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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-01587-03

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-01587-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C el 21 de abril de 2025, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Rosa Yolanda Sánchez Aldana identificada con cédula de ciudadanía 35.536.616 y tarjeta profesional de abogada 174.907 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos del poder visible en la anotación 19 del expediente visible en Samai. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Demandante: Edward Martínez Avendaño Demandado: Elvin Eudiver Mosquera Palacios – alcalde de Guataquí (Cund.) Radicado: 25000-23-41-000-2023-01587-03 CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2023-01587-03

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

17 de julio de 2025

Demandante: Edward Martínez Avendaño
Demandado: Elvin Eudiver Mosquera Palacios – alcalde de Guataquí (Cund.)
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01587-03

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01587-03
Demandante: EDWARD MARTÍNEZ AVENDAÑO
Demandado: ELVIN EUDIVER MOSQUERA PALACIOS – ALCALDE DE
GUATAQUÍ (CUNDINAMARCA) 2024 - 2027

Temas: Trashumancia. Residencia electoral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 21 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que denegó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

El señor Edward Martínez Avendaño, en nombre propio, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contemplado en el artículo 139
del CPACA, en contra del Acta de Escrutinio Municipal, Formulario E-26 ALC del 30
de octubre de 2023, mediante la cual se declaró la elección del señor Elvin Eudiver
Mosquera Palacios, como alcalde de Guataquí (Cundinamarca), periodo 2024-
2027.

1.2 Hechos

Señaló que el 29 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones de autoridades
locales en el territorio nacional y, con ocasión de ellas, el señor Elvin Eudiver
Mosquera Palacios fue declarado alcalde del municipio de Guataquí
(Cundinamarca), período 2024-2027.

Indicó que, de conformidad con el calendario electoral, el censo quedó definido el
29 de agosto de 2023, una vez venció el plazo para la inscripción de cédulas de
ciudadanía para las elecciones; sin embargo, este corresponde con la información
real pues varió de 1977 a 2900 personas, aproximadamente.

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
Demandado: Elvin Eudiver Mosquera Palacios – alcalde de Guataquí (Cund.)
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Manifestó que, dentro de los 3 días calendario siguientes al vencimiento de dicho
plazo, el 31 de agosto de 2023, solicitó al Consejo Nacional Electoral la anulación
de 975 cédulas de ciudadanía de personas no residentes en Guataquí que habían
sido incluidas en el censo de dicho municipio para las elecciones del 29 de octubre
de 2023.

Adujo que el Consejo Nacional Electoral no tramitó su solicitud y, por ende, no validó
la residencia de las personas en cuestión en los términos de la Resolución 2857 de
20181.

Mencionó que la información entregada a la autoridad electoral se validó con las
bases de datos de ADRES, SISBEN, las juntas de acción comunal y la Alcaldía de
Guataquí.

Puso de presente que más del 80% de las personas cuya inscripción se cuestionó
por no ser residentes que ese municipio votaron allí, por lo que incidieron en el
resultado electoral.

Sostuvo que esa situación fue denunciada por varios ciudadanos ante la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República.

Comentó que la Misión de Observación Electoral advirtió que el municipio de
Guataquí se encontraba en riesgo alto de trashumancia electoral por cuanto,
verificadas las últimas 3 jornadas de inscripción de cédulas, se encontró un aumento
injustificado del censo electoral.

Advirtió que, según las certificaciones del DANE y la Secretaría de Planeación de
Guataquí entre los años 2018 y 2023 no se ha presentado un aumento
representativo de la población, pero sí del censo electoral.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora invocó como causal de anulación la prevista en el numeral 7 del
artículo 275 del CPACA (trashumancia electoral). Asimismo, consideró que con el
acto de elección se infringieron los artículos 40, 258 y 316 de la Constitución Política
y 27 de la Ley 1475 de 2011.

Comentó que, tratándose de la residencia electoral, el artículo 316 de la
Constitución establece que en las votaciones que se realicen para la elección de
autoridades locales, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el
respectivo municipio.

1 Por la cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción

irregular de cédulas de ciudadanía y se adoptan otras disposiciones.

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
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Solicitó aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 4 de la
Ley 163 de 1994 y 183 de la Ley 136 de 1994 por ampliar el concepto de residencia
electoral.

Adujo que el acto demandado está viciado por haber sido expedido con base en
decisiones electorales previas (inscripción de cédulas) irregulares.

Precisó que el concepto de trashumancia electoral corresponde a la acción de
inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción política en un
lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o
interés.

Señaló que, al haberse permitido inscribir cédulas virtualmente, se posibilitó la
trashumancia que implica un evidente fraude electoral.

Destacó que dicha conducta irregular no solo es cometida por quienes inscriben su
cédula de ciudadanía de manera irregular, sino, además, por quienes lo propician.

Manifestó que la trashumancia, previamente advertida ante el Consejo Nacional
Electoral, influenció e incidió en la elección del alcalde de Guataquí, por cuanto
fueron ciudadanos no residentes allí quienes lo eligieron.

Mencionó que en el formulario E-12 se incluyeron personas no residentes, incluso
minutos antes de cerrar las elecciones, debido a que, a través de información falsa
lograron que el Consejo Nacional Electoral los habilitara para votar a través de
recursos de reposición y otras maniobras fraudulentas.

Reiteró que dicha entidad no tramitó en los términos de la Resolución 2857 de 2018,
la petición oportunamente presentada con el fin de que excluyera una serie de
cédulas de ciudadanía inscritas de manera irregular; de hecho, ni siquiera avocó
conocimiento y, por ende, no decretó las pruebas que correspondían de
conformidad con la ley.

Advirtió que, en las certificaciones la Secretaría de Planeación - SISBEN y DANE,
según oficio SPDT-104-23-096-2023, consta que en 2023 había 1977 habitantes
mayores de edad en el municipio de Guataquí. Además, que las certificaciones del
DANE aportadas y sus proyecciones se acercan a esa cifra, teniendo en cuenta los
comportamientos de los años 2018, 2019, 2020, 2021, las cuales constituyen
pruebas de orden estadístico incontrovertibles.

Concluyó que, con base en lo anterior, no es lógico que Guataquí tenga una
población mayor de edad y apta para votar de 1977 ciudadanos en 2023 y que el
censo electoral para las elecciones de ese año sea de 2900 ciudadanos
aproximadamente.

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
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1.4 Contestaciones de la demanda2

1.4.1. Demandado:

A través de apoderado, contestó la demanda en los siguientes términos:

Señaló que las actas de las comisiones escrutadoras gozan de presunción de
legalidad y, en este caso, ni siquiera se presentaron objeciones en su contra.

Indicó que el Consejo Nacional Electoral cumplió con los procedimientos para
combatir la trashumancia electoral en el marco de sus competencias
constitucionales y legales.

Destacó que el censo electoral puede variar, incluso, hasta el día de las elecciones
y, en este caso, el Consejo Nacional Electoral sí adelantó las investigaciones del
caso, con base en lo establecido en la Resolución 2857 de 2018.

Explicó que la referida autoridad administrativa unificó las solicitudes presentadas
por trashumancia en el municipio de Guataquí y las tramitó de manera conjunta,
como resultado del trámite, a través de la Resolución 8421 del 8 de septiembre de
2023, estudió 135 cédulas, de las cuales, habilitó 45 y excluyó 90 del censo
electoral.

