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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00017-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00017-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 3 de diciembre de 2024, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2024-00017-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

13 de marzo de 2025

Demandante: José Domingo Domínguez Solano
Demandado: Luis Germán Rodríguez Domínguez, alcalde de Morroa (Sucre)
Rad: 70001-23-33-000-2024-00017-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00017-01
Demandante: JOSÉ DOMINGO DOMÍNGUEZ SOLANO
Demandado: LUIS GERMÁN RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, ALCALDE
DEL MUNICIPIO DE MORROA (SUCRE), PERÍODO
2024-2027

Temas: Trashumancia. Prueba de la residencia electoral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
del 3 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

El señor José Domingo Domínguez Solano, actuando en nombre propio, presentó demanda el
13 de diciembre de 2023, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contemplado
en el artículo 139 del CPACA, en contra del Acta de Escrutinio Municipal, Formulario E-26 ALC
del 6 de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró la elección del señor Luis Germán
Rodríguez Domínguez, como alcalde de Morroa (Sucre), periodo 2024-2027.

1.2 Hechos

La parte actora expuso como fundamentos fácticos, los siguientes:

Sostuvo que el señor Luis Germán Rodríguez Domínguez se inscribió como candidato para
las elecciones a la Alcaldía del municipio de Morroa (Sucre), que se llevarían a cabo el 29 de
octubre de 2023, avalado por la coalición integrada por los partidos La Fuerza de la Paz; de la
Unión por la Gente – Partido de la U y Liberal Colombiano.

Relató el demandante que él también se inscribió como aspirante al mismo cargo uninominal,
por la coalición integrada por las colectividades Conservador Colombiano, Nuevo Liberalismo
y Cambio Radical. Asimismo, también fueron candidatos para esos comicios los señores Silvio
José Silgado D´Luiz, avalado por el Movimiento Alianza Democrática y Gastón Antonio Ballut
Márquez, inscrito por el partido Esperanza Democrática.

Destacó que mediante Acta de Escrutinio Municipal E-26 ALC del 6 de noviembre de 2023, se
declaró la elección del señor Luis Germán Rodríguez Domínguez como alcalde de Morroa

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Demandante: José Domingo Domínguez Solano
Demandado: Luis Germán Rodríguez Domínguez, alcalde de Morroa (Sucre)
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(Sucre).

Aseguró que, no obstante, el día de los comicios votaron 1.0761 ciudadanos no residentes en
el municipio, los cuales incidieron claramente en el resultado electoral.

Comentó que, los trashumantes en cuestión, de acuerdo con las pruebas que se allegan con
el escrito inicial, no habitan en el ente territorial puesto que no ejercen profesión u oficio o
poseen alguno de sus negocios en ese municipio y tampoco trabajan allí, tal y como lo
establece el artículo 183 de la Ley 136 de 19902 sobre la residencia electoral. Tampoco figuran
en el censo de población indígena ni en el registro de índice de propietarios de bienes
inmuebles.

Indicó que, de conformidad con la Resolución 2857 de 2018 del Consejo Nacional Electoral,
se debe tener como prueba de residencia, la coincidencia de uno o más registros en cualquiera
de las plataformas de las bases de datos señaladas.

Resaltó que, en este asunto, los ciudadanos señalados se encuentran registrados en las
plataformas públicas -como ADRES y SISBEN- en municipios distintos a Morroa (Sucre).
Además, fueron ellos mismos quienes suministraron direcciones de residencia en otros entes
territoriales al inscribirse en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales.

Mencionó que con el propósito de esclarecer cuáles habitantes sufragaron efectivamente en
el municipio de Morroa, ejerció el derecho de petición ante la Delegación Departamental de
Sucre de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que solicitó que se le permitiera hacer
una inspección de los archivos en donde reposaba la información de los formularios E-10 y E-
11, correspondientes a cada una de las 50 mesas instaladas en el municipio de Morroa y que
fueron diligenciadas por los jurados de votación el 29 de octubre de 2023. Así, se permitió el
acceso a esa documental y de esta forma obtuvo los nombres de las personas trashumantes.

Comentó que, de cualquier forma, en el acápite de pruebas requirió que se oficiara a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que aportara los formularios E-10 y E-11 para
cotejar la información de las 50 mesas instaladas en el municipio.

Destacó que el Consejo Nacional Electoral inició un procedimiento administrativo para verificar
la trashumancia en el municipio de Morroa, que finalizó con la Resolución 8958 de 8 de
septiembre de 2023; sin embargo, afirmó que no tuvo en cuenta las cédulas inscritas entre el
13 de marzo de 2021 y el 13 de enero de 2022 y del 14 de enero de 2022 al 29 de marzo de
2022, para las elecciones de presidente y vicepresidente, pese a estar en la obligación de
hacer el cruce en las bases de datos de estos documentos.

Sostuvo que, en contraste, en el municipio de Turbaco se abrió una investigación por
trashumancia electoral, resuelta mediante Resolución 6322 de 2023, que contempló el censo
electoral de las cédulas inscritas en los anteriores periodos y una segunda investigación para
los periodos comprendidos entre el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023,
finalizada con la Resolución 9576 de 13 de septiembre de 2023.

1 Cifra precisada con la reforma de la demanda.
2
Artículo 183. Entiéndase por residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 de la Constitución Política, el lugar
donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios
o empleo.

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Realizó un cuadro con el listado de las personas que votaron en las elecciones del 29 de
octubre de 2023, sin ser residentes del municipio de Morroa, los cuales tuvieron incidencia en
las siguientes mesas y puestos de votación:

Afirmó que, dado que el CNE no analizó las cédulas inscritas para las elecciones anteriores,
el juez de lo contencioso electoral está facultado para hacer la correspondiente verificación, a
través del cruce de datos.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora invocó como causal de anulación la prevista en el numeral 7 del artículo 275
del CPACA (trashumancia electoral). Asimismo, consideró que con el acto de elección se
infringieron los artículos 316 de la Constitución Política, 183 de la Ley 136 de 1994, la
Resolución 2857 de 2018 del Consejo Nacional Electoral y el Decreto 1294 de 2015.

Comentó que, tratándose de la residencia electoral, el artículo 316 de la Constitución Política
establece que en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales, solo
podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. De modo que, la
intención del constituyente era que en las elecciones territoriales se respetara la voluntad de
las personas que realmente tienen un vínculo con el ente territorial o el departamento.

Expuso que, luego de realizar los cotejos entre las bases de datos de ADRES, Censo electoral
y SISBÉN de las 1.076 personas que votaron en Morroa (Sucre), se puede advertir la ausencia
de su vínculo con ese municipio. Afirmó que era evidente que estos individuos estaban
registrados en otras circunscripciones.

Destacó que, para la alcaldía del referido ente territorial, sufragaron en total 11.694 ciudadanos
(Formulario E-26 AL); de este total, votaron 1.076 ciudadanos no residentes en Morroa (Sucre),
que incidieron ilegalmente en el resultado final de declaratoria de elección de alcalde municipal.

Agregó que aplicada la distribución ponderada de exclusión de los votos trashumantes,
depositados mesa a mesa, es posible advertir un resultado final distinto, incidido por la
trashumancia de electores sin arraigo en el municipio; en efecto, aseguró que, a él como

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segundo aspirante con mayor votación a la alcaldía, le correspondería acceder a ese cargo
teniendo en cuenta, además, que la diferencia entre él y el demandado es de tan solo 39 votos.

1.4 Coadyuvancia

El señor Jorge Eliécer Bula González intervino para apoyar los argumentos del demandante.
Indicó que existe una trashumancia histórica enquistada en los municipios que incide y define
los resultados de las elecciones territoriales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no ha
enfrentado decididamente la depuración respectiva.

