Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00395-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 41001-23-33-000-2023-00395-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00395-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 41001-23-33-000-2023-00395-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
6 de febrero de 2025
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero del dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00395-01 (Principal)
41001-23-33-000-2023-00380-00 (Acumulado)
41001-23-33-000-2023-00381-00 (Acumulado)
43001-23-33-000-2023-00399-00 (Acumulado)
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández, concejal de Neiva (Huila) período
constitucional 2024-2027
Temas: Doble militancia. Miembro de corporación pública.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Quinta resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandada
en contra del fallo del 30 de julio del 2024, por medio del cual la Sala Sexta de Decisión
del Tribunal Administrativo del Huila accedió a las pretensiones del proceso de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demandas
1.1.1. Expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01 (PPAL)1
1.1.1.1. Pretensiones
1. El ciudadano Yeison Ángel Montealegre2, actuando en nombre propio y en ejercicio
del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, solicitó la
anulación del formulario E26CON del 6 de noviembre del 2023, por medio del cual se
declaró la elección de Johan Steed Fernández como concejal del municipio de Neiva
(Huila), para el período constitucional 2024-2027.
1.1.1.2. Hechos
2. El demandado fue elegido para integrar la corporación pública mencionada en el
período constitucional 2019-2023, con el aval del Partido Conservador Colombiano,
curul que ocupó hasta el «mes de julio del 2023».
3. La referida organización política no inscribió lista de aspirantes al Concejo Municipal
de Neiva para revalidar su representación en aquella entidad en el período 2024-2027.
4. El señor Ortiz Fernández, sin renunciar a su curul doce meses antes del primer día
de inscripciones, decidió postular su nombre a la misma corporación edilicia, avalado
por el Partido Centro Democrático, siendo declarado electo en los comicios territoriales
llevados a cabo el 29 de octubre del 2023.
1
Escrito inicial obrante en el archivo 001 del expediente digital.
2
Actuando en nombre propio.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
1.1.1.3. Concepto de la violación
5. A juicio del demandante, el acto de elección acusado desconoce los artículos 107
constitucional, 2º de la Ley 1475 del 2011 y 275 numeral 8º del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
6. En síntesis, el actor considera que el accionado incurrió en la prohibición de doble
militancia, en atención a que:
«No obstante la claridad de las normas antecitadas y la prohibición allí establecida, así como
la forma que tenía de manera anticipada de renunciar oportunamente y no incurrir en la
doble militancia, el ciudadano demandado ORTIZ FERNANDEZ, i) optó por renunciar fuera
del plazo que la ley determina, en tanto presentó renuncia a su curul en el Concejo de Neiva
por el Partido Conservador Colombiano el día 31 de julio de 2023 (un mes después del
primer día de inscripciones), lo anterior sin dejar de lado que solo renunció a la curul que
ostentaba del partido Conservador Colombiano en el Concejo de Neiva y no a su afiliación al
partido Conservador Colombiano; ii) se inscribió y aspiró a las elecciones de Concejo de
Neiva-H para el periodo constitucional (2024-2027) por un nuevo partido (Centro
Democrático), quedando de manera simultánea como perteneciente a dos partidos políticos,
incurriendo con ello en causal de anulación electoral por estar incurso en causal de
inhabilidad ante el incumplimiento del plazo para presentar su renuncia al ser concejal activo
del partido Conservador Colombiano, partido distinto por el que finalmente aspiró (Centro
Democrático) así como la configuración de la DOBLE MILITANCIA que aquí se denuncia»3.
1.1.2. Expediente 41001-23-33-000-2023-00380-004
1.1.2.1. Pretensiones
7. La ciudadana Ernestina Perdomo Castro, actuando en nombre propio, solicitó, la
nulidad de la elección mencionada.
1.1.2.2. Hechos
8. La demandante narró los mismos supuestos del expediente 41001-23-33-000-2023-
000395-00, relativos a (i) la elección del demandado por el Partido Conservador
Colombiano para el período 2020-2023; (ii) su renuncia a la curul y militancia a dicha
organización el 31 de julio del 2023 y (iii) su posterior aspiración y elección como
concejal con el aval del Centro Democrático.
1.1.2.3. Concepto de la violación
9. Alegó que el demandado desconoció la obligación contenida en el artículo 2º de la
Ley 1475 del 2011, relativa a renunciar a la curul, 12 meses antes del primer día del
período de inscripción, si su intención era postularse por otra colectividad.
10. En escrito separado a la demanda, el accionante solicitó la suspensión provisional
de los efectos del acto demandado.
1.1.3. Expediente 41001-23-33-000-2023-00381-005
1.1.3.1. Pretensiones
11. El ciudadano Mauricio Fernando Rojas Ramírez, a través de apoderado judicial6,
solicitó la nulidad de la elección antes referida.
3
Se transcribe conforme al texto original, incluso con errores.
4
Archivo 003 del expediente digital.
5
Archivo 006 del expediente digital.
6
José Joaquín Cuervo Polanía, identificado con cédula de ciudadanía 93.372.511, portador de la tarjeta profesional 151.153.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
1.1.3.2. Hechos y concepto de la violación
12. Narró similares circunstancias a las descritas en el expediente 41001-23-33-000-
2023-00380-00, adicionando los siguientes:
a) Al momento de la inscripción de la candidatura del demandado, no se observa
que el partido Centro Democrático hubiere hecho coalición con alguna otra
organización política.
b) El Partido Conservador Colombiano no postuló, de forma individual o en
coalición, lista de aspirantes al Concejo Municipal de Neiva (Huila).
c) El comportamiento del demandado materializó una deslealtad partidista evidente,
dado que al renunciar el 31 de julio del 2023, manifestó su paso a la colectividad
Nueva Fuerza Democrática, para luego, conseguir el aval del Centro
Democrático para su aspiración política.
d) La no inscripción de una lista de candidatos propia a la mencionada corporación
pública por parte del Partido Conservador Colombiano no exonera de la
responsabilidad y el deber de renunciar con doce meses de anticipación al primer
día del período de inscripciones.
e) Se presentó una defraudación de los electores del señor Ortiz Fernández, dado
que ocupó su curul «trece meses más (aproximadamente)», para posteriormente
resultar electo por un partido político diferente.
13. En el mismo escrito inicial, el actor solicitó la suspensión provisional de los efectos
del acto electoral demandado.
1.1.4. Expediente 43001-23-33-000-2023-00399-00
1.1.4.1. Pretensiones7
14. La señora Mayerli Gómez Rojas8 solicitó la nulidad de la elección del señor Johan
Steed Ortiz Fernández como concejal del municipio de Neiva.
1.1.4.2. Hechos y concepto de la violación
15. Se alegó que el acto acusado incurrió en la causal de nulidad electoral relativa a la
doble militancia política en la modalidad de miembro de corporación pública, por las
mismas razones señaladas en los expedientes anteriores.
16. En el mismo escrito de la demanda, se solicitó la suspensión provisional del acto
electoral reprochado.
1.5. Trámite procesal de primera instancia
1.5.1. Etapa de admisión
17. La demanda del expediente 41001-23-33-000-2023-00395-00 fue admitida con
providencia del 6 de diciembre del 2024.
7
Archivo 003 del expediente digital.
8
Actuando a través de apoderado judicial, abogado Luis Eduardo Polanía Unda, cédula de ciudadanía 12.112.273, portador de la
tarjeta profesional 36.059.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
18. En los demás, en atención a las peticiones cautelares elevadas por los actores, se
corrió traslado de aquellas con providencias del 30 de noviembre del 20239, 1210 y 18
de diciembre11 de la misma anualidad.
19. En los trámites con radicación 41001-23-33-000-2023-00399-00 y 41001-23-33-
000-2023-00381-00, se admitió la demanda y se negó la suspensión de la elección
acusada, con autos del 2912 y 31 de enero del 202413, respectivamente. Estas
decisiones no fueron objeto de recurso alguno.
20. En el expediente con radicación 41001-23-33-000-2023-00380-00, se admitió el
medio de control y se negó la suspensión provisional en decisión del 17 de enero de
202414, decisión que fue apelada y confirmada por esta Sección en auto del 11 de abril
de 202415.
1.5.2. Contestaciones
21. El demandado16 se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Para ello,
argumentó que no se configura la prohibición de doble militancia alegada en el caso
concreto. Sobre el particular, razonó de la siguiente manera:
22. Por un lado, refirió que la prohibición fue consagrada con el fin de fortalecer los
partidos políticos y su disciplina, así como para superar los personalismos en las
contiendas electorales.
23. Posteriormente, trajo a colación el contenido de las normas que consagran la
obligación de renunciar a la curul doce meses antes del primer día de las inscripciones
en caso de decidir postularse por una colectividad diferente, para señalar que esta
Sección dictó una sentencia que sentó un precedente importante para el estudio de
esta modalidad, relacionada con el caso del entonces senador Roy Barreras.
24. Consideró que esa oportunidad, se analizaron dos aspectos que resultan
esenciales frente a la situación del aquí demandado, como son, un elemento
relacionado con la voluntad (decisión de aspirar por un partido distinto) y otro referente
a la posibilidad en el tiempo para evitar la infracción constitucional y legal.
