Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2023-00425-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2023-00425-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 52001-23-33-000-2023-00425-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de febrero de 2025
Demandante: Willan Orlando Urbano Vallejo
Demandados: Concejales de San Juan De Pasto (Nariño) - Período 2024—2027
Rad.: 52001-23-33-000-2023-00425-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 52001-23-33-000-2023-00425-01
Demandante: WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO
Demandados: CONCEJALES SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) -
PERÍODO 2024—2027
Temas: Falsedad por diferencias injustificadas entre formularios E-
14 y E-24 – Más votos que sufragantes - Enmendaduras,
tachaduras, error aritmético – Requisitos de determinación
de los cargos del contencioso objetivo de nulidad electoral
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 30 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1. La demanda1
En ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del
CPACA, el señor Willan Orlando Urbano Vallejo, a través de apoderado, formuló
demanda en la que pretende que se declare la nulidad de la elección de los
concejales del municipio de San Juan de Pasto (Nariño), para el periodo 2024-2027,
contenido en el Formulario E-26 CON del 4 de noviembre de 2023.
1.1. Pretensiones
Además del acto de elección, el actor pretende que se anulen las resoluciones 1 del
31 de octubre2, 23 y 34 del 1° de noviembre de 2023, proferidas por la Comisión
Escrutadora Auxiliar Zonal 2; dos respuestas a reclamaciones dictadas por la
Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal 5 del 1° de noviembre de 20235; los autos 3,
1 La síntesis del libelo se realiza a partir del escrito integrado de subsanación de la demanda.
2 Que rechazó una solicitud.
3 Que negó una solicitud.
4 Que rechazó una solicitud.
5 Mediante las cuales se rechazó una solicitud y se resolvió un recurso.
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Demandante: Willan Orlando Urbano Vallejo
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4 y 5 del 3 de noviembre de 2023, proferidos por la Comisión Escrutadora
Municipal6; y el auto 007 del 7 de noviembre de 2023, proferido por la Comisión
Escrutadora Departamental de Nariño7.
1.2. Hechos
El actor, a través de su apoderado, señaló que fue candidato al Concejo Municipal
de Pasto (Nariño) por el Partido Cambio Radical, identificado en la tarjeta con el
número 019.
Adujo que, como resultado de los comicios, se declaró la elección de los 19
concejales del municipio de Pasto, entre ellos, de los señores Gustavo Alonso
Núñez Guerrero y Jorge Andrés Ortiz Mena para ocupar las dos curules que
correspondieron al Partido Cambio Radical.
Sostuvo que, al finalizar el preconteo, este reportó que el candidato Gustavo Alonso
Núñez Guerrero ocupaba el primer lugar de la lista del partido, con 3864 votos,
seguido por Jorge Andrés Ortiz Mena con 1713 sufragios, en tanto que, en su caso,
ocupaba el tercer puesto con «1.710» respaldos, quedando en el último lugar el
señor Jesús Héctor Zambrano Jurado con 1678 votos.
Sin embargo, como resultado de los escrutinios municipales se presentaron
diferencias injustificadas en el diligenciamiento de los formularios E-11, E-14 y E-
24, que quedaron inmersos en el acto que declaró la elección del concejo municipal.
Explicó que el resultado del escrutinio le reportó 1654 votos, para una diferencia de
56 sufragios sustraídos en comparación con el resultado del preconteo, lo que
produjo que descendiera al cuarto lugar de la lista del partido, con una diferencia de
65 votos por debajo del señor Jesús Héctor Zambrano Jurado, quien obtuvo 1719 y
ascendió al tercer lugar.
Indicó que procedió a verificar los formularios E-14, y encontró que sus resultados
son contrarios a los que consignaron las comisiones escrutadoras en los formatos
E-24.
Mencionó que, con posterioridad a la declaratoria de la elección, se produjo el
fallecimiento del concejal elegido Gustavo Alonso Núñez Guerrero, lo que ocasionó
que el señor Jesús Héctor Zambrano Jurado accediera a la curul que dejó el difunto.
Adujo que inicialmente logró «1.733» votos, cifra superior a la resultante del
escrutinio, que fue de 1654, para una diferencia de 79 votos, lo cual lo ubica en el
segundo lugar de la lista del partido y, por ende, con derecho a la curul que
inicialmente correspondió al señor Gustavo Alonso Núñez Guerrero.
6 Mediante las cuales se rechazaron de plano unas solicitudes.
7 Que rechazó de plano una solicitud.
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Para ilustrar lo anterior, insertó una tabla que relaciona las columnas de las diez
zonas del escrutinio, la votación plasmada en los formularios E-14 (1733) y E-24
(1654) en cada una, y la diferencia total (+79), que en su sentir tiene la vocación de
modificar el resultado electoral.
Informó que presentó reclamaciones y apelaciones en oportunidad ante las
comisiones escrutadoras, con lo que cumplió el requisito de procedibilidad previsto
en el artículo 237 de la Constitución Política. Estos recursos surgieron respecto de
las inconsistencias evidenciadas en los formularios E-14, que no coinciden con los
E-24, y que alimentaron el E-26.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
El demandante advirtió la violación de los artículos 265.4 de la Constitución Política;
122, 164 y 192 del Código Electoral, lo cual configura la causal de nulidad prevista
en el artículo 275.3 del CPACA.
Para el efecto, expuso los siguientes cargos:
Diferencias injustificadas - «MAS SUFRAGANTES FORMULARIO E-11 QUE TOTAL
DE VOTOS EN LA URNA» - Entre E-14 claveros y E-24 desfavorables al
demandante
Explicó que los jurados realizaron un escrutinio alejado de la realidad al momento
de diligenciar los formularios E-14 claveros, por cuanto se encontraron
inconsistencias que hicieron que los resultados electorales en las mesas no se
reflejaran en el escrutinio municipal y en la asignación de votos por candidato en el
formulario E-24.
Para ilustrar lo anterior, insertó una tabla donde relacionó 362 registros con las
columnas correspondientes a la zona, nombre del puesto, mesa, y la que denominó
«DIFERENCIA INJUSTIFICADA POR JURADO», donde consignó diferentes
observaciones, relacionadas con la nivelación de las mesas, tachaduras,
enmendaduras y error aritmético.
Diferencias injustificadas - «MÁS VOTOS EN LA URNA QUE SUFRAGANTES
FORMULARIO E-11» - Entre claveros E-14 y E-24 desfavorables al demandante
Adujo que los jurados de las mesas realizaron el escrutinio sin aplicar el
procedimiento de nivelación cuando el número de votos es mayor al de ciudadanos
registrados en el formulario E-11.
Explicó que, ante ese evento, se debe incinerar la votación en exceso y,
posteriormente, diligenciar el formato E-14, «sin reflejar estos cambios en los
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recuadros OTRAS CONSTANCIAS DE ESCRUTINIOS DE MESA y/o HUBO
RECUENTO DE VOTOS, hacen que los resultados electorales en estas mesas no
se reflejen en el acta de escrutinio municipal y la posterior asignación de votos por
candidato en el FORMULARIO E-24, menos por reclamación en escrutinios de
carácter municipal (…)».
Para ilustrar lo anterior, insertó una tabla donde relacionó 12 registros con las
columnas correspondientes a la zona, nombre del puesto, mesa, y la que denominó
«DIFERENCIA INJUSTIFICADA POR JURADO», en la que señaló, en todas las filas,
«MAYOR VOTOS EN VOTANTES QUE SUFRAGANTES (HAY 1 VOTO INCINERADO)».
Diferencias injustificadas – más votos en claveros E-14 que en E-24
desfavorables al demandante
Advirtió que las diferencias injustificadas «se dan teniendo en cuenta las zonas,
puestos y mesas relacionadas en la tabla No. 1 del presente documento, con el cual
se cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 164 y el numeral 11 del artículo
192 del Código Electoral, esto es “Actas de Escrutinio de los jurados de votación
(Formulario E-14) presentan errores aritméticos, tachaduras y enmendaduras».
Insertó una tabla donde relacionó los totales de la votación del demandante
(Candidato CR-19), con las columnas correspondientes a la zona, E-14, E-24, y
«DIFERENCIA», que arrojaron un total de «79» votos de diferencia entre los 1733
reportados en el preconteo, y los 1654 contenidos en el formato E-24.
Explicó que, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 164 del Código Electoral,
existe mérito para solicitar el recuento de los votos en las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 99
descritas en la tabla bajo cita, debido a que las actas E-14 evidencian tachaduras o
enmendaduras, visibles en los resultados de la votación.
Destacó que esta norma también prevé que no se debe negar la solicitud de
recuento cuando en las actas de los jurados aparecen tachaduras, o haya duda, a
juicio de la comisión, sobre la exactitud de tales resultados.
Conclusiones
Adujo que los siguientes candidatos presentan un margen de diferencia injustificada
en su favor, respecto del resultado que obtuvieron en el preconteo: Jorge Andrés
Ortiz Mena (CR-10) 67 votos; Jesús Héctor Zambrano Jurado (CR-4) 41 votos.
Agregó que, en su caso, «se le restaron 56 votos», con base en las diferencias
injustificadas entre los formularios E-14 y E-24, con lo cual supera en votación al
señor Jesús Héctor Zambrano Jurado (CR-4).
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1.4. Actuaciones procesales
Por auto de 17 de enero de 20248, el tribunal de primera instancia inadmitió la
demanda para que el actor la subsanara, en el sentido de i) individualizar los actos
demandados, incluyendo las decisiones adoptadas por las autoridades electorales
que resolvieron reclamaciones y recursos, y demandarlas; ii) ajustar las
pretensiones que comprenden aspectos que serán objeto de prueba 9; iii) aportar
copia íntegra de la Resolución 2 del 1° de noviembre de 2023, y de las demás
decisiones cuya nulidad pretende; y iv) aportar los formularios E-14 claveros,
comoquiera que los enlaces allegados para el efecto no son funcionales.
Previa subsanación, mediante proveído del 6 de febrero de 2024 se admitió la
demanda.
