Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2024-00006-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2024-00006-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 54001-23-33-000-2024-00006-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
8 de mayo de 2025
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Ocho (08) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
54001-23-33-000-2024-00001-01
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luis Balmaceda Pinzón como alcalde del municipio de San
Calixto (Norte de Santander), período (2024 – 2027)
Temas: Apelación de sentencia, violencia, reclamaciones y solicitudes de recuento-
nulidad electoral con fundamento en las causales 1, 2, 3 y 7 del artículo 275 del
CPACA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 21 de noviembre del 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, a través de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demandas acumuladas
1.1.1. Radicado 2024-000061
1. Nicolás López Gaona, actuando a través de apoderado, presentó demanda, en
ejercicio del medio de control, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011,
con el propósito que se anule el formulario E-26 ALC del 4 de noviembre de 20232, por
medio del cual se declaró la elección del señor José Luis Balmaceda Pinzón, como
alcalde del municipio de San Calixto (Norte de Santander)3.
2. Solicitó también anular las siguientes resoluciones:
• 1 del 29 de octubre de 2023, por medio de la cual la Comisión Escrutadora
Municipal de San Calixto resolvió una reclamación en el sentido de recontar los votos
de la mesa 01, puesto 60, zona 99.
• 2 del 30 de octubre de 2023 por medio de la cual la Comisión Escrutadora
Municipal de San Calixto resolvió una reclamación por encontrar un error aritmético
en la mesa 08, puesto 00, zona 00.
1
Demanda radicada el 11 de enero de 2024.
2
Expedido por la comisión escrutadora municipal.
3
Invocó la causal de nulidad, contenida en los numerales 3 y 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y, además, las contendidas
en el artículo 137 del mismo cuerpo normativo, es especial, infracción de norma en que debía fundarse3 el acto demandado, el
debido proceso, desviación y abuso de poder y falsa motivación.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
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• 3 del 30 de octubre de 2023 por medio de la cual la Comisión Escrutadora
Municipal de San Calixto resolvió una reclamación por inexactitud en los resultados
en la mesa 02, puesto 00, zona 00.
• 4 del 30 de octubre de 2023 por medio de la cual la Comisión Escrutadora
Municipal de San Calixto resolvió una reclamación por error aritmético en la mesa 02,
puesto 04, zona 99.
• 5 del 30 de octubre de 2023 por medio de la cual la Comisión Escrutadora
Municipal de San Calixto resolvió una reclamación por error aritmético en la mesa 01,
puesto 04, zona 99.
• 6 del 30 de octubre de 2023 por medio de la cual la Comisión Escrutadora
Municipal de San Calixto resolvió una reclamación por error aritmético en la mesa 01,
puesto 10, zona 99.
• 7 del 30 de octubre de 2023 por medio de la cual la Comisión Escrutadora
Municipal de San Calixto resolvió una reclamación por error aritmético en la mesa 02,
puesto 18, zona 99.
1.1.2. Radicado 2024-000014
2. Robert Paul Vaca Contreras, actuando en nombre propio, presentó demanda, con el
propósito que se declare nula la elección del alcalde del municipio de San Calixto (Norte
de Santander), por violencia en los electores y destrucción de los documentos,
elementos o material electoral.
1.2. Hechos proceso 2024-00006
3. Según lo relatado por el actor, los cuales se resumen así:
4. El 29 de octubre de 2023, se realizó el certamen electoral para la escogencia de los
mandatarios territoriales elegidos popularmente, para el periodo 2024-2027, entre otros,
en el municipio de San Calixto (Norte de Santander).
5. En etapa de escrutinio, el testigo del partido Polo Democrático Alternativo Deimer
Camilo Sayona Lobo presentó varias solicitudes de saneamiento y reclamaciones ante
la comisión auxiliar, sin precisar a cuáles se refería, sobre las que, según su dicho, unas
no fueron analizadas por la comisión escrutadora y otras rechazadas por
extemporáneas, cuando fueron debidamente sustentadas y formuladas en tiempo, lo
que generó abuso de poder.
6. En particular, el demandante precisó que «LA COMISION ESCRUTADORA MUNICIPAL
SE TERMINARON DE LEER EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR LO QUE A PARTIR DE
ALLI PROCEDIA EL TERMINO DE UN DIA HABIL CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
PARA HACER RECLAMACIONES SOBRE LO ESCRUTADO POR DICHA COMISION QUE
FUE TODO EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO. POR LO QUE LAS RECLAMACIONES
PRESENTADAS ANTE LA COMISION MUNICIPAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, Y ERAN
DE FORZOSA REVISION Y CORRECCIÓN DE HABER LUGAR A ELLO» (sic a la cita).
7. En el municipio de San Calixto se configuró la trashumancia electoral, con base en la
causal de nulidad del artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011, porque, según el reporte
de la RNEC, se estableció que para agosto de 2023, había 1813 personas inscritas
4
Demanda radicada el 19 de diciembre de 2023.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
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para votar, cuando para el 2019 solamente se encontraban 1155 habilitadas para
sufragar. Además, en la territorialidad aludida, los habitantes hicieron referencia a que
personas no residentes acudieron a las urnas.
8. Con todo, por Resolución 5929 de 2023 el CNE inhabilitó 104 cédulas para votar en
la vecindad mencionada, sin embargo, depositaron su sufragio en la contienda electoral
del 29 de octubre de 2023.
9. En consonancia con lo anterior, se hizo referencia a que se presentó suplantación de
electores, esto es, votantes ficticios que no figuran o no existen en las bases de datos.
10. Aludió que fueron solicitados los formularios E-10 y E-11; no obstante, la RNEC
respondió por oficio 9475 del 28 de diciembre de 2023, que por los hechos de orden
público acaecidos el 31 de octubre de ese año, los documentos referidos fueron
destruidos, además que en San Calixto no hubo biometría en el certamen electoral.
Debido a ello, no es posible constatar las personas aptas para votar y las que,
efectivamente, ejercieron su sufragio. Adicionalmente, de los E-14 delegados tampoco
es posible extraer información pues los que se lograron digitalizar, se encuentran
«sobre marcados».
11. Presentó solicitudes de saneamiento y reclamaciones en la comisión escrutadora
municipal de Cúcuta, las cuales no fueron aceptadas por la imposibilidad de realizar
recuento, toda vez que no existían los documentos electorales, a causa de su
destrucción derivado de los desmanes de orden público, por lo que no se pudo
constatar las diferencias entre los formularios E-11, E-14 y E-24 acaecidas en las
siguientes mesas:
12. Las anteriores irregularidades incidieron en el resultado, toda vez que la diferencia
de votación entre el demandado (3278) y el señor Nicolás López Gaona (3075), fue de
203 sufragios.
13. Adicionalmente, se presentaron irregularidades en el proceso electoral, por cuanto
se advirtieron registros falsos o apócrifos, circunstancia que se evidencia de los E-14
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delegados en los que se observan «sobreborrados».
14. Para sustentar su dicho, comentó que:
«En las actas de escrutinio que determinaron la elección del actual Alcalde de San Calixto,
se presentó la apocrificidad de los documentos electorales cuando el Acta Parcial de
Escrutinio o formulario E-26 y el Resultado Mesa a Mesa del Escrutinio Zonal, contenido en
el Formulario E-24, los cuales reflejan un mayor o menor número de votos de los
consignados en el Acta de escrutinio de los jurados de votación o formulario E-14, sin mediar
justificación alguna en las actas generales de escrutinios auxiliares, zonales, municipales y
general, tal como se demuestra con la prueba documental consistente en los formularios E-
14 y E-24 que se allego (sic), y que además se solicitan allegar al proceso en el Acápite de
Pruebas de esta demanda y las actas generales de escrutinio auxiliar y zonal solicitadas».
15. Bajo los anteriores parámetros, refirió que el operador jurídico debe hacer un
estudio minucioso a partir de los documentos que expide la RNEC, esto es, los
«formularios E-11 que contienen el Acta de Instalación de los Jurados de Votación y la lista y
registro de votantes de cada una de estas mesa (sic) de votación, comparándolas contra los
siguientes documentos o pruebas documentales allegadas o por arrimar al plenario: i) Contra
los formularios E-14 o acta de escrutinio de los jurados de votación; ii) Contra los formularios E-
14 C, E-24, E-24 C y E-26 y E-26 C expedidos por las comisiones escrutadoras Auxiliares,
Municipal y General del Departamento; iii) Contra las actas de escrutinio general expedidas por
cada una de las comisiones escrutadoras; iv) Contra el Censo Electoral, v) Contra el Archivo
Nacional de Identificación, vi) contra las resoluciones que dieron de baja a personas que por
trashumancia no podían votar en las elecciones locales de San Calixto y vii) contra las
certificaciones y demás documentos electorales que hacen parte de la prueba que se decrete y
practique en esta acción pública electoral».
16. Menciona que el acto demandado, el acta de escrutinio general, el parcial, las
resoluciones y autos que confirmaron la designación fueron proferidos en contravención
al «orden jurídico Electoral Vigente y a la vez, contienen en su parte considerativa una falsa
motivación, una desviación de poder, un abuso del poder y unos motivos ocultos que
determinaron ilegalmente la declaratoria de la elección del alcalde de San Calixto».
17. En cuanto al debido proceso, hizo referencia a que en el proceso electoral se
presentaron irregularidades que no fueron analizadas al detalle, de acuerdo con las
ritualidades propias del trámite administrativo electoral.
18. El CNE y sus delegados actuaron con desviación de poder, por cuanto
desconocieron el procedimiento electoral, en cuanto a la forma en que se atendieron las
reclamaciones y solicitudes de saneamiento, además, porque se omitió hacer uso de la
capacidad oficiosa prevista en el artículo 189 del Código Electoral, así mismo, precisó
que se incurrió en un vicio por sumarle votos al demandado cuando no los obtuvo.
19. De acuerdo con lo anterior, señaló que se configuró la causal de nulidad, contenida
en los numerales 3 y 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y, además, las
contendidas en el artículo 137 del mismo cuerpo normativo, en especial, infracción de
norma en que debía fundarse5 el acto demandado, el debido proceso, desviación y
abuso de poder y falsa motivación.
20. En el mismo escrito, solicitó la suspensión provisional del acto acusado.
5
Artículos 1°, 48 numeral 8º, 56 numeral 4º, 180, 182, 185, 189,192, 193 y 209 del Código Electoral, y Resolución 1706 de 2019 del
Consejo Nacional Electoral.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
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1.2.1. Hechos proceso 2024-00001
21. Relatados por la parte actora de la siguiente manera:
22. El 29 de octubre de 2023, en los «puestos de votación de Casas Viejas, ubicado en el
Centro Educativo Rural Casa viejas (sic) y puesto de votación El Espejo ubicado en el Centro
Educativo Rural El Espejo», hicieron presencia personas uniformadas de FARC-EP y
terceros indeterminados, con el propósito de generar presión y violencia psicológica, a
los electores y los jurados de votación. Explicó que estos grupos hicieron disparos al
aire, decomisaron e incautaron tarjetas electorales, papelería de la RNEC, e impidieron
a muchos votantes ejercer su derecho con el propósito de favorecer al demandado.
23. El 31 de octubre del 2023, seguidores del demandado incendiaron las «instalaciones
de la Alcaldía, Personería, el Concejo y violentaron las oficinas de la Registraduría Municipal del
Estado Civil, destruyendo el material electoral depositado en las urnas», dentro de los cuales
se destaca el E-14 de claveros, de los puestos referidos. Circunstancias que se pueden
corroborar con la información contenida en varios medios de comunicación6.
24. Los escrutinios se continuaron en las instalaciones de la delegación departamental
de Norte de Santander por 8 mesas, lo que quiere decir que, en ese procedimiento, no
se tuvieron en cuenta los E-14 de claveros.
25. Por estos motivos, se presentaron reclamaciones en la comisión escrutadora
municipal y también denuncias, ambas solicitudes fueron resueltas de manera adversa
para los peticionarios.
26. El demandante, como sustento de sus pretensiones, invocó como causales de
anulación lo dispuesto en el artículo 275 numerales 1 y 2 del CPACA.
1.4. Trámite procesal relevante en primera instancia
27. Mediante auto del 1 de febrero de 2024, se admitió y se negó la solicitud de medida
cautelar dentro del proceso con radicado 2024-000067. Por escrito del 13 de febrero de
2024, se reformó la demanda en este caso, con el propósito de allegar un listado de
personas presuntamente trashumantes. Escrito que fue rechazado por auto del 21
siguiente por ser extemporáneo8.
28. El 6 de febrero de 2024 se inadmitió la demanda el radicado 2024-000019, con el fin
de que se corrigieran las pretensiones. Una vez subsanado el escrito, por auto del 21
6
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-violencia-se-desato-en-san-calixto-incendiaron-la-alcaldia-y-la-
registraduria/. https://www.laopinion.co/elecciones-2023/escrutinios-de-cucutilla-y-san-calixto-se-trasladan-cucuta.
https://moe.org.co/4-073-observadores-se-desplegaran-en-la-mitad-de-los-municipios-del-pais-moe/.
https://www.elcolombiano.com/colombia/denuncias-presisiones-de-disidencias-de-las-farc-para-votar-por-candidatos-en-catatumbo-
CC23037489. https://larazon.co/nacion/quemaron-la-alcaldia-de-san-calixto-en-santander-por-presunto-fraude-electoral/.
https://www.elheraldo.co/nacional/2023/11/01/defensoria-rechazo-hechos-de-violencia-en-san-calixto-norte-de-santander/.
https://www.youtube.com/watch?v=CiCi9Wk6yzs. https://www.wradio.com.co/2023/11/01/alcaldia-de-san-calixto-fue-quemada-tras-
resultados-de-elecciones-territoriales/. https://www.youtube.com/watch?v=dG2za4ITiHo.