25. Dicho lo anterior, expuso las circunstancias fácticas relacionadas con la situación
del señor Ortiz Fernández, así:
a) El aquí demandado fue elegido concejal de Neiva para el período 2020-2023,
con el aval del Partido Conservador Colombiano.
b) Ante lo que consideró como una «falta de iniciativa» de las directivas territoriales
de la referida colectividad, el 13 de julio del 2023 envió correo al presidente de
aquella, señor Efraín Cepeda, solicitando la elaboración de la lista de aspirantes
para la misma corporación pública en las elecciones del 29 de octubre del 2023.
c) Indicó que la organización no respondió a sus peticiones.
9
Expediente 41001-23-33-000-023-00380-00.
10
Expediente 41001-23-33-000-2023-00399-00
11
Expediente 41001-23-33-000-2023-00381-00.
12
Archivo 015. Expediente 41001-23-33-000-2023-00399-00
13
Archivo 028. Expediente 41001-23-33-000-2023-00381-00
14
Archivo 021 del expediente digital.
15
Archivo 032 del expediente digital. M.P. Gloria María Gómez Montoya. Se indicó en esta oportunidad, que la solicitud de medida
cautelar no cumplía con el requisito de carga argumentativa, dado que «no señala las razones de hecho y de derecho por las cuales
el peticionario estima que el acto demandado debe ser suspendido; tampoco remite al concepto de la violación de la demanda que
en últimas llenaría de contenido la cautelar deprecada».
16
La contestación presentada por el demandado responde a los mismos argumentos en cada uno de los expedientes, por lo que se
presentan de manera conjunta en este apartado.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
d) El 29 de julio del 2023 venció el período de inscripción de candidatos, sin que
el Partido Conservador Colombiano presentara lista de aspirantes.
e) El demandado presentó el 31 de julio de esa anualidad, su renuncia a la
militancia y a la curul que ostentaba en la corporación edilicia.
f) El 4 de agosto del 2023, «día del vencimiento del plazo para que los partidos
realicen ajustes a las listas inscritas, el Partido CENTRO DEMOCRATIVO inscribió a
JOHAN STEED ORTIZ FERNANDEZ como candidato al Concejo de Neiva» (sic a
toda la cita).
g) Indicó que «[d]ada la inexistencia de lista Conservadora para el Concejo de Neiva,
el director del Partido CONSERVADOR, Dr EFRAIN CEPEDA en visita a Neiva el 20
de octubre de 2023 ofreció publico respaldo a la LISTA DEL CENTRO
DEMOCRATICO PARA EL CONCEJO DE NEIVA, candidato FELIPE TRUJILLO
TAMAYO» (sic a toda la cita).
26. Narrado lo anterior, alegó que su decisión de postularse por el partido Centro
Democrático no puede ser considerada como un acto de indisciplina o rebelión respecto
de la organización que inicialmente avaló su postulación para el período 2020-2023,
sino que, por el contrario, es el resultado de una situación de fuerza mayor en la que se
vio obligado a buscar el apoyo de otra organización política con el fin de garantizar su
derecho fundamental a ser elegido (art. 40, CP).
27. Refirió que, conforme al sistema político actual, la aspiración a cargos de elección
popular solo es posible en tanto se cuente con el aval de un partido o movimiento con
personería jurídica, o se adelante el trámite establecido para los grupos significativos de
ciudadanos, por lo que cualquier restricción adicional que pese sobre la mencionada
garantía constitucional debe ser razonable.
28. Hizo mención del test de proporcionalidad, para señalar que:
«cabe mencionar que la eventual suspensión y anulación de la elección de mi
apoderado, en efecto, parece perseguir un fin legítimo, como lo es la protección de los
fines detrás de la figura de la doble militancia tales como el fortalecimiento de los
partidos y movimientos políticos, así como detener el transfuguismo político. Además, la
medida parece ser idónea y necesaria ya que imposibilita la doble militancia y, a decir
verdad, no parece haber otra forma menos lesiva para evitar el trasfuguismo. Sin
embargo, la eventual anulación del nombramiento del concejal ORTIZ FERNANDEZ no
resulta proporcional en estricto sentido toda vez, en su caso, él no tenía otra opción para
hacer valer su derecho a ser elegido» (sic a toda la cita).
29. Posteriormente, trajo a colación la excepción dispuesta en el parágrafo del artículo
2º de la Ley 1475 del 201117, para señalar que, si no aplica la prohibición de doble
militancia en los casos de disolución de los partidos y movimientos políticos o de la
pérdida de la personería jurídica de aquellos, es coherente y lógico que ello suceda
cuando la organización decide no postular aspirantes.
30. De otra parte, en atención a que la referida institución previene la deslealtad
partidista, lo cierto es que en este caso ello no ocurre, porque el Partido Conservador
Colombiano se abstuvo de participar en la contienda.
17
PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos
políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones
previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.”
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
31. Finalmente, alegó que esta última colectividad adhirió a la postulación de
candidatos al Concejo Municipal de Neiva efectuada por el Centro Democrático, cuando
el 20 de octubre del 2023, su presidente realizó las siguientes declaraciones:
«Somos de partidos diferentes, él es del centro democrático, yo presido el partido
Conservador, pero aquí en Neiva no hay lista al Concejo del partido Conservador y nuestra
resolución Numero 30 dice que la dirigencia queda en total libertad y por eso yo hoy quiero
recomendarle al Partido conservador de Neiva que a la falta de candidatos conservadores
apoyemos a un gran candidato, Felipe Trujillo número uno, del Centro Democrático, creo que
sería un gran Concejal de ayudar a orientar los destinos de su Municipio. Yo le acabo de
plantear que piense a ver si dentro de 4 años se lanza también a la Alcaldía porque es un
hombre de calidades, de valores, generador de empleo, defensor de la microempresa y eso
también nos une a nosotros, en el Partido Conservador con esos principios son similares al
Centro democrático de la Familia y de la Seguridad, de la defensa del empleo, mi pyme
generan el 80% del empleo de los Colombianos, de manera que yo si quiero recomendarle a
mi partido conservador acompañar a Felipe Trujillo en esa aspiración importante al Concejo
de Neiva, el partido debe apoyar a los mejores entonces de otro partido y en este caso aquí
a Felipe del Centro Democrático» (sic a toda la cita).
32. Por su parte la Registraduría Nacional del Estado Civil18 solicitó su
desvinculación del presente trámite, al considerar que, en atención a los fundamentos
de la demanda, carece de un interés jurídico relevante en aquel, dado que su labor en
las elecciones es meramente logística.
33. El Consejo Nacional Electoral19 propuso igual medio exceptivo de defensa,
requiriendo ser excluido del presente trámite judicial.
1.5.3. Otros trámites relevantes
34. Con providencia del 18 de marzo del 202420 se acumularon los expedientes de la
referencia.
35. En auto del 21 de mayo siguiente21, el despacho conductor del proceso en primera
instancia resolvió las excepciones22, fijó el litigio23, decidió sobre las pruebas y ordenó
correr traslado para alegar de conclusión y dictar sentencia anticipada.
1.6. Sentencia de primera instancia24
36. Con sentencia del 30 de junio del 2024, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, de forma mayoritaria25, declaró la nulidad del acto demandado.
Lo anterior, en síntesis, por las siguientes consideraciones:
37. Previo a estudiar el caso concreto, presentó una relación de las pruebas obrantes
en el proceso. Hizo especial énfasis en las capturas de pantalla de una conversación
18
Intervino en los expedientes 41001233300020230038100 (índice 43, sistema SAMAI) y 41001233300020230039900 (índice 32,
sistema SAMAI).
19
Expediente 41001233300020230039500 (Índice 22); 41001233300020230038000 (índice 48); 41001233300020230038100
(índice 45); 41001233300020230039900 (índice 33).
20
Archivo 023, expediente principal.
21
Archivo 038, expediente principal.
22
Declaró probada la falta de legitimación en la causa respecto de la Registraduría Nacional de Estado Civil. En esta oportunidad,
no se dictó pronunciamiento sobre la excepción propuesta por el Consejo Nacional Electoral.
23
En los siguientes términos: «Corresponde determinar ¿si el Acta de Escrutinio General Formato E-24 del 29 de octubre de 2023,
firmada por la Comisión Escrutadora General y el Acta de Escrutinio General – Formulario E-26 CON de fecha 06 de noviembre de
2023, suscrita por los miembros y secretarios de la Comisión Escrutadora, mediante las cuales se declaró como Concejal del
municipio de Neiva al señor JOHAN STEED FERNÁNDEZ ORTIZ, se encuentra viciada de nulidad, al incurrir en la conducta de
doble militancia establecida en el inciso 2 del artículo 2 de la ley 1475 de 2011, al haber inscrito su candidatura en dos periodos
seguidos en partidos diferentes?
De ser así, se decidirá si procede cancelar la credencial del señor Johan Steed Fernández como concejal del municipio de Neiva, y
si debe ordenarse a la autoridad electoral competente que adopte las medidas pertinentes y nombre al candidato en orden
descendente de votación del Partido Centro Democrático, que corresponde para el presente caso al señor MAURICIO FERNANDO
ROJAS RAMÍREZ».
24
Archivo 51, expediente principal.