1.5. Contestación de la demanda
Consejo Nacional Electoral
A través de apoderada, explicó las competencias de las comisiones escrutadoras y
las etapas del proceso administrativo electoral. Luego, adujo que con la demanda
no se allegaron los soportes de las presuntas anomalías del proceso de elección
enjuiciado, pues si bien se presentaron reclamaciones y recursos, lo cierto es que
se resolvieron por la respectiva comisión.
Destacó las reclamaciones resueltas por la Comisión Municipal de Pasto, según las
consignas del acta de escrutinio municipal, y la decisión adoptada por la Comisión
Escrutadora Departamental de Nariño, a través del Auto 007 del 7 de noviembre de
202310.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva con
fundamento en que la entidad no es la llamada a satisfacer las pretensiones del
demandante, pues sus censuras recaen sobre las actuaciones de las comisiones
escrutadoras, ajenas al marco legal de las competencias del órgano electoral.
Registraduría Nacional del Estado Civil
A través de apoderado, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, fundada en que los señalamientos de la demanda no comprometen la
actividad de la entidad en el marco de sus competencias.
8 La fecha plasmada en el auto corresponde al 17 de enero de 2023. Sin embargo, mediante providencia del 26
de enero de 2024 se corrigió el año.
9 Se refirió a las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta, donde solicitó declarar que existen diferencias
e inconsistencias injustificadas en el diligenciamiento de los formularios electorales, y que estas incidieron en
el resultado de las elecciones.
10 Que rechazó de plano varias reclamaciones por pérdida de competencia.
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También planteó la que denominó «imposibilidad de cumplimiento a un eventual
fallo de nulidad», bajo el argumento de que los delegados del ente registral actúan
como secretarios de las comisiones escrutadoras, pero no dictan el acto de elección,
de manera que no podría cumplir un eventual fallo favorable a las pretensiones.
Concejal demandado Jorge Andrés Ortiz Mena
Su apoderado sostuvo que los boletines de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, emitidos durante el denominado preconteo, no son vinculantes, pues su
carácter es informativo, luego no pueden considerarse documentos electorales que
definan una elección.
Explicó que, con todo, es posible que se modifiquen los resultados iniciales de ese
boletín, no por una decisión caprichosa, sino con base en el recuento manual de
votos a cargo de las comisiones escrutadoras, lo que justifica las diferencias entre
los formularios E-14 y E-24. Arguyó que, en consecuencia, el demandante nunca
obtuvo 1733 votos, sino 1654, producto del escrutinio.
Advirtió que los cargos de la demanda son contradictorios, pues el actor alegó
diferencias entre los formularios E-14 con el E-24 y, a renglón seguido, afirmó que
tales alteraciones se presentaron entre los formatos E-11 y E-14, por lo que no es
clara su postura y sustentación, lo cual implica oscuridad para el adecuado ejercicio
de la defensa.
Agregó que, sin perjuicio de lo anterior, se entiende que el sustento del demandante
radica en que la comisión escrutadora modificó las cifras reportadas en su favor en
el preconteo, las cuales favorecerían su aspiración. Al respecto, reiteró que las
variaciones de los registros iniciales no obedecen al capricho del órgano escrutador,
ni se originan en inconsistencias involuntarias, sino en el resultado del recuento de
la votación en varias mesas, por enmendaduras en los formularios E-14, y las
múltiples reclamaciones presentadas en audiencia.
Sostuvo que el actor no cumplió la carga que le corresponde en cuanto al deber de
especificar, no solo la zona donde supuestamente advirtió irregularidades, sino los
puestos y las mesas donde acontecieron tales afectaciones, para así poder verificar,
con base en los documentos electorales, de dónde provienen las anomalías
alegadas.
Propuso la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad. Al respecto, indicó que el artículo 237 superior consagra la exigencia
del saneamiento previo de causales de nulidad para acudir ante el juez electoral, y
si bien la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho que
no es aplicable, lo cierto es que se trata de un requerimiento que proviene
directamente de la Constitución Política, lo que impone su cumplimiento.
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Advirtió que las reclamaciones presentadas por el demandante ante las comisiones
escrutadoras se sustentaron en «error aritmético», y las autoridades electorales se
pronunciaron frente a esta causal, la cual dista de la falsedad de que trata el numeral
3° del artículo 275 del CPACA, que alude a falsedad de los documentos electorales,
esto es, se trata de una causal de nulidad. De ahí que los reclamos efectuados no
suplen el cumplimiento del requisito de procedibilidad en mención.
Concejales demandados Álvaro Javier Zarama Burbano, Franky Adrián Eraso
Cuaces, María Alejandra Guerrero Matajaboy, Javier Mauricio Torres Silva,
Omar Virgilio Cerón Leiton, Byron Andrés Gustin Pinchao, Mario Ernesto
Enriquez Chenas, Anderson Faber Martínez Benavidez, Álvaro Aníbal
Figueroa Mora, Álvaro José Eliseo Gomezjurado Garzón, Juan Marcelino
Unigarro Ordóñez, José Henry Criollo Rivadeneira, Berno Ismael Hernán
López Cabrera, Jesús Antonio Bastidas Cumbal, Willian Andrés Meneses
Rivadeneira, Carlos Andrés Acosta Santacruz y José Feliz Solarte Martínez
A través de apoderado, aclararon que el boletín inicial de la Registraduría Nacional
del Estado Civil era parcial, por cuanto no se contaba con el reporte del 100% de
las mesas escrutadas.
Indicaron que, si bien se presentaron algunas diferencias en el escrutinio, las
mismas fueron objeto de revisión por parte de las comisiones escrutadoras, tal como
se registró en las actas pertinentes, donde se establecieron las observaciones y
salvedades presentadas en las mesas.
Advirtieron que no se puede asegurar que el demandante no obtuvo la curul
pretendida basado en el preconteo, por cuanto este es informativo y carece de
fuerza vinculante, además que el Código Electoral establece que los resultados
oficiales de la elección solo se conocen al concluir el proceso de escrutinio.
Afirmaron que, en consecuencia, el actor obtuvo 1654 votos, por lo que carece de
veracidad su afirmación según la cual logró 1733 sufragios.
Señalaron que el libelista incumplió el deber de especificidad de los cargos, que
consiste en señalar, y probar, en cuál etapa aconteció el yerro alegado, con la
precisión exacta de la zona, puesto, y mesa de votación donde se presentaron las
inconsistencias, el cual no se cumple cuando solo se relacionan las zonas, por
cuanto la división política electoral del municipio de Pasto está compuesta por diez
de ellas, que comprenden 923 mesas. De ahí que al actor pretende que el tribunal
realice el análisis de todas las mesas, lo cual no es procedente ni admisible.
Propuso las excepciones de mérito que denominó como inexistencia de la causal
alegada del numeral 3° del artículo 275 del CPACA, y omisión del cumplimiento de
la carga de la prueba ligado al principio de justicia rogada, e imposición del deber
de especificidad.
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1.6. Otras actuaciones de la primera instancia
A través de providencia del 9 de mayo de 2024, la magistrada sustanciadora declaró
no probada a excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad, propuesta por el demandado Jorge Andrés Ortiz Mena, y dispuso
postergar a la sentencia la decisión de las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva propuestas por las entidades de la organización electoral.
El auto en mención fue adicionado a través de proveído del 23 de mayo de 2024,
en el sentido de tener por no contestada la demanda por parte del concejal Jesús
Héctor Zambrano, y reconocer la intervención oportuna de los demás demandados.
La audiencia inicial tuvo lugar el 7 de julio de 2024. En esta diligencia se fijó el litigio
en los siguientes términos:
¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo que corresponde al
formulario E-26 expedido por la Comisión Escrutadora Municipal del 4 de
noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección de los concejales
del Municipio de Pasto para el periodo 2024-2027, conforme a la causal de
nulidad invocada por la parte demandante?
En cuanto a las pruebas, dispuso tener como tales las aportadas por la parte actora
con la demanda, la subsanación y la contestación de las excepciones. A su turno,
decretó los medios de convicción allegados por el extremo demandado. Respecto
de la solicitud probatoria del libelo, dispuso oficiar a la Registraduría Nacional del
Estado Civil para que aportara al proceso los formularios E-10 y E-11 del municipio
de Pasto, decretó los testimonios de Silvio Vicente Azain Guanaran y Jaime
Armando Delgado Meneses para ratificar sus declaraciones extrajudiciales ante
notario, y el interrogatorio de parte del señor Willan Orlando Urbano Vallejo.
La audiencia de pruebas tuvo lugar el 17 de septiembre de 2024, diligencia en la
que se incorporaron las documentales decretadas en la audiencia inicial, y se
recibieron los testimonios de Silvio Vicente Azain Guanarán y Jaime Armando
Delgado Meneses. El interrogatorio de parte fue desistido por quien pidió la prueba,
por lo que la magistrada sustanciadora aceptó la dimisión.
Finalmente, se dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 30 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Nariño
negó las pretensiones de la demanda.
Acerca de las reclamaciones presentadas por el demandante, resolvió lo
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siguiente11:
Mesa, zona,
puesto, lugar E14
Reclamación Respuesta E14 claveros E24
de delegados
votación
Mesa: 5 Puesto: Se reportan 4 votos Auto No. 5 del 3 de CR10: 4 CR10: 4 No
Zona: 99 Lugar: para candidato N. 10 noviembre de 2023. votos Votos especifica
Catambuco de cambio radical, Comisión escrutadora municipal de puesto,
pero también se Pasto. Reclamación extemporánea. CR19: 3 CR19: 3 luego, no se
puede entender Verifica que en formulario E14 el votos votos puede
como 1 voto. candidato CR10 aparece con 4 Números verificar en
votos y no 1. claros E24.
Mesa: 1 Error aritmético- en la Auto No. 4 del 3 de CR19: 2 CR19: 8
Puesto:7 página de la noviembre de 2023. Comisión votos votos
Zona:99 Lugar: registraduría se escrutadora municipal. Rechaza
Mapachico reportaron 8 votos solicitud por 8 votos total
para el demandante, extemporánea. Verifica que en el para la lista,
pero la comisión formulario E14 claveros, el sumados los
reportó 2 votos candidato CR19 aparece con 2 de todos
votos y el total de votos por el los
partido es de 8 y así se registró en candidatos.
el formulario E24.