7
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de febrero siguiente se admitió la demanda y se negó la solicitud de medida
provisional10.
29. En el término de traslado de la demanda, se recibieron las siguientes
intervenciones:
En el proceso 2024-00006
30. El demandado, actuando por apoderado11, se opuso a las pretensiones de la
demanda, en síntesis, expuso que las reclamaciones presentadas por el testigo
electoral, que aduce el actor, fueron declaradas infundadas por no tener sustento.
También se propone en la demanda un cargo de trashumancia, sin ofrecer ningún
elemento de juicio para demostrarla, más allá de la confusión del demandante respecto
de las personas habilitadas para votar en cada mesa.
31. Sobre las supuestas alteraciones del orden público, afirmó que no afectaron el
proceso electoral «pues los formularios contentivos del conteo de votos fueron debidamente
trasmitidos (sic) y asegurado (sic) por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Garantizando
de esta manera el principio de la eficacia del voto».
32. De los formularios E-14 delegados, es posible evidenciar las correcciones que se
hicieron en cuanto al cómputo de votos por los jurados de votación, por lo tanto,
contrario a lo afirmado por el demandante, lo cierto es que se pudo desarrollar el
proceso de escrutinio sin ningún inconveniente y también fue posible dejar constancia
de ello en los documentos electorales.
33. Del cuadro de presuntas irregularidades que se expone en la demanda, refiere que
no se refleja ninguna inconsistencia, salvo la de la zona 99, puesto 10, mesa 01, en
donde se menciona que según el formulario E-11 la mesa tenía un potencial de
votantes de 268, no obstante, se encontraron 270 sufragios. Sobre ese aspecto, hizo
alusión al formulario E-14 de delegados, en donde obró constancia de que los jurados,
al percatarse de esta anomalía, procedieron a incinerar 2 votos, cuya operación
subsanó la falencia.
34. Por su parte, en lo que tiene que ver en la zona 00, puesto 00, mesa 10, en el
formulario E-14 de delegados, en la casilla del votantes según el formulario E-11, se
consignó el número 340 y en el total de los votos en la urna 254, para lo cual afirmó que
«por error de la mesa, por lo jurados de votación se puso como número de votantes del
formulario E-11 el total de personas habilitadas para votar en esa mesa, y no el número de
votantes debidamente registrados», pero se observa del formulario E-14 delegados que se
realizó recuento de la votación, por lo que no se advierte ninguna inconsistencia.
35. Agregó que la RNEC, en el numeral primero del artículo 1 de Resolución No. 21552
del 28 de septiembre de 2023, estableció que las mesas pueden tener el potencial de
votantes antes señalados, pues allí se indica que «En los distritos, municipios zonificados,
no zonificados y cárceles, podrán sufragar hasta trescientos cuarenta (340) ciudadanos por
10
Visible en el link
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C1F9AB25DF8DB2418D41216F5098812C4F544951DA2763346E10B/2
11
Armando Quintero Guevara, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.487.199 de Cúcuta, y T. P. 93.352 C. S. J.
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mesa». Por esto resulta coherente, que se hubiera consignado la información antes
referida en el formulario E-14 delegados.
36. Para el elegido, la causal invocada en la demanda, esto es, la contenida en el
numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en este caso, no tiene sustento, en
la medida en que no se logró desvirtuar que la información obtenida en los formularios
electorales tuviera algún dato contrario a la verdad o hubieran sido alterados con ese
propósito.
37. Además, puso de presente que varias declaraciones de jurados de votación
coincidieron en determinar que la jornada de votación y escrutinio en el municipio de
San Calixto trascurrió en normalidad. En el mismo sentido, se destacaron los escritos
del Ejército y la Policía Nacional.
38. Sotuvo que «la causal de nulidad del numeral 2º del artículo 275 del CPACA no se
materializa, pues, aunque el material electoral físico del municipio de San Calixto fue destruido,
(Destrucción que según los indicios fue ocasionada por simpatizantes de los candidatos
perdedores), las Actas o Formularios E-14, fueron remitidos por medios electrónicos lo que
permite dar cuenta con certeza de cuantos fueron los votos depositados y cuál fue la votación
obtenida para candidato».
39. La RNEC, por medio de apoderado12, propuso la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
40. La ciudadana Yorley Lisset Rincón Velandia, solicitó ser tenida como
coadyuvante, en particular amplió el cuadro de irregularidades traídos por el
demandante. Intervención que fue aceptada por acuto del 18 de marzo de 202413.
En el proceso 2024-00001
41. El CNE por medio de apoderado14, propuso la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
42. La RNEC, por medio de apoderado15, propuso la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
43. José Luis Franco Pinzón solicitó ser tenido como coadyuvante en el presente
asunto, para lo cual precisó se configuraron actos de violencia en el municipio de San
Calixto.
44. El demandado, por medio de apoderado, deprecó la negativa de las pretensiones.
Desmintió los hechos de la demanda, en el sentido de indicar que no hubo prueba que
demuestre que se presentó violencia contra el elector, en ese sentido, mencionó que el
proceso de votación y de escrutinios por parte de los jurados de votación trascurrieron
con total normalidad. De otra parte, señaló que los disturbios en la etapa de escrutinio
ante la comisión escrutadora no propiciaron la pérdida de todo el material electoral, en
12
Héctor Fabián Parra Cabrera.
13
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CEF1F14650BD3A88CB01F0E7EB3CFCBC97FCE83F731225DC6F66/2
14
Sandy Castillo.
15
Héctor Fabián Parra Cabrera.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
la medida en que existen formularios E-14 que no sufrieron ningún agravio y que fueron
efectivamente digitalizados.
1.5. Trámite de la acumulación
45. Mediante auto del 18 de abril de 202416, se dispuso la acumulación de procesos y,
el 11 de junio de 202417 se admitió la reforma de la demanda presentada dentro del
expediente acumulado 54-001-23-33-000-2024-00001-00, en lo que hace a pruebas y
hechos, frente al cargo de nulidad contenido en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley
1437 de 2011, se rechazó; se aceptó la intervención del señor José Luis Franco Pinzón.
46. Finalmente, se dispuso «DECLARAR que no hay lugar a resolver la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al no fungir dichas entidades electorales como parte
demandada en el sub examine, conforme lo expuesto en la parte motivade esta providencia».
47. El 9 de julio de ese año se programó fecha para audiencia inicial, la cual se llevó a
cabo el 17 siguiente, en la que se decretaron las pruebas aportadas y solicitadas con la
demanda y la contestación y se fijó el litigio18 en los siguientes términos:
«Teniendo en cuenta la exposición fáctica realizada, este Despacho considera que el litigio
se centra en establecer si los siguientes actos administrativos:
i) El acto de elección del señor JOSÉ LUIS BALMACEDA PINZÓN, como alcalde del
Municipio de San Calixto –Norte de Santander contenido en el Formato E-26 del 4 de
noviembre de 2023;
ii) Acta de escrutinio de los jurados de votación para alcalde de la mesa 01, de la zona 99
puesto 04 – Lugar Casas Viejas del municipio de San Calixto;
iii) Acta de escrutinio de los jurados de votación para alcalde de la mesa 02, de la zona 99
puesto 04 – Lugar Casas Viejas del municipio de San Calixto;
iv) Acta de escrutinio de los jurados de votación para alcalde de la mesa 01, de la zona 99
puesto 10 – Lugar El Espejo del municipio de San Calixto;
v) Resolución No. 1 de fecha 29 de octubre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora
municipal de San Calixto “Por medio de la cual se resuelve una reclamación” y se determina
que se recuenten los votos de la mesa 1 puesto 60 zona 99;
vi) Resolución No. 2 de fecha 30 de octubre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora
municipal de San Calixto “Por medio de la cual se resuelve una reclamación” y se determina
que se recuenten los votos de la mesa 8 puesto 00 zona 00;
vii) Resolución No. 3 de fecha 30 de octubre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora
municipal de San Calixto “Por medio de la cual se resuelve una reclamación” y se determina
se determina que se recuenten los votos de la mesa 2 puesto 00 zona 00;
viii) Resolución No. 4 de fecha 30 de octubre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora
municipal de San Calixto “Por medio de la cual se resuelve una reclamación” y se determina
se determina que se recuenten los votos de la mesa 2 puesto 04 zona 99;
ix) Resolución No. 5 de fecha 30 de octubre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora
municipal de San Calixto “Por medio de la cual se resuelve una reclamación” y se determina
se determina que se recuenten los votos de la mesa 1 puesto 04 zona 99;
x) Resolución No. 6 de fecha 30 de octubre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora
municipal de San Calixto “Por medio de la cual se resuelve una reclamación” y se determina
se determina que se recuenten los votos de la mesa 1 puesto 10 zona 99;
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De conformidad con la página 2 del acta de audiencia inicial.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
xi) Resolución No. 7 de fecha 30 de octubre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora
municipal de San Calixto “Por medio de la cual se resuelve una reclamación” y se determina
se determina que se recuenten los votos de la mesa 2 puesto 18 zona 99;
deben ser anulados por configurarse las causales de nulidad consagradas en el artículo 275
de la Ley 1437 de 2011, específicamente, los numerales 1° que “Se haya ejercido cualquier
tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales”, 2° que
“Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se
haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de
votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones”, 3°
que “Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido
alterados con el propósito de modificar los resultados electorales” y 7° que “Tratándose de la
elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean
residentes en la respectiva circunscripción”, así como también por configurarse las causales
generales de nulidad de los actos administrativos, esto es, la expedición de los actos con
infracción en las normas en que debían fundarse, falsa motivación y desviación de poder que
determinan la ilegalidad de la declaratoria de elección.» (Sic para lo trascrito).
48. El 3 de septiembre de 202419, se realizó la audiencia de pruebas en la que se
recibieron los testimonios de Alexander Amaya Caviedes, Ney Jesús Amaya Mora,
Divanid Amaya Guillin y Luz Mery Restrepo Ibarra, diligencia que se continuó el 6 de
septiembre de 202420, en la que se recibieron las exposiciones de Olivain Angarita
Claro, Yarith Xiomara Angarita Salazar, Carlos Alonso Amaya Quintero, Freiman
Montaguth Ortega, Uriel Del Carmen Ramírez Jaimes, Lisbeidy Yuriani Angarita Pabón,
solicitados por la parte demandante.
1.6. Sentencia de primera instancia21
49. El Tribunal Administrativo Norte de Santander, mediante providencia del 21 de
noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes
consideraciones:
50. En relación con el cargo de trashumancia: sostuvo que el vicio aducido en la
demanda se planteó de forma generalizada, toda vez que ni si quiera se identificaron
los ciudadanos presuntamente trashumantes, lo que resulta relevante para emprender
el estudio de la irregularidad reprochada en el presente caso.
51. El a quo no pasa por alto que el CNE mediante la Resolución 5929 de 2023, dejó
sin efectos 104 cédulas de ciudadanía para sufragar en el municipio de San Calixto,
pero no es posible establecer si, en efecto, votaron en esa territorialidad, por cuanto los
formularios E-11 fueron destruidos.
52. Respecto de la violencia sobre el sistema electoral (Art. 275.1): determinó que,
en el caso concreto, no se configuró el vicio. Para arribar a esta conclusión el juzgador
de instancia, hizo alusión a los testimonios recaudados en la etapa probatoria, así como
las declaraciones allegadas al proceso por las partes, elementos de juicio a partir de los
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
cuales infirió que no hubo presencia de grupos al margen de la ley que incitaran a la
violencia.
53. Además, precisó que si bien la parte actora aportó varias noticias que
supuestamente dan cuenta de los actos de violencia en el municipio de San Calixto,
estas son apreciaciones y acusaciones hechas por algunos candidatos o simpatizantes.
54. Agregó que las noticas o notas periodísticas, son puntos de vista particulares de
quien las profiere, por lo que no puede dársele pleno valor. «Así las cosas, frente a esta
causal, la Sala considera que no se probó con la suficiente contundencia que los electores de
los puestos de votación denunciados fueron objeto de constreñimiento, amedrentamiento y
hostigamiento, por lo cual, esta causal no tiene vocación de prosperar».
55. Sobre la violencia contra las cosas. El tribunal indicó que hubo destrucción del
material electoral, sin embargo, esto ocurrió el 31 de octubre de 2023, es decir dos días
después de la jornada electoral y cuando los jurados habían realizado el escrutinio de
mesa en relación con la votación de la alcaldía y se habían digitalizado los formularios
E-14 claveros y delegados, circunstancia de la que obra constancia en el acta general
de escrutinio.
56. Explicó que, si bien la comisión escrutadora en principio realiza su labor con base
en los formularios, E-14 claveros, a falta de éste, también es posible hacer el escrutinio
a partir de los formularios E-14 delegados o de trasmisión.
57. En este contexto, los ejemplares del E-14 no fueron objeto de destrucción por los
hechos violentos acontecidos en la etapa poselectoral, en ese sentido, al no existir
prueba de manipulación, o alteración sobre estos, en especial su contenido, esta causal
no prospera.
1.6. Recurso de apelación22
58. La parte demandante23 presentó recurso de apelación, en el cual insistió en que, en
los comicios del 29 de octubre de 2023, en el municipio de San Calixto, se presentaron
varias irregularidades que comprometieron la legitimidad de la elección del demandado.
