Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00154-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00154-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00154-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de agosto de 2024
Demandantes: Wilson Antonio Flórez Vanegas y otro
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00154-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00154-00
Demandantes: WILSON ANTONIO FLÓREZ VANEGAS Y OTRO
Demandado: JORGE EMILIO REY ÁNGEL - GOBERNADOR DE
CUNDINAMARCA - 2024―2027.
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad electoral de la referencia, promovido contra el acto de elección del señor
Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador del departamento de Cundinamarca
para el periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Los ciudadanos Wilson Antonio Flórez Vanegas y José Miguel Santamaría Uribe
instauraron demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139
de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto de elección del
señor Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador del departamento de
Cundinamarca para el periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 GOB
de 10 de noviembre de 2023.
1.1. Pretensiones
Fueron formuladas en los siguientes términos:
1. Que se DECLARE la NULIDAD DEL ACTO DE ELECCIÓN del señor
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA contenida en
el acta de escrutinio formulario E-26 -GOB expedido por la COMISIÓN
ESCRUTADORA DELEGADA DE CUNDINAMARCA por medio de la cual se
declaró la elección como
gobernador del señor JORGE EMILIO REY ANGEL, C.C. 79.632.322. En
razón que el entonces candidato incurrió en la prohibición de doble militancia
que consagra la constitución y la ley.
1
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Demandantes: Wilson Antonio Flórez Vanegas y otro
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene la
correspondiente cancelación de la CREDENCIAL que lo acredita como
GOBERNADOR ELECTO en las elecciones realizadas el 29 de octubre de
2023.
3. Que como consecuencia de la declaración de nulidad electoral se profieran
los oficios pertinentes para tomar las medidas necesarias para evitar la
paralización del servicio y en ese sentido se asegure la institucionalidad.
(Negrillas del texto original)
1.2. Hechos
Los demandantes sustentan sus pretensiones en los siguientes supuestos
fácticos:
Indicaron que el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones de
autoridades locales, donde el señor Jorge Emilio Rey Ángel resultó electo como
gobernador de Cundinamarca para el periodo 2024-2027.
Mencionaron que en el proceso de elección se presentaron irregularidades que
configuran la causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 275 del
CPACA.
Frente al punto, sostuvieron que, según el formulario E-6 GO, el demandado
inscribió su candidatura a la Gobernación de Cundinamarca para las elecciones
territoriales de 29 de octubre de 2023, con el aval principal del Partido Colombia
Renaciente, en el que milita, y de los partidos Cambio Radical, de la U, Liberal,
Conservador, Demócrata Colombiano, Colombia Justa Libres, Alianza Social
Independiente ASI, Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Creemos,
Ecologista Colombiano y Fuerza de la Paz, que conformaron la coalición
«Caminando, Escuchando, Gobernando»1.
Destacaron que el 3 de septiembre de 2023, alrededor de las 4:30 p.m., en el
municipio de Ubaté, se realizó un evento político denominado «UBATÉ SIN
MIEDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA», donde se lanzó la campaña del señor
Richard Alexander Bernal a la alcaldía de dicho municipio, por el Partido Alianza
Verde, según consta en la transmisión en directo realizada por el candidato en
mención.
Resaltaron que el Partido Alianza Verde no integró el acuerdo de coalición que
avaló la candidatura del demandado.
Aseguraron que al evento referido asistieron, entre otros, el demandado como
candidato a la Gobernación de Cundinamarca por la coalición «Caminando,
1 Según el acuerdo de coalición aportado con la demanda.
2
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Escuchando, Gobernando».
Advirtieron que, a partir de la participación del demandado en dicho acto de
proselitismo político, se configuró la «causal de inhabilidad» de doble militancia,
según las distintas intervenciones que realizó en el evento, como se constata en
el video aportado, donde agradeció la invitación «a ser parte de este equipo» y,
entre otras manifestaciones, se refirió al candidato a la alcaldía con las
expresiones «lo acompañaré, acompañaré (señalando al candidato a la alcaldía),
a la ciudad en todo en lo que respecta a ese tipo de procesos».
Agregaron que durante las intervenciones del demandado se evidenciaron
manifestaciones públicas de apoyo a la candidatura del señor Richard Alexander
Bernal del partido Alianza Verde, la cual no fue respaldada por el partido Colombia
Renaciente.
Se refirieron a varias secuencias fotográficas aportadas con la demanda, donde el
demandado, en compañía del candidato del partido Alianza Verde a la Alcaldía de
Ubaté, luce una gorra alusiva a la campaña de este último, quien le hace entrega
de dicha prenda al acusado, y este la viste.
Agregaron que el mismo 3 de septiembre de 2023, además de su presencia en el
acto político en mención, el señor Rey Ángel realizó manifestaciones públicas de
respaldo a otras candidaturas a la Alcaldía de Ubaté, que tampoco fueron
avaladas por el partido Colombia Renaciente.
En concreto, hicieron mención del apoyo que el acusado brindó a las aspiraciones
a la Alcaldía de Ubaté de los señores Andrés Moyá por el partido Conservador, y
Bernardo Carrasco del partido La Fuerza de la Paz, mediante publicaciones en su
red social Facebook, según las capturas de pantalla de la demanda.
Advirtieron que el partido Colombia Renaciente no expidió acto alguno de apoyo
a la candidatura de los aspirantes referidos previamente.
En una nota al pie de página señalaron que «De las pruebas que se enuncian a
continuación en la plataforma FACEBOOK se ha identificado que algunas
publicaciones fueron eliminadas por lo que oportunamente descargué los archivos
y los consolidé en el siguiente enlace:
«https://drive.google.com/drive/folders/1pZHGrH-
yw09iMqD9fjjanuVMESavgNbV?usp=sharing»2
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Sustentaron que el acto de elección demandado, se encuentra viciado de nulidad
2 El enlace debe copiarse y pegarse en el navegador.
3
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por desconocer los artículos 40 y 258 de la Constitución Política, 137, 139 y 275
del CPACA y 2° de la Ley 1475 de 2011.
Como fundamento de lo anterior, destacaron, en resumen, lo siguiente:
Explicaron que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 desarrolló de forma expresa
la prohibición de doble militancia, y que el numeral 8° del artículo 275 de la Ley
1437 de 2011 consagró dicha prohibición como causal de nulidad.
Señalaron que, en criterio de la Sección Quinta del Consejo de Estado 3, la
prohibición de doble militancia tiene la finalidad de sancionar el trasfuguismo
político por ser un fenómeno que denota en el elegido una falta de firmeza
ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de
intereses personales sobre el ideario del partido.
Destacaron los antecedentes jurisprudenciales sobre la prohibición de que se
trata4, de acuerdo con los cuales se configura, en síntesis, por el respaldo de las
aspiraciones políticas a quienes no pertenecen al partido o movimiento político
donde milita el elegido o quien aspira a serlo en un cargo de elección popular, lo
cual se materializa con la ayuda, asistencia, respaldo, o acompañamiento de
cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o
apoyado por la respectiva colectividad política.
Explicaron que, según la Sección Quinta del Consejo de Estado5, el candidato de
coalición se debe, en primera medida, a la organización política en la que milita, y
luego a las colectividades que respaldan su candidatura por coalición, razón por
la que, en su intención de apoyar a otros candidatos, puede hacerlo i) en primer
lugar, en favor de los que pertenecen a la colectividad donde se encuentra afiliado,
ii) en segundo lugar, en favor de los que hacen parte de la coalición o de los que
adhirieron o apoyaron su campaña, siempre que su partido no haya inscrito o
respaldado a un aspirante para un cargo específico, y iii) sin establecer entre unos
u otros algún grado de preferencia.
Advirtieron que, no obstante, existen diferencias entre apoyos proscritos para
coaliciones de corporaciones públicas y para cargos uninominales, por lo que las
reglas sobre respaldo político no aplican de la misma manera para unos y otros.
Al respecto, expusieron que el apoyo de las colectividades de una coalición hacia
una candidatura uninominal (gobernación) es unidireccional, esto es, su candidato
recibe el respaldo, pero no debe apoyar las postulaciones presentadas por sus
coaligados a otros cargos uninominales (alcaldías), pues de ser así, ello debería
especificarse explícitamente en el acto de asociación o firmar acuerdos donde se
3 Citó la providencia de 20 de noviembre de 2015. Exp: 11001-03-28-000-2014-00091-00.
4 Citó las siguientes providencias: Corte Constitucional: Sentencia C-334 de 2014; Consejo de Estado,
Sección Quinta: Exps: 015-00584-01, 2015-02347-01, 2019-00088-00, y 2019-00369-01.
5 Exp: 11001-03-28-000-2020-00018-00.
4
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pretenda mantener la coalición para apoyar otros candidatos a cargos
uninominales.
