Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01347-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01347-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01347-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
10 de julio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01347 01
Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01347 01
Accionante: JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 4 de abril de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Johan Steed Ortiz Fernández, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 6 de
febrero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso
de nulidad electoral identificado con el radicado nro. 41001 23 33 000
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Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
2023 00395 00/01 (principal)1, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones2:
“[…] 1. Tutelar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y el
DERECHO A SER ELEGIDO de JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ,
que fue conculcado por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
con ocasión de la expedición de la sentencia del 6 de febrero de
2025, bajo el radicado n.º 41001-23-33-000-2023-00395-01
(Principal).
2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la sentencia
referida.
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que expida una sentencia en reemplazo que
reconozca la prevalencia del derecho a ser elegido de JOHAN STEED
ORTIZ FERNÁNDEZ sobre la configuración de la doble militancia,
denegando la nulidad de su elección […]”. (Mayúsculas originales
del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que fue elegido concejal del municipio de Neiva para
el período 2020-2023, por la lista de coalición entre el partido
Conservador Colombiano y el partido MIRA.
Manifestó que el 13 de julio de 2023, le solicitó al presidente del partido
Conservador que ordenara la conformación de la respectiva lista para las
elecciones del Concejo Municipal de Neiva del periodo 2024-2027; sin
embargo, y de acuerdo con el calendario electoral, el plazo de inscripción
de candidatos venció sin que dicho partido político presentara una lista
para aspirar a dicho cuerpo colegiado.
Continuó relatando que el 31 de julio de 2023 renunció a su curul en el
Concejo Municipal de Neiva y a su militancia al partido Conservador y que
mediante la Resolución nro. 087 expedida ese mismo día, el Concejo
Municipal de Neiva aceptó su renuncia.
1
Acumulados: 41001 23 33 000 2023 00380 00, 41001 23 33 000 2023 00381 00 y
41001 23 33 000 2023 00399 00.
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
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Señaló que el 4 de agosto de 2023, el partido Centro Democrático lo
incluyó en su lista de candidatos al Concejo Municipal de Neiva y que el
29 de octubre de 2023 fue elegido concejal de dicha municipalidad para
el periodo 2024-2027.
Indicó que los ciudadanos Yeison Ángel Montealegre, Ernestina Perdomo
Castro, Mauricio Fernando Rojas Ramírez y Mayerli Gómez Rojas, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandaron su
elección como concejal.
Anotó que la demanda correspondió por reparto a la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila que, en sentencia del 30 de
julio de 2024 declaró la nulidad del acto demandado al considerar que
“(…) el señor Johan Steed Ortiz Fernández, en su condición de concejal
del municipio de Neiva, quien fuera avalado por la coalición de los partidos
políticos Mira y Conservador Colombiano, al pretender aspirar a las
elecciones territoriales que se realizaron el 29 de octubre de 2023, como
candidato del partido Centro Democrático al Concejo municipal de Neiva,
debió haber manifestado su renuncia a su curul de concejal a más tardar
el 29 de junio de 2022, para no incurrir en la prohibición de la doble
militancia establecida en el artículo 107 de la Constitución Política y el
artículo 2° de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y como se observa que la
renuncia solo fue presentada el 31 de julio de 2023, concluye la Sala que
se materializa los elementos temporales de la doble militancia (…)”3.
Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 6 de
febrero de 2025 la confirmó.
En el acápite del escrito de tutela denominado “REQUISITOS GENERALES
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES”, el accionante sostuvo que “(…) esta acción de tutela es
procedente porque satisface los criterios para determinar la relevancia
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
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constitucional (…). En efecto, esta tutela busca proteger el goce del
derecho fundamental a ser elegido, para lo cual propone que en este caso
la prohibición de doble militancia se interprete de conformidad con la
Constitución, en particular, con el contenido y el alcance del derecho a
ser elegido. En este sentido, esta tutela no se emplea como una tercera
instancia judicial, pues lo único que se discute es la interpretación
efectuada por la Sección Quinta sobre la aplicación de la doble militancia
en este caso concreto. Esta cuestión trasciende la legalidad, pues
justamente se propone una interpretación conforme con la Constitución,
que modifique la interpretación efectuada por la Sección Quinta. Por tal
razón, resulta imperativo acudir a la justicia constitucional para que
examine en este caso la doble militancia a la luz de la Constitución (…)”4.
Frente a las causales específicas de procedibilidad, alegó que la sentencia
acusada incurrió en violación directa de la constitución, debido a que
“vulneró el derecho fundamental a ser elegido, consagrado en el artículo
40.1 constitucional, con ocasión de no haber interpretado la configuración
de la doble militancia en el presente caso de conformidad con el mismo”5.
Expuso que “(…) tal y como lo interpretó la Sección Quinta del Consejo
de Estado, parece claro que JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ incurrió en
doble militancia puesto que renunció a su curul incluso con posterioridad
al inicio del periodo de inscripciones para las elecciones. Sin embargo,
esta interpretación desconoce el principio de proporcionalidad que debe
orientar los escenarios de confrontación entre disposiciones
constitucionales. En este caso, la confrontación entre el derecho a ser
elegido y la prohibición de doble militancia. De acuerdo con la Corte
Constitucional, el principio de proporcionalidad hace parte del parámetro
de control de constitucionalidad en la medida que funge como principio
de interpretación constitucional en casos en que preceptos
constitucionales entran en contradicción (…). En este sentido, en un
escenario de confrontación entre disposiciones constitucionales el
4
Ibidem.