25
Contó con el salvamento de voto del magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
del servicio de mensajería WhatsApp para demostrar la gestión adelantada ante las
directivas del Partido Conservador Colombiano, indicando que sobre ellos no existe
información respecto de su origen, y «si bien, en los mensajes del destinatario de la
conversación figuran los nombres de los señores – Senador Efraín Cepeda, Orfa Patricia
Monrroy, y Esperanza Andrade, no se observa confirmación que los números pertenezca a los
mencionados dirigentes, no se observa indicio alguno frente al origen de las conversaciones, la
integridad y autenticidad de las mismas, razón suficiente para no adelantar el estudio de los
mismos y descartar su valoración».
38. A su vez, refirió que frente al video aportado que contiene la declaración del
presidente del Partido Conservador Colombiano en donde manifestó su adhesión a la
aspiración de un candidato del Centro Democrático, advirtió que «no se allegó
información frente a la autenticidad del mismo, y sobre la persona de quien lo realizó, la fecha y
lugar en que se realizó, por lo tanto, al no cumplirse con los requisitos del artículo 244 del
C.G.P. la Sala no puede otorgarle valor probatorio» (Énfasis propio del texto original).
39. Precisado lo anterior, encontró acreditado el elemento subjetivo, toda vez que se
demostró que el demandado participó en la contienda electoral para la elección del
Concejo Municipal de Neiva para el período 2020-2023, como candidato de la coalición
MIRA-Partido Conservador Colombiano, y con el aval de este último, siendo declarado
el 4 de noviembre del 2019.
40. De otra parte, señaló que está demostrado que «el señor Johan Steed Ortiz Fernández
presentó renuncia el 31 de julio de 2023 a la curul que ostentaba en el Concejo Municipal,
siendo aceptada por esa corporación mediante Resolución No. 087 del 31 de julio de 2023, y en
esa misma fecha presentó renuncia al Partido Conservador Colombiano y que, según el
Consejo Estado, produce efectos desde el mismo día en que es presentada al movimiento
político».
41. Indicó que de conformidad con el formulario E7CO del 5 de agosto del 2023, el
partido Centro Democrático modificó su lista de aspirantes al Concejo Municipal de
Neiva, inscribiendo como nuevo candidato al demandado. En este mismo apartado,
refirió que de conformidad con el calendario electoral adoptado mediante la Resolución
28229 del 14 de octubre del 2022, el primer día de inscripciones para dicho certamen
fue el 29 de junio de 2023.
42. Dicho lo anterior, concluyó:
«Para la Sala es evidente que el señor Johan Steed Ortiz Fernández, en su condición de
concejal del municipio de Neiva, quien fuera avalado por la coalición de los partidos
políticos Mira y Conservador Colombiano, al pretender aspirar a las elecciones territoriales
que se realizaron el 29 de octubre de 2023, como candidato del partido Centro Democrático
al Concejo municipal de Neiva, debió haber manifestado su renuncia a su curul de concejal
a más tardar el 29 de junio de 2022, para no incurrir en la prohibición de la doble militancia
establecida en el artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, y como se observa que la renuncia solo fue presentada el 31 de
julio de 2023, concluye la Sala que se materializa los elementos temporales de la doble
militancia» (énfasis propio del texto original).
43. Precisado ello, analizó los argumentos de la defensa, para concluir lo siguiente:
a) En cuanto a la excepción consagrada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley
1475 del 2011, señaló que la misma no es aplicable, por cuanto es claro que el
Partido Conservador Colombiano no ha perdido su personería jurídica ni ha sido
disuelto.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
En esta línea, argumentó que no es aceptable asimilar las situaciones descritas en la
norma con la no presentación de candidatos, en tanto esta última decisión
corresponde a un asunto interno del partido o movimiento político, que incluso el
demandado estaba en la obligación de respetar, al tener el deber de acatar las
directrices del partido, o en su defecto, buscar alternativas para sus aspiraciones
políticas, como hubiera sido, renunciar con doce meses de antelación al inicio del
período de inscripciones
b) En cuanto a la anulación del derecho a ser elegido, refirió que la jurisprudencia
ha reconocido que dicha garantía no tiene un carácter absoluto. Refirió que en
materia electoral se ha señalado que la función del juez de lo contencioso, antes que
privilegiar al elegido, debe propender por la protección del electorado y la garantía
del sistema democrático26.
Así las cosas, indicó que
«la prohibición contenida en el artículo 107 de la Constitución y artículo 2° de la Ley
1475 de 2011 es una forma de inhabilidad que conforme al ordenamiento jurídico se
restringe el derecho a ser elegido, y se caracteriza porque además de ser de
consagración constitucional o legal, y de interpretación restrictiva, son situaciones de
hecho a las que el ordenamiento jurídico les ha dado el efecto de impedir que una
persona pueda ser inscrita o elegida o designada para el ejercicio de un cargo de
elección popular, con el ánimo de salvaguardar bienes jurídicos superiores como la
idoneidad, la moralidad, la transparencia o la igualdad, por lo que no se puede ponderar
frente a derecho individuales».
44. Concluyó señalando que:
«Para la Sala es claro que el señor Johan Steed Ortiz Fernández desatendió la premisa
constitucional reglamentada en el artículo 107 y desarrollada en la Ley 1475 de 2011,
toda vez que la conducta desplegada por el dirigente político puso en evidencia su
deseo de continuidad en el cabildo municipal, independientemente de la decisión
adoptada por el partido Conservador de no presentar lista de candidatos por situaciones
netamente internas, lo cual demuestra que su interés no es representar una ideología
política y filosófica que caracteriza su partido político, sino que puso en evidencia su
interés particular de continuar en la mencionada curul, indistintamente del partido que
represente, pues así lo dejó ver, con el escrito de renuncia al partido conservador del 31
de julio de 2023, al manifestar su deseo de seguir como simpatizante del partido político
Nueva Fuerza Democrática en los términos establecidos en el artículo 6 de la
Resolución No. 1549 de 2023, sin embargo, terminó en las filas del Centro Democrático,
por lo que la Sala concluye que fue el propio cálculo político del demandado lo que lo
llevó a tomar una decisión equivocada y que hoy le genera la nulidad de su elección».
45. En esa medida, encontró acreditados los elementos de la prohibición alegada frente
al señor Johan Steed Ortiz Fernández, por lo que (i) declaró la nulidad de su elección y
(ii) se abstuvo de pronunciarse frente a quien debe ocupar la curul que queda vacante
con la decisión, al ser un acto que corresponde a la autoridad electoral y a la
corporación pública.
1.7. Recurso de apelación
46. Con memorial del 21 de agosto del 202427, el apoderado del demandado recurrió la
decisión de instancia, conforme los siguientes motivos de inconformidad:
a) «Sobre las presuntas deficiencias probatorias de los mensajes de
WhatsApp y video del director del Partido Conservador»
26
Refirió a: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de junio de 2016 C.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-28-
000-2015-00051-00.
27
Archivo 060. Expediente principal.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
47. Indicó que, desde la presentación de la demanda, se manifestó que las capturas de
pantalla aportadas corresponden a una conversación iniciada en el chat del accionado,
por cuanto no puede concluirse que se desconoce su origen. Resaltó que, además,
estas pruebas no fueron tachadas de falsedad por la parte demandante.
48. En cuanto al video aportado como prueba de la declaración del presidente del
Partido Conservador Colombiano, indicó que del mismo se puede extraer el contexto de
la época electoral en la que fue grabado, así como las claras manifestaciones que
conllevan a una adhesión de dicha colectividad frente a las aspiraciones del Centro
Democrático al Concejo Municipal de Neiva.
b) «Sobre la afirmación según la cual la doble militancia es una especie de
inhabilidad y que busca proteger bienes jurídicos superiores como la
idoneidad, la moralidad, la transparencia o la igualdad, por lo que no se
puede ponderar frente a derechos individuales».
49. Realizó una precisión de orden conceptual para concluir que esta causal de
inelegibilidad, en los términos en que está consagrada, no puede ser considerada como
una inhabilidad, en tanto la misma es una prohibición del nivel constitucional y legal.
50. En esta medida, identificó que contrario al control objetivo de legalidad que se
predica de las demandas en que se pone de presente una condición que impide el
acceso a un empleo, en los cuales no se analizan elementos de la conducta del
candidato, ello no ocurre cuando se cuestiona la legalidad de un acto de elección por
doble militancia, en donde se requiere realizar un análisis de «antijuridicidad y
culpabilidad», lo que significa que es necesario determinar el alcance del
comportamiento del aspirante.
51. Ante ello, refirió que el inciso 4º del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011 consagra
que el incumplimiento de las reglas allí contenidas será sancionado conforme los
estatutos, lo que implica que el análisis debe superar la mera tipicidad o adecuación
normativa para determinar la procedencia o no de la nulidad de la elección por estas
razones.
52. En este punto, trajo a colación el fallo de esta Sección, dictado en el caso del
exsenador Roy Barreras, para concluir que, en el presente asunto, se desconoció por el
tribunal de instancia que la renuncia del demandado a su curul y posterior inscripción
por otra colectividad política no respondió a un acto de su libertad o contrario a la
disciplina partidista que le era exigible, en tanto se trató de una circunstancia de fuerza
mayor para proteger su derecho a ser elegido.