59. Para soportar su inconformidad, se precisó que se configuraron las siguientes
irregularidades:
«1. Violencia y constreñimiento electoral: Grupos armados ilegales, identificados como
disidencias de las FARC, ejercieron presión física y psicológica sobre los electores en los
puestos de votación de Casas Viejas y El Espejo. Estas acciones alteraron el libre ejercicio
del sufragio.
2. Destrucción de material electoral: El 31 de octubre de 2023, las instalaciones de la
Alcaldía, la Registraduría Municipal y otros entes locales fueron incendiadas, ocasionando la
pérdida total de los formularios E-10 y E-11, esenciales para verificar el censo electoral.
3. Trashumancia electoral: Resoluciones de la Registraduría Nacional evidenciaron
inscripciones irregulares de votantes no residentes en el municipio, viciando los resultados
electorales.
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76B9761C7484892683A9E4275B24C19D62BD74DD6618DE5CB666/2
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Los demandantes en ambos procesos, formularon la alzada de manera conjunta.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
4. Irregularidades en los formularios electorales: Los formularios E-14, E-24 y E-26 presentan
inconsistencias entre el número de votos registrados y el número de sufragantes, lo cual no
fue debidamente esclarecido en los escrutinios».
60. Afirmó que el juzgador de instancia desconoció el alcance probatorio de los
documentos y testimonios aportados que demuestran los vicios antes aludidos, por lo
que reprocha el desconocimiento de la justifica efectiva y la contradicción de la
jurisprudencia del Consejo de Estado, respecto de los estándares probatorios, sin hacer
alusión a una sentencia en específico.
61. Precisó que los formularios E-14 y E-24, presentaron inconsistencias aritméticas
evidentes, que no fueron objeto de análisis por el a quo, así como las declaraciones de
los testigos sobre el constreñimiento y violencia fueron descartadas sin motivación.
1.7 Actuaciones de segunda instancia
62. La magistrada ponente admitió el recurso de apelación y corrió el traslado
respectivo, término en el que intervinieron24:
63. La parte demandada presentó sus alegatos e indicó que la sentencia de primera
instancia resolvió todos los planteamientos presentados por los demandantes, además,
señaló que, en el presente caso, los recurrentes no formularon ningún argumento en su
recuro de alzada para debatir los tópicos de la sentencia de primer grado.
64. De acuerdo con lo anterior, y en consonancia con jurisprudencia del Consejo de
Estado25, solicitó que el recurso sea declarado desierto.
65. La RNEC insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva.
66. La parte demandante insistió en el error de la valoración probatoria efectuada por
el a quo, reiteró que la violencia y el constreñimiento al elector en los puestos de Casas
Viejas y el Espejo, fue demostrada por los testimonios y los registros de los organismos
de seguridad. Por su parte, se comprobó que los formularios E-10 y E-11 fueron
destruidos durante los disturbios del 31 de octubre de 2023. Además, a partir de las
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DB53AB842F76483DDB15FDCC346BB278A5C1047DE771D13E6282/2
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, Sentencia del 8 de mayo de 2023.
Radicado: 76001 23 31 000 2009 00496 01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-
Subsección A, Sentencia del 30 de enero de 2020. Radicado 05001-23-33000- 2016-00693-01(1623-18) y Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 18 de mayo de 2018. Radicado 25000 23 24 000 2010 00642 02
(20718). «Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de
segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple
interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente con la manifestación general de no estar conforme
con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia
debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis
planteada».
Sección Segunda - Subsección “A” con ponencia del Honorable Magistrado LUIS EDUARDO MESA NIEVES, en auto del veintidós
(22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación: 54-001-23-33-000-
2017-00171-01 (4118-2022). Demandante: Pedro José Mendoza Bejarano Demandado: Universidad de Pamplona.
“Aplicada la anterior referencia normativa y jurisprudencial al caso de marras, se concluye que los argumentos
depositados en el recurso de alzada no señalaron los yerros o desaciertos en que incurrió la sentencia impugnada. Por el
contrario, analizado en conjunto el expediente, se logra advertir que la parte recurrente transcribe como recurso de
apelación los argumentos que fueron referenciados en el concepto de violación dentro de la demanda.
En consecuencia, de la lectura del recurso de apelación, se observa que no se contrariaron los razonamientos adoptados
por el juez de primera instancia para negar las pretensiones de la demanda. Por tanto, no se cumplió con la carga de
sustentar el recurso debidamente. De ahí que, se procederá a dejar sin efectos el auto de 14 de septiembre de 2022, por
medio del cual se admitió el recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de abril de 2022, para en su lugar,
declarar desierto el recurso de apelación presentado.”
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
resoluciones de la RNEC26, se acreditó la inscripción irregular de votantes en el
municipio de San Calixto. Manifestaron también que los formularios E-14, E-24 y E-26
contenían inconsistencias aritméticas que no fueron corregidas en los escrutinios, lo
que comprometió su validez.
67. En esa medida, contrario a lo aducido por la demandada, lo cierto es que, en este
caso, se edifican los motivos de inconformidad contra el fallo de primer grado.
68. Se determinó que el Consejo de Estado, sin referir en qué decisión, sostuvo que,
respecto a la violencia, no es necesario demostrar un impacto cuantificable, sino que,
para su estructuración, solo es necesario acreditar la alteración de la voluntad electoral,
mediante constreñimiento o intimidación.
69. De otra parte, refirió que la RNEC, con las resoluciones que anularon algunas
cédulas, no corrigieron la trashumancia, por lo que muchas personas que no residían en
San Calixto pudieron participar en la elección.
70. El coadyuvante, José Franco Pinzón, se pronunció en el mismo sentido que la
parte recurrente.
71. El Ministerio Público27 rindió concepto solicitando confirmar la sentencia de primer
grado, en la medida en que no se pudo demostrar ninguna de las irregularidades que se
demandaron en este caso, frente a la trashumancia, no se señalaron las cédulas,
mesas y los puestos de votación donde participaron los presuntos trashumantes;
además, no se lograron probar acto de violencia sobre los nominadores; sobre la
destrucción del material electoral, señaló que tuvo lugar una vez ya habían sido
digitalizados los formularios E-14 claveros y delegados.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
72. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso
de apelación de la referencia, según lo establecido en el artículo 15028 y el literal a) del
numeral 7° del artículo 152 de la Ley 1437 de 201129, en concordancia con el artículo
1330 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2 Cuestiones previas
73. Respecto de la falta de legitimación de la RNEC: Previo a decidir lo que en
derecho corresponde respecto del fondo de asunto que nos convoca, es pertinente
26
«Trashumancia electoral: Las resoluciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil acreditaron la existencia de
inscripciones irregulares de votantes no residentes, alterando el censo electoral y el equilibrio democrático. La sentencia apelada
desconoció el impacto de esta práctica en el margen de diferencia entre los candidatos, lo cual constituye un vicio insalvable».
27
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28
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el
artículo 245 de este código.
29
ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad
electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los (...) alcaldes municipales y
distritales (...).
30
Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
recordar que, en el curso de la primera instancia, la entidad formuló la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva, oportunidad en la que el a quo dispuso su
negativa, toda vez que se trataba de una vinculada y no de una parte, la autoridad en
sus alegatos insistió sobre el medio exceptivo, en esa medida a la Sala no le
corresponde, en esta oportunidad, hacerlo.
74. Sobre la solicitud de declaratoria de desierto del recurso: La parte actor, insiste
en que los recurrentes, en esta oportunidad, no controvirtieron ninguno de los
argumentos de la sentencia de primera instancia, sino que se dedicaron a insistir sobre
los argumentos de la demanda, sobre este aspecto, se advierte que el juez de segunda
instancia estudiará el recurso de apelación y podrá declararlo desierto por falta de
sustentación, con todo, se advierte que el escrito de impugnación contiene carga
suficiente para que se analicen los reparos formulados contra la sentencia, en la medida
en que el recurrente, en virtud de la presunta y la falta de valoración probatoria, edificó
su recurso de alzada y precisó que debían estudiarse los reproches presentados en la
demanda, pero teniendo en cuenta todos los elementos de juicio que obraban en el
plenario.
75. En ese orden de ideas, para la Sección en este caso no es procedente declarar
desierto el recurso, por lo que emprenderá su estudio de fondo.
2.3. Problema jurídico
76. El problema jurídico consiste en determinar, de conformidad con el recurso de
apelación interpuesto, si existe mérito suficiente para revocar la decisión del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual denegó las pretensiones de
nulidad presentadas contra el formulario E-26 ALC del 4 de noviembre de 2023, por
medio del cual se declaró la elección del señor José Luis Balmaceda Pinzón como
alcalde del municipio de San Calixto (Norte de Santander), al estimar que se
presentaron irregularidades que viciaron el proceso de escrutinio en este asunto,
específicamente, relacionados, con trashumancia, violencia y constreñimiento al elector,
violencia sobre las cosas y diferencias entre el número de votos registrados y el total de
votantes.
77. Por cuestiones de orden metodológico, se estudiará el marco teórico de cada una
de las causales de nulidad invocadas por la parte recurrente. Luego de ello, se entrará
a resolver el caso en concreto.
2.4. Marco teórico de la trashumancia electoral
78. Para resolver el interrogante planteado, la Sala estima necesario realizar algunas
consideraciones sobre: (I) la residencia electoral, (II) la trashumancia y los mecanismos
para combatirla, (III) algunas reflexiones en torno a antecedentes jurisprudenciales
sobre los aspectos que deben acreditarse para predicar la existencia de dicho
fenómeno y, (IV) los parámetros para desvirtuar la presunción de residencia electoral y
acreditar aquélla.
2.4.1. Sobre la residencia electoral
79. Del artículo 316 superior y el numeral 4° de la Ley 163 de 1994, se deduce lo
siguiente respecto a la residencia electoral:
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
(I) Hace referencia al lugar en el que se encuentra registrado un ciudadano habilitado
por la Constitución y la ley para ejercer el derecho al voto.
(II) En el marco del artículo 316 de la Constitución, el concepto de residencia tiene
como propósito garantizar que las personas que efectivamente tienen un vínculo con la
entidad territorial, sean las llamadas a participar en las votaciones para las elecciones
de las autoridades locales y la resolución de asuntos que incumben al territorio, y por
ende, evitar que la democracia participativa local sea afectada por la injerencia de
sujetos políticos ajenos a la realidad del respectivo departamento o municipio.
(III) Puede predicarse por la relación del votante con el lugar en el que: (a) habita, (b) de
manera regular está de asiento, (c) ejerce su profesión u oficio y/o (d) posee alguno de
sus negocios o empleo.
(IV) En ese orden de ideas, que una persona no habite en el lugar en que votó, no
permite concluir en un alto grado de certeza que no sea su residencia electoral, pues
dicha residencia puede establecerse por otro tipo de relación del ciudadano con el
territorio; verbigracia, el ejercicio de una profesión, oficio, poseer algún negocio, empleo
o ser el lugar en cuestión en el que de manera regular está de asiento.
(V) No obstante, la residencia electoral es única, motivo por el cual el ciudadano debe
escoger solo un lugar para inscribir su documento de identidad, con el fin de ejercer el
derecho al voto, teniendo en cuenta los criterios de relación ciudadano – territorio,
señalados anteriormente.
(VI) De conformidad con el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, se presume legalmente
para efectos del artículo 316 constitucional, que la residencia es aquella en la que se
encuentra registrado el votante en el censo electoral, pues, mediante dicha inscripción
bajo la gravedad del juramento declara residir en el municipio en el que se lleva a cabo
aquélla.
2.4.1.1. Trashumancia electoral y los mecanismos para combatirla -Reiteración de
jurisprudencia-31
80. La trashumancia electoral, según lo ha precisado esta Sección, corresponde a «la
acción de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción política en un
lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés»32.
81. Con el fin de prevenir y combatir la anterior conducta, que sin duda alguna atenta
contra la democracia participativa local, se han implementado diversos mecanismos a
los que se hará alusión, para luego profundizar en uno de ellos, esto es, el
procedimiento breve y sumario que adelanta el Consejo Nacional Electoral, debido a la
naturaleza de los actos cuya nulidad se pretende, dictados por dicha entidad.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024, MP. Gloria
María Gómez Montoya, radicado 05001-23-33-000-2023-01256-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, Radicado 76001-23-33-000-2019-01203-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto de 2024, radicado 44001-
23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro Pablo Vanegas, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado 44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.
32
Ibidem.
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14
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
82. El artículo 389 del Código Penal Colombiano reprocha la inscripción irregular de
documentos o cédulas de ciudadanía que desconocen la relación que deben tener los
votantes con el territorio, toda vez que mediante dicha conducta se pretende obtener
indebidamente una ventaja en los comicios o un provecho ilícito para sí o para terceros:
«ARTÍCULO 389. FRAUDE EN INSCRIPCION DE CÉDULAS. <Artículo modificado por el
artículo 4 de la Ley 1864 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio
indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de
ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido
o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo,
consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9)
años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en
localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el
propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por
un servidor público» (Negrillas adicionales).
83. Con la modificación introducida por el artículo 4 de la Ley 1864 de 2017 al anterior
tipo penal, no solo se sanciona a quien logra que personas habilitadas para votar
inscriban sus documentos de identidad en lugares en los que no les corresponde, sino
a quienes inscriben a aquéllos para votar en tales condiciones, en tanto, da cuenta de
la intención del legislador de hacer consciente al ciudadano de las consecuencias de su
conducta deshonesta frente al ejercicio del derecho al voto, cuando con el objeto de
obtener un provecho ilícito para él o un tercero, se presta para interferir en decisiones
de carácter local en las cuales no está legitimado, pues no tiene relación con el
territorio en el que se llevan a cabo los comicios.
