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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2024-00014-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2024-00014-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de julio de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda, dirigida a la nulidad del acto de elección de la señora Paula Yaneth Cerinza Ricaurte como concejal del municipio de Duitama (Boyacá), para el período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON del 5 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal. SEGUNDO: Conminar al Tribunal Administrativo de Boyacá para que, en lo sucesivo, adopte las decisiones de sustanciación relacionadas con la inadmisión de la demanda electoral y la actuación de apoderados, de acuerdo con las reglas pertinentes del Código General del Proceso y del CPACA. 36 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, Rad. 05001-23-33-000-2015-02495-02, MP. Rocío Araújo Oñate. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez Demandada: Paula Yaneth Cerinza Ricaurte Radicación: 15001-23-33-000-2024-00014-01 TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 15001-23-33-000-2024-00014-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

6 de febrero de 2025

Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandada: Paula Yaneth Cerinza Ricaurte
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00014-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00014-01
Demandante: JOSÉ LUIS VALENZUELA RODRÍGUEZ
Demandada: PAULA YANETH CERINZA RICAURTE – CONCEJAL DE
DUITAMA (PERÍODO 2024-2027)

Temas: Naturaleza jurídica de los consejos de juventud. Doble militancia
por nueva elección a nombre de un partido diferente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 24 de julio de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El ciudadano José Luis Valenzuela Rodríguez, en nombre propio, instauró
demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, con el fin de obtener la nulidad del acto que declaró la elección de la señora
Paula Yaneth Cerinza Ricaurte como concejal del municipio de Duitama (Boyacá),
para el período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON del 5 de noviembre
de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.

1.2. Hechos

2. La parte actora relató los hechos relevantes que se sintetizan a continuación:

3. Paula Yaneth Cerinza Ricaurte fue elegida consejera municipal de juventud
de Duitama, para el período 2022-2026, por el movimiento «Alianza Juvenil
Independiente», en las elecciones que se llevaron a cabo el 5 de diciembre de 2021.
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Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandada: Paula Yaneth Cerinza Ricaurte
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00014-01

4. El 17 de junio de 2023 presentó renuncia a esa calidad, aceptada en la misma
fecha por la presidenta de la mencionada corporación.

5. El 29 de octubre de 2023 se celebraron a nivel nacional las elecciones de
autoridades territoriales para el período 2024-2027, en las que la señora Cerinza
Ricaurte fue elegida concejal de Duitama por el partido político Verde Oxígeno.

6. La inscripción de la demandada como candidata de la mencionada
colectividad se constata en el respectivo formulario E-6 CO y en su perfil de la red
social Facebook, donde difundió su aspiración con el número 7 en la tarjeta
electoral.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación1

7. El demandante invocó la causal de nulidad electoral por doble militancia
prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

8. En línea con los hechos narrados, explicó que la demandada fue elegida
como consejera de juventud de Duitama en el año 2021 por el movimiento «Alianza
Juvenil Independiente», pero fue inscrita al concejo del mismo municipio en el año
2023, sin haber renunciado a «su cargo o curul de elección popular» al menos doce
meses antes del primer día de las inscripciones.

9. Señaló que la demanda ataca un «ACTO ADMINISTRATIVO de CARÁCTER
GENERAL», según lo permite el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, por infracción
de los artículos 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley 1475 de 2011. Agregó
que el artículo 139 de la referida Ley 1437 de 2011 faculta a cualquier persona para
demandar la nulidad de los actos de elección por voto popular o cuerpos electorales.

10. Argumentó que la prohibición constitucional de doble militancia fue
incorporada al ordenamiento colombiano con la reforma política de 2003 y
modificada en el año 2009, con fundamento en que la libertad de afiliación a los
partidos o movimientos que tienen los ciudadanos no es absoluta.

11. Sostuvo que el objetivo fue acentuar la importancia del régimen de disciplina
partidista, con una regla estricta2 que exige la pertenencia del elegido al partido que
lo inscribió, por lo menos hasta el final del período, a menos que renuncie a su
colectividad y curul dentro de los doce meses anteriores al primer día de
inscripciones de candidatos.

1 Capítulo reformado en cumplimiento del auto de 18 de enero de 2024, que inadmitió la demanda.
2 Citó: Corte Constitucional, sentencias C-303 de 2010 y C-490 de 2011.

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12. Para el caso, adujo que «LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD
y LOS CONCEJOS MUNICIPALES, son cargos o corporaciones de elección
popular, pues para su asignación de curules en ambos se convocan a
ELECCIONES» (destacado del original).

1.4. Contestación de la demanda

13. Dentro del plazo concedido por el tribunal en el auto admisorio de 29 de enero
de 2024, se recibieron las intervenciones que se reseñan a continuación:

1.4.1. Registraduría Nacional del Estado Civil

14. A través de apoderado3, la entidad manifestó que no compartía la
equivalencia que hizo la parte actora entre la elección y naturaleza de los concejos
municipales y los consejos de juventud. En tal sentido, sostuvo que «la elección de
un Concejo Municipal si (sic) es una elección popular a un cargo de una corporación
pública, no obstante, la elección de Consejo Municipal de Juventud se ha definido
como un mecanismo de participación popular (…)».

