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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01219-01

Fecha
6 de agosto de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01219-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la decisión de primera instancia. En su lugar: 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan David Rozo Lugo contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, conforme con lo expuesto en esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01219-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

6 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01219-01
Demandante: Juan David Rozo Lugo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01219-01
Demandante: JUAN DAVID ROZO LUGO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tema: Tutela contra providencia judicial – nulidad electoral. Requisitos
generales de procedibilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia del 1° de abril de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Juan
David Rozo Lugo en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
(…)»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de marzo de 2025, Juan David Rozo Lugo, en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Quinta por estimar vulnerado el
derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«1. Que se AMPARE el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, en el proceso de
nulidad electoral con radicado No. 41001-23-33-000-2023 00420-01 (principal).

2. Que se DEJE SIN EFECTOS la sentencia de fecha 05 de septiembre de 2024, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3. Que en consecuencia, se ORDENE a la Sección Quinta del Consejo de Estado que
profiera un nuevo fallo que NO resulte violatorio de la Constitución Política, dada la
evidente incursión de la Demandada VICTORIA EUGENIA CASTRO SILVA en doble
militancia.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01219-01
Demandante: Juan David Rozo Lugo

La señora Victoria Eugenia Castro Silva fue elegida concejal del municipio de Neiva
(Huila) para el periodo constitucional 2020-2023, en representación del grupo
significativo de ciudadanos «Neiva Primero».

Para el periodo 2024-2027, la demandada fue inscrita por el Partido Liberal
Colombiano y resultó electa como diputada de la Asamblea Departamental del Huila.

Los señores Juan David Rozo Lugo, William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y Carlos
Humberto Montero Vargas promovieron demandas de nulidad electoral, en contra del
acto de elección de la señora Castro Silva como diputada del departamento del Huila
para el periodo constitucional 2024-2027, por considerar que, incurrió en la prohibición
de doble militancia, porque no renunció a la curul que ocupaba en el Concejo de Neiva
por el grupo significativo de ciudadanos «Neiva Primero», dentro de los doce (12)
meses antes del primer día de inscripciones a las elecciones territoriales llevadas a
cabo el 29 de octubre de 2023.

Las demandas se acumularon y tramitaron ante el Tribunal Administrativo del Huila
que, en sentencia del 25 de junio de 2024, negó las pretensiones de las demandas, al
considerar que la señora Castro Silva no incurrió en la prohibición de doble militancia,
pues consideró que su situación se encuentra dentro de las excepciones descritas en
el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, toda vez que el grupo significativo
de ciudadanos que la inscribió como concejal perdió vigencia.

Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, con
fundamento en que la señora Castro Silva incurrió en la prohibición de doble militancia,
además, afirmaron que no es aplicable la excepción referida en primera instancia,
porque tal disposición solo es predicable para los partidos políticos que pierden
personería jurídica, previo procedimiento ante el Consejo Nacional Electoral, pero en
el caso concreto, la demandada estaba inscrita por un grupo significativo de
ciudadanos sin personería jurídica, el cual no acreditó que se hubiese disuelto.

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 5 de septiembre de 2024,
confirmó la decisión de primera instancia, pues consideró que la señora Castro Silva
no incurrió en doble militancia, porque la agrupación que la respaldó en el periodo en
el que resultó elegida concejal del municipio de Neiva perdió su vigencia, lo que dio
lugar a la aplicación de la excepción prevista en el parágrafo del artículo 2° de la Ley
1475 de 2011.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en violación directa de
la Constitución, pues alega que se desconocieron los incisos 2 y 12 del artículo 107
superior, considera que era evidente la doble militancia en el caso objeto de estudio,
ya que la señora Castro Silva perteneció de forma simultánea al grupo significativo de
ciudadanos «Neiva primero» y al Partido Liberal Colombiano.

Además, porque debió renunciar a la dignidad que ocupaba como concejal antes de
inscribirse por otra agrupación como candidata a la Asamblea Departamental del Huila
para los comicios de octubre de 2023.