84. Para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 275, numeral 7
de la Ley 1437 de 2011 se encuentra la causal específica de nulidad de los actos
elección o nombramiento relacionada con la trashumancia, así:
«ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y,
además, cuando: (…)
7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los
electores no sean residentes en la respectiva circunscripción».
85. Aunque la trashumancia electoral solo se consagró expresamente como causal de
nulidad específica mediante la norma transcrita, desde el 28 de enero de 1999 33 el
Consejo de Estado la aceptó jurisprudencialmente como un motivo para anular los
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, M.P. Mario Alario Méndez. En esta
providencia se indicó: “Esta Sala, reiteradamente, ha expresado que la violación de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución no determina la nulidad de las elecciones de que se trate y que las consecuencias de esa violación son las
establecidas en el artículo 4º de la ley 163 de 1.994, según el cual sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar
cuando se compruebe mediante un procedimiento breve y sumario que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo
Nacional Electoral debe declarar sin efecto la inscripción.
La Sala en esta ocasión rectifica ese criterio. Si el artículo 316 de la Constitución prohíbe que en votaciones que se realicen para la
elección de autoridades locales participen ciudadanos residentes en otros municipios, el voto cumplido contra esa expresa
prohibición constitucional es nulo. Y será nula, consecuentemente, la elección correspondiente, cuando el número de votos nulos
sea determinante de la misma, pues en caso contrario la nulidad del voto resultaría inocua.
Entonces, para alegar con éxito la causal de nulidad que resulta del artículo 316 debe demostrarse que los inscritos no residían en
el respectivo municipio, en el lugar indicado al momento de la inscripción, bajo juramento, en los términos del artículo 4º, inciso
segundo, de la Ley 163 de 1.994, y que efectivamente votaron; y establecer también la incidencia de tales votos en el resultado
electoral”.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
votos afectados y eventualmente el acto de elección, estimando en un primer momento
que dicha conducta constituía una violación del artículo 316 constitucional y luego34
desde el planteamiento de una modalidad de incurrir en la conducta prevista en el
entonces artículo 223.2 del Código Contencioso Administrativo35, aspecto en el que en
esta oportunidad no resulta necesario ahondar36.
86. Sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se efectúen, es importante
tener presente que el Consejo de Estado en sede de nulidad electoral ha considerado,
que «para desvirtuar la presunción de residencia electoral se debe probar, de forma
concurrente y simultánea, (i) que el presunto trashumante (sic) no es morador del respectivo
municipio, (ii) que no tiene asiento regular en el mismo, (iii) que no ejerce allí su profesión u
oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio o empleo.»37.
87. Además, «para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar (i) qué personas
no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él, (ii) que estas
efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la
contienda electoral»38.
88. Finalmente, entre los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia
electoral, al Consejo Nacional Electoral en virtud del artículo 4° de la Ley 163 de 1994,
le fue conferida la facultad de adelantar un procedimiento breve y sumario en el cual
se: (i) compruebe si el inscrito no reside en el respectivo municipio, y, en caso
afirmativo, (ii) declare sin efecto la inscripción correspondiente, para evitar que
personas ajenas a una entidad territorial tengan injerencia en los comicios locales que
definirán a los dirigentes que los gobernarán.
89. El Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el capítulo 8°
al Decreto 1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral», comprendido entre los
artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., consagra en cabeza de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, la facultad-deber de cruzar la información suministrada por los ciudadanos
al momento de inscribir su cédula de ciudadanía para votar en los distintos procesos
electorales, con «cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para
establecer la residencia electoral» (parágrafo del artículo 2.3.1.8.3.).
90. Por su parte, el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.3 señala
las bases de datos más relevantes para tal efecto39, con el propósito de entregar los
34
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de noviembre de 2001, Rad. 25000-23-24-000-2000-0768-01(2719), M.P.
Mario Alario Méndez.
35
“Artículo 223. Causales de nulidad. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.> Las actas de escrutinio de los
jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (…)
2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”.
36
Para mayor información sobre la evolución de la trashumancia como causal de nulidad electoral, puede apreciarse: 1) Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 23 de febrero de 2017, Rad. 68001-23-33-000-2016-00076-02, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-
000-2000-4146-01(2729), Darío Quiñones Pinilla.
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
38
Ibidem.
39
“Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a sus competencias de
manera inmediata y oficiosa, cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional identificación y la de datos de las
huellas digitales, con el propósito de verificar la plena identificación de los ciudadanos que inscriben sus cédulas de ciudadanía para
votar en los diferentes procesos electorales.
Parágrafo. Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el
procedimiento aquí previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha actividad
dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha fecha.
Artículo 2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde con
sus competencias, con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se inscribe, cruzará la
información con el Archivo Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales.
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resultados del cruce realizado al Consejo Nacional Electoral, a fin de que adopte las
decisiones correspondientes frente a la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía,
y, por ende, se ofrezcan de manera oportuna y eficaz garantías para el proceso
electoral, como lo indica la parte motiva del Decreto 1294 de 2015 al señalar:
«Que el artículo 49 la Ley 1475 de 2011, fijó el periodo de la inscripción para votar de los
ciudadanos, desde el año anterior al proceso electoral y el cierre dos meses antes de la
jornada electoral.
Que el término de este plazo, se acortó frente a pasados procesos electorales que la norma
disponía de hasta seis (6) meses antes de la elección el cierre de la inscripción de los
ciudadanos, lo cual deja muy poco tiempo para que el Consejo Nacional Electoral realice el
control correspondiente en ejercicio del numeral 1° del artículo 265 de la Constitución Política
de ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral y las
investigaciones a que haya lugar de inscripción irregular de cédulas. (…)
Que con el fin de brindar garantías para que los procesos electorales sean más
transparentes, se asegure la pureza del voto, transcurran en orden y en paz y para evitar
conductas que puedan atentar contra los mismos, se hace necesario establecer mecanismos
que faciliten la coordinación interinstitucional y así, permitir un efectivo y oportuno control por
parte del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de cédulas para combatir
trashumancia electoral».
91. Se hace énfasis en que todo el procedimiento administrativo para combatir la
trashumancia electoral debe ser oportuno y eficaz, en tanto se espera que producto
de este puedan propiciarse elecciones en las que efectivamente participen las
personas relacionadas con el territorio, y no sujetos ajenos al mismo que interfieren
indebidamente en la democracia participativa a nivel local. Tan es así, que el Decreto
1066 de 2015 en su artículo 2.3.1.8.540 (adicionado por el Decreto 1294 de 2015),
previó plazos concretos para que la Registraduría Nacional del Estado Civil entregue el
resultado del cruce de información al Consejo Nacional Electoral, a fin de que éste
adopte las decisiones a que haya lugar.
92. Sobre el particular, no puede perderse de vista que la revisión eficaz y oportuna del
censo electoral, también obedece a que la Ley 1475 de 2011, en su artículo 49,
estableció que este se cerrará 2 meses antes de la respectiva jornada electoral, de
manera tal que la depuración que se emprenda en aras de propiciar comicios
transparentes debe adelantarse antes del plazo señalado y de forma permanente como
lo establece el artículo 48 de la misma ley. El propósito no es otro que el registro de las
cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en
el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para participar en las
elecciones y concurrir a los mecanismos de participación ciudadana 41, corresponda a la
Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la
información suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes procesos
electorales, con las siguientes bases de datos:
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el Departamento
Nacional de Planeación - DNP.
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE.
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil el
cruce de información con cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral”.
40
“Artículo 2.3.1.8.5. Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil remitirá al
Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes calendario durante el periodo de inscripciones, y
dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado del cruce de base de datos”.
41
Esto en consonancia con el artículo 47 de la Ley 1475 de 2011 que reza: “Artículo 47. Censo electoral. El censo electoral es el
registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior,
habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y
para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. El censo electoral determina el número de electores que se requiere
para la validez de los actos y votaciones a que se refieren los artículos 106, 155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución
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realidad, garantizando así que cada vez que se emprenda un ejercicio de participación
democrática, concurran quienes están habilitados para tal efecto por el ordenamiento
jurídico, respetando la residencia electoral.
93. Sobre el procedimiento administrativo que se viene explicando, es pertinente traer
a colación el artículo 2.3.1.8.8 del decreto en mención, según el cual, el CNE puede
efectuar un análisis de trashumancia histórica:
«Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con anterioridad al
25 de octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo establecido en el
presente capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus
competencias, fijará los criterios que definan el fenómeno de la trashumancia histórica
y la verificación tendiente a dar cumplimiento al artículo 316 de la Constitución Política».
94. La trashumancia histórica hace alusión al traslado de ciudadanos de un lugar
distinto a aquel en que residen o encuentran un verdadero arraigo o interés, con lo cual
influyeron en anteriores procesos electorales de carácter local, de manera tal que
históricamente personas ajenas a la realidad territorial han incidido en decisiones
relativas a la misma, por lo que resulta necesario identificarlas para dejar constancia de
dicho fenómeno y por supuesto tomar los correctivos a que haya lugar.
95. Es interesante que, con el Decreto 1294 de 2015, no solo se pretende que los
análisis de trashumancia electoral se circunscriban a las elecciones que están por
celebrarse, sino también al estudio de dicho fenómeno respecto de procesos
electorales que finalizaron, en criterio de la Sala, con el propósito de aprender de las
experiencias pasadas e identificar los lugares en los que la trashumancia ha tenido
significativa incidencia, para implementar procedimientos eficaces, que permitan
combatir dicha práctica en territorios en los que históricamente se ha arraigado.
2.4.1.2 Aspectos que deben acreditarse para predicar la existencia de
trashumancia -Reiteración de jurisprudencia-42
96. Un ciudadano es trashumante cuando se demuestra que está inscrito para votar en
un lugar del que: (I) no es morador del respectivo municipio, (II) no tiene asiento
regular en el mismo, (III) no ejerce allí su profesión u oficio y (IV) tampoco posee
negocio o empleo en la entidad territorial. Lo anterior conlleva a profundizar en la forma
en que pueden acreditarse las anteriores situaciones, en especial, teniendo en cuenta
las funciones atribuidas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo
Nacional Electoral en materia de trashumancia.
2.4.1.3. Parámetros para desvirtuar la residencia electoral -Reiteración de
jurisprudencia-43
Política. Es también el instrumento técnico, elaborado por la RNEC, que le permite a la Organización Electoral planear, organizar,
ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana”.
42
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María Gómez Montoya, radicado 05001-23-33-000-2023-01256-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, Radicado 76001-23-33-000-2019-01203-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto de 2024, radicado 44001-
23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro Pablo Vanegas, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado 44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.
43
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97. Como se indicó con anterioridad, la fuerza de esta presunción radica en un hecho
cierto, consistente en que el ciudadano interesado como lo establece el artículo 78 del
Código Electoral, se presentó personalmente ante la autoridad electoral del lugar en el
que debe sufragar y declaró bajo la gravedad del juramento que aquél para efectos
electorales es su residencia, afirmación que, en virtud del principio de la buena fe, la
administración debe tener por cierta, salvo prueba en contrario.
98. Dada la importancia de dicha manifestación, la misma queda consignada en el
formulario E-3, toda vez que a partir de la información suministrada se ubicará al
ciudadano en el censo electoral del distrito o municipio respectivo y se establecerá un
puesto para que ejerza el derecho al voto, con fundamento en la dirección registrada, la
cual, en virtud del 4° de la Ley 163 de 1994, determina su residencia electoral.
99. Por otra parte, frente a los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia
electoral, como en líneas atrás se indicó, se encuentra la facultad concedida al Consejo
Nacional Electoral por el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, consistente en que,
mediante un procedimiento breve y sumario, (I) compruebe si el inscrito reside en el
respectivo municipio, y en caso negativo (II) declare sin efecto la inscripción
correspondiente, con lo cual se logra evitar que personas ajenas a una entidad
territorial tengan injerencia en los comicios locales.
100. En relación con la tarea antes señalada, el Consejo Nacional Electoral dictó la
Resolución 2857 del 6 de noviembre de 2018, por la cual estableció el procedimiento
orientado a dejar sin efectos la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía por
trashumancia, de oficio o a petición de parte.
101. De la anterior resolución se destaca la conformación de un grupo interdisciplinario
del Consejo Nacional Electoral, que, con el apoyo de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, realiza una confrontación de las bases de datos pertinentes «para
determinar la residencia electoral de los ciudadanos cuya inscripción sea impugnada» (art. 14).
102. El referido cruce es ordenado desde el inicio de la actuación, a partir de los datos
que se obtienen de bases como las del SISBEN, ADRES, DPS, cámaras de comercio,
censo electoral y «de todas aquellas que considere procedente». Además, se indica que la
Registraduría Nacional del Estado Civil, pondrá a disposición del Consejo Electoral la
información atinente a los inscritos en el respectivo municipio, el Archivo Nacional de
Identificación, el potencial de inscritos y los datos históricos del censo electoral y se
previó que, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, se podrá solicitar «a las entidades
públicas y privadas la información necesaria para verificar los datos aportados por los
ciudadanos al momento de su inscripción» (art. 8).
103. Prescribe el artículo 9 de la señalada resolución, que, con base en el resultado de
los cruces de las bases datos, y los demás elementos de juicio aportados, el Consejo
Nacional Electoral puede comisionar servidores públicos vinculados o adscritos a la
organización electoral, para que practiquen pruebas, «incluidas visitas especiales a las
direcciones registradas al momento de la inscripción».
