Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00136-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00136-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00136-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: NULIDAD
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00136-00 (principal)
11001-03-28-000-2025-00134-00
Demandantes: Juan Sebastián Camacho Aya, Juan Diego Amaya
Palencia y el Partido de la Unión por la Gente (Partido de
la U)
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil1
Temas: Régimen de los Consejos Municipales y Locales de
Juventud2 (Voto joven – mecanismo de participación
ciudadana). Alcance de la competencia reglamentaria de
la RNEC. Censo electoral juvenil. Territorialidad del voto y
trashumancia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sección Quinta es competente para proferir sentencia de única instancia en el
proceso de la referencia, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019
(modificado por el 434 de 2024) de la Sala Plena de esta Corporación y lo
establecido por el ordinal 1.º3 del 149 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
Expediente 2025-00134-00
1. El 25 de julio de 2025, el Partido de la U solicitó4 la nulidad de la Resolución
7607 del 26 de junio de 20255, expedida por la RNEC, al considerar que el referido
acto administrativo permite que jóvenes entre 14 y 28 años voten en las elecciones
de los CMLJ sin una restricción territorial clara.
1 En adelante RNEC.
2 En lo sucesivo CMLJ.
3 «El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 1. De la nulidad
de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional […]».
4 Índice 3 Samai. Rad. 11001-03-28-000-2025-00134-00.
5 «Por la cual se adoptan medidas para garantizar el derecho al voto a los jóvenes ente 14 y 28
años para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud que se realizarán el 19
de octubre del 2025».
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Demandantes: Juan Sebastián Camacho Aya y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00136-00 (ppal.)
2. A juicio de la parte accionante, la resolución habilita el sufragio en cualquier
municipio del país sin atender al domicilio ni a la inscripción previa del documento
de identidad del elector, lo que vulnera la Constitución Política y diversas normas
electorales6. En particular, sostiene que se desconoce el principio de residencia y
la territorialidad del voto, en contravía de lo dispuesto en el artículo 316
constitucional, 76 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el parágrafo primero del 49 de
la Ley 1622 de 20137.
3. Finalmente, el accionante advirtió que el acto administrativo incentiva la
trashumancia electoral, facilita el traslado irregular de electores y pone en riesgo
la legitimidad y transparencia del proceso democrático. Asimismo, señaló que la
relación entre el elector y su circunscripción es esencial para garantizar una
representación auténtica en los CMLJ, por lo que permitir el voto fuera del ámbito
territorial asignado desnaturaliza la finalidad de estas «corporaciones», toda vez
que ello aleja a los representantes de las necesidades reales de la comunidad y
debilita el compromiso ciudadano.
Expediente 2025-00136-00
4. El 4 de agosto de 2025, los ciudadanos Juan Sebastián Camacho Aya y Juan
Diego Amaya Palencia, en nombre propio, solicitaron8 la nulidad parcial del artículo
1.º de la Resolución 7607 del 26 de junio de 2025 expedida por la RNEC, al
considerar que la Registraduría Nacional se extralimitó al permitir que jóvenes
entre 14 y 28 años voten «en el puesto más cercano», sin una base normativa que
respalde este mecanismo.
5. Argumentaron que esta medida constituye un mecanismo no previsto en la ley,
configurando falsa motivación, al habilitar de manera encubierta a personas no
inscritas válidamente en el censo electoral. Señalaron, además, que la resolución
vulnera principios y normas constitucionales9, así como disposiciones legales
relacionadas con la inscripción previa, la zonificación y la organización del proceso
electoral, al considerar que se vulneró el principio democrático participativo y el
interés general, toda vez que se crearon condiciones de sufragio inciertas y
desiguales, lo que eleva el «riesgo de suplantación y doble votación».
6. En ese orden, resaltaron que la Resolución 7607 de 2025 vulnera varios
principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución. En primer lugar,
desconoce el principio de igualdad al otorgar un trato preferencial e injustificado a
los jóvenes de 14 a 28 años, permitiéndoles votar en el puesto más cercano sin
cumplir los procedimientos legales aplicables al resto de los ciudadanos.
Asimismo, refirieron que afecta la moralidad administrativa al introducir una medida
6 «• Ley 2241 (sic) de 1986 (Código Electoral): Artículo 76. • Ley 1622 de 2013 modificada por el
artículo 10 de la Ley 1885 de 2018: Parágrafo 1 del Artículo 49».
7 En adelante Ley 1622/13.
8 Índice 3 Samai.
9 Así, refirieron los artículos 1.°, 4.°, 6.°, 209, 258, 266 y 270 de la Constitución Política.
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Demandantes: Juan Sebastián Camacho Aya y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
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que facilita riesgos como suplantación, fraude o doble votación, debilitando los
controles electorales.
7. También, indicaron que compromete la eficacia, la economía y la celeridad del
proceso electoral, pues genera desorden logístico, confusión y mayores cargas
operativas para las autoridades. Además, infringe el principio de publicidad debido
a la falta de una divulgación clara, amplia y oportuna de la medida. De igual forma,
evidencia ausencia de coordinación institucional, al adoptarse de manera unilateral
sin articulación con otras entidades competentes, lo que dificulta el cumplimiento
armónico de los fines del Estado.
8. Asimismo, los demandantes señalaron que la resolución impugnada vulnera la
supremacía constitucional y compromete la responsabilidad de los servidores
públicos porque la RNEC excedió sus competencias y modificó el procedimiento
electoral sin respaldo legal. De igual forma, sostuvieron que el acto administrativo
facilita riesgos de suplantación, doble votación y posibles fraudes, desconoce la
Ley 1475 de 201110 (artículos 1.º, 48 y 49) y configura una desviación de poder,
pues sus efectos podrían promover conductas como la inscripción irregular de
cédulas y afectar la transparencia y equidad del proceso electoral.
9. Finalmente, plantearon un último cargo de violación del artículo 137 de la Ley
1437 de 2011, por las siguientes razones:
a. Se expidió con infracción de las normas en que debería fundarse, a saber:
de orden constitucional (artículos 1.º, 6, 209, 258, 270) y legal (artículos 1.º
de la Ley 1475 de 2011; 48 y 49 del Código Electoral, y el artículo 389 del
Código Penal11).
b. La RNEC carecía de competencia material o excedió sus límites al expedir
la resolución cuestionada, dado que se considera que dicho acto facilita el
fraude electoral y debilita los mecanismos de control ciudadano y la función
electoral misma.
c. La resolución fue expedida con falsa motivación porque, pese a que se
presentó como una medida de inclusión para permitir el voto a jóvenes con
tarjeta de identidad, encubre la habilitación de personas no inscritas
válidamente en el censo, violando las reglas sobre inscripción previa,
actualización de datos y zonificación. La justificación del acto se aparta de
la realidad normativa.
d. El acto constituye una desviación de poder porque no se orienta realmente
a fortalecer el derecho al sufragio ni a la equidad electoral, sino que su
efecto práctico puede favorecer conductas tipificadas como fraude en la
inscripción de cédulas (art. 389 CP), al permitir la participación de personas
sin domicilio electoral válido o sin haberse inscrito formalmente.
10 En lo sucesivo Ley 1475/11.
11 En adelante CP.
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B. Posición de la parte demandada
10. La RNEC12 solicitó negar las pretensiones de las demandas, al considerar que
la Resolución 7607 fue expedida dentro de sus competencias y con fundamento
en normas constitucionales y estatutarias que buscan garantizar el derecho al voto
de los jóvenes, especialmente de quienes tienen movilidad o residencia temporal.
Sostuvo que la medida se apoyó en la Constitución y en las Leyes 1622/13 y 1885
de 201813, que consagran la ciudadanía juvenil y la obligación estatal de facilitar
su participación democrática.
11. Asimismo, explicó que el acto demandado fue posteriormente modificado por
la Resolución 9555 del 5 de agosto de 2025, en el sentido de precisar que solo los
jóvenes de 14 a 17 años podrían votar sin ningún tipo de impedimento en los
diferentes puestos de votación que se definieron para el desarrollo de dicha
jornada electoral14. Señaló que esta determinación fue adoptada tras la
concertación lograda con organizaciones juveniles y partidos y, además, destacó
la naturaleza consultiva de los CMLJ.
12. En ese orden, explicó que la medida adoptada busca evitar la exclusión de la
«población flotante» juvenil, que por razones de estudio, trabajo o movilidad carece
de arraigo territorial fijo, lo que garantiza así la igualdad material y la no
discriminación.
13. También, argumentó que declarar la nulidad desconocería el deber estatal de
garantizar el derecho al voto y la eliminación de barreras para la participación
juvenil. Asimismo, afirmó que implementó medidas tecnológicas y pedagógicas
para asegurar la transparencia electoral (sistemas de preconteo, escrutinio,
digitalización de actas y control biométrico), con el fin de garantizar la seguridad,
trazabilidad y confiabilidad de los resultados, en cumplimiento de los principios de
legalidad, eficacia y transparencia.
14. Finalmente, manifestó que no se configuran las causales de nulidad alegadas,
pues el acto fue expedido por autoridad competente, dentro de sus facultades
legales y siguiendo el procedimiento establecido; por tanto, en su criterio, la medida
12 Exp. 2025-00136-00 (índice 31 Samai) y 2025-00134-00 (índice 34 Samai).
13 En adelante Ley 1885/18.
14 En el escrito, por medio del cual la RNEC se pronunció sobre la solicitud de medida cautela, la
entidad señaló: «(…) en aras de garantizar y facilitar el derecho a elegir y ser elegido a los jóvenes
electores la Entidad expidió la Resolución núm. 7607 de 2025 modificada parcialmente por la
Resolución núm. 9555 de 2025 para que, los jóvenes entre 14 y 17 años puedan ejercer el voto en
los diferentes puestos de votación sin ningún tipo de impedimento, brindando garantías eficaces y
efectivas para ello. Esta medida tiene como propósito facilitar el acceso al sufragio y promover una
mayor participación de estos en dichos comicios, como lo señala en su artículo 1 de la resolución
en cita: “ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar medidas para que los jóvenes ciudadanos entre 14 y 17
años puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de Consejos Municipales y Locales de
Juventud que se realizarán el 19 de octubre de 2025 en cualquier municipio del país, permitiendo
que el joven elector cuya tarjeta de identidad se encuentre habilitada en el censo nacional electoral
de jóvenes, tenga derecho a sufragar en el puesto de votación más cercano.”(…)». Incide 25. Exp
2025-00134-00 (Acumulado).
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no constituye extralimitación de funciones, sino el ejercicio legítimo de la potestad
reglamentaria para garantizar la participación juvenil.
C. Trámite de sentencia anticipada
15. Luego de la admisión de las demandas15, mediante autos del 4 y 18 de
septiembre de 202516, se resolvieron de manera negativa las suspensiones
provisionales, toda vez que no se encontró demostrada, en esa etapa del proceso,
la configuración de las irregularidades alegadas.
16. En providencia del 1.º de diciembre de 202517, el magistrado ponente ordenó
impartir trámite para dictar sentencia anticipada, se pronunció sobre las pruebas
aportadas y solicitadas por las partes y fijó el litigio en los siguientes términos:
32. En ese orden, de conformidad con el literal c) del numeral 1.º y el inciso
segundo18 del artículo 182A del CPACA, el despacho procede a fijar el litigio en los
términos que se señalan a continuación:
¿Es nula la Resolución 760719 del 26 de junio de 2025, expedida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, al permitir «que el joven elector [entre 14 y 17 años] cuya
tarjeta de identidad se encuentre habilitada en el censo nacional electoral de
jóvenes, tenga derecho a sufragar en el puesto de votación más cercano»?
Lo anterior, en tanto, a juicio de los accionantes, el acto demandado:
1. Infringió los principios de legalidad, igualdad, transparencia, seguridad jurídica
y autenticidad del voto, toda vez que la citada autoridad se extralimitó en sus
competencias, al regular, mediante resolución, aspectos propios del
procedimiento electoral que están reservados a otro tipo de normas.
2. Quebrantó los principios que rigen la función administrativa (igualdad,
moralidad, eficacia, publicidad), consagrados en el artículo 209 de la Constitución,
y desconoció el derecho de participación y los mecanismos de control ciudadano
previstos en el artículo 270 superior, en tanto permitió la discrecionalidad en la
organización del proceso electoral y la falta de supervisión de este.
3. Contravino el deber de depuración permanente del censo, la publicidad de los
datos electorales, la zonificación e inscripción electoral y el cierre de aquel con
15 Mediante autos del 11 de agosto de 2025 (índice 5 Samai. Exp. 2025-00136-00) y del 26 de
agosto de 2025 (índice 12 Samai. Exp. 2025-00134-00) se dispuso la admisión de las demandas.
Posteriormente, mediante auto del 13 de noviembre de 2025 se decretó la acumulación de los
procesos de nulidad 2025-00134-00 y 2025-00136-00, y se dispuso tener a este último como el
expediente principal (índice 31 Samai. Exp. 2025-00136-00).
16 Mediante autos del 4 de septiembre del 2025 (índice 26 Samai. Exp. 2025-00136-00) y del día
18 del mismo mes y año (índice 28 Samai. Exp. 2025-00134-00) se negaron las medidas cautelares
solicitadas por las partes demandantes.