53. Indicó que, conforme al bloque de constitucionalidad, el análisis del operador
judicial debió tener en cuenta el carácter fundamental de la anterior garantía, por lo que
reiteró la necesidad de realizar un ejercicio de ponderación entre la prohibición
contenida en el artículo 107 Constitucional y el 40 del mismo cuerpo normativo, ello
como «un instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada medida resulta
adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o
derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza».
54. Seguidamente, refirió que existe una incompatibilidad entre las regulaciones
estatutarias (Ley 1475 del 2011) y la procesal (Ley 1437 del 2011), pues mientras la
primera regula el asunto de la doble militancia como un procedimiento interno de las
colectividades políticas, la segunda le asignó consecuencias frente al acto de elección.
Ante ello, señaló que:
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
«Ahora bien, las incompatibilidades entre normas de un mismo ordenamiento jurídico se
resuelven con los criterios jerárquicos, cronológicos y de especialidad. En el caso que nos
ocupa, la ley que no le dio el carácter de nulidad electoral es la prevalente por ser de mayor
jerarquía (estatutaria) posterior (numéricamente y por fecha, pues es de 14 de julio de 2011)
y especial, por regular la participación en política y el régimen de partidos. Por tal razón y
muy respetuosamente consideramos que la doble militancia como nulidad electoral fue
derogada tácitamente por la ley estatutaria, que es además la norma aplicable».
c) «Sobre el carácter taxativo de las excepciones a la prohibición de
transfuguismo»
55. Indicó que, si bien acepta que las prohibiciones y otras restricciones al derecho a
ser elegido se deben interpretar de forma restrictiva, lo cierto es que la regla general es
el derecho de participación política, siendo la excepción a este la doble militancia
política.
56. Citó en extenso el contenido de la sentencia SU-207 del 2022, en cuanto hace al
alcance de este criterio hermenéutico y la necesidad de siempre dar aplicación al
principio pro homine en estos casos, para concluir que la «taxatividad es para la
prohibición no para los eventos de ejercicio del derecho a elegir y ser elegido».
57. Argumentó que de la redacción del parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 del
2011, es posible concluir que no aparecen expresiones como «estos dos únicos casos»
o «sólo se consideran exceptuados de la prohibición», por lo que la taxatividad se
encuentra impuesta por el operador judicial y no por la ley.
58. Al analizar la constitucionalidad de dicha prohibición, en la sentencia C-490 de
2011, se determinó con claridad que la doble militancia no puede anular los derechos
políticos de los ciudadanos, por lo que insistió en que «si el legislador estableció que es
posible inscribirse por otra colectividad cuando el partido de origen se disuelve o desaparece,
es absolutamente coherente y lógico que suceda lo mismo cuando el partido decide no
presentar listas para la misma circunscripción».
59. En este apartado, insistió en que para que se configure el trasfuguismo que se
endilgó por la primera instancia al demandado, lo cierto es que se requiere que el
Partido Conservador Colombiano hubiere inscrito lista de candidatos, para considerar
que la postulación del demandado competía con dicha propuesta política, aspecto que
no se demostró y fue desconocido por el Tribunal Administrativo del Huila.
60. A lo anterior, sumó el argumento expuesto desde la contestación de la demanda
referido a las declaraciones de la dirección nacional de la mencionada organización, en
las cuales manifestaron el apoyo a candidatos de los aspirantes al Concejo Municipal
de Neiva y que quedaron registradas en el video que no fue valorado por el a quo.
1.8. Trámite de segunda instancia
61. Con providencia del 28 de octubre del 202428, el despacho ponente de la presente
providencia dispuso sobre la admisión del recurso de apelación antes reseñado, por
ello, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión29, plazo durante el cual se
presentaron las siguientes intervenciones:
62. El demandado30 reiteró los argumentos expuestos en la impugnación.
28
Índice 007. Sistema SAMAI.
29
Índice 012. Sistema SAMAI.
30
Índice 013 y 015. Sistema SAMAI.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
63. Los señores Mauricio Fernando Rojas Ramírez31, Mayerly Gómez Rojas32 y
Ernestina Perdomo Castro33 presentaron sus razones para que se confirme la
decisión impugnada, con las que básicamente señalaron que se encontraron
acreditados cada uno de los elementos de la modalidad de doble militancia que soportó
el cargo de nulidad de las demandas acumuladas, así como, refirieron que no es
posible la creación de excepciones a una norma del nivel estatutario, ni aceptar
excusas en situaciones meramente subjetivas.
1.9. Concepto del Ministerio Público34
64. Con concepto del 15 de noviembre del 2024, la procuradora séptima delegada ante
el Consejo de Estado solicitó se revoque la decisión de instancia.
65. Indicó que si bien, objetivamente, se demostró que la situación del señor Ortiz
Fernández encuadra dentro de los parámetros de la norma que consagra la modalidad
de doble militancia que se le endilga en las demandas acumuladas, lo cierto es que no
se pude desconocer que en su defensa se alegó que conoció de la decisión del Partido
Conservador Colombiano de no postular candidatos al Concejo de Neiva una vez
vencido el período de inscripciones, creándose una condición que afectó su derecho de
postularse nuevamente a dicha corporación.
66. Hizo referencia a la finalidad de la prohibición en estudio, para luego señalar que «la
decisión autónoma y legítima del partido, de no tomar parte en los comicios para concejo
Municipal, no puede implicar de facto la supresión del derecho a ser elegido de quien en su
calidad de miembro de corporación pública aspiraba a reelegirse también de forma legítima».
67. Así las cosas, indicó que, si la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado
que se exceptúan de la aplicación de la norma en los casos de pérdida de personería
jurídica o de disolución de la colectividad política, «el asunto no regulado, de no
presentación de lista para esa misma corporación se encuentra en una zona de penumbra
decisional, ya que no ha sido abordada tampoco jurisprudencialmente. Por lo tanto, cabe
preguntarse si debe aplicarse a estos casos en concreto el límite temporal que tenía el
candidato para renunciar y poder aspirar por otra colectividad o, si resulta entendible que, ante
la falta de inscripción de la lista por dicha colectividad, se presente una excepción a la
configuración de la prohibición de doble militancia».
68. Ante ello, consideró que la actuación del demandado no puede ser considerada
como una defraudación de sus electores o una infracción al deber de fidelidad partidista
que le es exigible, para concluir que:
«El Ministerio Público no puede pasar por alto que en el caso en estudio no se cumple la
premisa subjetiva prevista por el Legislador en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 en donde
contempla de manera textual: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida
presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”, pues está probado que el
demandado deseaba permanecer y aspirar al Concejo por el partido Conservador, deseo
que se vio truncado por decisiones tomadas al interior de la organización política y por las
que, se vio obligado a recurrir a otro partido para poder aspirar nuevamente al (sic) la
corporación pública».
31
Índice 014. Sistema SAMAI.
32
Índice 016. Sistema SAMAI.
33
Índice 018. Sistema SAMAI.
34
Índice 019. Sistema SAMAI.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
69. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 del 2011,
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 del 2021 35, en concordancia con lo
dispuesto en el literal a) del numeral 7º del artículo 15236 ejusdem y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección
es competente para resolver sobre la apelación contra la sentencia de primera instancia
que declaró la nulidad del acto demandado.
2.2. Cuestión previa: excepción de falta de legitimación en la causa del Consejo
Nacional Electoral
70. Como fue expuesto en los antecedentes de esa providencia, el Tribunal
Administrativo del Huila durante el trámite el presente medio de control omitió
pronunciarse sobre dicho medio de defensa propuesto por la señalada entidad. Así las
cosas, se estima pertinente resolver sobre el particular, así:
71. En relación con los argumentos del Consejo Nacional Electoral, es de señalar que
esta Sala de Sección, en sentencia del 20 de junio del 2024, adoptó un criterio 37 del
cual, debe advertirse que esta excepción debe ser declarada no probada, ya que
corresponde a las comisiones escrutadoras, en calidad de delegadas de dicha
autoridad, hacer el conteo oficial de los votos en las elecciones populares, por tanto,
resulta necesaria la vinculación de la organización electoral en las demandas contra
elecciones por voto popular, para que, si es del caso, defienda la legalidad de quienes
actuaron en el correspondiente escrutinio.
72. Así las cosas, en la parte resolutiva de la presente providencia, se decidirá en el
sentido expuesto y, en consecuencia, se mantendrá la vinculación de la referida
autoridad.
2.3. Problema jurídico
73. Corresponde determinar si, conforme con los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, se confirma, modifica o revoca la decisión adoptada por la Sala Sexta del
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se anuló la elección del señor
Johan Steed Ortiz Fernández como concejal del municipio de Neiva (Huila) para el
período constitucional 2024-2027.
74. Para resolver sobre lo anterior, y con fundamento en las precisas razones
expuestas por la parte recurrente, se expondrá un marco teórico sobre el entendimiento
de la modalidad de doble militancia que aquí se analiza, para con ello, estudiar el caso
concreto.
35
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el
artículo 245 de este código.
36
ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo modificado
por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. > Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la
curul, según el caso, de … los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los
consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la
de jueces de paz y jueces de reconsideración.