Señaló que, la señora Castro Silva no podía inscribirse a la siguiente elección por un
partido distinto al grupo significativo de ciudadanos que representaba, salvo la previa
renuncia a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones,
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Demandante: Juan David Rozo Lugo

hecho que no ocurrió y quedó suficientemente demostrado dentro del proceso de
nulidad electoral.

Indicó que era cuestionable la aplicación de la excepción contenida en el parágrafo
del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, por la presunta «pérdida de vigencia» del grupo
significativo de ciudadanos, toda vez que, considera que solo es aplicable a los
movimientos o partidos políticos que pierda personería jurídica, lo que no ocurrió en
el caso que se analiza, porque se trata de una colectividad sin personería jurídica.

Para el efecto, trajo a colación el contenido de las normas referidas y extractos de la
sentencia SU -213 de 2022, en la que además se cita la sentencia C-490 de 2011, en
la que se indicó que, la prohibición de doble militancia se extiende, incluso, a los
partidos y movimientos políticos sin personería jurídica.

Que, si en gracia de discusión se admitiera que con fundamento en la excepción
referida podía evadir la responsabilidad de renunciar con una anticipación de los doce
(12) meses al primer día de inscripciones para la elección, pues no se sabía la
conversión del grupo significativo de ciudadanos en movimiento político (lo cual es
posible legalmente); una vez conocida esa situación, para aspirar por otro movimiento
mínimamente debió renunciar a la curul y la pertenencia al grupo significativo de
ciudadanos antes de inscribirse como candidata por otro partido.

Aseguró que, la vigencia del grupo significativo de ciudadanos es diferente a la
permanencia en el mismo, pues lo primero se concreta durante todo el periodo para
el cual se elige y sus candidatos ejercen el cargo, mientras que lo segundo se concreta
en la posibilidad de mantenerse para el siguiente periodo o transformarse en un
partido político.

4. Trámite previo

El 6 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial demandada. Además,
vinculó al Tribunal Administrativo del Huila, a los señores William Eduardo Gutiérrez
Ordóñez y Carlos Humberto Montero Vargas, y a los demás demandantes,
demandados y terceros vinculados dentro del proceso de nulidad electoral con
radicado 41001-23-33-000-2023 00420-00/01, como terceros con interés.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Quinta pidió que se negaran las pretensiones de la
acción de tutela, porque no se vulneraron los derechos fundamentales deprecados
por el actor.

Indicó que la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es
excepcional y no puede ser usado para reabrir el debate surtido ante los jueces
naturales ni para demostrar la mera inconformidad con los argumentos de la
sentencia.

Señaló que, en la sentencia cuestionada se resolvieron cada una de las
inconformidades planteadas por el actor dentro de la acción de tutela, los cuales son
idénticas a los argumentos expuestos en el recurso de apelación dentro del proceso
de nulidad electoral.

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Demandante: Juan David Rozo Lugo

Que en la providencia se indicó con claridad que la señora Castro Silva no incurrió en
doble militancia, porque le era aplicable la excepción del parágrafo del artículo 2 de la
Ley 1475 de 2011, toda vez que, el grupo significativo de ciudadanos al que pertenecía
había perdido su vigencia por no haber tenido vocación de permanencia más allá del
certamen electoral 2020-2023, lo que se fundamentó en la jurisprudencia desarrollada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

6. Terceros con interés

El Consejo Nacional Electoral pidió que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva y como consecuencia, se desvincule del trámite de la acción de
tutela, pues en el presente caso se está cuestionado una providencia judicial, respecto
de la cual no tiene competencia y, además, no ha vulnerado los derechos deprecados
por el actor.

La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, por lo que solicitó que se le desvinculara del trámite constitucional,
porque los hechos referidos por el actor no tienen relación con las facultades y
funciones que tiene previstas en la Constitución y la ley.