104. Con fundamento en la información recopilada, el Consejo Nacional Electoral
determina las cédulas de ciudadanía que fueron inscritas irregularmente para votar,
dando lugar a que sus titulares no puedan volver a inscribir el documento de identidad
para la misma circunscripción del proceso electoral de la que fueron excluidos, ni
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puedan ser designados para ejercer como jurados de votación de la respectiva entidad
territorial (art. 10). Contra esta decisión que deja sin efectos la inscripción de cédulas
de ciudadanía, procede el recurso de reposición (art. 12).
105. La valoración de la información que, en sede administrativa, realizan las
autoridades electorales sobre posibles casos de trashumancia, debe atender unos
parámetros construidos a partir de (I) la forma como se registra la residencia electoral,
(II) el amplio concepto de ésta y (III) la posibilidad de recopilar información atinente a
los vínculos de habitación, prestación del servicio de salud, ejercicio laboral y/o
profesional, entre otros, que pueden construir los ciudadanos con una entidad territorial,
los cuales podrían facilitar el análisis correspondiente.
106. En aras de destacar que, para establecer si un ciudadano es o no trashumante,
debido a las múltiples alternativas que legalmente existen para fijar la residencia
electoral, se requiere un estudio de la información relativa a las personas involucradas,
que incluye el cruce de diversas bases de datos, y, eventualmente, confirmar que los
datos suministrados al inscribir el documento de identidad para un momento específico,
en aras de establecer si, en la actualidad, tiene o no relación con el titular de éste,
como lo indica el artículo 9° de la Resolución 2857 de 2018 del CNE.
107. Además, el cruce de información que realizan las autoridades electorales puede
confirmar si un ciudadano tiene relación con el territorio en el que está inscrito su
documento de identidad para ejercer el derecho al voto, o si tal vínculo se mantiene
con otro municipio, lo que equivale a probar situaciones afirmativas, concretas y
delimitadas. Sin embargo, dicho análisis, en principio, no revela de manera directa y
certera, si un ciudadano (I) no es morador del municipio que aparece como habilitado
para ejercer el sufragio, (II) que no tiene asiento regular en el mismo, (III) no ejerce allí
su profesión u oficio y/o (IV) no posee algún negocio o empleo en dicha entidad
territorial.
108. Incluso, compete a las autoridades, en sus investigaciones, intentar precisar
geográficamente por cada persona en un momento determinado, la totalidad de los
anteriores vínculos, a fin de corroborar por confirmación o descarte la existencia o
inexistencia de los mismos, con las herramientas que cuente.
109. Cuando en sede administrativa o judicial se plantea la presunta existencia de
trashumancia, el análisis de la información recaudada debe ser especialmente
cuidadoso, así como la forma en que se solicita y obtiene esta, pues de ello depende el
grado de probabilidad o certeza de las conclusiones relacionadas con la residencia
electoral de una persona, y, por consiguiente, para determinar si en los comicios
participaron o no trashumantes.
110. Verbigracia, si se pretende demostrar que la participación de presuntos
trashumantes influyó en el resultado electoral, la información correspondiente a las
bases de datos como SISBEN, entre otras, debe ser lo más cercana posible al día de
los comicios o cuando se inicie el análisis de este fenómeno por parte de la autoridad,
en aras de confirmar o infirmar si un ciudadano para el día de las elecciones tenía
o no alguno de los vínculos legalmente establecidos con el territorio en el que
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votó, en especial cuando éstos pueden cambiar súbitamente ante la modificación del
lugar de habitación o de trabajo, por ejemplo44.
111. Tratándose del medio de control de nulidad electoral, no solo se requiere el
cruce de información entre entidades, también se debe verificar de ellas, su contenido,
esto es, si el registro se encuentra vigente, además de la suficiencia de la prueba, en
tanto, una sola base de datos no tendría el mérito suficiente para demostrar que no se
es morador o residente de un municipio. También se debe verificar de ellas, que se
encuentran actualizadas.
112. De igual manera, el juez electoral puede constatar los datos del formulario E-3, en
el que reposa, conforme el artículo 78 del CE, la dirección o domicilio que el ciudadano
suministró al momento de su inscripción, ello con el fin de corroborar el arraigo de este
con la localidad en la que aspira votar.
113. Con todo, emana como requisito esencial que el ciudadano haya votado,
pues la causal de anulación busca acreditar que determinados ciudadanos,
presuntamente trashumantes, influyeron en unas elecciones, por lo que inicialmente
deben confrontarse los formularios E-1045, E-1146 o E-1247, según sea el caso, para
determinar si participaron de forma activa en la contienda y, por ende, influyeron en el
resultado, de lo contrario, no se configura la causal de nulidad objeto de estudio.
2.4.2 Sobre la violencia- contexto normativo y jurisprudencial
114. La causal de violencia ha tenido una constante evolución en la legislación y en la
jurisprudencia de esta Sección, debido a que en varios casos su interpretación ameritó
un examen desde los fenómenos sociales y políticos que surgen en el país durante la
época electoral. Además, porque a partir de la Ley 1437 de 2011 se incorporaron
causales autónomas referidas a la violencia como se puede observar en los numerales
1º y 2º del artículo 275 del CPACA. Sobre ester aspecto esta Corporación, ha
precisado:
«En numerosas oportunidades esta Corporación se ha ocupado en dirimir conflictos que se
han centrado en la violencia en los escrutinios, en esta medida se hace necesario efectuar
un recuento de estos casos con el fin de dilucidar el tema. Se tiene entonces que desde el
año 1992 hasta la fecha el desarrollo jurisprudencial muestra como evolucionaron los
hechos que se podía catalogar como violencia, por ejemplo no se declaraba la nulidad por
hechos violentos contra electores, por no estar prestablecido como causal de nulidad en la
Ley, en otras ocasiones no se declaraba la nulidad porque no se demostraron hechos físicos
de violencia, estos conceptos a través de los años fueron transformándose, es así que se
comenzó aceptar como causal de nulidad la violencia física o psicológica. En el año 2002
hubo un giro importante en cuanto a la violencia, puesto que se incluyó como causal de
nulidad la violencia contra los electores en concordancia con el artículo 40 del Estatuto
Superior, que fue la garantía a todos los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Dentro de esta
evolución, la Sala en sentencia del año 2005 ,, dio una aplicación más amplia a la violencia,
en la que estableció que “la violencia, cualquiera que fuera su forma, para provocar la
nulidad de la elección, además de su incidencia en el resultado electoral, se debe
ejercer “… con la finalidad de alterar o manipular el resultado electoral; pues si de
violencia sobre los escrutadores se trata, ella (…) debe dirigirse a doblegar la voluntad
de la comisión de escrutadores, mutando el auténtico resultado electoral. Es decir para
44
Se hace referencia a las bases de datos de ADRES, SISBEN, ANSPE, entre otras.
45
Censo de mesa.
46
Acta de instalación de mesa y registro de votantes.
47
Formulario de habilitación para votar.
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21
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
configurar este cargo se requiere que se acrediten los siguientes presupuestos para que se
declare la nulidad de una elección: “(…), la ocurrencia del hecho violento (aspecto
objetivo) con la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo)
y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o
material), en concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto
consecuencial) son los presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda
anular el acto de elección con base en hechos de violencia. Para el caso en concreto se
observa que el hecho que violentó los escrutinios en el municipio de Ponedera fue la mezcla
de las tarjetas electorales y demás documentos electores, hecho que por sí solo no se
considera como constitutivo de nulidad electoral»48
115. En estas causales denominadas de violencia, la Ley 1437 de 2011 tuvo en cuenta
la interpretación jurisprudencial que surgió del análisis de la existente en vigencia del
C.C.A. y delimitó dos clases de violencia que puede presentarse en el proceso electoral.
Una la que se ejerce contra las personas, que en el proceso popular comprende tanto
al elector como a las autoridades electorales y la otra, la que se ejerce contra las
cosas, esto es, aquella que recae en los documentos, elementos y el material electoral.
En esta última clase también se encuentra el sabotaje contra los sistemas de
información, transmisión o consolidación de los resultados49.
2.4.2.1 Violencia contra las personas
116. La norma que la contiene señala:
«Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento
son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las
autoridades electorales.»
117. Respecto de esta causal es necesario que quien la invoque acredite su ocurrencia
mediante prueba que permita identificar los elementos que la integran y que recaen
sobre los siguientes aspectos:
1. La situación, el hecho o la conducta violenta (física o psicológica)
2. La afectación de la voluntad respecto de la persona (elector o autoridad electoral) en
la que recae el hecho o la conducta de violencia.
3. La prueba de que esa situación afectó y trascendió en la elección, con la incidencia
de que altera el resultado.
118. En relación con esta causal la jurisprudencia50 le ha otorgado entendimiento y
sentido a la norma, delimitando una serie de conductas que pueden constituirla,
abandonando así el concepto de que la misma se restringe al aspecto físico y a la
apreciación externa del hecho violento. Identificó que dicha violencia también es de
48
Al respecto se puede consultar la sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta,
dictada el 24 de noviembre de 2016. Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00010-00. Actor: Álvaro de Jesús Molina Pabón.
Demandado: Eduardo Ignacio Verano de la Rosa - Gobernador del Atlántico. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
49
Así lo puntualizó en reciente pronunciamiento esta Sección: “Conviene acotar que en la ley 1437 de 2011 se clasificó la violencia,
atendiendo a su objeto. Así, la dirigida contra las personas se englobó en el numeral 1° del artículo 275; mientras que aquella que
apunta a las cosas, en el numeral 2°.Cualquiera que sea el caso, es dicho fenómeno, entonces, una causa exógena que altera la
corrección formal que se debe predicar de un acontecimiento tan significativo como lo es la elección”. Consejo de Estado - Sala de
lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2016. Expedientes: 05001-23-33-000-2015-
02546-01 (ppal.) Demandantes: Óscar Andrés Pérez Patiño y otros C.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
50
Al respecto se puede consultar la precitada sentencia del 24 de noviembre de 2016.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
orden interno o psicológico y puede configurarse a través de figuras como: i) el
constreñimiento ii) la coacción o cualquier tipo de conducta que anule la libertad de
escogencia y iii) el otorgamiento de dádivas.
2.4.2.2 Violencia contra las cosas
«Artículo 275. Causales de anulación electoral.
(…)
2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando
se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de
votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones».
119. En lo que corresponde a la violencia sobre las cosas, la causal contempla diversas
situaciones que la configuran. En el siguiente pronunciamiento se presenta un análisis
relativo a esos escenarios que se reflejan esta nueva redacción normativa, que buscó
una configuración atemporal de la conducta, dejando de lado las condiciones que
preveía la norma que se reemplazó.
120. Al respecto señaló esta Sala lo siguiente:
«(…) la nueva norma se refiere a “los documentos electorales”. Igualmente, si por una parte
se mencionaba la “apocrificidad o falsedad”; con el CPACA se englobaron tales supuestos
en la categoría de “documentos contrarios a la verdad” o alterados, según se explicará más
adelante. Y finalmente, la “alteración de actas después de firmadas” se sustituye por un
supuesto atemporal –así lo sugiere la exegesis de la norma– y con un ingrediente volitivo –
en este caso, el propósito– en el que queda subsumida dicha conducta, como lo es la
“Alteración de documentos electorales con el propósito de modificar los resultados
electorales”.
Por otro lado, salta a la vista que el CPACA incluyó como bienes objeto de protección y cuya
afectación podría viciar la legalidad del acto electoral, “los sistemas de votación, información,
transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones”, lo cual constituye una
verdadera novedad, que se explica en los notorios cambios suscitados entre el tipo de
proceso electoral que se buscaba resguardar hacer dos décadas, y el que existe hoy en día
gracias al avance de la ciencia y la tecnología, entre otros ámbitos del pensamiento, que
permiten incorporar otras formas e ingredientes a la dinámica eleccionaria.»51
2.4.3. Sobre la existencia de más votos que votantes en la urna
121. Se alega la causal de nulidad contenida en el artículo 275.3 de la Ley 1437 de
2011, específicamente, la que tiene que ver con la denominada más votos que
votantes.
122. Sobre este preciso caso, la Sala52 ha sostenido lo siguiente:
«Así entonces, es posible y válido que el número de sufragantes que se registra en el
formulario E-11 de una mesa sea igual o mayor al número de votos relacionados en el E-24
txt respecto de la misma mesa; pero no lo es, si el cómputo de votos de este último es
mayor a la cantidad de sufragantes registrados en el formulario E-11, ya que ello sí
configuraría la irregularidad en comento.
51
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2016.
Expediente: 05001-23-33-000-2015-02546-01 (ppal.) Demandantes: Óscar Andrés Pérez Patiño y otros C.P: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de marzo de 2021, M.P: Lucy
Jeanette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001032800020180008100 (acumulado).
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
Ahora, aunque dicha irregularidad puede advertirse en el formulario E-14, ya que éste
contiene los resultados del cómputo de los votos depositados en la mesa con el resultado de
la sumatoria de los obtenidos por cada lista o candidato, de los nulos y de los no marcados,
esta incongruencia, para ese momento, pudo ser subsanada por parte de las autoridades
electorales, a partir del procedimiento ya mencionado consistente en introducir
nuevamente los votos en la urna y luego de moverlos, para alterar su posición, sacar a
la suerte “tantos sobres cuantos sean los excedentes” y quemarlos sin abrirlos
(artículo 135 del CE); pero a pesar de ello, puede ocurrir que dichas autoridades pasen
por alto la existencia de este vicio y que el mismo se mantenga de manera irregular en
la declaratoria de elección.