Por ende, la regla según la cual el candidato de coalición puede apoyar a otros
candidatos de las agrupaciones que la conforman, cuando el partido en el que
milita no haya presentado un aspirante a la misma elección, solo aplica cuando
esas coaliciones presentan candidaturas para corporaciones públicas, y no
cuando se trata de postulaciones a dignidades uninominales.
Agregaron que esta pauta, si bien aplicaría tratándose de cargos para
corporaciones públicas, no se emplea cuando se trata de aspiraciones
uninominales, pues incluso en los acuerdos de coalición, como el que respaldó al
demandado, «suelen aparecer cláusulas donde se especifica que los partidos
coaligados quedan en libertad de inscribir candidatos propios en otras
jurisdicciones».
Precisaron que, aunque es posible que el partido haya dejado en libertad al
candidato de coalición para secundar a los postulantes de los partidos coaligados
o adheridos, esa regla no es absoluta, pues de ninguna manera puede entenderse
como la posibilidad de apoyar a varios candidatos para el mismo cargo uninominal,
porque ello es contrario al espíritu mismo de la norma de doble militancia.
Indicaron que, bajo ese entendido, se tiene que el hecho de que el demandado
fuera el candidato de la coalición «Caminando, Escuchando, Gobernando» no le
quitaba la condición de militante del partido Colombia Renaciente, por lo que solo
podía respaldar una candidatura i) si esa agrupación le dejó en libertad para ello,
ii) o respaldar al aspirante inscrito por su colectividad, o iii) si la coalición dispuso
un apoyo particular en otras «jurisdicciones».
Recalcaron que el señor Rey Ángel estaba obligado con su partido en otras
«jurisdicciones» distintas a la avalada por la coalición, dado que las colectividades
que la integraron se reservaron el derecho de inscribir candidatos, realizar
coaliciones o apoyar campañas a otros cargos, y lo obligaron a respetar las
decisiones de su partido, so pena de incurrir en doble militancia, tal como se
desprende del parágrafo del artículo primero del acuerdo de coalición6, y el artículo
77 de los estatutos de Colombia Renaciente7.
6 PARÁGRAFO: Los Partidos y Movimientos Políticos que suscriben éste acuerdo de coalición se reservan
el derecho de inscribir candidatos (as) en nombre propio o de realizar coaliciones, adhesiones o apoyar
campañas (Gobernación) y/o a otros cargos de corporaciones públicas de elección popular (Asambleas,
Concejos y Juntas Administradoras Locales) con otras organizaciones políticas en virtud del principio de
autonomía política. En ese sentido, el (la) candidato (a) aquel designado o designada queda sujeto y
acatará las disposiciones que emitan las directivas de la Organización política donde milla y que lo
avala, ello con el objeto de no incurrir en doble militancia de conformidad con la ley y la reciente
jurisprudencia emitida por el consejo de estado. (Negrillas del texto de la demanda)
7 «ARTÍCULO 77. DOBLE MILITANCIA. En ningún caso, un miembro del PARTIDO COLOMBIA
RENACIENTE podrá pertenecer simultáneamente a otro partido, movimiento político o grupo significativo de
ciudadanos, apoyar colectividades políticas diferentes, realizar actos de propaganda o solicitud de voto a favor
5
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Advirtieron que no existía autorización alguna de la coalición para que el
demandado apoyara candidatos a cargos de otras «jurisdicciones», y su partido
no presentó candidato propio en el municipio de Ubaté, ni manifestó pública y
expresamente alentar aspiraciones de otras colectividades, de manera que no
tenía libertad para promover otras campañas.
Señalaron que, de igual manera, los candidatos a la Alcaldía de Ubaté Bernardo
Carrasco (Partido La Fuerza de la Paz) y Andrés Moyá (Partido Conservador),
tampoco fueron avalados por Colombia Renaciente para aspirar a esa dignidad, y
si bien es cierto que sus colectividades hicieron parte del acuerdo de coalición que
respaldó la candidatura del demandado, sus efectos solo se extendían a apoyar
esa aspiración, no así para candidatos a las distintas «circunscripciones»
municipales, toda vez que explícitamente se reservaron el derecho de inscribir
candidatos a las alcaldías y concejos municipales de Cundinamarca.
De este modo, sostuvieron que se acreditaron los elementos de configuración de
la prohibición de doble militancia, a saber, i) el subjetivo en cabeza del señor Rey
Ángel como sujeto activo, y como pasivos los candidatos a la Alcaldía de Ubaté,
los señores Richard Bernal (Alianza Verde), Andrés Moyá (partido Conservador),
y Bernardo Carrasco (La Fuerza de la Paz); ii) el objetivo, a través del apoyo libre,
voluntario, expreso y público que brindó el demandado en favor de los referidos
candidatos, al participar en eventos y con el uso de prendas alusivas a esas
campañas; y iii) el temporal, por cuanto el apoyo endilgado se presentó entre el
periodo de inscripción de candidaturas (29 de julio de 20238) y el día de las
elecciones de 29 de octubre de 2023, es decir, en el evento del día 3 de septiembre
de 2023.
Acerca de la propaganda electoral indirecta, sostuvo que la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en sentencia de 3 de febrero de 2022 9, proscribe esta
actividad, toda vez que, según expuso la Sala electoral, «la propaganda electoral
en una prenda de vestir corresponde a un acto propio de la voluntad de quien la
porta, dirigida a captar la atención de los electores y a favorecer la aspiración
política del candidato al que se promueve, lo que de suyo descarta situaciones
meramente accidentales o circunstanciales tendientes a justificar su uso (…)».
2. Admisión de la demanda
La demanda fue admitida mediante auto de 11 de enero de 2024, en el que se
ordenaron las notificaciones y comunicaciones del artículo 277 del CPACA.
de otra colectividad política, agrupación electoral, movimiento de ciudadanos o candidato, cuando concurra
el PR a las mismas elecciones o cuando éste haya decidido apoyar otra organización política o candidato. El
incumplimiento de esta prohibición constituye doble militancia y tendrá como consecuencia la sanción de
expulsión del Partido».
8 De conformidad con la Resolución 28229 de octubre de 2022 expedida por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
9 Exp: 00088-01.
6
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3. Contestación de la demanda
3.1. Del demandado
Por conducto de apoderado, el demandado cuestionó que la parte demandante no
allegó las pruebas que acreditaran la condición de candidatos de los señores
Richard Bernal, Andrés Moyá y Bernardo Carrasco, esto es, el formulario E-6 o
incluso el E-26 de la elección de la alcaldía de Ubaté. Precisó que, en todo caso,
la defensa se pronunciará sobre el supuesto respaldo político endilgado.
Al referirse al presunto apoyo a la candidatura de Richard Bernal (Alianza Verde),
señaló que esta aspiración fue promovida por la coalición «Ubaté Para Todos»,
conformada no solo por el partido Alianza Verde, sino también por los partidos de
la U, Cambio Radical, Liberal y Alianza Social Independiente, que también
conformaron la coalición que promovió su pretensión a la gobernación.
Advirtió que, tal como lo reconoce la parte actora, el partido Colombia Renaciente
no presentó candidato propio a la Alcaldía de Ubaté, por lo que se encontraba en
libertad de apoyar las postulaciones de los otros colectivos que conformaron su
coalición, tal como se desprende del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011. Por ende,
de acuerdo con la norma bajo cita, lo que resulta irregular es el respaldo a
candidatos que no hagan parte de la coalición. Agregó que, en todo caso, no
brindó apoyo a los referidos aspirantes.
Indicó que el soporte del señalamiento en cuestión proviene de un video,
supuestamente de una transmisión en vivo, y cuatro fotografías que, según dice
la parte actora, se tomaron del perfil de la red social Facebook del señor Bernal.
Al respecto, precisó que los mensajes de datos aportados no pueden tomarse
como pruebas, toda vez que no cumplen los requisitos previstos por el artículo 247
del Código General del Proceso para tenerse como tales, y tampoco reúnen las
características previstas en la Ley 527 de 1999.
Advirtió que los enlaces aportados no son funcionales, pues no conducen a
publicación alguna, sino a un mensaje de error, por lo que no es posible determinar
el iniciador del mensaje de datos.
Destacó que, según el ingeniero que elaboró el dictamen allegado con la
contestación, no fue posible extraer el link del video aportado con la demanda,
comoquiera que la publicación no está disponible.
Anotó que, como siguiente paso del análisis pericial, se revisó el video visible en
la carpeta de pruebas de la demanda, sobre el que se realizó la descomposición
en fotogramas con el componente Image Forensic de Invid, y luego de aplicar los
7
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diferentes filtros de software y analizada la metadata, no se pudo certificar la
autenticidad, integridad, inalterabilidad y rastreabilidad de su contenido, como
tampoco fue posible establecer datos de origen o creación, desconociéndose
cómo fue grabado y por quién, al igual que la fecha de creación y publicación del
mismo.