7. Sentencia de primera instancia

El 1° de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
profirió sentencia de tutela de primera instancia, en la cual negó las pretensiones del
recurso de amparo y no accedió a las solicitudes de desvinculación propuestas por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Señaló que, la providencia acusada explicó que la obligación de renunciar doce meses
antes de la fecha de inscripción se predicaba para los casos donde la agrupación
política hubiese postulado candidatos para los siguientes comicios, lo cual no ocurrió
con el grupo significativo de personas «Neiva Primero», motivo por el que no tuvo
vocación de permanencia en el tiempo.

Que respecto de la excepción del parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia cuestionada indicó que era
aplicable a las agrupaciones sin personería jurídica, como lo es el grupo significativo
de ciudadanos «Neiva Primero».

Afirmó que la interpretación normativa hecha por la autoridad judicial accionada se
encuentra en armonía con las disposiciones superiores y con la jurisprudencia
desarrollada por la Corte Constitucional. Que dentro del marco de la autonomía e
independencia judicial concluyó que la señora Castro Silva no incurrió en la prohibición
de doble militancia.

Que igualmente, se pronunció sobre el alegato del actor referente a que no se probó
la disolución del grupo significativo de personas «Neiva Primero», para indicar que era
el demandante quien tenía el deber de probar la existencia de la agrupación política,
pues era quien buscaba la nulidad de la elección de la señora Castro Silva, de manera
que no podía pretender trasladar la carga de la prueba a la contraparte.

8. Impugnación

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Demandante: Juan David Rozo Lugo

El accionante impugnó el fallo de primera instancia, en la cual solicitó que se revoque
la decisión del a quo y, en consecuencia, se acceda a las pretensiones de la tutela,
pues insiste en que la decisión cuestionada incurrió en violación directa de la
Constitución.

Indicó que no es de recibo el argumento de la sentencia cuestionada, según el cual
no es posible predicar la doble militancia si el partido o grupo significativo de
ciudadanos no inscribió candidato para la siguiente elección. Que la jurisprudencia de
la Sección Quinta del Consejo de Estado ha declarado la nulidad de elecciones a
pesar de que el partido de origen no postuló lista alguna para la siguiente elección,
para el efecto, citó la sentencia del 6 de febrero de 2025, expediente 41001-23-33-
000-2023-00395-01.

En cuanto a la aplicación de la excepción prevista en el parágrafo del artículo 2 de la
Ley 1475 de 2011, indicó que era una disposición que se aplicaba a los miembros de
los partidos y movimientos políticos cuando sus agrupaciones fueran disueltas por
voluntad de sus integrantes o perdieran la personería jurídica por causas distintas a
las sanciones previstas en la ley, trámite que debe adelantarse ante a entidad que
ejerce el control y vigilancia de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica.

Aseveró que, en el caso concreto, no es aplicable la excepción referida, porque se
trata de un movimiento significativo de ciudadanos sin personería jurídica. Que, en
esa medida solo era viable la disolución adoptada por sus miembros, pero dentro del
proceso no se probó la que el grupo significativo de ciudadanos que avaló a la señora
Castro Silva como concejal de Neiva, en el periodo 2020-2023, se hubiese disuelto.

Que la demandada no renunció con antelación a los doce (12) meses al primer día de
inscripciones ni renunció al grupo significativo de ciudadanos o a la curul de concejal,
razón por la cual ostentó doble militancia, toda vez que, ejerció el cargo de concejal
por el grupo significativo de ciudadanos; y al mismo tiempo, hizo campaña en nombre
del Partido Liberal Colombiano.

Aseguró que acorde con las disposiciones legales, los grupos significativos de
ciudadanos no se extinguen después de la inscripción, sobreviven hasta el final del
periodo, porque tienen el deber de postular ternas frente a vacantes absolutas de los
elegidos con el aval del grupo significativo de ciudadanos.

Según el actor, si a julio de 2023, no había transición a un partido ni se refrendaría
nuevamente el grupo de ciudadanos, la señora Castro Silva debió renunciar a la curul
antes de inscribirse por el Partido Liberal, para evitar incurrir en la doble militancia: la
de «Neiva Primero» en el Concejo de Neiva, y la del Partido Liberal entre agosto y
octubre de 2023.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la

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Demandante: Juan David Rozo Lugo

acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico y solución

Corresponde determinar si resulta procedente revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del recurso de amparo.