Adujo que el censo electoral de Morroa (Sucre) es más alto que su población mayor de 18
años apta para ejercer el derecho al voto. Así, aseguró que existe una diferencia de 3.826
ciudadanos que no residen en el municipio y que no fueron incluidos en su censo poblacional
del DANE 2018.

Anotó que desde las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de 2014 hasta las
elecciones territoriales de 2023, se han anulado 2.360 inscripciones de cédulas; no obstante,
esta cifra resulta insuficiente dado que, en 2022, las 913 inscripciones para las elecciones del
Congreso de la República no fueron revisadas por el Consejo Nacional Electoral; asimismo,
para los demás comicios no fueron investigadas en su totalidad.

1.5 Actuaciones procesales

1.5.1 La admisión

Mediante providencia del 21 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre inadmitió
la demanda y concedió el término legal de 3 días para subsanarla. Encontrándose dentro del
plazo, la parte actora presentó memorial de subsanación, razón por la cual, mediante
providencia del 3 de abril de 2024, se admitió y se ordenaron las notificaciones de rigor.

Por su parte, en auto del 28 de junio de 2024, se admitió la reforma de la demanda y la
intervención del señor Jorge Eliécer Bula González como coadyuvante de la parte actora.

1.5.2 Contestación de la demanda

1.5.2.1 Luis Germán Rodríguez Domínguez – demandado

Mediante apoderado se pronunció en los siguientes términos:

Aseguró que la relación de votantes que presenta el actor se encuentra compuesta por
personas que son residentes en dicha municipalidad. Para ello anunció que allegaba algunas
pruebas que demostraban la residencia de esos ciudadanos en Morroa (Sucre).

Explicó que la residencia electoral no se predica de vivir en el municipio, por el contrario, deben
observarse otros criterios como cualquier vínculo comercial, laboral, asiento permanente o
transitorio, propiedad, nacimiento etc. De modo que, los datos extraídos de las bases de datos
de SISBEN y ADRES no son suficientes para que el juez llegue a una decisión anulatoria por
ese solo elemento de juicio, en la medida en que también se establece que debe observarse
el ejercicio de la profesión, negocio, empleo o dónde tiene su arraigo principal.

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Precisó que las censuras formuladas por la parte actora se plantean de manera general y
abstracta, sin precisar si quiera los aspectos fácticos y jurídicos esenciales para su análisis.
Por lo tanto, sostuvo que, a pesar de que la parte actora en el acápite de pretensiones de la
demanda hizo una relación del Formulario E-26 ALC, por la supuesta violación al numeral 7°
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por la votación de 1.076 ciudadanos no residentes en
el municipio de Morroa (Sucre), brilla por su ausencia el análisis exhaustivo del formulario E-
11; es decir, la relación de votantes y los conceptos de la violación respecto de aquellos, por
lo que olvida que resulta imperativo formular una acusación formal por cada uno.

Arguyó que si la censura se limita a exponer hechos genéricos y a citar diferentes normas sin
explicar el concepto de su trasgresión, la demanda es inepta (y así propuso la excepción).
Además, el juez de lo contencioso administrativo no puede declarar de oficio la nulidad de un
acto que goza de presunción de legalidad con fundamento en cargos de violación no
propuestos en el escrito inicial, pues esta constituye el marco jurídico de la litis.

Enfocó parte de su defensa en indicar que no se demostraron variaciones en los documentos
electorales, puntualmente algún tipo de falsedad que indique diferencias entre los formularios
E-14 y E-24.

Agregó que en materia electoral prevalece el principio de eficacia del voto ya que «no basta
con acreditar la existencia de cualquier cantidad de falsedades sino de una de magnitud tal
que tenga la capacidad que se requiere para modificar el resultado consignado en el acto
cuestionado”, por lo que es necesario que “en relación con esta clase de irregularidades se
realice el análisis de su incidencia en el resultado electoral, para de allí establecer si prospera
o no la pretensión de nulidad por esa causal en aplicación del principio de la eficacia del
voto,(…) de donde se desprende que ante la existencia de elementos falsos en los registros
electorales que conduzcan a la declaración de nulidad de una elección es indispensable que
estos hayan sido determinantes en el resultado electoral, vale decir, que puedan producir
verdaderas mutaciones o alterantes de dicho resultado»3.

Sostuvo que para demostrar la existencia de trashumantes, se requiere conocer la votación
exacta de las mesas afectadas, para lo cual es necesario que en el proceso obre copia del
formulario E-24, en el que se consolidan los resultados de la elección mesa a mesa, luego de
que son resueltas las correspondientes reclamaciones. De lo contrario, indicó que sería
imposible determinar los sufragios espurios entre los candidatos que obtuvieron votos en las
mesas alteradas.

Comentó que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que la vinculación del
ciudadano con el territorio para ejercer el derecho al voto puede presentarse por varias
circunstancias, no solo por habitar en el mismo.

Adujo que el actor, a partir de las pruebas aportadas, pretende acreditar que los ciudadanos
relacionados habitan en lugar distinto a donde depositaron el voto (por ejemplo información
obtenida del SISBEN, ADRES o del Registro Único de Víctimas). No obstante, reiteró que el
hecho de que una persona no more en el ente territorial en que votó, no puede concluirse con
grado de certeza que ésta no sea su residencia electoral, pues la misma también puede

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de octubre de 2015. Exp:
110010328000201400048-00, 110010328000201400062-00 y 110010328000201400064-00

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establecerse por otro tipo de relación del votante con el territorio, por ejemplo, el ejercicio de
una profesión, oficio, poseer algún negocio, empleo o ser el lugar en cuestión en el que de
manera regular frecuenta.

1.5.2.2 Consejo Nacional Electoral

Indicó que esa autoridad observó el procedimiento legal en el trámite de la actuación
administrativa de la anulación de inscripción de cédulas por no acreditarse la residencia
electoral e incluyó todos los periodos que correspondía para el cruce de bases de datos.

Mencionó que, en la Resolución 8958 de 2023, párrafo 1.3., se dejó constancia de los periodos
de inscripción de cédulas analizados, comprendidos entre las siguientes fechas: i) del 13 de
marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, para Congreso de la República, ii) del 14 de enero
2022 al 29 marzo de 2022, para presidente y vicepresidente de la República y, iii) desde el 29
de octubre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023, para autoridades locales.

Afirmó que el demandante no aportó ninguna prueba que desvirtuara la presunción de
residencia electoral por lo que permanecía incólume la legalidad de los actos administrativos
expedidos por el Consejo Nacional Electoral, que, además, no podían ser atacados por el
medio de control de nulidad electoral en este caso.

Agregó que «la Resolución 8959 del 8 de septiembre fue objeto de recursos los cuales se
decidieron en su oportunidad a través de la Resolución No. 14495 del 24 de octubre de 2024,
por lo anterior, no [l]e consta que personas a las que se les revocó la inscripción de su cédula
hayan sufragado en la respectiva circunscripción electoral. De igual forma, resulta imposible
dar veracidad a la afirmación del demandante en cuanto al sentido de la presunta votación, por
el mismo carácter secreto del derecho al voto».

1.5.2.3 Registraduría Nacional del Estado Civil

Expuso que el Consejo Nacional Electoral era la autoridad administrativa encargada de
investigar y revocar las inscripciones de cédulas que correspondan, por la configuración de la
trashumancia electoral. Así, precisó que la RNEC actuaba como organizadora de los comicios,
sin embargo, no tenía la facultad para verificar inhabilidades y/o incompatibilidades de los
candidatos, ni otorgaba validez o anulaba ningún voto. Señaló que al peticionario se le permitió
inspeccionar los formularios E-11 (acta de instalación de mesa y registro general de votantes),
pero sin expedir copia por tener carácter reservado.