Agregó que, el 4 de octubre siguiente, a través de la Resolución 12380, el mismo
Consejo Nacional Electoral, resolvió los recursos de reposición interpuestos en
contra de su decisión anterior, en el sentido de incluir 38 cédulas más en el censo y
confirmar la exclusión de 19.

Destacó que el CNE cruzó información de las cédulas impugnadas por
trashumancia con las bases de datos del SISBÉN, ADRES, ANP, ANSPE y DPS y,
junto con las demás pruebas aportadas al trámite administrativo para demostrar la
residencia en el referido municipio, decidió.

Puso de presente que se tuvieron en cuenta, entre otros medios de prueba,
certificados de vecindad expedidos por los alcaldes, certificados o contratos
laborales, declaraciones extraproceso, contratos de arrendamiento, certificado de
pago de impuestos, certificados de tradición y libertad, escrituras públicas, recibos
de facturas de servicios públicos, registros civiles de nacimiento, partidas de
bautismo y/o matrimonio, certificados de estudio de los recurrentes y/o sus hijos,
contratos de compraventa de bienes muebles y certificaciones de matrículas
mercantiles, entre otros.

Negó que se hubieran excluido 975 cédulas de ciudadanía en dicho municipio,
explicó que el Consejo Nacional Electoral dejó sin efectos 304 documentos de
identidad a través de la Resolución 5019 de 2019; 90 mediante la Resolución 8421

2 A través de auto del 5 de julio de 2024 se tuvo por no contestada la demanda por parte de la

Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
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de 2023 y 19 en la Resolución 12380 de ese mismo año, para un total de 413
cédulas.

Advirtió que el actor debió haber demostrado mesa a mesa la supuesta
trashumancia alegada; sin embargo, no cumplió con dicha carga procesal, por lo
que propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por dicha omisión.

Adujo que el demandante no demostró que el 80% de los presuntos trashumantes
ejerció el derecho al voto.

Recordó que, el hecho de que una persona ejerza su derecho al voto en otra ciudad
diferente a la de su origen es válido, siempre y cuando demuestre su arraigo y
residencia en ese lugar.

Agregó que no se demandaron todos los actos administrativos que integraron la
actuación electoral, por lo que propuso como excepción la falta de integración del
acto demandado.

Afirmó que en este caso no se reúnen los requisitos de la trashumancia electoral
por lo que las pretensiones de la demanda deben ser denegadas.

Reiteró que el actor se limitó a referenciar el listado de residentes de Guataquí, sin
mencionar mesa a mesa los eventos en que, según él, hubo trashumancia; tampoco
demostró que los ciudadanos relacionados por él como trashumantes,
efectivamente hayan votado y; mucho menos demostró la incidencia de la votación
por él cuestionada en el resultado electoral.

Sostuvo que el actor desconoce la presunción de legalidad de los actos
administrativos expedidos por el Consejo Nacional Electoral en el caso concreto.

1.5. Actuaciones procesales relevantes en primera instancia

La demanda fue inicialmente inadmitida mediante auto del 1 de diciembre de 2023
y rechazada por no subsanar a través de proveído del 19 de diciembre siguiente.

Inconforme con dicha decisión, el actor la apeló, recurso que fue decidido por esta
corporación el 21 de marzo de 2024, por lo que finalmente la demanda fue admitida
el 25 de abril de ese mismo año.

Mediante providencia del 5 de julio de 2024, el magistrado ponente resolvió la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, en el sentido de declararla no
probada. Además, tuvo por no contestada la demanda por parte de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

El 25 de julio de 2024 se dispuso dar al proceso el trámite de sentencia anticipada,
se fijó el litigio y se proveyó sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.

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El problema jurídico quedó fijado en los siguientes términos:

Corresponde a este Tribunal establecer si Elvin Audiver (sic) Mosquera Palacios,
elegido alcalde del municipio de Guataquí – Cundinamarca, incurrió en la causal de
trashumancia que conlleve a la nulidad de elección contenida en el formulario E 26
ALC del 30 de octubre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora de dicho
municipio.

La decisión en materia de pruebas fue apelada por el actor quien no estuvo de
acuerdo con la negativa en el decreto de una inspección judicial y unos testimonios,
dicho recurso fue resuelto por esta Sección el 24 de septiembre de 2024 en el
sentido de confirmar la providencia recurrida.

Vencido el período probatorio, se corrió traslado para alegar de conclusión el 27 de
febrero de 2025.

1.6. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
denegó las pretensiones de la demanda, mediante sentencia del 21 de abril de
2025, con fundamento en lo siguiente:

Precisó que la Registraduría Nacional del Estado Civil proporcionó el censo electoral
del Municipio de Guataquí (Cundinamarca) para las elecciones de 2023, el cual
estuvo conformado por 2.731 cédulas de ciudadanía, distribuidas en 9 mesas de
votación.

Indicó que, del listado de 949 cédulas cuestionadas por el demandante3, la Sala
encontró que 248 no hicieron parte del censo electoral del referido municipio.

Explicó que, las 701 cédulas restantes sí estaban inscritas en Guataquí para las
elecciones del 29 de octubre de 2023; sin embargo, 7 de ellas tenían observaciones
de cancelación por muerte, pérdida o suspensión de derechos políticos y reporte
como miembros de la Fuerza Pública, de lo que se deduce que, de las 949 cédulas
cuestionadas por el actor, 694 estaban válidamente facultadas para ejercer su
derecho al voto en el precitado municipio, en virtud de la presunción de residencia.

Manifestó que, aunque el demandante afirmó que de la revisión de las bases de
datos de ADRES y el SISBEN, se extrae que muchas personas inscritas para las
elecciones no eran residentes de Guataquí, la Sección Quinta del Consejo de
Estado ya ha señalado que dichas certificaciones resultan insuficientes para
acreditar la trashumancia4.

Mencionó que el Consejo Nacional Electoral aportó la lista de sufragantes E-10 en
la cual están resaltadas todas las personas que votaron en las elecciones del 29 de

3 El actor se refirió a 975 cédulas de ciudadanía, pero solo relacionó 960 y en ese listado se
encontraron 11 repetidas, por lo que, en realidad, se trató de 949 documentos de identidad.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 44001-23-

40-000-2023-000106-01. Providencia del 22 de agosto de 2024. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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octubre de 2023. Además, incluyó un listado manual de 96 números de cédula de
los cuales se evidencian 2 doblemente relacionadas; otras que, pese a que tenían
asignada una mesa de votación ejercieron su derecho en otro y 5, que no aparecen
en el censo electoral.

Adujo que de todo lo anterior, se extrae que hay 15 números de cédula con
observaciones.

Precisó que según lo dispuesto en el formulario E-26ALC de Guataquí, de 2731
cédulas hábiles para votar, ejercieron el derecho 2.228, incluyendo las 15
anteriormente relacionadas con irregularidades.

Expuso que, de aquellas 7 estarían presuntamente incursas en trashumancia y las
8 restantes corresponden a 3 canceladas por muerte, 1 con pérdida o suspensión
de derechos políticos, 2 reportadas como miembros de la Fuerza Pública y 2 con
doble votación.

Aplicó el sistema de distribución ponderada para concluir que, en la contienda por
la Alcaldía de Guataquí solo hubo dos candidatos inscritos: Edward Martínez
Avendaño, quien obtuvo 941 votos y Elvin Eudiver Mosquera Palacios quien alcanzó
1257 votos, por lo que medió una diferencia de 316 votos entre uno y otro, según
se evidencia en el formulario E-26 ALC correspondiente.