5
Ibidem.
4
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principio de proporcionalidad debe orientar la resolución del caso concreto
(…)”6.
Adujo que “(…) la supresión del derecho a ser elegido de mi apoderado es
desproporcionada en sentido estricto toda vez que los valores de orden
constitucional que busca proteger la prohibición de doble militancia no se
ven afectados en el presente caso, mientras que el derecho a ser elegido
es conculcado absolutamente; sin que, por tanto, subsistan fundamentos
constitucionales para admitir la restricción del derecho fundamental a ser
elegido (…)”7.
Explicó que “(…) de conformidad con los medios de prueba aportados al
proceso se demostró que mi poderdante solicitó al presidente del Partido
Conservador, EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA, que interviniera para
concretar la conformación de la lista de candidatos al Concejo de Neiva.
Que, pese a ello, el Partido Conservador decidió no presentar una lista de
candidatos. Y que, como consecuencia de lo anterior, mi apoderado
decidió renunciar a su curul en el Concejo de Neiva y a su militancia en el
Partido Conservador. Y, posteriormente, adherir a la lista de candidatos
del partido Centro Democrático al Concejo de Neiva. Lista que, durante la
campaña fue apoyada en pronunciamiento público en la ciudad de Neiva
por el presidente del Partido Conservador, EFRAÍN CEPEDA, al invitar a la
militancia conservadora a votar por FELIPE TRUJILLO, candidato con el
n.º 1 de la lista del partido CENTRO DEMOCRÁTICO al Concejo de Neiva
(…)”8.
Por lo anterior, argumentó que “(…) no se observa que mi representado
afectase el principio democrático representativo y, en concreto, los cuatro
propósitos esenciales de la prohibición de doble militancia señalados por
la Corte en la Sentencia SU-213/22. En efecto, a grandes rasgos, no se
observa que JOHAN STEED defraudara la confianza depositada en él por
el electorado del Partido Conservador, puesto que no fue una decisión
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
5
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personalista la que lo llevó a abandonar esa agrupación política, sino la
decisión del propio partido de no presentar lista de candidatos al Concejo
de Neiva (…)”9.
Aseveró que “(…) la conducta de JOHAN STEED no configuró
transfuguismo político (…). Como se demostró mediante la Resolución n.º
087 del 31 de julio de 2023 del Concejo de Neiva, aportada al proceso,
JOHAN STEED se apartó de su curul, al tiempo que, mediante oficio
dirigido al Partido Conservador, también aportado al proceso, renunció a
su militancia en el mismo. Por tanto, no se configuró, bajo la definición
referida, transfuguismo político alguno, pues JOHAN STEED abandonó su
curul en el Concejo a la vez que se separó del partido político por el cual
fue elegido (…)”10.
Agregó que “(…) la conducta de JOHAN STEED tampoco favoreció la
personalización de la política en tanto se produjo con ocasión de
circunstancias excepcionalísimas, como la renuencia de un partido político
con personería jurídica a presentar lista de candidatos a una corporación
pública, habiendo obtenido escaños en esta en la elección anterior. En
este sentido, admitir que las circunstancias fácticas aquí expuestas
ameritan excepcionar la configuración de la prohibición de doble
militancia, en lo absoluto favorecería la personalización de la política, pues
tan sólo sería admisible en las excepcionalísimas circunstancias del
presente caso (…)”11.
Arguyó que “(…) JOHAN STEED no contrarió la disciplina partidista. En
primera instancia toda vez que renunció a la militancia de manera previa
a adherir a la lista del partido Centro Democrático. Adicionalmente, no
puede predicarse indisciplina partidista cuando, como lo demostró la
grabación del presidente del Partido Conservador, la militancia tenía
libertad de apoyar al candidato de su preferencia. Máxime si el propio
presidente del Partido, EFRAÍN CEPEDA, manifestó su apoyo e invitó a
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
6
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respaldar a FELIPE TRUJILLO, candidato de la misma lista por la que
obtuvo su curul JOHAN STEED (…)”12.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de marzo de 202513 a través correo
electrónico enviado a la Secretaría General de esta Corporación y
correspondió por reparto a la Subsección A, Sección Tercera del Consejo
de Estado que por auto del 13 de marzo de 202514 la admitió y dispuso
notificar15 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como parte
accionada; así como vincular16 al Consejo Nacional Electoral, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, y a los señores Mauricio Fernando
Rojas Ramírez, Maryeli Gómez Rojas, Yeison Ángel Montealegre y
Ernestina Perdomo Castro, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
3.2. El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil allegó escrito17 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad
del presente trámite tutelar.
Manifestó que “(…) la RNEC no tiene competencia para atender lo
requerido por el accionante, por cuanto la providencia que motiva la
presente acción de amparo constitucional fue proferida por un despacho
judicial el cual resolvió un asunto, en el marco de su autonomía e
12
Ibidem.
13
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
14
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
15
Esta orden se cumplió el 18 de marzo de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
01347 00.
16
Ibidem.
17
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
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independencia judicial, más allá de que su posición sea compartida o no
(…)”.