Propuso la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva» en consideración a que
su función no guarda relación con los hechos de la demanda, en tanto no expidió el acto
acusado, mediante el cual se declaró la elección del alcalde de Morroa (Sucre). Insistió en que
era el Consejo Nacional Electoral el que debía pronunciarse sobre el asunto en el marco de
sus competencias.

1.6. Otras actuaciones de la primera instancia

Mediante providencia del 30 de agosto de 2024, la magistrada ponente resolvió las
excepciones de inepta demanda formulada por el demandado, y de la falta de legitimación en
la causa por pasiva, alegada por la RNEC, en el sentido de declararlas no probadas.

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En la misma providencia, el despacho sustanciador prescindió de la audiencia inicial, decretó
las pruebas allegadas por las partes, y ordenó requerir a la Registraduría Nacional del Estado
Civil para que aportara al expediente los Formularios E-10 y E- 11, lista de sufragantes de las
elecciones del 29 de octubre de 2023, de las mesas indicadas por la parte accionante.
Asimismo, precisó oficiar:

i) Al Departamento Nacional de Planeación DNP para que remitiera copia de las direcciones
que dieron al momento de su inscripción en el SISBEN, cada uno de los 1.076 ciudadanos
enlistados como no residentes en el municipio de Morroa (Sucre).

ii) Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, para que certifique, si cada una de las
referidas personas figuran como propietarios de inmuebles en el municipio de Morroa (Sucre).

iii) A la gerencia de la empresa VEOLIA, sucursales Sincelejo y Corozal, para que certifique
qué personas, de las que se relacionan en el hecho 11 de la demanda, son usuarias del servicio
de acueducto y alcantarillado que presta en estos dos municipios y desde cuándo figuran.

iv) Al DANE, para certificar las personas con edades entre los 0 y 17 años, 18 y más años y la
población total del municipio de Morroa (Sucre).

v) A la Registraduría Nacional del Estado Civil, certificar el censo electoral del municipio de
Morroa para las elecciones territoriales de 2023. Así mismo, el número de inscripciones para
las elecciones de Congreso, Presidencia de la República y territoriales desde el 2014 hasta el
2023.

vi) Al Consejo Nacional Electoral, certificar que las inscripciones de ciudadanos para votar en
Morroa para las elecciones de Congreso y Presidencia del año 2022, no han sido investigadas
y, por tanto, no existe resolución de anulación por trashumancia electoral.

Igualmente, dispuso dictar sentencia anticipada y fijó el litigio en los siguientes términos:

Del contenido de la demanda, podemos fijar el litigio planteando que el problema jurídico
principal, consiste en determinar si el acto de elección contenido en el Formulario E- 26ALC de
6 de noviembre de 2023 del alcalde de Morroa, Luis Germán Rodríguez Domínguez, para el
periodo 2024-2027, se encuentra viciado de nulidad por la presunta incursión en la causal de
nulidad electoral establecida en el numeral 7 del artículo 275 de la Ley1437 de 201

Finalmente, mediante providencia del 23 de octubre de 2024, se corrió traslado para alegar de
conclusión, por lo que las partes presentaron los escritos respectivos y el ministerio público
rindió su concepto.

2. La sentencia apelada

La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre denegó las pretensiones de
la demanda, mediante providencia del 3 de diciembre de 2024, con fundamento en los
siguientes argumentos:

Sostuvo que, de acuerdo con el acervo probatorio allegado al expediente, se puede evidenciar
que el Consejo Nacional Electoral, a través de auto del 24 de julio de 2023, avocó conocimiento

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y decretó el cruce de bases de datos por la presunta inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía en el municipio de Morroa (Sucre).

Comentó que dicha investigación tuvo en cuenta los siguientes períodos: i) entre el 13 de marzo
de 2021 al 13 de enero de 2022, para Congreso de la República; ii) del 14 de enero 2022 al 29
marzo de 2022, para presidente y vicepresidente de la República y iii) del 29 de octubre de
2022 hasta el 29 de agosto de 2023.

Indicó que, mediante Resolución 8958 de 8 de septiembre de 2023, el Consejo Nacional
Electoral dejó sin efectos la inscripción de varias cédulas inscritas en el municipio de Morroa
(Sucre) para las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, que se describieron en el
anexo que hace parte integral de dicho acto. Asimismo, mediante Resolución 14495 de 24 de
octubre de 2023, el CNE decidió los recursos de reposición interpuestos «contra los actos
administrativos por medio de los cuales se adoptaron decisiones dentro de procedimiento
administrativo breve y sumario adelantado para determinar la posible inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía y extranjería en el departamento de SUCRE, con ocasión de las
elecciones a realizarse el próximo 29 de octubre de 2023». En lo correspondiente al municipio
de Morroa, se rechazaron por extemporaneidad.

Mencionó que, con las pruebas documentales aportadas con la demanda, el actor refirió las
certificaciones de bases de datos oficiales, a través enlaces, así:

Indicó que, de manera independiente, el demandante aportó las certificaciones de cada una
de las bases de datos (ADRES, SISBÉN, CENSO INDÍGENA, RUES, SUPERNOTARIADO)
de las cédulas que relacionó como pertenecientes a personas trashumantes.

Precisó que la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió los formularios i) E-10 – lista de
sufragantes – para las elecciones territoriales de octubre 29 de 2023 del municipio de Morroa
(Sucre), cabecera municipal y corregimientos (El Yeso, Sabaneta, Pichilín), en los cuales
aparecen resaltados los números de cédula de las personas que acudieron a ejercer su
derecho al voto en la jornada electoral; ii) E-11 acta de instalación y registro general de
votantes.

Sostuvo que la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó el potencial electoral para las
elecciones de autoridades territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023 en el municipio de
Morroa, esto es, 15.206 ciudadanos. Igualmente, comunicó el número de trámites de
inscripción de cédulas desde el año 2014.

Explicó que, para demostrar que las personas inscritas para votar en un determinado municipio
no residen en ese lugar, debe cumplirse una carga probatoria exigente, pues se pretende
desvirtuar la presunción de residencia que opera una vez los ciudadanos se inscriben.

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Resaltó que el acto de inscripción propiamente dicho depende directamente de la iniciativa del
futuro elector. Ello es así, pues una vez expedida la cédula de ciudadanía, ésta queda inscrita
automáticamente para que el individuo vote en el lugar de expedición del documento y ante el
desplazamiento del ciudadano a zona geográfica distinta, la ley permite el cambio de domicilio
o residencia, con el fin de garantizar el derecho a elegir, teniendo en cuenta lo dispuesto por
el artículo 316 constitucional.

Destacó que los elementos de convicción recopilados no permiten afirmar con certeza que las
personas individualizadas en el escrito de la demanda sean trashumantes, es decir, que se
equiparen a sujetos sin residencia electoral en el municipio de Morroa (Sucre).

Argumentó que para el caso concreto, el Consejo Nacional Electoral tuvo la oportunidad de
pronunciarse bajo el rigor de un proceso formal, reglado, en aplicación del derecho al debido
proceso de los implicados y determinó que una cantidad de cédulas inscritas en el municipio
en cuestión, correspondían a personas no residentes, por lo que dejó sin efectos su inscripción.
En ese sentido, esos ciudadanos no pudieron votar en el ente territorial.