Con base en lo anterior, concluyó que los 7 votos presuntamente trashumantes no
tuvieron incidencia en el resultado electoral, razón por la cual negó las pretensiones
de la demanda.

Adicionalmente, sostuvo que las 45 fotografías y 28 videos aportados por el actor,
se evidencia el desplazamiento de muchas personas, motos y buses, sin que de ello
se pueda derivar la configuración de la causal de nulidad electoral alegada en la
demanda.

1.7. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, el demandante formuló recurso de apelación, con base
en los siguientes argumentos:

Adujo que están probados los hechos y fundamentos de su demanda, por lo que
está acreditada la trashumancia electoral en este caso.

Destacó que la trashumancia trastoca el ámbito del derecho penal, por cuanto,
puede constituir un delito.

Sostuvo que en los alegatos de primera instancia analizó los medios de prueba
obrantes en el expediente para concluir que se configuraba la causal de nulidad
electoral de trashumancia.

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Solicitó aplicar nuevamente la excepción de inconstitucionalidad respecto de lo
dispuesto en los artículos 183 de la Ley 136 de 1994 y 4 de la Ley 163 de ese mismo
año, por cuanto amplían de manera irregular el concepto de residencia electoral y
propician la trashumancia.

Manifestó que la sentencia de primera instancia no se refirió a los oficios allegados
por la Secretarías de Planeación, Gobierno y Hacienda de Guataquí, la DIAN, la
Cámara de Comercio, el mismo Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, todos encaminados a desvirtuar el concepto de residencia
electoral previsto para las 949 cédulas inscritas en dicho municipio.

Explicó que la Secretaría de Gobierno podía determinar si para la fecha de las
elecciones algunas de esas cédulas tenían vínculo laboral con ese municipio; la
Cámara de Comercio, podía hacer lo propio respecto de las relaciones comerciales;
el Consejo Nacional Electoral comparar las bases de datos del SISBEN, ADRES y
el DPS; y la DIAN, adelantar las verificaciones del caso desde el punto de vista
tributario.

Señaló que el a quo no tuvo en cuenta las certificaciones remitidas por dichas
entidades pese a que todas remitieron listados en el marco de sus competencias,
pese a que con ello se pudo haber desvirtuado la presunción de residencia a la que
se alude en la decisión apelada.

Afirmó que, con base en dichas pruebas se evidencia que hubo 488 trashumantes
(los cuales relacionó) no moradores, sin asiento regular, propiedades, vínculos
laborales, tributarios ni comerciales en el municipio de Guataquí.

Agregó que no está conforme con el análisis adelantado en la providencia recurrida
respecto del censo electoral de la referida entidad territorial ni la forma en que se
analizó lo referente a las bases de datos de ADRES y el SISBEN.

Indicó que la sentencia apelada exige análisis probatorios imposibles para dar por
acreditada la trashumancia electoral.

Advirtió que las 15 personas reportadas como fallecidas, miembros de la Fuerza
Pública o con votación doble relacionadas en la sentencia, también constituyen
irregularidades en la votación, por lo que, aunque no fueron mencionadas en la
demanda inicial, sí deben ser tenidas en cuenta para anular la elección demandada.

Insistió en que fueron 488 los trashumantes en las elecciones del 29 de octubre de
2023, cifra que supera ampliamente los 316 votos que diferenciaron a los dos
candidatos a la Alcaldía de Guataquí en esa fecha.

Manifestó que, además, se desconoció el trámite establecido por el Consejo
Nacional Electoral en la Resolución 2857 del 30 de octubre de 2018 para este tipo
de casos, por cuanto no se resolvieron a tiempo las solicitudes para dejar sin efecto
la inscripción de varias cédulas de ciudadanía.

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Mencionó que, es claro que si un ciudadano necesita transporte intermunicipal para
acudir a votar no tiene su residencia en ese lugar y, por ende, deben ser tenidos
como trashumantes.

Insistió en la importancia de valorar las fotografías y videos aportados con la
demanda que, en su sentir, demuestran la ocurrencia de trashumancia electoral en
el referido municipio.

Reiteró los demás hechos y argumentos de la demanda.

1.8. Actuaciones en segunda instancia

Mediante auto del 20 de mayo de 20255, el despacho del magistrado sustanciador
admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

El 25 de junio de 20256 se negó el decreto de una prueba documental solicitada por
el recurrente en el escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia.

1.9. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.9.1. Demandante7

Aseguró que están probados en el proceso todos los hechos de la demanda, según
los cuales personas no residentes en el municipio de Guataquí votaron en las
elecciones para alcalde del 29 de octubre de 2023 e incidieron en ese resultado.

Afirmó que, por lo menos 488 votantes no eran residentes en el referido municipio,
según lo establecido en ADRES, SISBEN, Cámara de Comercio, DIAN y las
diferentes secretarías municipales y, pese a ello, votaron por alcalde.

Adujo que, la diferencia en votos entre los dos candidatos a dicho cargo fue de 316
votos, por lo que fue superior el número de trashumantes (488) razón por la cual
hay lugar a anular la elección demandada.

Reiteró los demás argumentos expuestos como fundamento de la demanda y el
recurso de apelación.

1.9.2. Demandado.

No presentó alegatos en esta instancia.

5 Anotación 5 del expediente visible en Samai.
6 Anotación 14 del expediente visible en Samai
7 Anotación 9 del expediente visible en Samai.

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1.10. Concepto del Ministerio Público8

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en los
siguientes términos:

Señaló que, independientemente de que se trate de 949 casos -como se indicó en
el escrito de demanda- o de los 488 que posteriormente indicó, los medios de prueba
referenciados por el recurrente no revisten la suficiencia necesaria para
desacreditar, en cada caso, la totalidad de los supuestos de residencia electoral.

Recordó que, corresponde a cada parte, acreditar el supuesto de hecho de las
normas cuyos efectos jurídicos pretenden aplicar, por lo tanto, el actor tenía la carga
de la prueba para demostrar que cada una de las cédulas reseñadas no cumplía
con cada forma de residencia electoral, situación que no se presentó, pues aunque
se afirme que, a partir de la consulta en bases de datos como ADRES y SISBÉN,
que los presuntos ciudadanos que fueron inscritos en el censo electoral municipal
viven en otra ciudad, no se allegó certificación que acreditara tal circunstancia.

Indicó que, el cotejo con tales bases de información no tiene la solidez suficiente
para desconocer que, aunque una persona no viva permanentemente en un
determinado lugar, pueda ser residente de aquel, toda vez que, la residencia
electoral puede establecerse a través de otro tipo de vínculos, como el asiento
regular -aunque no continuo- en el territorio, el ejercicio de una profesión u oficio, o
la posesión de un empleo o negocio. Esto último también desvirtúa lo señalado por
el apelante respecto a las certificaciones del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística sobre el número de habitantes, pues la normativa electoral no exige
el empadronamiento permanente como único criterio para acreditar la residencia
electoral.

Manifestó que la respuesta dada por las entidades señaladas por el demandante no
desvirtúa la presunción de residencia de los ciudadanos mencionados en la
demanda, pues la ausencia de vinculación laboral con la administración municipal
no es suficiente para descartarla ni para afirmar que no desarrollen otra actividad
laboral pública -con algún otro ente descentralizado municipal, departamental o
nacional -, privada o incluso de carácter informal.