Frente a ello, la Sala precisó que “si en sede administrativa no se logra corregir la
anterior anomalía, la misma puede servir de fundamento para alegar ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo la falsedad en los registros electorales,
pues como se dijo arriba el ordenamiento jurídico no admite la posibilidad de que
resulten más votos que sufragantes, ya que esos votos excedentes necesariamente
serán el resultado de la intervención de manos fraudulentas”53, en atención a lo cual
esta Sala considera que debe partirse de los datos definitivos (E-24 txt) ya que las
irregularidades subsanadas con anterioridad a éste no incidieron en el resultado de la
elección, pues no fueron tenidas en cuenta.
Por ello, la metodología a aplicar en sede judicial, para analizar la anomalía referida, sigue
consistiendo en “comparar el número de votantes registrado en el formulario E-11 frente a
los votos consignados (…)”54, pero este último dato, tomado del consolidado definitivo E-24
txt.
De este modo, se debe cotejar el número total de sufragantes en una mesa, según el registro
del formulario E-11, con el total de votos consignados en el E-24 txt y en ningún caso, el
número de votos deberá superar el del registro de sufragantes, pues los que así resultaren,
serán falsos o espurios»55 (negrillas por la Sala).
123. En aplicación de las consideraciones hasta aquí desarrolladas, corresponde
analizar en concreto, la configuración de las situaciones ventiladas por la parte
demandante.
2.5 Caso concreto - argumentos de la apelación
124. Exteriorizó la parte recurrente que no compartía la decisión del a quo, porque no
hizo un análisis exhaustivo de los elementos de juicio y reproches aducidos con la
demanda, que acreditan las irregularidades que comprometieron la legitimidad de la
elección del demandado.
125. Enfatizó en que hubo trashumancia electoral, derivado de las resoluciones
«Registraduría Nacional evidenciaron inscripciones irregulares de votantes no residentes en el
municipio, viciando los resultados electorales»; violencia y constreñimiento al elector, por la
presencia de disidencias de las FARC, quienes ejercieron presión física y psicológica
contra de los sufragantes en los puestos de votación de Casas Viejas y el Espejo;
destrucción del material electoral, en especial por cuanto el 31 de octubre de 2023,
hubo incendios en la alcaldía y la registraduría municipal, lo que ocasionó la perdida de
los formularios E-10 y E-11; y finalmente, aludió a irregularidades en los formularios E-
53
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. 2018-00060-00 (acumulado). M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Actores: Alexa Tatiana Vargas González y otro contra la elección de Representantes a la Cámara por Bogotá, período 2018-2022,
en la que se cita la sentencia de 22 de octubre de 2015. Consejo de Estado, Sección Quinta. Expediente 110010328000201400062-
00 (Acumulados). M.P. Alberto Yepes Barreiro.
54
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 4 de febrero de 2016. Radicación: 11001-03-28-000-2014-00110-00. M.P:
Alberto Yepes Barreiro.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de marzo de 2021, M.P: Lucy
Jeanette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001032800020180008100 (acumulado).
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24
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
14, E-24 y E-26, por inconsistencias en el número de votos registrados y el número de
sufragantes.
126. Agregó que el tribunal de instancia desconoció el valor probatorio de los
documentos y testimonios aportados, que demuestran la existencia de los vicios antes
aludidos.
2.5.1. Sobre la trashumancia electoral
127. Para resolver este motivo de inconformidad, teniendo en cuenta que los
recurrentes, en su escrito, insisten sobre los reproches de la demanda, resulta
pertinente recordar que en el libelo inicial, reprocharon en primer lugar, que en el año
2023 habían inscritos para votar 1.813 personas y para el año 2019 1.155, en segundo
término, hicieron referencias que el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución
5929 de 2023 dejó sin efecto 104 cédulas de ciudadanía en el municipio de San Calixto,
pero a pesar de ello «muchas personas concurrieron a votar y les fue permitido sufragar, sin
poder hacerlo por su exclusión confirmada por la resolución anteriormente anunciada».
128. Sobre este último planteamiento los demandantes, agregaron que «sin haber sido
previamente inscritos y por ende, tampoco anulada su inscripción, comparecieron a votar
personas que NO LO PODIAN REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, pues su
cedula de ciudadanía figura en el Censo de otros municipios o ciudades, siendo autorizados a
votar sin que hubiera sido factible realizarlo por cuanto dichas personas, no inscribieron su
cedula en el municipio de San calixto, y no pertenecían al CENSO ELECTORAL DEL
MUNICIPIO, fueron inscritos manualmente en el formulario E 11, por lo que esta trashumancia
se presentó y convalido bajo el hecho irregular de permitirse votar a personas de otros
municipios sin ningún tipo de control».
129. De lo anteriormente expuesto, observa la Sala que los recurrentes pretenden que
se realice un estudio de trashumancia, precisamente, a partir de una información
indeterminada y general que plantean en su escrito inicial, en la medida en que
simplemente hacen alusión a que en el año 2023 se inscribieron 1.813 personas para
votar en San Calixto, cuando en el 2019, solamente se inscribieron 1.155, sin que se
precise a qué ciudadanos hace referencia y menos se ofrezcan razones para desvirtuar
su presunción de residencia electoral.
130. Es importante tener presente que el Consejo de Estado, en sede nulidad electoral,
ha considerado, que «para desvirtuar la presunción de residencia electoral se debe probar, de
forma concurrente y simultánea, (i) que el presunto trashumante (sic) no es morador del
respectivo municipio, (ii) que no tiene asiento regular en el mismo, (iii) que no ejerce allí su
profesión u oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio o empleo.»56.
131. Además, «para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar (i) qué
personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él, (ii) que
estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la
contienda electoral»57.
132. Con todo, emana como requisito esencial que el ciudadano haya votado, pues la
causal de anulación busca acreditar que determinados ciudadanos, presuntamente
56
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
57
Ibídem.
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25
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
trashumantes, influyeron en unas elecciones, por lo que inicialmente deben
confrontarse los formularios E-1058, E-1159 o E-1260, según sea el caso, para determinar
si participaron de forma activa en la contienda y, por ende, influyeron en el resultado, de
lo contrario, no se configura la causal de nulidad objeto de estudio.
133. Ahora bien, en efecto, como lo estima la parte demandante, obra en el plenario la
Resolución 5929 del 2 de agosto de 2023, por medio de la cual el CNE, dejó sin efecto
la inscripción de 104 cédulas ciudadanía para votar en el municipio de San Calixto.
134. En el anterior estudio, la autoridad electoral tuvo como parámetro de partida para
su análisis el censo electoral de 2019, de lo cual se puede extraer que numeral 4.5.1.
dispuso «la Sala inicia el análisis de la información recaudada en las presentes diligencias con
el registro que aparezca en la base de datos del CENSO ELECTORAL conformado para las
elecciones de autoridades locales celebradas durante el año 2019», esto permite inferir que
más allá de la preocupación de la parte actora, sobre la presunta trashumancia histórica
que se presentó el municipio, el CNE, realizó el estudio del comportamiento de las
inscripciones para votar en el municipio de San Calixto, teniendo como extremo inicial,
el censo del 2019.
135. Efectuada esta precisión, para los recurrentes, a pesar de la exclusión de 104
cédulas por el CNE, «muchas personas» acudieron a sufragar a pesar de esta decisión
«confirmada», por la resolución antes relacionada.
136. Está Sala Especializada resalta es que los recurrentes consideran que muchas
personas a pesar de la decisión señalada acudieron a sufragar, sin que se precise
cuáles fueron esos ciudadanos que, a pesar de haber sido excluidos, participaron en la
contienda electoral, sino que simplemente, se itera, que de manera abstracta señala
que varios sujetos se acercaron a las urnas. En este punto, se señala que aun en el
caso de entender que los impugnantes, se refieren a los 104 documentos excluidos del
censo, no se demostró que estos hubieran de manera efectiva depositado el sufragio.
137. En relación con esto, la Sección, de forma pretérita, ha señalado que el medio de
control de nulidad electoral no está previsto para que se descubran, en su curso
procesal, las irregularidades que adolece un acto electoral determinado61:
«(…) la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear hechos
genéricos, abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, bajo la consideración de que el juez en el curso del proceso debe
establecerlos de manera concreta, así tenga que realizar una investigación que cubra
el proceso electoral realizado en toda o parte de la respectiva circunscripción
electoral. El proceso electoral no se puede utilizar para descubrir, mediante
investigación, hechos irregulares ocurridos con motivo de determinadas elecciones o
nombramientos, sino para corroborar, comprobar que efectivamente los ya
descubiertos, concretos y determinados por el demandante tuvieron ocurrencia».
(Negrillas fuera de texto)
138. En estos términos, en lo que hace al medio de control de nulidad electoral no se
concibe que de manera general se propongan reproches como motivo de inconformidad
en contra de una designación democrática, dado que, de la precisión de los argumentos
58
Censo de mesa.
59
Acta de instalación de mesa y registro de votantes.
60
Formulario de habilitación para votar.
61
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 4 de marzo de 2005, expediente 27001-23-31-000-2003-00759-01(3204), M.P.
Darío Quiñonez Pinilla
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26
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
de demanda, pende la garantía del derecho de defensa del extremo demandado y el
análisis que debe emprender el juez electoral, quien tiene vedado realizar un análisis
oficioso de cargos.
139. Por lo tanto, al presentar la demanda, se deben concretar de manera específica
los argumentos o motivos de nulidad, «porque cuando se traba la relación jurídico-
procesal mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda al
demandado y la entrega del traslado, las irregularidades en la votación y los escrutinios ya
deben estar identificadas, a fin de que la parte demandada pueda ejercer plenamente su
defensa, dado que la incertidumbre que envuelve una demanda formulada en esos
términos, solamente vendría a despejarse al momento de dictar sentencia, cuando se
hace la valoración del material probatorio»62 (Negrillas fuera de texto).
140. En ese orden de ideas, el reproche de alzada no tiene vocación de prosperidad,
máxime cuando quien demanda en el caso de trashumancia, es quien tiene la carga de
acreditar cuáles son los ciudadanos que se encuentran en la señalada irregularidad y si
efectivamente votaron.
2.5.2. Violencia sobre las personas o constreñimiento al elector
141. Para Justificar el reproche de violencia contra las personas o constreñimiento al
elector, la parte recurrente hizo referencia a que el día de las elecciones, grupos
armados ilegales (disidencias de las FARC) hicieron presencia en los puestos de
votación de Casas Viejas y el Espejo, en donde intimidaron a las personas con disparos
al aire, lo que se tradujo en presión física y psicológica contra los electores, hechos que
impidieron que muchos ciudadanos pudieran sufragar.
142. En la demanda, se precisó que el propósito de las actuaciones del grupo armado,
relativas a la incautación de tarjetas electorales y papelería de la RNEC, tenían como
propósito de favorecer la aspiración del demandado.
143. Para justificar lo anterior, en la audiencia de pruebas se practicaron los siguientes
testimonios solicitados por la parte demandante:
• ALEXANDER AMAYA CAVIEDES, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.134.984.083, indica que hizo presencia el día de las elecciones en el puesto de votación
ubicado en Casas Viejas, a primera hora de la mañana y que, en su parecer, en dicho
centro de votación no había presencia de la fuerza pública. Señala que, según
comentarios recibidos por parte de algunos conocidos, en este puesto de votación
ejercieron el derecho al voto algunos sufragantes que no viven en la vereda. Sostiene que
personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley, acercaban a los electores
hasta el puesto de votación y los acompañaban a votar.
• NEY JESÚS AMAYA MORA, identificado con cédula de ciudadanía N°1.979.063.
licenciado en Biología. Manifiesta que fungió como jurado de votación en la mesa 01 de la
vereda Casas Viejas. Señala que no hubo presencia de la fuerza pública. Manifiesta que,
alrededor de las 10 de la mañana, hicieron presencia en el puesto de votación, algunos
integrantes del frente 33 de las FARC, manipulando a los electores para que votaran por
un candidato en particular. Al indagársele si permitió que personas ajenas a la mesa de
votación ejercieran el sufragio en la misma, declara reiteradamente que solo permitió la
62
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2013. Exp: 250002324000201200075-01. M.P: Alberto
Yepes Barreiro. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp: 52001-23-33-000-2023-00425-01.
M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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27
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
votación de las personas que se encontraban habilitadas en el listado para votar en ese
puesto.
• DIVANID AMAYA GUILLIN, identificada con cédula de ciudadanía N°1.007.301.896,
ama de casa, es presidente de la junta de acción comunal de la vereda casas viejas y era
candidata al concejo. Llegó a las 8 a.m. y manifiesta que no había presencia de la fuerza
pública, ni de la registraduría. Indica que OLIVAIN ANGARITA y YARITH XIOMARA
ANGARITA, trabajan en la Alcaldía. Señala que requirió al comandante de la fuerza
pública para que hiciera presencia en el puesto de votación, el día de las elecciones,
teniendo respuesta negativa por parte de este. Describe la forma en que los miembros de
los grupos armados llevaban a las personas hasta el puesto de votación y los inducían a
votar por un candidato en particular. Igualmente manifiesta que a este sitio de votación se
acercaron personas ajenas a la vereda a ejercer el derecho al voto. Manifiesta que le
insinuaron que votara por el demandado, pero ella indicó que su voto era a conciencia,
haciendo caso omiso a las presiones que ejercieron.
• LUZ MERY RESTREPO IBARRA, identificada con cédula de ciudadanía
N°43.345.476, docente, fungió como jurado de votación en el puesto de la vereda Vista
Hermosa (EL ESPEJO). Indica que la fuerza pública, solamente hizo presencia al inicio y
al final de la jornada electoral, que el profesor Yesid Carvajal, le dijo que si no votaba por
el demandado se atenía a las consecuencias. Afirma que este profesor le estaba
haciendo propaganda al demandado en el puesto de votación. Sostiene que en el puesto
de votación ejerció el derecho al sufragio el señor José Antonio Angarita identificado con
la cedula de ciudadanía No.88.281.530, quien según el diario la opinión, es comandante
de las FARC. Asevera que llevaban a la gente hasta el puesto de votación, portando enla
pretina armas y le indicaban por cuál candidato debían votar.
