Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01347-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01347-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01347-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01347-00
Demandante: Johan Steed Ortiz Fernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01347-00
Demandante: JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la
solicitud de amparo carece de la carga argumentativa mínima y pretende provocar un
pronunciamiento sobre un asunto que ya fue resuelto por el juez natural.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Johan Steed Ortiz
Fernández contra el Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 7 de marzo de 20251, el señor Johan Steed Ortiz Fernández, por intermedio
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado -
Sección Quinta, por considerar vulnerado su derecho fundamental a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, con motivo de la sentencia
proferida el 6 de febrero de 2025, en el proceso de nulidad electoral con radicado
41001-23-33-000-2023-00395-01. Formuló las siguientes pretensiones (se
transcriben):
1. Tutelar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y el DERECHO A
SER ELEGIDO de JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ, que fue conculcado
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la expedición de
la sentencia del 6 de febrero de 2025, bajo el radicado no 41001-23-33-000-
2023- 00395-01 (Principal).
2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la sentencia referida.
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Se advierte que el 28 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Johan Steed Ortiz Fernández
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que expida una sentencia en reemplazo que reconozca la
prevalencia del derecho a ser elegido de JOHAN STEED ORTIZ
FERNÁNDEZ sobre la configuración de la doble militancia, denegando la
nulidad de su elección.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Johan Steed Ortiz Fernández fue elegido concejal del Municipio de
Neiva, para el período 2020-2023, «por la lista de coalición entre el Partido
Conservador Colombiano y el Partido MIRA».
4. El 13 de julio de 2023, el accionante le solicitó al presidente del Partido
Conservador que ordenara la conformación de la respectiva lista para las elecciones
del Concejo Municipal de Neiva; no obstante, dicha colectividad no presentó la lista
antes de que venciera el plazo para ello, el cual culminó el 29 de julio de 2023.
Durante la campaña electoral, el presidente del Partido Conservador recomendó
votar por el candidato del Centro Democrático.
5. El 31 de julio de 2023, el demandante renunció a su curul en el Concejo de
Neiva y a su militancia en el Partido Conservador. La autoridad municipal aceptó la
renuncia mediante Resolución 87 de 31 de julio de 2023.
6. El 4 de agosto de 2023, el partido Centro Democrático incluyó en su lista de
candidatos al Concejo de Neiva al señor Johan Steed Ortiz Fernández, quien fue
elegido para el período 2024-2027.
7. Un grupo de ciudadanos demandaron el acto de elección, por considerar que
el concejal electo incurrió en doble militancia. Al proceso le correspondió el radicado
41001-23-33-000-2023-00395-00.
8. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila accedió a las
pretensiones de la demanda. Contra esa decisión, el accionante interpuso recurso
de apelación, en el que manifestó que el cambio de partido se había dado por fuerza
mayor para poder ejercer su derecho a ser elegido, lo que ameritaba efectuar un test
de proporcionalidad para dirimir la controversia. Agregó que la doble militancia había
sido derogada tácitamente por la Ley 1475 de 2011, la que, por ser estatutaria,
especial y posterior, debía prevalecer sobre la Ley 1437 de 2011 -CPACA-; además,
al referirse a la sentencia SU-207 de 2022, consideró que, si es posible inscribirse
por otra colectividad cuando el partido se disuelve o desaparece, era lógico y
coherente que esto también pudiera hacerse cuando el partido decidiera no
presentar listas de candidatos.
9. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 6 de febrero de
2025, confirmó la decisión impugnada. Explicó que, según la normativa electoral y la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, el elegido en una
organización pública que decida postularse en la siguiente elección con otro partido
o movimiento político, deberá renunciar por lo menos doce meses antes del inicio del
período de inscripciones, so pena de incurrir en doble militancia. En esa medida,
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como se advirtió que el interesado renunció al Partido Conservador cuando ya
habían iniciado las inscripciones para las elecciones del año 2023, se coligió la doble
militancia y la necesidad de ratificar la nulidad del acto de elección.
10. El accionante considera que la decisión adoptada en segunda instancia
incurrió en violación directa de la Constitución y vulneró su derecho fundamental a
ser elegido, «con ocasión de no haber interpretado la configuración de la doble
militancia en el presente caso de conformidad con el mismo». Para explicar su tesis,
adujo lo siguiente (transcripción textual):
Cabe hacer una precisión preliminar: de ninguna manera se cuestiona la
prohibición de la doble militancia. Por demás, consagrada en el artículo 107
constitucional y regulada en la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Lo que se
cuestiona es su configuración en las circunstancias fácticas que dieron lugar al
presente caso.