Mesa: 1 Tachones o Resolución No. 2 del 1 de CR19: 3 CR19: 3 CR19: 3
Puesto: 6 enmendaduras en noviembre de 2023. Comisión votos votos votos
Zona: 3 Lugar: actas. escrutadora auxiliar zonal 2.
IEM Eduardo El Señala que si bien el formulario
Romo Rosero demandante obtiene E14 fue diligenciado con
4 votos tachadura, se registra
correctamente los resultados
individuales. Error alegado
inexistente.
Mesa: 5 Error aritmético. Resolución No. 1 del 31/10/2023- CR19: 1 CR19: 1 voto CR19: 1
Puesto: 6 Demandante alega Comisión escrutadora auxiliar voto voto
Zona: 3 Lugar: obtener 5 votos, pero zonal 2.
Eduardo Romo en el formulario E14 Comisión accede al reconteo de
Rosero aparecen 4. votos.
Encuentra que formulario E-14 fue
registrado correctamente. No hay
error aritmético.
Mesa: 7 Actas con tachaduras Resolución 3 del 1/11/2023. CR19: 2 CR19: 2 votos CR19: 2
Puesto: 1 u enmendaduras en Comisión escrutadora auxiliar votos. CR1: 3 votos Sin CR1: 3
Zona: 2 Lugar: los resultados zonal 02. CR1: 3 enmendadura votos
Champagnat Reclamación extemporánea- se votos.
rechaza. Con
enmendadu
ras.
Mesa: 18 Tachones o Respuesta del 1 de noviembre de CR1: 9 CR1: 9 votos CR19: 3
Puesto: 01 enmendaduras en 2023. Comisión escrutadora (no votos CR19: 4 votos votos –
Zona:05 Lugar: votos reportados define cuál) accede al reconteo y decisión
IEM Libertad para candidato CR1- verifica que el candidato CR1 tiene CR19: 4 justificada
la intención del 9 votos. votos según la
jurado es reportar 1 Se resta un voto de los cuatro respuesta
voto, no más de 8 votos que tenía el candidato CR19 del 1 de
votos. y se suma a la lista del partido, noviembre
porque el trazo de 2023.
abarca varias casillas.
11 Se transcribe el contenido, inclusive, con los errores de los textos.
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Mesa:11 Puesto: Error aritmético en Respuesta del 1 de noviembre de CR19: 4 CR19: no No
Zona:05 Lugar: acta de escrutinio 2023. Comisión votos votos especifica
IEM Libertad E14, porque el escrutadora (no define cuál) puesto,
candidato CR19 debe luego, no se
señala que la solicitud
tener 4 votos y en el puede
extemporánea, pero se evidencia
formulario no se verificar en
reportan. que los cuatro votos del E24.
candidato
CR19 sí se reportaron.
Mesa: 11 Candidato CR19 no Auto No. 3 del 3 de Zona no Zona no existe No
Puesto: reporta votos. Noviembre de 2023. Comisión existe Tampoco se especifica
Zona:8 escrutadora municipal rechaza la Tampoco se especifica puesto
Lugar: reclamación porque en el acta especifica puesto ni lugar ni lugar,
puesto ni luego, no
general de escrutinio se practicó
lugar. se puede
recuento de votos y se encontraron verificar en
4 votos a favor de CR19. E24.
Del cuadro anterior observó que, ante la falta de datos completos, no es posible
verificar la confrontación requerida para determinar irregularidades, pues ni en la
demanda, o los actos demandados, se identificó el puesto de votación, lo cual era
indispensable para verificar el formato E-24 (mesas 5 de Catambuco y 11 de la IEM
Libertad).
En la mesa 11 del «puesto 8», si bien el auto del 3 de noviembre de 2023 responde
una reclamación presentada frente a esa mesa, en el plenario no se cuenta con
algún documento que permita identificarla.
Las mesas 1 de Mapachico, 1 y 5 de la IEM Eduardo Romo Rosero, y 7 del Colegio
Champagnat, tuvieron como argumento errores aritméticos, tachones o
enmendaduras. La comisión verificó los formatos y evidenciaron que los votos se
registraron de manera correcta, lo cual también comprobó el tribunal. En estas
mesas se observa que los resultados del formulario E-14 coinciden con el E-24.
Frente a la mesa 18 del IEM Libertad, si bien en los formatos E-14 se reportaron 4
votos en favor del demandante, y en el E-24 aparecen 3, la diferencia está justificada
porque la comisión, al efectuar el recuento, se percató de que el actor tenía un voto
cuya marcación abarcó varias casillas, por lo que se restó al demandante y se sumó
al partido.
Acerca de la desnivelación de las mesas que se discriminaron en el numeral 3.1 de
la demanda (362 registros), explicó que para la formulación de este cargo es deber
del demandante especificar el municipio, zona, puesto y mesa, además, indicar el
número de votos en exceso en cada una, pues si no se cuenta con esos datos, no
es posible realizar el estudio de fondo.
Al respecto, advirtió que, de la revisión de la relación inserta en la demanda, se
observan más de 300 mesas de votación y que las irregularidades consisten, en su
mayoría, en desnivelación de mesas, y otras pocas tachaduras y enmendaduras en
los formatos E-14. «De hecho, al referirse a las irregularidades o diferencias
encontradas, el demandante hace las siguientes anotaciones, según el caso:
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“nivelación de la mesa no coincide”; “enmendadura en nivelación de mesa y en total
agrupación política, error aritmético”; “varias tachaduras en votos”; “números
confusos”, entre otros».
Agregó que en el numeral 3.2 del libelo, el actor aportó una tabla (12 registros), en
la que relacionó el número de zona, mesa, lugar de votación y como diferencias
injustificadas «“mayor votos en votantes que sufragantes” o “hay enmendadura en
nivelación de mesa” y “hay un voto incinerado”».
En consecuencia, advirtió que ninguna de las tablas incorporadas en la demanda
cumple con la totalidad de la información que el juez necesita para el estudio de
fondo, por cuanto se omite el dato del número de votos en exceso, que es lo que
evidencia la presunta desnivelación de las mesas, y únicamente manifiesta que es
incorrecta, sin otra anotación al respecto.
Indicó que lo mismo se extiende a las inconsistencias relacionadas con tachones y
enmendaduras, puesto que no señaló en qué parte del formulario se encontraban,
por ejemplo, si en todo el formulario E-14 o en alguna lista en específico.
Adujo que, en gracia de discusión, si lo que se entiende es la presunta falsedad por
cuanto se registran más sufragantes que votos, tal circunstancia no configura una
irregularidad por cuanto el vicio constitutivo de nulidad es el de más votos que
votantes.
Acerca de las diferencias entre formularios E-14 y E-24 por «más votos a favor del
demandante en el primero que en el segundo», indicó que en el libelo se insertó una
tabla donde se indicó el número de zona y el total de votos en cada una, pero
tampoco discriminó el número de mesa y puesto donde se encontraban tales
diferencias.
Respecto de la inconsistencia por discrepancias entre el boletín de la registraduría
y lo consignado en los documentos electorales E-14 y E-24, precisó que, de
conformidad con el artículo segundo de la Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019,
dictada por el Consejo Nacional Electoral, tales resultados no son vinculantes por
cuanto su carácter es informativo.
Al referirse al testimonio del señor Silvio Vicente Azain Guanaran, precisó que este
afirmó que votó por el actor en la mesa 1 ubicada en Cujacal Centro, y que al
verificar el formulario E-14 su voto no aparecía.
Sin embargo, lo cierto es que, al revisar el referido formato, aparece un voto en la
casilla que le correspondía al demandante. Indicó que no es posible saber de
manera cierta si el único voto registrado en favor del actor corresponde con el del
testigo, pero, si el fundamento de su versión es que en la mesa no se registró su
sufragio, ello se desvirtúa con la información del documento electoral.
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Agregó que, en todo caso, el testigo dijo que su voto no aparecía porque el actor
así se lo informó, mas no porque tuviera conocimiento directo de ello, por lo que no
se evidencia certeza en su declaración.
Sobre el testimonio del señor Jaime Armando Delgado Meneses, indicó que en su
declaración sostuvo que votó por el demandante en la mesa 6 de Anganoy, pero su
voto no se registró.
Sobre este particular, advirtió que no hay forma de establecer que efectivamente
depositó ese sufragio, pues dada la inviolabilidad del secreto del voto, la única
prueba es su versión de tal aspecto, lo cual no es suficiente para probar ese hecho.
Aseveró que, en gracia de discusión, de tener certeza de ese respaldo, lo cierto es
que ese sufragio no incide en el resultado, al punto de declarar la elección del
demandante.
1.8. Recurso de apelación
La parte actora formuló recurso de apelación contra el proveído anterior.
Advirtió indebida valoración probatoria por parte del a quo. Frente al punto, recordó
que en la audiencia inicial se decretaron, además de las pruebas que aportó con su
demanda y subsanación, las que allegó con ocasión de la contestación a las
excepciones de mérito planteadas por la defensa12, a saber, la «matriz excel xlsx»,
la cual, en su sentir, era suficiente para proferir sentencia de fondo.
Mencionó que, entre los medios de convicción que decretó el tribunal que se
aportaron con la contestación a las excepciones, es importante la denominada «088
RECIBEMEMORIAL_ENLACEDESCORRETRASLA(.pdf) NroActua 53(.pdf)
NroActua 53», frente a la cual el tribunal manifestó que le daría el mérito que en
derecho correspondiera al momento de ser valorada en la respectiva etapa.
Adujo que en el escrito mediante el cual contestó las excepciones, manifestó que
«estado dentro de la oportunidad procesal al tenor del articulo 370 del CGP por
remision expresa del articulo 306 del CPACA2., sin constituirse en nuevos hechos,
en el presente escrito que descorre traslado de excepciones de merito y al tenor de
la norma, se remite consolidado Excel xlsx de los escrutinios y mesas en as cuales
se ve afectado el proceso electoral en sede de escrutino»13.
Indicó que, no obstante, la sentencia no hizo referencia alguna a este medio de
12 Se refiere a la que formuló el apoderado de los concejales de Pasto, que denominó como omisión del
cumplimiento de la carga de la prueba ligado al principio de justicia rogada, e imposición del deber de
especificidad, fundada en el incumplimiento de los presupuestos de determinación de las censuras por falsedad.