17 Índice 46 Samai.
18 «[…] El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a
ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso
y fijará el litigio u objeto de controversia […]».
19 Modificada parcialmente por la Resolución núm. 9555, para indicar que el acto aplica a los
jóvenes entre los 14 y 17 años, y esta última corregida con la 9563 de la RNEC, ambas del 5 de
agosto del año en curso, en esta última se resolvió: «ARTÍCULO PRIMERO: Corregir tanto en las
consideraciones como en la parte resolutiva de la Resolución núm. 9555 del 5 de agosto de 2025,
la fecha de la Resolución núm. 7607, siendo la correcta el 26 de junio de 2025». [Énfasis del texto].
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dos meses de anticipación, tal como lo consagran los artículos 48 y 49 de la Ley
1475 de 2011.
4. Constituyó una vulneración del artículo 389 del Código Penal al facilitar el
fraude en la inscripción de cédulas.
5. Vulneró el artículo 316 de la Constitución Política y las disposiciones legales
que desarrollan el principio de territorialidad del voto.
6. Desconoció las normas que proscriben la trashumancia, generando un riesgo
de traslado irregular de electores y afectando la transparencia y legitimidad del
proceso electoral.
7. Desatendió el artículo 316 de la Constitución Política y las normas que regulan
la representación territorial, desnaturalizando el objeto de los Consejos
Municipales y Locales de Juventud como instancias de representación local
33. Las cuestiones jurídicas trazadas serán examinadas con sustento en los
argumentos expuestos por los demandantes en el concepto de la violación, así como
en las razones de hecho y de derecho propuestas por las partes. Lo anterior, sin
perjuicio de otros aspectos procesales o sustanciales que puedan surgir del debate
principal.
17. Finalmente, la referida providencia dispuso correr traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, de considerarlo,
rindiera su concepto.
E. Alegatos de conclusión
18. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado para tal fin entre el 15 de
diciembre de 2025 y el 20 de enero de 202620, término dentro del cual, solo se
presentó la intervención de la RNEC21.
19. La entidad explicó que la resolución demandada22 fue adoptada como medida
excepcional para responder a la necesidad de permitir que los jóvenes ejercieran
el derecho al sufragio en el puesto más cercano de su municipio y de esa forma
atender las dificultades de desplazamiento propias de la población juvenil de
edades entre los 14 a 17 años.
20. Igualmente, señaló que se consideró la experiencia previa del proceso electoral
del 2021 y se reiteró la medida adoptada en la Resolución 15881 de 2021, teniendo
en cuenta que la RNEC se encuentra habilitada para disponer de cualquier
mecanismo encaminado a fomentar y facilitar la participación de los jóvenes
conforme al inciso segundo del artículo 83 del Decreto Ley 2241 de 1986.
21. Sostuvo que la medida no fue improvisada, sino producto de un proceso de
deliberación interinstitucional con participación de diversos actores, incluido el
Ministerio Público. Además, explicó que la Resolución 9555 de 2025 modificó
20 Índice 54 Samai.
21 Índice 55 Samai.
22Resolución núm. 7607 del 25 de junio 2025 modificada parcialmente por la núm. 9555 del 5 de
agosto de 2025.
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parcialmente la 7607 de 2025 por criterios de prudencia, transparencia y
razonabilidad, como parte de la facultad de configuración administrativa de la
RNEC y que se adoptaron ajustes para reforzar garantías electorales, aclarar
aspectos operativos y mitigar riesgos como la posible duplicidad en el voto juvenil.
En ese orden, precisó que estos cambios fueron preventivos y no implican
reconocimiento de irregularidades en la resolución original.
22. Finalmente, señaló que en la jornada electoral de los CMLJ se registró la
participación de más de 11,7 millones de jóvenes habilitados, 6.372 puestos y
19.869 mesas de votación, 45.183 candidatos inscritos y más de 100.000 jurados
capacitados y 44.000 testigos electorales acreditados.
F. Concepto del Ministerio Público
23. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar las
pretensiones de la demanda23, al considerar que no era posible advertir la
vulneración del ordenamiento jurídico en la modalidad de infracción de norma
superior.
24. En ese orden, señaló que el acto administrativo cuestionado coincide con la
facultad que le reconoció el legislador estatutario a la RNEC para determinar los
puestos de inscripción y votación en el proceso de elección de los CMLJ; por tanto,
no se advierte que la autoridad electoral haya actuado «sin competencia legal,
irregular y con falsa motivación».
25. Destacó que la medida no fue adoptada arbitrariamente y fue producto de la
concertación y la consulta con diversos estamentos, por lo que no se advierte que
la RNEC haya transgredido los principios constitucionales que rigen la función
administrativa, de igualdad, moralidad, eficacia y publicidad, o que facilitó el fraude
electoral o debilitado los mecanismos de control ciudadano y la función electoral
misma, asimismo, explicó que múltiples actores estuvieron atentos al adecuado
funcionamiento de las votaciones24.
II. CONSIDERACIONES
26. La Sala negará la pretensión de nulidad de la Resolución 7607 del 26 de junio
de 2025, por medio del cual la RNEC adoptó medidas para garantizar el derecho
al voto de los jóvenes entre 14 y 28 años en las elecciones de CMLJ que se llevaron
a cabo el 19 de octubre de 2025, conforme a las razones que se esbozarán más
adelante.
23 Índice 56 Samai.
24 «(…) se designaron y capacitaron 100.687 jurados de votación (80.020 titulares y 20.667
remanentes), y se acreditaron un total de 43.955 testigos electorales, de los cuales 9.113 fueron
postulados por listas de jóvenes independientes, 5.236 por procesos y prácticas organizativas y
29.606 por partidos y movimientos políticos (…)».
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27. En atención a lo dispuesto en la fijación del litigio 25, efectuada mediante auto
del 1.º de diciembre de 2025, la Sala procede a resolver, en el orden allí señalado,
los problemas jurídicos que permitirán determinar si la Resolución 7607 de 2025
se ajusta a la legalidad.
28. No obstante, antes de abordar cada uno de dichos subproblemas, resulta
necesario efectuar unas consideraciones preliminares referidas a la noción,
naturaleza jurídica y el régimen legal de los Consejos de Juventud, así como sobre
el alcance del denominado voto joven y las facultades que el ordenamiento confiere
a la RNEC para organizar estos procesos.
29. Tales precisiones no solo aportan el contexto normativo para comprender la
finalidad de estas instancias de representación de los jóvenes, sino que también
permiten delimitar el marco dentro del cual debe examinarse la validez del acto
administrativo cuestionado, asegurando así un análisis acorde con el diseño
constitucional y legal que rige la participación juvenil en Colombia.
2.1. Noción, naturaleza jurídica y el régimen de los Consejos Municipales y
Locales de Juventud: objetivos y finalidades
30. En atención a la delimitación del litigio y con el propósito de establecer el marco
conceptual y normativo desde el cual debe examinarse la validez del acto
administrativo acusado, resulta imprescindible abordar previamente un estudio
sistemático sobre la configuración de los CMLJ.
31. Ello exige precisar su calificación jurídica como mecanismos de participación
ciudadana sujetos a reserva de ley estatutaria y, asimismo, identificar el régimen
de regulación que estructura su composición, funcionamiento y procedimiento
electoral, conforme a los desarrollos constitucionales y a las disposiciones
previstas en las Leyes 1622/13 y 1885/18.
32. Este examen preliminar también permitirá delimitar el alcance de las
competencias atribuidas a la RNEC en la organización de los procesos comiciales
respectivos, marco dentro del cual se inscribe el análisis del acto demandado.
33. En ese orden, con el propósito de hacer efectivo el mandato constitucional que
establece que el Estado y la sociedad colombiana deben garantizar la participación
de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud26, el legislador ha promovido un
marco institucional y legal para el efecto.
25 Corresponde indicar que, con la contestación de la demanda, la RNEC informó que la Resolución
7607 del 26 de junio de 2025 fue modificada parcialmente por la Resolución 9555 del 5 de agosto
de 2025, en el sentido de precisar que solo los jóvenes de 14 a 17 años podrían votar sin ningún
tipo de impedimento en los diferentes puestos de votación, razón por la cual, mediante el auto del
1.º de diciembre de 2025, al fijar el litigio, el despacho sustanciador delimitó el problema jurídico al
estudio de la Resolución 7607 de 2025 y su modificatoria. En ese orden, se precisa que esta
decisión no fue objeto de recursos.
26 Artículo 45 de la Constitución Política.
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34. En un primer momento, se promulgó la Ley 375 de 199727 con el objeto de
«establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte
del Estado y la sociedad civil para la juventud» y con el fin de vincular a los jóvenes
en la vida nacional en todos los aspectos de lo social, lo económico y lo político a
través de su participación directa e indirecta.
35. Dentro de los instrumentos que estableció esa ley, destacaron los consejos de
juventudes como instancias dinamizadoras del Sistema Nacional de Juventud28,
organismos colegiados elegidos por voto popular y directo de los jóvenes29.
36. Posteriormente, el legislador estatutario, a través de la Ley 1622/1330 consagró
los consejos de juventud como mecanismos autónomos mediante los cuales los
jóvenes participan en la concertación, vigilancia y control de la gestión pública 31.
Dichas instancias se previeron como canales para presentar propuestas y
soluciones a las necesidades de la juventud ante las instituciones y entidades
públicas de cada ente territorial al que pertenezcan.
37. En lo que respecta a los objetivos y finalidades, se observa que el artículo 1.º
de dicho Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece el objeto de la normatividad
aplicable, fijando un marco institucional dirigido a garantizar el ejercicio pleno de la
ciudadanía juvenil en sus dimensiones civil, social y pública.
38. La disposición en cita consagra que dicho reconocimiento comprende tanto el
goce efectivo de los derechos previstos en el ordenamiento jurídico interno como
aquellos derivados de instrumentos internacionales ratificados por el Estado, e
impone al mismo tiempo el deber de diseñar y adoptar políticas públicas orientadas
a su realización, protección y sostenibilidad.
39. De este modo, el legislador estatutario estructura un sistema normativo integral
destinado a fortalecer las capacidades de la población joven y a asegurar
condiciones materiales de igualdad que faciliten su participación e incidencia en la
vida social, económica, cultural y democrática del país, elementos que constituyen
los cimientos teleológicos del régimen jurídico aplicable a los mecanismos
institucionales de participación juvenil.
40. Por otra parte, el artículo 2.º desarrolla las finalidades que guían la política
pública en materia de juventud, precisando un conjunto de objetivos que orientan
la acción estatal y la articulación interinstitucional correspondiente.
27 «Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones». Derogada por el artículo
79 de la Ley 1622/13.
28 Sobre los propósitos del Sistema Nacional de Juventudes, ver, entre otras: Consejo de Estado,
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2493, Rad. 11001-03-06-000-2022-00281-00, MP.
Édgar González López.
29 El artículo 3.° de la Ley 375 de 1997 establecía que «se entiende por joven la persona entre 14
y 26 años de edad».
30 Ley 1622/13 «Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras
disposiciones».
31 Artículo 33 de la Ley 1622/13.
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41. Entre tales finalidades se destacan: (i) el reconocimiento de las juventudes
como sujetos de derechos y actores protagónicos del desarrollo nacional, desde el
ejercicio de la autonomía y la diversidad; (ii) la definición de lineamientos y agendas
políticas que aseguren el goce efectivo de sus derechos, así como la armonización
de la oferta pública en todos los niveles de gobierno; (iii) la garantía de espacios
de participación, concertación e incidencia sobre las decisiones que les afectan;
(iv) la promoción del desarrollo de capacidades y competencias orientadas a la
construcción de lo público; y (v) el fomento de relaciones equitativas entre
generaciones, géneros y territorios, incluyendo los ámbitos rural-urbano,
público-privado y local-nacional.
42. Tales objetivos, al articularse sistemáticamente, permiten comprender la
función que el legislador asignó a los consejos de juventud como instancias
estatutarias de participación ciudadana, así como el rol que desempeñan en la
estructura democrática y en la interacción entre la juventud y el Estado.
43. Asimismo, la Ley 1885/18 profundizó en la sistematicidad del régimen de
participación de la juventud, modificando disposiciones orientadas a garantizar
condiciones materiales de igualdad, accesibilidad y reconocimiento efectivo del
pluralismo juvenil en los territorios. Entre los ajustes más relevantes se destacan
la redefinición de criterios de integración del censo electoral, la incorporación
automática de jóvenes que cumplan la edad requerida, la actualización
permanente de dicho censo y la precisión de reglas para la inscripción de electores
y candidatos.
44. De igual forma, la integración de los Consejos Municipales de Juventud se
encuentra regulada por el artículo 41 de la Ley 1622/13 (modificado por el art. 4 de
la Ley 1885/18), que dispone que en cada municipio del país se conformará un
consejo integrado por jóvenes elegidos mediante voto popular y directo,
provenientes de listas independientes, de procesos y prácticas organizativas
formalmente constituidas y de juventudes de los partidos políticos.