(…)
Bajo este escenario normativo, tal y como lo interpretó la Sección Quinta del
Consejo de Estado, parece claro que JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ
incurrió́ en doble militancia puesto que renunció a su curul incluso con
posterioridad al inicio del periodo de inscripciones para las elecciones.
Sin embargo, esta interpretación desconoce el principio de proporcionalidad
que debe orientar los escenarios de confrontación entre disposiciones
constitucionales. En este caso, la confrontación entre el derecho a ser elegido
y la prohibición de doble militancia. De acuerdo con la Corte Constitucional, el
principio de proporcionalidad hace parte del parámetro de control de
constitucionalidad en la medida que funge como principio de interpretación
constitucional en casos en que preceptos constitucionales entran en
contradicción.
(…)
Para la evaluación de la proporcionalidad la Corte Constitucional ha acudido a
herramientas metodológicas tales como el test de proporcionalidad. (…).
En este caso, la supresión del derecho a ser elegido de mi apoderado es
desproporcionada en sentido estricto toda vez que los valores de orden
constitucional que busca proteger la prohibición de doble militancia no se ven
afectados en el presente caso, mientras que el derecho a ser elegido es
conculcado absolutamente; sin que, por tanto, subsistan fundamentos
constitucionales para admitir la restricción del derecho fundamental a ser
elegido.
(…)
De conformidad con los medios de prueba aportados al proceso se demostró
que mi poderdante solicitó al presidente del Partido Conservador, EFRAÍN
JOSÉ CEPEDA SARABIA, que interviniera para concretar la conformación de
la lista de candidatos al Concejo de Neiva. Que, pese a ello, el Partido
Conservador decidió no presentar una lista de candidatos. Y que, como
consecuencia de lo anterior, mi apoderado decidió renunciar a su curul en el
Concejo de Neiva y a su militancia en el Partido Conservador. Y,
posteriormente, adherir a la lista de candidatos del partido Centro Democrático
al Concejo de Neiva. Lista que, durante la campaña fue apoyada en
pronunciamiento público en la ciudad de Neiva por el presidente del Partido
Conservador, EFRAÍN CEPEDA, al invitar a la militancia conservadora a votar
por FELIPE TRUJILLO, candidato con el n.o 1 de la lista del partido CENTRO
DEMOCRÁTICO al Concejo de Neiva.
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En estas circunstancias no se observa que mi representado afectase el
principio democrático representativo y, en concreto, los cuatro propósitos
esenciales de la prohibición de doble militancia señalados por la Corte en la
Sentencia SU-213/22. En efecto, a grandes rasgos, no se observa que JOHAN
STEED defraudara la confianza depositada en él por el electorado del Partido
Conservador, puesto que no fue una decisión personalista la que lo llevó a
abandonar esa agrupación política, sino la decisión del propio partido de no
presentar lista de candidatos al Concejo de Neiva.
Como lo demuestra la solicitud al presidente del Partido Conservador, de fecha
13 de julio de 2023, JOHAN STEED quería que el Partido Conservador
conformara una lista y participar en ella. Sin embargo, el Partido Conservador
se abstuvo, viendo mi poderdante amenazado su derecho a ser elegido. En
aras de evitar la consumación de la violación a este derecho fundamental, mi
representado no tuvo otra opción sino adherir a otro vehículo político para
participar en las elecciones. Lo anterior, como consecuencia del artículo 28 de
la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que establece que la inscripción de candidatos
a cargos y corporaciones de elección popular debe realizarse a través de los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica o por medio de grupos
significativos de ciudadanos.
11. Con base en lo anterior, afirmó que: (i) no perjudicó el vínculo entre el Partido
Conservador y sus electores; (ii) su conducta no configuró transfuguismo político;
(iii) no favoreció la personalización de la política pues mediaron «circunstancias
excepcionalísimas», y (iv) no contrarió la disciplina partidista.
12. Finalmente, puso de presente que la Sección Quinta del Consejo de Estado
y la Corte Constitucional han aplicado excepciones a la prohibición de doble
militancia, por ejemplo, en casos de coaliciones políticas.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto de 13 de marzo de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los señores Ernestina
Perdomo Castro, Maryeli Gómez Rojas, Mauricio Fernando Rojas Ramírez y Yeison
Ángel Montealegre. También se tuvieron como prueba los documentos aportados
con la demanda.
14. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral
solicitaron su desvinculación del proceso, por cuanto, en su concepto, carecen de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no participaron en los
hechos expuestos en la demanda.