3.3. La abogada adscrita a la oficina de asesoría jurídica y defensa judicial
del Consejo Nacional Electoral presentó escrito18 en el que solicitó la
desvinculación de dicha entidad del presente trámite tutelar, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Señaló que “(…) con relación a los hechos referidos por el accionante en
su escrito de tutela el Consejo Nacional Electoral, no tiene participación
directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de la acción
constitucional, así como tampoco es la autoridad competente para
satisfacer las pretensiones del tutelante, pues no tiene incidencia en las
decisiones que adopta la autoridad judicial dentro de los procesos Nulidad
Electoral (…)”.
Agregó que “(…) la vinculación realizada al Consejo Nacional Electoral no
está llamada a prosperar, pues a la fecha no hay vulneración de ningún
derecho fundamental al accionante por pate de esta entidad (…)”.
3.4. La magistrada ponente de la providencia acusada rindió informe19 en
el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo.
Indicó que “(…) de una lectura del escrito inicial no se evidencian
verdaderos motivos que permitan concluir la relevancia constitucional del
asunto, en tanto la parte actora se limita a exponer su inconformidad con
las consideraciones de la sentencia cuestionada, reiterando incluso
argumentos del recurso de apelación que fue atendido por esta
corporación judicial, sin que materialmente, refiera a una verdadera
situación que conlleve la transgresión de sus garantías fundamentales,
buscando con ello la creación de una instancia adicional al medio de
18
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
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control de nulidad electoral en la cual se revisen los argumentos
esbozados en ese trámite ordinario (…)”.
Resaltó que “(…) una lectura juiciosa y detallada del fallo cuestionado por
esta vía constitucional, permite encontrar la motivación suficiente y
razonable por la cual se concluyó que el demandado estaba incurso en la
prohibición de doble militancia, lo cual, a la luz del numeral 8º del artículo
275 de la Ley 1437 del 2011, es causal de nulidad de su elección (…)”.
Concluyó que “(…) la sentencia atacada, refirió a sendos
pronunciamientos de la jurisdicción constitucional y de esta Corporación,
para fundamentar el por qué, en sede del control de legalidad de los actos
de elección, aquel es de naturaleza objetiva y, por lo tanto, la
competencia del juez contencioso se limita a verificar la ocurrencia de los
presupuestos de la norma. Sobre el particular, basta con remitirse a las
consideraciones expuestas en los párrafos 105 y siguientes de la
sentencia (…)”.
3.5. El señor Mauricio Fernando Rojas Ramírez, actuando por conducto de
apoderado, allegó escrito20 en el que solicitó que se desestimen las
pretensiones del accionante.
Anotó que “(…) el demandado de antaño y tutelante de hogaño considera
que se le ha vulnerado el derecho a debido proceso y el derecho a ser
elegido por una supuesta mala ponderación o la omisión de someter a tal
método hermenéutico el conflicto entre el derecho a ser elegido y la
exigencia de la prohibición como causal de doble militancia. Por cierto, ya
equivoca la propuesta del tutelante al pretender sin más realizar
ponderación entre un principio y una regla, los cuales son
inconmensurables, incomparables y por ello mismo imponderables (…)”.
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Visto en los índices 17 y 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
4 de abril de 202521, declaró improcedente la solicitud de amparo por no
superar el requisito general de relevancia constitucional, al considerar que
“(…) no ofrece una carga argumentativa mínima y porque su finalidad es
provocar un nuevo pronunciamiento sobre asuntos que ya fueron
resueltos por el juez competente (…)”.
Para ello, expuso que la parte actora pretende convertir la acción de tutela
en una instancia adicional del proceso ordinario, a fin de que se estudie
nuevamente la tesis que propuso ante el juez de segunda instancia, con
la que busca la aplicación, en su caso, de una excepción de
inconstitucionalidad a la prohibición legal de la doble militancia.
Al efecto, resaltó que “(…) en el recurso de apelación que interpuso el
demandante contra el fallo de primera instancia, entre otros, estimó que
la conducta, en los casos de doble militancia, debía analizarse «en sus
visos de antijuridicidad y culpabilidad», y no limitarse a un análisis de
mera tipicidad. En ese escenario, consideró que su decisión de adherirse
a un nuevo partido político respondió una situación de fuerza mayor, para
poder ejercer su derecho fundamental a ser elegido (…)”.
Agregó que “(…) luego de hacer un amplio pronunciamiento en el que
abordó temas como la figura de la doble militancia, el derecho a elegir y
ser elegido y sendos pronunciamientos jurisprudenciales, tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado -argumentos que en su
mayoría fueron replicados en la solicitud de amparo-, [el accionante]
afirmó que no infringió la prohibición de la doble militancia pues no se
generó una competencia entre partidos políticos y tampoco se presentó
un transfuguismo o deslealtad porque el Partido Conservador no presentó
lista de candidatos para el Concejo Municipal de Neiva y, en todo caso,
esa colectividad apoyó la candidatura propuesta por el Centro
21
Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
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Democrático. // Manifestó que en los casos en que se presentan conflictos
entre disposiciones constitucionales, la Corte Constitucional ha optado por
efectuar el test de proporcionalidad. Así concluyó que, en su caso, la
nulidad de la elección no resultaba proporcional, porque él no tenía otra
opción para ser elegido, sino optar por otro partido político, interpretación
que debía ser acogida, pues lo contrario supondría «un rompimiento del
orden constitucional toda vez que prevalecería una interpretación
violatoria y opresiva del derecho fundamental a ser elegido» (…)”.