45. A ello se suma la representación especial prevista para comunidades
campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, rom, raizales y
para la población joven víctima, cada una de las cuales elige un miembro adicional
cuando exista presencia en el territorio.
46. Paralelamente, la composición de los Consejos Municipales y Locales de
Juventud se encuentra determinada por el artículo 42 de la Ley 1622/13, el cual
establece que dichos órganos deberán integrarse por un número impar de jóvenes,
nunca inferior a siete (7) ni superior a diecisiete (17), elegidos mediante voto
popular y directo por las juventudes inscritas en la respectiva jurisdicción.
47. De conformidad con la referida norma, la definición concreta del número de
consejeros depende de la densidad poblacional del municipio o localidad, de
acuerdo con el último censo oficial ajustado con las proyecciones demográficas
para el año de la elección, garantizando así una representación proporcional y
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equilibrada.
48. Adicionalmente, debe precisarse que, conforme al régimen estatutario, la
conformación de los Consejos Locales de Juventud se rige por las mismas
disposiciones previstas para los Consejos Municipales32, lo que asegura
uniformidad normativa en su estructura y funcionamiento.
49. Por su parte, es conveniente destacar que la RNEC, en ejercicio de las
competencias constitucionales y legales que le atribuyen la organización y
dirección de los procesos electorales, particularmente las derivadas del artículo
120 de la Constitución Política y de los numerales 2.º, 3.º y 19 del artículo 35 del
Decreto Ley 1010 de 2000, expidió la Resolución 7607 del 26 de junio de 2025,
mediante la cual adoptó medidas orientadas a garantizar el derecho al voto de la
población juvenil en las elecciones de CMLJ.
50. Esta resolución, fundada igualmente en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil
contenido en la Ley 1622/13 y modificado por la Ley 1885/18, introdujo inicialmente
una habilitación amplia que permitía a los jóvenes entre 14 y 28 años sufragar en
el «puesto de votación más cercano», siempre que su documento se encontrara
habilitado en el censo electoral de juventud.
51. Sin embargo, tal alcance fue posteriormente restringido mediante la Resolución
9555 de 2025, que modificó el artículo primero para limitar la medida
exclusivamente a los jóvenes de 14 a 17 años.
52. El cambio introducido constituye otra configuración del acto administrativo,
pues la autoridad electoral redujo de manera significativa el universo de
potenciales beneficiarios y replanteó el impacto territorial de la habilitación
excepcional, manteniendo la lógica del voto en el puesto más cercano pero
restringiendo su aplicabilidad a un segmento etario específico, lo que evidencia un
replanteamiento orientado, según lo expuesto en sus considerandos, a precisar el
alcance de la medida y a armonizarla con la necesidad de «facilitar la participación,
el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en condiciones de plenas garantías y
privilegiar su protección especial».
53. En el plano jurisprudencial, la Corte Constitucional33 señaló que la ley permite
la participación juvenil prevista en el inciso segundo del artículo 103 de la
Constitución34, por lo que reconoce la importancia de los consejos de juventud en
sus distintos niveles, como canales de comunicación entre los jóvenes y el Estado
y, para el efecto, aclaró que, aunque no son corporaciones públicas de elección
popular, su regulación tiene reserva de ley estatutaria por tratarse de mecanismos
32 Artículo 39 de la Ley 1622/13.
33 Corte Constitucional, sentencia C-862 del 25 de octubre de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada.
34 «(…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública que se establezcan».
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de participación ciudadana35.
54. En el mismo sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha destacado
que los consejos de juventud no son corporaciones públicas36, sino que constituyen
un mecanismo de participación de los jóvenes que busca fomentar su incidencia
en la toma de decisiones públicas37.
55. En resumen, el marco normativo y jurisprudencial muestra que los Consejos
de Juventud son mecanismos estatutarios de participación ciudadana cuyo diseño
evolucionó desde la Ley 375 de 1997 hasta consolidarse en las Leyes 1622/13 y
1885/18. Estas normas fortalecieron la ciudadanía juvenil, definieron finalidades,
ajustaron el censo electoral y precisaron competencias de la RNEC, la cual reguló
el voto joven mediante las Resoluciones 7607 y 9555 de 202538.
56. Con fundamento en esta aproximación general al régimen jurídico de los
Consejos de Juventud, procede la Sala a resolver la presente controversia.
2.2. Caso concreto
57. Antes de abordar la resolución de los problemas jurídicos planteados, la Sala
estima necesario efectuar una valoración preliminar del acervo probatorio obrante
en el expediente, con el fin de verificar los elementos fácticos relevantes que
sustentan el análisis de legalidad del acto acusado.
58. Para tal efecto, se examinarán los documentos y actos administrativos
aportados por las partes, en especial aquellos antecedentes administrativos que
permiten constatar las decisiones adoptadas por la RNEC en relación con la
organización del proceso electoral juvenil y las modificaciones introducidas
mediante las resoluciones pertinentes, probanzas a partir de las cuales se derivan
los supuestos de hecho que orientarán el estudio de fondo.
35 Corte Constitucional, sentencia C-484 del 26 de julio de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo. Corte Constitucional, sentencia C-616 del 25 de junio de 2008, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
36 Sobre el tema consultar las siguientes providencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado:
Sentencia del 20 de abril de 2023, radicación: 11001-03-28-000-2022-00022-00, magistrado
ponente Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 20 de marzo de 2024, radicación: 15001-23-33-
000-2024-00013-01, magistrada ponente: Gloria María Gómez Montoya; sentencia del 6 de febrero
de 2025, radicación: 15001-23-33-000-2024-00014-01, magistrado ponente Omar Joaquín Barreto
Suárez; sentencia del 24 de julio de 2025, radicación: 25000-23-41-000-2024-01261-03, magistrado
ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez.
37 «[C]omo lo ha dicho esta Sección en otras oportunidades, las corporaciones públicas de elección
popular son una categoría de entidad del Estado a la que se refiere la Constitución Política al
proveer sobre el régimen del Congreso de la República, las asambleas departamentales y los
concejos municipales y distritales. // De manera que, los consejos municipales de juventudes no
hacen parte de esa categoría normativa, sino que constituyen un mecanismo de participación que
busca incentivar la participación de los jóvenes, promover sus vocaciones sociales y políticas y
contribuir a la presentación de sus agendas y propuestas ante las entidades de la administración
municipal o distrital». Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de julio de 2025,
radicación: 25000-23-41-000-2024-01261-03, magistrado ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez.
38 La Sala precisa que atendiendo que la Resolución 9555 de 2025 no fue objeto inicial de las
demandas presentadas en el presente trámite, el estudio de legalidad se centrará en la Resolución
7607 de 2025.
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59. En ese sentido, en el expediente obran las pruebas decretadas mediante auto
del 1.° de diciembre de 2025 que se relacionan a continuación, a partir de las que
se pueden extraer los siguientes supuestos acreditados:
• La RNEC al descorrer el traslado de la solicitud cautelar,39 puso de presente
que, mediante la Resolución 15881 del 4 de agosto de 202140, adoptó una
medida administrativa como la demandada, para garantizar el voto de
jóvenes entre 14 y 17 años en las elecciones de CMLJ celebradas en el año
2021.
• Mediante Resolución 7607 del 26 de junio del 2025,41 la RNEC dispuso,
como medida para incentivar el voto juvenil, que los jóvenes ciudadanos
entre 14 y 28 años tienen derecho a sufragar en el puesto de votación más
cercano.
• Por medio de la Resolución 9555 de 5 de agosto de 202542, se modificó
parcialmente la 7607 del 25 de junio de 2025, en orden a determinar que la
medida adoptada estaba dirigida a jóvenes entre los 14 y 17 años.
• Al expediente se aportó copia de la «Cartilla Consejo de Juventud 2025»
difundida por el Consejo Nacional Electoral y del Concepto CNE del 10 de
marzo de 2020 sobre los Concejos Municipales y Locales de Juventud 2020.
En los documentos allegados por la RNEC43, se destacan:
• Las memorias de la «Mesa de Balance cierre de inscripción de
candidatura elecciones CMLJ-2025» de la Registraduría distrital de
Bogotá-RNEC - del 17 de julio de 2025;
• El acta de la mesa de trabajo interinstitucional a cargo de la RNEC
sobre consejos de juventud del 3 de junio de 2025;
• El acta 2 sobre la jornada de socialización calendario electoral y
avances elecciones CMLJ 2025 a cargo de la RNEC del 13 de marzo
de 2025;
• El acta 3 del 13 de marzo de 2025 de la «MESA DE TRABAJO -
PLANIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES PARA CONSEJOS
MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUD 2025», a cargo de la
Registraduría Delegada en lo Electoral.
• El Acta del comité de seguimiento electoral de la alcaldía municipal
de Victoria (Caldas) del 31 de julio de 2025;
• El acta 005 del Comité Nacional Electoral que se llevó a cabo en la
Alcaldía de Rionegro (Antioquia) el 13 de agosto de 2025;
39 Índice 24 Samai del exp. 2025-000136-00.
40 Enlace de consulta: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119378&dt=S
41 «Por la cual se adoptan medidas para garantizar el derecho al voto a los jóvenes entre 14 y 28
años para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud que se realizarán el 19
de octubre del 2025».
42 «por la cual se modifica parcialmente la Resolución núm. 7607 del 25 de junio de 2025». Se
estima que, posteriormente, mediante la núm.9563 del 05 de agosto de 2025 se corrigió un error
formal de digitación de la Resolución núm. 9555 del 5 de agosto de 2025.
43 Índice 51 de Samai
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• Memorias de la Jornada de Socialización CMLJ a cargo de la
Registraduría Municipal Fonseca (La Guajira) del 13 de agosto de
2025;
• Actas de la «COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES» de la
Alcaldía de Andes (Antioquia) del 22 de julio de 2025;
• Acta del comité de seguimiento electoral de la alcaldía municipal de
Oicatá (Boyacá) – 31 de julio de 2025.
60. Del examen conjunto del acervo probatorio se constata, en primer lugar, que la
RNEC adoptó, por medio de la resolución demandada y la que la modificó, medidas
para incentivar la participación de los jóvenes en el proceso de elección de CMLJ
que se llevaría a cabo el 19 de octubre del 2025.
61. Asimismo, reposan en el expediente elementos que acreditan la divulgación
dada al proceso electoral de las referidas instancias de participación juvenil y las
recomendaciones que sobre el respectivo procedimiento electoral brindó el
Consejo Nacional Electoral.
62. Finalmente, se encuentran algunos de los documentos que fueron utilizados
por la RNEC como insumos técnicos, de deliberación y de consulta institucional
para elaborar los actos administrativos. Estos recogen el trabajo realizado en
diversas mesas con actores institucionales, partidos políticos y organizaciones de
jóvenes.
63. En los anteriores términos probatorios, para resolver los problemas jurídicos
planteados, la Sala adoptará una metodología que parte del examen del cargo
principal de extralimitación competencial, en tanto su resolución condiciona el
estudio de los demás cuestionamientos formulados.
64. En consecuencia, en primer lugar, se verificará si la RNEC, al expedir la
Resolución 7607 de 2025, excedió las competencias que el ordenamiento le asigna
en materia de organización electoral y, específicamente, si reguló por vía
administrativa aspectos del procedimiento electoral reservados al legislador
estatutario.
65. Superado el análisis del cargo principal, se abordarán los problemas jurídicos
subsidiarios relacionados con la eventual infracción de los principios que orientan
la función administrativa, el desconocimiento de las reglas sobre censo electoral,
publicidad y cierre del mismo, el riesgo de favorecer conductas constitutivas de
fraude en la inscripción de cédulas, la posible vulneración del principio
constitucional de territorialidad del voto, la incidencia de la medida en la prohibición
de trashumancia electoral y, finalmente, la presunta desnaturalización de la
representación territorial propia de los CMLJ.
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66. Cada uno de estos subproblemas será resuelto a la luz del marco
constitucional, legal y jurisprudencial aplicable y en armonía con la conclusión que
se adopte frente al examen competencial inicial.
a) Extralimitación competencial y desconocimiento del principio de
legalidad por parte de la RNEC
67. Resulta pertinente advertir que la controversia que ocupa a la Sala se origina,
en esencia, en el desacuerdo de las partes demandantes frente a la medida
adoptada por la RNEC en la Resolución 7607 de 2025, consistente en permitir que
los jóvenes, dentro del rango etario allí previsto y habilitados en el censo electoral
de juventud, pudieran ejercer su derecho al sufragio en el «puesto de votación más
cercano».
68. Esta habilitación excepcional es percibida por los accionantes como un
desbordamiento irregular de las competencias administrativas en materia electoral.
69. En ese contexto, la tensión jurídica central del caso exige determinar si dicha
medida es compatible con el marco normativo que delimita la competencia de la
autoridad electoral, particularmente con lo dispuesto en el parágrafo 2.º del artículo
44 de la Ley 1622/13 modificado por el 6.º de la Ley 1885/18, según el cual:
La determinación de los puestos de inscripción y votación para los Consejos
Municipales, Distritales y Locales de Juventud, se hará teniendo en cuenta las
condiciones de fácil acceso y reconocimiento de las y los jóvenes y estará a cargo
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo cual expedirá la resolución
correspondiente. Las autoridades territoriales coadyuvarán en la consecución y
alistamiento de los puestos de votación y al Comité Organizador de cada municipio
realizar la difusión de las direcciones de los puestos de votación.