Sostuvo que, aunque la sola invalidez de la prueba sería suficiente para
desestimar el cargo, procedió al análisis de su contenido a partir de las
transcripciones de la parte actora, advirtiendo que con ello no se acepta el mensaje
de datos como medio probatorio.
Explicó que la parte demandante transcribió apartes de las frases que en su criterio
constituyen manifestaciones de apoyo, no obstante, lo que se evidencia son
intervenciones de agradecimiento y promesas de buen gobierno realizadas al
pueblo de Ubaté.
Advirtió que esas promesas corresponden con las que debe hacer y cumplir
cualquier candidato que, de ser elegido, coordinará y acompañará a los alcaldes
en el cumplimiento de sus funciones para el mejoramiento de la vida de sus
gobernados, lo que no es señal de apoyo, sino el anuncio de las obligaciones
propias de un gobernador.
Acerca de las fotografías del evento, afirmó que estas sólo evidencian su
presencia compartiendo una tarima junto con el candidato Richard Bernal y, en
caso que ese hecho constituyera un acto de apoyo, tampoco es claro quién
respaldó a quién, lo que desvirtúa un acto positivo, concreto e inequívoco.
Mencionó que el uso de una gorra no implica apoyo, toda vez que dicha prenda
no tiene logo de campaña alguna y, en todo caso, las pruebas aportadas no
permiten establecer características y condiciones de un elemento publicitario,
pues no es claro que la prenda sea de la operación de otro candidato con la que
pueda invitar a votar por él.
Señaló que, aunque recibió la gorra de parte del señor Richard Bernal, sólo la
sostuvo por un instante breve, y como símbolo del apoyo que le fue brindado por
el referido candidato quien, en todo caso, portaba una distinta, y si se hubiera
negado a aceptarla se podría interpretar como un acto hostil.
Acerca del supuesto apoyo brindado al candidato a la Alcaldía de Ubaté Andrés
Moyá (Partido Conservador), indicó que este respaldo se basa en dos
publicaciones, la primera fechada el 3 de septiembre, al parecer de su perfil de
Facebook, y la otra del día siguiente en el perfil del señor Moyá, las que, en todo
caso, no expresan manifestaciones de patrocinio a su aspiración a la alcaldía. En
cuanto a la segunda, sostuvo que no puede dar cuenta ni ser responsable de ella,
por cuanto fue proferida por un tercero ajeno a su campaña.
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Adujo que la fotografía donde se le observa dando un discurso, con una camiseta
en la mano, no logra enmarcarse en una prohibición, pues el contenido del
estampado no es claro, toda vez que la prenda está doblada sobre sí misma y no
contiene publicidad de una campaña.
Precisó que, con la declaración del señor Moyá, aportada con la demanda, se
demuestra que el estampado de la camiseta no contenía logos o símbolos de
algún partido o movimiento político, por el contrario, reflejaba la política pública de
salud del departamento, temática de su particular interés.
Agregó que, pese a que no hay claridad del contenido del estampado, es evidente
que corresponde a la prenda que se exhibió el 4 de septiembre de 2023 en la
cuenta de Facebook del señor Moyá, en la que expone que la camiseta es «Por el
Hospital de Ubaté», publicación que no corresponde a un acto suyo sino del
entonces candidato a la alcaldía.
Acerca del presunto apoyo al candidato a la Alcaldía de Ubaté, señor Bernardo
carrasco (La Fuerza de la Paz), explicó que el sustento de este cargo es un enlace
que lleva a una publicación del gobernador electo, del 3 de septiembre de 2023,
en cuyo texto no hay mensaje alguno de apoyo, sino que describe una
conversación con aquel donde agradece la participación en una caminata y el
respaldo brindado a su aspiración a la gobernación
Propuso la excepción previa de inepta demanda, en consideración a que la parte
actora no sustentó la causal de nulidad de que trata el numeral 5° del artículo 275
del CPACA.
También propuso las de mérito que denominó i) «Ausencia absoluta de la violación
endilgada»; ii) «Insuficiencia del acervo para dar por probada la violación»; y iii) la
excepción genérica.
3.2. Del Consejo Nacional Electoral
A través de apoderada, mencionó que el señor Wilson Antonio Flórez presentó
ante la entidad una solicitud de revocatoria de la inscripción del entonces
candidato Jorge Emilio Rey Ángel, «por considerar que se encontraba incurso en
una de las causales de inhabilidad electoral mencionadas en el artículo 2 de la Ley
1475 de 2011».
Agregó que esta solicitud fue denegada mediante la Resolución 11347 de 2023,
la cual fue posteriormente confirmada por la entidad al resolver el recurso de
reposición que presentó quien hoy es demandante10.
10 No indicó la resolución que resolvió el recurso de reposición. Sin embargo, a partir de las pruebas aportadas,
se observa que este acto corresponde a la Resolución 13779 de 19 de octubre de 2023.
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Precisó que, con base en lo anterior, si bien el órgano electoral se pronunció sobre
la inscripción de la candidatura del demandado, tal decisión fue antes de la
declaratoria de su elección como gobernador de Cundinamarca.
Por tal razón, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
fundada en que la demanda versa sobre una causal de nulidad sustentada en
hechos que difieren de la competencia constitucional y legal de la entidad.
4. Trámite de sentencia anticipada
Por auto de 23 de abril de 202411, el magistrado ponente de este asunto resolvió
aplicar la figura de la sentencia anticipada.
Igualmente, en el auto en referencia se declararon no probadas las excepciones
propuestas por el demandado y el Consejo Nacional Electoral, se fijó el litigio, se
dispuso tener como pruebas los documentos allegados por las partes y negar
algunas solicitadas por el demandante. Así mismo, se ordenó correr traslado para
alegar y con el fin de recibir el concepto del Ministerio Público.
5. Alegatos de conclusión
Parte demandante
Reiteró los fundamentos de la demanda.
Parte demandada
Reiteró el fundamento de la defensa.
6. Concepto del Ministerio Público
La procuradora delegada ante esta Corporación rindió concepto en el que solicitó
denegar las pretensiones.
Advirtió que no se demostró que el partido del demandado, Colombia Renaciente,
haya inscrito candidato para la Alcaldía de Ubaté, por lo que bien podía apoyar a
los candidatos que conformaron la coalición que lo postuló a la gobernación.
Por lo tanto, sostuvo que no es relevante estudiar las pruebas tendientes a
demostrar el apoyo manifestado por el acusado en favor de Richard Alexander
Bernal y Néstor Andrés Moyá Cediel, por cuanto estos ciudadanos fueron inscritos
por partidos que conformaron la coalición que presentó al demandado como
candidato.
11 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 29.
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Agregó que, en ese orden, lo relevante para el caso consiste en establecer si el
elegido apoyó al candidato a la alcaldía Rafael Bernardo Carrasco Mora, inscrito
por el Partido La Fuerza de la Paz, por cuanto esa colectividad no hizo parte de la
coalición que candidatizó al demandado.
Explicó que, a partir de las capturas de pantalla de las redes sociales del acusado,
aportadas con la demanda, no se extrae alguna manifestación de apoyo de este
en favor del señor Carrasco Mora, y el texto de la publicación se trata de una
expresión de agradecimiento.
Resaltó que, conforme se ha pronunciado esta Sala, «La probanza del
comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir,
revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan superar toda
duda razonable”, dado que, “El actuar objeto de sanción se centra en el
ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un
candidato»12.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir sobre la demanda del caso concreto, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, por el cual
se expide el reglamento interno de la corporación.
2. Problema jurídico
De acuerdo con la fijación del litigio, el debate en este asunto consiste en:
[D]eterminar si debe anularse el acto de elección del señor Jorge Emilio Rey
Ángel como gobernador del departamento de Cundinamarca para el periodo
2024―2027, contenido en el Formulario E26 GOB de 10 de noviembre de
2023.
Para el efecto, se debe determinar si el señor Jorge Emilio Rey Ángel, en su
condición de candidato a la Gobernación de Cundinamarca para las
elecciones de 29 de octubre de 2023, incurrió en la causal de nulidad electoral
prevista en el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la
prohibición de doble militancia política en la modalidad de apoyo, en tanto se
afirma que, contrariando las disposiciones legales, jurisprudenciales,
estatutarias y del acuerdo de coalición que inscribió su candidatura, ofreció
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Bogotá D.C., 1 de julio de 2021. Radicación No. 05001-23-33-000-2020-00006-01. También en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Bogotá D.C., 1
de julio de 2021. Radicación No. 05001-23-33-000-2019-02946-01 (2019-03113-01, 2019-03268-01, 2019-
03296-01 y 2019-03004-01).