37
Radicación 88001-23-33-000-2023-00062-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Tesis reiterada en el fallo del 1º de agosto del 2024,
radicación 27001-23-33-000-2023-00118-02. M.P. Gloria María Gómez Montoya.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
2.4. Doble militancia política: modalidad consagrada en el inciso 12 del artículo
107 Constitucional, en concordancia con el artículo 2º inciso 2º de la Ley 1475 del
2011.
75. La reforma política del 2003 (Acto Legislativo 1), en su finalidad de promover una
mayor estructura en el sistema de partidos, así como fortalecer la disciplina al interior
de estas organizaciones, reguló la prohibición de doble militancia, modificando el
artículo 107 Constitucional, para señalar de manera categórica que «[e]n ningún caso se
permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento
político con personería jurídica». (Negrilla de la Sala).
76. De esta manera, se fijó en el texto fundamental una prohibición cuyos destinatarios
son todos los ciudadanos, que si bien son titulares del derecho político a constituir
partidos y movimientos políticos sin limitación alguna (art. 40-3 de la C.P.), así como la
libertad de afiliarse o retirarse de ellos (art. 107), ello no es absoluta, y, por lo tanto, no
existe contradicción al respecto38.
77. Esta norma fue objeto de modificación con el Acto Legislativo 1 del 2009, en donde,
además de reiterar lo antes descrito, incorporó una nueva regla constitucional: quien
siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente
elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12)
meses antes del primer día de inscripciones.
78. Esta Sección, ha señalado que la finalidad de esta modalidad de doble militancia
busca acentuar aún más el deber de fidelidad partidista, esta vez, ante un sujeto
calificado específico -el miembro de una corporación pública-, pues con aquella se llegó
al extremo de exigir la pertenencia del elegido al partido que lo inscribió, por lo menos
hasta el final del período, es decir, condicionó su permanencia en la curul a la
pertenencia de la colectividad39.
79. La Corte Constitucional, en sentencia C-303 del 2010, resaltó la importante finalidad
de la reforma al texto fundamental a que se ha hecho referencia, para concluir que:
«la modificación introducida por la reforma política de 2009 fortalece el sistema de partidos
y, por ende, la representación democrática en al menos cuatro planos diferenciados: (i)
el mantenimiento de la prohibición de la doble militancia, instaurada en la reforma política de
2009; (ii) el establecimiento de un régimen sancionatorio estricto, pues va hasta la pérdida de
la personería jurídica, para los partidos y movimientos políticos que avalen candidatos,
elegidos o no elegidos, que resulten condenados por delitos relacionados con el vínculo a
grupos armados ilegales o al narcotráfico; (iii) la promoción de los mecanismos democráticos
internos de partidos y movimientos políticos, dirigidos a la adopción de decisiones y la
definición de candidatos a cargos de elección popular; y (iv) la constitucionalización de
una regla estricta para el cambio de partido con miras a la siguiente elección, que
obliga a que los miembros de las corporaciones públicas que opten por esa
posibilidad, a renunciar a la curul que ostentan al menos un año antes del primer día
de inscripciones de las candidaturas para el periodo siguiente» (Se resalta)
38
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 4 de mayo del 2023. Radicación 11001-03-28-000-2022-00193-00. M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
39
Ídem. En esa oportunidad, la Sala refirió al contenido de la Gaceta de Congreso 427 del 2009, en donde se indicó: 1.
Responsabilidad de los partidos. Prohibición y sanción de la doble militancia. […] Si bien la Constitución vigente señala la
prohibición a los ciudadanos para pertenecer de manera simultánea a más de un partido o movimiento político, se define la doble
militancia y se propone que quien haya sido elegido por un partido o movimiento pertenezca a este hasta el final de su periodo y en
caso de que quiera renunciar al mismo, deberá igualmente renunciar a su curul. Tampoco podrán apoyar candidatos de otros
partidos si no han sido avalados por su partido de origen. Quien viole estos preceptos podrá ser sancionado con la pérdida de la
curul o el cargo. Lo anterior con el propósito de establecer nuevos mecanismos para fortalecer partidos y movimientos y ponerle
cortapisa a una de las prácticas que más afecta la legitimidad de los partidos políticos y se constituye en una grave burla a la
representación ciudadana. (…) Para quienes decidan aspirar por un partido diferente se establece la posibilidad de renunciar al
mismo hasta doce meses antes del primer día fijado para la inscripción para las siguientes elecciones, renunciando también a la
respectiva curul. Para quienes hubieren renunciado dentro de los doce meses anteriores a las elecciones de 2010, se prevé la
posibilidad de cambio de partido. […].
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
80. La prohibición que analiza la sala, también fue objeto de regulación estatutario, en
tanto el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011 complementó la normativa constitucional al
disponer que «[l]os candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un
partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento
político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de
inscripciones».
81. Tanto a nivel constitucional como legal, se fijó un mandato para los miembros de
corporaciones públicas que decidan cambiar de colectividad política, del cual se pueden
derivar los siguientes elementos:
a) Un sujeto: una persona electa con el aval de un partido o movimiento político.
b) Un elemento modal o de conducta, referido a la decisión de presentarse a la
siguiente elección por una organización distinta.
c) Un criterio temporal, referido a que, para lo anterior, deberá renunciar a la curul
o cargo, al menos con doce meses de anticipación al primer de inscripciones.
82. Es de resaltar que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que las
disposiciones jurídicas antes transcritas, garantizan el ejercicio de los derechos políticos
de quienes ocupan cargos en corporaciones pública y deciden aspirar por un partido o
movimiento político diferente de aquel que lo avaló, siempre y cuando se cumplan los
parámetros antes señalados. Así se indicó al referir que:
«(…) como el ejercicio de los cargos en las corporaciones públicas de elección popular no
anula la libertad que toda persona tiene para dejar definitivamente un escaño, ni la libertad
que ostenta para entrar a militar en otro partido o movimiento político cuando así lo decida,
el constituyente con el ánimo de conciliar este derecho con el derecho conquistado por
esos colectivos políticos en las corporaciones públicas, determinó que los integrantes de
tales corporaciones públicas pudieran postularse en las siguientes elecciones por otro
partido político, siempre y cuando renunciaran expresamente a la curul con no menos de 12
meses de antelación al primer día de las inscripciones.
Es decir, que por mandato de rango constitucional no se configura el transfuguismo o
la doble militancia política en los miembros de las corporaciones públicas si para
aspirar en las próximas elecciones por otro partido político, previamente renuncian a
la curul, cuando menos con 12 meses de antelación, pues con ello materializan tanto el
derecho personal del dimitente, al abrírsele la posibilidad de renunciar al escaño y poder
militar en otro colectivo político, como el derecho del partido político de origen, quien por lo
mismo conserva su derecho a copar esa curul con el candidato no elegido por la misma
lista que siga en orden de inscripción o de votación, según el caso»40
83. Sumado a lo anterior, es la postura de esta Corporación que las curules no
pertenecen a los elegidos (política personalista) sino a las colectividades que los
avalaron (fortalecimiento democrático de las colectividades), en este sentido en fallo de
17 de julio de 201441, se concluyó:
«son las organizaciones políticas (partidos y movimientos políticos, grupos significativos de
ciudadanos y movimientos sociales) quienes presentan listas de candidatos; por ello, deben
responder por los avales que otorgan; sus candidatos, una vez elegidos para una
corporación pública -por regla general-, actúan conjuntamente en bancada en razón de su
pertenencia a la organización política. Por lo anterior, y como lo ha concluido esta Sección,
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 6 de abril del 2011. Rad. 11001-03-28-
000-2010-00069-00. MP. María Nohemí Hernández Pinzón.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 17 de julio de 2014, M.P: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001032800020130004000 acumulado. Criterio reiterado en Consejo de Estado.
Sección Quinta. Sentencia del 4 de mayo del 2023. Radicación 11001-03-28-000-2022-00193-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
“las curules obtenidas por los partidos y movimientos políticos pertenecen a éstos y
no a los candidatos”42.
La conclusión anterior se explica, en gran medida, por el nuevo diseño constitucional que
los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009 imprimieron a la actividad política, que
sustituyó la práctica inveterada que consideraba que el poder político era conquistado por
personas naturales, por la actualmente vigente según la cual son organizaciones
como los partidos y movimientos políticos, y los grupos significativos de
ciudadanos, quienes en su condición de personas jurídicas de derecho privado –para
las dos primeras por supuesto- se alzan con el poder político.
(…) Así, no existe la menor duda que las curules en las corporaciones públicas de
elección popular son conquistadas por las organizaciones políticas y que si bien las
personas naturales que las ocupan cumplen un papel preponderante en esos logros
electorales, ello no basta para señalar que son éstos y no aquéllas quienes tienen un
derecho intangible frente a esos escaños. Los poderes de veto y expulsión que ostentan
los partidos y movimientos políticos refrendan la tesis de que el derecho subjetivo que
adquieren los candidatos electos se subordina al derecho político fundamental que esas
organizaciones tienen en tanto sirven como canales de comunicación entre la sociedad y
sus militantes que integran los cuadros del poder político, para la materialización de sus
ideales y desde luego para la búsqueda del bienestar general.