15. Por otra parte, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues afirmó que los hechos de la demanda no se relacionan con las
facultades y funciones de la institución. Al respecto, apeló a su carácter técnico,
circunscrito a la organización de las elecciones y, tratándose de inscripción de
candidatos, referido solamente a la verificación de los requisitos formales, de
conformidad con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.

16. Así mismo, adujo que las agrupaciones políticas son las encargadas de
revisar las calidades e inhabilidades de los candidatos que inscribe, mientras que al
Consejo Nacional Electoral le corresponde resolver las solicitudes de revocatoria de
inscripción por las causales constitucionales y legales.

1.4.2. Consejo Nacional Electoral

17. El apoderado de la corporación4 afirmó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que no hay conexidad entre sus actuaciones y la censura
que plantea el demandante. Particularmente, manifestó que no conoció previamente
los hechos que sustentan la demanda.

1.4.3. Concejal Paula Yaneth Cerinza Ricaurte

18. Por medio de apoderado5, la demandada orientó su defensa a desvirtuar la
doble militancia que se le atribuye. Frente a los hechos, precisó que no fue inscrita

3 El abogado Gabriel Alfonso Gómez Ulloa.
4 El abogado Carlos Humberto Florián Prada.
5 El abogado Camilo Andrés Rodríguez Rico.

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para el Consejo Municipal de Juventud de Duitama por un movimiento político, como
asegura el demandante, sino por una lista independiente, que es una de las
alternativas que ofrece la Ley 1885 de 2018.

19. Alegó que la renuncia como consejera de juventud «es un hecho de buena
fe», realizado antes de la inscripción como candidata al Concejo de Duitama,
siguiendo las directrices trazadas por el Consejo Nacional Electoral en el concepto
Rad. 2459-20 de 19 de agosto de 2020 y que contó con la aceptación del alcalde
municipal.

20. Explicó que los consejos de juventud no son corporaciones de elección
popular, sino un mecanismo de participación ciudadana, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional6 y la doctrina del Departamento
Administrativo de la Función Pública7. Agregó que los consejeros no ocupan cargos
ni tienen la calidad de servidores públicos8.

21. Adicionalmente, solicitó decidir este asunto con perspectiva de género, según
los parámetros de la jurisprudencia constitucional9, habida cuenta que la
demandada es la única mujer concejal del municipio de Duitama.

22. También advirtió que las imágenes de la red social Facebook que aportó la
parte actora con relación a la inscripción al consejo de juventud no son prueba
conducente y pertinente de ese hecho, según la sentencia T-043 de 2020 de la
Corte Constitucional.

23. Por último, sostuvo que el demandante actuó de mala fe10, con temeridad y
abuso del derecho, porque acudió sin fundamento alguno a la administración de
justicia.

1.5. Coadyuvancias

1.5.1. Partido Verde Oxígeno

24. Mediante dos apoderados11, solicitó «autorización de intervención como
TERCERO COADYUVANTE de la demandada», limitándose inicialmente a requerir
copia del expediente.

25. Posteriormente, durante el traslado para alegar de conclusión argumentó que
la concejal Paula Yaneth Cerinza Ricaurte no se encontraba inhabilitada para
postularse al Concejo de Duitama, atendiendo a que los consejos de juventud no

6 Citó las sentencias C-862 de 2012 y C-484 de 2017.
7 Hizo referencia al concepto 350251 de 2021.
8 Mencionó el concepto 139741 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
9 Remitió a la sentencia T-338 de 2018 de la Corte Constitucional.
10 Sobre este concepto, invocó la sentencia T-001 de 1997 de la Corte Constitucional.
11 Los abogados María Victoria Rodríguez Ramírez y Javier Felipe Pachón Velasco.

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son corporaciones públicas de elección popular en las que se ejerza el poder político
o se incida directamente en el gobierno municipal o departamental, ni los consejeros
son considerados como empleados o servidores públicos.

26. Del mismo modo, señaló que las listas independientes no son partidos o
movimientos políticos con personería jurídica, sino que resultan de la recolección
de firmas ciudadanas para respaldar una candidatura. En consecuencia, consideró
que la demandada no tenía la obligación de renunciar a la curul doce meses antes
de su inscripción como candidata al Concejo de Duitama por el partido Verde
Oxígeno.

1.5.2. Germán Ernesto Escobar Higuera

27. Intervino a favor de la elección de la concejal demandada. Con tal propósito,
sostuvo que el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 únicamente contempla como
consecuencia de la doble militancia la revocatoria de inscripción del candidato,
establecida en el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política.