En ese sentido, citó apartes de la providencia acusada y sostuvo que “(…)
los reparos presentados en la solicitud de amparo fueron resueltos en su
totalidad por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia
cuestionada, pero de manera adversa al planteamiento del accionante, y
es precisamente la inconformidad con lo allí resuelto la verdadera razón
de presentación de esta acción de tutela (…)”.
Adicionalmente, advirtió “(…) el interesado no expuso en este proceso
argumentos adicionales ni diferentes a los que planteó en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia y tampoco sustentó el
amparo en alguna omisión de la autoridad judicial accionada respecto de
los asuntos que fueron sometidos a su conocimiento; luego, no existe
ninguna razón que valide la intromisión del juez constitucional en la
contienda que fue resuelta por el juez natural, máxime si se tiene en
cuenta que fue el máximo órgano judicial, especializado en materia
electoral, el que dirimió el asunto (…)”.
Precisó que “(…) pese a las explicaciones que otorgó la autoridad judicial
accionada, el demandante insiste en su propuesta de que se inapliquen,
en su favor y a manera de excepción, las disposiciones legales
relacionadas con la prohibición de la doble militancia, con el argumento
de perseguir la protección de su derecho fundamental a ser elegido. No
obstante, en la demanda omitió referirse a los motivos concretos por los
que considera desacertado o equivocado el razonamiento plasmado en la
sentencia cuestionada (…)”.
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Explicó que “(…) el requisito de relevancia constitucional exige una carga
argumentativa mínima, lo cual supone que la tesis o premisas en que se
cimienta la solicitud de amparo sean suficientes, claras, coherentes y que
tengan una relación inescindible y de conexidad con los fundamentos de
la decisión del juez ordinario que se somete al escrutinio constitucional.
Aún más, no se puede perder de vista que, en virtud de las restricciones
para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en la cual
entran en tensión reglas y principios como los de seguridad jurídica, cosa
juzgada, congruencia, respeto e independencia por la autonomía judicial,
el juez de tutela no puede sustituir la labor del juez natural para decidir
sobre temas deferidos a las diferentes jurisdicciones. El ejercicio de este
mecanismo constitucional no es una oportunidad más para que otra
autoridad judicial revise una decisión o se obtenga una aprobación a la
postura o visión que se tiene dentro de un litigio. Todo lo contrario, este
tipo de tutelas deben estar revestidas de seriedad en la argumentación y
de un estudio preliminar y detallado de las decisiones que se atacan en
una perspectiva eminentemente constitucional (…)”.
Finalmente arguyó que la simple enunciación de la vulneración del
derecho fundamental a ser elegido, con fundamento en las mismas
razones que fueron expuestas en el proceso ordinario, no habilita al juez
de tutela a abordar un estudio de fondo frente a ese concreto punto, pues
el cargo así expuesto aparece desprovisto de razonamiento alguno acerca
de una omisión o extralimitación o cualquier otro vicio en la decisión
cuestionada que permita, al menos inferir, la posible existencia de un
yerro capaz de vulnerar el derecho que se pide proteger.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo
impugnó22 manifestando, inicialmente, que “(…) por un lado, resulta
contrario a la jurisprudencia constitucional exigir la formulación de
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Visto en los índices 34, 35 y 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
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argumentos adicionales o diferentes a los planteados en el proceso judicial
ordinario, y, por otra parte, se desconoció el repertorio argumentativo
que denota una clara y marcada importancia constitucional del presente
caso (…)”.
Indicó que, “(…) con respecto al argumento del fallo impugnado, según
el cual no se expusieron argumentos adicionales ni diferentes a los
planteados en el proceso de nulidad electoral, hay que señalar que
justamente es un requisito general de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial el haber alegado los hechos y derechos que se
reputan vulnerados en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible (…)”. Por ello, adujo que no es admisible que la improcedencia de
la acción de tutela se fundamente en que se retomaron los argumentos
del proceso ordinario, máxime cuando, según aseveró, presentan un
carácter exclusivamente constitucional.
Afirmó que “(…) los argumentos plasmados en la acción de tutela sí
presentan relevancia constitucional. En concreto, se argumentó que la
nulidad de la elección de JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ violó su
derecho fundamental a ser elegido, reconocido en el artículo 40 de la
Constitución. Pero no sólo se hizo una mera alusión a ese derecho
fundamental, sino que se alegó que, dadas las circunstancias
excepcionales del presente caso, no debía configurarse la doble
militancia, ya que esto implicaría la vulneración de su derecho a ser
elegido. Como se desprende del contenido del argumento, no es en lo
absoluto un asunto de naturaleza legal o económica, sino de raigambre
puramente constitucional, en tanto se reprochó el alcance otorgado por
el juez ordinario al derecho fundamental a ser elegido. En este sentido,
no es de recibo el reproche sobre que la acción de tutela buscó convertirse
en una instancia adicional del proceso ordinario, pues de ninguna manera
se enrostraron argumentos relativos al Derecho electoral (…)”.
Agregó que “(…) además, la argumentación se sustentó en un test de
proporcionalidad, que es la herramienta metodológica que utiliza la Corte
Constitucional en casos de afectaciones a derechos fundamentales de
13
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cara a evaluar la proporcionalidad de las restricciones a dichos derechos.