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respaldo indebido a los señores Richard Alexander Bernal, Rafael Bernardo
Carrasco Mora, y Néstor Andrés Moyá Cediel, inscritos como candidatos a la
Alcaldía de Ubaté, Cundinamarca, por los partidos Alianza Verde, La Fuerza
de la Paz y Conservador Colombiano, respectivamente.
3. Doble militancia por apoyo a candidato de un partido distinto
Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en
las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades y
bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo demuestran
los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los cuales se
introdujo y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble militancia.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política,
ningún ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político.
En consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones
públicas que decidan cambiar de partido para aspirar a una próxima elección están
compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha en que
inician las inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.
Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).
A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se
manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
proscritas13:
a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento
político o grupos significativo de ciudadanos.
b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política
distinta, en el mismo proceso electoral.
c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción
como candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento
político distinto de aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que
13 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de 2022, Rad. 76001-23-
33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 25000-
23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-
000-2020-00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-
000-2019-00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-
28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad.
63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
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renuncie a la curul antes de los 12 meses que preceden al primer día de
inscripciones y segunda, que la colectividad sea disuelta o pierda la
personería jurídica por causas diferentes a una sanción.
d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar
a candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y
les otorgó aval, según el caso, salvo que la respectiva organización no esté
participando con aspirantes para la correspondiente elección ni haya
manifestado su apoyo expreso a determinada campaña de otro partido o
movimiento.
e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como
candidatos o designación como directivos de organizaciones políticas
diferentes, salvo que medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses
antes de uno u otro hecho.
En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación14, relacionada en
el literal d) anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en los
términos que se transcriben enseguida:
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no
podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados.” (Negrilla fuera de
texto)
Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección 15 ha reconocido
que la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta
de la acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:
i. Elemento subjetivo
El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en su
modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
14 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum), MP. Rocío Araújo. Oñate.
Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02.
15 Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido distinto,
por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-
2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-
000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 6 de octubre de 2016, Rad. 50001-23-
33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige
que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
ii. Elemento objetivo
La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de aquel
al que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado
por esta Sala Electoral como «…la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento
de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o
apoyado por la respectiva organización política.»16
Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en el
tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta modalidad
de doble militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza de los actos
que pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a la vez el grado
de convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar la presencia del
apoyo ilegal.
En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la
asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y
concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra
organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, esta Judicatura explicó al respecto:
Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo
atrás la Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha
prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y
concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido
político.17
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como
sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en
marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una
candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –
presupuesto teleológico–.
Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de
2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la
parte actora al concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
17 Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
14
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políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el
partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble
militancia por apoyo de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que
permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:
Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución
de actos positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el
partido al cual pertenece el concejal demandado.
(…)
Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones
no contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la
decisión de llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del
candidato del partido, en este caso a la alcaldía, como señaló el actor.18
(Negrilla fuera de texto)
En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio, considerarse
como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico de
la noción, la impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se omitió
probar su socialización y distribución para el fortalecimiento de la campaña política
de un candidato afiliado a otro movimiento19; las palabras de agradecimiento entre
aspirantes políticos20; así como la existencia de publicidad perteneciente a un
aspirante avalado por otra organización, cuando los medios de convicción
allegados no permiten aseverar que su presencia responde a la voluntad del
accionado, como una manifestación de apoyo.
En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019, M.P.
Rocío Araújo Oñate:
…[E]s evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian elementos
que, por ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las reuniones
respectivas y, entre otras cosas, si fue el demandado quien dispuso,
autorizó, convino o consintió tales actividades proselitistas y menos
que de ellas se derive el cuestionado apoyo.” (Negrilla fuera de texto)
18 Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-
00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. ““Ahora bien, aunque la Sala
no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario de estas características, lo cierto
es que el demandante no demostró que aquellos fueran socializados, distribuidos o publicitados después del
25 de septiembre de 2015 - fecha en la que el partido Opción Ciudadana decidió apoyar la candidatura del
señor Cuarán Castro-, pues la mera impresión de los mismos no acredita la conducta proscrita por el
artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A diferencia de lo
expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha de falsedad permite establecer
que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera de contexto en la prueba allegada con la
demanda, puesto que no son simples palabras de agradecimiento dirigidas al señor Acosta Acosta
sino expresiones concretas de respaldo a su candidatura por Bogotá.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
15
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Pero no solo estos aspectos21 del respaldo proscrito han sido modelados por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a la
frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia, por
lo que los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto
sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración
de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola
manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política22.
De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter
autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que «…el
apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble
militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni
limitó sus alcances a este tipo de factores.»23
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido
en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más
allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a
través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la
avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado.
Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta
Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del
presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad
política distinta, debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir,
revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita
superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en el caso
en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y
de esa forma advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado.
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de
convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación al
electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del Tolima,
cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde a la
Asamblea departamental, en el marco de programas radiales24.
Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20 de
agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de
apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
21 La naturaleza del apoyo.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
23 Ibidem.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-
00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016.
16
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Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia
de doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del
partido o movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir
apoyo de agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un
aspirante a un cargo de elección popular.25
iii. Elemento temporal
Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de
2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse
los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva
aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el
contexto de la campaña política, toda vez que «…solo durante ese lapso se puede
hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra»26; término que se
extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración
y hasta la fecha de la elección.
iv. Elemento modal de la conducta
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige
que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la
lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral.
Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo
en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia reciente de esta Sala
de Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o un
movimiento político a una causa proselitista distinta de la suya, –aunque no exista
registro de una aspiración particular–, pueden llevar a cristalizar igualmente la
causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.
Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la
Sala concluyó en relación con este aspecto
Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad
de doble militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente
al inscrito o apoyado por una determinada colectividad política, lo cual
necesariamente presupone que el partido o movimiento político bien haya
inscrito un candidato propio para determinado cargo de elección popular o
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2019-
00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-
00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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en su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un
candidato de otra organización política.27
Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura
política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones
explícitas, mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la
candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a
respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de
la colectividad.
v. Elemento territorial
El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del
Consejo de Estado permite advertir el respaldo recriminado por el legislador
estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al Concejo a la
aspiración proselitista de un candidato a la Alcaldía de la misma municipalidad–,
pero también en el escenario de circunscripciones territoriales diversas.
En palabras de esta Sala de Decisión:
Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido
brindado a un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por
una circunscripción territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la
configuración de la doble militancia política.28
De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia
o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos
positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una
organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un
cargo de elección popular.
Decantados estos presupuestos y, previo a abordar el estudio del caso concreto,
esta Judicatura hilvanará algunas ideas que permitan absolver los
cuestionamientos probatorios elevados por las partes durante este trámite judicial.
En tales condiciones, el acervo probatorio resulta ser determinante para establecer
con certeza que durante el periodo señalado el demandado desplegó actos de
respaldo a un candidato inscrito por una organización política diferente a aquella
que lo avaló, pese a que esta colectividad también tenía aspirantes, inscritos o por
adhesión a la campaña, para el respectivo cargo o corporación.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-
00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
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Así mismo, tanto la Corte Constitucional29 como esta Sala30 han perfilado la doble
militancia, tratándose de candidatos inscritos en coalición. En este ámbito,
teniendo en cuenta que cada partido coaligado otorga avales individuales a sus
candidatos, se ha considerado, de acuerdo con la finalidad de la prohibición, que
deben favorecer, en primer término, a los que pertenecen a su misma colectividad
y solo a falta de estos, es posible respaldar a alguno de los inscritos por las demás
organizaciones que suscriben el acuerdo, siempre que se les haya dejado en
libertad para hacerlo.
En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble militancia
por apoyo a un candidato está condicionada a los presupuestos consagrados en
la norma e interpretados en sede judicial, atendiendo al propósito del legislador, al
efecto útil de la disposición que consagra la prohibición e integrando el principio
de capacidad electoral, que debe orientar al operador jurídico al resolver las
controversias de esta naturaleza.
4. Caso concreto
4.1. Cuestión previa – Valor de convicción de las pruebas
Del video de la transmisión del evento de 3 de septiembre de 2023
La parte actora endilga al demandado su incursión en la prohibición de doble
militancia, en la modalidad de apoyo, por cuanto hizo presencia en un evento
político que se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2023, con ocasión del
lanzamiento de la campaña del señor Richard Alexander Bernal a la Alcaldía de
Ubaté por el Partido Alianza Verde, y al intervenir desplegó actos positivos y
concretos de respaldo a dicha aspiración.