28. Así mismo, aseguró que en este caso no están reunidos los presupuestos
legales y jurisprudenciales que configuran la prohibición invocada, en la modalidad
de pertenencia simultánea a más de una organización política. Sobre el punto,
señaló que la demandada «presentó su respectiva renuncia al Partido Alianza
Juventud Independiente, antes de llevar a cabo la inscripción por el nuevo Partido»,
en ejercicio de la libertad de afiliación y retiro de las organizaciones políticas, que
consagra el artículo 107 de la Constitución, sometida exclusivamente a las reglas
especiales de sus estatutos.

29. Añadió que «los consejos de juventudes no son corporaciones públicas y por
tanto sus miembros no ostentan la calidad de funcionarios públicos».

1.6. Actuaciones de la primera instancia

30. Mediante auto de 12 de marzo de 2024, el magistrado ponente en el tribunal
resolvió (i) adoptar el trámite de sentencia anticipada, (ii) incorporar las pruebas
documentales aportadas y negar las solicitadas por el demandante 12 y la
demandada13 y (iii) fijar el litigio, en los siguientes términos:

¿[D]ebe declararse la nulidad de la elección de la demandada Paula Yaneth Cerinza
como concejal del municipio de Duitama para el cuatrienio 2024-2027?

12 Los oficios a la Oficina de Programas Sociales de Duitama, a la Registraduría Municipal de
Duitama y al CNE, sobre el partido que inscribió a la demandada al consejo de juventud. Se negaron
porque ya existía prueba en el proceso sobre este hecho.
13 El testimonio de Jersson Enrique Pinzón Hernández, negado por no reunir los presupuestos de

los artículos 168 y 212 del CGP, y el interrogatorio de la parte demandante, por inconducente.
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¿[E]l acto administrativo electoral contenido en el Formulario E-26 CON de 5 de
noviembre de 2023, mediante el cual la Comisión Escrutadora del municipio de
Duitama declaró electa a la demandada se encuentra parcialmente viciado de
nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse, en tanto,
presuntamente, la candidata electa incurrió en la prohibición constitucional y legal
de doble militancia política por pertenecer simultáneamente a más de un partido o
movimiento político?

¿[S]e configura o no la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la RNEC y el CNE?

31. Adicionalmente, en la providencia se reconocieron personerías a los
apoderados de quienes contestaron la demanda y se tuvo como coadyuvante de la
parte demandada al Partido Verde Oxígeno.

32. Por auto de 9 de abril de 2024 se corrieron los traslados para alegar y para
que el Ministerio Público rindiera concepto.

1.7. Sentencia de primera instancia

33. Mediante sentencia de 24 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Boyacá negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se
estructuraban los elementos que configuran la doble militancia por afiliación
simultánea a organizaciones políticas.

34. Sobre la materia, señaló que los artículos 107 superior y 2º de la Ley 1475
de 2011 requieren que un miembro de una corporación pública participe de la
siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, sin haber renunciado
al de origen al menos doce meses antes del primer día de inscripciones.

35. En contraste, encontró probado en el caso concreto que la concejal Paula
Yaneth Cerinza Ricaurte no era miembro de una corporación pública de elección
popular ni participó en una elección anterior en calidad de militante de un partido o
movimiento político con personería jurídica, como lo exigen las referidas normas
frente al sujeto activo de la prohibición.

36. Al respecto, explicó que los consejos de juventudes son mecanismos
autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública
por parte de los jóvenes entre 14 y 27 años, de conformidad con las leyes 1662 de
2013 y 1885 de 2018.

37. Por lo tanto, concluyó que no son una corporación de elección popular ni
comportan el mismo grado de autoridad política y representatividad de los concejos
municipales.

38. Adicionalmente, descartó el otro ingrediente de la conducta, porque la
demandada no militó en un partido o movimiento político diferente al que la apoyó

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al Concejo de Duitama, antes de su inscripción como candidata. En su lugar, verificó
que la participación en el consejo de juventud del mismo municipio fue en
representación de una lista inscrita con firmas por la «Alianza Juvenil
Independiente», como resultado de la recolección y aprobación de firmas.

39. También valoró la renuncia presentada por la señora Cerinza Ricaurte a su
calidad de consejera de juventud, antes de inscribirse como candidata al concejo
municipal por el partido Verde Oxígeno. Así mismo, advirtió que el Consejo Nacional
Electoral emitió el concepto No. 2459-20 de 19 de agosto de 2020, en el que sostuvo
que la ley no establece «una inhabilidad de los consejeros juveniles para ocupar
cargos y ser miembros de corporaciones públicas de elección popular».

40. Por otra parte, observó que la parte actora excedió la causa petendi al incluir
en los alegatos de conclusión la remisión al régimen de inhabilidades consagrado
para los concejales en la Ley 617 de 2000, en cuanto al ejercicio previo de autoridad
política o función pública, pues no propuso esta censura desde la demanda.

41. Finalmente, encontró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la primera entidad, consideró que no tenía
la función de verificar la doble militancia de los candidatos inscritos y frente a la
segunda, señaló que la inobservancia de la «inhabilidad» que se atribuye a la
demandada no resultó de alguna acción u omisión suya.