15. A través de proveído del 3 de abril de 2025, el Despacho de la magistrada
sustanciadora declaró fundado el impedimento manifestado por el consejero
Fernando Alexei Pardo Flórez2 y, como consecuencia, lo separó del conocimiento de
la acción de tutela de la referencia.
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Samai, índice 00021.
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II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
16. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
17. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales cuya protección reclama
el señor Johan Steed Ortiz Fernández.
E. Análisis de la Sala
18. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
19. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
20. Al revisar las premisas expuestas en la demanda, la Sala observa que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por cuanto pretende
convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario, a fin de que se estudie
nuevamente la tesis que propuso el accionante ante el juez de segunda instancia,
en el proceso ordinario, con la que busca la aplicación, en su caso, de una excepción
de inconstitucionalidad a la prohibición legal de la doble militancia.
3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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21. Ciertamente, en el recurso de apelación que interpuso el demandante contra
el fallo de primera instancia, entre otros, estimó que la conducta, en los casos de
doble militancia, debía analizarse «en sus visos de antijuridicidad y culpabilidad», y
no limitarse a un análisis de mera tipicidad. En ese escenario, consideró que su
decisión de adherirse a un nuevo partido político respondió una situación de fuerza
mayor, para poder ejercer su derecho fundamental a ser elegido.
22. Luego de hacer un amplio pronunciamiento en el que abordó temas como la
figura de la doble militancia, el derecho a elegir y ser elegido y sendos
pronunciamientos jurisprudenciales, tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado -argumentos que en su mayoría fueron replicados en la solicitud
de amparo-, afirmó que no infringió la prohibición de la doble militancia pues no se
generó una competencia entre partidos políticos y tampoco se presentó un
transfuguismo o deslealtad porque el Partido Conservador no presentó lista de
candidatos para el Concejo Municipal de Neiva y, en todo caso, esa colectividad
apoyó la candidatura propuesta por el Centro Democrático.
23. Manifestó que en los casos en que se presentan conflictos entre
disposiciones constitucionales, la Corte Constitucional ha optado por efectuar el test
de proporcionalidad. Así concluyó que, en su caso, la nulidad de la elección no
resultaba proporcional, porque él no tenía otra opción para ser elegido, sino optar
por otro partido político, interpretación que debía ser acogida, pues lo contrario
supondría «un rompimiento del orden constitucional toda vez que prevalecería una
interpretación violatoria y opresiva del derecho fundamental a ser elegido».
24. Agregó, en esa ocasión, que «existe una incompatibilidad entre la regulación
de la ley estatutaria y del CPACA frente a los efectos de la prohibición de doble
militancia pues mientras para la primera es un asunto del partido y del Consejo
Nacional Electoral (falta disciplinaria y causal de revocatoria directa) en el código es
causal de nulidad de la elección para ser decretada por un juez», por ende, debía
primera la ley especial, de mayor jerarquía y posterior.
25. Adujo también que, «si el legislador estableció que es posible inscribirse por
otra colectividad cuando el partido de origen se disuelve o desaparece, es
absolutamente coherente y lógico que suceda lo mismo cuando el partido decide no
presentar listas para la misma circunscripción».
26. La Sección Quinta del Consejo de Estado abordó el estudio de instancia, a
partir de los argumentos de disconformidad expuestos por el apelante. Luego del
respectivo análisis normativo y jurisprudencial, arribó a las conclusiones que a
continuación se transcriben:
110. Contrario a lo expuesto por el apelante, al juez de lo contencioso electoral
le corresponde únicamente realizar un ejercicio de adecuación entre el acto
demandado y las diferentes normas del ordenamiento electoral que consagren
procedimientos, limitaciones, restricciones, mandatos o prohibiciones para el
ejercicio del derecho a ser elegido, con el fin de determinar la legalidad o no del
acto demandado, de forma objetiva.
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111. En consecuencia, aquellas razones que se esbozan por el recurrente
como motivos de inconformidad, relacionados con la existencia de una
situación excepcional de fuerza mayor respecto del señor Johan Steed Ortiz
Fernández, que conlleve a considerar la inaplicación de la exigencia normativa
de los artículos 107 Constitucional y 2º de la Ley 1475 del 2011 frente a los
miembros de corporaciones públicas, no son de recibo para esta judicatura.
112. La anterior conclusión no resulta diferente en el caso de la doble militancia
política, como parece entenderlo el impugnante en sus consideraciones, quien
estima que en el presente caso se debe superar dicho análisis de adecuación
normativa, para valorar la conducta del aquí demandado y su situación frente
al Partido Conservador Colombiano.
