido en el presente capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral,
dentro de sus competencias, fijará los criterios que definan el fenómeno de la
trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar cumplimiento al artículo 316 de
la Constitución Política."
119. En el entender de la Sala, cuando se hace referencia a la trashumancia histórica,
se hace alusión al traslado de ciudadanos de lugar distinto a aquel en que residen o
encuentran un verdadero arraigo o interés, y que influyeron en anteriores procesos
electorales de carácter local, de manera tal que históricamente personas ajenas a la
realidad territorial han incidido en decisiones relativas a la misma, por lo que resulta
necesario identificarlas en aras de dejar constancia de dicho fenómeno y por supuesto
tomar los correctivos a que haya lugar.
120. Sobre el particular resulta interesante que con el Decreto 1294 de 2015, no solo
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 18 de
noviembre de 2021, rad. 76001-23-33-000-2019-01203-01.
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Rad. 70001-23-33-000-2024-00018-01
se pretende que los análisis de trashumancia electoral se circunscriban a las elecciones
que están por celebrarse, sino también que el estudio de dicho fenómeno se emprenda
respecto de procesos electorales que finalizaron, en criterio de la Sala, con el propósito
de aprender de las experiencias pasadas e identificar los lugares en los que la
trashumancia ha tenido significativa incidencia, a fin de implementar procedimientos
eficaces que permitan combatir dicha práctica en territorios en los que históricamente
se ha arraigado.
116. Así pues, se tiene que, más allá de indicar que no se valoró la trashumancia
histórica, lo cierto es que con la demanda no se presentó ningún elemento de
convicción orientado a acreditar la afirmación referente a que las personas
enlistadas no tenían residencia en el municipio de Imués, que fueron inscritas y que
votaron en elecciones anteriores, de modo que la Sala no puede emprender el
análisis de dicho reproche por carecer de soporte alguno.
117. Se reitera que, según el criterio de la Sala de asuntos electorales, «[p]ara que
prospere el cargo se debe acreditar: (i) que personas no residentes en el respectivo
municipio se inscribieron para sufragar en él; (ii) que éstas, efectivamente hayan
votado y (iii) que sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la elección»31.
118. Por lo anterior, comoquiera que no se desvirtuó la presunción de legalidad
del acto de elección la Sala confirmará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 11 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones señaladas en la parte considerativa de este fallo.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 28 de enero de
1999, rad. 2125, MP Mario Alario Méndez.
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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