Mencionó que, el hecho de no ser propietario ni de tributar sobre un inmueble, no
implica que no se tenga residencia electoral, pues ni la Constitución ni la ley exigen
poseer un determinado bien raíz o un monto a tributar para ejercer el derecho al
sufragio. Tal exigencia ni siquiera es requerida por las autoridades electorales para
la inscripción en el censo municipal, ni para acreditar la residencia dentro del
procedimiento administrativo adelantado para rechazar la inscripción de una cédula
determinada. De hecho, como ocurrió en las resoluciones del Consejo Nacional
Electoral -CNE- que obran en el expediente, se pudo demostrar la residencia
electoral con recibos de servicios públicos domiciliarios o contratos de
arrendamiento.

8 Anotación 12 del expediente visible en Samai.

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
Demandado: Elvin Eudiver Mosquera Palacios – alcalde de Guataquí (Cund.)
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01587-03

Agregó que el que un ciudadano no figure en el Registro Único Tributario -RUT; es
decir, que no se encuentre identificado para el cumplimiento de obligaciones de
naturaleza tributaria, cambiaria o aduanera, o que no esté inscrito en la Cámara de
Comercio, no es óbice para considerar que debe ser calificado como trashumante.
El incumplimiento de alguno de los deberes previstos en la legislación mercantil o
de las obligaciones administrativas ante la -DIAN- no implica, por sí solo, que no se
estén desarrollando de facto o informalmente actividades comerciales, o las hayan
realizado.

Destacó que el recurrente no logró desvirtuar, respecto de cada una de las cédulas
señaladas, que sus titulares no fueran moradores del lugar, que no tuvieran un
asiento regular, aunque no permanente, que no ejercieran una profesión u oficio, o
que carecieran de negocio o empleo, o que tales vínculos existen respecto a otros
lugares.

Adujo, en relación con la afirmación según la cual el hecho de que una persona
deba tomar transporte municipal para llegar al puesto de votación demostraría que
no reside en el municipio, que dicha premisa es incorrecta, toda vez que, el hecho
de habitar en un determinado lugar no impide que una persona mantenga vínculos
con otro, pues por diversas razones puede tener relación con varios lugares, y elegir
uno de ellos para ejercer su derecho al sufragio, siempre que se cumpla con los
supuestos establecidos en el artículo 183 de la Ley 136 de 1994.

Advirtió que no resulta procedente la petición esgrimida respecto a que se aplique
la excepción de inconstitucionalidad en relación con los artículos 183 de la Ley 136
de 1994 y 4 de la Ley 163 de 1994, en tanto, aunado al hecho de que este último
instrumento normativo es una ley estatutaria la cual tiene un control previo de
constitucionalidad, lo cierto es que la consagración de los eventos de residencia
electoral y los requisitos de la trashumancia han sido constituidos por la
interpretación que vía jurisprudencial ha realizado el Consejo de Estado, teniendo
en consideración, además, que tales disposiciones son incluso un desarrollo del
artículo 316 constitucional.

Afirmó que, contrario a lo manifestado por el apelante, el procedimiento realizado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue adecuado para determinar
cuáles personas efectivamente contaban o no con residencia electoral, por cuanto
se verificó -con fundamento en la información remitida por la RNEC- si las personas
relacionadas en el listado aportado en la demanda hacían parte o no del censo
electoral de Guataquí, operación que resultaba apropiada para corroborar la
existencia de la residencia electoral, condición fundamental para determinar si la
inscripción efectuada en el censo se realizó sin contar con vínculo alguno con la
entidad territorial.

Explicó que la fórmula propuesta por el demandante no resulta adecuada para
establecer el primer requisito de la trashumancia, toda vez que la presunción de
residencia no debe desvirtuarse para quienes no integran el censo electoral de un

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
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municipio, pues su residencia se encuentra en otra territorialidad.

Expuso que ante la falta de acreditación por parte del apelante de que los titulares
de las cédulas indicadas en el escrito de demanda no debían estar incluidos en el
censo electoral de Guataquí, debe confirmarse la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Agregó que tampoco se encuentran configurados los demás elementos necesarios
para que prospere el vicio electoral propuesto, por cuanto, el demandante no logró
acreditar la votación de los ciudadanos que presuntamente no deberían estar en el
censo electoral.

Adujo que, aunque el actor afirmó haber cotejado el formulario E-11 con la
información de las bases de datos y la documentación allegada, lo cierto es que
dicha pieza no obra en el expediente, por lo que no puede verificarse a través de
ese medio que efectivamente hayan sufragado.

Arguyó que en el expediente obra el formulario E-10, en el cual consta que, en las
elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, sufragaron 96 ciudadanos cuyos
números de identidad quedaron registrados de forma manuscrita. Al ser cotejados
con el censo electoral, se demostró que solo 5 de ellos no estaban inscritos en ese
registro y 2 lo estaban de forma irregular, dado que el -CNE- les revocó su
inscripción.

Dedujo que, además de no haber logrado controvertir la residencia electoral, el
apelante tampoco demostró que esas personas hayan sufragado, teniéndose
únicamente en el expediente la constancia de que solo 7 personas votaron, y no las
949 o 488 que ha afirmado a lo largo del proceso, por lo que se descarta, en
consecuencia, lo sostenido en los alegatos de conclusión respecto a que de las 949
cédulas «están por lo menos probadas 488 y/o 502 dependiendo del análisis, que
efectivamente sufragaron el día de las elecciones del 29-10-2023».

Enfatizó en que la diferencia entre el ganador y el segundo candidato a la Alcaldía
de Guataquí correspondió a 316 votos, por lo que 7 votos no tienen la magnitud
necesaria para configurar un vicio electoral, pues la votación trashumante no supera
la diferencia entre los candidatos. Esto, de conformidad con la regla jurídica
establecida como precedente por el Contencioso Electoral, desde la sentencia del
10 de octubre de 2024.

Recordó que, de acuerdo con el artículo 287 del CPACA, solo se declarará la
anulación del acto de elección cuando las irregularidades ocurridas en su
procedimiento de expedición tengan tal incidencia que, de celebrarse nuevas
votaciones, el resultado sería otro. Esto no se presenta en el presente caso, ya que,
aunque el demandante señala que al menos 488 o 502 personas de las 949
sufragaron, y que ello representaría una diferencia con incidencia, tal afirmación no
se encuentra acreditada.

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Indicó que la solicitud de considerar a las 15 personas -dentro de las cuales se
encuentran las 7 por trashumancia- señaladas por el a quo como votantes con
eventualidades, como trashumantes, debe ser descartada, pues las situaciones
fácticas de cada uno de ellos son diferentes al fenómeno de «trasteo de votos»,
abarcando supuestos como la cancelación por muerte, la votación por parte de
miembros de la fuerza pública, la suspensión de derechos políticos y la doble
votación, los cuales son diferentes a las eventualidades que puedan surgir con
ocasión a la residencia electoral.

Afirmó que las fotografías y videos aportados por el demandante ahora recurrente,
no demuestran de ninguna manera que la ciudadanía, que aparentemente llegó a
votar, carezca de una modalidad de residencia electoral distinta a la de habitación
permanente en el municipio.

Sostuvo que, de conformidad con los elementos de juicio traído a colación y
obrantes en el expediente, no es viable estructurar el vicio de trashumancia
electoral.

En consecuencia, solicitó confirmar la decisión apelada, por cuanto no se demostró
cada uno de los tres requisitos jurisprudencialmente establecidos para su
procedencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 1529 numeral 7
literal (a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia
del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 21
de abril de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda.

