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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2024-00013-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2024-00013-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre del 2024, por medio de la cual la Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno. TERCERO: En firme, DEVOLVER al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 15001-23-33-000-2024-00013-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

20 de marzo de 2025

Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo del dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01
Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero como concejal de Duitama (Boyacá) para el
período constitucional 2024-2027
Temas: Doble militancia. Miembro de corporación pública. Naturaleza de los
consejos de juventudes

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA - REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA1

La Sección Quinta resuelve el recurso de apelación presentado por la parte
demandante en contra de la sentencia del 24 de octubre del 2024, por medio de la cual
la Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. El ciudadano José Luis Valenzuela Rodríguez, actuando en nombre propio y
aludiendo a su condición de abogado, presentó demanda3 en ejercicio del medio de
control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, en la cual solicitó la
nulidad de la elección del señor Juan Felipe Mejía Romero como concejal del municipio
de Duitama (Boyacá), contenido en el formulario E-26 CON del 5 de noviembre de
2023.

1.1.2. Hechos

2. El 5 de diciembre de 2021 se llevó a cabo en la citada localidad, el proceso
democrático de elección de los consejeros municipales de juventud, certamen en el que
participó el demandado, postulado por el movimiento político juvenil «SIEMPRE
ADELANTE», resultando electo en la dignidad mencionada.

3. El señor Juan Felipe Mejía Romero renunció a ese espacio de participación el 26 de
julio del 2023, dimisión que fue aceptada por la presidente del Consejo Municipal de
Juventudes de Duitama al día siguiente.

4. El 29 de julio del 2023, el demandado suscribió el formulario E-6 CO en donde
consta su inscripción como candidato al concejo de ese municipio, con el aval del
partido Nuevo Liberalismo.

5. Fue declarado electo como concejal en representación de la mencionada
organización política, tal y como fue consignado en el acto electoral cuestionado.

1
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 6 de febrero del 2025. Radicación 15001-23-33-000-2024-00014-01. M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez.
2
Archivo 001. Expediente digital.
3
El 11 de enero del 20024. Constancia de radicación del proceso. Archivo 002 del expediente digital.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

1.1.3. Concepto de la violación

6. A juicio del demandante, se desconoció el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de
2011, el cual consagra la obligación de los miembros de las corporaciones públicas que
decidan aspirar por un partido o movimiento político diferente, de renunciar doce meses
antes del primer día de inscripciones.

7. Conforme con lo anterior, señaló que el accionado renunció al cargo de consejero
juvenil hasta el 26 de julio de 2023, esto es, días antes de la fecha de inscripción de la
candidatura a las elecciones de 29 de octubre de 2023, por lo que no cumplió con el
deber antes mencionado.

8. Conforme a lo anterior, refirió que el señor Juan Felipe Mejía Romero fue elegido
para ocupar una «curul» como integrante del Consejo Municipal de Juventudes de
Duitama, del cual indicó, es una corporación pública en cuanto su conformación
deviene de una elección por voto popular, por lo que estaba sujeto al régimen de la
doble militancia endilgada.

1.2. Trámite procesal de primera instancia

1.2.1. Etapa de admisión

9. La demanda fue admitida con auto del 22 de enero del 2024 4, providencia en la cual
se ordenaron las notificaciones y avisos del caso, así como se dispuso la vinculación
del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

1.2.2. Contestaciones

10. El demandado5, a través de su apoderado judicial6, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

11. Si bien son ciertos los hechos de la demanda, en los cuales se expone que: i)
ostentó la condición de consejero municipal de juventudes, ii) la fecha de su renuncia a
esa dignidad y, iii) la posterior inscripción como candidato por el partido Nuevo
Liberalismo, lo cierto es que estas circunstancias no conllevan a encontrar como
acreditado el incumplimiento de la obligación que consagra el inciso 2º del artículo 2º de
la Ley 1475 del 2011.

12. Refirió que de una lectura de las normas constitucionales y legales que regulan la
creación de los consejos municipales de juventudes7, así como de los pronunciamientos
que sobre aquellos ha dictado la Corte Constitucional8, se entiende que no tienen la
naturaleza de corporaciones públicas de elección popular.

13. Contrario a ello, han sido reconocidos como un espacio de participación para el
control y vigilancia de la gestión pública en los asuntos que atañen a la juventud, más
de ellos no se predica el ejercicio de un poder político que se radica en cabeza de los
concejos municipales y/o distritales y de las asambleas departamentales.