Aclaró que la parte actora no cuestiona en este asunto que algún individuo de aquellos a los
que se le revocó la inscripción hubiera votado en Morroa (Sucre), pese a la situación irregular.
Frente a las personas que votaron y a las que el demandante considera trashumantes no fue
posible establecer su no residencia.

Sustentó que, si bien la consulta en bases de datos puede ser indicio de que un ciudadano no
habita en determinado lugar, esta información es insuficiente para sostener, sin equívocos,
que el individuo efectivamente no more en el sitio, no tenga un asiento regular en el municipio
o que no posea ninguna relación directa derivada de su actividad laboral, comercial u oficio.

Expuso que lo anterior cobra sentido toda vez que la realidad de las consultas en muchas
ocasiones no coincide con el contexto fáctico de la situación personal del ciudadano. En ese
sentido, bien puede suceder que la persona se desplace de su lugar habitual a otro municipio,
sin que sea necesario el traspaso de los servicios de salud, dada la cercanía. También puede
acceder a los servicios de salud en sede distinta a su lugar de residencia ante una mejor oferta
de servicios y, asimismo, al desarrollar una actividad comercial no formal, esta no estaría sujeta
a registro en ninguna base de datos oficial.

Sostuvo que de las circunstancias en cuestión, individualmente consideradas, de ningún modo
pueden, por sí solas, desdibujar la presunción de residencia electoral, que se entiende creada
a partir de la manifestación hecha al momento de solicitar la inscripción de la cédula, con el fin
de ejercer derechos políticos –elegir y ser elegido-.

Concluyó que no resulta apropiado acoger las pretensiones de la demanda con el material
probatorio que reposa en el expediente, que más que certezas, ofrece dudas sobre la relación
de las personas con el territorio y que impiden avalar la posición de la no residencia de esos
1.076 individuos en el municipio de Morroa (Sucre).

3. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, el demandante formuló recurso de apelación, con fundamento en

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Demandante: José Domingo Domínguez Solano
Demandado: Luis Germán Rodríguez Domínguez, alcalde de Morroa (Sucre)
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los siguientes argumentos:

Sostuvo que la sentencia de primera instancia debe revocarse por cuanto el a quo, incurrió en
flagrante defecto fáctico, por indebida valoración probatoria, que lo llevó a la inaplicación del
supuesto constitucional y legal que gobierna la trashumancia electoral como causal de
anulación electoral.

Explicó que los ciudadanos que se relacionaron en la demanda y que sufragaron en Morroa
(Sucre), en las elecciones del 29 de octubre de 2023, no son residentes en ese ente territorial,
porque no habitan de manera regular; además, no ejercen profesión u oficio o poseen algún
negocio mercantil, como lo acredita el Registro Único Empresarial y Social -RUES- de la
Superintendencia de Sociedades; ni tampoco cuentan con un empleo en ese municipio, como
lo establece el art. 183 de la Ley 136 de 1990.

Apuntó que las referidas personas figuran en más de un registro de las plataformas de las
bases de datos de políticas públicas de asistencia ciudadana, que establece el artículo 8° de
la Resolución 2857 de 2018 del Consejo Nacional Electoral, de otros municipios, distintos a
Morroa. Igualmente, el referido acto es categórico en establecer, que se tiene como prueba de
residencia, la coincidencia de uno o más registros en cualquiera de las plataformas de las
bases de datos señaladas, como sucede en este caso con el ADRES y SISBEN de otras
municipalidades como Corozal y Sincelejo, los cuales fueron aportados oportunamente con la
demanda.

Sustentó que, en este tipo de programas de políticas públicas asistenciales, se hace uso de la
herramienta de caracterización de los potenciales beneficiarios, usando el mecanismo de
comprobación, a través de las visitas y encuestas, en las direcciones que el ciudadano da
como sitio de residencia.

Insistió que, con el escrito de reforma de demanda, se aportó el listado de los ciudadanos no
residentes en Morroa (Sucre), que figuraban en más de un registro de las plataformas de las
bases de datos de políticas públicas de asistencia ciudadana, que establece el artículo 8 de la
Resolución 2857 de 2018 del Consejo Nacional Electoral, de otros municipios.

Argumentó que el tribunal de primera instancia en la sentencia recurrida invirtió el concepto de
carga de la prueba, pues trasladó al demandante el deber de demostrar que esos 1076
ciudadanos no son moradores del municipio de Morroa (Sucre) y que no tienen asiento regular
en el mismo, no ejercen allí su profesión u oficio ni poseen algún negocio o empleo.

Explicó que lo anterior resulta irrazonable porque en la demanda se efectuó una negación
indefinida, esto es, que los ciudadanos identificados no residen en Morroa (Sucre); luego, le
correspondía la carga de la prueba a la parte demandada, y en ese orden, acreditar que sí
habitaban; que de manera regular frecuentan el referido municipio o que ejercen profesión u
oficio o poseen alguno de sus negocios o empleo en ese lugar.

Afirmó que el a quo no tuvo en cuenta uno de los argumentos de la reforma de la demanda,
consistente en los periodos investigados por el CNE sobre la trashumancia histórica en el
municipio de Morroa (Sucre), pues omitió contrastar las inscripciones para las elecciones del
Congreso de la República y para presidente y vicepresidente.

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Demandado: Luis Germán Rodríguez Domínguez, alcalde de Morroa (Sucre)
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Sostuvo que la Resolución 8958 de 2023 del CNE, que adoptó decisiones por posible
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, fue expedido con evidentes falencias. Así,
insistió que este debe ser analizado en la segunda instancia, contrastándola con las pruebas
aportadas en el expediente, esto es, con el cruce de bases de datos de las distintas plataformas
de políticas públicas de asistencia ciudadana.

Agregó que la participación indebida de estos ciudadanos, en las elecciones territoriales de
octubre 29 de 2023, se acredita con la copia de los formularios E-10 y E-11 de los registros
electorales. Señaló que en Morroa (Sucre) votaron 1.020 ciudadanos no residentes en Morroa;
durante la etapa probatoria se demostró que 56 ciudadanos figuraban en el índice de
propietarios, razón por la que se reduce el número de ciudadanos no residentes, de 1.076 a
1.020, por el arraigo demostrado.

4. Actuaciones en segunda instancia

Mediante auto del 10 de febrero de 2025, el despacho del magistrado sustanciador admitió el
recurso de apelación y corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

4.1. Demandante4

Se remitió nuevamente a las razones del recurso de apelación para argumentar por qué debe
revocarse la sentencia de primera instancia. Insistió que tenían que valorarse las pruebas que
demostraban que las 1.020 personas que votaron en Morroa (Sucre), relacionadas en la
demanda, no tenían su residencia electoral en ese municipio.

4.2. Demandado5

Sostuvo que, frente a las personas que votaron y a las que el demandante considera
trashumantes, no fue posible establecer su no residencia. Si bien la consulta en bases de datos
puede ser indicio de que la persona no habita en determinado lugar, el tribunal consideró que
esta información es insuficiente para sostener sin equívocos que el individuo, efectivamente,
no mora en el sitio, no tiene un asiento regular en el municipio o no tiene ninguna relación
directa derivada de su actividad laboral, comercial u oficio.

Mencionó que, de acuerdo con la jurisprudencia, es necesario demostrar que la persona vive
en otro municipio, tiene asiento regular en un ente territorial diferente, y ejerce su actividad
comercial o profesión en un sitio distinto. El Tribunal Administrativo de Sucre en anterior
ocasión al analizar un asunto en el que la parte demandante se limitó a traer al plenario las
consultas en bases de datos para poner en entredicho la residencia electoral de quienes
consideraba trashumantes expuso que:

La consulta de la base de datos de la ADRES, el SISBÉN y del CENSO INDÍGENA, por sí solo,
no es suficiente para desvirtuar la presunción de residencia electoral de las personas reseñadas,
ya que, existen casos, donde el afiliado permanece registrado para la prestación de los servicios

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de salud, sin modificar tal lugar, pese a que ya reside en otro sitio, lo que se puede dar por
desidia, simple omisión o cualquier otro tipo de interés, resultando entonces, que es necesario
establecer la residencia electoral, situación fáctica real frente al inscrito como votante, lo que no
se hizo en este expediente.