13 Se transcribe, inclusive, con los errores del texto.
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convicción, allegado en cumplimiento del principio de especificidad, y de manera
contraria a derecho concluyó que no se cumplió con la descripción de la zona,
puesto y mesa, lo que es contrario a la realidad, según las pruebas aportadas en
las oportunidades procesales. Por ende, de acuerdo con la postura de la Corte
Constitucional14, la sentencia adolece de defecto fáctico, en su dimensión positiva,
al haber omitido el análisis de la documental allegada.
Sostuvo que, una vez allegadas las pruebas solicitadas en el libelo, a saber, los
formularios E-10, E-11, E-14 y E-26, se pudieron determinar las inconsistencias en
zonas, puestos y mesas.
Explicó que, del análisis del archivo que contiene los formularios E-14, se pueden
constatar los errores aritméticos, tachaduras y enmendaduras, las cuales se
relacionaron en la tabla incorporada en la demanda15, y de ese estudio se sustrajo
la información que se consolidó por cada zona de votación16, por lo que se demostró
«en conjunto con la MATRIZ EXCEL XLSX, las injustificadas inconsistencias qué
(sic) aquí se discuten», suficientes para declarar la nulidad de la elección
demandada.
Insistió en que el tribunal no valoró las pruebas allegadas con el escrito que
descorrió el traslado de las excepciones de mérito, debidamente incorporadas en el
sistema SAMAI17, por lo que no fue acertado concluir que no se cumplió la carga de
señalar la zona, puesto y mesa, en las que se evidenciaron los lugares de votación
con mayores inconsistencias. Precisó que «lo anterior se soporta en la evidencia de
NO reportar 38 votos en favor del señor Willan Urbano, ya qué (sic) por el contrario
se le restaron dichos sufragios, precisando qué (sic) los mismos, si (sic) se reportan
en los formularios E-14, pero NO en los formularios E-24».
Luego, explicó el contenido y lectura de los archivos aportados con el escrito
mediante el cual se pronunció sobre las excepciones propuestas por el extremo
demandado, destacando las diferencias de votación entre los formularios E-14 y E-
24, en varias zonas y los puestos de cada una, y un consolidado final que indica
que le restaron 90 votos.
A su turno, reiteró el cargo relacionado con la nivelación de mesas, e incorporó la
tabla de 12 filas (registros) inserta en la demanda, con las columnas
correspondientes a la zona, nombre del puesto, mesa, y la que denominó
«DIFERENCIA INJUSTIFICADA POR JURADO», en la que señaló, en todas las filas,
«MAYOR VOTOS EN VOTANTES QUE SUFRAGANTES (HAY 1 VOTO INCINERADO)».
Del mismo modo, reiteró las diferencias entre los formularios E-14 y E-24, en los
términos de la demanda, incorporando la tabla donde relacionó los totales de la
14 Sentencias SU-129 de 2021, SU-207 de 2022, SU-32 de 2022, y SU-257 de 2021.
15 Páginas 40 a 80.
16 Se refirió a la tabla inserta en la página 80 de la demanda.
17 Índice 53.
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votación del demandante (Candidato CR-19) en diez zonas, con las columnas
correspondientes a la zona, E-14, E-24, y «DIFERENCIA», que arroja un total de
«79» votos entre los 1733 reportados en el preconteo, y los 1654 contenidos en el
formato E-24.
Cuestionó la valoración de la prueba testimonial. Al respecto, sostuvo que se probó
que el testigo Jaime Armando Delgado Meneses ejerció su voto, porque figura como
sufragante en el formulario E-11, y el certificado de votación da cuenta de haber
participado en los comicios, sin embargo, su elección no aparece en el formato E-
14.
Concluyó que en el proceso se probó la sustracción indebida de 90 votos, según el
análisis de los archivos que aportó durante el traslado de las excepciones, en
desmedro de su aspiración electoral, por lo que incide en el resultado de la elección
demandada.
Finalmente, frente a la excepción de inepta demanda planteada por el demandado
Jorge Ortiz, por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el
artículo 237 superior, advirtió que «las irregularidades no sustanciales que alegó la
parte demandada como suficientes para entablar unas excepciones de mérito ya
fueron resueltas por este Despacho como insuficientes para no ser válidas, razón
que justifica que las mismas si (sic) fueron tenidas en consideración por esta
Magistratura como potencial sustento de una declaratoria de nulidad».
A su turno, cuestionó que el a quo no ordenara el nuevo escrutinio, pese a que hizo
parte de sus pretensiones.
1.9. Actuaciones de segunda instancia
Por auto del 21 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación.
1.9.1. Alegatos de conclusión
Parte demandante
Reiteró el fundamento de la alzada.
Concejal demandado Jorge Andrés Ortiz Mena
Solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia por cuanto sus
consideraciones son acertadas.
Agregó que las pruebas aportadas por el demandante durante el traslado de las
excepciones no pretendían probar las inconsistencias de la elección, sino suplir las
deficiencias de la demanda por incumplimiento del requisito de especificidad, que
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debió acatar al presentar el libelo. En suma, el actor pretende superar esta falencia
creando un archivo para presentarlo como prueba, y aun cuando se decretó en la
primera instancia, con ello no se subsana el yerro del escrito introductor.
1.10. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta colegiatura solicitó que se confirme la
sentencia de primera instancia.
Indicó que los argumentos de la apelación recaen en la decisión de negar las
pretensiones por falta de soporte probatorio. El demandante adujo que aportó una
matriz de Excel donde discrimina la totalidad de mesas en las que se presentaron
diferencias injustificadas la cual, en efecto, se incorporó en el expediente digital al
momento de descorrer el traslado de las excepciones.
Destacó que, al revisar ese material, encontró pruebas que no se aportaron con la
demanda, lo cual le estaba vedado al actor porque, en criterio de esta judicatura18,
no es admisible presentar pruebas nuevas so pretexto de responder las
excepciones.
Explicó que los medios exceptivos propuestos se refirieron a la falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 237 de la Constitución Política,
y la ausencia de legitimación de las entidades de la organización electoral. Por
consiguiente, el demandante aportó pruebas que no tenían relación con tales
excepciones, y cuya finalidad consistía en acreditar los supuestos fácticos de la
demanda, lo cual no le estaba permitido.
Agregó que, en gracia de discusión, esa agencia fiscal se ocupó de contrastar la
información aportada en la matriz de Excel, frente a los candidatos Jesús Héctor
Zambrano Jurado (CR-4), Jorge Andrés Ortiz Mena (CR-10), y el demandante. Allí
se relacionaron 339 mesas, y al comparar los datos entre los formularios E-14 y E-
24, en 22 de ellas se encontraron disparidades.
Expuso que las referidas diferencias afectaron la votación de CR-4 en -4 sufragios,
el candidato CR-10 se benefició con 2 respaldos, y el actor se vio perjudicado con
un resultado de -28 votos. Sin embargo, estas inconsistencias no tienen la
incidencia necesaria para modificar el resultado electoral.
En cuanto a las diferencias relacionadas con la nivelación de las mesas, adujo que
el actor presentó las mismas tablas de la demanda, estudiadas por el fallador de
instancia, las cuales carecen de los elementos necesarios para su análisis, por
cuanto no precisan zona, puesto y mesa, y tampoco señala en qué consistieron las
conductas presuntamente anómalas.
18 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2023-00154-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
Auto de 23 de abril de 2024.
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Al referirse a la tabla donde se advierten más votos que votantes, y la incineración
de un voto, indicó que, en todo caso, ello no es causal de nulidad, puesto que,
precisamente, el artículo 135 del Código Electoral dispone ese procedimiento
cuando los votos depositados exceden la cantidad de sufragantes. La segunda tabla
solo contiene la zona.
Comparte la valoración de la prueba testimonial, comoquiera que, por el carácter
secreto del voto, no es posible saber a ciencia cierta si el testigo depositó el sufragio
en favor del demandante, y aun probándose ese apoyo, carece de incidencia para
modificar la elección.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
080 de 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es
competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia,
teniendo en cuenta que se pretende la nulidad del acto que declaró la elección de
los concejales de municipio de San Juan de Pasto (Nariño), cuyo control de
legalidad compete a los tribunales administrativos, en primera instancia, según el
literal a) del numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 20 y corresponde al
Consejo de Estado fungir como juez ad quem, en aplicación del artículo 150 ib.
2.2. El acto acusado
La parte demandante pretende la nulidad del Formulario E-26 CON del 4 de
noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección de los concejales del
municipio de San Juan de Pasto (Nariño), para el periodo 2024-2027.
También pretende la nulidad de varios actos dictados en el marco de la actividad de
las comisiones escrutadoras. No obstante, la Sala observa que el actor, en la
demanda, no elevó censuras concretas contra tales proveídos, y tampoco
controvirtió lo resuelto por el tribunal de primera instancia sobre ese particular.
19 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado.
20 «ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.
<Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y
distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los
consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos
de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen
por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;
(…)».
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si se debe revocar o confirmar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
En ese orden, se debe determinar, en primer lugar, si los documentos aportados por
el demandante, con ocasión de su respuesta a las excepciones planteadas por la
defensa, debieron valorarse por parte del a quo. En este aspecto, se determinará si
en la etapa del traslado de los medios exceptivos es procedente agregar
documentos o pruebas en procura de complementar el sustento del libelo.
De prosperar el reparo de la apelación se analizará, con base en los registros de
esos documentos, si se presentaron diferencias injustificadas que afectaron la
aspiración electoral del actor al concejo municipal. Por el contrario, de no ser
procedente la valoración del material aportado con ocasión del traslado de las
excepciones, se determinará si la demanda cumple el requisito de determinación de
los cargos.
2.4. Caso concreto.
La alzada se circunscribe a cuestionar la falta de valoración probatoria del material
aportado durante el traslado de las excepciones que propuso el extremo
demandado, y el indebido análisis de la prueba testimonial.
A su turno, cuestiona la excepción de incumplimiento del requisito de procedibilidad
para acudir ante el juez electoral, y que el a quo no haya ordenado la realización de
un nuevo escrutinio, pese a que ello fue pretendido en la demanda.