1.8. Recurso de apelación

42. El demandante controvirtió la decisión de instancia, en cuanto allí se expuso
que los consejos de juventudes no son corporaciones públicas de elección popular
y que no están sometidos a los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades del
ordenamiento superior.

43. En línea con su postura, manifestó que se desconoció la línea jurisprudencial
del Consejo de Estado sobre el carácter de corporación pública de los consejos de
juventudes. En particular, hizo referencia a la sentencia de 20 de abril de 2023, Rad.
11001-03-28-000-2022-00022-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, de la que
destacó que son mecanismos autónomos de participación y vigilancia de la gestión
pública y que el artículo 80 de la Ley 1622 de 2013 remite a «las disposiciones
vigentes» en cuanto a los aspectos no regulados sobre temas electorales e
inhabilidades.

44. Por otra parte, se opuso al argumento del tribunal, en cuanto a la falta de
prueba de la filiación política de la demanda, toda vez que, según afirmó, se probó
que fue militante y candidata elegida como consejera de juventud por el movimiento
político «Alianza Juvenil Independiente».

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45. Sumado a lo anterior, consideró que el tribunal incurrió en un error, al exigir
prueba de la personería jurídica de la agrupación que inscribió a la demandada para
el consejo de juventud, debido a que la jurisprudencia no lo exige. Además, destacó
que la vocación de colectividad política de ese movimiento se deduce lógicamente
de la posibilidad de inscribir candidatos y recordó que la Corte Constitucional
extiende la prohibición de doble militancia a las agrupaciones sin personería
jurídica14.

46. También sustentó su inconformidad con el fallo de primera instancia en que
la hoy concejal desconoció la lealtad que debía al movimiento «Alianza Juvenil
Independiente» hasta finalizar su periodo como consejera de juventud. Así mismo,
reiteró que la actual concejal no renunció a este cargo con doce meses de
anticipación al primer día de las «elecciones» de las autoridades locales para el
período 2024-2027, razón por la cual incurrió en la causal de nulidad de la elección
por doble militancia15.

1.9. Trámite en segunda instancia

47. Mediante auto de 9 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado
ponente admitió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia, previa constatación de su oportunidad y procedencia. En la misma
providencia, corrió los traslados que ordena el artículo 293 del CPACA.

48. Adicionalmente, a través de auto de 14 de noviembre de 2024, se rechazó
por extemporánea la petición probatoria formulada por el demandante, porque
aportó documentos16 por fuera de las oportunidades previstas en el artículo 212 del
CPACA.

1.9.1. Alegatos de conclusión

49. Demandante. En esta oportunidad, reiteró los argumentos del recurso de
apelación y se ratificó en las pretensiones de la demanda.

50. Demandada. Por conducto de apoderado, alegó en el sentido de ratificar la
decisión impugnada. Con tal propósito, negó que el tribunal desconociera la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la
naturaleza jurídica de los consejos de juventud.

14 Citó la sentencia SU-213 de 2022, MP. Cristina Pardo Schlesinger.
15 Anotó que este caso es similar al estudiado por la Sección Quinta en el proceso Rad. 11001-03-

28-000-2022-00193-00.
16 Se trata del auto de 29 de octubre de 2021 del CNE, Exp. CNE-SS-
JAZ/048900/LGPC/202100020398-00 y el enlace del perfil de Facebook del movimiento político
«Alianza Juvenil Independiente».

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51. Advirtió que fue elegida con la votación suficiente para obtener una curul en
el Concejo de Duitama, pese a la escasez de mujeres en la política local, mientras
que el demandante busca la nulidad de su elección sin razón justa y de fondo.

52. En su defensa, reiteró que los consejeros de juventud no tienen la calidad de
servidores públicos y, por lo tanto, no son destinatarios de inhabilidades. También
reparó nuevamente en que los consejos de juventud no son corporaciones de
elección popular.

53. Añadió que fue elegida consejera a nombre de una lista independiente y no
de un movimiento político. Insistió en que renunció a tal calidad, antes de inscribirse
como candidata al Concejo de Duitama por el partido Verde Oxígeno.

54. Enfatizó en que «no es posible aplicar la prohibición de doble militancia a
quienes han sido miembros de un Consejo de Juventud, ya que no existe una
corporación de elección popular ni un partido político al cual mi defendida haya
pertenecido simultáneamente».

55. Finalmente, abogó por que el asunto se decida con perspectiva de género y
respeto al principio de confianza legítima. También solicitó que se condene al
demandante al pago de agencias en derecho, de conformidad con el artículo 366
del Código General del Proceso.

56. Partido Verde Oxígeno. Los apoderados del partido solicitaron confirmar el
fallo apelado, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en primera
instancia.

1.9.2. Concepto del Ministerio Público

57. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación solicitó confirmar la
sentencia recurrida, pues considera que en el caso concreto no se acreditó el
elemento objetivo ni el sujeto calificado de la conducta.

58. Explicó que la demandada no militó simultáneamente en dos agrupaciones
políticas ni fue miembro de una corporación pública de elección popular
propiamente dicha.