70. Así las cosas, la cuestión jurídica que debe resolver la Sala consiste en
establecer si la habilitación del voto en «el puesto más cercano» constituye un
ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria y organizativa reconocida
legalmente a la RNEC o si, por el contrario, implica una alteración sustancial de las
reglas estatutarias del proceso electoral juvenil que excede los límites
constitucionales y legales de su competencia.
71. Para resolver el cuestionamiento planteado, se adoptará una metodología
sustentada en los métodos de interpretación gramatical, histórico y sistemático, los
cuales compaginan con las exigencias del control de legalidad en materia electoral.
72. Por ello, en primer lugar, se estudiará la facultad reglamentaria y operativa de
la RNEC, particularmente, en lo atinente a su competencia constitucional y
estatutaria para adoptar medidas orientadas a facilitar el ejercicio del derecho al
sufragio de la población juvenil.
73. En segundo término, se examinarán las disposiciones de la Resolución
7607/25, y el alcance del parágrafo 2.º del artículo 44 de la Ley 1622/13 modificado
por el 6.º de la Ley 1885/18, con el fin de establecer el contenido normativo que el
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legislador estatutario definió respecto de la determinación de los puestos de
inscripción y votación, así como los límites materiales que dicha disposición
impone a la autoridad electoral.
74. Finalmente, la Sala confrontará estos elementos con los límites intrínsecos de
dicha potestad administrativa, delimitados por la reserva de ley estatutaria en
materia electoral y por los márgenes normativos que el legislador fijó en la Ley
1622/13 y su modificatoria, para establecer si la medida adoptada constituye un
ejercicio legítimo de la función organizativa electoral o si implica una alteración
sustancial de las reglas estatutarias que rigen el proceso de elección de los CMLJ.
i) La facultad reglamentaria y operativa de la RNEC
75. En atención a los planteamientos de las partes y al marco normativo
previamente expuesto, la Sala debe partir de lo dispuesto en el artículo 120
superior, norma que asigna a la RNEC la función de organizar, dirigir y vigilar los
procesos electorales.
76. Dicho precepto constitucional no consagra una competencia meramente
formal, sino de una atribución que habilita a la referida autoridad electoral para
adoptar las medidas necesarias que aseguren el adecuado desarrollo de los
comicios y garanticen la efectividad del derecho fundamental al sufragio.
77. Así las cosas, en desarrollo de este mandato superior, el legislador estatutario,
a través de la Ley 1622/13 y su modificatoria, la Ley 1885/18, otorgó expresamente
a la RNEC la facultad de organizar y dirigir las elecciones de los CMLJ, ampliando
y especificando su ámbito de acción en materia de participación juvenil44.
78. En este marco, el Decreto Ley 1010/00 y la Ley 1885/18 precisan que la RNEC,
por conducto de su delegada en lo electoral, ejerce funciones de dirección,
coordinación, implementación y evaluación de los procesos electorales, incluida la
adopción de decisiones logísticas, operativas y administrativas dirigidas a asegurar
su correcto desenvolvimiento.
79. En las referidas competencias se encuentra, de manera explícita, la facultad
de expedir actos administrativos destinados a garantizar el derecho al voto de los
jóvenes entre 14 y 17 años, la determinación de los lugares y puestos de votación,
la inscripción de electores, la designación de jurados, la actualización permanente
del censo electoral y la organización de los comités encargados del desarrollo de
la jornada electoral.
80. Por ende, de particular importancia para este análisis resulta el parágrafo del
artículo 43 de la Ley 1622/13 (modificado por el artículo 5.º de la Ley 1885/18), que
establece de manera expresa que corresponde a la RNEC definir los lugares y
44 «La Registraduría Nacional tendrá a su cargo la organización y dirección de las elecciones para
conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud […]». Artículo 43 de la Ley 1622/13
modificado por el artículo 5 de la Ley 1885/18.
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puestos de votación para los Consejos de Juventud, así como adoptar las medidas
necesarias para garantizar la inscripción de electores y la organización del proceso
electoral.
81. Dicha disposición refleja un claro diseño legislativo en el cual el Congreso de
la República otorga poderes reglamentarios concretos a una autoridad
administrativa especializada, con el propósito de hacer operativas las
disposiciones de la ley estatutaria y garantizar la eficacia del derecho al sufragio
juvenil.
82. En este contexto, conviene precisar que, en el marco de la democracia
participativa y de la reserva de ley estatutaria, el legislador puede conferir
facultades de reglamentación a autoridades distintas del presidente de la
República, cuando ello resulte necesario para asegurar la implementación técnica,
operativa y procedimental de los mecanismos constitucionales de participación.
83. En consecuencia, la atribución de potestades reglamentarias específicas a la
RNEC no vulnera el principio de separación de funciones ni afecta la competencia
normativa del legislador, sino que constituye un desarrollo legítimo del mandato
constitucional según el cual la organización electoral debe contar con herramientas
idóneas para garantizar la realización material de las elecciones y el ejercicio
efectivo del derecho al voto.
84. En armonía con lo anterior, resulta pertinente destacar que la Corte
Constitucional ha precisado de manera consistente el alcance de la reserva de ley
estatutaria en materia electoral, particularmente respecto de la regulación de los
elementos esenciales de la función electoral y de los aspectos que, por su
naturaleza técnica u operativa, pueden ser regulados mediante actos
administrativos sin desconocer dicha reserva.
85. En la Sentencia C-133 de 202245 se reiteró que la reserva estatutaria
comprende materias como las fechas de elección, la inscripción de votantes, el
domicilio electoral, las reglas sobre instalación de mesas, escrutinios, jurados de
votación, inhabilidades, financiación y propaganda electoral, entre otros. No
obstante, la Corte Constitucional también excluyó de la reserva aquellos aspectos
puramente operativos o logísticos por no constituir elementos esenciales de la
función electoral.
86. Por su parte, en la Sentencia C-340 de 202446, la Corte reiteró que, si bien
existe reserva reforzada respecto de los aspectos permanentes y estructurales del
sistema electoral, ello no impide que otros de carácter técnico sean desarrollados
por normas de inferior jerarquía cuando no transforman los elementos esenciales
de la función electoral.
87. En este orden de ideas, y a partir del contenido expreso de las normas
45 MP. Alejandro Linares Cantillo.
46 MP. Antonio José Lizarazo Ocampo y Cristina Pardo Schlesinger.
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estatutarias que regulan la materia, la Sala concluye que la RNEC sí contaba con
competencia para expedir la resolución demandada y su modificatoria, en tanto la
habilitación del «puesto de votación más cercano» se inscribe dentro del ámbito
de su potestad organizativa.
88. En consecuencia, desde la perspectiva competencial, no se configura una
extralimitación ni se desconoce el principio de legalidad, pues la RNEC actuó
dentro del marco que el legislador estatutario expresamente le otorgó para la
organización y dirección del proceso electoral de los CMLJ.
ii) Sobre las disposiciones de la Resolución 7607/25 y el contenido del
parágrafo 2.º del artículo 44 de la Ley 1622/13 modificado por el 6.º
de la Ley 1885/18
89. En atención a la metodología previamente expuesta, la Sala se referirá al
contenido normativo de la Resolución 7607/25, en tanto constituye el acto jurídico
cuya validez se controvierte en este proceso. La revisión de sus considerandos y
artículos resulta necesaria para identificar, de manera precisa, los fundamentos
constitucionales, legales y estatutarios invocados por la RNEC para adoptar la
medida cuestionada, así como para delimitar el alcance concreto de la habilitación
excepcional contenida en su artículo primero.
90. A partir de la lectura inicial de las normativas enunciadas, se advierte que la
resolución parte de una interpretación extensiva de las funciones constitucionales
de la RNEC, en especial, aquellas previstas en los artículos 12047 constitucional y
3548 del Decreto Ley 1010 de 2000, para justificar la adopción de medidas
logísticas encaminadas a garantizar la participación juvenil en los CMLJ.
91. Igualmente, se observa que la autoridad electoral apela a las finalidades y
alcances del Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Leyes 1622/13 y 1885/18) para
sustentar la habilitación de un mecanismo excepcional, esto es, permitir que el
joven elector habilitado en el censo pueda sufragar en el puesto de votación más
cercano.
92. Así las cosas, a partir de la medida adoptada en el artículo primero de la
Resolución 7607/25, surge el cuestionamiento central planteado por los
demandantes, atinente a si: ¿puede la RNEC, en ejercicio de su potestad
organizativa, habilitar un mecanismo de votación que desvincule el sufragio
47 «La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a
su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la
identidad de las personas».
48 Son funciones de la Registraduría Delegada en lo Electoral: […] 2. Programar, dirigir, coordinar,
garantizar la implementación y evaluar las actividades que conlleva el desarrollo de los procesos
electorales y los mecanismos de participación ciudadana señalados en la Constitución Política y la
ley, con las Delegaciones Departamentales, Registradurías y representaciones diplomáticas de
Colombia en el exterior. 3. Proponer, coordinar e implementar las políticas y estrategias orientadas
a garantizar el desarrollo óptimo de los procesos electorales y los mecanismos de participación
ciudadana».
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juvenil del lugar de inscripción o expedición del documento, sin alterar con
ello las reglas estatutarias que rigen la conformación del censo electoral y la
territorialidad del voto?
93. En otros términos, esta Sección determinará si la habilitación excepcional del
voto en el «puesto más cercano», constituye un desarrollo legítimo de las
facultades conferidas por el legislador estatutario o si, por el contrario, implica una
modificación sustancial de las condiciones de ejercicio del sufragio juvenil que
desconoce los límites normativos, específicamente, los derivados del parágrafo 2.º
del artículo 44 de la Ley 1622/13, modificado por el 6.º de la Ley 1885/18, y afecta
el principio de vinculación territorial asociado al lugar de inscripción o expedición
del documento de identidad.
94. Por su parte, en lo que respecta al artículo 6.º de la Ley 1885/18, modificatorio
del artículo 44 de la Ley 1622/13, se observa que dicha disposición configura el
régimen estatutario aplicable a la inscripción de jóvenes electores, estableciendo
las reglas temporales del proceso, los requisitos documentales para la habilitación
en el censo electoral, así como las obligaciones institucionales relacionadas con la
elaboración del calendario electoral, la divulgación, la formación y el apoyo
operativo en la realización de las elecciones de CMLJ.
95. Con particular relevancia para el caso concreto, el parágrafo 2.º del artículo en
cita asigna de manera expresa a la RNEC la competencia para determinar los
puestos de inscripción y votación, precisando que dicha determinación debe
realizarse teniendo en cuenta las condiciones de fácil acceso y reconocimiento de
los jóvenes, y que para ello la entidad expedirá la resolución correspondiente.
96. La referida habilitación se complementa con un deber de colaboración a cargo
de las autoridades territoriales y de los Comités Organizadores, quienes deben
coadyuvar en la consecución, alistamiento y difusión de los puestos de votación.
97. Así, desde una perspectiva funcional, esta disposición revela que el legislador
estatutario confirió a la RNEC una potestad reglamentaria de naturaleza
eminentemente organizativa, limitada al ámbito logístico y de accesibilidad
territorial, cuyo ejercicio debe estar orientado a garantizar la participación efectiva
de la población juvenil.
98. Conforme con lo anterior, el parágrafo 2.º constituye el parámetro normativo
para determinar si la medida adoptada en la Resolución 7607/25, referida a la
habilitación del voto en el «puesto de votación más cercano», supone un desarrollo
legítimo de la potestad organizativa conferida o, por el contrario, una modificación
sustancial de las condiciones territoriales del ejercicio del sufragio juvenil.
iii) Sobre los límites constitucionales y estatutarios de la potestad
administrativa de la RNEC
99. Para continuar con el análisis es necesario establecer si la facultad organizativa
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atribuida a la RNEC permite adoptar una medida que habilite a los jóvenes para
sufragar en el «puesto de votación más cercano», y si tal decisión se ajusta a los
límites estatutarios relativos al censo, la inscripción y la circunscripción electoral.
100. Para resolver este interrogante, en primer lugar, se examinará el alcance del
parágrafo 2.º del artículo 44 de la Ley 1622/13, modificado por el 6.º de la Ley
1885/18, a fin de identificar los límites materiales impuestos por el legislador
estatutario en materia de determinación de los puestos de inscripción y votación y
establecer si la flexibilización adoptada por la RNEC se inscribe dentro del margen
organizativo permitido.
101. En el orden expuesto, la Sala precisa que el alcance del parágrafo 2.º del
artículo 44 de la Ley 1622/13, modificado por el 6.º de la Ley 1885/18, debe
entenderse como una habilitación normativa de carácter estrictamente
organizativo, mediante la cual el legislador estatutario confirió a la RNEC la facultad
de determinar los puestos de inscripción y votación atendiendo a criterios de
accesibilidad y reconocimiento para la población juvenil.