Entre las pruebas que aportó el actor para demostrar el supuesto apoyo proscrito,
figuran i) el enlace de una publicación de 3 de septiembre de 2023, realizada por
el entonces candidato Richard Alexander Bernal en su cuenta de la red social
Facebook, que contiene la transmisión del evento de lanzamiento de su campaña,
y ii) el video que documenta los hechos de ese evento en formato MP4.
El demandado cuestionó la validez de estos medios de convicción, toda vez que
el primero no cumple los requisitos legales para ser valorado como mensaje de
datos, mientras que, respecto del segundo, no fue posible certificar su
autenticidad, integridad, inalterabilidad y rastreabilidad, según el dictamen técnico
que aportó al contestar la demanda.
29 Corte Constitucional, sentencias SU-213 de 2022 y T-263 de 2022.
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1º de julio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-
00, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00271-00, MP.
Rocío Araújo Oñate.
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Demandantes: Wilson Antonio Flórez Vanegas y otro
Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00154-00
En ese orden, corresponde a la Sala determinar el valor de convicción de dos
documentos, a saber, i) un mensaje de datos, y ii) una videograbación en formato
Mp4.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 165 del Código General del Proceso,
«Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean
útiles para la formación del convencimiento del juez» (Negrillas fuera de texto).
A su turno, el artículo 243 de la misma obra clasifica las distintas clases de
documentos en «los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos
y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo,
y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares» (Negrillas fuera
de texto).
De la norma en mención se extrae que el legislador distinguió los mensajes de
datos de otros formatos como, entre otros, las videograbaciones.
El artículo 244 ibidem establece que el documento es auténtico «cuando existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando
exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento».
La norma bajo cita presume la autenticidad de, entre otros, la «reproducción de la
voz o de la imagen», mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos,
según el caso. El penúltimo inciso de esta disposición dispuso que «[l]os
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos».
El artículo 247 de esta preceptiva estableció los requisitos para valorar los
mensajes de datos al señalar que su análisis procede siempre que «hayan sido
aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o
en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud».
A propósito de las características de los mensajes de datos, esta Sala, en
providencia de 1° de julio de 202131, analizó el contenido de esta clase de
documento de acuerdo con las disposiciones de la Ley 527 de 199932.
En este pronunciamiento, la Sección Electoral concluyó que «quien aduce este
tipo de pruebas en los procesos judiciales deberá garantizar: (i) que la
información contenida en el mensaje de datos sea accesible para su posterior
31 Exp: 05001-23-33-000-2020-00006-01. M.P Rocío Araújo Oñate (E).
32 «Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones».
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consulta –artículo 6° de la Ley 527 de 1999–; (ii) la identificación del iniciador
del mensaje–quien lo genera –artículo 7° de la Ley 527 de 1999–; (iii) la
integralidad de su contenido, esto es, que no haya sido alterado a partir del
momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva –artículos.
8° y 9° de la Ley 527 de 1999–» (Negrillas fuera de texto).
La Sala, en la providencia bajo cita, destacó los requisitos anteriores «con el
propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de convicción
digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a las redes
sociales, leyendas que acompañan los “post” de Instagram y Facebook–,
como requisitos “sine qua non” para su apreciación, de acuerdo con las reglas de
la sana crítica y sus particularidades propias»33.
Desde luego, como se indicó en la providencia en mención, «los requisitos de
equivalencia funcional –que parangonan los documentos electrónicos y físicos–
, contenidos en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio–
solo serán exigibles cuando los extremos procesales arrimen a las causas en
las que participan verdaderos mensajes de datos –compréndase correos
electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales
con su respectivo link–; pero no sus reproducciones físicas, pues en dichos
eventos el régimen aplicable será el general de los documentos que, en
principio, se presumen auténticos, a las voces del artículo 244 34 de la Ley
1564 de 2012» (Negrillas fuera de texto).
De este modo, las divulgaciones a través de redes sociales se pueden valorar
como mensaje de datos, siempre que se hayan aportado al proceso en
condiciones que permitan i) su accesibilidad, esto es, que la publicación esté
disponible para su consulta tanto al presentarla con la demanda como para el
momento de su valoración, ii) la identificación de quien lo genera, o más bien de
quien lo publica, y iii) la integralidad de su contenido, que se refiere a que lo
divulgado en la red social no se haya alterado a partir de cuando se generó por
primera vez.
De ahí que el mensaje de datos que reúna las condiciones de accesibilidad,
identificación e integralidad, podrá ser valorado como prueba en instancias
judiciales.
A su turno, las pruebas documentales contenidas en otras clases de soporte o
formato, como su reproducción física o el medio magnético a través del cual se
aporta, se valorarán conforme con las reglas generales de los documentos, cuya
autenticidad se presume mientras no hayan sido tachados de falso o
desconocidos, según el caso.
33 Art. 11 de la Ley 527 de 1999.
34 «Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso».
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En este asunto, se tiene que el demandado cuestionó la prueba de la transmisión
en vivo del evento de 3 de septiembre de 2023.
Advirtió que el enlace de consulta aportado no cumple los requisitos establecidos
en la Ley 527 de 1999, toda vez que no es funcional, y tampoco es posible certificar
la originalidad, autenticidad e integridad del archivo de video.
En efecto, la parte actora aportó el siguiente enlace de la transmisión en vivo del
evento político de 3 de septiembre de 2023:
https://www.facebook.com/Richard.Bernal.Candidato/videos/290038000317875
No obstante, al consultar el enlace de la publicación, se advierte que no está
disponible. En consecuencia, el documento aportado no satisface el requisito de
accesibilidad del mensaje de datos y, por esa razón, no es posible valorarlo.
Ahora bien, la parte actora aportó el archivo que contiene el video del evento, en
formato mp4, disponible en el siguiente enlace de Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1N9EgN2z7DpAPqsI4cduU4takqvbZjCPc/view?us
p
=sharing 35
El demandado también controvirtió la validez de este archivo de video. Para el
efecto, aportó un dictamen técnico presentado por un ingeniero de sistemas36,
quien procedió a extraer el link del enlace drive aportado con la demanda, de cuyo
análisis concluyó:
Posteriormente se procedió con el siguiente paso del procedimiento
consistente en el análisis del correspondiente video, obteniéndose los
siguientes resultados de manera general para el video aportados en la carpeta
de drive “PRUEBAS NULIDAD ELECTORAL JR”, encontrada en el link de
drive https://drive.google.com/drive/folders/1pZHGrH-
yw09iMqD9fjjanuVMESavgNbV?usp=sharing.
Primera parte del análisis: Descomposición del video en Fotogramas
claves y análisis de cada uno de ellos con el componente image forensic
de Invid.
Del análisis preliminar de los resultados de aplicar los diferentes filtros
del software de análisis y analizada la metadata del archivo se concluye que
no es posible certificar la autenticidad, integridad, inalterabilidad y
rastreabilidad del contenido de dicho video, como tampoco es posible
35 El enlace se debe copiar y pegar en el navegador.
36 Debidamente acreditado según la hoja de vida y los soportes adjuntos con el dictamen, a partir de los cuales
se tiene que cumple con los requisitos previstos en el artículo 226 del Código General del Proceso, por lo que
es procedente su valoración.