Ahora, si las curules son de las organizaciones políticas y los integrantes de una
corporación pública están obligados a actuar en bancada junto con los demás miembros
elegidos por el partido o movimiento político, no resulta coherente constitucionalmente que
se llame a ocupar una curul, en representación de un partido político, a un candidato que ya
no pertenece a dicha organización política”.
84. Por lo dicho hasta el momento, la normativa electoral exige que, el elegido en una
corporación pública, que decida que su postulación en la siguiente elección se realizará
con el aval de un partido o movimiento político diferente, deberá renunciar con la
anticipación que consagra la norma, esto es, doce meses antes del inicio del período de
inscripciones, so pena de incurrir en la prohibición allí dispuesta, con las consecuencias
legales que ello conlleva.
85. Ahora bien, como en el presente caso se trata de demostrar por parte del
recurrente que estaba en circunstancias que lo exceptuaban del deber antes
mencionado, al estudiar el caso concreto la sala determinará la viabilidad o no de dicho
argumento.
2.5. Caso concreto
2.5.1. Cuestiones relacionadas con la autenticidad de la prueba documental
aportada al proceso
86. En primer lugar, esta judicatura considera necesario resolver aquellos
cuestionamientos a la decisión de primera instancia, por medio de las cuales el tribunal
consideró que no era procedente la valoración de unas capturas de pantalla de
conversaciones de WhatsApp, así como un video que contiene una declaración del
presidente del Partido Conservador Colombiano.
87. Sobre el primer aspecto, se resalta que con la demanda se aportó lo siguiente:
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2011, Rad. 11001-03-28-
000-2010-00105-00.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
Captura de
pantalla 1
Captura de
pantalla 2
Captura de
pantalla 3
88. En la sentencia recurrida, si bien el Tribunal Administrativo del Huila hizo una
referencia a los requisitos para la procedencia de valorar conversaciones sostenidas en
servicios de mensajería como WhatsApp, lo cierto es que la razón para no valorarlas en
la decisión se centró en lo siguiente:
«…, frente a los mensajes vía WhatsApp aportados con la contestación de la demanda, se
advierte que de los mismos no se desprende información de su origen, y si bien, en los
mensajes del destinatario de la conversación figura los nombres de los señores – Senador
Efraín Cepeda, Orfa Patricia Monrroy, y Esperanza Andrade, no se observa confirmación
que los números pertenezca a los mencionados dirigentes, no se observa indicio
alguno frente al origen de las conversaciones, la integridad y autenticidad de las
mismas, razón suficiente para no adelantar el estudio de los mismos y descartar su
valoración» (Se resalta).
89. Sobre el particular, es necesario precisar, que contrario a lo sostenido por el
tribunal de instancia, las pruebas antes referidas no responden a la naturaleza de
mensaje de datos, en tanto aquellas no fueron aportadas al proceso en su condición
original, razón por la cual, no le son exigibles los parámetros que fija la Ley 527 de 1999
para la valoración de este tipo de prueba documental.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
90. Bajo estas condiciones, al ser capturas de pantalla, se tiene entonces que se
aplica respecto de aquellas, el régimen general de valoración de la prueba documental,
tal y como se desprende del inciso 2º del artículo 247 de la Ley 1564 del 2012.
91. En atención a ello, resulta predicable la presunción de autenticidad que sobre este
tipo de elementos de convicción consagra el artículo 244 de la misma norma, la cual,
sólo se desvirtúa, en los eventos en que prospere una tacha de falsedad o el
desconocimiento propuesto por la parte habilitada para aquello.
92. Así las cosas, de la revisión del expediente se concluye que en la oportunidad
procesal correspondiente no fue propuesto alguno de los mecanismos antes descritos,
razón por la cual, se mantiene el carácter auténtico del documento representado en las
capturas de pantalla aportadas por el demandado en la contestación al escrito inicial.
93. Con todo, si el argumento central del fallo recurrido es que no se conoce el origen
de la conversación que aquellas reflejan, lo cierto es que, al momento de referir a las
pruebas en su intervención, el apoderado del señor Ortiz Fernández expresó que se
trataba de un «[m]ensaje de WhatsApp de JOHAN STEED al Director del Partido
Conservador», por lo que se aceptó desde dicha oportunidad quién enviaba los
mensajes, situación que no fue controvertida o discutida al interior del proceso.
94. De otra parte, en relación con el registro fílmico que contiene las declaraciones del
señor Efraín Cepeda, en las que manifiesta el apoyo del Partido Conservador
Colombiano a candidatos del Centro Democrático al Concejo de Neiva, la decisión
apelada señala:
«Frente al video aportado, la Sala advierte que no se allegó información frente a la
autenticidad del mismo, y sobre la persona de quien lo realizó, la fecha y lugar en
que se realizó, por lo tanto, al no cumplirse con los requisitos del artículo 244 del
C.G.P. la Sala no puede otorgarle valor probatorio» (énfasis propio del texto original).
95. Sobre el particular, se tiene que la autenticidad del referido elemento de
convicción no se establece al determinar la persona que grabó el evento, o la fecha,
hora o lugar en que se realizó, dado que estos aspectos responden a la apreciación de
la prueba en su contenido. Un cuestionamiento para desvirtuar la autenticidad, el cual,
valga decirlo no fue propuesto en el proceso, hubiera sido demostrar una alteración,
modificación o creación artificial de la imagen y la voz allí contenida, situación por la
cual, esta judicatura no observa obstáculo alguno para valorar, en conjunto con los
demás elementos de convicción, dicha prueba.
2.5.2. Reproches frente a la configuración de los elementos de la doble militancia
96. Se recuerda que el recurrente refiere en sus motivos de inconformidad, varias
circunstancias para cuestionar la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo
del Huila, que, en síntesis, pueden resumirse de la siguiente manera:
a) La decisión de postularse por un partido diferente de aquel que avaló su
aspiración y posterior elección para el período constitucional 2019-2023,
obedeció a una situación de fuerza mayor, en consideración a que el Partido
Conservador Colombiano no postuló lista de aspirantes al Concejo Municipal de
Neiva para las elecciones del 29 de octubre del 2023, situación que implicó
adoptar medidas para proteger su derecho a ser elegido.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
b) En línea con lo anterior, consideró que el análisis en el caso concreto, contrario a
lo efectuado por el a quo43, debe superar la mera tipicidad o adecuación
normativa de los hechos en los elementos de la doble militancia, para proceder a
estudiar el comportamiento del aquí demandado, concluyendo de esto último que
el señor Ortiz Fernández no incurrió en actos de indisciplina partidista.
c) A su vez, refirió que la decisión de anular la elección del concejal accionado
requiere de un estudio a través el test de proporcionalidad, del cual se puede
señalar que resultaría en una situación gravosa frente al derecho a elegir.
d) Indicó que, con todo, la consecuencia de nulidad que consagra el numeral 8º del
artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, fue derogada tácitamente con la expedición
de la Ley 1475 del 2011, norma que sólo otorgó efectos disciplinarios al interior
de las colectividades políticas y no frente a los actos de elección.
e) Finalmente, insistió en la necesidad de considerar aplicable, por analogía, la
excepción que dispone el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, en
tanto considera viable que si la prohibición de doble militancia no se predica
cuando el partido o movimiento político pierde personería jurídica o se disuelve,
ello también debe ocurrir cuando aquellos deciden no postular aspirantes.
97. Para efectos metodológicos, la sala abordará, en primer lugar, aquellos aspectos en
que se cuestiona la vigencia de la causal de nulidad del numeral 8º del artículo 275 de
la Ley 1437 del 2011, para con posterioridad, estudiar si existen elementos para
encuadrar la situación del demandado en una excepción.
98. Lo primero que se advierte es que no existe una incompatibilidad que conlleve a la
derogatoria tácita de la causal de nulidad electoral dispuesta por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al determinar que los
actos de elección son anulables, cuando «tratándose de la elección por voto popular, el
candidato incurra en la prohibición de doble militancia».
99. Ha sido la postura de esta Sección, sostener que con la entrada en vigor de la Ley
1437 del 2011, el legislador le dio un efecto a la prohibición de doble militancia en
relación con los actos de elección, pues de manera expresa y clara dispuso que
aquellos serían anulables si se verifica la concreción de los elementos de la norma que
la consagra44.
100. Es cierto que, posteriormente la Ley Estatutaria 1475 del 2011 reguló y detalló
las modalidades en que se incurre en la conducta antes mencionada, y en el inciso 4º
del artículo 2º, dispuso lo siguiente:
«El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la
revocatoria de la inscripción».
101. En ese orden de ideas, contrario a lo que propone el recurrente en esta
oportunidad, la doble militancia tiene diversos efectos asignados directamente por el
Congreso de la República, en su ámbito de libertad de configuración legislativa, y que
cubren ámbitos y finalidades distintos, razón por la cual no resultan contradictorios o
conllevan a pensar en que algunos no están vigentes. Lo anterior así:
43
Juez de primera instancia.