102. Así, para esta Sala resulta evidente que su alcance no comporta la posibilidad
de alterar las reglas estructurales del proceso electoral, en particular, las referentes
al censo, la inscripción y la circunscripción electoral, pues no autoriza a redefinir el
vínculo territorial del sufragio ni a modificar los elementos esenciales de la
habilitación electoral.
103. Antes bien, se trata de una atribución que permite a la autoridad electoral
ajustar la infraestructura comicial a las condiciones materiales de los jóvenes,
removiendo barreras logísticas para garantizar la participación, pero sin afectar la
circunscripción en la que cada elector se encuentra válidamente inscrito.
104. Por tal razón, es posible colegir que el parágrafo 2.º delimita un margen de
actuación operativo que complementa, mas no transforma, los fundamentos
estatutarios del ejercicio del derecho al voto juvenil.
iv) De la legalidad de la Resolución 7607 de 2025
105. Para determinar la legalidad del acto demandado, en primer lugar, se acudirá
a una interpretación teleológica e histórica (art. 27 C. Civil 49), a partir de los
antecedentes legislativos del referido Estatuto de Ciudadanía Juvenil y de la
Resolución 7607/25, para determinar si la finalidad de garantizar condiciones de
fácil acceso y reconocimiento para los jóvenes respalda la medida adoptada.
106. Seguidamente, se realizará un análisis de confrontación entre la Resolución
7607/25 y las normas constitucionales y legales que regulan la residencia electoral
49 «Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar
su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su
intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su
establecimiento».
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y la conformación del censo juvenil, con el fin de establecer si la medida
cuestionada altera la circunscripción electoral fijada por el ordenamiento jurídico.
107. Finalmente, se aplicará un juicio de proporcionalidad orientado a ponderar los
principios de participación democrática frente a los postulados de seguridad
jurídica, territorialidad del voto y estabilidad del censo electoral, con el fin de
establecer si la decisión administrativa constituye un desarrollo razonable y
necesario de las competencias conferidas a la autoridad electoral, o si vulnera los
límites propios de la reserva de ley estatutaria.
• Antecedentes legislativos y administrativos relevantes para la
interpretación de la medida
108. A partir del alcance del mencionado parágrafo 2.º, la medida administrativa
que habilita a los jóvenes para sufragar en el «puesto de votación más cercano»
se ajusta a la prescripción del legislador estatutario, en aplicación del método
histórico previsto en el artículo 27 del Código Civil, que autoriza a interpretar una
disposición atendiendo a su «historia fidedigna», la Sala acudirá tanto a los
antecedentes legislativos del Estatuto de Ciudadanía Juvenil como al contexto
administrativo que dieron lugar a la expedición de la Resolución 7607/25, en
particular, lo que se señaló en la motivación del acto administrativo 9555 del mismo
año, el cual es objeto de valoración en tanto se aportó como prueba al expediente:
[…]
Que tanto en las mesas de trabajo adelantadas con los jóvenes ciudadanos y
organizaciones juveniles de cara a la preparación del evento electoral, así como
en las sesiones de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de
los Procesos Electorales y en reuniones con partidos y movimientos políticos y
organismos internacionales, en aras de garantizar la legitimidad del proceso
electoral, se ha solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil la
modificación de la Resolución 7607 del 26 de junio de 2025 […]
En consideración a lo anterior, atendiendo las recomendaciones de los jóvenes
ciudadanos, las organizaciones juveniles, las entidades involucradas y las
agrupaciones interesadas en el evento democrático, y con el fin de facilitar la
participación, el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en condiciones de plenas
garantías y privilegiar su protección especial, se hace necesario modificar la
Resolución 7607 del 26 de junio de 2025.
[…]
109. Así las cosas, con el fin de concretar los mandatos de la Ley 1622/13, y en
orden de atender la preocupación referida a la participación electoral de los jóvenes
quienes expresan mayores niveles de desconfianza hacia las instituciones
públicas50, el legislador estatutario, por medio de la reforma realizada con la Ley
50 «En materia de participación electoral, aunque es obligatorio votar en buena parte de los países
de América Latina –no es el caso de Colombia–, los jóvenes expresan mayores niveles de
desconfianza hacia las instituciones políticas. La participación electoral entre quienes tienen de 18
a 25 años sigue siendo más baja que en otros grupos etarios y los jóvenes son menos propensos
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1885/18, introdujo algunas disposiciones para dotar de herramientas claras a las
instituciones para el adecuado y efectivo desarrollo de las elecciones de los
mencionados órganos de participación juvenil, en particular, en lo referido a
convocatoria e inscripción de jóvenes electores (artículo 6.º51 idem).
110. De esa manera, para el legislador, la importancia de los mencionados
consejos como espacios de representación e incidencia juvenil en los distintos
ámbitos de la vida social y política del país, se debía expresar en «garantizar la
participación efectiva de las y los jóvenes en todos los ciclos de la política pública,
con el objetivo principal de realizar sus derechos», así se señaló en la exposición
de motivos de la mencionada ley estatutaria:
Con la expedición del Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 2013, al
menos dos situaciones ocurren con los Consejos de Juventud. En primer
lugar, se ratifican como instancia de participación de las y los jóvenes,
creados para todo el país con la derogada Ley de Juventud 375 de 1997. Y en
segunda instancia, se refuerza su rol en la conformación del Sistema Nacional de
Juventud (SNJ). Muestra de ello, es que al menos cinco aspectos estructurales
de la Ley para que el Sistema Nacional de Juventud opere, dependen de la
elección de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ).52 [Énfasis de la
Sala].
111. En el curso del trámite legislativo, se advirtió la intervención de múltiples
expresiones de los liderazgos juveniles que participaron en la audiencia pública del
3 de septiembre de 2015, realizada a propósito de dicho proyecto de ley. De sus
intervenciones se destaca lo siguiente:
[…] propusieron permitir el voto preferente en las elecciones de los Consejos de
Juventud, que las entidades territoriales incluyan en sus presupuestos recursos
destinados a la promoción y realización de estas elecciones y la formación de los
consejeros, aplicar una cuota del 30% o 50% de participación femenina en la
conformación de las listas que se someterán a las urnas, un tiempo de 4 meses de
socialización de la ley antes de realizar las primeras elecciones, la creación de una
Plataforma Nacional Juvenil pues consideran que se deben abrir más espacios
para integrar la diversidad de expresiones y formas de vivir de los y las jóvenes,
entre otros aspectos53.
112. En este sentido, se encuentra que el principal interés del legislador fue
promover y garantizar la participación efectiva de los jóvenes en la conformación
de estas instancias de participación para lo cual, entre otros aspectos, decidió
regular, a través de la ley estatutaria, todo lo concerniente al procedimiento
electoral en cuanto a inscripción de jóvenes electores, inscripción de candidatos,
jurados de votación, censo electoral, comité organizador y escrutinios54.
a afiliarse a un partido político». Gaceta del Congreso No. 732 del 22 de septiembre de 2015.
«INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO
27 DE 2015 SENADO».
51 Modificatorio del artículo 44 de la Ley 1622/2013.
52 Gaceta del Congreso No. 542 del 29 de julio de 2015. «INFORME DE PONENCIA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 27 DE 2015 SENADO».
53 Gaceta del Congreso No. 732 del 22 de septiembre de 2015.
54 «La Ley Estatutaria busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de sus derechos, políticos,
civiles, económicos, sociales, cultuales y ambientales, tanto a nivel individual como colectivo a
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113. Lo anterior, es expresión de la ponderación que el legislador estatutario
realizó frente a la relevancia del voto joven y las particularidades del procedimiento
electoral especial que se consagró en la norma, caracterizado por la flexibilidad
que dicho trámite requiere respecto del sistema electoral colombiano. Así se
manifestó en la exposición de motivos del mencionado proyecto:
La experiencia del Sistema Electoral Colombiano es un importante referente que se
debe tener en cuenta, pero no implica que sea la forma ideal para los consejos,
teniendo en cuenta que la situación, composición y funciones de los consejeros de
Juventud es diferente a la del Congreso55.
114. Ahora bien, considerando el contexto de las motivaciones del legislador, se
observa que la RNEC profirió la resolución cuestionada en el marco de las
competencias atribuidas y después de surtir discusiones en mesas de trabajo con
jóvenes, organizaciones juveniles, comités organizadores y reuniones
interinstitucionales.
115. En el desarrollo de dicho proceso de concertación y conformación de la
decisión administrativa, se advierte que para facilitar la participación de jóvenes
que cambian temporalmente de residencia por diversos motivos, se planteó entre
otras cosas que se debía «permitir que los jóvenes puedan ejercer su derecho al
voto en cualquier puesto de votación del municipio donde se encuentren
inscritos»56 y, en ese orden, podría afirmarse que la RNEC profirió el acto
administrativo demandado como una medida excepcional.
116. Disposición que se adoptó en procura de que los jóvenes menores de edad,
que por alguna circunstancia no pudieran ejercer su derecho a sufragar en el
puesto de votación donde se encontraban habilitados lo hicieran en el lugar más
cercano, concretando así el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil
117. Además, se debe destacar que la medida adoptada por la RNEC ya había
sido implementada en el primer proceso electoral de los consejos de juventud que
se llevó a cabo en el año 2021 en el que, para promover y garantizar la
participación electoral de los jóvenes, la entidad profirió un acto administrativo de
similares características al aquí demandado, esto es, la Resolución 15881 del 4 de
diciembre de 202157, por medio de la cual se dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar medidas para que los Jóvenes entre 14 y 17 años
puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de Consejos Municipales y
Locales de Juventud que se realizarán el 5 de diciembre de 2021, así:
través de medidas de promoción, protección, prevención por parte del Estado». Gaceta del
Congreso No. 732 del 22 de septiembre de 2015. «INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 27 DE 2015 SENADO».
55 Gaceta del Congreso No. 732 del 22 de septiembre de 2015.
56 Así consta en el acta de la mesa de trabajo interinstitucional a cargo de la RNEC sobre consejos
de juventud del 3 de junio de 2025. Índice 51 de Samai
57 «Por la cual se adoptan medidas para garantizar el derecho al voto a los jóvenes entre 14 y 17
años para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud que se realizarán el 5 de
diciembre de 2021».
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• En los municipios zonificados, el joven elector con edad entre 14 y 17 años
cuya tarjeta de identidad apta para votar se encuentre en el censo electoral,
tendrá derecho a sufragar en el puesto más cercano a su lugar de residencia
mediante el registro del número del documento de identidad en el formulario E-
10, y los nombres, apellidos y número de documento de identidad en el
formulario E-11, previa verificación de que se encuentre inscrito en el censo de
ese municipio.
118. En dicha oportunidad, la RNEC autorizó a sufragar en el puesto más cercano
al lugar de residencia de los jóvenes, aspecto que en la nueva reglamentación del
2025 no se reprodujo textualmente.
119. Aunado a lo expuesto, conviene destacar que la RNEC puntualizó 58 que, en
orden de brindar garantías eficaces y efectivas, los jóvenes entre 14 y 17 años
podían, sin ningún tipo de impedimento, ejercer el sufragio en los diferentes
puestos de votación dispuestos para el desarrollo de la referida jornada electoral,
así lo explicó:
[…] considerando la participación de los jóvenes en las elecciones llevadas a cabo
en el año 2021, la Entidad tomó la decisión de permitir la votación de los jóvenes en
el puesto de votación más cercano, como medida excepcional, es decir, utilizó un
mecanismo diferente del establecido para las elecciones generales teniendo en
cuenta que esta se encuentra habilitada para disponer de cualquier medida
encaminada a fomentar y facilitar la participación de los jóvenes, tal y como quedó
explicado en la normativa expuesta, por lo tanto, en aras de garantizar y facilitar el
derecho a elegir y ser elegido a los jóvenes electores la Entidad expidió la Resolución
7607 de 2025 modificada parcialmente por la Resolución 9555 de 2025 para que,
los jóvenes entre 14 y 17 años puedan ejercer el voto en los diferentes puestos
de votación sin ningún tipo de impedimento, brindando garantías eficaces y
efectivas para ello. Esta medida tiene como propósito facilitar el acceso al sufragio
y promover una mayor participación de estos en dichos comicios, como lo señala en
su artículo 1 de la resolución en cita:
“ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar medidas para que los jóvenes ciudadanos entre 14
y 17 años puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de Consejos
Municipales y Locales de Juventud que se realizarán el 19 de octubre de 2025 en
cualquier municipio del país, permitiendo que el joven elector cuya tarjeta de identidad
se encuentre habilitada en el censo nacional electoral de jóvenes, tenga derecho a
sufragar en el puesto de votación más cercano.” [Énfasis fuera de texto].
120. En dicha contestación, queda claro para la Sala que la RNEC expuso que la
flexibilización contenida en las Resoluciones 7607 y 9555 de 2025 se fundamenta
en la experiencia del proceso electoral juvenil de 2021, en el cual la entidad
identificó barreras logísticas que dificultaban la participación de los jóvenes.