14. Las personas elegidas para integrar estas instancias de representación de la
ciudadanía juvenil no tienen la condición de servidores públicos.

4
Archivo 005 del expediente digital.
5
Archivo 009 del expediente digital.
6
Abogado Gilberto Rondón González.
7
Artículo 103 Constitucional. Ley 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 del 2018.
8
C-862 de 2012 y C-484 de 2017.
2

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Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

15. Manifestó que el demandante edifica su argumento bajo el supuesto que el señor
Juan Felipe Mejía Romero fue elegido por un partido o movimiento político con
personería jurídica en una corporación pública, aspectos que no son ciertos y que, por
lo tanto, conllevan a que no se configure la irregularidad alegada en el escrito inicial.

16. La Registraduría Nacional del Estado Civil9 manifestó que sus funciones y
competencias se limitan al desarrollo de labores logísticas en materia de organización
de las elecciones, así como secretariales en la labor de los escrutinios. En
consideración a ello, señaló que no tuvo gestión alguna en la expedición del acto
demandad, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite judicial.

17. El Consejo Nacional Electoral10 también alegó su falta de legitimación en la
causa, en consideración a que no declaró la elección demanda, así como tampoco le
fueron puestos en conocimiento en la etapa preelectoral las situaciones de doble
militancia que soportan los hechos de la demanda.

1.2.3. Otros trámites relevantes

18. Con auto del 16 de abril del 202411, el despacho conductor del proceso en primera
instancia resolvió sobre las excepciones previas12, fijó el litigio13, decidió sobre las
pruebas y adoptó el trámite de sentencia anticipada, por lo que dispuso correr traslado
para alegar de conclusión.

1.6. Sentencia de primera instancia

19. El 24 de octubre del 202414, la Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de
Boyacá negó las pretensiones de la demanda.

20. Efectuó un recuento de las pruebas obrantes en el proceso, para concluir que los
consejos de juventudes regulados por las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018, no
tienen la condición corporación pública de elección popular, dado que son mecanismos
autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública, por
lo que constituyen una forma de «visibilización» de los y las jóvenes ante las distintas
instancias de gobierno, mas no son una instancia decisoria.

21. En línea con lo señalado, tampoco se trata de organismos públicos, sus miembros
no tienen la calidad de servidores públicos y no gobiernan ni ejercen poder político.

22. Por ello, al encontrar que el demandado no era miembro de una corporación
pública, no se encontraba en la obligación a renunciar a la posición que ostentaba en el
Consejo Municipal de Juventudes de Duitama, con una antelación de doce meses antes
del primer día de inscripciones.

9
Archivo 010 del expediente digital. A través de apoderado, señor Gabriel Alfonso Gómez Ulloa.
10
Archivo 012 del expediente digital. Apoderado Bladys Leonardo Caamaño de la Ossa.
11
Archivo 061 del expediente digital.
12
En este aspecto: (i) negó la falta de legitimación en la causa alegada por el CNE y (ii) declaró probada la excepción respecto de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
13
En los siguientes términos: «25. Existe consenso entre los sujetos procesales sobre el hecho de que el demandado fue inscrito y
elegido como consejero de juventud de Duitama para el periodo 2022-2026, por el movimiento juvenil Siempre Adelante; asimismo,
que renunció a dicha curul para inscribirse como candidato al concejo de dicha municipalidad, para el periodo constitucional 2024-
2027, con aval del partido político Nuevo Liberalismo. 26. Hay controversia en cambio, en cuanto a si tales hechos configuran doble
militancia, por no haber renunciado a su curul como consejero de juventud por lo menos 12 meses antes del primer día de
inscripciones para los comicios de 2023. De resultar acreditada tal situación, habrá de determinarse sus efectos en sede de
actualización de la causal de nulidad invocada en la demanda. 27. Entonces: el objeto del presente litigio se fija en los siguientes
términos: ¿Incurrió el demandado en la prohibición de doble militancia al haber sido inscrito y elegido como consejero de juventud
de Duitama para el periodo 2022-2026 por el movimiento juvenil Siempre Adelante, y luego, sin renunciar a dicha curul en el término
establecido en el inciso 2 del artículo 2 de Ley 1475/11, haber sido inscrito como candidato al concejo municipal de Duitama para el
periodo 2024-2027, por el partido político Nuevo Liberalismo? En caso afirmativo ¿genera ese hecho la nulidad de la elección del
demandado por la actualización de la causal establecida en el artículo 275-8 del CPACA?
14
Archivo 085 del expediente digital.
3

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Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

23. De otra parte, refirió que no se acreditó que el demandado hubiere sido postulado
en su aspiración a la referida instancia por un partido o movimiento político con
personería jurídica.