113. Contrario a las consideraciones que se presentan en la apelación que
ahora se resuelve, con las cuales se pretende circunscribir el estudio objetivo
de legalidad única o preferiblemente en el caso de las inhabilidades, lo cierto
es que aquel también se predica de eventos como la regulación de doble
militancia que se endilga como desconocida al aquí demandado.
114. Lo anterior, en tanto fue el legislador quien fijó los parámetros y exigencias
a los miembros de los partidos y movimientos políticos en términos de su
militancia y lealtad frente a las organizaciones a la que pertenecen y que,
eventualmente, les otorga su aval para la participación en un certamen
democrático correspondiente y, por lo tanto, el quebrantamiento de las
condiciones impuestas por la ley, conlleva a las consecuencias que la misma
normativa determina, sin que sea procedente un razonamiento adicional a la
existencia de los presupuestos del texto normativo.
115. De otra parte, la conclusión a la que se arriba en los párrafos precedentes,
no resulta contraria a las garantías de participación política en favor del aquí
demandado. Aquellas no son absolutas y, por lo tanto, se admiten restricciones
razonables y proporcionales, fijadas por el legislador en el ámbito de su poder
de configuración, tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia
constitucional, e incluso, instancias internacionales como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
.
116. En esa línea, es claro que quien asume una posición en el ejercicio
democrático, especialmente, la de elegido en representación de una
determinada organización política para un cargo al que se ingresa por voto
popular, se somete a las reglas que rigen dicha decisión y, por lo tanto, es de
su conocimiento que su libertad y el ejercicio de los derechos consagrados en
el artículo 40 Constitucional, están limitadas por la exigencias que sobre el
particular imponen el mismo texto superior y la ley estatutarias ya mencionada.
117. Así las cosas, se reitera en esta oportunidad, que la posibilidad y el
derecho a ser elegido por un partido o movimiento político diferente en la
siguiente elección, no se ve menoscabado por la aplicación de la prohibición
en comento, pues la norma parte de reconocer esta facultad volitiva de quien
ocupa, como en este caso, un cargo en una corporación pública.
118. Lo que sucede es que el legislador decidió establecer unas exigencias
calificadas respecto de aquellos que así lo decidan, la cual tiene un impacto
importante en la disciplina partidista y la protección del voto depositado por el
electorado en favor de una determinada opción política, en tanto (i) los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o
movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras
ostenten la investidura o cargo y (ii) si deciden aspirar por una
colectividad diferente en la siguiente elección, deberá renunciar a la curul
que se obtiene, doce (12) meses antes del primer día del período de
inscripciones.
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(…)
121. De otra parte, la aplicación de la consecuencia específica de la doble
militancia en este caso concreto, como es la anulación del acto de elección
demandado, supera el test de proporcionalidad que propone el apelante. En
este sentido, se tiene que se trata de una medida idónea y necesaria frente al
fin último que se busca proteger con la regulación legal sobre la prohibición
señalada, el cual, se soporta en las bases de la democracia y la garantía de un
sistema de partidos fortalecidos sin pretensiones personalistas.
122. A su vez, no puede concluirse que se trate de una consecuencia que
conlleve a un sacrificio desproporcionado de derechos fundamentales de
naturaleza política, dado que, contrario a ello, la decisión de postularse a un
cargo de elección popular implicaba el cumplimiento de exigencias y cargas
que no pueden considerarse como desconocidas por el accionado, dado que
se trata de aspectos fijados en la Constitución y en la ley.
(…)
126. El reparo del apelante, consistente en aplicar el parágrafo del artículo 2º
de la Ley 1475 del 2011, que consagra una excepción a la regulación de doble
militancia cuando el partido o movimiento político sea disuelto o pierda su
personería jurídica, resulta inadmisible, pues no está demostrado que el Partido
Conservador Colombiano, en el cual militaba el señor Ortiz Fernández y, en
virtud de lo cual ostentaba una de las curules del Concejo Municipal de Neiva,
estuviera incurso en alguna de las situaciones descritas en la norma, como para
permitir su aplicabilidad.
127. Lo sucedido, y que además se puede verificar del formulario E-26CON del
6 de noviembre del 2023, es que la colectividad mencionada decidió no postular
candidatos propios a la contienda electoral de dicha anualidad, lo cual responde
al ejercicio de su autonomía, lo cual corrobora que esa circunstancia no encaja
ni se asimila a la condición que consagra el parágrafo en comento.