59. Al respecto, señaló que el movimiento Alianza Juvenil Independiente no
contaba con personería jurídica y, además, medió renuncia al Consejo Municipal de
Juventud, con la debida aceptación, antes de ser inscrita por el partido Verde
Oxígeno al Concejo de Duitama.

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60. Igualmente, respaldó el criterio del tribunal, según el cual los consejos de
juventud no son corporaciones públicas de elección popular, lo que descarta uno de
los ingredientes de la modalidad de doble militancia que se analizó, atendiendo a lo
dispuesto en las sentencias C-862 de 2012 y C-484 de 2017 de la Corte
Constitucional y el artículo 33 de la Ley 1622 de 2013.

61. Por otra parte, resaltó que en este caso se discute el derecho de
representación política de la única mujer del Concejo de Duitama, razón por la cual
considera que el asunto puede abordarse a partir de acciones afirmativas y un
enfoque género femenino.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

62. La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora contra el fallo de 24 de julio de 2024, por el cual el Tribunal
Administrativo de Boyacá negó la nulidad de la elección de la señora Paula Yaneth
Cerinza Ricaurte como concejal de Duitama, período 2024-2027, de conformidad
con los artículos 15017 y 152, numeral 7, literal a)18 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, modificado por el artículo 1º del
Acuerdo 434 de 202419.

2.2. El acto acusado

63. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección de la señora Paula Yaneth Cerinza Ricaurte como concejal de Duitama,
período 2024-2027, contenida en el formulario E-26 CON de 5 de noviembre de
2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.

17 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

(Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…)».
18«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. (Modificado por

el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021). Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la
nulidad del acto de elección (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y
distritos (…).
19 «ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos

de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos».
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Radicación: 15001-23-33-000-2024-00014-01

2.3. Problema jurídico

64. Con base en los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia de 24 de julio de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo de
Boyacá negó la nulidad de la elección de la señora Paula Yaneth Cerinza Ricaurte
como concejal de Duitama, período 2024-2027.

65. Con tal propósito, es necesario determinar si la demandada incurrió en la
modalidad de doble militancia que sustenta la demanda, es decir, por haber sido
elegida concejal por el partido Verde Oxígeno, sin renunciar doce meses antes del
primer día del período de inscripciones a su calidad de consejera de juventud,
período 2022-2026, que obtuvo con el respaldo del movimiento Alianza Juvenil
Independiente.

66. Para el efecto, se estudiarán los presupuestos que configuran la aludida
restricción constitucional al derecho a ser elegido, con el enfoque propuesto por la
parte actora y según el marco de estudio trazado por el fallo apelado. Además, es
pertinente abordar lo relativo a la naturaleza jurídica de los consejos municipales y
distritales de juventud y las agrupaciones que cuentan con el derecho de postular
candidatos para esos organismos.

2.4. Cuestiones previas

67. Como parte del estudio de las actuaciones procesales de la primera instancia,
que resulta pertinente y necesario para decidir el recurso de apelación, la Sala
advierte dos aspectos que ameritan un pronunciamiento expreso, aunque breve, en
esta oportunidad.

68. En primer lugar, se observa que el magistrado ponente en primera instancia
inadmitió la demanda, mediante auto de 18 de enero de 2024, por considerar que
el artículo 275 del CPACA exige al demandante invocar, tanto las causales
especiales de nulidad electoral allí previstas, como las generales que prevé el
artículo 137 ibidem.

69. Por su parte, el demandante presentó escrito de subsanación, adicionando
al cargo fundado en el numeral 8 del referido artículo 275 del CAPCA, la infracción
de los artículos 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley 1475 de 2011, que
regulan la doble militancia política.

70. Aunque la parte actora atendió la orden del tribunal, es importante aclarar
que la remisión que hace el artículo 275 del CPACA al 137 del mismo código no
impone necesariamente el deber de sustentar la demanda electoral en las causales
de ambas disposiciones, sino que busca integrar las causales generales al
contencioso electoral.

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71. Además, se destaca que la doble militancia política constituye una causal
especial de nulidad electoral, que fue invocada desde el principio por el demandante
como fundamento de sus pretensiones. En consecuencia, la Sala estima
indispensable señalar que no había lugar a inadmitir la demanda.

72. En segundo lugar, también reparó la Sala que, en primera instancia, a través
de auto de 12 de marzo de 2024, se reconoció personería a dos apoderados del
partido Verde Oxígeno y se permitió su actuación simultánea, en contra de la
prohibición que en ese sentido trae el inciso tercero del artículo 75 del Código
General del Proceso20. De hecho, figuran nuevamente de forma conjunta
suscribiendo los alegatos de conclusión en el trámite de la apelación.

73. En tales condiciones, se conminará al tribunal a observar los aspectos
procesales detectados, para el trámite de futuros procesos de su competencia, con
el ánimo de contribuir a la correcta aplicación de las disposiciones adjetivas, que
son de orden público y de obligatorio cumplimiento.