24. Concluyó que no se configuran los elementos de la prohibición en comento, por lo
que no accedió a las pretensiones del medio de control.

1.7. Recurso de apelación

25. Con memorial del 5 de noviembre del 202415, el apoderado de la parte demandante
recurrió la decisión antes reseñada, con fundamento en los siguientes argumentos:

a) Desconocimiento de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado respecto del
carácter de corporación pública de los consejos de juventudes.

26. Manifestó que la consideración que fundamentó la decisión del tribunal de instancia
desconoce el contenido de la sentencia del 20 de abril del 2023, dictada en el radicado
11001-03-28-000-2022-00022-0016, en el que se señaló que las referidas instancias de
representación, en lo atinente a temas electorales, inhabilidades e incompatibilidad, se
rigen por las disposiciones vigentes.

b) Desconocimiento de la filiación política del demandado

27. Refirió que la decisión de primer grado señaló que no se demostró la filiación
política del demandado cuando fue electo como consejero de juventudes, cuando lo
cierto es que se acreditó, conforme con las pruebas aportadas al plenario, que dicha
aspiración se realizó con la postulación que efectuó el movimiento político juvenil
«Siempre Adelante».

28. En este apartado, el apelante señaló que la elección de los consejos de juventudes
se realiza mediante el voto popular, razón por la cual allí se distribuyen curules y por lo
tanto aquellos tiene la condición de corporaciones públicas. Seguido a ello, reiteró las
razones por la cuales considera que, en este caso, está acreditada la incursión del
señor Juan Felipe Mejía Romero en la prohibición de doble militancia, especialmente,
porque su renuncia a la dignidad ocupada en la referida instancia no fue presentada
doce meses antes del primer día del período de inscripciones.

c) Desconocimiento de la lealtad con el movimiento político hasta finalizar su
período como consejero de juventudes.

29. Insistió en los presupuestos que a su juicio derivan que el cargo de nulidad se
acreditó debidamente y consideró que debe revocarse la sentencia de primera
instancia, para en su lugar, acceder a la nulidad del acto de elección demandado.

1.8. Trámite de segunda instancia

30. Con providencia del 12 de febrero del 202517, el despacho ponente de la presente
providencia dispuso sobre la admisión del recurso de apelación, por ello, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión18.

15
Archivo 086 del expediente digital.
16
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
17
Índice 005. Sistema SAMAI.
18
Índice 009. Sistema SAMAI.
4

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Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

31. El apoderado del demandado presentó memorial el 27 de febrero de la presente
anualidad19, el cual no será considerado dada su extemporaneidad20. Las demás partes
e interesados guardaron silencio.

1.9. Concepto del Ministerio Público21

32. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar el
fallo de primera instancia. Estimó que resulta acertada la conclusión del tribunal de
primera instancia, al referir que los consejos de juventudes no son corporaciones
públicas, lo que hace que sus integrantes no sean considerados como sujetos de
activos de la modalidad de doble militancia que alega la parte demandante.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

33. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 del 2011,
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 del 2021 22, en concordancia con lo
dispuesto en el literal a) del numeral 7º del artículo 15223 ejusdem y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por
el Acuerdo 434 del 2024, esta Sección es competente para resolver sobre la apelación
contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto demandado.

2.3. Problema jurídico

34. Corresponde determinar si, conforme con los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, se confirma, modifica o revoca la decisión adoptada por la Sala de
Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en la cual se negaron las
pretensiones de nulidad del acto de elección del señor Juan Felipe Mejía Romero, como
concejal del municipio de Duitama para el período constitucional 2024-2027. Esto, con
fundamento en los específicos reparos expuestos por el apelante en su recurso.

35. Para resolver sobre lo anterior, y con fundamento en las precisas razones
expuestas por la parte recurrente, se expondrá un marco teórico sobre el entendimiento
de la modalidad de doble militancia que aquí se analiza, para con ello, estudiar el caso
concreto.