121. Entonces, con apoyo en esa experiencia, la autoridad electoral, en sede del
presente proceso electoral, sostuvo que se encontraba habilitada por la normativa
estatutaria para adoptar medidas excepcionales destinadas a facilitar y fomentar
el voto juvenil, por lo que autorizó que los jóvenes entre 14 y 17 años pudieran
sufragar en el puesto de votación más cercano.
58 En el escrito por medio del cual la RNEC descorrió el traslado de la solicitud de medida cautelar
Incide 25. Exp 2025-00134-00 (Acumulado).
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122. De ahí que, de acuerdo con lo afirmado, sea posible colegir que esta
habilitación se trató de un mecanismo operativo distinto del utilizado en elecciones
generales, pero orientado a garantizar el derecho a elegir y ser elegido, remover
obstáculos de acceso al sufragio y promover una mayor participación, finalidades
que, según la RNEC, se desarrollan en el artículo primero del acto acusado.
• Examen de confrontación entre la habilitación excepcional y las reglas
de territorialidad electoral
123. En este punto, resulta necesario efectuar un examen específico sobre la
posible colisión entre la habilitación excepcional prevista en la Resolución 7607/25
y las reglas constitucionales y legales que delimitan la territorialidad del voto.
124. Ello implica confrontar el contenido del acto administrativo con los mandatos
superiores relativos a la residencia electoral, el censo y la circunscripción,
particularmente los previstos en el artículo 316 de la Constitución Política, en el
parágrafo 1.° del artículo 10 de la Ley 1885/1359 (modificatorio del art. 49 de la Ley
1622/13) y en el artículo 7660 del Código Electoral y su parágrafo 1.°, con el fin de
precisar si la flexibilización adoptada por la autoridad electoral alteró los elementos
estructurales del sufragio juvenil, como lo aducen los demandantes.
125. Así las cosas, se advierte que el artículo 316 de la Constitución supone que
el ejercicio del voto debe realizarse en el mismo ámbito territorial en el cual el
ciudadano se encuentra censado, lo que obliga a examinar si la habilitación
excepcional prevista en la resolución demandada comporta o no una ruptura de
ese vínculo territorial.
126. De igual manera, el artículo 76 del Decreto Ley 2241 de 1986, modificado por
el artículo 7.º de la Ley 6 de 1990 (Código Electoral), refuerza ese diseño al
disponer que el ciudadano únicamente podrá votar en el lugar donde aparezca su
cédula de ciudadanía conforme al censo electoral, conservándose en dicho registro
las cédulas expedidas o inscritas en esa circunscripción mientras no sean
canceladas o trasladadas.
127. A su vez, se estima necesario precisar que el artículo 49 de la Ley 1622/13,
modificado por el artículo 10 de la Ley 1885/18, regula específicamente el censo
electoral de juventud, y su parágrafo 1.° establece un sistema de actualización
automática de dicho censo, mediante el cual: (i) se incorporan los jóvenes que
59 «PARÁGRAFO 1o. La Registraduría Nacional del Estado Civil actualizará permanentemente el
censo electoral del que habla este artículo, incorporando automáticamente los jóvenes que vayan
cumpliendo los 14 años de edad. Así mismo serán incorporados al censo electoral de jóvenes, en
el momento de solicitar su cédula de ciudadanía, los jóvenes que sin estar en el censo electoral,
vayan cumpliendo los 18 años de edad, quedando habilitados en la respectiva circunscripción
donde haya solicitado el documento. Este procedimiento se hará hasta 90 días calendario antes de
llevarse a cabo el proceso de la elección. También harán parte del censo electoral de juventudes,
los jóvenes que se inscriban en los términos de la presente ley».
60 «ARTICULO 76. [modificado por el artículo 7 de la Ley 6 de 1990]. A partir de 1988 el ciudadano
sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral.
Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de
1988, y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se
inscriban en otro lugar».
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cumplen 14 años; (ii) se integran automáticamente quienes, al solicitar la cédula,
cumplen 18 años sin estar inscritos; y (iii) todos ellos quedan habilitados en la
circunscripción en la cual solicitaron el documento o realizaron la inscripción,
dentro del límite temporal legal de 90 días antes del proceso electoral.
128. Este último componente normativo demuestra que el legislador fija de manera
estricta la circunscripción electoral de los jóvenes, vinculándolos territorialmente al
municipio o localidad donde se produjo la inscripción censal o donde se tramitó la
expedición del documento de identidad.
129. De este modo, para la Sala resulta evidente que el parágrafo 1.° del artículo
49 no solo refuerza la idea del censo como eje de la residencia electoral, sino que
descarta la posibilidad de habilitaciones que alteren la circunscripción asignada por
ese acto registral.
130. De conformidad con lo expuesto hasta acá, al contrastar la Resolución
7607/25 con este régimen legal, se advierte que la medida adoptada por la RNEC,
consistente en permitir que los jóvenes entre 14 y 17 años votaran en el puesto de
votación más cercano, no implica una alteración del mecanismo de actualización
censal ni de la circunscripción fijada por el mencionado parágrafo 1.° del artículo
49.
131. En efecto, la resolución no habilita a los jóvenes a sufragar en un municipio o
localidad diferente al que determina su incorporación censal; por el contrario,
únicamente modifica, de manera operativa, la ubicación del puesto dentro del
mismo municipio o localidad, sin que ello tenga incidencia alguna en la
circunscripción territorial previamente establecida por el legislador estatutario.
132. Así, la flexibilización introducida opera exclusivamente en la distribución
logística de los puestos de votación, no en la determinación normativa de la
circunscripción electoral.
133. Por ello, la Sala considera que la medida no desconoce los elementos
estructurales previstos en el artículo 316 de la Constitución, en el artículo 76 del
Código Electoral ni en el parágrafo 1.° del artículo 49 de la Ley 1622, modificado
por la Ley 1885/18, puesto que la residencia electoral permanece como límite
infranqueable y la integridad del censo, incluida su actualización automática, no
resulta afectada.
• Aplicación del test de proporcionalidad
134. En complemento de lo anterior, la Sala considera necesario aplicar un test de
proporcionalidad para resolver la tensión constitucional presente en el caso, toda
vez que la medida cuestionada implica armonizar, de un lado, los mandatos de
promoción de la participación democrática juvenil previstos en los artículos 45, 103
258 y 270 de la Constitución Política y en las Leyes 1622/13 y 1885/18.
135. Asimismo, el juicio implica verificar si la medida preserva las garantías
estructurales del sistema electoral, en particular la seguridad jurídica y la integridad
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del censo previstas en el parágrafo 1.º del artículo 49 de la Ley 1622/13, modificado
por la Ley 1885 de 2018, así como el principio de territorialidad del voto consagrado
en el artículo 316 de la Constitución Política y desarrollado por el artículo 76 del
Decreto Ley 2241/86, normas que delimitan la circunscripción en la cual cada
elector se encuentra habilitado para sufragar.
136. En ese orden, dicho análisis de proporcionalidad permitirá determinar si tal
ajuste: (i) es adecuado para la finalidad perseguida, (ii) resulta necesario frente a
otras alternativas posibles, y (iii) mantiene un equilibrio razonable entre el beneficio
obtenido y la eventual afectación de otros principios constitucionales relevantes.
137. Así las cosas, en cuanto al juicio de idoneidad, es decir, si la medida es apta
para alcanzar la finalidad constitucional invocada, se tiene que el objetivo
perseguido, esto es, garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto juvenil
removiendo obstáculos logísticos, se ajusta plenamente al deber estatal de
promover la participación y al mandato específico del parágrafo 2.º del artículo 44
de la Ley 1622/13 modificado por el 6.º de la Ley 1885/18, que autoriza a la RNEC
a determinar los puestos de votación atendiendo criterios de fácil acceso.
138. Así, los antecedentes administrativos dan cuenta de que la decisión se adoptó
como respuesta a requerimientos de jóvenes, organizaciones sociales y
autoridades de seguimiento electoral, todos encaminados a reducir barreras de
desplazamiento y facilitar el reconocimiento del puesto de votación. Por ello, la
medida se muestra idónea para materializar la finalidad constitucional y estatutaria
buscada.
139. Respecto del examen de necesidad, que exige determinar si existían
alternativas igualmente eficaces, pero menos restrictivas para los principios en
juego, se encuentra acreditado en el expediente que la RNEC evaluó diversas
opciones en mesas interinstitucionales con actores juveniles, concluyendo que la
solución escogida, permitir votar en un puesto distinto al asignado, dentro del
mismo municipio o localidad, elimina barreras de desplazamiento sin modificar la
circunscripción territorial.
140. En ese orden, mantener estrictamente el puesto asignado no habría
alcanzado el mismo impacto en la reducción de obstáculos materiales para los
votantes jóvenes, mientras que flexibilizaciones más amplias, como permitir votar
por fuera del municipio o localidad, habrían afectado de manera grave el principio
de territorialidad. Así, la alternativa adoptada logra el mejor equilibrio entre eficacia
para promover la participación juvenil y respeto por la estructura territorial del voto.
141. En lo atinente al test de proporcionalidad en sentido estricto, el cual demanda
ponderar el beneficio obtenido frente al eventual sacrificio, se observa que la
utilidad es significativa, en tanto la medida fortalece la participación política de la
juventud y desarrolla el mandato legal de accesibilidad mediante un ajuste
operativo que facilita el acceso al puesto de votación más cercano.
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142. A propósito de la habilitación en el «puesto de votación más cercano», se
encuentra que opera exclusivamente dentro del mismo municipio o localidad,
respeta el censo electoral fijado en el parágrafo 1.º del artículo 49 de la Ley 1622/13
y no modifica la circunscripción establecida en el artículo 316 de la Constitución ni
las reglas del artículo 76 del Decreto Ley 2241 de 1986.
143. Y, si bien la flexibilización podría generar en abstracto un riesgo de doble
votación, este se encuentra razonablemente mitigado por los controles
implementados por la RNEC, entre ellos el registro nominal en el formulario E-11J
y las herramientas tecnológicas de verificación, que garantizan la singularidad del
sufragio dentro de la misma circunscripción, como se desarrollará en el acápite
siguiente.
144. En esas condiciones, la afectación potencial es mínima y resulta claramente
superada por los beneficios de accesibilidad y participación juvenil que la medida
promueve, por lo que la Sala considera que el ajuste operativo es proporcionado a
los fines constitucionales que busca satisfacer.
145. En esa línea, el impacto negativo de la medida es mínimo, toda vez que no
altera la circunscripción electoral, ni el censo juvenil, ni los procedimientos de
inscripción previstos en el parágrafo 1.º del artículo 49 de la Ley 1622/13,
modificado por la Ley 1885/18, ni desconoce las reglas de residencia y
territorialidad del voto establecidas en los artículos 316 de la Constitución y 76 del
Decreto Ley 2241/86.
146. En ese contexto, el grado de satisfacción del derecho de participación,
protegido por los artículos 45, 103, 258 y 270 de la Constitución Política, supera
ampliamente cualquier afectación marginal sobre la organización territorial del
voto, que permanece esencialmente intacta.
147. En síntesis, toda vez que se superan las tres etapas del test, la Sala determina
que la habilitación del voto juvenil en el puesto más cercano: (i) es idónea para
garantizar el acceso y la participación conforme al mandato legal de accesibilidad;
(ii) es necesaria, dado que no existía un medio igualmente eficaz y menos
restrictivo que preservara simultáneamente la participación y la territorialidad; y (iii)
es proporcionada, en sentido estricto, al no modificar las reglas estructurales del
censo, inscripción o circunscripción, y limitarse a ajustes logísticos dentro del
municipio o localidad.
• Síntesis del examen de legalidad
148. Del análisis del acto demandado y de sus antecedentes administrativos, la
Sala advierte que la medida adoptada no comporta una redefinición de la
circunscripción electoral, ni permite el sufragio en un municipio o localidad distinta
a la asociada al documento de identidad del joven.
149. Así las cosas, la flexibilización adoptada debe entenderse estrictamente
limitada por la normativa estatutaria, de modo que cualquier ajuste operativo solo
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puede desplegarse dentro del ámbito territorial fijado por el censo electoral juvenil
y conforme a la restricción prevista en la Resolución 7607/25 relativa al puesto de
votación más cercano.
150. En esa medida, la reglamentación expedida por la RNEC recae únicamente
sobre la ubicación del puesto dentro del mismo municipio o localidad,
manteniéndose incólume el vínculo territorial que define el sufragio juvenil.
151. A modo de ejemplo, si en un municipio donde se elige el Consejo Municipal
de Juventud existen tres puestos de votación A, B y C, la medida excepcional
permite que el joven elija libremente el puesto de votación más cercano, siempre
que se encuentre inscrito previamente. Esto implica que puede optar por ejercer
su derecho al voto en cualquiera de los puestos A, B o C.
152. Sin embargo, la posibilidad de elegir no significa que pueda votar en más de
un lugar. Así, si el joven decide sufragar en el puesto B, su voto queda registrado
allí y no podrá hacerlo nuevamente en el puesto A ni en el C, y mucho menos en
puestos ubicados en otras municipalidades o localidades. En otras palabras, la
flexibilidad para escoger el puesto más cercano no elimina el principio fundamental
de que cada ciudadano solo puede ejercer el derecho al voto una única vez y
en un solo puesto de votación.