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, se
declarará improcedente la acción de tutela porque no se cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, toda vez que, el tutelante insiste en los mismos
argumentos expuestos en la demanda de nulidad electoral y en el recurso de
apelación, por lo tanto, pretende configurar una tercera instancia del proceso de
nulidad electoral.

Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) relevancia
constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales; y, (ii) el análisis del caso concreto.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

1
La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
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El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional al proceso ordinario, tal como se pasa a explicar.

4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01219-01
Demandante: Juan David Rozo Lugo

Los señores Juan David Rozo Lugo, William Eduardo Gutiérrez Ordoñez y Carlos
Humberto Montero Vargas presentaron demandas de nulidad electoral contra el acto
de elección de la señora Victoria Eugenia Castro Silva, como diputada del
departamento del Huila para el periodo constitucional 2024-2027, al considerar que
incurrió en la prohibición de doble militancia, prevista en el artículo 1076 de la
Constitución y en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

La demanda se fundó en que la señora Castro Silva no renunció a la curul como
concejal de Neiva, elegida en los comicios de octubre de 2019, por el movimiento
grupo significativo de ciudadanos «Neiva Primero» para el periodo constitucional 2020
-2023 y al haber sido elegida diputada a la Asamblea Departamental del Huila para el
periodo constitucional 2024-2027, en las elecciones del año 2023, por el Partido
Liberal Colombiano, incurrió en doble militancia.

El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Huila que, en
sentencia del 25 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda, porque
consideró que la señora Castro Silva no incurrió en la prohibición de doble militancia,
toda vez que su situación se encuentra dentro de la excepción descrita en el parágrafo
del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, teniendo en cuenta que, el grupo significativo
de ciudadanos que la inscribió como concejal perdió vigencia.

Contra la anterior decisión los demandantes interpusieron recursos de apelación, con
base en los argumentos que se resumen, así:

• Que acorde con lo previsto en el artículo 107 de la Constitución Política y el
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, nadie puede pertenecer a más de un partido
o movimiento político, con o sin personería jurídica, por lo que, la señora Castro
Silva al haber estado afiliada al grupo significativo de ciudadanos «Neiva
Primero», tenía prohibido aspirar a la Asamblea del Huila para los comicios del
año 2023 por el Partido Liberal Colombiano.

• Señaló que acorde con lo dispuesto en el inciso 12 del referido artículo 107
superior, la actora debió renunciar a su curul de concejal doce (12) meses antes
del primer día de inscripciones, para aspirar a la siguiente elección por un partido
distinto.

• Indicó que la excepción prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, debe interpretarse de forma restrictiva. De ahí que esté previsto para
partidos o movimientos políticos que pierdan la personería jurídica, lo cual
implica un trámite previo ante el Consejo Nacional Electoral, por ser la entidad

6
Artículo 107: «Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a
ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.
(…)
Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos
doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (…).»
7
Artículo 2. Prohibición de doble militancia. «En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento
político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización
política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cuál deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de
protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de direccion, gobierno, administracion o control, dentro de los partidos y movimientos politicos, o hayan sido o aspiren ser
elegidos en cargos o corporaciones de eleccion popular, no podran apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento politico al cual se
encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse
a la siguiente eleccion por un partido o movimiento politico distinto, deberan renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer dia de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos
políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse
o aceptar la nueva designación o ser inscritos cómo candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será
causal para la revocatoria de la inscripción.
Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por
decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuáles podrán inscribirse en
uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.»
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Demandante: Juan David Rozo Lugo

que ejerce el control y vigilancia de tales agrupaciones; pero que no procede en
el caso concreto, porque se trata de un grupo significativo de ciudadanos sin
personería jurídica.