Comentó que del acervo probatorio arrimado al proceso, no hay pruebas suficientes para
desvirtuar la legalidad del acto demandado, en la medida en que el demandante omitió aportar
los elementos de juicio necesarios para esclarecer el asunto, tales como el formulario de
inscripción de ciudadanos E-3 de las elecciones de Congreso de la República y Presidenciales
en el 2022. De modo que, no se demostró el incumplimiento de los elementos de la residencia
electoral para ejercer el derecho al voto por parte de los ciudadanos relacionados en la
demanda.

Precisó que, de cualquier forma, de comprobarse la trashumancia de los 1.076 o 1.020
ciudadanos en las elecciones para elegir al alcalde de Morroa (Sucre), lo cierto es que la
diferencia entre el primero y el segundo fue de 39 votos y entre el segundo y el tercero es de
4.546. En ese orden de ideas, si se aplica el cambio de jurisprudencia sobre la incidencia de
esa causal en elecciones para cargos uninominales que fue desarrollada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado en la sentencia del 10 de octubre de 2024 bajo el radicado 15001-23-
33-000- 2023-00483-01, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, se podría
concluir, igualmente, que no hay lugar a anular el acto de elección.

4.3. Concepto del Ministerio Público6

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia con los siguientes argumentos:

Expuso que el recurrente controvierte la interpretación realizada por el tribunal respecto a la
carga probatoria que recae en quien impetra este tipo de causal, al igual que reprocha la debida
valoración de los soportes allegados.

Destacó que, aun cuando se analizara en detalle la información extraída por el demandante,
para desvirtuar la presunción de residencia electoral de los ciudadanos que indica son
trashumantes en el municipio de Morroa (Sucre), y que detalló en el hecho 11 de la demanda
original, aquellas no son las únicas bases de datos que pueden acreditar residencia. Ello, de
acuerdo con lo planteado por la normativa vigente, la jurisprudencia, y la propia reglamentación
expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Manifestó que el votante puede escoger una de entre las varias formas de residencia electoral
admitidas por la ley y la jurisprudencia al momento de registrar su cédula de ciudadanía bajo
la gravedad de juramento, por lo que cuando se pretende controvertir dicha decisión personal
con fines de nulidad electoral, se debe satisfacer la carga de probar que el sufragante no se
encuentra en ninguna de las situaciones que lo habilita para votar en la circunscripción en que
lo hizo. Si bien, los reportes que pueden ofrecer los diferentes órganos del Estado permiten
establecer un indicio frente a la residencia, no dotan de total certeza la convergencia o la
ausencia de todas las referidas opciones de residencia electoral.

Precisó que, además, el Consejo Nacional Electoral, adelantó una actuación frente a este

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fenómeno de la trashumancia en el municipio de Morroa, que dio como resultado la exclusión
de sendas cédulas de ciudadanía del censo electoral para las elecciones del 29 de octubre de
2023, como consta en la Resolución 8958 del 8 de septiembre de 2023, y en la Resolución
9575 del 12 de septiembre del mismo año, que resolvió los recursos de reposición interpuestos
frente a la primera.

Indicó que dichos actos administrativos no fueron tomados como referencia por el demandante
en su análisis, para evidenciar que los 1.020 ciudadanos que estima son trashumantes, no
hubieren hecho parte de la depuración que realizó el CNE, o que, siendo depurados del censo
por la autoridad, votaran efectivamente. Es decir, no hizo distinción de una u otra situación,
sino que se limita a relatar el resultado de la consulta efectuada por él en las bases de datos,
pretendiendo que el operador jurídico realice el cruce de los cupos numéricos mencionados,
con dichos actos, e incluso, con los que obran en el Formulario E-11.

Enfatizó que, tal y como lo concluyó el tribunal, los medios de prueba allegados por la parte
actora y demás incorporados al proceso, no resultan suficientes para demostrar que los
individuos señalados por el demandante, no residen en el municipio de Morroa (Sucre).

Precisó que los temas relacionados por el demandante -trashumancia electoral y falta de
arraigo de los votantes del municipio de Morroa-, no se advierten como indefinidos, en la
medida que eran determinables en el tiempo, modo y lugar; tan es así, que el accionante allegó
algunos medios de prueba para intentar corroborar su manifestación, y si bien, el recurrente
adopta y relaciona la trashumancia como una «negación indefinida» que no requeriría prueba
en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso, olvida la naturaleza del acto
irregular que reprocha, que no le permite ajustarse a ese parámetro al hacer parte de una
reglamentación especial, bajo el marco de la justicia rogada.

Mencionó que el recurrente adujo que, en el fallo de primera instancia, no se estudiaron los
numerales 8 y 10 de la reforma de la demanda, en los cuales se puso de presente que el
Consejo Nacional Electoral, al adelantar la actuación administrativa por trashumancia, lo hizo
de manera incompleta, en tanto, no incluyó la base de datos de las cédulas de ciudadanía
inscritas entre el 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022. No obstante, el Consejo
Nacional electoral al adoptar las resoluciones 8958 del 8 de septiembre de 2023 y 9575 del 12
de septiembre del mismo año, que resolvió los recursos de reposición, al desarrollar el acápite
del acervo probatorio de la actuación en el numeral 3 de los actos en cita, sí incluyó en los
cruces de las bases de datos las inscripciones llevadas a cabo en los periodos que extraña el
recurrente, por lo que este reproche tampoco debe prosperar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 7 numeral 7 literal (a) del
CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda
instancia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 3 de

7
Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a)
De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso (…) de los alcaldes municipales y distritales (…).

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diciembre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las
pretensiones de la demanda.

2. El acto electoral cuestionado

Corresponde al Acta de Escrutinio Municipal E26 – ALC del 6 de noviembre de 2023, mediante
la cual se declaró la elección del señor Luis Germán Rodríguez Domínguez, alcalde de Morroa
(Sucre), periodo 2024-2027.

3. Problema jurídico

De conformidad con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
de primera instancia. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia del
juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia de primer
grado y los argumentos del recurso.

En consecuencia, se deberá establecer si el acto de elección del señor Luis Germán Rodríguez
Domínguez como alcalde de Morroa (Sucre) está viciado de nulidad toda vez que, a juicio del
recurrente, 1.020 personas que no eran residentes del municipio participaron en las elecciones
del 29 de octubre de 2023, para elegir al primer mandatario del referido ente territorial. Sobre
el particular, habrá de determinarse si en efecto, como lo señala el apelante, en este asunto
se encontraba probado el «trasteo de votos» en esa municipalidad y si el tribunal de primera
instancia, pasó por alto la valoración de las pruebas aportadas y la negación indefinida que
efectuó el demandante lo que, en su criterio, invertía la carga de la prueba al demandado, en
el sentido de demostrar que los ciudadanos relacionados sí tenían algún vínculo con esa
circunscripción electoral.

Asimismo, se precisará el alcance de los argumentos formulados por el recurrente contra las
resoluciones del CNE mediante las cuales se resolvió la actuación e investigación sobre
trashumancia en el municipio de Morroa (Sucre).

Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso8, «[e]l
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en
el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento de la
apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por el apelante, lo que
descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido materia de alzada9.