2.4. Doble militancia política: modalidad consagrada en el inciso 12 del artículo
107 Constitucional, en concordancia con el artículo 2º inciso 2º de la Ley 1475 del
201124.

36. La reforma política del 2003 (Acto Legislativo 1), en su finalidad de promover una
mayor estructura en el sistema de partidos, así como fortalecer la disciplina al interior

19
Índice 011. Sistema SAMAI.
20
De conformidad con el índice 9 del sistema SAMAI, el término para alegar de conclusión transcurrió entre el 19 y el 21 de febrero
del 2025.
21
Índice 012. Sistema SAMAI.
22
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el
artículo 245 de este código.
23
ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo modificado
por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. > Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la
curul, según el caso, de … los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los
consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la
de jueces de paz y jueces de reconsideración.
24
Se reitera el criterio expuesto por la Sección en la sentencia del 6 de febrero del 2025. Radicación 41001-23-33-000-2023-00395-
01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.
5

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Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

de estas organizaciones, reguló la prohibición de doble militancia, modificando el
artículo 107 Constitucional, para señalar de manera categórica que «[e]n ningún caso se
permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento
político con personería jurídica». (Negrilla de la Sala).

37. De esta manera, se fijó en el texto fundamental una prohibición cuyos destinatarios
son todos los ciudadanos, que si bien son titulares del derecho político a constituir
partidos y movimientos políticos sin limitación alguna (art. 40-3 de la C.P.), así como la
libertad de afiliarse o retirarse de ellos (art. 107), ello no es absoluta, y, por lo tanto, no
existe contradicción al respecto25.

38. Esta norma fue objeto de modificación con el Acto Legislativo 1 del 2009, en donde,
además de reiterar lo antes descrito, incorporó una nueva regla constitucional: quien
siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente
elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12)
meses antes del primer día de inscripciones.

39. Esta Sección ha señalado que la finalidad de esta modalidad de doble militancia
busca acentuar aún más el deber de fidelidad partidista, esta vez, ante un sujeto
calificado específico -el miembro de una corporación pública-, pues con aquella se llegó
al extremo de exigir la pertenencia del elegido al partido que lo inscribió, por lo menos
hasta el final del período, es decir, condicionó su permanencia en la curul a la
pertenencia de la colectividad26.

40. La Corte Constitucional, en sentencia C-303 del 2010, resaltó la importante finalidad
de la reforma al texto fundamental a que se ha hecho referencia, para concluir que:

«la modificación introducida por la reforma política de 2009 fortalece el sistema de partidos
y, por ende, la representación democrática en al menos cuatro planos diferenciados: (i)
el mantenimiento de la prohibición de la doble militancia, instaurada en la reforma política de
2009; (ii) el establecimiento de un régimen sancionatorio estricto, pues va hasta la pérdida de
la personería jurídica, para los partidos y movimientos políticos que avalen candidatos,
elegidos o no elegidos, que resulten condenados por delitos relacionados con el vínculo a
grupos armados ilegales o al narcotráfico; (iii) la promoción de los mecanismos democráticos
internos de partidos y movimientos políticos, dirigidos a la adopción de decisiones y la
definición de candidatos a cargos de elección popular; y (iv) la constitucionalización de
una regla estricta para el cambio de partido con miras a la siguiente elección, que
obliga a que los miembros de las corporaciones públicas que opten por esa
posibilidad, a renunciar a la curul que ostentan al menos un año antes del primer día
de inscripciones de las candidaturas para el periodo siguiente» (Se resalta)

41. La prohibición que analiza la sala, también fue objeto de regulación estatutario, en
tanto el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011 complementó la normativa constitucional al
disponer que «[l]os candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un
partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento
político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de
inscripciones».