2.5. La doble militancia por nueva elección a nombre de un partido
diferente

74. La prohibición de doble militancia fue introducida en el ordenamiento
jurídico colombiano a través de las reformas constitucionales de 2003 y 2009, con
el fin de imprimir seriedad y fortalecer a las agrupaciones políticas, de tal forma que
se exija a sus militantes, candidatos y directivos un compromiso y una conducta
acorde con los principios y lineamientos de la colectividad a la que pertenecen 21.

75. La doble militancia tiene varias manifestaciones, una de ellas denominada
«transfuguismo político»22, consagrada en el artículo 107 de la Constitución Política,
en los siguientes términos:

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la
siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos
doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

76. Esta modalidad se encuentra reiterada en el artículo 2º de la Ley 1475 de
2011, de esta manera:

Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido
o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten
la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un

20 «En ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma

persona».
21 Sobre la finalidad de la doble militancia, ver, entre muchas otras: Corte Constitucional, sentencias

C-303 de 2010 y C-490 de 2011. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de octubre de
2013, Rad. 41001-23-31-000-2012-00052-01, MP. Susana Buitrago Valencia.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2013, Rad. 54001-23-31-

000-2012-00024-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos
doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

(…)

PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán
a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por
decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas
a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en
uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.

77. Esta Sección ha explicado que el objetivo específico de esta modalidad de
doble militancia es «acentuar la importancia del régimen de disciplina partidista, al
extremo de exigir la pertenencia del elegido al partido que lo inscribió, por lo menos
hasta el final del período»23.

78. En cuanto a sus ingredientes, se ha identificado «(i) un sujeto activo, en este
caso el miembro de una corporación pública electo por determinada agrupación
política; (ii) una prohibición que consiste en presentarse a la siguiente elección por
otra colectividad distinta de la que lo avaló en la anterior; (iii) un elemento modal,
que consiste en no presentar la renuncia a la curul; y (iv) un elemento temporal
según el cual la eventual renuncia debe presentarse al menos doce meses antes
del primer día de inscripciones de la siguiente elección»24.

2.6. Naturaleza jurídica de los consejos municipales y distritales de
juventud

79. La Constitución Política de 1991 expone un marcado propósito de promover
la participación de las personas en las decisiones que los afectan, en el ejercicio y
control de la administración pública y en, general, en la creación de instrumentos
que contribuyan a realizar el principio democrático.

80. En ese contexto, el ordenamiento jurídico ha contemplado medidas
afirmativas que se enfocan en determinados sectores de la población que reportan
un interés especial para el Estado, bien sea por su condición de vulnerabilidad, o
bien porque son destinatarios de un deber de protección reforzada, como ocurre,
por ejemplo, con las mujeres, las personas en situación de discapacidad, de la
tercera edad, las víctimas del conflicto armado, los niños y los adolescentes.

81. Con relación a este último grupo, el artículo 45 superior establece lo
siguiente:

23 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-28-000-

2022-00193-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de junio de 2021, Rad. 25000-23-41-000-

2019-01089-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación
integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud.

82. Tratándose de su participación, el Estado colombiano ha promulgado normas
dirigidas a establecer un marco institucional y crear políticas públicas que
consideren sus características e intereses particulares y que, a la vez, incentiven su
preocupación por los asuntos sociales y políticos25.

83. Con ese norte, se expidió la Ley 375 de 1997 26 o «ley de la juventud», que
apuntaba, justamente, «[a] su vinculación y participación activa en la vida nacional,
en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano». Entre los
instrumentos establecidos en esa ley se contemplaron los consejos de juventudes,
como organismos colegiados elegidos por voto popular y directo de los jóvenes
entre 14 y 26 años.

84. Este espacio de participación se reforzó y dinamizó con la Ley 1622 de 2013,
«Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras
disposiciones», que los definió de la siguiente manera:

ARTÍCULO 33. Consejos de Juventudes. Los Consejos de Juventudes son
mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de
la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las
agendas territoriales de las juventudes, ante institucionalidad pública de cada
ente territorial al que pertenezcan, y desde las cuales deberán canalizarse los
acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las
necesidades y problemáticas de sus contextos y la visibilización de sus
potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante
los gobiernos territoriales y nacional.

85. En particular, los consejos municipales de juventud fueron caracterizados
como se indica a continuación:

ARTÍCULO 41. Consejos Municipales de Juventud. (Modificado por la Ley 1885
de 2018, art. 4) En cada uno de los Municipios del territorio nacional, se
conformará un Consejo Municipal de Juventud, integrado por Jóvenes
procedentes de listas de jóvenes independientes, de procesos y prácticas
organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos, y de juventudes de
los partidos políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los
jóvenes (…).

25 Sobre estos propósitos del Sistema Nacional de Juventudes, ver: Consejo de Estado, Sala de

Consulta y Servicio Civil, concepto 2493, Rad. 11001-03-06-000-2022-00281-00, MP. Édgar
González López.
26 Derogada por el artículo 79 de la Ley 1622 de 2013.