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establecer de manera concreta datos de origen o creación del video
original, desconociéndose como fue grabado y por quien, al igual que la fecha
de creación y publicación del mismo. (Negrillas fuera de texto)
Según la pericia, para el análisis del video se utilizó la herramienta Invid37. El video
se descompuso o segmentó en fotogramas clave38, a los que aplicó los filtros del
componente Image Forensic de la herramienta en mención39, y analizó los
37 «InVID construirá una plataforma que proporcionará servicios para detectar, autenticar y verificar la
confiabilidad y precisión de los archivos de video de interés periodístico y el contenido de video difundido a
través de las redes sociales». https://www.invid-project.eu/description/
38 «La segunda pestaña de fotogramas clave es un iframe que abre el sitio web de CERTH-ITI sobre la
fragmentación de vídeo. Permite copiar la URL de un vídeo (de Youtube, Twitter, Facebook, DailyMotion o
Dropbox) o subir un archivo de vídeo (en formato mp4, webm, avi, mov, wmv, ogv, mpg, flv y mkv) para
segmentarlo en fotogramas clave que luego se pueden buscar con un clic derecho en las imágenes de
Google, Yandex, Tineye y Baidu. Nuestro servicio extrae un rico conjunto de fotogramas clave (dependiendo
de la variación del contenido visual del video) y, por lo tanto, brinda la oportunidad de mejorar la búsqueda
inversa de imágenes de video. Esos son los fotogramas clave de video reales que difieren de las miniaturas
servidas por Youtube o Facebook. Por último, pero no menos importante, para fortalecer aún más el proceso
de búsqueda inversa de imágenes, el servicio proporciona más fotogramas clave bajo demanda, después de
hacer clic en el botón "Más fotogramas clave" que se coloca al final de las colecciones de fotogramas clave
proporcionadas inicialmente» (Negrillas de la Sala). https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-
verification-plugin/
39 Los filtros son los siguientes:
Zero: Cuando un área está resaltada en blanco, significa que tiene una posición de cuadrícula JPEG diferente
a la del resto de la imagen. En verde claro, significa que la cuadrícula de esta zona ha sido alterada. Por lo
tanto, se puede considerar como una falsificación causada por un borrado o un copiar y pegar externo o
interno a la imagen. El color negro significa que no se ha detectado ninguna cuadrícula JPEG anormal. GHOST: El algoritmo JPEG Ghosts se basa en recomprimir la imagen en múltiples calidades diferentes y
restar cada una de ellas del original. Las imágenes de las diferencias resultantes se procesan posteriormente
para resaltar las regiones que destacan y que probablemente se originen a partir de una imagen JPEG
diferente. Luego, se seleccionan las imágenes que tienen más probabilidades de contener hallazgos
interesantes (es decir, aquellas que presentan inconsistencias localizadas). Las regiones blancas, verdes
claras, o azules y claras consistentes sobre un fondo negro pueden corresponder a rastros de manipulación,
especialmente si no corresponden a bordes, sino a regiones enteras. CAGI: La compresión JPEG funciona en una cuadrícula de 8 por 8, que es casi invisible pero detectable. Agregar o mover un objeto en una imagen puede interrumpir localmente esta cuadrícula. El algoritmo GRIDS
busca tales discrepancias y las resalta localmente. El algoritmo produce manchas locales de color blanco,
verde claro o azul claro en las que detecta las discrepancias de la red. Generalmente, el algoritmo GRIDS
está menos distraído por las texturas de la imagen y se centra en las perturbaciones de la rejilla. Sin embargo,
debe interpretarse en su mayor parte en combinación con otros filtros que destacan las mismas regiones. DQ: Las inconsistencias de doble cuantificación se producen cuando se inserta un objeto extraño en una
imagen JPEG. Cuando se guarda la nueva imagen, la parte no alterada de la imagen se comprimirá dos
veces, mientras que el área insertada sólo una vez. En este caso, la zona alterada debería aparecer de color
rojo mientras que el resto de la imagen aparece de color azul. Si hay otros colores presentes (verde, amarillo)
entonces no se puede llegar a ninguna conclusión. Además, la región roja debe ser parecida a un objeto: los
puntos rojos espurios dispersos por toda la imagen deben ser ignorados. DCT: La transformación de coseno discreta es una parte integral de la compresión JPEG y deja huellas claras
en la imagen. Cuando se produce una manipulación en una imagen JPEG, los coeficientes DCT pueden verse
perturbados localmente. Las regiones que sobresalen (en blanco o verde claro) sobre un fondo azul pueden
corresponder a la manipulación. El reverso también puede sugerir una manipulación, es decir, ciertas regiones
que aparecen más azules sobre un fondo brillante. BLOCK: La compresión JPEG funciona en una cuadrícula de 8 por 8, que es casi invisible pero detectable. Agregar o mover un objeto en una imagen puede interrumpir localmente esta cuadrícula. El algoritmo BLOCK
detecta la cuadrícula de la imagen y busca discrepancias locales. Cualquier región coherente con un color
diferente al de su entorno puede corresponder a la manipulación, aunque los blancos y verdes claros sobre
un fondo oscuro son la indicación más típica de manipulación. Como este algoritmo a menudo se confunde
por las diferencias de textura y enfoque, se interpreta mejor en combinación con otros filtros. CMFD: Este es un enfoque de aprendizaje profundo por ordenador en la detección de falsificación de copiar
y pegar zonas en la misma imagen. Los píxeles oscuros son auténticos y los claritos apuntan a un posible
copiar y pegar de zonas dentro de la misma imagen. RCMFD: El detector robusto de falsificación de copiar y pegar (RCMFD) se basa en el método de detección
de puntos SIFT. El detector vincula objetos similares (que no son similares naturalmente) con líneas rojas. El
algoritmo no detecta qué objeto es autentico y cuál está forjado.
LAPLACIAN: El Laplacian muestra las altas frecuencias de la imagen, como las fronteras. Puede hacer que
algunas áreas aparezcan mostrando los bordes del borrado o pegado de un objeto. 23
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metadatos.
En criterio del perito, a partir del análisis de la videograbación, no es posible
certificar su autenticidad, integridad, inalterabilidad y rastreabilidad. En cuanto a
los datos, concluyó que no fue posible establecer su origen, la forma como fue
grabado, la persona que lo hizo, ni la fecha de creación y publicación.
Frente al punto, es del caso advertir que la pericia, aunque explicó los exámenes,
métodos y experimentos efectuados, tales como la descomposición del video en
fotogramas clave para someterlos a los filtros dispuestos en la herramienta
utilizada, no expuso lo concerniente a los fundamentos técnicos de las
conclusiones.
En efecto, el perito ingeniero sostuvo que, con base en su análisis, no fue posible
certificar aspectos como la autenticidad, integridad e inalterabilidad del video, sin
embargo, no señaló las razones de esa conclusión, toda vez que no explicó si, con
ocasión de la aplicación de los filtros sobre los fotogramas en los que descompuso
el video, surgieron signos de edición, falsificación, borrado, copiado, o cualquier
otra clase de manipulación o inconsistencia del archivo, que permitieran concluir
que fue alterado y, en consecuencia, que limite el valor de convicción de la prueba
o conduzca a la Sala a concluir que las imágenes y discursos que representan no
corresponden con los acontecimientos registrados.
De otro lado, la Sala advierte que si bien el perito no certificó quién grabó el video,
este dato no resulta indispensable, en la medida que lo relevante de la prueba es
que no contenga signos de alteración o manipulación que trastornen la veracidad
de los hechos representados en las imágenes del archivo, especialmente frente a
las declaraciones contenidas en aquel.
En ese orden, la Sala concluye que el dictamen aportado por el demandado no
resulta útil como elemento de convicción que conduzca a descartar el análisis de
la videograbación aportada por el demandante.
Acerca de los datos para rastrear el origen del video, como la fecha de creación y
publicación, la Sala considera que con los demás elementos de convicción
aportados al plenario es posible establecer las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de los hechos representados en sus imágenes.
En la medida que las imágenes registradas en el video aportado por la parte
demandada no presentan signos de alteración que limiten total o parcialmente su
valor de convicción, es procedente analizar esta pieza documental de cara a
establecer los elementos constitutivos de la prohibición endilgada al demandado.
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4.2. Elementos constitutivos de la prohibición
En este acápite, la Sala establecerá los elementos constitutivos de la prohibición
de doble militancia en el caso concreto.
Los apoyos que, en criterio del demandante, configuran la prohibición de doble
militancia se efectuaron en favor de los candidatos i) Richard Alexander Bernal,
del Partido Alianza Verde, ii) Rafael Bernardo Carrasco Mora, del Partido Fuerza
de la Paz, y iii) Néstor Andrés Moyá Cediel de Partido Conservador Colombiano.
Elemento subjetivo
El día 28 de julio de 2023, el señor Jorge Emilio Rey Ángel inscribió su candidatura
a la Gobernación de Cundinamarca, por la coalición «Caminando, Escuchando,
Gobernando», conformada por los partidos Colombia Renaciente, que
corresponde al de su filiación política, Cambio Radical, De la U, Liberal
Colombiano, Conservador Colombiano, Demócrata Colombiano, Colombia Justa
Libres, ASI, MAIS, Creemos, Ecologista Colombiano y Fuerza de la Paz, tal como
se verifica en el Formulario E-6 GO allegado al proceso.
Según el Formulario E-26 GOB, el 10 de noviembre de 2023 se declaró la elección
del señor Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador de Cundinamarca.
Acorde con lo anterior, está acreditado el elemento subjetivo de la prohibición,
comoquiera que el demandado ostentó la condición de candidato, y resultó
elegido.
Elemento temporal
Los actos que al parecer desplegó el demandado en favor de postulaciones
proscritas, tuvieron lugar el día 3 de septiembre de 2023, esto es, durante la
campaña electoral. Como se expuso con suficiencia, el demandado inscribió su
candidatura el 28 de julio de 2023, mientras que las elecciones se llevaron a cabo
el 29 de octubre del mismo año.
A su turno, de las pruebas aportadas al proceso, se desprende que los actos de
respaldo que se endilgan al demandado tuvieron lugar el 3 de septiembre de 2023,
en el marco de las campañas de los señores i) Richard Bernal, ii) Rafael Bernardo
Carrasco Mora, y iii) Néstor Andrés Moyá Cediel.