Que, si bien, tal excepción también se encuentra prevista cuando la agrupación
se disuelve por decisión de sus miembros, tal aspecto debe ser probados por la
demandada y no por la parte actora. Que, como no existe un acto de disolución,
se entiende que la representación se agotó hasta la culminación del periodo
constitucional para el cual fue elegida, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto por violación directa de la Constitución, por
desconocimiento de los incisos 2 y 12 del artículo 107 de la Carta Política, que prevé
la prohibición de doble militancia, así:

«Para el caso de la señora VICTORIA EUGENIA CASTRO SILVA, contrario a lo sostenido por la
Sección Quinta, se violó de manera flagrante el mandato constitucional contenido en los incisos 2°
y 12 del artículo 107, y se configuró la causal de nulidad establecida en el artículo 2° de la Ley 1475
de 2011, en armonía con el numeral 8° del artículo 275 del CPACA.

Es evidente la existencia de doble militancia en el caso que se analiza, pues la demandada
perteneció al Grupo Significativo de Ciudadanos “NEIVA PRIMERO”, que representaba ocupando
una curul en la Corporación Concejo de Neiva durante el periodo 2020-2023, y de manera
simultánea, manifestó su militancia al Partido Político Liberal Colombiano al momento de inscribir su
candidatura a la Asamblea del Huila para el periodo 2024-2027.

Por lo tanto, al ser simultáneamente parte del Movimiento del Grupo Significativo de Ciudadanos
“NEIVA PRIMERO” y del PARTIDO LIBERAL, se configuró la causal de nulidad por doble militancia
de raigambre constitucional y legal que desechó el fallador de segunda instancia del proceso de
nulidad electoral.

(…)
Ahora bien, la jurisprudencia también ha considerado que aplica para aquellas agrupaciones que no
tengan personería jurídica, y en ese sentido por mandato de la constitución y la ley estatutaria, no
hay otra conclusión que la señora VICTORIA EUGENIA CASTRO SILVA en su condición de
ciudadana y Concejal de Neiva, estaba afiliada al Grupo Significativo de Ciudadanos “NEIVA
PRIMERO” cuando se inscribió por el PARTIDO LIBERAL para los siguientes comicios, acción que
la ubica en la prohibición del inciso 2° del artículo 107 Superior.

En efecto, perteneció simultáneamente a dos organizaciones políticas al momento en que se inscribe
como candidata a la Asamblea Departamental del Huila para los comicios de octubre de 2023,
momento desde el cual queda cobijada igualmente por la causal consignada en el inciso 12 del
artículo 107 de la Constitución Política, al pertenecer simultáneamente a dos organizaciones
políticas y ser miembro del Concejo de Neiva.

(…)
Así las cosas, la señora Castro Silva no podía inscribirse a la siguiente elección por un partido distinto
al grupo significativo de ciudadanos que representaba, salvo la previa renuncia a la curul al menos
12 meses antes del primer día de inscripciones, hecho que NO ocurrió y quedó suficientemente
demostrado dentro del proceso de nulidad electoral.

(…)
En ese orden de ideas, el argumento del fallo según el cual la conducta de la demandada se enmarca
en la excepción legal que trae el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, por la supuesta
“pérdida de vigencia” del Grupo Significativo de Ciudadanos “NEIVA PRIMERO”, resulta
cuestionable, por estar dicha regla dirigida a los movimientos o partidos políticos que pierdan la
personería jurídica, lo que indica que este es un procedimiento que se debe adelantar ante la entidad
que ejerce el control y vigilancia de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
asunto que no ocurrió en el caso concreto por cuanto se trata de un movimiento significativo de
ciudadanos sin personería jurídica.

Quedando solamente y en gracia de discusión, la posibilidad de la disolución adoptada por sus
miembros. Sobre este punto, en el proceso NO se probó la disolución del grupo significativo de
ciudadanos que avaló a la señora Castro Silva y por el cual ejerció como Concejal de Neiva para
el periodo 2020-2023, valga decir, hasta la culminación del periodo para el cual resultó electa el 31
de diciembre de 2023.