Dicho test no fue objeto de examen por parte del fallo de tutela de
primera instancia, pues simplemente descartó de antemano que el asunto
presentara relevancia constitucional, de manera que la discusión que se
planteó con ocasión de esta acción de tutela no ha podido ser debatida a
fondo por la jurisdicción constitucional, que es el juez natural de las
discusiones de esta naturaleza (…)”.
Insistió en que “(…) no es de recibo el argumento de que la acción de
tutela es improcedente porque el mismo razonamiento se había
planteado antes en el proceso ordinario, pues justamente esta acción de
tutela reprocha la interpretación efectuada por el juez ordinario según la
cual no se viola el derecho fundamental a ser elegido en el presente caso
(…)”.
Posteriormente, el accionante reiteró apartes del escrito de tutela inicial,
frente al hecho que “(…) no se observa que mi representado afectase el
principio democrático representativo y, en concreto, los cuatro propósitos
esenciales de la prohibición de doble militancia señalados por la Corte en
la Sentencia SU-213/22. En efecto, a grandes rasgos, no se observa que
JOHAN STEED defraudara la confianza depositada en él por el electorado
del Partido Conservador, puesto que no fue una decisión personalista la
que lo llevó a abandonar esa agrupación política, sino la decisión del
propio partido de no presentar lista de candidatos al Concejo de Neiva
(…)”.
Anotó que “(…) como lo demuestra la solicitud al presidente del Partido
Conservador, de fecha 13 de julio de 2023, JOHAN STEED quería que el
Partido Conservador conformara una lista y participar en ella. Sin
embargo, el Partido Conservador se abstuvo, viendo mi poderdante
amenazado su derecho a ser elegido. En aras de evitar la consumación
de la violación a este derecho fundamental, mi representado no tuvo otra
opción sino adherir a otro vehículo político para participar en las
elecciones. Lo anterior, como consecuencia del artículo 28 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, que establece que la inscripción de candidatos
14
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Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
a cargos y corporaciones de elección popular debe realizarse a través de
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o por medio
de grupos significativos de ciudadanos (…)”
Finalmente, solicitó que “(…) se revoque la sentencia de tutela de primera
instancia, para que en su reemplazo se tutele el derecho fundamental a
ser elegido de JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ, que fue conculcado por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la expedición de
la sentencia del 6 de febrero de 2025, bajo el radicado n.º 41001-23-33-
000-2023-00395-01 (Principal), y, como consecuencia de lo anterior, se
ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado que expida una
sentencia de reemplazo que reconozca la prevalencia del derecho a ser
elegido de JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ sobre la configuración de la
doble militancia en el presente caso (…)”.
5.2. Por auto proferido el 5 de mayo de 2025 se concedió la impugnación23
y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 15 de
mayo de 202524.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199125, en concordancia con el numeral 5 del artículo
23
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
24
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 01.
25
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
15
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 01347 01
Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201526, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202127, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201928, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
6.2.1. Los ciudadanos Ernestina Perdomo Castro, Yeison Ángel
Montealegre, Mauricio Fernando Rojas Ramírez y Maryeli Gómez Rojas
promovieron demandas de nulidad electoral en contra del acto de elección
del señor Johan Steed Ortiz Fernández como concejal del municipio de
Neiva para el periodo 2024-2027, a las que les correspondieron los
radicados nro. 41001 23 33 000 2023 00380 00/01, nro. 41001 23 33
000 2023 00381 00/01, nro. 41001 23 33 000 2023 00395 00/01 y nro.
41001 23 33 000 2023 00399 00/01, respectivamente.
6.2.2. Por auto del 17 de enero de 202429, el Tribunal Administrativo del
Huila admitió la demanda identificada con el radicado nro. 41001 23 33
000 2023 00380 00, negó la medida cautelar solicitada en dicho proceso
y dispuso notificar al demandado, Johan Steed Ortiz Fernández y al
Consejo Nacional Electoral.
6.2.3. Por auto del 31 de enero de 202430, el Tribunal Administrativo del
Huila admitió la demanda identificada con el radicado nro. 41001 23 33
000 2023 00381 00, negó la medida provisional solicitada en dicho
26
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
27
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
28
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
29
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00380 00.
30
Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00381 00.
16
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Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
proceso y dispuso notificar al demandado, Johan Steed Ortiz Fernández,
al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
6.2.4. Por auto del 6 de diciembre de 202331, el despacho del Tribunal
Administrativo del Huila a cargo del proceso identificado con el radicado
nro. 41001 23 33 000 2023 00395 00, admitió la demanda y dispuso
notificar al demandado, Johan Steed Ortiz Fernández y al Consejo
Nacional Electoral.
6.2.5. Por auto del 29 de enero de 202432, la Sala Sexta de Decisión el
Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda la demanda
identificada con el radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00399 00, negó
la medida cautelar solicitada en dicho proceso y dispuso notificar al
demandado, Johan Steed Ortiz Fernández, al Consejo Nacional Electoral
y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
6.2.6. Por auto del 18 de marzo de 202433, se decretó la acumulación de
los precitados y se ordenó tener como expediente principal el identificado
con el radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00395 00.