44
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 28 de septiembre del 2015. Radicación 1001-03-28-000-2014-00057-00. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
a) Por un lado, la norma que regula el funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos estableció un efecto disciplinario y ético al interior de estas
organizaciones, pues determina que, conforme a los estatutos de aquellas, se
podrá sancionar la incursión de sus militantes en conductas de trasfuguismo.
b) De otra parte, la misma disposición jurídica, fijó una causal de revocatoria de la
inscripción, trámite administrativo que en los términos del numeral 12 del
artículo 265, es competencia del Consejo Nacional Electoral y ocurre en una
etapa previa al desarrollo del certamen electoral.
c) Finalmente, una vez son declaradas las elecciones como resultado de los
escrutinios correspondiente, la doble militancia es causal de nulidad del acto
electoral por voto popular, situación que se determina mediante el juicio de
legalidad asignado al juez contencioso administrativo respecto de aquellos y bajo
las reglas del medio de control establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 del
2011.
102. Bajo el anterior presupuesto, y considerando que la derogatoria tácita de una
norma supone un cambio de legislación que conlleva a una incompatibilidad de lo
regulado en la nueva ley frente a la expedida previamente45, se tiene que una lectura
desde las finalidades y ámbitos antes descritos, permite armonizar los distintos efectos
que se han asignado a la prohibición de doble militancia, sin que se observe una
contradicción de tal entidad para concluir que, actualmente, sólo se pueden predicar
efectos disciplinarios o de revocatoria de la inscripción y no anulatorios frente a los
actos de las autoridades electorales.
103. Así las cosas, se tiene que los eventos en que es procedente dar aplicación a la
conducta prohibida aquí analizada, tiene:
• Autoridades diferentes: como lo serían, los organismos internos de los partidos
y movimientos políticos, el Consejo Nacional Electoral y el juez de lo contencioso
administrativo.
• Momentos disímiles: en tanto el control que realiza el operador judicial se activa
con las demandas presentadas en contra de los actos de elección expedidos por
las autoridades correspondientes, mientras que los demás eventos, responden a
situaciones previas a dicho momento, en el caso de la revocatoria de la
inscripción ante el CNE, o incluso, antes o después de un certamen democrático,
cuando la conducta se investiga por las organizaciones políticas.
• Finalidades distintas: por un lado, a los partidos y movimientos políticos se les
asignó una facultad para disciplinar a sus propios militantes, en los términos que
internamente se encuentren estatuidos. De otra parte, la función al Consejo
Nacional Electoral responde a las de inspección y vigilancia sobre la actividad de
los colectivos, y con ello, revisar el acto de inscripción de candidatos.
Finalmente, ante el juez de lo contencioso electoral, se lleva a cabo un control de
legalidad respecto del acto que declara la elección, el cual busca el
restablecimiento del orden jurídico vigente quebrantado por el acto que se acuse
en sede jurisdiccional.
45
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de noviembre del 2008. Radicación 11001-03-06-000-
2008-00080-00(1928). M.P. Gustavo Aponte Santos.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
104. De lo expuesto, es viable concluir que está plenamente vigente y resulta
aplicable la causal de nulidad de los actos de elección por voto popular consistente en
la incursión en doble militancia.
105. Resuelto el anterior motivo de inconformidad, se estudiarán los argumentos de
impugnación del demandado, según el cual, su situación constituía una excepción a la
exigencia de renunciar a la curul que ostentaba en representación del Partido
Conservador Colombiano, doce meses antes del inicio del período de inscripciones
para las elecciones del período constitucional 2024-2027.
106. Lo primero a resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo como
nota distintiva del medio de control del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, respecto de
otros mecanismos que también se ocupan de asuntos de naturaleza electoral, como la
pérdida de investidura y la pérdida del cargo, razonó que:
«…el juez está llamado a hacer un juicio sobre la legalidad del acto de elección, es
decir, su correspondencia o no con el orden jurídico, sin efectuar calificación alguna
sobre las razones o el contexto en que se configuró la causal de nulidad invocada.
Es por ello que se habla de un control objetivo de legalidad, en tanto se analiza el
acto de elección o designación frente al ordenamiento jurídico. El juzgador no puede
hacer examen diverso a la confrontación acto-norma46. Es decir, la pretensión de
nulidad electoral es la de dejar sin efectos el acto de elección o designación por ser
contrario al ordenamiento. El juez solo debe confrontar la disposición que se dice
vulnerada con el acto de elección o designación, para determinar si el mismo se aviene
o no a los supuestos exigidos por la disposición que se dice desconocida, juicio
meramente objetivo que protege la voluntad popular del electorado»47. (Negrilla fuera del
texto original).
107. Las anteriores consideraciones, fueron expuestas igualmente por la Corte
Constitucional en sentencia de unificación, tribunal que al referir sobre las
características del medio de control de nulidad electoral señaló:
«El contencioso electoral es un proceso especial en el que, por su naturaleza, el juez de
la causa está llamado a realizar un juicio sobre la legalidad del acto de elección del
congresista, es decir, sobre su correspondencia o no con el orden constitucional y legal,
sin que pueda efectuar calificación alguna sobre las razones o el contexto en el que se
configuró la causal de nulidad invocada. Por consiguiente, se trata de un juicio
objetivo de legalidad, por cuanto lo que se analiza es la conformidad del acto de
elección frente al ordenamiento jurídico, y no la conducta del elegido»48 (énfasis
fuera del texto original).
108. A diferencia de lo que sucede en otros medios de control como la pérdida de
investidura de congresistas, que constituye un reproche de naturaleza ética
sancionatorio frente a la conducta de dichos funcionarios, el objeto del proceso y los
razonamientos del juez contencioso electoral no van mas allá de la verificación de los
presupuestos normativos en que debió fundamentarse la elección demandada, aspecto
que de resultar negativo, permite la expulsión del ordenamiento jurídico del acto
acusado, con el consecuente restablecimiento de la legalidad infringida y sus efectos en
la protección del electorado y su voluntad depositada en el sufragio.
109. La conclusión a la que arriba esta judicatura, es que, en el marco del control de
legalidad de los actos electorales, lo relevante, es determinar la forma en que se
acataron las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la
46
CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 3 de agosto de 2015. Expediente 2014-00051-00. Demandante: Iván
Medina Ninco. Demandada: Ana María Rincón Herrera. Consejera Ponente. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
47
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Rad. (SU) 11001-03-15-000- 2014-03886-00. Criterio reiterado en: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 1 de diciembre de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 50001-23-33-000-2015-00006-01.
48
Corte Constitucional. Sentencia SU-326 del 2022. M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
formación y adopción de aquellos, sin que resulten relevantes aspectos que refieran a
la conducta, actuar o cualquier otra circunstancia subjetiva.
110. Contrario a lo expuesto por el apelante, al juez de lo contencioso electoral le
corresponde únicamente realizar un ejercicio de adecuación entre el acto demandado y
las diferentes normas del ordenamiento electoral que consagren procedimientos,
limitaciones, restricciones, mandatos o prohibiciones para el ejercicio del derecho a ser
elegido, con el fin de determinar la legalidad o no del acto demandado, de forma
objetiva.
111. En consecuencia, aquellas razones que se esbozan por el recurrente como
motivos de inconformidad, relacionados con la existencia de una situación excepcional
de fuerza mayor respecto del señor Johan Steed Ortiz Fernández, que conlleve a
considerar la inaplicación de la exigencia normativa de los artículos 107 Constitucional y
2º de la Ley 1475 del 2011 frente a los miembros de corporaciones públicas, no son de
recibo para esta judicatura.
112. La anterior conclusión no resuelta diferente en el caso de la doble militancia
política, como parece entenderlo el impugnante en sus consideraciones, quien estima
que en el presente caso se debe superar dicho análisis de adecuación normativa, para
valorar la conducta del aquí demandado y su situación frente al Partido Conservador
Colombiano.
113. Contrario a las consideraciones que se presentan en la apelación que ahora se
resuelve, con las cuales se pretende circunscribir el estudio objetivo de legalidad única
o preferiblemente en el caso de las inhabilidades, lo cierto es que aquel también se
predica de eventos como la regulación de doble militancia que se endilga como
desconocida al aquí demandado.
114. Lo anterior, en tanto fue el legislador quien fijó los parámetros y exigencias a los
miembros de los partidos y movimientos políticos en términos de su militancia y lealtad
frente a las organizaciones a la que pertenecen y que, eventualmente, les otorga su
aval para la participación en un certamen democrático correspondiente y, por lo tanto, el
quebrantamiento de las condiciones impuestas por la ley, conlleva a las consecuencias
que la misma normativa determina, sin que sea procedente un razonamiento adicional a
la existencia de los presupuestos del texto normativo.
115. De otra parte, la conclusión a la que se arriba en los párrafos precedentes, no
resulta contraria a las garantías de participación política en favor del aquí demandado.
Aquellas no son absolutas y, por lo tanto, se admiten restricciones razonables y
proporcionales, fijadas por el legislador en el ámbito de su poder de configuración, tal y
como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional49, e incluso, instancias
internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos50.
116. En esa línea, es claro que quien asume una posición en el ejercicio democrático,
especialmente, la de elegido en representación de una determinada organización
política para un cargo al que se ingresa por voto popular, se somete a las reglas que
rigen dicha decisión y, por lo tanto, es de su conocimiento que su libertad y el ejercicio
de los derechos consagrados en el artículo 40 Constitucional, están limitadas por la
exigencias que sobre el particular imponen el mismo texto superior y la ley estatutarias
ya mencionada.