A continuación, se estudiarán estos temas.
Oportunidades probatorias
En el índice 53 del expediente digital del tribunal, se observa un escrito a través del
cual el actor descorrió el traslado de las excepciones que propuso el «Concejo
Municipal de Pasto». Con este memorial, aportó un vínculo que conduce a los
archivos a los que se refirió en la alzada, entre ellos el «CONSOLIDADO XLSX,
CON DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN 10 ZONAS, 85 MESAS, DISTRIBUIDOS
EN LAS ZONAS, 1-2-3-4-5-6-7-90-98-99».
Esta intervención se enfocó, en realidad, en la contestación de las excepciones
propuestas por el apoderado de varios concejales del municipio de Pasto, a saber,
las que denominó i) inexistencia de la causal alegada del numeral 3° del artículo
275 del CPACA, y ii) omisión del cumplimiento de la carga de la prueba ligado al
principio de justicia rogada, e imposición del deber de especificidad.
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Los registros aportados, tal como refiere el apelante, contienen la explicación de los
cargos de falsedad de los documentos electorales, y pretenden el cumplimiento del
requisito de especificidad.
Acerca de la posibilidad de reformular los hechos y aportar material probatorio,
durante el traslado de las excepciones, es necesario hacer las siguientes
precisiones.
El artículo 212 del CPACA establece como oportunidades probatorias, las
siguientes:
ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de
pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta;
la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la
oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar
su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades
probatorias anteriormente señaladas.
(…) (Negrillas fuera de texto)
De conformidad con la norma, en primera o única instancia las oportunidades
probatorias están dadas por, entre otras, la reforma de la demanda, las excepciones
y la oposición a las mismas.
Acerca de la oportunidad probatoria relacionada con las excepciones, esta
procederá, para el demandado, durante el término de contestación de la demanda,
momento en el que deberá proponer los medios exceptivos correspondientes y
aportar las pruebas que los acreditan, tal como lo disponen los numerales 3° y 4°
del artículo 175 del CAPACA21.
Por su parte, la oportunidad que tiene el extremo demandante de aportar pruebas
para oponerse y desvirtuar las excepciones está dada durante el traslado previsto
en el inciso segundo del artículo 110 de Código General del Proceso 22.
21 «ARTÍCULO 175. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Durante el término de traslado, el demandado tendrá
la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
(…)
3. Las excepciones.
4. La relación de las pruebas que se acompañen y la petición de aquellas cuya práctica se solicite. En todo
caso, el demandado deberá aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su poder
y que pretenda hacer valer en el proceso.
(…)».
22 «ARTÍCULO 110. TRASLADOS. Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplirá permitiéndole
a la parte respectiva que haga uso de la palabra.
Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia, se surtirá en secretaría por el
término de tres (3) días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una
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Ahora bien, esta corporación ha precisado que los medios de prueba admisibles, en
materia de excepciones, se circunscriben a los que tienen como propósito atacar su
prosperidad, siempre que no se pretenda probar los hechos de la demanda.
Al respecto, la Subsección «A» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
providencia de 16 de julio de 2020, precisó23:
En efecto, la doctrina24 ha fijado un derrotero interpretativo respecto de la (sic)
dicha oportunidad probatoria:
«Por otro lado se observa que de conformidad con el artículo 212 de la Ley 1437
de 2011 en primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la
práctica de pruebas -entre otras-, en las excepciones y la oposición a las
mismas.
Sin embargo, esta oportunidad probatoria no es absoluta, por cuanto si bien
el legislador permite la solicitud de medios de prueba en el traslado de las
excepciones, las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y útiles para
desvirtuar las excepciones propuestas por la demandada, pero no para
probar los hechos de la demanda.
En otros términos, el traslado de las excepciones no es una nueva
oportunidad probatoria que tiene el demandante para demostrar los
hechos de la demanda, sino una oportunidad procesal a favor de la parte
actora a efectos de materializar el ejercicio del derecho constitucional de
defensa en contra de las excepciones propuestas.
[…]
Acoger una interpretación diferente, sería aceptar que el demandante para
demostrar un hecho, las pruebas las puede solicitar en dos
oportunidades: i) en la demanda; y, en el traslado de las excepciones,
circunstancia que a todas luces es violatoria del derecho constitucional al
debido proceso del demandado, quien sólo tiene una oportunidad para probar
ese mismo hecho, y es en la contestación de la demanda.
En conclusión, para que proceda el decreto de los medios de prueba en el
traslado de excepciones, con fundamento en los preceptos constitucionales y
doctrinales enunciados, han de concurrir los siguientes supuestos:
a) Que el demandado proponga excepciones perentorias o previas según
el caso; y,
b) Que las pruebas que solicite el demandante tengan como finalidad
desvirtuar las excepciones propuestas por el demandado; no demostrar
supuestos fácticos de la demanda». (Negrillas del texto original)
De conformidad con lo expuesto, es dable colegir que la oportunidad probatoria
de que trata el artículo 212 del CPACA se otorga para atacar excepciones
lista que se mantendrá a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un (1) día y correrán desde
el siguiente».
23 Exp: 17001-23-33-000-2013-00257-02(2127-18).
24 Cita de la providencia: «Juan Carlos Garzón Martínez en su libro «El Nuevo Proceso Contencioso
Administrativo, debates procesales Ley 1437 de 2011».
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previas o de mérito, para lo cual debe efectuarse un análisis de los medios
exceptivos formulados en tanto que como regula la normativa, si en estricto
sentido no son hechos nuevos que ataquen la pretensión, el demandante no
está en la facultad de solicitar decreto de medios de prueba, toda vez que
desequilibraría las oportunidades probatorias, lo que ineludiblemente conlleva
a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso de la demandada.
(Negrillas del texto original)
De acuerdo con la providencia bajo cita, el traslado de las excepciones no constituye
una segunda oportunidad para aportar las pruebas de los hechos de la demanda,
sino para desvirtuar la propuesta exceptiva, por lo que los medios de convicción que
se pueden aportar deben tener consonancia con estas, so pena de desequilibrar las
cargas probatorias en detrimento del derecho al debido proceso del demandado,
quien solo cuenta con una oportunidad para aportar medios de convicción en favor
de su defensa, a saber, la contestación de la demanda.
Adicionalmente, esta judicatura ha sostenido25 que tanto el parágrafo 2° del artículo
175, como el 212 del CPACA, en tanto disponen una nueva etapa para solicitar o
aportar pruebas en el término del traslado de las excepciones de mérito, no debe
interpretarse como una posibilidad de regresar a la etapa inicial del proceso, sino
como una oportunidad dirigida a probar los hechos que soportan la excepción, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 370 del Código General del Proceso.
De esta manera, permitir que el extremo demandante pueda, durante el traslado de
las excepciones, aportar otros medios de convicción para reformular los hechos,
significa tolerar esta intervención como una oportunidad para que el demandante
corrija los aspectos vulnerables de la demanda que advirtió al conocer su respuesta,
lo que conlleva a desequilibrar las cargas de las partes, en la medida que el
demandado no cuenta con otra ocasión para oponerse al fundamento del libelo, más
allá de la contestación26.
Postura que coincide con la expuesta por esta Sala27, en tanto decantó que la
oportunidad prevista para aportar pruebas durante el traslado de las excepciones
no es una nueva oportunidad para probar los hechos:
44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala de Decisión entiende que el traslado
de las excepciones no constituye una nueva oportunidad para probar los
hechos de la demanda, sino que está encaminada a controvertir los supuestos
fácticos en los que se sustentan las excepciones, sean de mérito o previas.
(…)
54. Como ya se indicó, la oportunidad probatoria con la que cuenta el
demandante en el término del traslado de las excepciones no es ilimitada
y no se trata, en el caso en estudio, de aportar nuevos elementos de juicio frente
25 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 8 de mayo de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2023-00154-00
M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
26 Ibidem.
27 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 13 de junio de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2023-00154-00
M.P: Omar Joaquín Barreto Suárez.
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a los hechos de la demanda, sino de acreditar las razones por las cuales las
excepciones propuestas no tienen vocación de prosperidad.
55. Para lograr ese objetivo el memorial presentado al juez electoral debe
contener con claridad que excepción pretende desvirtuar, los medios de
convicción que pretenda aportar o solicitar y las razones por las cuales esos
medios de prueba fracturan el argumento del demandado. (Negrillas fuera de
texto)
Por lo demás, es pertinente hacer claridad en que la oportunidad para replantear el
libelo introductorio, precisar los hechos, y aportar medios de convicción con ese
propósito, es la reforma de la demanda de que trata el artículo 173 del CPACA,
norma cuyo numeral 2° permite «referirse a las partes, las pretensiones, los
hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas» (Negrillas fuera de texto).
En el asunto de autos, se tiene que el apoderado de los concejales de Pasto28
formuló las excepciones que denominó i) inexistencia de la causal alegada del
numeral 3° del artículo 275 del CPACA, y ii) omisión del cumplimiento de la carga
de la prueba ligado al principio de justicia rogada, e imposición del deber de
especificidad, esta última fundada en el incumplimiento de los presupuestos de
determinación de las censuras por falsedad.
La excepción no planteó circunstancias novedosas que debiera contraprobar el
demandante, por el contrario, se orientó a controvertir la técnica de la demanda.
Por ende, el proceder para contradecir los señalamientos que cuestionan la
indeterminación de los cargos, no podía ser otro que argumentar y demostrar que,
desde el inicio, se formularon con la precisión que requiere el principio de
determinación, sin que sea admisible valerse del traslado como una oportunidad
para corregir las falencias advertidas por la contraparte.
Como bien lo reconoce el demandante en su alzada, durante el traslado en mención
aportó archivos en formato Excel con el propósito de formular, en debida forma, los
cargos de la demanda que cuestionan la falsedad de los documentos electorales,
esta vez con el detalle para determinar la precisión de sus censuras.
De ahí que, so pretexto de contradecir las excepciones, aportó material tendiente a
reformular el fundamento de la demanda y, en una etapa que no correspondía,
cumplir los requisitos de determinación de los cargos por falsedad de los
documentos electorales.