Relató también que tuvo conocimiento que cuando comenzó el conteo de los votos
comenzaron a llamar diciendo que en casas viejas estaban quemando los votos y dijeron
que en casas viejas no había fuerza pública y donde ella estaba tampoco.
Sobre esta última parte la actora también aportó una declaracion extraprocesal, en el
sentido de indicar que no hubo acompañamiento de la fuerza pública para aperturar el
proceso de inicio de la jornada electoral y que se estaban comprando sufragios.
144. A su vez, la parte actora allegó una fotografía, donde se refleja a un hombre
presuntamente armado, para demostrar los hechos de violencia.
145. Por su parte el demandado, para defenderse de los cuestionamientos de nulidad,
aportó los siguientes elementos de juicio:
• Las declaraciones extraprocesales de los señores Yecid Antonio Carvajal Zambrano,
Carlos Alonso Amaya Quintero, Lisbeidy Yuriani Angarita Pabón, Olivain Angarita
Pabón, Yarith Xiomara Angarita Salazar, Cindy Paola Amaya Amaya, Mildred Amaya
Quintero, Pablo Emilio Amaya Salazar, Yurfred Montaguth Ortega, Ramon Del Carmen
Cuadros Caicedo, Uriel Del Carmen Ramírez Jaime, Johan Esmith Ortiz Amaya, Diomar
León Romero, José Eliumer Amaya Jaimes, Y José Natividad Muñoz Carrascal. Lo que
coincide en determinar que el proceso de votación en San Calixto trascurrió con total
normalidad.
146. Además, el a quo en el curso de la audiencia de pruebas recaudó testimonios
solicitados por este extremo procesal:
• OLIVAIN ANGARITA CLARO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.241.891,
jefe de Control Interno de la Alcaldía de San Calixto, ratificó las manifestaciones hechas
en declaración extraprocesal, allegada con la contestación de la demanda. Manifestó que
fungió como jurado de votación en el puesto de Casas Viejas mesa 1; que llegó al puesto
de votación alrededor de las 7 de la mañana; que al llegar observó la presencia de la
fuerza pública; que la jornada electoral se desarrolló sin contratiempos. Señala que labora
en la administración municipal y que fue nombrado desde la pasada administración para
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
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un periodo de 4 años por convocatoria. Al ser interrogado sobre la presencia de personas
pertenecientes a grupos al margen de la ley en el puesto de votación o sus alrededores,
negó tal situación.
También relató que terminada la jornada se empezó a realizar el conteo de los de los
diferentes, este tarjetones por los candidatos, por los partidos, así mismo hubo un orden
de ideas para poder desarrollar el conteo y anotar en los E-14.(...) una vez conocidos los
resultados se tienen 3 tarjetones , uno que son para claveros, otro para la entrega, el
transmisor y otro que va dentro de un de un sobre que nos entregue a la registraduría y
todo se hizo frente a la delegada de la registraduría municipal. afirmo que hubo protocolo
y la fuerza pública si estuvo dentro del perímetro y ellos estuvieron para la entrega de la
urna.
Este testimonio fue tachado porque tiene una sobrina y tío que tienen vínculos con la
alcaldía.
• YARITH XIOMARA ANGARITA SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía N°
1.091.676.892, se ratifica en lo manifestado en la declaración extraprocesal allegada al
proceso por la parte demandada. Señala que fue jurado de votación en el puesto Casas
Viejas en las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023. Arribó a dicho
sitio, alrededor de las 7 de la mañana. Refiere que desde que llegó y durante la jornada
electoral, siempre observó la presencia de miembros del Ejército Nacional. Negó la
presencia de grupos al margen de la ley en el recinto de las votaciones. Indica ser sobrina
del señor Olivian Angarita e igualmente que labora para la administración municipal de
San Calixto.
También manifestó que al momento del conteo de votos no hubo observaciones por parte
de los testigos electorales y de los partidos políticos, ni de los jurados de votación, tal y
como se evidencia en el formato del E-14, el cual fue diligenciado por mí, yo pregunté en
varias ocasiones a mis compañeros jurados y testigos electorales que, si tenían alguna
observación o novedad respecto a los resultados electorales y todos manifestaron que no,
que todo estaba bien.
A su vez fue tachado, porque tiene un tío y un hermano vinculados en la administración.
• CARLOS ALONSO AMAYA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No
1.094.321.431, ratificó lo expuesto en la declaración extraprocesal allegada con la
contestación de la demanda. Manifiesta que el día de las elecciones acudió al puesto de
votación de la vereda Vista Hermosa -El Espejo-. Indica que llegó a este puesto de
votación alrededor de las 7 de la mañana. Refiere que durante la jornada electoral se tuvo
el acompañamiento del Ejército Nacional y todos los que votaron estaban en el listado.
Señala que no advirtió ninguna irregularidad durante la jornada electoral. En la actualidad
se desempeña como entrenador deportivo, mediante contrato de servicios con la Alcaldía
de San Calixto.
Manifestó que cuando diligenció los formularios E-14 no se presentaron enmendaduras o
tachaduras.
Fue tachado por trabajar en la administración.
• FREIMAN MONTAGUTH ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.091.162.632, es el actual secretario de Gobierno del municipio de San Calixto. Fue
quien grabó los videos aportados con la contestación de la demanda. Fue testigo electoral
y estuvo presente en el recuento de los escrutinios. Señala que no tiene ninguna
discrepancia con el demandante Nicolás Gaona López.
El testigo fue tachado por la parte demandante, por su vinculación política con el partido
del demandado, así como por la relación de amistad que tiene con el demandado.
Además de su vinculación y dependencia económica y laboral con la alcaldía del
Municipal, lo cual podría influir en su testimonio. La tacha del testigo es apoyada por los
coadyuvantes.
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• URIEL DEL CARMEN RAMÍREZ JAIMES, identificado con cédula de ciudadanía N°
5.469.506, ratifica lo manifestado en la declaración extraprocesal allegada con la
contestación de la demanda. Refiere que estuvo el día de los comicios en el puesto de
votación de Casas Viejas. Advierte que la jornada electoral en este puesto de votación
transcurrió en completa normalidad, señalando que siempre hubo acompañamiento de la
fuerza pública. Sin embargo, aclara que alrededor de las 6 de la tarde, llegaron al lugar,
varios seguidores del partido Polo Democrático, intentando hacer desórdenes, pero
gracias al apoyo de la comunidad no se permitió tal hecho. Indicó que participó en los
comicios como candidato al concejo de San Calixto por el partido del demandado. Negó la
presencia de grupos al margen de la ley.
Aduce que a las 4 se cerró la mesa y empezó el conteo de la votación hubo gente muy
alterada pero después llego el ejército nacional para custodiar la mesa y entregársela a la
registraduría. También tachó el testimonio por la contradicción entre la declaración
extrajuicio y por la amistad estrecha con el demandado.
• LISBEIDY YURIANI ANGARITA PABON, identificada con cédula de ciudadanía N°
1.093.790.871, declara que fue jurado de votación en la mesa de Vista Hermosa, El
Espejo. Señala que llegó a las 7:00 a.m. al lugar. Refiere que al momento de apertura de
la mesa de votación hubo presencia del Ejército Nacional, del delegado de la
Registraduría y los jurados.
Aduce que ella revisaba con la cedula quienes iban a sufragar y da cuenta que ella fue
quien hizo ese control y en ningún momento se presentaron personas a votar diferentes
que estaban en el formulario.
Los anteriores testigos fueron tachados por el demandante y los coadyuvantes, por el
interés que les puede asistir en las resultas del proceso dada la vinculación que tienen
con la administración municipal, así como por los vínculos familiares entre algunos de
ellos.
147. Así mismo, la parte demandada presenta una denuncia penal, donde el señor
Ángel Mauricio Ramírez Barbosa, quien dice ser el que aparece en la fotografía
invocada en la demanda, donde se observa presenta cargos contra los señores Nicolás
López Gaona, Robert Paul Vaca Contreras y Angie Cáceres Guerrero. En especial,
menciona que la imagen del escrito inicial no corresponde a una persona perteneciente
a grupos al margen de la ley y que la misma no fue captada en los puestos de votación
que aduce la parte actora, sino en el barrio el Temaco en una caravana política.
148. También se allegaron informes por parte de la policía de San Calixto y el Ejercito
Nacional, donde se afirma que, antes del inicio del certamen, durante éste y en etapa
de escrutinio, hubo acompañamiento de la fuerza pública.
149. Para resolver el cuestionamiento de los recurrentes, es pertinente recordar que la
Sala Electoral, cuando se trata de la causal de nulidad de violencia, señaló los
elementos constitutivos de la misma, los cuales deben ser probados por la parte actora
de manera concurrente al momento de alegarla para que el juez electoral pueda hacer
su estudio de fondo. Tales presupuestos son:
«…, Así pues, la ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la afectación de
la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración de la
existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en
concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son
los presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección
con base en hechos de violencia».63
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad. 2012-00011-01 sentencia de 26 de febrero de
2014. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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150. A la luz de la jurisprudencia vigente de esta Sala Electoral, se impone hacer el
estudio detallado del presente caso, y, de encontrarse objetivamente la concurrencia de
estos elementos constitutivos de la causal, se procederá a analizar la incidencia del
vicio en el resultado. De lo contrario, se despachará negativamente, así:
i) Hecho violento. Presuntamente la intimidación de algunos votantes, sin precisar
sobre quiénes recayó, en los puestos de votación de Casas Viejas y el Espejo,
por parte de al parecer disidencias de las FARC.
ii) Afectación de la voluntad. En el escrito de la demanda, los accionantes no
concretaron sobre las personas o votantes que fueron constreñidos o violentados,
requisito sine qua non para su estudio, dado que esta causal de nulidad electoral
no puede ser analizada de manera abstracta.
En este aspecto, se precisa que la parte actora de forma general aludió a que se
afectó el derecho a elegir sin presiones que comprometieran el juicio de los
electores. Sin embargo, no identificó ni siquiera sumariamente cuáles fueron los
ciudadanos que se vieron afectados con la irregularidad.
151. Se impone en este caso determinar, que la parte actora no probó que, con las
presuntas intimidaciones, se afectara la voluntad de los electores que conllevara a la
alteración del resultado final, elemento necesario para la procedencia del estudio de la
presente causal de nulidad.
152. Resulta importante mencionar, que quien soporta su demanda en la causal de
violencia sicológica, debe probar que la presión ejercida es de tal envergadura que hizo
que la voluntad del elector fuera mermada, al punto de cambiar su opción de voto por la
pretendida por el opresor, situación que, para el caso en concreto, no quedó
demostrada, como se dedujo del análisis de las pruebas legalmente allegadas al
expediente.
153. Así mismo se precisa, que la Sala no desconoce que los testigos de la parte
accionante coinciden en determinar que existió alguna especie de amedrantamiento
contra los electores en los puestos referidos, y que no hubo acompañamiento de la
fuerza pública en el proceso de votación, no obstante a ello se contrapone, los referido
por los deponentes solicitados por la parte demandada, los cuales fueron valorados con
mayor rigurosidad por el a quo por haber sido tachados, y también los informes de la
fuerza pública.
154. Además, se advierte que, ni si quiera, dentro de los testimonios se citó a uno de lo
ciudadanos que resultaron afectados con el hecho de violencia, o fue afectado con las
supuestas presiones que alegaron los demandantes.
155. En ese sentido, a pesar de existir un amplio material probatorio, no ofrecen un
grado de certeza para permitir a la Sala, de manera irrefutable que existieron los actos
de violencia y que, en efecto, que la presencia de varios hombres armados, sin
determinar cuáles, implicó un incremento en la votación registrada en favor de uno de
los candidatos del partido político por el cual participaba.
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156. Por lo expuesto, al no cumplirse con los elementos estructuradores de la
violencia, como lo es la afectación de la voluntad de los electores, se desestimará la
procedencia del presente cargo por inexistencia del mismo.
2.5.4. Violencia sobre las cosas por destrucción del material electoral
157. Para edificar su reproche, los recurrentes, en la impugnación señalaron que hubo
pérdida de los formularios E-10 y E-11, por cuanto el 31 de octubre de 2023, en las
instalaciones, de la alcaldía, la registraduría municipal y otros entes locales fueron
incendiados, lo que imposibilitó la verificación de los resultados electorales, y generó la
configuración de causal prevista en el numeral 2 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011.
158. Por su parte, en la demanda, la parte actora refirió que, dentro del material
destruido, se encontraban el relativo al de los puestos de votación de Casas Viejas y el
Espejo, al respecto, destacó el formulario E-14 claveros.