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(…)
Por tales razones, frente al último cuestionamiento formulado debe decirse que le
corresponde a los inscriptores del grupo proponer su reemplazo, de manera que el Grupo
Significativo de Ciudadanos existe hasta que concluya el periodo del cargo de elección popular para
el cual o para los cuales fue creado, y en esa medida, los candidatos que hubiesen resultado electos
responden a los integrantes y votantes de dicha colectividad que se erigió bajo unas convicciones y
un programa de acción política representativo.

Es por ello que, la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de una agrupación política NO
se limita únicamente al momento de la inscripción del grupo significativo de ciudadanos, como quiera
que éste continúa existiendo hasta que finalice el periodo, sin importar si con posterioridad dicha
agrupación haya postulado una nueva lista de candidatos para las siguientes elecciones.

Además, en el caso que nos ocupa, la demandada VICTORIA EUGENIA CASTRO SILVA no solo
no renuncia con la anticipación de doce (12) meses al primer día de inscripciones, sino que
NUNCA RENUNCIÓ al grupo significativo de ciudadanos NI A LA CURUL DE CONCEJAL,
razón por la cual ostentó doble militancia: por un lado ejerció como Concejal por el grupo
significativo de ciudadanos; y por el otro, hizo campaña en nombre del Partido Liberal
Colombiano. Ambas situaciones simultáneamente entre el 1º de agosto y el 28 de octubre de
2023 (y hasta el 31 de diciembre de esa misma anualidad.

En gracia de discusión, la excepción del parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 le servía
para evadir la presentación de la renuncia con una anticipación de doce (12) meses al primer día de
inscripciones para la elección, pues no se sabía la conversión del grupo significativo de ciudadanos
en movimiento político (lo cual es posible legalmente); pero una vez conocida esa situación, para
aspirar por otro movimiento mínimamente debió renunciar a la curul y la pertenencia al grupo
significativo de ciudadanos antes de inscribirse como candidata por otro partido.

En síntesis, una cosa es la VIGENCIA de un grupo significativo de ciudadanos y otra es su vocación
de permanencia, pues lo primero se concreta durante todo el periodo para el cual se erige y sus
candidatos elegidos ejercen el cargo, mientras que lo segundo se concreta en la posibilidad de
mantenerse para el siguiente periodo o transformarse en un partido político.»
(Negrillas originales del texto)

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada en el
marco del proceso ordinario ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
en providencia del 5 de septiembre de 2024.

En cuanto al desconocimiento del precedente desarrollado en la sentencia SU -213
de 2022, en la que además se cita la sentencia C-490 de 2011, fue abordado en el
estudio del caso concreto para indicar:

«62. La parte demandada señaló que por la naturaleza del grupo significativo de ciudadanos que la
inscribió no debía renunciar a su peldaño como lo indica el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, ya que
la norma de manera expresa establece la obligación de renunciar a la misma «siempre que fueren
inscritos por un partido o movimiento político». Además, que resulta aplicable la excepción de la
norma referida de conformidad con la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional y la
providencia del 11 de octubre de 2018 proferida por esta Sala Electoral en el proceso con radicado
11001-03-28-000-2018-00021-00.

63. Sobre este particular, en reciente pronunciamiento, la Sección señaló lo siguiente:

Asimismo, en sentencia 29 de septiembre de 2016, en un caso con contornos similares al presente,
la Sección Quinta consideró que operó la excepción prevista en el parágrafo del artículo 2.º de la
Ley 1437 de 2011, por cuanto el grupo de ciudadanos que avaló la inscripción de la candidatura
del demandado al Concejo Municipal de Envigado se disolvió voluntariamente, por lo que el
accionado no tenía que renunciar a dicha curul con doce (12) meses de anticipación a las
inscripciones para aspirar por otro movimiento o partido político con personería jurídica en las
siguientes elecciones.

Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los
elegidos, a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende,
con un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez,
está estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por
el Acto Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o
movimiento que obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que
adopte su bancada, a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se

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refuerce la vigencia del programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad
legislativa, al hacerse definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la
deliberación. Este régimen es complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de
conciencia exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y
movimientos, de las sanciones aplicables a quienes se apartan injustificadamente de esa
disciplina.” […]

Ahora bien, cabe agregar que a la fecha no obra prueba de que el grupo significativo de ciudadanos
por ti Envigado hubiera postulado candidatos con miras al proceso electoral de 2015 y al existir
acta disolutoria No. 001 del 17 de junio de 2015 puede decirse que no existió vocación de
permanencia del grupo significativo de ciudadanos, razón por la cual al momento de la inscripción
de la candidatura del señor José Efraín Echeverry Gil con el aval de una agrupación política distinta,
éste se encontraba relevado de la obligación de dimitir de su cargo de concejal con 12 meses de
antelación por estar amparado por la excepción consagrada en el parágrafo del artículo 2 de la Ley
1475 de 2011.

64. De cara al antecedente citado, en el trámite de este proceso se acreditó que el grupo significativo
de ciudadanos «Neiva Primero», agrupación que inscribió aspirantes al Concejo de Neiva para la
vigencia 2020-2023, entre ellos la demandada, quien resultó elegida y ocupó una curul, no postuló
candidatos para participar en el proceso electoral de autoridades territoriales del año 2023, por lo
que se puede inferir que no tuvo vocación de permanencia y, por ende, se disolvió.»

Como se observa, no se desconoció los precedentes invocados por el actor, sino que
se emplean para insistir en la misma discusión jurídica que ya se resolvió a instancias
del proceso de nulidad electoral.

Respecto al deber de renunciar a la curul previa postulación a otro cargo de elección
popular por otra colectividad, indicó que la señora Castro Silva no se encontró incursa
en la causal de doble militancia, porque el grupo significativo por el cual aspiró al
concejo de Neiva perdió vigencia, así:

«65. Al respecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil, certificó el 2 de mayo de 2024 lo
siguiente:

«Con relación a si el GSC NEIVA PRIMERO participó en los comicios celebrados el pasado 29/10/2023
para el período 2024-2027, informamos que el mismo no se inscribió para dicha contienda electoral,
en lo concerniente a Alcaldía, Concejo y JAL del municipio de Neiva.».

66. En el mismo sentido, el Consejo Nacional Electoral informó mediante oficio CNE-AJ-2024-
030730 de la misma fecha lo siguiente:

«En el caso puntual, informamos que, una vez revisadas las bases de datos de esta Dirección, no se
encontró registro de logo símbolo con el nombre "Neiva Primero" para un GSC que inscribiera lista en
el departamento del Huila en las elecciones territoriales del año 2023.».

67. Además, la parte actora no allegó pruebas para demostrar la existencia actual del mencionado
grupo significativo de ciudadanos o que hubiera obtenido personería jurídica para continuar en la
contienda electoral, esto último, si bien no es una obligación para mantener la vigencia política, sí
es una muestra clara de la intención de permanecer o consolidarse como colectividad política.

68. Al respecto, no comparte la Sala que la carga probatoria referida previamente corresponda a la
demandada, como lo sugiere el apelante, toda vez que, conforme al artículo 167 de la Ley 1564 de
2012, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen, por lo tanto, en este caso, la prueba de la vocación de permanencia del
referido grupo debía ser aportada por quien alega la configuración de la causal de nulidad electoral
por la presunta configuración de la prohibición de la doble militancia, es decir, por el demandante.

69. Ahora bien, si como lo aduce el recurrente, al no existir el acto de disolución del grupo significativo
de ciudadanos «Neiva Primero», se presumiera que la representación se agotó hasta la culminación
del periodo constitucional para el cual fue elegida la señora Castro Silva, es decir, hasta el 31 de
diciembre de 2023, no sería suficiente para acreditar la conducta de doble militancia, toda vez que,
como lo indicó el Consejo Nacional Electoral, estas agrupaciones «no suponen una organización
permanente sino la simple coyuntura de postular listas y candidatos en un determinado certamen
electoral».