8
Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la remisión prevista en su artículo
306.
9
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2019-00896-01, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio.

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Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco jurídico de
la trashumancia electoral y su incidencia y, (ii) el caso concreto, conforme a los límites
indicados líneas atrás.

4. Marco jurídico de la trashumancia electoral

La figura de la trashumancia como vicio de nulidad electoral se ha entendido como la «acción
de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción política en un lugar
distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés» 10; lo cual,
además de tener una implicación en el marco de tales procesos, puede conllevar a la
imposición de sanciones de tipo penal. El objetivo del establecimiento legal de la causal no es
otro que se respete la autodeterminación de los ciudadanos en la resolución de los asuntos
propios y que sean estos quienes decidan sus autoridades y demás cuestiones inherentes al
proceso de elección, con sustento en los principios rectores que, entre otros aspectos, buscan
asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los
ciudadanos.

Esta Sala ha señalado que para entender el fenómeno de la trashumancia electoral, es
necesario remontarse a la Ley 6° de 1990, que, entre otras disposiciones, modificó los artículos
76 y 77 del Código Electoral (D.2241/86), en el sentido de precisar: «[a] partir de 1988 el
ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al
censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo (…) mientras no sean
canceladas o se inscriban en otro lugar».

Así mismo, al artículo 316 de la Constitución Política de 1991, establece: «en las votaciones
que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo
carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio», lo cual
impone un vínculo necesario entre la votación a realizar y la residencia del sufragante; no
obstante, dicha normativa superior, no contiene una definición sobre el término residencia ni
explica la consecuencia de su desconocimiento, por lo que entra a jugar un papel muy
importante el desarrollo legal de la preceptiva y la jurisprudencia sobre la causal especial de
nulidad, de acuerdo con lo preceptuado el artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011:

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…)

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los
electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

Igualmente, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha destacado que para el examen del cargo
de nulidad electoral fundado en la causal del artículo 275.7, al menos en el ámbito municipal y
local, es menester consultar las siguientes reglas11:

Para que prospere el cargo se debe acreditar: (i) que personas no residentes en el respectivo
municipio se inscribieron para sufragar en él; (ii) que éstas, efectivamente hayan votado y (iii)
que sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la elección.

10
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 30 de septiembre de 2021, Rad.
11001032800020200001300. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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La incidencia del vicio se mide de acuerdo con el sistema de distribución ponderada de votos
nulos.

Conforme con lo anterior, para hablar de trashumancia resulta indispensable que se acrediten
en forma suficiente los 3 elementos señalados, en caso de que alguno de ellos no se encuentre
demostrado, se entiende que la causal de nulidad electoral bajo estudio no se configura o no
tiene incidencia en la legalidad de la elección que se controvierta.

5. De la incidencia en el resultado de la elección en el que se comprueba la trashumancia
– cambio en la tesis jurisprudencial en cargos uninominales

La Sala debe resaltar que de tiempo atrás admitió la procedencia de la aplicación del sistema
de distribución ponderada en procesos de nulidad tanto para corporaciones públicas como
para cargos uninominales.

Tratándose del análisis de la incidencia bajo el sistema de afectación ponderada, la sala había
tomado el número de votos fraudulentos acreditados en una mesa de votación y los distribuía
en forma proporcional a su participación entre los candidatos que obtuvieran votos en la mesa
o mesas donde se presentaron las irregularidades, bien sea para agregar o quitar votos. Para
el estudio de la incidencia en el resultado de la elección, aquel se efectúa únicamente en
relación con las mesas y registros de cada cargo sobre los cuales se encontró probado el vicio
de nulidad alegado. Después de realizar la afectación en las mesas que prosperaron, se debe
estudiar el impacto que estas tuvieron en los resultados electorales12.

No obstante, mediante providencia del 10 de octubre de 2024 la Sección Quinta13, al estudiar
el recurso de apelación contra la sentencia que había negado las pretensiones de la demanda
de la elección de la alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá), advirtió la necesidad de modificar
su postura frente a la incidencia de la trashumancia, cuando se trata de cargos uninominales.

En ese proveído, la sala consideró que los reparos planteados por la parte recurrente frente a
la fórmula de la afectación ponderada eran razonables, puntualmente, respecto de elecciones
de cargos uninominales en las que las diferencias entre el primer y segundo candidato son tan
estrechas, frente a una votación espuria por trashumancia significativa. Con la claridad de que
ello no comporta la inconstitucionalidad o ilegalidad del sistema de distribución ponderada que
hasta ese momento había sido utilizado por la Sección Quinta, si se tiene en cuenta el
desarrollo jurisprudencial que ha tenido la tesis, como se expuso ampliamente en líneas
anteriores, bajo parámetros de la igualdad electoral, la eficacia del voto y la transparencia de
los comicios.

Así, puntualmente en el caso de Nuevo Colón (Boyacá) se pudo advertir que la diferencia de
votos entre la alcaldesa y el segundo es apenas de 10 votos mientras que los trashumantes
son 146, por lo que se trata de una diferencia de 14.6 veces más. Una correlación que llamó
la atención de la Sala, pues los 146 votos irregulares que se encontraron acreditados en ese
asunto por trashumancia representan el 3,81% de la votación válida.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 29 de abril de 2021. Radicación: 11001-03-28-
000-2018-00106-00 (11001-03-28-000-201800116-00). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 10 de octubre de 2024, Rad: 15001-23-33-000-
2023-00483-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Con aclaración de voto de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

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Ese porcentaje podía resultar significativo, dado que la diferencia entre el demandado y el
segundo aspirante a la referida dignidad tan solo fue de 10 votos, es decir un 0.26% de la
votación válida total. Incluso con el tercer candidato era solo de 63 sufragios, esto es, 1,3% de
la votación válida; al ser extremadamente estrecha esa distancia, cualquier irregularidad mayor
a esa diferencia tenía la potencialidad de cambiar el resultado electoral.

Por lo tanto, la Sección Quinta recordó que una premisa fundamental que debe asegurar el
juez electoral es la existencia de unos comicios transparentes y que reflejen el verdadero
mandato de los residentes del municipio. Si en ese caso existía una duda razonable de que
esos 146 votos de trashumancia pudieron haber alterado el resultado final, sería primordial
considerar si la elección reflejaba con exactitud la voluntad popular.

Dado que el voto es secreto y no es posible determinar con precisión a quién o quiénes debían
descontarse los sufragios espurios, la Sección Quinta había considerado la aplicación de la
fórmula de distribución ponderada, con miras a afectar proporcionalmente a cada uno de los
candidatos de la contienda electoral; sin embargo, por más esfuerzos matemáticos o
estadísticos que realizara la Sala para afectar proporcionalmente a los aspirantes, no sería
posible acercarse a la realidad sobre la incidencia de la irregularidad. Cambiar el método
aritmético podría llevar a la misma conclusión y, en todo caso, las posibilidades son diversas
y depende del componente que se pretenda privilegiar en el resultado electoral.

Sin embargo, se precisó que la elección a cargos de elección popular para corporaciones
públicas comporta una ecuación diferente, en tanto, corresponde a listas de candidatos por
cada partido o movimiento político. Así, afectar ponderadamente a cada uno responde o se
justifica en el principio de eficacia del voto, pues no obedece a un único aspirante por cada
agrupación política, sino un conjunto de posibilidades electorales; de modo que, en esos
eventos, la Sección consideró que la fórmula de distribución ponderada se debe mantener.

No obstante, el panorama cambia cuando se trata de cargos uninominales en los que se
enfrenta un solo aspirante por cada opción política para la dignidad que se pretende alcanzar
y se evidencian irregularidades con una desviación significativa entre el resultado y la votación
transeúnte.