152. Cuando se trata de la elección de un Consejo Local de Juventud, y dado que
su conformación se rige por las mismas reglas aplicables a los Consejos
Municipales, se entiende que, si en la respectiva localidad existen tres puestos de
votación, A, B y C, la medida contenida en la resolución demandada habilita al
joven, inscrito previamente ante la RNEC, para elegir libremente cualquiera de
estos puestos para ejercer su derecho al voto.
153. No obstante, dicha facultad de elección no implica la posibilidad de votar más
de una vez. Así, si el joven ejerce su derecho al sufragio en el puesto A, queda
imposibilitado para hacerlo nuevamente en los puestos B o C, y, con mayor razón,
en aquellos ubicados en otras localidades o municipalidades. De este modo, la
flexibilidad para escoger el puesto de votación mantiene intacto el principio
fundamental de que cada ciudadano solo puede votar una única vez y en un
solo puesto de votación.
153. En esa medida, la reglamentación expedida por la RNEC recae únicamente
sobre la ubicación del puesto dentro del mismo municipio o localidad,
manteniéndose incólume el vínculo territorial que define el sufragio juvenil. En otras
palabras, la permisión solo opera al interior del territorio en el cual el joven se
encuentra inscrito, reafirmando su carácter reglado y subordinado a las
limitaciones legales vigentes.
154. En conclusión, el acto acusado se mantiene dentro del margen organizativo
previsto por la ley estatutaria y no altera el diseño territorial del voto en la medida
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en que la flexibilización se condiciona al respeto del municipio o localidad de
inscripción y al puesto de votación más cercano.
b) No se afectaron los principios de la función administrativa, el censo
electoral, la noción de territorialidad del voto y la prohibición de
trashumancia.
155. Conforme lo expuesto anteriormente, encuentra la Sala que, respecto al
presunto desconocimiento de los principios de la función administrativa (art.
209 de la Constitución Política) alegados con las demandas; contrario a lo
afirmado por los demandantes, la medida persigue un fin legítimo, como se explicó
previamente, esto es, optimizar el ejercicio de la ciudadanía juvenil, removiendo
obstáculos logísticos, con sujeción al censo y a la circunscripción.
156. Ello, en contraposición a lo advertido por los accionantes, optimiza los
principios de eficacia (facilita el acceso al voto), economía (racionaliza
desplazamientos de los jóvenes entre 14 y 17 años a los puestos de votación),
celeridad y publicidad (difusión e instrucción a jurados y electores), sin desconocer
los axiomas de igualdad, moralidad, eficacia y publicidad.
157. Un aspecto que refuerza lo anterior, y evidencia la ausencia de afectación a
los principios invocados, es que, aun con la medida adoptada en la resolución
demandada, la entidad implementó múltiples mecanismos para que el debate
electoral se surtiera con transparencia, eficacia y las garantías necesarias para
asegurar el sufragio juvenil.
158. En ese orden, como pasa a exponerse, la Sala pudo advertir que la RNEC
adoptó los controles destinados a garantizar la integridad del proceso, entre ellos,
el registro en el formulario E-11J con datos, huella y firma del sufragante, así como
el uso de desarrollos tecnológicos orientados a detectar posibles casos de votación
múltiple y permitir la depuración posterior de la información electoral.
159. Así, la autoridad electoral señaló que implementó una solución tecnológica
integral61 para las elecciones de Consejos de Juventud, que incluyó infraestructura,
software y personal para los procesos de preconteo, escrutinios y de recolección,
61 Para el efecto, la RNEC refirió que adoptó las siguientes medidas para concretar la organización
logística y tecnológica de las referidas elecciones: i) Procesamiento electrónico de datos –
Preconteo: a) Infraestructura tecnológica completa (hardware, software, comunicaciones y
personal); b) Centros de Recepción Telefónica para transmisión y procesamiento de datos. c)
Pruebas técnicas y un simulacro con el 100% de las mesas; d) Mecanismos de seguridad física,
lógica y eléctrica. ii) Escrutinio: a) Software especializado para el procesamiento, seguimiento y
control de los escrutinios. b) Registro detallado de auditoría y generación de actas con códigos
hash. c) Autenticación biométrica para comisiones escrutadoras. d) Digitalización y verificación de
actas E 14J mediante QR. e) Registro de reclamaciones y copias de seguridad automáticas. f)
Simulacro nacional completo y validación de versiones autorizadas por la RNEC. g) Custodia
especializada de los medios magnéticos y actas generadas. iii) Recolección, digitalización y
publicación de actas E 14 y E 11: a) Logística de transporte y centros de acopio/digitalización en
todo el país; b) Publicación web de imágenes de las actas y acceso a través de SFTP para actores
autorizados; c) Validación mediante códigos QR o de barras y verificación con DIVIPOLE y ANI; d)
Simulacros con el 100% de las mesas; y e) Implementación de una herramienta para evitar la doble
votación en jóvenes de 14 a 17 años.
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digitalización y publicación de actas E 14 y E 11. Se destaca allí, entre otros, la
realización de simulacros, validaciones con códigos QR, trazabilidad mediante
códigos hash, autenticación biométrica y publicación web de actas y controles para
evitar la doble votación en jóvenes de 14 a 17 años.
160. Esta Sección también observó que en el expediente se acreditó que el diseño
del procedimiento electoral descansa en un mecanismo fundamental, especial y
propio de este proceso eleccionario, esto es, el censo electoral juvenil, así como
en los referidos mecanismos de trazabilidad (E 11J), los cuales fueron objeto de
valoración, en sede cautelar, como compatibles con la legalidad y la integridad del
proceso.
161. En este orden de ideas, para la Sala, la resolución cuestionada no quebranta
las reglas del censo juvenil. Antes bien, el propio texto acusado condiciona el
beneficio a que el joven esté habilitado en el censo nacional electoral de jóvenes,
y, para el efecto, la ley estatutaria precisó cómo se conforma, dónde queda
habilitado (circunscripción del documento) y cómo se depura dicho censo62.
162. Así lo destacó la Sección Quinta al negar la solicitud cautelar, en cuanto la
resolución no autoriza traslados automáticos, ni permite votar fuera del censo y su
aplicación debe respetar las cargas de inscripción y habilitación previamente
definidas por el legislador estatutario.
163. En ese sentido, es importante señalar que, para ejercer el derecho al voto, los
jóvenes de 14 a 17 años deben presentar la tarjeta de identidad, mientras que
quienes tengan entre 18 y 28 años deben mostrar la cédula de ciudadanía o la
contraseña63. Esta participación solo procede si la persona está inscrita, de
acuerdo con los requisitos fijados en el parágrafo 6.º64 del artículo 44 de la referida
norma estatutaria, entre los cuales se incluye la tarjeta de identidad para quienes
tienen entre 14 y 17 años.
164. Bajo esta lógica, indudablemente, supone que la RNEC de manera previa
haya conformado el censo electoral por los jóvenes inscritos para la votación de
CMLJ, conforme lo prescribe el artículo 1065 de la Ley 1885/18. Desde esta
perspectiva no es posible predicar el desconocimiento de los artículos 48 de la Ley
1475/11 o el 49 del Código Electoral, pues, además, es lo cierto que tal aspecto
cuenta con regulación propia en la referenciada ley estatutaria.
62 Artículo 49 de la Ley 1622 de 2013, modificado por el artículo 10 de la Ley 1885 de 2018.
63 Artículo 49C de la Ley 1622 de 2013, modificado por el artículo 13 de la Ley 1885 de 2018.
64 «La inscripción de jóvenes electores se realizará en los lugares y ante los funcionarios
designados por la Registraduría Distrital o Municipal y se utilizará para tal fin, un Formulario de
Inscripción y Registro de Jóvenes Electores, diseñado por la Registraduría Nacional del Estado
Civil. // Son requisitos para la inscripción de electores, los siguientes: // 1. Las personas entre 14 y
17 años deberán presentar la tarjeta de identidad. // 2. Las personas entre 18 y 28 años deberán
presentar la cédula de ciudadanía o, la contraseña para los jóvenes que hayan solicitado su cédula
por primera vez. // Cuando un joven se inscriba dos o más veces, la última inscripción anula las
anteriores».
65 Que modificó el artículo 49 de la Ley 1622 de 2013, respecto al censo electoral juvenil y su forma
de depuración.
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165. Así las cosas, no se observa que el acto demandado vulnere alguna regla
relacionada con «la inscripción previa, actualización de datos y zonificación», de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1622/13, que conlleve afirmar que su
justificación se aparte de la realidad normativa, como lo refieren los demandantes.
166. En línea con lo argumentado, respecto del alegato de los accionantes
relacionado con que la «alteración del censo el día de la elección» desconoce que
el registro E 11J no sustituye la inscripción ni modifica el censo, es conveniente
precisar que dicho documento electoral es un instrumento de identificación y
control de sufragantes en mesa, cuyo contenido se digitaliza para verificación
posterior, conforme lo explicó la RNEC.
167. Ello resulta aún más claro si se considera que el E-11J, además de permitir
la identificación plena del sufragante, constituye el soporte material del control de
singularidad del voto, al dejar constancia del nombre, número de documento, firma
o huella de cada elector. Así, su estructura y finalidad lo erigen en un documento
público de alto valor probatorio, utilizado para contrastar el censo con los votantes
reales y para detectar eventuales irregularidades como suplantación o
trashumancia.
168. De esta manera, para la Sala es evidente que, en lugar de alterar el censo
como lo refieren los demandantes, el E-11J opera como mecanismo de verificación
posterior que refuerza la integridad del proceso electoral juvenil. Adicionalmente,
se debe destacar que, con las otras soluciones tecnológicas implementadas, la
RNEC buscó garantizar la transparencia, trazabilidad, seguridad y eficiencia en
todas las etapas del proceso electoral juvenil, en procura de aminorar el riesgo de
trashumancia y otros tipos de fraude electoral.
169. Frente a la acusación relacionada con el principio de territorialidad, esto es,
que la resolución se expidió en contravía de lo dispuesto en el artículo 316
constitucional, y las normas que lo desarrollan (76 del Decreto Ley 2241 de 1986
y el parágrafo primero del 49 de la Ley 1622 de 2013), se reitera que el legislador
estatutario juvenil vinculó la habilitación al lugar donde se solicita el documento
(para quienes cumplen 18) o al lugar de inscripción (para quienes entre 14 y 17 se
inscriben), de suerte que el censo ancla al joven a su circunscripción, como se
analizó en el punto anterior.
170. De ahí que votar en el «puesto más cercano» no autoriza votar en uno distinto,
sino dentro del municipio o localidad y circunscripción en la que el joven está
habilitado. Así se desprende de la Constitución Política, las leyes estatutarias y
resoluciones que regulan el voto joven, como se ha explicado a lo largo de esta
providencia.
171. Por lo tanto, conforme con esa interpretación, no hay contradicción con el
artículo 316 de la Constitución Política ni con las normas que lo desarrollan, toda
vez que el acto cuestionado no elimina la exigencia de residencia electoral, sino
que solo permite ajustar el puesto exacto de votación dentro de la misma
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circunscripción, para favorecer accesibilidad juvenil, tal y como lo autoriza el
parágrafo 2.º66 del artículo 44 de la Ley 1622/13, modificado por el 6.º de la Ley
1885/18.
172. Respecto del supuesto yerro relacionado con la facilitación de la
trashumancia67, en su acepción contenciosa y penal, está ligada a la inscripción
irregular de cédulas o a la votación de no residentes en una circunscripción, con
incidencia en el resultado electoral.
173. En consecuencia, para que esta situación se configure, se requiere, entre
otros aspectos: i) la inscripción de personas que no residan en el municipio o
localidad; ii) su participación efectiva en la jornada electoral y iii) su influencia en el
resultado final. En este caso, ninguno de estos elementos se desprende de la
resolución cuando se interpreta de manera adecuada, es decir, conforme al censo
juvenil y a la circunscripción en la que los jóvenes pueden ejercer el derecho al
voto según la Constitución, las leyes estatutarias y las resoluciones aplicables.
174. Así las cosas, este punto que se viene analizando se relaciona con la presunta
desviación de poder68 alegada por los accionantes, quienes indicaron que «[e]l
objetivo del acto no se orienta realmente a fortalecer el derecho al sufragio ni a la
equidad electoral, sino que su efecto práctico puede favorecer conductas
tipificadas como fraude en la inscripción de cédulas (art. 389 Código Penal),
al permitir la participación de personas sin domicilio electoral válido o sin haberse
inscrito formalmente»69.
175. Al respecto, a partir del análisis de la motivación del acto y las normas que lo
regulan, se reitera que la disposición adoptada por la RNEC apunta a optimizar los
derechos políticos de los jóvenes, a través de una medida que pretende satisfacer
66 «La determinación de los puestos de inscripción y votación para los Consejos Municipales,
Distritales y Locales de Juventud, se hará teniendo en cuenta las condiciones de fácil acceso y
reconocimiento de las y los jóvenes y estará a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
para lo cual expedirá la resolución correspondiente. Las autoridades territoriales coadyuvarán en la
consecución y alistamiento de los puestos de votación y al Comité Organizador de cada municipio
realizar la difusión de las direcciones de los puestos de votación».