159. Para justificar este reproche, hace alusión a varios medios de comunicación que
dan cuenta de incendios que ocurrieron en horas de la noche del 31 de octubre de
2023, en el municipio de san Calixto que involucran a la alcaldía y la registraduría
municipal. La noticia que se refieren en la demanda reposa en los siguientes links que
aún se encuentran activos:
• https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-violencia-se-desato-en-san-
calixto-incendiaron-la-alcaldia-y-la-registraduria/
• https://www.laopinion.co/elecciones-2023/escrutinios-de-cucutilla-y-san-calixto-se-
trasladan-cucuta
• https://www.elcolombiano.com/colombia/denuncias-presisiones-de-disidencias-de-las-
farc-para-votar-por-candidatos-en-catatumbo-CC23037489
• https://larazon.co/nacion/quemaron-la-alcaldia-de-san-calixto-en-santander-por-
presunto-fraude-electoral/
• https://www.elheraldo.co/nacional/2023/11/01/defensoria-rechazo-hechos-de-violencia-
en-san-calixto-norte-de-santander/
• https://www.youtube.com/watch?v=CiCi9Wk6yzs
• https://www.wradio.com.co/2023/11/01/alcaldia-de-san-calixto-fue-quemada-tras-
resultados-de-elecciones-territoriales/
• https://www.youtube.com/watch?v=dG2za4ITiHo
• Informe de alertas temprana de la Defensoría del Pueblo donde se afirma que el
municipio de San Calixto tiene un riesgo extremo, el cual reposa en la siguiente
dirección: https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/030-23.pdf.
• También obra un informe de la MOE donde se dispone que el municipio de San
Calixto, con corte a 27 de octubre de 2023, varió su calificación de riesgo extremo a
alto: https://moe.org.co/4-073-observadores-se-desplegaran-en-la-mitad-de-los-
municipios-del-pais-moe/
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160. En el expediente se encuentra el oficio 9475 RN DNS del 28 diciembre de 2023
elevado por la delegada departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
con sede en San José de Cúcuta, en donde se informa lo siguiente:
«Como es de conocimiento el día 31 de octubre de 2023 se presentaron alteraciones del
orden público en la cabecera municipal de San Calixto, Norte de Santander, las cuales
afectaron directamente el proceso electoral del municipio, puntualmente, el componente
de escrutinio, por tal motivo y debido a la incineración de los documentos del proceso
electoral, una vez las autoridades correspondientes analizan la situación y en el sentido
normativo de garantizar la intención electoral de los sufragantes del municipio, se
procedió a instalar y continuar con los escrutinios en la ciudad de Cúcuta teniendo en
como base los formularios E-14 debidamente escaneados y cargados en la pagina oficial
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunado a lo expuesto, le informamos que
los formularios E-10 y E-11, sufrieron pérdida total dentro de la novedad de orden público
mencionada, toda vez que fueron incinerados»
161. En ese sentido también existe el oficio de la misma autoridad de fecha 5 de
agosto de 2024 con radicado RN DNS OJ No. 1470, en donde informan que «(…) se
confirma la inexistencia de los formularios E-10, E-11 y E-14 (de claveros y de trasmisión) de
todos los puestos de votación ubicados en el municipio de San Calixto (…). Finalmente se
manifiesta que la totalidad de las actas de escrutinio E-14 de delegados del municipio de San
Calixto, Norte de Santander, fueron digitalizadas y publicadas en estricto cumplimiento de lo
ordenado, garantizando y conservando la cadena de custodia, en cabeza de los funcionarios
electorales y las entidades contratas para el efecto».
162. Para resolver el asunto, para la Sala resulta relevante aclarar que el proceso del
conteo de la votación está dividido en dos fases, la primera de ellas, denominada el
conteo de mesa, el cual esta a cargo de los jurados de votación64 en los términos del
artículo 14265. La segunda el escrutinio propiamente dicho, realizado por las comisiones
escrutadoras deben comenzar el escrutinio el mismo día de la votación y desde el
momento en que se efectúa el cierre de mesas se encuentran habilitadas, en razón a
que el escrutinio debe adelantarse con fundamento en las actas de las mesas que se le
vayan entregando a los claveros en el lugar que se previó para desarrollar tal diligencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4166 de la Ley 1475 de 2011.
163. Lo anterior, resulta relevante en la medida que los recurrentes, reprochan que los
actos de violencia sobre las cosas que finalizaron en la destrucción de los formularios
E-10, E-11 y E-14 claveros y de trasmisión, se configuró en la segunda de las fases
antes explicadas, es decir en el proceso de escrutinio propiamente dicho, dado que de
su mismo dicho, mencionan que los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2023,
cuando el conteo de votos de mesa había sido efectuado, por los jurados.
64
El artículo 134 del C.E. prevé que inmediatamente después de cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en alta
voz el número total de sufragantes, el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes.
65
ARTICULO 142. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 6 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los resultados del
cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o
candidato. Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos
ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los Delegados del Registrador Nacional del
Estado Civil.
66
ARTÍCULO 41. DEL ESCRUTINIO EL DÍA DE LA VOTACIÓN. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares
comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de votación,
con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local
que la respectiva Registraduría previamente señale.
Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea posible terminar el escrutinio antes de la hora
señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las nueve (9) de la mañana del día siguiente hasta las nueve (9) de la noche y así
sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio.
Al concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, las personas autorizadas por la Registraduría Nacional
del Estado Civil escanearán las correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser publicadas inmediatamente en la
página web de la entidad. Una copia de dichas actas será entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar
cámaras fotográficas o de video.
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
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164. Bajo estas circunstancias lo correspondiente es que la Sala identifique si la
pérdida de los formularios E-10 y E-11 tienen la condición de comprometer la pureza de
la votación, pues dicho acontecimiento no tuvo la potencialidad de afectar los registros
electorales fundamentales que desvirtúen la verdad electoral, toda vez que el formulario
E-14 o acta de escrutinio de jurados de votación67, que es la que contiene el cómputo
de votos y es fundamento de los demás escrutinios, para el momento en que aconteció
el escrutinio de mesa no hay constancia que permitan concluir algún deterioro o hecho
contrario que altere su contenido.
165. No obstante el hecho de la sustracción de los formularios E-10 y E-11 no impidió
la consolidación de los resultados electorales, pues lo que se puede determinar sin
duda, es que los escrutinios se adelantaron sin que, hasta el momento, la totalización
de la votación se hubiere visto afectada, pues existen los E-14 delegados íntegros y
éstos se diligenciaron según la comisión escrutadora con el pleno de los requisitos para
adelantar el escrutinio municipal, como se dejó en el acta de escrutinio municipal.
166. A juicio de la Sala la extracción de los documentos electorales E-10 y E-11 no
conllevan a la nulidad de la elección conforme lo establece el numeral 2° del artículo
275 de la Ley 1437 de 2011, en tanto, los formularios que consolidaron la votación no
sufrieron ningún deterioro, en la etapa de escrutinio de mesa.
167. En los procesos electorales es fundamental que se privilegie el principio de
efectividad del voto, por ello la razonabilidad en el análisis de las conductas que pueden
constituir el ejercicio de un acto contrario y calificado como violencia, requieren
necesariamente que lleve implícito consigo la afectación o transmutación de los
resultados, bien por medio de métodos o acciones infligidas a las personas que
intervienen en el procedimiento electoral o por situaciones predicables de la
autenticidad de los documentos electorales que afecten la votación, pues no toda
situación que sea irregular, tiene la potencialidad de invalidar los comicios sino aquellas
que sean de tal capacidad, que violenten la voluntad y transparencia de la votación.
168. Precisamente, para la Sala la pérdida o destrucción de los formularios E-10 y E-11
no tuvo la capacidad de afectación en los resultados, pues los registros consolidados
para los candidatos y partidos ya hacían parte de un acta (E-14) la que fue remitida a la
comisión escrutadora municipal, quien además procedió a realizar con fundamento en
ella el escrutinio correspondiente.
169. La parte recurrente supone que esta situación conllevó un beneficio en el registro
de votos a favor del demandado, pero esta alegación no pasó de ese ámbito, pues
nada probó en torno a que en realidad ello hubiera acaecido.
170. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que los informes de la RNEC conducen a
determinar que se incineraron los formularios E-14 de trasmisión y de claveros, se
recuerda que esto ocurrió en etapa de escrutinio el 31 de octubre de 2023, esto es,
cuando el material electoral estaba en manos de la comisión escrutadora y ya se
encontraban digitalizados algunos de estos ejemplares, en especial la totalidad del de
delegados.
Según lo dispuesto en el artículo 142 del C.E., modificado por el artículo 12 de la Ley 6ª de 1990: “Los resultados del cómputo de
67
votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato”
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171. Por lo anterior, se recuerda que compete a los jurados de votación, el determinar
en la mesa, voto a voto la opción escogida por cada sufragante, la cual es plasmada en
el formulario E-14. Esta información, pasa al escrutador correspondiente68, el cual, ya
no revisa la votación (uno a uno) sino los formularios E-14, salvo que, frente a ellos
exista alguna duda en su contenido.
172. Además, esta Sala ha sido clara en señalar que la pérdida de algún ejemplar de
los E-14 no imposibilita que la comisión escrutadora puede realizar su labor de
escrutinio, pues para ello se cuenta con varios de estos documentos, a partir de los
cuales se puede efectuar la consolidación de los resultados.
173. Sobre el aspecto, a jurisprudencia univoca del la Sección Quinta del Consejo de
Estado ha dicho 69:
«Por consiguiente, si eventualmente no es posible valorar el contenido del formulario E14
claveros, bien sea por su destrucción parcial o total, desaparición, o porque su contenido es
inconsistente, verbi gratia porque la sumatoria de los guarismos allí registrados no coincide
o es incongruente, es procedente verificar la información plasmada en los demás ejemplares
que se aporten al proceso, sean estos delegados o transmisión».
174. Además, en un caso similar, indicó que70:
«En consecuencia, se tiene que la autoridad judicial accionada desconoció que el formulario
E-14 se expide en tres ejemplares, sin que por este hecho se pueda concluir
razonablemente que solo es válido el de Claveros, máxime si se tiene en cuenta que en el
expediente obraba el ejemplar del acta correspondiente a Transmisión para las mesas
señaladas y el E-14 Delegados de los corregimientos de El Algarrobo y Providencia, así
como las fotografías tomadas por los jurados a las tres versiones –claveros, delegados y
transmisión- en virtud de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, elementos
materiales probatorios que, analizados de manera conjunta, le permitían verificar la
conformidad o no, entre los E-14 de Transmisión y Delegados de cara a las fotografías del
de Claveros».
175. Por las anteriores razones, la Sala tampoco encuentra probada la causal prevista
en el numeral 2° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
2.5.5. Sobre las diferencias entre los formularios, E-11, E-14, E-24 y E-26
176. En este aspecto, el recurrente plantea que existe una irregularidad en los
formularios electorales en la medida en que no coinciden los sufragios registrados en el
formulario E-14 y E-24 con el total de sufragantes según E-11 (casilla que hace parte
del primer documento mencionado), de la siguiente forma:
68
Zonal o auxiliar en el caso de los municipios zonificados o municipal en los que no tienen esa condición.
69
Como lo expuso la Sala en la sentencia del 1° de junio de 2017. Exp: 25000-23-41-000-2016-00608- 01. En esa oportunidad la
Sala sostuvo: (…), se advierte que el formulario E-14 claveros adolece de una irregularidad respecto del registro de votación, toda
vez que si bien se dejó la consigna de un total de 285 votos depositados en la urna, la sumatoria real arroja como resultado 238
votos. (…) En ese orden de ideas es preciso colegir que el formulario E-14 claveros presenta una incongruencia en sus registros,
toda vez que allí se anotó un total de 285 votos –tal como aparece en el de delegados-, no obstante, al hacerse una sumatoria de
los votos allí consignados corresponde a 238, razón por la que el a quo no debió conferirle mayor valor probatorio a este documento
sobre el formulario E-14 delegados, puesto que en este último la sumatoria de todos los votos consignados coincide con el número
de 285.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de mayo de 2022, MP: Rocío Araújo
Oñate. 11001 -03-15-000-2022-00597-01
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35
Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
177. Sobre el particular y una vez analizó la Sala el recuadro presentado por el
demandante, en la mayoría de los casos (los cuales no tienen ningún resaltado), no se
advierte ninguna irregularidad, dado que se evidencia del mismo que los datos
coinciden entre los formularios E-14, E-24 y el número de sufragantes.
178. Ahora bien, en cuanto los destacados en amarillo, la Sala encuentra que tampoco
resulta ser una irregularidad, pues se recuerda que de conformidad con el marco teórico
de esta providencia, que existan más votantes que votos en una mesa no constituye
una irregularidad, «Así entonces, es posible y válido que el número de sufragantes que se
registra en el formulario E-11 de una mesa sea igual o mayor al número de votos relacionados
en el E-24 txt respecto de la misma mesa; pero no lo es, si el cómputo de votos de este
último es mayor a la cantidad de sufragantes registrados en el formulario E-11, ya que
ello sí configuraría la irregularidad en comento».
179. Finalmente, en el recuadro sombreado en rojo puede advertirse, en principio, una
irregularidad según lo antes mencionado, observando los formularios E-14, E24 y el
AGE, tal inconsistencia quedó subsanada por el hecho de haberse incinerado dos
votos.
E-14
E-24
AGE
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Demandantes: Nicolás López Gaona y Robert Paul Vaca Contreras
Demandado: José Luís Balmaceda Pinzón,
como alcalde de San Calixto (Norte de Santander)
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00006-01 (Ppal)
180. Por manera que, como en el presente asunto no se logra demostrar ninguna de
las irregularidades propuestas por la parte demandante, se confirmará la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo Norte de Santander del 21 de noviembre del
2024, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
181. Finalmente, frente a las inconsistencias aritméticas entre los formularios E-14 y E-
24 alegadas en la alzada, la Sala advierte que este cargo no se expuso con la debida
determinación, comoquiera que ni en la demanda, menos en la apelación, se precisaron
las zonas, puestos y mesas donde se presentaron las irregularidades advertidas.
Además, si se trataran de errores aritméticos, tampoco se allegaron los actos que
resolvieron las reclamaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Norte de
Santander del 21 de noviembre del 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa
de esta providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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