25
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 4 de mayo del 2023. Radicación 11001-03-28-000-2022-00193-00. M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
26
Ídem. En esa oportunidad, la Sala refirió al contenido de la Gaceta de Congreso 427 del 2009, en donde se indicó: 1.
Responsabilidad de los partidos. Prohibición y sanción de la doble militancia. […] Si bien la Constitución vigente señala la
prohibición a los ciudadanos para pertenecer de manera simultánea a más de un partido o movimiento político, se define la doble
militancia y se propone que quien haya sido elegido por un partido o movimiento pertenezca a este hasta el final de su periodo y en
caso de que quiera renunciar al mismo, deberá igualmente renunciar a su curul. Tampoco podrán apoyar candidatos de otros
partidos si no han sido avalados por su partido de origen. Quien viole estos preceptos podrá ser sancionado con la pérdida de la
curul o el cargo. Lo anterior con el propósito de establecer nuevos mecanismos para fortalecer partidos y movimientos y ponerle
cortapisa a una de las prácticas que más afecta la legitimidad de los partidos políticos y se constituye en una grave burla a la
representación ciudadana. (…) Para quienes decidan aspirar por un partido diferente se establece la posibilidad de renunciar al
mismo hasta doce meses antes del primer día fijado para la inscripción para las siguientes elecciones, renunciando también a la
respectiva curul. Para quienes hubieren renunciado dentro de los doce meses anteriores a las elecciones de 2010, se prevé la
posibilidad de cambio de partido. […].
6

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Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

42. Tanto a nivel constitucional como legal, se fijó un mandato para los miembros de
corporaciones públicas que decidan cambiar de colectividad política, del cual se pueden
derivar los siguientes elementos:

a) Un sujeto: una persona electa con el aval de un partido o movimiento político a
un cargo o corporación pública de elección popular.

b) Un elemento modal o de conducta, referido a la decisión de presentarse a la
siguiente elección por una organización distinta.

c) Un criterio temporal, referido a que, para lo anterior, deberá renunciar a la curul
o cargo, al menos con doce meses de anticipación al primer de inscripciones.

43. Es de resaltar que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que las
disposiciones jurídicas antes transcritas, garantizan el ejercicio de los derechos políticos
de quienes ocupan cargos en corporaciones pública y deciden aspirar por un partido o
movimiento político diferente de aquel que lo avaló, siempre y cuando se cumplan los
parámetros antes señalados. Así se indicó al referir que:

«(…) como el ejercicio de los cargos en las corporaciones públicas de elección popular no
anula la libertad que toda persona tiene para dejar definitivamente un escaño, ni la libertad
que ostenta para entrar a militar en otro partido o movimiento político cuando así lo decida,
el constituyente con el ánimo de conciliar este derecho con el derecho conquistado por
esos colectivos políticos en las corporaciones públicas, determinó que los integrantes de
tales corporaciones públicas pudieran postularse en las siguientes elecciones por otro
partido político, siempre y cuando renunciaran expresamente a la curul con no menos de 12
meses de antelación al primer día de las inscripciones.

Es decir, que por mandato de rango constitucional no se configura el transfuguismo o
la doble militancia política en los miembros de las corporaciones públicas si para
aspirar en las próximas elecciones por otro partido político, previamente renuncian a
la curul, cuando menos con 12 meses de antelación, pues con ello materializan tanto el
derecho personal del dimitente, al abrírsele la posibilidad de renunciar al escaño y poder
militar en otro colectivo político, como el derecho del partido político de origen, quien por lo
mismo conserva su derecho a copar esa curul con el candidato no elegido por la misma
lista que siga en orden de inscripción o de votación, según el caso»27

44. Sumado a lo anterior, es la postura de esta Corporación que las curules no
pertenecen a los elegidos (política personalista) sino a las colectividades que los
avalaron (fortalecimiento democrático de las colectividades), en este sentido en fallo de
17 de julio de 201428, se concluyó:

«son las organizaciones políticas (partidos y movimientos políticos, grupos significativos de
ciudadanos y movimientos sociales) quienes presentan listas de candidatos; por ello, deben
responder por los avales que otorgan; sus candidatos, una vez elegidos para una
corporación pública -por regla general-, actúan conjuntamente en bancada en razón de su
pertenencia a la organización política. Por lo anterior, y como lo ha concluido esta Sección,
“las curules obtenidas por los partidos y movimientos políticos pertenecen a éstos y
no a los candidatos”29.

La conclusión anterior se explica, en gran medida, por el nuevo diseño constitucional que
los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009 imprimieron a la actividad política, que
sustituyó la práctica inveterada que consideraba que el poder político era conquistado por
personas naturales, por la actualmente vigente según la cual son organizaciones

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 6 de abril del 2011. Rad. 11001-03-28-
000-2010-00069-00. MP. María Nohemí Hernández Pinzón.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 17 de julio de 2014, M.P: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001032800020130004000 acumulado. Criterio reiterado en Consejo de Estado.
Sección Quinta. Sentencia del 4 de mayo del 2023. Radicación 11001-03-28-000-2022-00193-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2011, Rad. 11001-03-28-
000-2010-00105-00.
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Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

como los partidos y movimientos políticos, y los grupos significativos de
ciudadanos, quienes en su condición de personas jurídicas de derecho privado –para
las dos primeras por supuesto- se alzan con el poder político.