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86. Así mismo, la ley dispuso que serían conformados y elegidos por los jóvenes
entre los 14 y 28 años, en certámenes democráticos organizados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, a partir de la inscripción de listas de
candidatos presentadas por procesos y prácticas organizativas y jóvenes
formalmente constituidos, movimientos o partidos políticos27.

87. Sobre estas instancias de participación, la Corte Constitucional reconoció su
valioso aporte como mecanismo de participación y representación de los jóvenes:

[S]e trata de un mecanismo de participación ciudadana de aquellos previstos en
el artículo 103 de la Constitución, en la medida en que representa a los jóvenes
en diferentes ámbitos ante las autoridades políticas y administrativas que
integran el Estado, convirtiéndose con ello en canales de comunicación de los
problemas, las inquietudes, las propuestas y las críticas que puedan tener los
jóvenes respecto de la agenda de la juventud que presenten los organismos de
Gobierno, ya sea éste en el nivel local, departamental o nacional28.

88. En cuanto a la legitimación para presentar listas de candidatos, la misma
corte advirtió un «esquema de casi absoluta libertad»29, que incluye procesos y
prácticas organizativas de los jóvenes, es decir, organizaciones con personería
jurídica reconocida por autoridad competente, partidos o movimientos políticos, en
el sentido estricto del concepto, y un colectivo de jóvenes independientes,
respaldado por firmas en el porcentaje indicado en la norma.

89. Sobre la inscripción por firmas, la Corte precisó que «esta exigencia, si bien
es una limitación a la posibilidad de postulación de candidatos, resulta conducente
al objetivo de garantizar cierto grado de seriedad en la postulación de listas de
candidatos, a la vez que es indicativo de cierto nivel de apoyo popular a ésta, lo cual
redunda en la legitimación del proceso de elección de los miembros del Consejo»30.

90. Similarmente, esta Sección explicó que los consejos de juventudes «son un
puente de comunicación y una forma de manifestar la situación de los jóvenes ante
las autoridades territoriales y nacionales, que buscan participar en el diseño y
ejecución de las políticas públicas que les atañe, como una expresión de la
democracia participativa consagrada en la Constitución Política»31.

91. En suma, los consejos de juventud son un instrumento de participación que
convoca a ese sector de la población a involucrarse en la gestión pública, conocer
la estructura de la administración y, sobre todo, interactuar con las autoridades, con
el fin de incidir en la definición de políticas públicas y medidas que respondan de
forma especial a sus intereses y necesidades.

27 Ley 1622 de 2013, artículos 43 a 49, modificados por la Ley 1885 de 2018.
28 Corte Constitucional, sentencia C-862 de 2012.
29 Id.
30 Id.
31 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de abril de 2023, Rad. 11001-03-28-000-

2022-00022-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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2.7. Caso concreto

92. Mediante sentencia de 24 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Boyacá negó la nulidad de la elección de la señora Paula Yaneth Cerinza Ricaurte
como concejal de Duitama, para el período 2024-2027, porque no encontró
configurada la doble militancia que le atribuye la parte actora.

93. Los motivos de la decisión se sustentan en que la demandada no incurrió en
la modalidad de doble militancia regulada en el artículo 107 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, por haberse
inscrito como candidata al concejo por una organización política distinta a la que
respaldó su aspiración al consejo municipal de juventudes.

94. En tal sentido explicó, de una parte, que la señora Cerinza Ricaurte no
ocupaba una curul en una corporación pública de elección popular, sino en un
consejo de juventud, que tiene una naturaleza jurídica distinta y, de otra, que no fue
elegida en ese organismo a nombre de un partido o movimiento político, como lo
exigen las normas referidas. Además, destacó su renuncia a dicha calidad, antes
de ser inscrita por el partido Verde Oxígeno como candidata al Concejo de Duitama.

95. La Sala comparte los argumentos y la valoración probatoria del tribunal, por
las razones que se desarrollan a continuación.

96. En primer lugar, debe destacarse que la señora Paula Yaneth Cerinza
Ricaurte fue elegida consejera de juventud de Duitama en las elecciones de 6 de
diciembre de 2021, de conformidad con el formulario E-26 CMJ de la misma fecha,
hecho que no se controvierte. Tampoco se discute que su participación en ese
certamen estuvo respaldada por el movimiento «Alianza Juvenil Independiente».

97. En segundo lugar, está probado y no hubo reparos a la renuncia que presentó
como consejera de juventud el 17 de junio de 2023 y que fue aceptada por la
presidenta del Consejo Municipal de Juventud de Duitama, de acuerdo con el oficio
OAPS-1.000-1-888-2023.

98. También se constató con el formulario E-6 CO que la señora Cerinza Ricaurte
fue inscrita como candidata al Concejo de Duitama por el partido Verde Oxigeno el
29 de julio de 2023. Así mismo, con el acto acusado se acreditó su elección en dicha
corporación, para el período 2024-2027.