70. En punto al límite temporal de la excepción del parágrafo del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011,
en reciente pronunciamiento, siguiendo un antecedente de antaño, esta Sección, en un asunto en el
que se analizó la presunta doble militancia de un concejal para el periodo 2020-2023, quien se
inscribió por un grupo significativo de ciudadanos y que resultó elegido para la vigencia 2024-2027

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por un partido político, sin haber renunciado a su curul con 12 meses de antelación, sostuvo que no
podía predicarse que incurrió en la prohibición alegada a pesar de que la primera agrupación estuvo
vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, dada la naturaleza transitoria de esta.

71. En razón de lo anterior, la Sala considera que la señora Victoria Eugenia Castro Silva no se
encuentra inmersa en la doble militancia por no haber renunciado a la curul que ocupaba en el
Concejo de Neiva por el mencionado grupo significativo de ciudadanos para la vigencia 2020-2023,
con la antelación de 12 meses a la fecha de su inscripción como candidata a la Asamblea del Huila,
en representación de un partido político para las elecciones del año 2023, toda vez que la agrupación
que la respaldó en el primer periodo, perdió su vigencia, lo que da lugar a la aplicación de la
excepción prevista en el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011.»

Además, desestimó el argumento de la parte demandante según el cual, la señora
Castro Silva tuvo vinculación simultánea a más de una agrupación política, cuando
inscribió su candidatura a la Asamblea Departamental del Huila, el 29 de julio de 2023,
por el Partido Liberal Colombiano, ya que pertenecía al grupo significativo de
ciudadanos «Neiva Primero» y ocupaba una curul en representación de esta
agrupación en el Concejo de Neiva, con los siguientes argumentos:

«74. En ese orden de ideas, bajo los mismos argumentos expuestos en el acápite 2.4.1., considera
la Sala que tampoco se concretó la doble militancia por simultaneidad de pertenencia a más de una
agrupación política, dado que el grupo significativo de ciudadanos «Neiva Primero» no tuvo vocación
de permanencia más allá del certamen electoral 2020-2023, conforme se advierte en la
documentación que aportó la Registraduría Nacional del Estado Civil.»

A partir de lo anterior, la Sala advierte que el actor propone la misma discusión jurídica
que se presentó en el proceso de nulidad electoral, porque insiste en que la señora
Victoria Eugenia Castro Silva incurrió en la prohibición de doble militancia, al ser
elegida por el Partido Liberal Colombiano como diputada de la Asamblea del Huila
para el periodo 2024-2027, cuando se desempeñaba como concejal del municipio de
Neiva (2020-2023), por un grupo significativo de ciudadanos «Neiva Primero».

Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que
la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados al
incurrir en violación directa de la Constitución, lo cierto es que la parte demandante
pretende hacer uso del recurso de amparo de la referencia para insistir en los mismos
argumentos expuestos en el trámite ordinario.

Los cuales, como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural, quien además explicó
las razones por las cuales la señora Castro Silva no incurrió en la prohibición de doble
militancia, pues el grupo significativo «Neiva Primero», por medio del cual aspiró al
concejo de Neiva, perdió vigencia, por lo que se encontraba incursa dentro de la
excepción descrita en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

Ahora bien, en el escrito de impugnación, el tutelante alegó el desconocimiento del
precedente desarrollado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia
del 6 de febrero de 2025, expediente 41001-23-33-000-2023-00395-01.

Sin embargo, la Sala advierte que es un argumento nuevo que no fue abordado dentro
del proceso de nulidad electoral y tampoco se puso de presente en el escrito de tutela.
En todo caso, se pone de presente que ese precedente difiere de los supuestos
fácticos del caso objeto de estudio, porque allí se determinó que no resultaba aplicable
la excepción prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, porque, el
partido o movimiento político en que inicialmente fue inscrito el allí demandado, por la
cual ostentó una curul en el concejo, continuó con su actividad proselitista en el marco
de las elecciones territoriales del municipio de Neiva.

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Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que
expuso en el marco del proceso de nulidad electoral y lo que realmente se evidencia
es su inconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez natural.

Lo anterior, es suficiente para revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar,
declarar improcedente el amparo invocado por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la decisión de primera instancia. En su lugar:
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan David
Rozo Lugo contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, conforme con lo expuesto
en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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