2. El acto electoral cuestionado

Corresponde al Acta de Escrutinio Municipal E26 – ALC del 30 de octubre de 2023,
mediante la cual se declaró la elección del señor Elvin Eudiver Mosquera Palacios,
como alcalde de Guataquí (Cundinamarca), periodo 2024-2027.

3. Problema jurídico

De conformidad con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica
o revoca la sentencia de primera instancia.

9 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes

asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar
la curul, según el caso (…) de los alcaldes municipales y distritales (…).

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Para el efecto, se deberá establecer si está acreditado que las 488 personas a las
que alude de manera genérica el recurrente en el escrito de apelación no eran
residentes del municipio Guataquí (Cundinamarca) y, pese a ello, participaron en
las elecciones del 29 de octubre de 2023, para elegir al primer mandatario del
referido ente territorial. Sobre el particular, habrá de determinarse si, en efecto,
como lo señala el apelante, con la consulta en las bases de datos relacionadas por
él basta para dar por acreditada la condición de trashumante.

Asimismo, se analizará si hay lugar a aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto de los artículos 183 de la Ley 136 de 1994 y 4 de la Ley 163 de 1994.

Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso10, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición que
debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según
el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento de
la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por el
apelante, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido
materia de alzada11.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco
jurídico de la trashumancia electoral y su incidencia y, (ii) el caso concreto, conforme
a los límites indicados líneas atrás.

4. Marco jurídico de la trashumancia electoral

La figura de la trashumancia como vicio de nulidad electoral se ha entendido como
la «acción de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción
política en un lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero
arraigo o interés»12; lo cual, además de tener una implicación en el marco de tales
procesos, puede conllevar a la imposición de sanciones de tipo penal. El objetivo
del establecimiento legal de la causal no es otro que se respete la
autodeterminación de los ciudadanos en la resolución de los asuntos propios y que
sean estos quienes decidan sus autoridades y demás cuestiones inherentes al
proceso de elección, con sustento en los principios rectores que, entre otros

10 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011,

por la remisión prevista en su artículo 306.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-

000-2019-00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 2014-00112-00,

M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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aspectos, buscan asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre,
espontánea y auténtica de los ciudadanos.

Esta Sala ha señalado que, para entender el fenómeno de la trashumancia electoral,
es necesario remontarse a la Ley 6° de 1990, que, entre otras disposiciones,
modificó los artículos 76 y 77 del Código Electoral (D.2241/86), en el sentido de
precisar: «[a] partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que
aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en
el censo electoral del sitio respectivo (…) mientras no sean canceladas o se
inscriban en otro lugar».

Así mismo, al artículo 316 de la Constitución Política de 1991, establece: «en las
votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión
de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en
el respectivo municipio», lo cual impone un vínculo necesario entre la votación a
realizar y la residencia del sufragante; no obstante, dicha normativa superior, no
contiene una definición sobre el término residencia ni explica la consecuencia de su
desconocimiento, por lo que entra a jugar un papel muy importante el desarrollo
legal de la preceptiva y la jurisprudencia sobre la causal especial de nulidad, de
acuerdo con lo preceptuado el artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011:

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código
y, además, cuando: (…)

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la
nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

Igualmente, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha destacado que para el
examen del cargo de nulidad electoral fundado en la causal del artículo 275.7, al
menos en el ámbito municipal y local, es menester consultar las siguientes reglas13:

Para que prospere el cargo se debe acreditar: (i) que personas no residentes en el
respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él; (ii) que éstas, efectivamente
hayan votado y (iii) que sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la elección.

La incidencia del vicio se mide de acuerdo con el sistema de distribución ponderada
de votos nulos.

Conforme a lo anterior, para hablar de trashumancia resulta indispensable que se
acrediten en forma suficiente los 3 elementos señalados, en caso de que alguno de
ellos no se encuentre demostrado, se entiende que la causal de nulidad electoral
bajo estudio no se configura o no tiene incidencia en la legalidad de la elección que
se controvierta.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 30 de

septiembre de 2021, Rad. 11001032800020200001300. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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5. De la incidencia en el resultado de la elección en el que se comprueba la
trashumancia – cambio en la tesis jurisprudencial en cargos uninominales

La Sala debe resaltar que de tiempo atrás admitió la procedencia de la aplicación
del sistema de distribución ponderada en procesos de nulidad tanto para
corporaciones públicas como para cargos uninominales.

Tratándose del análisis de la incidencia bajo el sistema de afectación ponderada, la
sala había tomado el número de votos fraudulentos acreditados en una mesa de
votación y los distribuía en forma proporcional a su participación entre los
candidatos que obtuvieran votos en la mesa o mesas donde se presentaron las
irregularidades, bien sea para agregar o quitar votos. Para el estudio de la incidencia
en el resultado de la elección, aquel se efectúa únicamente en relación con las
mesas y registros de cada cargo sobre los cuales se encontró probado el vicio de
nulidad alegado. Después de realizar la afectación en las mesas que prosperaron,
se debe estudiar el impacto que estas tuvieron en los resultados electorales14.

No obstante, mediante providencia del 10 de octubre de 2024 la Sección Quinta 15,
al estudiar el recurso de apelación contra la sentencia que había negado las
pretensiones de la demanda de la elección de la alcaldesa de Nuevo Colón
(Boyacá), advirtió la necesidad de modificar su postura frente a la incidencia de la
trashumancia, cuando se trata de cargos uninominales.

En ese proveído, la sala consideró que los reparos planteados por la parte
recurrente frente a la fórmula de la afectación ponderada eran razonables,
puntualmente, respecto de elecciones de cargos uninominales en las que las
diferencias entre el primer y segundo candidato son tan estrechas, frente a una
votación espuria por trashumancia significativa. Con la claridad de que ello no
comporta la inconstitucionalidad o ilegalidad del sistema de distribución ponderada
que hasta ese momento había sido utilizado por la Sección Quinta, si se tiene en
cuenta el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la tesis, como se expuso
ampliamente en líneas anteriores, bajo parámetros de la igualdad electoral, la
eficacia del voto y la transparencia de los comicios.

Así, puntualmente en el caso de Nuevo Colón (Boyacá) se pudo advertir que la
diferencia de votos entre la alcaldesa y el segundo es apenas de 10 votos mientras
que los trashumantes son 146, por lo que se trata de una diferencia de 14.6 veces
más. Una correlación que llamó la atención de la Sala, pues los 146 votos irregulares
que se encontraron acreditados en ese asunto por trashumancia representan el
3,81% de la votación válida.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 29 de

abril de 2021. Radicación: 11001-03-28-000-2018-00106-00 (11001-03-28-000-201800116-00).
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 10 de

octubre de 2024, Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Con
aclaración de voto de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

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Ese porcentaje podía resultar significativo, dado que la diferencia entre el
demandado y el segundo aspirante a la referida dignidad tan solo fue de 10 votos,
es decir un 0.26% de la votación válida total. Incluso con el tercer candidato era solo
de 63 sufragios, esto es, 1,3% de la votación válida; al ser extremadamente estrecha
esa distancia, cualquier irregularidad mayor a esa diferencia tenía la potencialidad
de cambiar el resultado electoral.

Por lo tanto, la Sección Quinta recordó que una premisa fundamental que debe
asegurar el juez electoral es la existencia de unos comicios transparentes y que
reflejen el verdadero mandato de los residentes del municipio. Si en ese caso existía
una duda razonable de que esos 146 votos de trashumancia pudieron haber
alterado el resultado final, sería primordial considerar si la elección reflejaba con
exactitud la voluntad popular.