99. Precisada la prueba de los hechos relevantes del caso, la Sala reitera que
los artículos 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley 1475 de 2011 instituyen
la doble militancia en la modalidad de transfuguismo sobre la base de pertenecer a
una «corporación pública», como resultado de la inscripción y participación en esa
elección «por un partido y movimiento político», para luego inscribirse a otra «por
un partido o movimiento político distinto», sin renunciar a la curul al menos doce
meses antes del primer día de inscripciones.
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100. Así regulada esta restricción constitucional del derecho a ser elegido, esta
sección considera que la demandada no incurrió en ella, en primer lugar, porque
antes de ser inscrita y elegida concejal de Duitama no pertenecía a una corporación
pública.

101. Al respecto, se recuerda que los consejos municipales y distritales de
juventud no responden a tal concepto, sino a un mecanismo de participación que
busca incentivar la participación de los jóvenes, promover sus vocaciones sociales
y políticas y contribuir a la presentación de sus agendas y propuestas ante las
entidades de la administración municipal o distrital.

102. Siendo así, pese a que el demandante insiste en interpretar una naturaleza
jurídica distinta, por el hecho de ser elegidos popularmente, lo cierto es que, tanto
la ley, como la jurisprudencia que él mismo invoca, lo desmienten y contradicen.

103. En particular, no le asiste razón cuando sostiene que el fallo apelado
desconoce la jurisprudencia de esta Sección, pues la providencia que mencionó no
respalda su tesis. Por el contrario, en la sentencia de 20 de abril de 202332, a la que
se hizo referencia antes, se reconoció a los consejos de juventud como
«mecanismos autónomos de participación», «puente de comunicación» y
«expresión de la democracia participativa», pero en ninguno de sus apartados se
les caracterizó como corporaciones públicas de elección popular, pues ello no
tendría fundamento normativo alguno.

104. Sobre el punto, es importante precisar que las corporaciones públicas de
elección popular son una categoría de entidad del Estado a la que se refiere la
Constitución Política al proveer sobre el régimen del Congreso de la República33,
las asambleas departamentales34 y los concejos municipales y distritales35, estos
últimos denominados expresamente como «corporación político-administrativa
elegida popularmente».

105. En segundo lugar, aunque estas razones serían suficientes para desestimar
la doble militancia, se observa que la demandada no fue inscrita como candidata al
consejo de juventud de Duitama en las elecciones que se llevaron a cabo el 5 de
diciembre de 2021 por un partido o movimiento político con personería jurídica, en
los términos legales.

106. Antes bien, se constató su participación por el movimiento «Alianza Juvenil
Independiente», que el propio demandante reconoce que no cuenta con personería
jurídica. De hecho, reprocha que este atributo se le exigiera en primera instancia y
destaca la facultad que tuvo de inscribir candidatos al consejo de juventud.

32 Rad. 11001-03-28-000-2022-00022-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
33 Ver, por ejemplo, artículo 134.
34 Constitución Política, artículo 299.
35 Constitución Política, artículo 312.

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107. Frente a esos motivos de inconformidad, baste indicar que el fallo apelado no
hizo tal requerimiento para decidir el caso, pues lo que se lee en la providencia es
el estudio de los términos en que la norma estructura la doble militancia, es decir,
una inscripción previa por un partido o movimiento político, junto con la verificación
de la organización que respaldó la candidatura al consejo de juventud en este caso.

108. Así mismo, si bien la prohibición de doble militancia se extiende a las
agrupaciones sin personería jurídica, lo cierto es que, para efectos de la modalidad
de transfuguismo, tanto la Constitución Política, como la ley, son claras en que la
primera inscripción ha debido realizarse por un partido o movimiento político y luego
figurar en nombre de una colectividad diferente.

109. Por ello, esta Sección ha desestimado las censuras que se basan en la
participación en una elección anterior por grupos significativos de ciudadanos, que
en principio no tienen vocación de permanencia y no pueden garantizar al elegido
su participación futura36, sin perjuicio de los casos en que aquellos continúen en el
panorama político y logren recolectar nuevamente el número de firmas requerido
para ejercer la facultad de inscribir candidatos a un certamen siguiente.

110. En conclusión, no prosperan los argumentos de la apelación contra la
sentencia de primera instancia, toda vez que no se estructuran para el caso concreto
los presupuestos de la doble militancia, en la modalidad de transfuguismo o nueva
elección a nombre de un partido diferente. Por consiguiente, se confirmará la
decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de julio de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda, dirigida
a la nulidad del acto de elección de la señora Paula Yaneth Cerinza Ricaurte como
concejal del municipio de Duitama (Boyacá), para el período 2024-2027, contenido
en el formulario E-26 CON del 5 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión
Escrutadora Municipal.

SEGUNDO: Conminar al Tribunal Administrativo de Boyacá para que, en lo
sucesivo, adopte las decisiones de sustanciación relacionadas con la inadmisión de
la demanda electoral y la actuación de apoderados, de acuerdo con las reglas
pertinentes del Código General del Proceso y del CPACA.

36 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, Rad.

05001-23-33-000-2015-02495-02, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Radicación: 15001-23-33-000-2024-00014-01

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidenta

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

19

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