(…) Así, no existe la menor duda que las curules en las corporaciones públicas de
elección popular son conquistadas por las organizaciones políticas y que si bien las
personas naturales que las ocupan cumplen un papel preponderante en esos logros
electorales, ello no basta para señalar que son éstos y no aquéllas quienes tienen un
derecho intangible frente a esos escaños. Los poderes de veto y expulsión que ostentan
los partidos y movimientos políticos refrendan la tesis de que el derecho subjetivo que
adquieren los candidatos electos se subordina al derecho político fundamental que esas
organizaciones tienen en tanto sirven como canales de comunicación entre la sociedad y
sus militantes que integran los cuadros del poder político, para la materialización de sus
ideales y desde luego para la búsqueda del bienestar general.

Ahora, si las curules son de las organizaciones políticas y los integrantes de una
corporación pública están obligados a actuar en bancada junto con los demás miembros
elegidos por el partido o movimiento político, no resulta coherente constitucionalmente que
se llame a ocupar una curul, en representación de un partido político, a un candidato que ya
no pertenece a dicha organización política”.

45. Por lo dicho hasta el momento, la normativa electoral exige que, el elegido en una
corporación pública, que decida que su postulación en la siguiente elección se realizará
con el aval de un partido o movimiento político diferente, deberá renunciar con la
anticipación que consagra la norma, esto es, doce meses antes del inicio del período de
inscripciones, so pena de incurrir en la prohibición allí dispuesta, con las consecuencias
legales que ello conlleva.

2.5. Caso concreto

46. La Sala anticipa que confirmará el fallo de primera instancia, en consideración a
las razones que se exponen a continuación:

47. En primer lugar, en el presente caso se tiene acreditado lo siguiente:

a) De conformidad con el formulario E26-CMJ del 5 de diciembre del 202130, el
demandado fue declarado electo como consejero municipal de juventudes de
Duitama, por el sector de listas independientes, postulado por el «MOVIMIENTO
JUVENIL SIEMPRE ADELANTE»:

b) Con la demanda31 se aportó copia de la renuncia presentada por el accionado, el
26 de julio del 2023, en la cual manifestó su decisión de no continuar con la
dignidad mencionada. En la misma actuación, se arrimó copia del oficio del 27
siguiente, en el que se le aceptó lo por parte de la presidente del Consejo
Municipal de Juventudes de Duitama su dimisión.

30
Archivo 064 del expediente digital.
31
Archivo 001 del expediente digital.
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Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
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c)En el formulario E6 CO del 29 de julio del 202332, aportado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil en su contestación, se observa que el señor Juan Felipe
Mejía Romero fue inscrito como candidato al Concejo Municipal de Duitama por el
partido Nuevo Liberalismo:

48. Precisada la prueba obrante el proceso, se considera:

49. En un caso33 de contornos similares al que se discute en esta oportunidad, la Sala
hizo referencia a la naturaleza jurídica de los consejos de juventudes, para concluir que
aquellos son un instrumento de participación que convoca a ese sector de la población
a involucrarse en la gestión pública, conocer de la estructura de la administración y,
sobre todo, interactuar con las autoridades con el fin de incidir en la definición de
políticas públicas y medidas que respondan de forma especial a sus intereses y
necesidades.

50. Dicho lo anterior, se indicó en esa oportunidad, que la restricción constitucional a
ser elegido que se consagra en el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, de
pertenecer a una «corporación pública», como resultado de la inscripción y participación
en esa elección «por un partido y movimiento político», para luego inscribirse a otra
«por un partido o movimiento político distinto», sin renunciar a la curul al menos doce
meses antes del primer día de inscripciones, no le es exigible a quienes integran esa
instancia participativa.

51. Regulada de esta forma la figura en comento se tiene entonces que el demandado
no incurrió en los eventos que aquella describe, en tanto antes de ser inscrito como
candidato al Concejo Municipal de Duitama no perteneció a una corporación pública y
por lo tanto no se encontraba en la obligación legal que allí se consagra.