6.2.7. Mediante sentencia proferida el 30 de julio de 2024, la Sala Sexta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila resolvió lo siguiente34:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acta del
Escrutinio General – Formulario E-26 CON de fecha 06 de noviembre
de 2023 y el Acta – formulario E-24 CON, en cuanto declara la
elección como Concejal de Neiva por el partido Centro Democrático
del señor JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ, (…), para el resto
del periodo constitucional 2024-2027, por haber incurrido en la
conducta de doble militancia reglamentada en el artículo 107 de la
Constitución Política y artículo 2 de la Ley 1175 de 2011.
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para que, dentro del ámbito
de sus competencias, procedan a anular la credencial que acredita
31
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00395 00.
32
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00399 00.
33
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00395 00.
34
Visto en el índice 65 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00395 00.
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Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
al señor JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ (…) como concejal del
municipio de Neiva, para el resto del periodo constitucional 2024-
2027 por el Partido Centro Democrático.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones […]”. (Mayúsculas,
negrillas y resaltado originales de la providencia).
6.2.8. Inconforme con la anterior decisión, el señor Ortiz Fernández, hoy
accionantes, interpuso recurso de apelación en los siguientes términos35:
“[…] En el caso que nos ocupa queda claro que aspirar por otro
partido (el Centro Democrático) no fue una decisión libre, caprichosa
ni un acto de indisciplina de mi representado frente al Partido
Conservador, sino una situación de fuerza mayor en la que se vio
obligado a buscar agónicamente otro partido para poder ejercer su
derecho fundamental de ser elegido (art. 40 de la Carta).
Téngase en cuenta que en nuestro sistema político las personas
individualmente no pueden postularse a cargos de elección popular;
lo deben hacer a través de un partido político o un grupo significativo
de ciudadanos. Por tal razón JOHAN STEED ORTIZ FERNANDEZ no
tenía otro camino distinto a menos que se pretenda anular su
derecho fundamental a ser elegido (artículo 40, C.P.), lo cual es
abiertamente DESPROPORCIONADO y violaría el principio de la
interpretación jurídica pro homine, que en todo caso conducen a
restringir el alcance de las restricciones o prohibiciones.
(…)
Contrario a lo que señala el fallo, que no es posible adelantar una
ponderación, debe decirse que la Corte Constitucional en los casos
en que se presentan conflictos entre disposiciones constitucionales
(art. 40 Vs 107 de la C.P.), como en este caso, ha optado por
efectuar el test de proporcionalidad como una manifestación del
principio constitucional de proporcionalidad (ver sentencias C-
144/15, C-695/13, entre otras). Dicho test “es un instrumento
hermenéutico que permite establecer si determinada medida resulta
adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se
sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad
constitucional para el caso concreto que se analiza” (Sentencia C-
695/13).
(…)
Ahora bien, efectuando el test de proporcionalidad, cabe mencionar
que la anulación de la elección de mi apoderado, en efecto, parece
perseguir un fin legítimo, como lo es la protección de los fines detrás
de la figura de la doble militancia tales como el fortalecimiento de
los partidos y movimientos políticos, así como detener el
transfuguismo político. Además, la medida parece ser idónea y
35
Visto en el índice 75 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2023 00395 00.
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necesaria ya que imposibilita la doble militancia y, a decir verdad,
no parece haber otra forma menos lesiva para evitar el
trasfuguismo. Sin embargo, la nulidad de la elección del concejal
ORTIZ FERNANDEZ no resulta proporcional en estricto sentido toda
vez que, en su caso, él no tenía otra opción para hacer valer su
derecho a ser elegido. La única forma para hacerse elegir era a
través de otro partido u otro movimiento político ya que por una
decisión ajena a él, que bien puede denominarse como el hecho de
un tercero, no pudo aspirar por el partido en el que militaba en ese
entonces. El operador judicial, entonces, debe reconocer esta
circunstancia particular y declarar que resulta desproporcionado, en
el caso concreto, suprimirle por completo el derecho a ser elegido al
señor JOHAN STEED ORTIZ FERNANDEZ. De lo contrario, estaríamos
ante un rompimiento del orden constitucional toda vez que
prevalecería una interpretación violatoria y opresiva del derecho
fundamental a ser elegido.
De otro lado, en el proceder del concejal no existe INDISCIPLINA ni
DESLEALTAD frente al Partido Conservador, que es en esencia lo que
se penaliza con la doble militancia. Mi representado solicitó al Partido
inscribir una lista y esperó hasta el último momento que el partido
avalara una lista al Concejo de Neiva, sin lograrlo.
(…)
Para que se configure la deslealtad al partido de origen del concejal
se necesita que dicho partido haya presentado lista o adherido o
instruido votar por otra colectividad en la elección subsiguiente.
Nada de eso sucede en el caso de JOHAN STEED ORTIZ FERNANDEZ,
razón por la cual no se infringe la prohibición de doble militancia.
Ese (el que se tenga lista o candidato propio) es un requisito
intrínseco de la doble militancia como conducta.
Por si quedaren dudas, existe otro elemento factico muy relevante
en este caso: la adhesión publica del director del Partido
Conservador Dr EFRAIN CEPEDA, a la lista del Partido Centro
democrático realizada en la visita del 20 de octubre a la ciudad de
Neiva.
(…)
En conclusión, respetuosamente consideramos que no hay lugar a
declarar la nulidad de la elección de mi representado JOHAN STEED
ORTIZ FERANDEZ. Hacerlo implicaría una muy grave afectación de
su derecho fundamental a ser elegido […]”. (Mayúsculas originales
del recurso de apelación).