Dado que el voto es secreto y no es posible determinar con precisión a quién o
quiénes debían descontarse los sufragios espurios, la Sección Quinta había
considerado la aplicación de la fórmula de distribución ponderada, con miras a
afectar proporcionalmente a cada uno de los candidatos de la contienda electoral;
sin embargo, por más esfuerzos matemáticos o estadísticos que realizara la Sala
para afectar proporcionalmente a los aspirantes, no sería posible acercarse a la
realidad sobre la incidencia de la irregularidad. Cambiar el método aritmético podría
llevar a la misma conclusión y, en todo caso, las posibilidades son diversas y
depende del componente que se pretenda privilegiar en el resultado electoral.

Sin embargo, se precisó que la elección a cargos de elección popular para
corporaciones públicas comporta una ecuación diferente, en tanto, corresponde a
listas de candidatos por cada partido o movimiento político. Así, afectar
ponderadamente a cada uno responde o se justifica en el principio de eficacia del
voto, pues no obedece a un único aspirante por cada agrupación política, sino un
conjunto de posibilidades electorales; de modo que, en esos eventos, la Sección
consideró que la fórmula de distribución ponderada se debe mantener.

No obstante, el panorama cambia cuando se trata de cargos uninominales en los
que se enfrenta un solo aspirante por cada opción política para la dignidad que se
pretende alcanzar y se evidencian irregularidades con una desviación significativa
entre el resultado y la votación transeúnte.

En tales condiciones, no puede perderse de vista que el presupuesto para declarar
la nulidad de un acto electoral (art. 288 del CPACA) es garantizar el respeto de la
voluntad legítima mayoritaria del pueblo; por ello corresponde al juez en cada caso
determinar si las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal
incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos.

De la anterior correlación, la Sala consideró pertinente y justificado, modificar su
tesis jurisprudencial cuando se trata de la causal de trashumancia en las elecciones
para un cargo uninominal. Así, objetivamente, para determinar la incidencia en que

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se invoque este reparo de nulidad electoral, en esos precisos casos (unipersonales),
se debe tener en cuenta la siguiente regla:

Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la
diferencia de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en
caso de que solo sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar
a nuevas elecciones. Si la votación afectada por la trashumancia es menor o igual a
la diferencia que existe entre los 3 primeros candidatos, el acto de elección
prevalecerá.

La razón de escoger a los tres primeros aspirantes obedece a que no solo está en
contienda el cargo del primer mandatario del ente territorial; también existe la
posibilidad de que el segundo con mayor votación acceda -por derecho personal- a
una curul a la corporación pública respectiva, según el tipo de elección que se trate,
en los términos del Estatuto de la Oposición.

Nótese que, considerar solo la distancia entre el vencedor y el segundo aspirante,
por un lado, sugeriría que la votación trashumante, en últimas, debe descontarse al
demandado, aun cuando, se insiste, no es posible determinarlo por el carácter
secreto del voto. Con todo, si en la ecuación se incluye a la tercera opción política
y, aun así, los sufragios transeúntes son mayores a la diferencia de sufragios con el
tercer candidato, es un grave indicio de que la voluntad popular mayoritaria para
designar tanto al primer mandatario como a la curul de la oposición pudo haber sido
falseada.

Así, la anomalía por trashumancia invocada en cada caso deberá ser significativa o
altamente sensible como para alterar los resultados de los dos primeros puestos, lo
que incluye en la ecuación la revisión de la votación del tercer aspirante
(independientemente de que se hayan presentado 4, 5 o 10 candidatos).
Claramente, en el evento en el que solo concurran dos (2) candidatos a la contienda
electoral, y los votos trashumantes sean mayores que la distancia entre ellos
también habría un nivel de incertidumbre que amerita repetir los comicios.

Lo que se pretende establecer cuando se trate de tres (3) candidatos o más, es que,
en efecto, existe una desviación de tal magnitud que ni siquiera es posible mantener
la premisa de la eficacia del voto de la expresión mayoritaria de los residentes, ante
la perplejidad que genera una votación transeúnte mayor a la distancia entre los tres
aspirantes que tuvieron más respaldos ciudadanos; además porque, se insiste, no
solo se distorsiona el resultado del primer mandatario, también la votación obtenida
por el segundo candidato quien tiene el derecho personal de acceder a una curul en
el cabildo municipal o la duma departamental.

Por lo tanto, siempre que se considere que los sufragios irregulares superan la
diferencia entre los primeros tres (3) candidatos, o de los dos (2) primeros, de no
existir tercer aspirante, habrá que convocarlos o vincularlos al proceso de nulidad
electoral, por el interés que les asiste en el evento en el que se tengan que convocar
nuevos comicios.

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6. Caso concreto

Como viene de explicarse, la parte recurrente pretende que se revoque la sentencia
de primera instancia. En su criterio, el tribunal a quo incurrió en una indebida
valoración probatoria en tanto que, del solo cruce de las bases de datos del SISBEN,
ADRES, las Secretarías de Planeación, Gobierno y Hacienda de Guataquí, la DIAN,
la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil, era posible advertir que, los 488 ciudadanos que se cuestionan no
tenían su residencia electoral en el municipio de Guataquí (Cundinamarca).

Para la parte recurrente, además, la investigación que realizó el CNE sobre la
trashumancia presentada en el referido municipio fue irregular por cuanto no tuvo
en cuenta el trámite establecido en la Resolución 2857 del 30 de octubre de 2018
para ese tipo de caso.

Agregó que las 15 personas que aparecieron como fallecidas, miembros de la
Fuerza Pública o con votación doble debieron tenerse como trashumantes.

Asimismo, sostuvo que de las fotografías y videos aportados con la demanda se
evidencia la trashumancia alegada. Finalmente, solicitó aplicar la excepción de
inconstitucionalidad de los artículos 183 de la Ley 136 de 1994 y 4 de la Ley 163 de
ese mismo año, por cuanto, en su criterio, amplían el concepto de residencia
electoral y propician la trashumancia.

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, negó las pretensiones de la demanda, al no encontrar acreditado en
este asunto que, los ciudadanos relacionados por el demandante tuvieran su
residencia en un lugar diferente al municipio de Guataquí (Cundinamarca).

Según se tiene, en lo que tiene que ver con la excepción de inconstitucionalidad
invocada por el recurrente se advierte que el único argumento expuesto para su
declaratoria es la supuesta ampliación del concepto de residencia electoral.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia C-
307 de 1995, sostuvo que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 fue derogado por el
artículo 4 de la Ley 163 de ese mismo año así:

Ahora bien, es un principio general del derecho, que una regulación de la misma
materia por una ley posterior implica la derogación de la norma precedente, aun
cuando la norma posterior no se hubiera referido de manera específica a la
disposición precedente. Por ello, la Corte Constitucional considera que el artículo
183 de la Ley 136 de 1994 acusado por el actor ha sido derogado por el artículo 4º
de la Ley estatutaria 163 de 1994, pues ambas disposiciones regulan el desarrollo
legal del concepto de residencia electoral para efectos de aplicar el artículo 316 de
la Constitución, y la ley estatutaria es posterior a la norma acusada.

En cuanto al tenor de la norma vigente se advierte que es el siguiente:

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ARTÍCULO 4o. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se
encuentre registrado el votante en el censo electoral.
Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio.
Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y
sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el
Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.
Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto
número 2762 de 1991.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los efectos del inciso final de este artículo, los
residentes y nativos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina podrán votar en todas las elecciones de 1994 con la sola
presentación de la cédula de ciudadanía.