La concreción o determinación de los cargos debía llevarse a cabo, como ya se
28A saber, Álvaro Javier Zarama Burbano, Franky Adrián Eraso Cuaces, María Alejandra Guerrero Matajaboy,
Javier Mauricio Torres Silva, Omar Virgilio Cerón Leiton, Byron Andrés Gustin Pinchao, Mario Ernesto Enriquez
Chenas, Anderson Faber Martínez Benavidez, Álvaro Aníbal Figueroa Mora, Álvaro José Eliseo Gomezjurado
Garzón, Juan Marcelino Unigarro Ordóñez, José Henry Criollo Rivadeneira, Berno Ismael Hernán López
Cabrera, Jesús Antonio Bastidas Cumbal, Willian Andrés Meneses Rivadeneira, Carlos Andrés Acosta
Santacruz y José Feliz Solarte Martínez.
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indicó, a través de la reforma de la demanda, observando la limitante de la
caducidad del medio de control, dado que, por disposición legal, dicho instituto
constituye la oportunidad para que el extremo demandante pueda ampliar o precisar
los hechos y las pruebas que fundamentan las pretensiones del libelo. Empero, el
demandante no acudió a este mecanismo procesal para proceder en ese sentido,
sino que, ante los señalamientos de las excepciones, ajustó los cargos de la
demanda para cumplir las precisiones que echó de menos el extremo acusado.
En tales condiciones, es claro que la etapa procesal para replantear el libelo y
aportar los medios de convicción para el efecto, feneció, sin que el traslado de las
excepciones constituyera una oportunidad para que el actor procediera en ese
sentido.
Finalmente, es del caso tener en cuenta que, si bien el tribunal decretó las pruebas
en cuestión, no se debe perder de vista que el mérito del medio de convicción está
condicionado a lo que en derecho corresponda, entre otros presupuestos, el previsto
en el artículo 164 del Código General del Proceso, en tanto dispone que «[t]oda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso», por lo que la entrega inoportuna de los archivos referidos por el actor
limitaba la posibilidad de valorarlos, pese a su incorporación al proceso, a tal punto
que no fueron objeto de estudio.
Sobre la base de lo expuesto, la Sala no encuentra reparo en que el tribunal de
primera instancia pasara por alto el material aportado por el demandante al
descorrer el traslado de las excepciones.
Establecido lo anterior, se determinará si la demanda cumple los requisitos de
determinación de los cargos de nulidad por falsedad de los documentos electorales.
Del requisito de determinación de los cargos en el contencioso objetivo de
nulidad electoral
El artículo 139 del CPACA impone al demandante la carga de «precisar en qué
etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden
en el acto de elección».
Como se desprende de lo trascrito, para la debida determinación del cargo, la parte
actora debe ser puntual en el señalamiento de los registros electorales donde se
concretaron las irregularidades que alteraron el resultado de los comicios, sin que
sea de recibo alegar de manera general e indeterminada anomalías en la votación
y los escrutinios.
La jurisprudencia de esta Sala, de antaño, viene señalando que el medio de control
de nulidad electoral no está concebido para que se descubran, en su curso procesal,
las inconsistencias que adolece el proceso de votación o de escrutinio, sino para
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comprobar tales irregularidades29:
(…) la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear
hechos genéricos, abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración de que el
juez en el curso del proceso debe establecerlos de manera concreta, así
tenga que realizar una investigación que cubra el proceso electoral realizado en
toda o parte de la respectiva circunscripción electoral. El proceso electoral no
se puede utilizar para descubrir, mediante investigación, hechos irregulares
ocurridos con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino
para corroborar, comprobar que efectivamente los ya descubiertos,
concretos y determinados por el demandante tuvieron ocurrencia.
(Negrillas fuera de texto)
De tiempo atrás, esta sección sostiene que la falta de determinación implica que el
juez deba escudriñar, de manera oficiosa, los registros afectados, lo cual le está
vedado, por cuanto esa actividad resulta perjudicial para el ejercicio del derecho a
la defensa de los demandados electos30:
La determinación de cargos, que como se vio es una clara manifestación del
principio de justicia rogada, no se concibió para obstruir el acceso a la
Administración de Justicia, sino para conciliar ese principio
constitucional con el del debido proceso y el derecho a la defensa de la
parte demandada, y con la prohibición al juez de lo contencioso administrativo
de emitir fallos de oficio. Sería absurdo suponer que a los demandantes les
bastaría con apenas señalar que hubo irregularidades en la votación y los
escrutinios, para que el juez se viera impelido a hacer una búsqueda
oficiosa e interminable de inconsistencias en los documentos electorales,
ya que por más esfuerzos que hiciera la parte demandada, su defensa
nunca podría ser idónea debido a que solamente hasta la sentencia,
cuando se asigne el mérito probatorio a cada medio de prueba, los elegidos
por voto popular tendrían certeza de cuáles son los casos de falsedad.
(Negrillas fuera de texto)
De ahí que, en materia electoral, no es admisible la formulación generalizada de
irregularidades en las votaciones o escrutinio, toda vez que la exigencia acerca de
precisar los registros afectados se erige sobre la garantía del derecho de defensa
de los demandados electos y la prohibición del análisis oficioso de los cargos.
Por consiguiente, la garantía del derecho de defensa y contradicción, en asuntos
objetivos de nulidad electoral, exige la debida determinación de los cargos desde la
presentación de la demanda «porque cuando se traba la relación jurídico-
procesal mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda
al demandado y la entrega del traslado, las irregularidades en la votación y los
escrutinios ya deben estar identificadas, a fin de que la parte demandada pueda
ejercer plenamente su defensa, dado que la incertidumbre que envuelve una
demanda formulada en esos términos, solamente vendría a despejarse al
29 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 4 de marzo de 2005, expediente 27001-23-31-000-2003-
00759-01(3204), M.P. Darío Quiñonez Pinilla
30 Consejo de Estado. Sección Quinta. Providencia del 18 de septiembre de 2014. Exp: 11001-03-28-000-2014-
00060-00. M.P: Alberto Yepes Barreiro.
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momento de dictar sentencia, cuando se hace la valoración del material
probatorio»31 (Negrillas fuera de texto).
En ese orden, quien pretenda la nulidad de un acto de elección por inconsistencias
en los procesos de votación o escrutinio, debe tener claridad y precisión de los
hechos irregulares que sustentan las censuras del caso que planteará ante el juez
electoral.
Por ende, no es admisible que la demanda se formule de manera genérica o
indeterminada, so pretexto de reservar la precisión de las censuras al resultado de
la actividad probatoria, pues con ello el demandado vendría a tener conocimiento
de los reparos concretos contra su elección, no al momento en que se le notifica la
demanda, sino en la etapa de sentencia, en la que no es posible estructurar una
defensa adecuada por haber precluido la oportunidad para ello.
A partir de los razonamientos anteriores, se justifica la prohibición al juez electoral
de interpretar lo que intentó plantear el extremo demandante y, con base en ello
realizar una búsqueda oficiosa de irregularidades, porque sería en la sentencia, y
no en la demanda, donde los elegidos tendrán certeza de los señalamientos contra
su elección.
Requisitos del cargo de falsedad por diferencias injustificadas entre
formularios E-14 y E-24
En reiterada jurisprudencia32, la Sala ha precisado que existen diferencias
injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 cuando la votación obtenida por una
opción política no coincide con la reconocida posteriormente en el escrutinio de las
comisiones escrutadoras, sin que medie una razón válida que lo explique.
Acerca de esta causal de nulidad, la Sección Quinta del Consejo de Estado se ha
pronunciado en el sentido de indicar que «(…) el actor tiene que identificar la etapa
o el escenario en que ello ocurrió, así como la opción u opciones políticas que
fueron beneficiadas o afectadas con la adulteración de la verdad, y la magnitud
de la alteración. Es decir, que si se denuncia falsedad porque el formulario E-24
mesa a mesa reporta una votación diferente a la anotada en el formulario E-14, se
tendrá que identificar el municipio, la zona, el puesto, la mesa de votación, qué
candidato o candidatos fueron objeto de la modificación y qué valores aparecen
en los documentos electorales»33 (Negrillas fuera de texto).
Tesis reiterada de manera reciente, en el sentido de precisar que «quien pretenda
controvertir la legalidad de una elección por voto popular debe hacer precisión
31 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2013. Exp:
250002324000201200075-01. M.P: Alberto Yepes Barreiro.
32 Ver, entre otras, la sentencia de 21 de marzo de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2022-00290-00 (Principal).
M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
33 Auto del 18 de septiembre de 2014. Exp: 11001-03-28-000-2014-00060-00. M.P: Alberto Yepes Barreiro.
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acerca de la zona, puesto y mesa en la que se presentó la falsedad y/o apocrifidad
(sic) de los registros electorales, identificar cuantitativamente la diferencia
injustificada, en cada caso, entre formularios E 14 y E 24, y el candidato que
se benefició con ella o al que le afectó la irregularidad en cuestión»34 (Negrillas
fuera de texto).
Ahora bien, «la exigencia en mención implica que no basta con indicar la cantidad
total de la votación registrada en el formulario E14 sustraída o adicionada en
el E24, sin precisar los candidatos o partidos a quienes favoreció o perjudicó
esta irregularidad, pues como lo sostiene esta Sección, se reitera, “el actor tiene
que identificar la etapa o el escenario en que ello ocurrió, así como la opción u
opciones políticas que fueron beneficiadas o afectadas con la adulteración de la
verdad (…)”, en procura de garantizar el derecho a la defensa de los demandados
y no incurrir en la «prohibición al juez de lo contencioso administrativo de emitir
fallos de oficio»35.
Lo contrario, traería consigo que la valoración probatoria a cargo del juez, ya en la
etapa de sentencia, resida en buscar inconsistencias frente a las cuales los elegidos
no pudieron presentar una oposición concreta y eficaz al momento de contestar la
demanda, dado el contenido abstracto de los reparos contra la legalidad del acto de
elección36.
Por la misma razón, la precisión de las irregularidades debe plantearse mesa a
mesa, pues no basta con exponer diferencias entre la votación total de determinado
partido o candidato, en una zona o puesto, sino que se deben discriminar los
registros de cada mesa que presentan las inconsistencias que dieron lugar a que la
votación total se disminuyera o aumentara en el consolidado de la zona o el puesto,
según el caso37.