128. Contrario a lo anterior, se puede predicar que el Partido Conservador
Colombiano continuó con su actividad proselitista en el marco de las elecciones
territoriales para el Concejo Municipal de Neiva, ya que con la misma prueba
que aportó el demandante, se puede concluir que dicha colectividad decidió
adherir a las candidaturas del Centro Democrático a dicha corporación pública,
lo que a su vez denota que, el aquí demandado estaba vinculado a una
colectividad política que tomó una decisión particular respecto de una opción
política, y por lo tanto, existía el deber de precisar la disciplina partidista que se
predica de aquello.
27. Como se observa, los reparos presentados en la solicitud de amparo fueron
resueltos en su totalidad por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
sentencia cuestionada, pero de manera adversa al planteamiento del accionante, y
es precisamente la inconformidad con lo allí resuelto la verdadera razón de
presentación de esta acción de tutela.
28. Puntualmente, la sentencia se refirió al marco de competencia del juez de la
nulidad electoral, a la tesis sobre la inaplicación, en ese caso, de los artículos 107
Constitucional y 2º de la Ley 1475 de 2011, a la inviabilidad de valorar la conducta
del demandado, en lugar de realizar un análisis de la adecuación normativa, a la
superación del test de proporcionalidad propuesto por el apelante y, en últimas, a la
necesidad de aplicar la prohibición de la doble militancia, junto con sus efectos, y la
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consecuente improcedencia de establecer una excepción, argumentos todos estos
en los que se funda la solicitud de amparo.
29. Cabe advertir que el interesado no expuso en este proceso argumentos
adicionales ni diferentes a los que planteó en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y tampoco sustentó el amparo en alguna omisión de
la autoridad judicial accionada respecto de los asuntos que fueron sometidos a su
conocimiento; luego, no existe ninguna razón que valide la intromisión del juez
constitucional en la contienda que fue resuelta por el juez natural, máxime si se tiene
en cuenta que fue el máximo órgano judicial, especializado en materia electoral, el
que dirimió el asunto.
30. Pese a las explicaciones que otorgó la autoridad judicial accionada, el
demandante insiste en su propuesta de que se inapliquen, en su favor y a manera
de excepción, las disposiciones legales relacionadas con la prohibición de la doble
militancia, con el argumento de perseguir la protección de su derecho fundamental
a ser elegido. No obstante, en la demanda omitió referirse a los motivos concretos
por los que considera desacertado o equivocado el razonamiento plasmado en la
sentencia cuestionada.
31. Como se mencionó anteriormente, el requisito de relevancia constitucional
exige una carga argumentativa mínima, lo cual supone que la tesis o premisas en
que se cimienta la solicitud de amparo sean suficientes, claras, coherentes y que
tengan una relación inescindible y de conexidad con los fundamentos de la decisión
del juez ordinario que se somete al escrutinio constitucional.
32. Aún mas, no se puede perder de vista que, en virtud de las restricciones para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en la cual entran en tensión
reglas y principios como los de seguridad jurídica, cosa juzgada, congruencia,
respeto e independencia por la autonomía judicial, el juez de tutela no puede
sustituir la labor del juez natural para decidir sobre temas deferidos a las diferentes
jurisdicciones. El ejercicio de este mecanismo constitucional no es una oportunidad
más para que otra autoridad judicial revise una decisión o se obtenga una
aprobación a la postura o visión que se tiene dentro de un litigio. Todo lo contrario,
este tipo de tutelas deben estar revestidas de seriedad en la argumentación y de un
estudio preliminar y detallado de las decisiones que se atacan en una perspectiva
eminentemente constitucional.
33. Es así como la simple enunciación de la vulneración del derecho fundamental
a ser elegido, con fundamento en las mismas razones que fueron expuestas en el
proceso ordinario, no habilita al juez de tutela a abordar un estudio de fondo frente
a ese concreto punto, pues el cargo así expuesto aparece desprovisto de
razonamiento alguno acerca de una omisión o extralimitacion o cualquier otro vicio
en la decisión cuestionada que permita, al menos inferir, la posible existencia de un
yerro capaz de vulnerar el derecho que se pide proteger.
34. En este punto, se recalca que la tutela sólo se justifica en aquellos eventos
en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01347-00
Demandante: Johan Steed Ortiz Fernández
circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están
afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas
razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho
fundamental.
35. Así pues, la acción de tutela se torna improcedente porque no ofrece una
carga argumentativa mínima y porque su finalidad es provocar un nuevo
pronunciamiento sobre asuntos que ya fueron resueltos por el juez competente.
36. Por las razones anotadas, se declarará improcedente el amparo solicitado.
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Johan Steed Ortiz Fernández, por las consideraciones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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