52. A pesar de que el demandante insiste en esta oportunidad en derivar respecto del
consejo de juventudes una naturaleza diferente, por el hecho de ser elegidos
popularmente, lo cierto es que la ley y la jurisprudencia que él mismo invoca en el
recurso de apelación, permiten concluir lo contrario.

32
Archivo 010 del expediente digital.
33
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 6 de febrero del 2025. Radicación 15001-23-33-000-2024-00014-01. M.P.
Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

53. No le asiste razón cuando sostiene que el fallo apelado desconoce la jurisprudencia
de esta Sección, pues la providencia que mencionó como soporte de su argumento de
impugnación, no fija dicho criterio. Por el contrario, en la sentencia de 20 de abril de
202334, a la que se hizo referencia antes, se reconoció a los consejos de juventud como
«mecanismos autónomos de participación», «puente de comunicación» y «expresión de
la democracia participativa», pero en ninguno de sus apartados se les caracterizó como
corporaciones públicas de elección popular, pues ello no tendría fundamento normativo
alguno.

54. Contrario a la tesis que sostiene el ahora impugnante, la Corte Constitucional, en
sentencia C-484 del 201735, la cual tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, señaló
expresamente lo siguiente:

«3.1.2. De otro lado, el inciso segundo del artículo 103 de la Constitución dispone que, “el
Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales,
sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos
de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y
vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.

Sobre esta disposición en la sentencia C-616 de 2008, que conoció de las objeciones
gubernamentales a un proyecto de ley ordinario que regulaba los Consejos de la Juventud,
la Corte determinó que la norma era inexequible porque debió ser tramitada a través del
procedimiento de aprobación de las leyes estatutarias, especificando que su regulación
integral se concibe como un mecanismo de participación ciudadana. En esta decisión se
hizo énfasis en que pese a que los Consejos de la Juventud no son una Corporación
de elección popular que haga parte de las ramas del poder público, dado que no
gobiernan ni ejercen poder político, las materias que regulan las elecciones tienen
reserva estatutaria, ya que son “una instancia de participación, concertación,
vigilancia y control de la gestión pública, a los que hace referencia el inciso final del
artículo 103 de la Constitución política”». (énfasis de la Sala).

55. Sobre el punto, es importante precisar que las corporaciones públicas de elección
popular son una categoría de entidad del Estado a la que se refiere la Constitución
Política al proveer sobre el régimen del Congreso de la República 36, las asambleas
departamentales37 y los concejos municipales y distritales38, estos últimos denominados
expresamente como «corporación político-administrativa elegida popularmente».

56. En esta medida, independiente de las circunstancias que rodearon la postulación
del demandado al consejo de juventudes en el cual posteriormente fue electo, como por
ejemplo, si su militancia era un partido con personería jurídica o no, lo cierto es que se
puede concluir que aquel no era sujeto activo de la prohibición que se enrostra por el
demandante, en la medida en que como ya quedó expuesto en párrafos precedentes,
no era integrante de una corporación pública de elección popular.

57. Finalmente, es de resaltar que, si bien se señaló en la sentencia del 20 de abril de
202339 que, en temas electorales, de inhabilidades e incompatibilidades la elección de
los consejos de juventud se rige por las normas vigentes, ello debe leerse en la medida
en que sean disposiciones jurídicas aplicables y compatibles con la naturaleza de dicha
instancia de participación.

58. En esa medida, esa remisión normativa, no puede ser entendida en el sentido de
aplicar prohibiciones o restricciones a derechos fundamentales que, como en el caso de

34
Rad. 11001-03-28-000-2022-00022-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
35
M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo
36
Ver, por ejemplo, artículo 134.
37
Constitución Política, artículo 299.
38
Constitución Política, artículo 312.
39
Rad. 11001-03-28-000-2022-00022-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
10

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Demandante: José Luis Valenzuela Rodríguez
Demandado: Juan Felipe Mejía Romero
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00013-01

la doble militancia en la modalidad que ahora se analiza, tienen un condicionamiento
específico respecto de sujeto de la misma, y por lo tanto, no puede hacerse extensiva a
otras situaciones.

59. Por lo expuesto, esta Sala, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre del 2024, por medio de la cual
la Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.

TERCERO: En firme, DEVOLVER al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx” .

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