Requisitos del cargo de falsedad por diferencias entre formularios E-11 y E-14
– Más votos que sufragantes-
La Sala ha destacado que la existencia de más votos que votantes, además de
constituir una causal de reclamación, puede dar lugar a la configuración de una
falsedad en los términos del numeral 3° del artículo 275 del CPACA 38. Esta
irregularidad, según lo ha precisado esta Sección, se configura cuando la cantidad
de votos depositados en la urna excede el número de personas que acudieron a
sufragar, según el registro del Formulario E-1139.
34 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de junio de 2023. Exp: 11001-03-28-000-2022-00106-
00 (principal) - 11001-03-28-000-2022-00112-00 (acumulado). M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
35Ibidem.
36 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de junio de 2023. Exp: 11001-03-28-000-2022-00106-
00 (principal) - 11001-03-28-000-2022-00112-00 (acumulado). M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
37 Ibidem.
38 Sentencia del 29 de agosto de 2012. Exp: 11001-03-28-000-2010-00050-00. M.P: Mauricio Torres Cuervo.
39 Sentencia de 22 de octubre de 2015. Exp: 11001-03-28-000-2014-00062-00 (Acumulados). M.P: Alberto
Yepes Barreiro.
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Acerca de los requisitos para determinar adecuadamente la formulación del cargo,
la Sección Quinta del Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de
sostener que «la parte actora tiene la carga de formular sus reparos con
claridad, al menos cuando de la desnivelación de mesas se trata (diferencias E-11
y E-14), esto es, especificando el municipio – zona – puesto – mesa (exceso de
votos) que pretende probar en cada una de estas, exigencia que se desprende del
artículo 139 del CPACA; de lo contrario, estaríamos ante un escenario que impide
su estudio de fondo»40.
De ahí que, «tratándose de la causal de nulidad por la existencia de más votos que
sufragantes, además de la zona, el puesto y la mesa, se debe indicar la cantidad
de votación en exceso, esto es, exponer con claridad el número de votantes
registrados en los formularios E-11 y la cantidad de votos que superaron a los
sufragantes que participaron en los comicios»41.
Del cumplimiento de los requisitos de determinación en el caso concreto
En este asunto, el demandante considera que las irregularidades alegadas se
demostraron con ocasión de las pruebas aportadas al proceso. Sin embargo, para
la Sala no pasa inadvertido que la demanda no se formuló con la debida
determinación de las inconsistencias que, en criterio del actor, son constitutivas de
falsedad de los documentos electorales.
Se tiene certeza de que el actor pretende demostrar que las diferencias entre
registros electorales disminuyeron su votación, en perjuicio de su aspiración política,
y que al señalar que los candidatos Jorge Andrés Ortiz Mena (CR-10) y Jesús Héctor
Zambrano Jurado (CR-4) presentaron un margen de diferencia injustificada en su
favor, se entiende que controvierte los resultados electorales de estos últimos.
Podría entenderse entonces, que la demanda señaló las opciones políticas
perjudicadas y beneficiadas con la apocrificidad de los datos electorales.
En la demanda se planteó el primer cargo que el actor encabezó bajo el título
«DIFERENCIAS INJUSTIFICADAS - «MAS SUFRAGANTES FORMULARIO E-11 QUE
TOTAL DE VOTOS EN LA URNA» - ENTRE E-14 CLAVEROS Y E-24 DESFAVORABLES
AL DEMANDANTE».
Del título se infiere que, además de presuntas diferencias entre los guarismos
consignados en los formularios E-14 y E-24, también es posible colegir que
cuestiona diferencias entre formularios E-11 y E-14 que configura la existencia de
más sufragantes que votos en las urnas.
40 Sentencia de 24 de agosto de 2023. Exp: 11001-03-28-000-2022-00083-00. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
41 Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2022-00109-00 (principal) - 11001-03-28-
000-2022-00042-00 (acumulado). M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
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Con todo, el desarrollo del planteamiento se concentró en sostener que los jurados
realizaron un escrutinio alejado de la realidad al momento de diligenciar el formulario
E-14 claveros, por cuanto se encontraron inconsistencias que provocaron que los
resultados de las mesas no se reflejaran en la asignación de votos por candidato en
el formulario E-24. De ahí que la censura de este acápite de la demanda se
enmarque en diferencias entre los guarismos de los formularios E-14, frente a las
consignas del E-24.
La Sala observa que el planteamiento no cumplió los requisitos que ha señalado la
jurisprudencia para la debida formulación del cargo, toda vez que el demandante no
hizo precisión de la votación registrada en el formato de los jurados de la mesa (E-
14), y el registrado para cada opción política en el consolidado del escrutinio (E-24),
como tampoco detalló la diferencia en la votación que, de existir y no tener
justificación, debe reconocerse o sustraerse según el caso.
El demandante insertó una tabla donde relacionó 362 registros con las columnas
correspondientes a la zona, nombre del puesto, mesa, y la que denominó
«DIFERENCIA INJUSTIFICADA POR JURADO», en la que consignó varias
observaciones de contenido impreciso e indeterminado.
Así, en la mayoría de los registros enlistados, 271 en total, se limitó a advertir que
la «NIVELACIÓN DE LA MESA NO COINCIDE», sin más datos.
En otros 27 registros, además de esta observación, agregó señalamientos
relacionados con enmendaduras y tachaduras, algunas de estas en «EN TOTAL»,
«EN EL TOTAL DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA», «EN VOTOS», «EN VOTOS TOTALES
AL CONCEJO Y VOTOS NULOS», en «PARTIDO CR», «TOTALES AL CONCEJO Y
VOTOS NULOS» y en «VOTOS EN BLANCO, NULOS Y NO MARCADOS».
Otras anotaciones advirtieron enmendaduras «EN NIVELACIÓN DE MESA», «EN
TOTAL DE VOTOS», «EN NIVELACIÓN DE LA MESA Y EN TOTAL DE VOTOS - No
FUERA DE CASILLAS», «EN NIVELACIÓN DE LA MESA Y EN TOTAL AGRUPACIÓN
POLÍTICA – ERROR ARITMÉTICO», «EN NIVELACIÓN DE MESA – TACHONES EN
VOTOS Y EN TOTAL», «EN VOTOS TOTALES AL CONCEJO», «EN VOTOS URNA»,
«VOTOS CANDIDATO NO. 2», «VOTOS POR LISTA», «PARTIDO CR», «VOTANTES E-
11», entre otras similares (24 registros).
En cuanto a tachaduras, refirió que estas se presentaron en «NIVELACIÓN DE LA
MESA», «EN VARIOS VOTOS Y EN EL TOTAL». «INCONSISTENCIAS EN EL TOTAL»
«EN VOTOS CANDIDATO No 1», «EN VOTO EN BLANCO, NULOS Y NO MARCADOS»,
«EN EL FORMULARIO» y «PARTIDO CR» (15 registros).
En un registro refiere tachones y enmendaduras «EN TOTAL DE VOTOS DEL
CONCEJO EN LA URNA».
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También advierte inconsistencias varias relacionadas con la suma incorrecta del
total de la agrupación «EN CR», sumatorias por debajo de las casillas del total,
«SOLO HAY TOTAL VOTANTES FORMULARIO E11», falta de registro de cantidad de
votos, «VARIAS INCONSISTENCIAS», números confusos en nivelación de mesas,
señalamientos a la caligrafía, falta de totalización de votos, de datos de nivelación,
cifras ilegibles, y una donde repite el nombre del puesto (24 registros).
De estas observaciones no se evidencia precisión de las cifras presuntamente
alteradas y las opciones políticas sobre las que recae la inconsistencia, menos aún
si el número enmendado, tachado, o erróneo se trasladó al formulario E-24, en
detrimento del guarismo correcto. De la misma manera, hizo referencia a errores
aritméticos, sin precisión de los yerros matemáticos ni las opciones políticas
afectadas o beneficiadas con ello.
No se debe perder de vista que la demanda cuestiona las diferencias en la votación
de otrora tres candidatos, a saber, el demandante (CR-19), y de los señores Jorge
Andrés Ortiz Mena (CR-10) y Jesús Héctor Zambrano Jurado (CR-4), lo que exigía
precisar los casos en los que las diferencias advertidas perjudicaron a aquel o
favorecieron a estos.
También es necesario tener en cuenta que el planteamiento del libelo cuestionaba
diferencias entre la votación vertida en los formularios E-14, y las diferencias
surgidas al momento de trasladar las cifras en el consolidado del formato E-24, lo
que no admitía incorporar otras presuntas irregularidades como tachaduras,
enmendaduras o errores aritméticos, por cuanto estas difieren de la falsedad que
configura la causal de nulidad.
La Sala se ocupó de distinguir las causales de reclamación por error aritmético,
tachaduras y enmendaduras, y las de nulidad propiamente dichas, de la siguiente
manera42:
En este punto, procede reiterar la distinción llevada a cabo entre la causal
de recuento por tachaduras o enmendaduras en los resultados de la votación
del artículo 164 del Código Electoral, la de reclamación por error aritmético
del artículo 192.11 ejusdem y la causal de nulidad electoral por falsedad en
documentos electorales del artículo 275.3 del CPACA, en cuanto las
primeras: i) se configuran cuando se presentan errores o inconsistencias al
sumar los votos, ii) se evidencian en una misma acta de escrutinio y, por lo
mismo, iii) su identificación no exige mayor esfuerzo o estudio, pues para ello,
basta con realizar una simple lectura de los documentos y/u operación
aritmérica76; mientras que la segunda: i) ocurre por una actuación material o
ideológica de las autoridades que interviene en el procedimiento de
escrutinio que altera el resultado de la elección, ii) tiene lugar por falta de
correspondencia entre los registros consignados en actas de escrutinio
diferentes y, suele darse cuando un candidato o partido obtiene un
determinado número de votos según los datos consignados en los formularios
E14 por los jurados de votación, pero luego esa cifra es aumentada o
42 Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp: 18001-23-33-000-2020-00009-02. M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
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disminuida en el formulario E-24, por cualquiera de las comisiones
escrutadoras, sin que exista justificación para tal diferencia, anotada en el
formulario E-26; por tanto, iii) su advertencia resulta más difícil y compleja en la
medida en que implica un estudio comparativo de los guarismos
consignados en las distintas actas de escrutinio. (Negrillas fuera de texto)
De acuerdo con las precisiones anteriores, el error aritmético, tachaduras y
enmendaduras suponen inconsistencias de las cifras consignadas en el mismo
formulario electoral, por lo que la incongruencia que pueda presentarse entre los
formularios E-14 y E-24 ya no corresponderá con una causal de reclamación, sino
con la nulidad por diferencias injustificadas.