Respecto de los dos últimos, se aportaron los enlaces de las publicaciones
efectuadas por el demandado en su cuenta de la red social Facebook40, el día 3
de septiembre de 2023.
40 Disponibles a la fecha de presentación de esta ponencia.
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Demandado: Jorge Emilio Rey Ángel
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Por su parte, frente al primero, la parte actora allegó la videograbación que
contiene el registro de los hechos de un evento público de 3 de septiembre de
2023, donde se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña del señor Richard
Alexander Bernal a la Alcaldía de Ubaté. Según el extremo demandante, fue en el
marco de este evento que el demandado pronunció el discurso de apoyo en favor
del candidato bajo cita.
La Sala establecerá, con base en los demás medios de convicción aportados al
plenario, si esa videograbación representa el evento de la referida data y si, por
ende, tuvo lugar durante la campaña electoral.
El día 29 de julio de 2023, el señor Bernal inscribió su candidatura a la Alcaldía de
Ubaté para las elecciones de 29 de octubre de 2023, con el respaldo de la coalición
«Ubaté Somos Todos» conformada por los partidos Alianza Verde, donde milita,
de la U, ASI, Liberal y Cambio Radical, según se desprende del Formulario E-6 AL
aportado por la organización electoral.
Por su parte, el día 28 de julio de 2023, el señor Jorge Emilio Rey Ángel inscribió
su candidatura a la Gobernación de Cundinamarca para las elecciones de 29 de
octubre de 2023, por la coalición «Caminando, Escuchando, Gobernando»,
conformada por los partidos Colombia Renaciente, que corresponde al de su
filiación política, Cambio Radical, De la U, Liberal Colombiano, Conservador
Colombiano, Demócrata Colombiano, Colombia Justa Libres, ASI, MAIS,
Creemos, Ecologista Colombiano y Fuerza de la Paz, tal como se verifica en el
Formulario E-6 GO allegado al proceso.
En ese orden, está probado que los señores Richard Alexander Bernal y Jorge
Emilio Rey Ángel se presentaron como candidatos para las elecciones de 29 de
octubre de 2023, el primero para la Alcaldía de Ubaté y el segundo para la
Gobernación de Cundinamarca.
Ahora bien, el demandante aportó un enlace, que conduce a un video publicado
en la red social Facebook del otrora candidato a la Alcaldía de Ubaté, Richard
Alexander Bernal, donde invita a la comunidad del referido municipio, para un
evento el día 3 de septiembre de 202341:
En el video al que conduce el enlace, se observa al señor Richard Alexander
Bernal invitando a la comunidad del municipio de Ubaté a un evento el día 3 de
septiembre, en los siguientes términos:
Comunidad ubatense, los invito para que este domingo 3 de septiembre, a las
tres de la tarde, acá en el Centro Comercial la Segunda, nos acompañen al
lanzamiento de la gran estrategia Ubaté sin miedo, que contará con la
presencia de nuestro próximo gobernador Jorge Emilio Rey Ángel,
41 Publicación en la red social Facebook del señor Richard Alexander Bernal, disponible a la fecha de esta
ponencia: https://www.facebook.com/reel/710820470842133
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representantes a la Cámara, diputados, concejales, y toda la comunidad
ubatense. Recuerden, este domingo a las tres de la tarde, aquí, en el Centro
Comercial la Segunda, gran lanzamiento de la estrategia Ubaté sin miedo. Los
esperamos, muchas gracias.
Por lo tanto, está demostrado que el señor Richard Alexander Bernal en su
condición de candidato a la Alcaldía de Ubaté para las elecciones de 29 de octubre
de 2023, convocó a la ciudadanía de ese municipio para el evento de lanzamiento
de su campaña que tendría lugar el domingo 3 de septiembre de 2023, a las tres
de la tarde, en las instalaciones de un centro comercial, con la participación del
señor Jorge Emilio Rey Ángel, entonces candidato a la Gobernación de
Cundinamarca para el mismo certamen electoral.
Por su parte, en el video que contiene las imágenes del evento político, se observa
al señor Richard Alexander Bernal pronunciando un discurso en tarima
manifestando que «(…) hoy es el lanzamiento de mi campaña, es el lanzamiento
de la estrategia Ubaté Sin Miedo»42, lo que significa que el evento corresponde,
en efecto, al que según la invitación antes destacada tendría lugar el 3 de
septiembre de 2023.
La fecha de esta actividad también puede corroborarse con el discurso que
pronunció el demandado, donde dijo «(…) yo quiero agradecerle a todos los que
están aquí presentes por este enorme esfuerzo que hacen hoy domingo en la
tarde (…)»43, día que, en concordancia con las palabras de Richard Bernal,
corresponde al domingo 3 de septiembre de 2023.
El 4 de septiembre de 2023, el señor Richard Bernal publicó, en su red social
Facebook44, una manifestación de agradecimiento, con fotografías que coinciden
con las imágenes del evento político registrado en la videograbación, en aspectos
como el escenario, la publicidad política, los participantes y su indumentaria.
En ese orden, se tiene que en las imágenes representadas en el video aparecen
los entonces candidatos Jorge Emilio Rey Ángel a la Gobernación de
Cundinamarca, y Richard Alexander Bernal a la Alcaldía de Ubaté, inscritos como
tales a esas dignidades los días 28 y 29 de julio de 2023, respectivamente, para
las elecciones territoriales de 29 de octubre de 2023.
Así mismo, se determinó que el evento político donde intervino el demandado tuvo
lugar el domingo 3 de septiembre de 2023, en horas de la tarde.
De ahí que se tenga acreditado que los acontecimientos del evento político
registrado en la videograbación bajo análisis acaecieron en el contexto de la
42 Parte del discurso a partir del minuto 47:38.
43 Minuto 49:15.
44 La parte demandante aportó el enlace que conduce a esa publicación, disponible para consulta a la fecha
de esta ponencia.
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campaña política, entre la fecha de la inscripción de la candidatura del
demandado, el 28 de julio de 2023, y el día 29 de octubre de la misma anualidad
cuanto se llevaron a cabo los comicios.
Elemento modal
El Partido Colombia Renaciente, que es la colectividad de filiación política del
demandado, no postuló candidato propio a la Alcaldía de Ubaté. Este es un hecho
reconocido por las partes, y por ende no es materia de debate.
No se demostró, y tampoco se planteó en el proceso, que la agrupación política
en mención haya decidido adherirse o comprometerse con alguna aspiración
postulada por otro partido o movimiento político a dicha dignidad, como tampoco
que haya impartido alguna instrucción a sus candidatos en punto a prohibir el
apoyo a determinadas aspiraciones políticas, por lo que sobre el demandado no
recaía la obligación de acatar directriz alguna de su estructura partidista frente a
la referida alcaldía.
En ese orden, conviene reiterar que «el deber de lealtad partidista surge en el
momento en que la colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i)
inscriba un candidato propio a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al
de otra organización política, o bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar
candidaturas específicas»45.
La Sala, en decisión reciente46, puntualizó que para acreditar el presupuesto
modal de la prohibición «es necesario que el partido o movimiento político que
avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo
de elección popular correspondiente, pues solo en este evento es que puede
exigírsele al demandado una lealtad hacia su colectividad» (Negrillas del texto
original).
En este proveído, la Sección Electoral explicó el alcance del artículo 2 de la Ley
1475 de 2011, precisando que «lo cierto es que la nulidad electoral solo
procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, al brindar apoyo a candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al que se encuentran afiliados, y como en este caso el
movimiento AICO no tenía candidatos inscritos para la asamblea
departamental, no puede declararse la nulidad del acto de elección
demandado por doble militancia» (Negrillas fuera de texto).
Es necesario traer a colación el contenido de la interpretación vertida en la
providencia bajo cita, comoquiera que en ese pronunciamiento se hizo claridad en
45 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 1° de agosto de 2024. Exp: 63001-23-33-000-2023-
00103-01.
46 Sentencia de 8 de agosto de 2024. Exp: 08001-23-33-000-2023-00463-01.
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que los elementos de la prohibición se circunscriben a los precisos términos
dispuestos en la norma que la establece:
La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de
doble militancia, que apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede
asegurar en los términos en que han sido previstas en la ley las diferentes
modalidades de la conducta que se estudia y, por tanto, no puede extenderse
el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a situaciones ajenas a las
allí reguladas.
Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la
prohibición, sino que su interpretación debe ser restringida a los
supuestos que consagra la norma.