67 Sobre la trashumancia como causal de anulación electoral, resulta pertinente consultar, entre
otras, las siguientes decisiones del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencias durante el año 2025 del 31 de julio, expediente 73001-23-33-000-2024-
00008-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Del 17 de julio, expediente 25000-23-41-000-2023-01587-
03, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Del 8 de mayo, expediente 54001-23-33-000-2024-00006-01,
MP. Gloria María Gómez Montoya. Del 27 de febrero, expediente 25000-23-41-000-2023-01627-
02, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
68 Respecto a la desviación de poder, la Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 17 de octubre de 2024, expediente 11001-03-28-000-2023-00085-
00, MP. Gloria María Gómez Montoya, la «[…] jurisprudencia ha señalado que el acto administrativo
debe perseguir fines legítimos, es decir, los que señala específicamente la normativa que lo regula,
en concordancia con aquellos esenciales del Estado del artículo 2 de la Constitución y el artículo 4
de la Ley 489 de 1998 (servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes superiores, satisfacer el interés general, el bien común y las necesidades básicas de
todas las personas, entre otros). // 86. Lo anterior so pena de incurrir en la causal de nulidad
denominada desviación de poder, que se configura precisamente porque su finalidad -explícita o
implícita- es espuria o, aun siendo legítima, es distinta de los objetivos concretos que le trazó el
legislador».
69 Énfasis del texto original.
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un fin legítimo atinente a facilitar el ejercicio del derecho de participación política
de los jóvenes y así contribuir a que dicho sector de la población tenga incidencia
en la vida social y democrática del país.
176. Además, como se ha venido reseñando, el diseño normativo juvenil no
promueve la trashumancia; por el contrario, existe un control posterior de listas de
sufragantes (E-11J) y la depuración legal, que para la Sala constituyen
salvaguardas suficientes para evitarlo.
177. En efecto, la obligación impuesta a los jurados de votación de diligenciar
integralmente el formulario E-11J, consignando el número de documento, nombres
y apellidos del sufragante, así como la huella dactilar en tinta y su firma, configura
un instrumento de control material y nominativo del ejercicio del sufragio, cuyo
diseño tiene el propósito inequívoco de neutralizar cualquier posibilidad de
participación irregular en la jornada electoral.
178. En tal virtud, dicho registro permite asegurar la correspondencia entre cada
elector y el censo electoral juvenil previamente conformado, tal como se desprende
del marco estatutario aplicable (Leyes 1622/13 y 1885/18) y de los deberes legales
de la RNEC en este tipo de procesos.
179. De esta manera, el E-11J opera como un mecanismo de trazabilidad posterior
a la elección, en cuanto posibilita la verificación individualizada, la digitalización y
depuración posterior de la información de quienes sufragaron, lo que impide que
la habilitación excepcional del voto en el puesto más cercano pueda dar lugar, por
ejemplo, a traslados irregulares de facto, a la participación de no residentes o a
supuestos de trashumancia.
180. Entonces, frente a las preocupaciones que manifiestan los accionantes, la
Sala encuentra pertinente acotar que la función de dicho documento electoral no
es meramente registral, sino garantista, en cuanto actúa como una barrera efectiva
frente a conductas que pudieran comprometer la integridad del escrutinio y la
correspondencia territorial del sufragio. Ello permite colegir que este mecanismo
es una salvaguarda suficiente y plenamente compatible con la estructura del
censo, la circunscripción y la organización electoral juvenil.
181. En último término, se pone de presente que la resolución no regula
inscripciones de documento ni traslados censales, pues, como se ha indicado, se
limita a la logística del puesto de votación, materia confiada a la RNEC,
manteniendo el vínculo del elector con su municipio o localidad de habilitación. Por
lo tanto, la sola alegación de hipotéticos fraudes no basta para invalidar el acto.
182. Respecto a la representación territorial de los CMLJ, como se ha explicado,
esta deriva del censo y de la circunscripción donde cada joven está habilitado para
votar. Por lo tanto, permitirle sufragar en el puesto más cercano dentro de su
municipio o localidad no distorsiona la composición territorial ni traslada electores
de un municipio o localidad a otra; por el contrario, favorece la participación efectiva
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de quienes pertenecen al censo del respectivo ente territorial, reforzando el
principio democrático sin desnaturalizar el vínculo del elector con el territorio.
183. Lo anterior, por cuanto el legislador estatutario confirió a la RNEC, para
elecciones de CMLJ, competencias específicas para: i) fijar los sitios de inscripción
y de votación, ii) conformar y depurar el censo, y iii) coordinar la logística electoral,
justamente para garantizar acceso y reconocimiento a la población joven.
184. Para la Sala, el acto demandado encaja en esas competencias, a partir de
una interpretación sistemática, como se ha explicado, y que no dispone traslados
automáticos de censo ni habilitaciones fuera de la circunscripción a la que
pertenece el joven elector.
185. En suma, no se acreditó que la RNEC haya ejercido una potestad
reglamentaria sin habilitación legal ni que haya alterado elementos estructurales
del sufragio juvenil reservados a la ley estatutaria, toda vez que la medida
cuestionada actúa dentro de la habilitación legal y conforme a los fines
constitucionales de promoción de la participación juvenil.
186. Finalmente, en el mismo sentido debe despacharse el reparo relacionado con
que la Resolución demandada facilita la suplantación y la doble votación o la
ausencia de mecanismos para evitar estos fenómenos como lo alegaron los
accionantes.
187. Frente a ello, la Sala recuerda que, conforme al artículo 83 constitucional, las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas se presumen
realizadas de buena fe, principio que adquiere especial relevancia en materia
electoral por tratarse del ámbito en el que se expresa la soberanía popular (arts. 3
y 258 de la Constitución).
188. Dicha presunción se proyecta sobre toda la organización electoral, la cual
debe regirse por los principios de transparencia, imparcialidad y eficacia, de
manera que los riesgos propios de la dinámica del sufragio no pueden presumirse
configurados sin prueba suficiente ni convertir, por sí solos, una medida operativa
en irregularidad sustancial.
189. Con todo, la buena fe y transparencia que gobierna el sistema electoral no
implica desconocer la existencia de riesgos inherentes a los procesos en los que
se realizan comicios, entre ellos la eventual doble votación, entendida como la
emisión de más de un sufragio válido por el mismo elector en una misma elección.
190. No obstante, la eventualidad de riesgos, como los asociados a la logística del
puesto de votación o a la movilidad del elector juvenil, no conduce
automáticamente a la invalidez del proceso ni a la configuración de irregularidades
sustanciales, en la medida en que el propio legislador estatutario previó
instrumentos institucionales de control destinados a salvaguardar la transparencia
del resultado electoral.
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191. Por ello, la Sala no desconoce que el Estatuto Juvenil establece unos
mecanismos orientados a controlar los riesgos de la flexibilización del lugar de
votación y, en ese sentido, la ley estatuaria dotó a la RNEC de los recursos
necesarios para organizar y dirigir el proceso electoral70 y estableció las
herramientas para que dicho proceso se surtiera con las garantías necesarias.
192. En ese orden estableció mecanismos como la conformación del censo
electoral juvenil, previendo un régimen de depuración permanente71, así como un
sistema de escrutinio con un diseño especial72, en el que se establecen diferentes
instancias, etapas y procedimientos que se orientan a garantizar el ejercicio
singular y efectivo del derecho al voto de los jóvenes constituyéndose en un
escenario reglado de depuración del voto.
193. Estos mecanismos, también obran como medidas que el legislador dispuso
para que la RNEC asegurara la singularidad e integralidad del voto y de esa
manera prevenir que se presenten situaciones de suplantación y doble votación
como las descritas por los accionantes que, en todo caso, solo pueden ubicarse
en un escenario eventual e hipotético.
194. Asimismo, se debe destacar que la RNEC informó que, además de los
procesos de pedagogía para instruir a las juventudes sobre las buenas prácticas
en el ejercicio de su derecho al sufragio, implementó controles orientados a evitar
la doble votación en jóvenes de 14 a 17 años, tales como la herramienta web
dispuesta para el registro de estos por puesto de votación.
195. Dicho mecanismo se entiende como una herramienta que permite garantizar
que cada joven ejerza su voto en una sola oportunidad en el desarrollo del referido
proceso electoral, toda vez que supone la consulta de estos en el mencionado
aplicativo web para facilitar la información sobre el puesto de votación que le
corresponde y su posterior registro. Así lo reseñó la autoridad electoral:
Todos los jóvenes de 14 a 17 años, sin excepción, deberán ser consultados en la
herramienta web establecida por la entidad para tal fin, antes de ejercer su derecho
al voto.
Si la herramienta arroja el número de la tarjeta de identidad, el funcionario electoral
deberá informarle al joven que ya ejerció su derecho al voto y no se permitirá el
ingreso al puesto de votación.
El funcionario electoral realizará el registro y consultará la herramienta “aVotar” para
indicarle si ese es el puesto de votación asignado (censo electoral). Al respecto, se
pueden presentar dos escenarios: Escenario 1 Puesto de votación previamente
asignado: el orientador electoral confirma que el joven se encuentra asignado en ese
puesto de votación y le indica la mesa correspondiente. Posteriormente, se dirige a
70 Artículo 43 de la Ley 1622/13 modificado por el 5 de la Ley 1885/18.
71 Parágrafo 2.° del artículo 49 de la Ley 1622/13 modificado por el 10 de la Ley 1885/18.
72 Artículo 49C de la Ley 1622/13 modificado por el 13 de la Ley 1885/18.
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la mesa señalada y ejerce su derecho al voto. Escenario 2 No es el puesto de
votación asignado previamente: el orientador electoral le informa al joven que podrá
ejercer su derecho al voto en la última mesa del puesto de votación elegido. En este
contexto, el jurado de votación deberá diligenciar la información del joven elector en
las últimas páginas del formulario E-11J, en los espacios en blanco disponibles. De
llegarse a presentar que, no cuente con más espacios disponibles en el formulario
E-11J, los jóvenes podrán acudir a la mesa anterior, y, si es el caso, proceder de la
misma manera con las mesas anteriores. [Énfasis de la Sala].
196. A partir de lo señalado, no se observa que la disposición demandada facilite
la concreción de la actuación irregular que alegan los accionantes, por ello, dicho
reparo no está llamado a prosperar.
2.3. Síntesis del caso y conclusiones
197. Las demandas pretenden la nulidad total o parcial de la Resolución 7607 de
2025 de la RNEC, al considerar que permitió que jóvenes de 14 a 28 años votaran
en los CMLJ sin cumplir las reglas de residencia, inscripción previa y zonificación
electoral.
198. Los actores sostuvieron que la medida carece de sustento legal, desconoce
principios constitucionales como igualdad, moralidad, eficacia y publicidad e
introduce riesgos de trashumancia, suplantación y doble votación.
199. Asimismo, afirmaron que la RNEC excedió su competencia, modificó
irregularmente el procedimiento electoral y actuó con falsa motivación y desviación
de poder, al habilitar votantes sin domicilio electoral válido ni inscripción formal,
afectando la transparencia y legitimidad del proceso democrático.
200. En ese orden, la Sala analiza si la RNEC excedió sus competencias al permitir
que jóvenes de 14 a 17 años votaran en el «puesto de votación más cercano» para
las elecciones de los CMLJ y determinó, tras estudiar la normativa estatutaria, que
la Ley 1622/13 y la Ley 1885/18 otorgan a la RNEC facultades organizativas para
fijar puestos de votación y adoptar medidas logísticas que garanticen accesibilidad,
sin alterar el censo ni la circunscripción.
201. En ese sentido, se afirmó que la habilitación de la autoridad electoral no
modifica la territorialidad del voto, sino que opera solo dentro del mismo municipio
o localidad y supera el test de proporcionalidad por ser idónea, necesaria y
equilibrada.
202. A su vez, se encontró que la medida no afecta principios administrativos no
genera trashumancia ni altera el censo, pues mantiene el vínculo territorial y se
limita a flexibilizar la ubicación del puesto para facilitar la participación juvenil.
203. En síntesis, la Sala concluyó que la habilitación para votar en el puesto más
cercano es un ajuste logístico legítimo dentro de la competencia organizativa de la
RNEC para elecciones de CMLJ. En ese sentido, la medida no altera el censo ni
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la circunscripción, respeta la territorialidad del voto y busca remover barreras que
afectaban la participación juvenil, manteniéndose dentro de los límites
constitucionales y estatutarios.
204. En todo caso, la permisión excepcional de sufragar en el puesto de votación
más cercano es una regla propia y exclusiva del proceso de voto juvenil para los
Consejos de Juventud. Por ende, esta facultad no aplica a ninguna otra elección
por voto popular, las cuales están sujetas a las reglas ordinarias de inscripción,
residencia y zonificación electoral.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley.
III. FALLA:
Primero: Negar la pretensión de nulidad de la 7607 del 26 de junio de 2025
proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo el entendido de las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Tercero: Ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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