En gracia de discusión, la demanda no precisó los guarismos alterados en el mismo
formulario, y si estas inconsistencias trascendieron al formulario E-24 que dieran
lugar a que se configurara una causal de nulidad, por diferencias entre la votación
que en sentir del actor es la correcta y la plasmada en el consolidado del escrutinio
mesa a mesa (E-24), pues, se reitera, las observaciones son imprecisas e
indeterminadas.
Por otra parte, para la Sala no pasa inadvertido que el actor pretende que se anulen
las resoluciones 1 del 31 de octubre43, 244 y 345 del 1° de noviembre de 2023,
proferidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal 2; dos respuestas a
reclamaciones dictadas por la Comisión Escrutadora Auxiliar Zonal 5 del 1° de
noviembre de 202346; los autos 3, 4 y 5 del 3 de noviembre de 2023, proferidos por
la Comisión Escrutadora Municipal47; y el auto 007 del 7 de noviembre de 2023,
proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Nariño48.
El tribunal de primera instancia se ocupó de analizar el contenido de las
reclamaciones y lo resuelto por las autoridades en cada caso, concluyendo que no
había lugar a la anulación de las decisiones de las comisiones por varios motivos,
a saber, porque i) algunas reclamaciones fueron indeterminadas, ii) errores
inexistentes dado que la comisión verificó los formatos y no advirtió tachones,
enmendaduras o error aritmético, iii) reclamaciones extemporáneas, y iv) recuentos
que corroboraron los datos.
No obstante, la alzada no elevó reproche alguno contra lo resuelto por el a quo
sobre este particular, por lo que en esta instancia no resulta procedente evaluar si
las inconsistencias de los reclamos tenían o no vocación de prosperar. En todo
caso, el libeló no formuló cargos contra las decisiones de los órganos escrutadores.
De otro lado, si hubiera lugar a entender que el cargo bajo análisis, en cuanto
43 Que rechazó una solicitud.
44 Que negó una solicitud.
45 Que rechazó una solicitud.
46 Mediante las cuales se rechazó una solicitud y se resolvió un recurso.
47 Mediante las cuales se rechazaron de plano unas solicitudes.
48 Que rechazó de plano una solicitud.
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cuestiona la nivelación de las mesas, se refiere a inconsistencias por mayor
cantidad de sufragantes que votos, que es lo que parece plantear el título de la
censura, lo cierto es que esta circunstancia no es configurativa de causal de nulidad
por cuanto «es posible y válido que el número de sufragantes que se registra
en el formulario E-11 de una mesa sea igual o mayor al número de votos
relacionados en el E-24 txt respecto de la misma mesa; pero no lo es, si el
cómputo de votos de este último es mayor a la cantidad de sufragantes registrados
en el formulario E-11, ya que ello sí configuraría la irregularidad en comento»49
(Negrillas fuera de texto).
De entenderse lo contrario, esto es, que se presentaron más votos que votantes,
debe advertirse que el cargo no hizo precisión de los sufragantes que acudieron a
votar, según el formulario E-11, ni indicó la cantidad de votos vertidos en los
formatos E-14 que permitieran establecer si se presentó ese exceso de sufragios.
Finalmente, no sobra agregar que el criterio para que la parte demandante
considerara que se le restó la votación que se depositó en su favor, tuvo como
insumo el resultado del preconteo, en tanto fue a partir de la comparación de este
reporte (1733), y la consolidación de sus respaldos en el formulario E-24 (1654),
que fundó su premisa según la cual le restaron la votación plasmada en los
formularios E-14.
Sobre este punto, conviene reiterar que, «[c]onsecuente con la naturaleza preliminar
del preconteo, la jurisprudencia ha precisado que los boletines que reporta la
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) el mismo día de las elecciones no
tienen la calidad de documentos electorales, pues su carácter es meramente
informativo. Por tal razón, no se asimilan ni remplazan a las actas de escrutinio, que
son los documentos idóneos en los que se soporta la declaración de la elección,
conforme con el procedimiento regulado en la ley»50.
De ahí que el fundamento de la demanda, basado a partir del preconteo que reporta
la organización electoral, no resulte acertado, en tanto las censuras debieron
formularse con base en los guarismos de los documentos electorales.
Sobre la base de estas consideraciones, la Sala concluye que el cargo de falsedad
por diferencias entre formularios E-14 y E-24 no cumplió los requisitos decantados
en la jurisprudencia, lo que revela que no esté llamado a prosperar. Del mismo
modo, el cuestionamiento por la existencia de mayor cantidad de sufragantes que
votos no constituye una irregularidad de la elección.
Acerca del cargo que en la demanda se tituló «DIFERENCIAS INJUSTIFICADAS -
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de marzo de
2021, M.P: Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001032800020180008100 (acumulado).
50 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 3 de octubre de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2024-00072-
00. M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
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«MÁS VOTOS EN LA URNA QUE SUFRAGANTES FORMULARIO E-11» - ENTRE
CLAVEROS E-14 Y E-24 DESFAVORABLES AL DEMANDANTE», el libelista adujo que
los jurados de las mesas no aplicaron el proceso de nivelación cuando la cantidad
de votos es mayor a la de sufragantes.
Para ilustrar lo anterior, insertó una tabla donde relacionó 12 registros con las
columnas correspondientes a la zona, nombre del puesto, mesa, y la que denominó
«DIFERENCIA INJUSTIFICADA POR JURADO», en la que señaló, en todas las filas,
«MAYOR VOTOS EN VOTANTES QUE SUFRAGANTES (HAY 1 VOTO INCINERADO)».
Este cargo no cumple los requisitos que ha señalado la Sala, comoquiera que no
hizo precisión de los sufragantes que acudieron a votar, según el formulario E-11,
ni indicó la cantidad de votos vertidos en los formatos E-14 que permitieran
establecer si se presentó ese exceso de sufragios.
En gracia de discusión, el demandante refiere que en las 12 mesas cuestionadas
se procedió a la incineración de un voto, lo que, además de contradecir su propia
versión al reprochar la omisión del procedimiento de nivelación, da cuenta,
precisamente, de que en las mesas reclamadas se aplicó el protocolo previsto en el
artículo 135 del Código Electoral51. Por consiguiente, la censura planteada no está
llamada a prosperar.
Respecto del reparo contra la elección demandada, que en el libelo se tituló como
«DIFERENCIAS INJUSTIFICADAS – MÁS VOTOS EN CLAVEROS E-14 QUE EN
E-24 DESFAVORABLES AL DEMANDANTE», se tiene que la parte actora advirtió
que las diferencias injustificadas «se dan teniendo en cuenta las zonas, puestos y
mesas relacionadas en la tabla No. 1 del presente documento», es decir, la tabla
donde relacionó 362 registros que, como ya se dijo, contienen censuras
indeterminadas.
Se entiende, de este modo, que la tabla inserta donde relacionó los totales de su
votación en diez zonas, con las columnas correspondientes a la zona, E-14, E-24,
y «DIFERENCIA», que arrojaron un total de «79» votos entre los 1733 reportados en
el preconteo, y los 1654 contenidos en el formato E-24, obedece a un consolidado
que tampoco cumple el requisito de especificidad.
Acerca de la indebida valoración de la prueba testimonial alegada, dado que se
probó que el testigo Jaime Armando Delgado Meneses ejerció su voto según el
formulario E-11 y el certificado de votación, la Sala comparte la apreciación del a
quo puesto que, en efecto, no se cuenta con algún otro medio de convicción que
permita corroborar la versión del testigo, de haber votado por el actor.
51 ARTÍCULO 135. Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, se abrirá públicamente la urna
en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno; si hubiere un número mayor
que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar
su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán
inmediatamente.
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Si bien al proceso se incorporó el formulario E-11 y el certificado electoral, estas
documentales acreditan su participación en los comicios, pero no la opción política
que respaldó con su voto, por lo que no se tiene plena certeza de que la ausencia
del registro de votación en el formulario E-14, en las casillas correspondientes al
candidato CR-19, sea consecuencia de una sustracción indebida o que, en realidad,
no contara con ese respaldo del votante.
En todo caso, como lo indicó la agente del ministerio público, de ser posible probar
la intención del sufragio, lo cierto es que no cumpliría el presupuesto de la sentencia
de anulación previsto en el artículo 287 del CPACA, comoquiera que no tendría
incidencia alguna para alterar el resultado electoral por cuanto el actor, quien reportó
1654 votos en el formato E-26 CON, no superaría en votos a los entonces aspirantes
Jesús Héctor Zambrano Jurado, y Jorge Andrés Ortiz Mena, elegidos con 1719 y
1780 votos respectivamente.
Finalmente, la alzada refiere otros reparos frente al planteamiento exceptivo de
ineptitud de la demanda por incumplimiento del requisito de procedibilidad, y
cuestiona que el a quo no haya dispuesto la realización de un nuevo escrutinio.
Bastará con indicar que la excepción bajo cita fue resuelta a través de providencia
del 9 de mayo de 2024, donde la magistrada sustanciadora de primera instancia la
declaró impróspera, por lo que no corresponde a esta Sala decidir sobre este
particular.
Por otra parte, la abstención del tribunal de no haber dispuesto la realización de un
nuevo escrutinio, obedece a la consecuencia lógica de haber negado las
pretensiones de la demanda.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, al corroborarse que la parte actora
no cumplió los requisitos legales para formular las censuras de la demanda objetiva
de nulidad electoral, no había lugar a que el a quo las analizara de fondo, razón por
la que se confirmará la sentencia de primera instancia.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de octubre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda de
la referencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
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competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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