6.2.9. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 5 de
febrero de 2025 confirmó la sentencia de primera instancia al considerar,
entre otras cosas, lo siguiente:
19
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Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
“[…] 110. Contrario a lo expuesto por el apelante, al juez de lo
contencioso electoral le corresponde únicamente realizar un ejercicio
de adecuación entre el acto demandado y las diferentes normas del
ordenamiento electoral que consagren procedimientos, limitaciones,
restricciones, mandatos o prohibiciones para el ejercicio del derecho
a ser elegido, con el fin de determinar la legalidad o no del acto
demandado, de forma objetiva.
111. En consecuencia, aquellas razones que se esbozan por el
recurrente como motivos de inconformidad, relacionados con la
existencia de una situación excepcional de fuerza mayor respecto
del señor Johan Steed Ortiz Fernández, que conlleve a considerar la
inaplicación de la exigencia normativa de los artículos 107
Constitucional y 2º de la Ley 1475 del 2011 frente a los miembros
de corporaciones públicas, no son de recibo para esta judicatura.
112. La anterior conclusión no resuelta diferente en el caso de la
doble militancia política, como parece entenderlo el impugnante en
sus consideraciones, quien estima que en el presente caso se debe
superar dicho análisis de adecuación normativa, para valorar la
conducta del aquí demandado y su situación frente al Partido
Conservador Colombiano.
113. Contrario a las consideraciones que se presentan en la
apelación que ahora se resuelve, con las cuales se pretende
circunscribir el estudio objetivo de legalidad única o preferiblemente
en el caso de las inhabilidades, lo cierto es que aquel también se
predica de eventos como la regulación de doble militancia que se
endilga como desconocida al aquí demandado.
114. Lo anterior, en tanto fue el legislador quien fijó los parámetros
y exigencias a los miembros de los partidos y movimientos políticos
en términos de su militancia y lealtad frente a las organizaciones a
la que pertenecen y que, eventualmente, les otorga su aval para la
participación en un certamen democrático correspondiente y, por lo
tanto, el quebrantamiento de las condiciones impuestas por la ley,
conlleva a las consecuencias que la misma normativa determina, sin
que sea procedente un razonamiento adicional a la existencia de los
presupuestos del texto normativo.
115. De otra parte, la conclusión a la que se arriba en los párrafos
precedentes, no resulta contraria a las garantías de participación
política en favor del aquí demandado. Aquellas no son absolutas y,
por lo tanto, se admiten restricciones razonables y proporcionales,
fijadas por el legislador en el ámbito de su poder de configuración,
tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional, e
incluso, instancias internacionales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
116. En esa línea, es claro que quien asume una posición en el
ejercicio democrático, especialmente, la de elegido en
representación de una determinada organización política para un
cargo al que se ingresa por voto popular, se somete a las reglas que
rigen dicha decisión y, por lo tanto, es de su conocimiento que su
libertad y el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 40
20
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Constitucional, están limitadas por la exigencias que sobre el
particular imponen el mismo texto superior y la ley estatutarias ya
mencionada.
117. Así las cosas, se reitera en esta oportunidad, que la posibilidad
y el derecho a ser elegido por un partido o movimiento político
diferente en la siguiente elección, no se ve menoscabado por la
aplicación de la prohibición en comento, pues la norma parte de
reconocer esta facultad volitiva de quien ocupa, como en este caso,
un cargo en una corporación pública.
118. Lo que sucede es que el legislador decidió establecer unas
exigencias calificadas respecto de aquellos que así lo decidan, la cual
tiene un impacto importante en la disciplina partidista y la protección
del voto depositado por el electorado en favor de una determinada
opción política, en tanto (i) los candidatos que resulten electos,
siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político,
deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo y (ii) si deciden aspirar por una
colectividad diferente en la siguiente elección, deberá
renunciar a la curul que se obtiene, doce (12) meses antes
del primer día del período de inscripciones.
(…)
121. De otra parte, la aplicación de la consecuencia específica de la
doble militancia en este caso concreto, como es la anulación del acto
de elección demandado, supera el test de proporcionalidad que
propone el apelante. En este sentido, se tiene que se trata de una
medida idónea y necesaria frente al fin último que se busca proteger
con la regulación legal sobre la prohibición señalada, el cual, se
soporta en las bases de la democracia y la garantía de un sistema
de partidos fortalecidos sin pretensiones personalistas.
122. A su vez, no puede concluirse que se trate de una consecuencia
que conlleve a un sacrificio desproporcionado de derechos
fundamentales de naturaleza política, dado que, contrario a ello, la
decisión de postularse a un cargo de elección popular implicaba el
cumplimiento de exigencias y cargas que no pueden considerarse
como desconocidas por el accionado, dado que se trata de aspectos
fijados en la Constitución y en la ley.
123. Así las cosas, en el caso concreto, se tiene que se encuentran
acreditados, objetivamente, los presupuestos de la norma que
consagra la modalidad de doble militancia que se reprocha respecto
del señor Johan Steed Ortiz Fernández (…).
124. De conformidad con el calendario electoral establecido en la
Resolución 28229 del 14 de octubre del 202260, el primer día del
período de inscripción de candidatos fue el 29 de junio del 2023,
razón por la cual la renuncia debió presentarse dentro de los doce
meses anteriores a ello, es decir, hasta el 29 de junio del 2022.