En tales condiciones, no puede perderse de vista que el presupuesto para declarar la nulidad
de un acto electoral (art. 288 del CPACA) es garantizar el respeto de la voluntad legítima
mayoritaria del pueblo; por ello corresponde al juez en cada caso determinar si las
irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse
nuevos escrutinios serían otros los elegidos.

De la anterior correlación, la Sala consideró pertinente y justificado, modificar su tesis
jurisprudencial cuando se trata de la causal de trashumancia en las elecciones para un cargo
uninominal. Así, objetivamente, para determinar la incidencia en que se invoque este reparo
de nulidad electoral, en esos precisos casos (unipersonales), se debe tener en cuenta la
siguiente regla:

Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la diferencia
de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que
solo sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas

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elecciones. Si la votación afectada por la trashumancia es menor o igual a la diferencia
que existe entre los 3 primeros candidatos, el acto de elección prevalecerá.

La razón de escoger a los tres primeros aspirantes obedece a que no solo está en contienda
el cargo del primer mandatario del ente territorial; también existe la posibilidad de que el
segundo con mayor votación acceda -por derecho personal- a una curul a la corporación
pública respectiva, según el tipo de elección que se trate, en los términos del Estatuto de la
Oposición.

Nótese que, considerar solo la distancia entre el vencedor y el segundo aspirante, por un lado,
sugeriría que la votación trashumante, en últimas, debe descontarse al demandado, aun
cuando, se insiste, no es posible determinarlo por el carácter secreto del voto. Con todo, si en
la ecuación se incluye a la tercera opción política y, aun así, los sufragios transeúntes son
mayores a la diferencia de sufragios con el tercer candidato, es un grave indicio de que la
voluntad popular mayoritaria para designar tanto al primer mandatario como a la curul de la
oposición pudo haber sido falseada.

Así, la anomalía por trashumancia invocada en cada caso deberá ser significativa o altamente
sensible como para alterar los resultados de los dos primeros puestos, lo que incluye en la
ecuación la revisión de la votación del tercer aspirante (independientemente de que se hayan
presentado 4, 5 o 10 candidatos). Claramente, en el evento en el que solo concurran dos (2)
candidatos a la contienda electoral, y los votos trashumantes sean mayores que la distancia
entre ellos también habría un nivel de incertidumbre que amerita repetir los comicios.

Lo que se pretende establecer cuando se trate de tres (3) candidatos o más, es que, en efecto,
existe una desviación de tal magnitud que ni siquiera es posible mantener la premisa de la
eficacia del voto de la expresión mayoritaria de los residentes, ante la perplejidad que genera
una votación transeúnte mayor a la distancia entre los tres aspirantes que tuvieron más
respaldos ciudadanos; además porque, se insiste, no solo se distorsiona el resultado del primer
mandatario, también la votación obtenida por el segundo candidato quien tiene el derecho
personal de acceder a una curul en el cabildo municipal o la duma departamental.

Por lo tanto, siempre que se considere que los sufragios irregulares superan la diferencia entre
los primeros tres (3) candidatos, o de los dos (2) primeros, de no existir tercer aspirante, habrá
que convocarlos o vincularlos al proceso de nulidad electoral, por el interés que les asiste en
el evento en el que se tengan que convocar nuevos comicios.

6. Caso concreto

Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la parte recurrente
pretende que se revoque la sentencia de primera instancia. En su criterio, el tribunal incurrió
en una indebida valoración probatoria en tanto que, el solo cruce de las bases de datos del
SISBEN, ADRES y el censo de la población indígena, era posible advertir que, los 1.020
ciudadanos que se cuestionan, no tenían su residencia electoral en el municipio de Morroa
(Sucre).

Asimismo, consideró que, de cualquier forma, si había alguna duda sobre la información
obtenida, lo cierto es que en la demanda se realizó una «negación indefinida», esto es, que
tales individuos no son residentes del ente territorial en comento; luego, en su criterio, la carga

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Demandante: José Domingo Domínguez Solano
Demandado: Luis Germán Rodríguez Domínguez, alcalde de Morroa (Sucre)
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de la prueba se «invirtió» y, por ello, le correspondía al demandado demostrar que esas
personas sí tenían un arraigo con esa circunscripción electoral.

Para la parte recurrente, además, la investigación que realizó el CNE sobre la trashumancia
presentada en Morroa, fue irregular y no consideró todos los periodos de inscripción de
cédulas, como es el caso de las elecciones del Congreso de la República y presidente y
vicepresidente que se llevaron a cabo en el 2022.

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda,
al no encontrar acreditado en este asunto que, en efecto, los ciudadanos relacionados por el
demandante, que según el E-10 y E-11 votaron en Morroa (Sucre), no tenían su residencia en
ese municipio.

En efecto, consideró que si bien la consulta en bases de datos puede ser indicio de que un
ciudadano no habita en determinado lugar, esta información es insuficiente para sostener sin
equívocos que el individuo efectivamente no more en el sitio, no tenga un asiento regular en el
municipio o que no posea ninguna relación directa derivada de su actividad laboral, comercial
u oficio.

Según se tiene, en lo que concierne a la valoración probatoria, le asiste razón al tribunal al
señalar que en este asunto no se logró acreditar que, las 1.020 personas que señala el
recurrente no tenían su residencia electoral en el municipio de Morroa (Sucre). Nótese que las
pruebas aportadas, sobre las cuáles insiste el demandante en su recurso, se refieren a las
bases de datos del SISBEN, ADRES, el censo de la población indígena, y RUES.

Aun en el evento de hacer la depuración de estos datos por cada uno de los ciudadanos
relacionados por la parte actora, y comprobar que aquellos no se encuentran registrados en el
SISBEN, ADRES, censo indígena y RUES en Morroa (Sucre), lo cierto es que no resultan
suficientes, por sí solos, para desvirtuar la presunción de residencia electoral de las personas
que inscribieron su cédula de ciudadanía en dicho ente territorial para ejercer su derecho al
voto.

Nótese que el actor no demostró que el listado de las personas que aportó con la demanda
sea ajeno al estudio que emprendió el CNE al depurar el censo electoral de Morroa (Sucre),
de cara a las resoluciones que obran en el expediente, el cual no sólo partió de las cédulas
registradas en el marco de las elecciones locales de 2023 sino de comicios anteriores. Si bien
las bases de datos que trae como prueba la parte accionante, pueden ser un indicio de la
residencia de los ciudadanos señalados en su escrito de demanda, no reflejan fielmente la
realidad, y tampoco demuestra que la autoridad electoral las haya omitido en su estudio14.

Además, contrario a lo señalado por el recurrente, el artículo 8° de la Resolución 2857 de 2018
del Consejo Nacional Electoral no prevé que el cruce de las bases de datos resulte suficiente
para considerar la trashumancia electoral en un caso concreto; por el contrario, será una de
las pruebas que tendrá en cuenta en la actuación o investigación sobre aquella y, en todo caso,
el parágrafo segundo de la misma disposición, prevé que el CNE podrá solicitar a las entidades

14
En un asunto similar, se llegó a la misma conclusión: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, providencia del 14 de noviembre de 2024, Rad: 05001-23-33-000-2024-000016-02 (acumulado), M.P. Gloria María
Gómez Montoya.

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públicas y privadas información sobre el ciudadano investigado; luego, corresponde a una
actuación mucho más rigurosa.

Debe tenerse en cuenta que el legislador, a través de la Ley 136 de 1994, puntualmente en su
artículo 183, se ocupó de establecer el concepto de residencia, en los siguientes términos
«entiéndese por residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 de la Constitución
Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su
profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo».