Asimismo, el artículo 316 superior antes citado, dispone:

Artículo 316. En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades
locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los
ciudadanos residentes en el respectivo municipio.

Frente al punto, resulta del caso precisar que según lo dispone la misma norma,
aquella constituye el desarrollo del artículo 316 de la Constitución Política, por lo
que es apenas lógico que interprete la disposición superior, sin que ello, pueda
considerarse como una ampliación del concepto de residencia constitucional
contrario a la carta.

Al respecto, esta Sección ha señalado que debe tenerse en cuenta que el legislador,
a través de la Ley 136 de 1994, puntualmente en su artículo 183, se ocupó de
establecer el concepto de residencia, en los siguientes términos «entiéndese por
residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 de la Constitución
Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento,
ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo».

El referido supuesto normativo, como lo ha señalado esta sala,16 contempla
hipótesis más amplias respecto de lo que estipuló el constituyente, porque además
de abarcar las situaciones que se desprenden tanto de la residencia como del
domicilio en materia civil, incluyen otras como el lugar donde la persona «posee
alguno de sus negocios o empleo». Así lo ha dispuesto esta Sección:

[L]a redacción de la norma legal en cita conecta cada uno de los escenarios
enunciados a través de una conjunción disyuntiva, esto es, por medio del vocablo
«o», lo que significa que cada hipótesis se distingue como una forma de residencia
electoral autónoma y, al mismo tiempo, implica que con cualquiera se puede
acreditar el requisito que habilita al ciudadano para sufragar en el respectivo
municipio. (…). A partir de lo anterior [artículo 4 de la Ley 163 de 1994], se ha

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de

septiembre de 2021, Rad: 11001-03-28-000-2020-00013-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
Demandado: Elvin Eudiver Mosquera Palacios – alcalde de Guataquí (Cund.)
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01587-03

entendido que se incorporó al ordenamiento una presunción de residencia electoral,
que recayó sobre aquella que informara el ciudadano al inscribir su cédula, en tanto
lo hace bajo la gravedad del juramento. Esta Sección, (…) señaló que para su
configuración [de la trashumancia], durante el curso del proceso de nulidad electoral
se debe demostrar, además de que el presunto trashumante no es habitante o que
no tiene asiento en el respectivo municipio, que tampoco tiene algún otro vínculo del
que se pueda desprender la residencia electoral (…)17

En tales condiciones, no existe mérito alguno para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad solicitada por el recurrente.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la valoración probatoria y el procedimiento
adelantado por el Consejo Nacional Electoral en el caso concreto, le asiste razón al
tribunal al señalar que en este asunto no se logró acreditar que, las 488 personas
que señala el recurrente no tenían su residencia electoral en el municipio de
Guataquí (Cundinamarca). Nótese que las pruebas aportadas, sobre las cuales
insiste el demandante en su recurso, se refieren a las bases de datos del SISBEN,
ADRES, las Secretarías de Planeación, Gobierno y Hacienda de Guataquí, la DIAN,
la Cámara de Comercio de ese municipio, el mismo Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Al respecto, resulta del caso precisar que, tal como lo sostiene la señora agente del
Ministerio Público, aun en el evento de hacer la depuración de estos datos por cada
uno de los ciudadanos relacionados por la parte actora, y comprobar que aquellos
no se encuentran registrados en el SISBEN, ADRES, las Secretarías de Planeación,
Gobierno y Hacienda de Guataquí, la DIAN, la Cámara de Comercio, el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo cierto es que ello
no resulta suficiente, para desvirtuar la presunción de residencia electoral de las
personas que inscribieron su cédula de ciudadanía en dicho ente territorial para
ejercer su derecho al voto18.

Sobre el punto, debe tenerse en cuenta que el actor no demostró que el listado de
las personas que aportó sea ajeno al estudio que emprendió el CNE al depurar el
censo electoral de Guataquí (Cundinamarca), de cara a las resoluciones que obran
en el expediente, el cual no solo partió de las cédulas registradas en el marco de
las elecciones locales de 2023 sino de comicios anteriores, tal como lo estableció el
juez de primera instancia y no fue desvirtuado por el recurrente.

Si bien las bases de datos que trae como prueba la parte accionante, pueden ser
un indicio de la residencia de los ciudadanos señalados en su escrito de demanda,

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de

septiembre de 2021, Rad: 11001-03-28-000-2020-00013-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18 En igual sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.

Providencia del 13 de marzo de 2025. Expediente: 70001-23-33-000-2024-00017-01. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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no reflejan fielmente la realidad, y tampoco demuestra que la autoridad electoral las
haya omitido en su estudio19.

Además, contrario a lo señalado por el recurrente, el artículo 8° de la Resolución
2857 de 2018 del Consejo Nacional Electoral no prevé que el cruce de las bases de
datos resulte suficiente para considerar la trashumancia electoral en un caso
concreto; por el contrario, será una de las pruebas que tendrá en cuenta en la
actuación o investigación sobre aquella y, en todo caso, el parágrafo segundo de la
misma disposición, prevé que el CNE podrá solicitar a las entidades públicas y
privadas información sobre el ciudadano investigado; luego, corresponde a una
actuación mucho más rigurosa.

Así las cosas, el recurrente no acreditó las acusaciones elevadas en contra de dicho
organismo respecto del procedimiento establecido en el precitado acto
administrativo, simplemente se limitó a afirmar que el resultado de aquel no coincidió
con sus intereses, por lo que no encuentra la Sala asidero para dicho cargo de
apelación.

Precisado lo anterior, resulta del caso reiterar, que en este tipo de litigios no es
suficiente afirmar que determinado ciudadano no mora en el respectivo municipio,
pues, como se precisó líneas atrás, existen otros criterios para determinar el arraigo
o interés de ejercer su derecho al voto en determinado ente territorial o
circunscripción. En suma, para desvirtuar la presunción de residencia electoral a
que se refiere el precepto legal se debe probar, de forma concurrente y simultánea,
que: (i) el presunto trashumante no es morador del respectivo municipio; (ii) no tiene
asiento regular en el mismo; (iii) no ejerce allí su profesión u oficio y (iv) no posee
algún negocio o empleo20.

Sobre el punto, se insiste que, existe una presunción sobre la residencia electoral,
cuandoquiera que el ciudadano inscribe su cédula para ejercer el derecho al voto
en determinado municipio. Desvirtuarla le corresponde en este caso únicamente al
demandante, quien es el que pretende atacar la legalidad del acto de elección, con
fundamento en la causal de trashumancia; de modo que, a diferencia de lo señalado
por el apelante, es a la parte actora a quien le corresponde demostrar los hechos y
su concepto de violación.

Además, el demandante confunde la prueba que debe allegarse en este asunto, en
tanto que, no se pretende que demuestre una «negación indefinida», por el
contrario, se exige que pruebe que los presuntos trashumantes tienen un arraigo
diferente al municipio en cuestión, ya sea porque habita, trabaja y tiene sus
intereses laborales, de oficios o empresariales, en otra ciudad. Es decir, que con
dichas evidencias se logre la convicción de que tales ciudadanos no tienen ninguna
clase de vínculo, en este caso, con Guataquí (Cundinamarca).