49
Sobre la doble militancia, ver sentencia C-490 del 2011, así como el fallo de unificación 213 del 2022, ambos de la Corte
Constitucional.
50
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Petro Urrego vs. Colombia. Sentencia de 8 de julio de 2020 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
117. Así las cosas, se reitera en esta oportunidad, que la posibilidad y el derecho a ser
elegido por un partido o movimiento político diferente en la siguiente elección, no se ve
menoscabado por la aplicación de la prohibición en comento, pues la norma parte de
reconocer esta facultad volitiva de quien ocupa, como en este caso, un cargo en una
corporación pública.
118. Lo que sucede es que el legislador decidió establecer unas exigencias calificadas
respecto de aquellos que así lo decidan, la cual tiene un impacto importante en la
disciplina partidista y la protección del voto depositado por el electorado en favor de una
determinada opción política, en tanto (i) los candidatos que resulten electos, siempre
que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que
los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo y (ii) si deciden aspirar por
una colectividad diferente en la siguiente elección, deberá renunciar a la curul
que se obtiene, doce (12) meses antes del primer día del período de inscripciones.
119. Sobre el particular, se debe indicar que la Corte Constitucional ha referido que:
“[…] que la prohibición de la doble militancia presenta unas características propias cuando
los destinatarios de la misma son los miembros de las Corporaciones Públicas o quienes son
titulares de un cargo de elección popular, por cuanto, si bien se trata igualmente de
ciudadanos que pertenecen a un determinado partido o movimiento político, están llamados
a representar y a defender, organizados como bancada, una determinada ideología y un
programa político en el seno de un órgano colegiado o desde el Gobierno nacional,
departamental o municipal, según sea el caso. De allí que la interdicción constitucional
de la doble militancia en estos casos, no solamente sea más severa, sino que
trascienda el simple ámbito de regulación interna de los partidos políticos, para
desplegar todo su sentido y efectos en el adecuado y racional funcionamiento de los
órganos de representación popular»51 (énfasis propio).
120. Es de resaltar que lo anterior, fue objeto de control previo de constitucionalidad,
frente a lo cual, en sentencia C-490 del 2011, se indicó:
«La doble militancia, en ese orden de ideas, es una limitación, de raigambre constitucional, al
derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y
agrupaciones políticas (Art. 40-3 C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe
armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio democrático
representativo, que exige que la confianza depositada por el elector en determinado
plan de acción política, no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de
abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o
cargo de elección popular. Estos objetivos fueron explicitados por la Corte, al señalar
que “…un examen de los antecedentes del Acto Legislativo 01 de 2003, del texto que
finalmente fue aprobado, y del funcionamiento de las bancadas, conduce a afirmar, como se
ha hecho, que se encuentra proscrita la doble militancia política, comportamiento que
conduce a falsear la confianza del elector, a imposibilitar la realización del programa político
que se comprometió a cumplir, a entorpecer el funcionamiento de las Corporaciones
Públicas, y en definitiva, a atomizar la actividad política entre un universo de partidos
políticos que no resultan ser representativos, resultados todos ellos contrarios a los
propósitos que inspiraron la Reforma Política. En consecuencia, el ejercicio de los
mencionados derechos políticos no puede conducir a desvertebrar en la práctica el régimen
de bancadas. En otras palabras, se presenta tan sólo una aparente contradicción entre
el ejercicio de los derechos políticos y la prohibición de la doble militancia,
interdicción constitucional esta última que de manera alguna impide la evolución del
sistema político colombiano dentro de unos parámetros claros para el ejercicio de la
actividad política”52» (énfasis fuera del texto original)
121. De otra parte, la aplicación de la consecuencia específica de la doble militancia en
este caso concreto, como es la anulación del acto de elección demandado, supera el
test de proporcionalidad que propone el apelante. En este sentido, se tiene que se trata
51
Corte Constitucional, sentencia C 303 del 28 de abril de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
52
Corte Constitucional, Sentencia C-303del 2010.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
de una medida idónea y necesaria frente al fin último que se busca proteger con la
regulación legal sobre la prohibición señalada, el cual, se soporta en las bases de la
democracia y la garantía de un sistema de partidos fortalecidos sin pretensiones
personalistas.
122. A su vez, no puede concluirse que se trate de una consecuencia que conlleve a un
sacrificio desproporcionado de derechos fundamentales de naturaleza política, dado
que, contrario a ello, la decisión de postularse a un cargo de elección popular implicaba
el cumplimiento de exigencias y cargas que no pueden considerarse como
desconocidas por el accionado, dado que se trata de aspectos fijados en la Constitución
y en la ley.
123. Así las cosas, en el caso concreto, se tiene que se encuentran acreditados,
objetivamente, los presupuestos de la norma que consagra la modalidad de doble
militancia que se reprocha respecto del señor Johan Steed Ortiz Fernández, a saber:
a) Por un lado, se tiene demostrado que el demandado fue candidato 53 por el
Partido Conservador Colombiano54 en coalición con MIRA55, al Concejo
Municipal de Neiva para el período 2020-2023, resultando electo para dicha
corporación pública, de acuerdo con el formulario E26CON que declaró la
elección en dicha corporación pública56.
b) El señor Ortiz Fernández presentó la renuncia a su curul el día 31 de julio del
202357, la cual fue aceptada a Resolución 87 de la misma fecha, suscrita por el
presidente de dicha entidad58:
53
Folio 18 de los anexos de la demanda del expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01. Se allega formulario E6CO del 26 de julio
del 2019.
54
Folio 25 de los anexos de la demanda del expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01. Se allegó copia del aval emitido por el
presidente de esta colectividad.
55
Folio 26 de los anexos de la demanda del expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01, se allegó copia del referido acuerdo
coalición.
56
Aportada con la demanda 41001-23-33-000-2023-00399-01.
57
Folio 23 de la contestación a la demanda en el expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01.
58
Folio 26 de la contestación a la demanda en el expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
c) En la misma fecha, el accionado presentó renuncia a su militancia en el Partido
Conservador Colombiano, motivando su dimisión en el hecho de integrar una
nueva colectividad y no por la falta de inscripción de candidatos de aquella 59:
124. De conformidad con el calendario electoral establecido en la Resolución 28229 del
14 de octubre del 202260, el primer día del período de inscripción de candidatos fue el
29 de junio del 2023, razón por la cual la renuncia debió presentarse dentro de los doce
meses anteriores a ello, es decir, hasta el 29 de junio del 2022.
125. Así las cosas, ya que la autenticidad de los documentos antes mencionados no
fue controvertida, para esta judicatura no existe duda alguna en relación con la
configuración objetiva de los elementos de la prohibición de doble militancia que se
reprocha respecto del acto de elección del señor Johan Steed Ortiz Fernández.
126. El reparo del apelante, consistente en aplicar el parágrafo del artículo 2º de la Ley
1475 del 2011, que consagra una excepción a la regulación de doble militancia cuando
el partido o movimiento político sea disuelto o pierda su personería jurídica, resulta
inadmisible, pues no está demostrado que el Partido Conservador Colombiano, en el
cual militaba el señor Ortiz Fernández y, en virtud de lo cual ostentaba una de las
curules del Concejo Municipal de Neiva, estuviera incurso en alguna de las situaciones
descritas en la norma, como para permitir su aplicabilidad.
127. Lo sucedido, y que además se puede verificar del formulario E-26CON del 6 de
noviembre del 202361, es que la colectividad mencionada decidió no postular candidatos
propios a la contienda electoral de dicha anualidad, lo cual responde al ejercicio de su
autonomía, lo cual corrobora que esa circunstancia no encaja ni se asimila a la
condición que consagra el parágrafo en comento.
128. Contrario a lo anterior, se puede predicar que el Partido Conservador Colombiano
continuó con su actividad proselitista en el marco de las elecciones territoriales para el
Concejo Municipal de Neiva, ya que con la misma prueba que aportó el demandante, se
puede concluir que dicha colectividad decidió adherir a las candidaturas del Centro
Democrático a dicha corporación pública, lo que a su vez denota que, el aquí
demandado estaba vinculado a una colectividad política que tomó una decisión
59
Folio 30 de la contestación a la demanda en el expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01.
60
https://www.fcm.org.co/wp-content/uploads/2023/06/Resolucio%CC%81n-28229-Calendario-Electoral-Territoriales-2023.pdf
61
Folio 37 del escrito de demanda. Expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Mauricio Fernando Rojas Ramírez y otros
Demandado: Johan Steed Ortiz Fernández
Rad: 41001233300020230039501 (ppal)
particular respecto de una opción política, y por lo tanto, existía el deber de precisar la
disciplina partidista que se predica de aquello.
129. Conclusión: De lo expuesto, se tiene entonces que es procedente confirmar el
fallo de primera instancia, por lo que así será dispuesto en la parte resolutiva de esta
providencia.
130. Por lo expuesto, esta Sala, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR del fallo del 30 de julio del 2024, por medio del cual la Sala
Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila accedió a las pretensiones del
proceso de la referencia.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa propuesta por el Consejo Nacional Electoral.
TERCERO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
CUARTO: En firme, DEVOLVER al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara el voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx” .
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.