El referido supuesto normativo, como lo ha señalado esta sala,15 contempla hipótesis más
amplias respecto de lo que estipuló el constituyente, porque además de abarcar las situaciones
que se desprenden tanto de la residencia como del domicilio en materia civil, incluyen otras
como el lugar donde la persona «posee alguno de sus negocios o empleo». Así lo ha dispuesto
esta Sección:

[L]a redacción de la norma legal en cita conecta cada uno de los escenarios enunciados a través
de una conjunción disyuntiva, esto es, por medio del vocablo «o», lo que significa que cada
hipótesis se distingue como una forma de residencia electoral autónoma y, al mismo tiempo,
implica que con cualquiera se puede acreditar el requisito que habilita al ciudadano para sufragar
en el respectivo municipio. (…). A partir de lo anterior [artículo 4 de la Ley 163 de 1994], se ha
entendido que se incorporó al ordenamiento una presunción de residencia electoral, que recayó
sobre aquella que informara el ciudadano al inscribir su cédula, en tanto lo hace bajo la gravedad
del juramento. Esta Sección, (…) señaló que para su configuración [de la trashumancia], durante
el curso del proceso de nulidad electoral se debe demostrar, además de que el presunto
trashumante no es habitante o que no tiene asiento en el respectivo municipio, que tampoco
tiene algún otro vínculo del que se pueda desprender la residencia electoral (…)16

Por lo tanto, no resulta suficiente afirmar que determinado ciudadano no mora en el respectivo
municipio, pues, como se precisó líneas atrás, existen otros criterios para determinar el arraigo
o interés de ejercer su derecho al voto en determinado ente territorial o circunscripción. En
suma, para desvirtuar la presunción de residencia electoral a que se refiere el precepto legal
se debe probar, de forma concurrente y simultánea, que: (i) el presunto trashumante no es
morador del respectivo municipio; (ii) no tiene asiento regular en el mismo; (iii) no ejerce allí su
profesión u oficio y (iv) no posee algún negocio o empleo17.

Tampoco le asiste razón a la parte demandante al señalar que el formuló una negación
indefinida, esto es, que los 1.020 ciudadanos relacionados no son residentes del municipio de
Morroa (Sucre) y, en consecuencia, se invirtió la carga de la prueba por lo que le correspondía
al demandado demostrar que, en efecto, sí tenían su residencia electoral en este ente
territorial.

Sobre el punto, se insiste que, existe una presunción sobre la residencia electoral,
cuandoquiera que el ciudadano inscribe su cédula para ejercer el derecho al voto en
determinado municipio. Desvirtuarla le corresponde en este caso únicamente al demandante,
quien es el que pretende atacar la legalidad del acto de elección, con fundamento en la causal

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de septiembre de 2021, Rad:

11001-03-28-000-2020-00013-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de septiembre de 2021, Rad:

11001-03-28-000-2020-00013-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de septiembre de 2021, Rad:

11001-03-28-000-2020-00013-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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de trashumancia; de modo que, a diferencia de lo señalado por el apelante, es a la parte actora
a quien le corresponde demostrar los hechos y su concepto de violación.

Además, el demandante confunde la prueba que debe allegarse en este asunto, en tanto que,
no se pretende que demuestre una «negación indefinida», por el contrario, se exige que pruebe
que los presuntos trashumantes tienen un arraigo diferente al municipio en cuestión, ya sea
porque habita, trabaja y tiene sus intereses laborales, de oficios o empresariales, en otra
ciudad. Es decir, que con dichas evidencias se logre la convicción de que tales ciudadanos no
tienen ninguna clase de vínculo, en este caso, con Morroa (Sucre).

Debe aclararse que, si bien la parte recurrente también se refiere al Registro Único Empresarial
RUES, para verificar la situación de los supuestos trashumantes en este asunto, lo cierto es
que, tampoco identifica a las personas que, según él constan en el referido registro y que,
además, se encuentran en las bases de datos del SISBEN o ADRES, que permita construir un
indicio más sólido. En todo caso, el solo RUES, por sí solo, tampoco revela una residencia
electoral diferente a la que declara el ciudadano con su inscripción, pues es posible que tenga
una actividad económica a través de algún emprendimiento o empresa en determinado
municipio, pero labore o habite en otro.

De manera que, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la residencia
electoral de un ciudadano, deben acreditarse y respaldarse por el demandante con solidez y
no basta con referirse a una sola circunstancia; se insiste, esta sala ha sido enfática en precisar
que, cuando se pretende controvertir la decisión personal de un individuo para ejercer su
derecho al voto, con fines de nulidad electoral, se debe satisfacer la carga de probar que el
sufragante no se encuentra en ninguna de las situaciones que lo habilita para votar en la
circunscripción en que lo hizo.

Así, tal y como lo señaló el Ministerio Público, si bien los reportes que pueden ofrecer los
diferentes órganos del Estado permiten establecer un indicio frente a la residencia, no dotan
de total certeza la convergencia o la ausencia de todas las referidas opciones de residencia
electoral. Además, debe tenerse en cuenta que, los ciudadanos identificados por la parte
actora en este caso no obedecen a alguno de los que fueron excluidos por el CNE en la
resolución que depuró el censo electoral en el municipio de Morroa (Sucre); incluso, uno de
los reparos de la parte actora se dirige a cuestionar los actos de la autoridad electoral mediante
los cuales se surtió la investigación de trashumancia, resoluciones que se presumen legales
en este asunto.

De otro lado, resultan relevantes las precisiones efectuadas por el demandado en sus alegatos
de conclusión, al precisar que, incluso en el evento en que se comprobara que los 1.020
ciudadanos relacionados por el recurrente no tenían su residencia electoral en Morroa (Sucre),
lo cierto es que, la diferencia entre el primero y el segundo fue de 39 votos y entre el segundo
y el tercero es de 4.546. En ese orden de ideas, si se aplica el cambio de jurisprudencia sobre
la incidencia de esa causal en elecciones para cargos uninominales que fue desarrollada por
la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 10 de octubre de 2024 bajo el
radicado 15001-23-33-000- 2023-00483-01, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra, se podría concluir válidamente que no hay lugar a anular el acto de elección.

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En efecto, los votos trashumantes que reclama el actor, corresponden a 1020 ciudadanos;
mientras que la diferencia de sufragios entre los 3 primeros aspirantes a la Alcaldía de Morroa
(Sucre), es de 4.585. De modo que, tampoco habría incidencia en el resultado electoral.

Ahora bien, en lo que respecta al cuestionamiento sobre los actos administrativos proferidos
por el Consejo Nacional Electoral, en virtud de la actuación adelantada para determinar la
trashumancia en el municipio de Morroa (Sucre), la sala advierte que tales resoluciones gozan
de presunción de legalidad.

De cualquier forma, contrario a lo indicado por el apelante, se observa que el tribunal de
primera instancia precisó acertadamente que, el Consejo Nacional Electoral al adoptar las
resoluciones 8958 del 8 de septiembre de 2023 y 9575 del 12 de septiembre del mismo año,
sí tuvo en cuenta para llevar a cabo su investigación, las cédulas de ciudadanía inscritas entre
el 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, período de registro para votar en las elecciones
al Congreso de la República y, del 14 de enero de 2022 al 29 de marzo de 2022, para votar en
elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Asimismo, era carga de la parte
recurrente demostrar que las 1.020 personas que señala no fueron objeto de estudio por la
autoridad electoral; sin embargo, no lo hizo.

Así las cosas, los reparos formulados por el apelante no prosperan y, en consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 3 de
diciembre de 2024, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún
recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara el voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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