125. Así las cosas, ya que la autenticidad de los documentos antes
mencionados no fue controvertida, para esta judicatura no existe
21
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Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
duda alguna en relación con la configuración objetiva de los
elementos de la prohibición de doble militancia que se reprocha
respecto del acto de elección del señor Johan Steed Ortiz Fernández.
126. El reparo del apelante, consistente en aplicar el parágrafo del
artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, que consagra una excepción a
la regulación de doble militancia cuando el partido o movimiento
político sea disuelto o pierda su personería jurídica, resulta
inadmisible, pues no está demostrado que el Partido Conservador
Colombiano, en el cual militaba el señor Ortiz Fernández y, en virtud
de lo cual ostentaba una de las curules del Concejo Municipal de
Neiva, estuviera incurso en alguna de las situaciones descritas en la
norma, como para permitir su aplicabilidad.
127. Lo sucedido, y que además se puede verificar del formulario E-
26CON del 6 de noviembre del 202361, es que la colectividad
mencionada decidió no postular candidatos propios a la contienda
electoral de dicha anualidad, lo cual responde al ejercicio de su
autonomía, lo cual corrobora que esa circunstancia no encaja ni se
asimila a la condición que consagra el parágrafo en comento […]”.
(Negrillas originales de la providencia. Resaltados de la Sala).
6.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala observa que, pese a que no fue objeto de impugnación, hay dos
solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Nacional Electoral
y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en sus informes rendidos en
primera instancia, que no fueron resueltas por el a quo.
Al respecto, la Sala señala que dichas peticiones no son procedentes
comoquiera que dichas entidades fueron vinculadas al presente trámite
tutelar por tener interés en el resultado, atendiendo a que hicieron parte
del proceso de nulidad electoral objeto de debate en esta acción y en la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se les dio
la orden de anular la credencial del señor Johan Steed Ortiz Fernández,
hoy accionante, como concejal del municipio de Neiva, para el resto del
periodo constitucional 2024-2027 por el Partido Centro Democrático.
6.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el
22
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Accionante: Johan Steed Ortiz Fernández
accionante en el escrito de tutela y analizado en el fallo de primera
instancia, se reúne el requisito general de relevancia constitucional, y
para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
6.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”36.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
36
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades37:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia38. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que39 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
37
Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU
103 de 2022.
38
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
39
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios” (…)”. (Se
destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer
elemento que la compone, esto es, impedir que la acción de tutela se
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convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante
pretende reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad electoral,
dado que sus inconformidades están encaminadas a controvertir los
fundamentos invocados en la providencia acusada, al señalar que “lo
único que se discute es la interpretación efectuada por la Sección Quinta
sobre la aplicación de la doble militancia en este caso concreto (…) pues
justamente se propone una interpretación conforme con la Constitución,
que modifique la interpretación efectuada por la Sección Quinta”40; por lo
que pretende que se deje sin efectos la sentencia cuestionada y se ordene
a la autoridad judicial accionada que “expida una sentencia en reemplazo
que reconozca la prevalencia del derecho a ser elegido de JOHAN STEED
ORTIZ FERNÁNDEZ sobre la configuración de la doble militancia,
denegando la nulidad de su elección”41.
Para ello, tanto en el escrito de tutela, como en la impugnación, alegó que
“(…) no se observa que mi representado afectase el principio democrático
representativo y, en concreto, los cuatro propósitos esenciales de la
prohibición de doble militancia señalados por la Corte en la Sentencia SU-
213/22. En efecto, a grandes rasgos, no se observa que JOHAN STEED
defraudara la confianza depositada en él por el electorado del Partido
Conservador, puesto que no fue una decisión personalista la que lo llevó
a abandonar esa agrupación política, sino la decisión del propio partido
de no presentar lista de candidatos al Concejo de Neiva (…)”42.
En igual sentido argumentó que “(…) como lo demuestra la solicitud al
presidente del Partido Conservador, de fecha 13 de julio de 2023, JOHAN
STEED quería que el Partido Conservador conformara una lista y participar
40
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01347 00.
41
Ibidem.
42
Aparte del escrito de impugnación. Visto en los índices 34, 35 y 36 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
01347 00.
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en ella. Sin embargo, el Partido Conservador se abstuvo, viendo mi
poderdante amenazado su derecho a ser elegido. En aras de evitar la
consumación de la violación a este derecho fundamental, mi representado
no tuvo otra opción sino adherir a otro vehículo político para participar en
las elecciones. Lo anterior, como consecuencia del artículo 28 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, que establece que la inscripción de candidatos
a cargos y corporaciones de elección popular debe realizarse a través de
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o por medio
de grupos significativos de ciudadanos (…)”43.
Bajo dicho contexto, la Sala observa que el accionante están utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso de
nulidad electoral para continuar cuestionando lo decidido por el juez
natural de la causa, e insistir en que se debe aplicar una excepción a la
causal de doble militancia en su caso, lo cual ya fue objeto de debate, por
lo que acorde con la jurisprudencia constitucional aludida en precedencia,
la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias;
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
43
Ibidem.
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En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
por cuanto no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, por lo que se confirmará el fallo proferido el 4 de abril de
2025 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 4 de abril de 2025
por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo
explicado en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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