19 En un asunto similar, se llegó a la misma conclusión: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, providencia del 14 de noviembre de 2024, Rad: 05001-23-33-000-
2024-000016-02 (acumulado), M.P. Gloria María Gómez Montoya.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de

septiembre de 2021, Rad: 11001-03-28-000-2020-00013-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Debe aclararse que, si bien la parte recurrente, se refiere en el recurso a
certificaciones de las Secretarías de Planeación, Gobierno y Hacienda de Guataquí,
la DIAN, la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil para verificar la situación de los supuestos trashumantes
en este asunto, lo cierto es que, tampoco identifica a las personas que, según él no
aparecen en ninguno de los registros y que, además, se encuentran en las bases
de datos del SISBEN o ADRES, que permita construir un indicio más sólido. En todo
caso, dichos certificados por sí solos, tampoco revelan una residencia electoral
diferente a la que declara el ciudadano con su inscripción, pues es posible que tenga
una actividad económica a través de algún emprendimiento o empresa en
determinado municipio, pero labore o habite en otro.

De manera que, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la
residencia electoral de un ciudadano, deben acreditarse y respaldarse por el
demandante con solidez y no basta con referirse a una sola circunstancia; se insiste,
esta sala ha sido enfática en precisar que, cuando se pretende controvertir la
decisión personal de un individuo para ejercer su derecho al voto, con fines de
nulidad electoral, se debe satisfacer la carga de probar que el sufragante no se
encuentra en ninguna de las situaciones que lo habilita para votar en la
circunscripción en que lo hizo.

Así, tal y como lo señaló el Ministerio Público, si bien los reportes que pueden
ofrecer los diferentes órganos del Estado permiten establecer un indicio frente a la
residencia, no dotan de total certeza la convergencia o la ausencia de todas las
referidas opciones de residencia electoral. Además, debe tenerse en cuenta que,
los ciudadanos identificados por la parte actora en este caso no obedecen a alguno
de los que fueron excluidos por el CNE en la resolución que depuró el censo
electoral en el municipio de Guataquí (Cundinamarca); incluso, uno de los reparos
de la parte actora se dirige a cuestionar los actos de la autoridad electoral mediante
los cuales se surtió la investigación de trashumancia, resoluciones que se presumen
legales en este asunto.

En otras palabras, el hecho de que una persona no aparezca como titular del
derecho de propiedad en un determinado municipio no implica que no tenga otro
tipo de arraigo con aquel, por cuanto bien puede tener, por ejemplo, un contrato de
arriendo y así residir en la respectiva entidad territorial sin necesidad de aparecer
en las bases de datos de la alcaldía correspondiente.

En igual sentido, el hecho de que no aparezca como contribuyente o registrado en
la Cámara de Comercio tampoco resulta suficiente para desvirtuar la presunción de
residencia bajo estudio, por cuanto, bien puede, por ejemplo, desarrollar actividades
comerciales o de otra índole de manera informal en el municipio.

Asimismo, no encuentra la sala asidero alguno en el argumento del recurrente
según el cual, si una persona debe tomar transporte intermunicipal para votar, es
trashumante, según las consideraciones anteriormente expuestas.

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Al margen de lo anterior, en lo que respecta a la solicitud de tener como
trashumantes a los 15 ciudadanos que fueron identificados como fallecidos,
miembros de la Fuerza Pública y que aparecieron con doble voto luego de las
verificaciones adelantadas por el a quo, se advierte que no hay lugar a acceder a
ella, por cuanto el cargo endilgado en la demanda y analizado durante todo el
proceso ha sido el de trashumancia y dichas condiciones no lo configuran, pues se
trata de situaciones diversas no incluidas en la fijación del litigio.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, del análisis de las Resoluciones 8421 de 8
de septiembre y 12380 de 4 de octubre ambas de 2023, a través de las cuales el
Consejo Nacional Electoral resolvió las solicitudes y recursos interpuestos en contra
de las decisiones que se adoptaron dentro del procedimiento administrativo breve y
sumario para determinar la posible inscripción irregular de algunas cédulas de
ciudadanía y extranjería, en el municipio de Guataquí (Cundinamarca) para las
elecciones de autoridades locales a realizarse el 29 de octubre del año 2023, el a
quo, solo encontró que existían 7 cédulas posiblemente trashumantes, por lo que,
al haberse presentado una diferencia de 316 votos entre los candidatos a esa
alcaldía, dicha cifra no tiene incidencia alguna en el resultado, según lo ha
establecido esta corporación.

Finalmente, frente a la falta de valoración de las fotografías y videos aportadas por
la parte actora, se advierte que, el actor allegó dos enlaces21 de Drive que conducen
a 21 videos de corta duración en los cuales se observa una carretera sin identificar
por la cual transitan una serie de motos, carros y autobuses sin ningún contexto.

De igual forma, en los anexos de la demanda aparecen más de 40 fotografías sin
ningún contexto en la que se observan personas y buses, pero se desconoce
cuándo fueron tomadas, en qué contexto, ni quiénes aparecen allí.

Al respecto, tal como lo estableció el juzgador de primera instancia y la señora
agente del Ministerio Público aquellos dan cuenta de la presencia de un número
plural de personas en lo que parece ser el espacio público y en medios de
transporte; sin embargo, de aquellos en manera alguna se puede deducir la
existencia de trashumancia en las elecciones para alcalde del municipio de
Guataquí (Cundinamarca) del 29 de octubre de 2023.

Conforme a lo expuesto es claro que el demandante, ahora recurrente, no logró
desvirtuar la presunción de residencia electoral, por cuanto no se demostró,
respecto de cada una de las cédulas señaladas, que sus titulares no fueran
moradores del lugar, que no tuvieran un asiento regular, aunque no permanente,
que no ejercieran una profesión u oficio, o que carecieran de negocio o empleo, o
que tales vínculos existen respecto a otros lugares.

21

https://drive.google.com/drive/folders/1oOBhYNHK1LTB2d5YOgyMESwXH7mcmiy9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JowtiIsJBMR1l1_hDNnRt8zRwePaYi4d?usp=sharing

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Además, debe tenerse en cuenta que tampoco se encuentran configurados los
elementos necesarios para que prospere la causal de nulidad electoral invocada,
por cuanto, el demandante no logró acreditar la votación de los ciudadanos que
presuntamente no deberían estar en el censo electoral, toda vez que no obra en el
expediente el material probatorio necesario para el efecto.

Así las cosas, los reparos formulados por el apelante no prosperan y, en
consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.

7. Otras decisiones

Al margen de lo anterior, se advierte que fue aportado al expediente un poder
otorgado por el jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil a las abogadas Rosa Yolanda Sánchez Aldana identificada con cédula de
ciudadanía 35.536.616 y tarjeta profesional de abogada 174.907 del Consejo
Superior de la Judicatura y Carmen Mónica Sierra Castro identificada con cédula de
ciudadanía 65.714. 023 y tarjeta profesional de abogada 118.373 del Consejo
Superior de la Judicatura con el fin de que ejerzan la representación judicial de esa
entidad en este proceso.

Al respecto, se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del
Código General del Proceso «en ningún caso podrá actuar simultáneamente más
de un apoderado judicial de una misma persona» en consecuencia, se reconocerá
personería a la profesional del derecho Sánchez Aldana como apoderada de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en los términos del poder visible en la
anotación 19 del expediente visible en Samai.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C el 21 de abril de 2025, por medio
de la cual denegó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Rosa Yolanda Sánchez Aldana
identificada con cédula de ciudadanía 35.536.616 y tarjeta profesional de abogada
174.907 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos del poder visible en
la anotación 19 del expediente visible en Samai.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
Demandado: Elvin Eudiver Mosquera Palacios – alcalde de Guataquí (Cund.)
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01587-03

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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