En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por doble
militancia cuando para un determinado cargo hay candidatos inscritos
respaldados por la agrupación que avaló al demandado. (Negrillas fuera
de texto)
A partir de esta postura, hay lugar a concluir que el objeto de la prohibición no es
otro que el de evitar que el candidato se aparte del rumbo político de su
agrupación, respaldando aspiraciones que se encuentran en contienda con las de
su propio partido.
Por consiguiente, la Sala debe insistir en que la única circunstancia bajo la cual se
configura la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, por
ministerio de la ley, tiene lugar cuando el implicado en los hechos despliega actos
positivos y concretos de respaldo a una candidatura distinta de la que avaló o
promovió su colectividad política para un cargo de elección popular en el mismo
certamen electoral.
Por el contrario, si el partido de filiación del candidato acusado no presentó
aspirante propio para alguna dignidad de elección popular, su proceder proselitista
no está limitado por la prohibición de que se trata.
También es importante traer a colación el texto del artículo 77 de los Estatutos del
Partido Colombia Renaciente47, donde milita el demandado, en tanto, en
consonancia con la ley, prevé que «En ningun caso, un miembro del PARTIDO
COLOMBIA RENACIENTE podrá pertenecer simultaneamente a otro partido,
movimiento politico o grupo significativo de ciudadanos, apoyar colectividades
politicas diferentes, realizar actos de propaganda o solicitud de voto a favor
de otra colectividad politica, agrupacion electoral, movimiento de ciudadanos o
candidato, cuando concurra el PR a las mismas elecciones o cuando éste
haya decidido apoyar otra organización politica o candidato. El
incumplimiento de esta prohibición constituye doble militancia y tendrá como
consecuencia la sanción de expulsión del Partido»48 (Negrillas fuera de texto).
47 Aportados por la parte actora.
48 Se transcribe, inclusive, con los errores del texto.
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Según la disposición estatutaria, los miembros del Partido Colombia Renaciente
tienen prohibido apoyar, realizar actos de propaganda o solicitar el voto en favor
de un candidato de otro partido, cuando esa agrupación participe en la misma
elección o haya decidido respaldar la postulación de otra organización política, so
pena de incurrir en doble militancia.
A partir de ello, se infiere que la prohibición de doble militancia constituye una
limitante de la conducta proselitista de los miembros de Colombia Renaciente,
cuando esa colectividad haya inscrito un candidato para la misma elección, o haya
decidido respaldar la aspiración presentada por otra organización política. De ahí
que, es a partir de la postulación que haya presentado Colombia Renaciente, o el
respaldo expreso a la candidatura de otro colectivo, que surge el deber de lealtad
partidista de sus miembros, lo que desde luego cobija a sus candidatos.
A su turno, el parágrafo de la cláusula primera del Acuerdo de Coalición
«Caminado, Escuchando, Gobernando» dispuso:
PARÁGRAFO: Los Partidos y Movimientos Políticos que suscriben éste (sic)
acuerdo de coalición se reservan el derecho de inscribir candidatos (as) en
nombre propio o de realizar coaliciones, adhesiones o apoyar campañas
(Gobernación) y/o a otros cargos de corporaciones públicas de elección
popular (Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales) con otras
organizaciones políticas en virtud del principio de autonomía política. En ese
sentido, el (la) candidato (a) aquel designado o designada queda sujeto y
acatará las disposiciones que emitan las directivas de la Organización
política donde milita y que lo avala, ello con el objeto de no incurrir en doble
militancia de conformidad con la ley y la reciente jurisprudencia emitida por el
consejo de estado. (Negrillas fuera de texto)
Así, se observa que los partidos que conformaron la coalición que promovió la
candidatura del demandado se reservaron el derecho de coaligarse, adherirse o
apoyar campañas de otras agrupaciones políticas a otros cargos de elección
popular. La disposición de este instrumento es clara en advertir que el candidato
de esa coalición, hoy demandado, quedó sujeto a las directrices que emitiera el
Partido Colombia Renaciente sobre este aspecto.
A partir de este clausulado, se tiene que sobre el demandado no pesaban
restricciones para respaldar candidaturas de otros partidos salvo, claro está, que
la agrupación de su filiación definiera un sendero político de respaldo a una
aspiración electoral específica, caso en el cual el señor Rey Ángel tendría que
acatar las directrices de su partido sobre el particular.
Por lo tanto, como la agrupación política donde milita el demandado no presentó
candidato propio a la Alcaldía de Ubaté, y tampoco exteriorizó su compromiso con
algún candidato de otro partido a esa dignidad, no se advierte que estuviera
limitado de cara a exponer su respaldo a las manifestaciones de otros aspirantes,
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púes la ley, así como la norma estatutaria, solo prevé restricciones en ese sentido
cuando el Partido Colombia Renaciente presentara aspirante propio a un cargo de
elección popular en el mismo certamen electoral, o decidiera apoyar las
postulaciones de otras organizaciones políticas.
Ahora bien, en la demanda se advirtió que, en gracia de discusión, el demandado
solo podía apoyar a uno de los candidatos de los partidos coaligados y no a todos,
es decir, que de ninguna manera puede entenderse como la posibilidad de
respaldar a varios aspirantes para el mismo cargo uninominal, porque ello es
contrario al espíritu de la norma de doble militancia.
Frente al punto, es necesario advertir que las posturas tanto de esta Sala como
de la Corte Constitucional49, convergen en sostener que el candidato de coalición
cuyo partido no presentó candidato a la misma elección «puede apoyar a los
aspirantes que pertenecen a las agrupaciones políticas que hacen parte de la
coalición (…) sin establecer entre unos u otros algún grado de preferencia», de lo
que se desprende que las agrupaciones coaligadas o adheridas se ubican en
igualdad de condiciones en el respaldo que pueden recibir del candidato de
coalición.
Con todo, no debe perderse de vista que, según lo ha interpretado la Corte
Constitucional50, «las coaliciones o «alianzas partidistas» son una modalidad
de inscripción de candidatos y de listas, mediante las cuales se pretende que
las campañas tengan un respaldo popular amplio y demostrado. Esto se
consigue a través del fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos y
la ejecución de estrategias que promuevan el consenso entre estos»
(Negrillas fuera de texto).
Así, el alto tribunal precisó que la modalidad de inscripción por coalición es
compatible con el espíritu de la Carta, toda vez que «lejos de promover el
fraccionamiento de las fuerzas políticas, [las coaliciones] propugnan su
agrupamiento y fortaleza como expresión de los anhelos populares».
Además, la Sala Plena afirmó que las coaliciones profundizan el principio
democrático porque permiten «a los partidos y a sus miembros ejercer con
mayor libertad el derecho de elegir y ser elegido» (Negrillas fuera de texto).
De ahí que sea pertinente concluir que el objeto de las coaliciones persigue
agrupar a las colectividades políticas con el propósito de ampliar el respaldo
popular de sus aspiraciones electorales, y así fortalecer a los partidos que las
integran.
En concordancia con lo anterior, se debe tener presente que el espíritu de la
prohibición de la doble militancia se enfoca en contrarrestar el transfuguismo, la
49 Sentencia T-263 de 2022.
50 Sentencia SU-213 de 2022.
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deslealtad, la falta de firmeza ideológica, la debilidad de convicciones, y la
anteposición de intereses personales del candidato sobre el ideario de su
partido51, pero de ninguna manera se opone a que las agrupaciones políticas
desarrollen consensos para aunar esfuerzos en procura de un fin común derivado
de compartir un ideario o visión política.
Adicionalmente, la prohibición de doble militancia, además de propender por la
disciplina partidista y proteger el sistema democrático, también persigue
salvaguardar la libertad del elector al impedir que se le induzca a engaños o
artilugios que puedan alterar su convencimiento al momento de ejercer su derecho
fundamental al sufragio.
La Sala, en oportunidad anterior52, señaló que «la prohibición constitucional de
doble militancia surge de la confianza depositada por el elector en un determinado
y específico plan de acción política. Confianza que no puede verse estropeada y
arruinada, por la decisión personalista y egoísta del candidato o elegido de no
honrar el acuerdo tácito – tanto programático como ideológico -con su elector».
En esas condiciones, bajo el entendido de que las coaliciones son el resultado de
la agrupación de una pluralidad de colectividades políticas que, por compartir un
ideario, convergen en un esfuerzo para fortalecerse y ampliar el respaldo popular
de sus aspiraciones políticas, no resulta admisible entender que esa unión de
convicciones solo pueda beneficiar al candidato designado, sin que este pueda
desplegar actos de apoyo en procura de promover las pretensiones electorales de
todos los candidatos presentados por los colectivos que promovieron su
postulación.
Lo anterior en la medida que es el contenido ideológico y programático lo que
impulsa al elector a optar por determinada opción política, por lo que esa opción
se verá defraudada cuando el candidato opte por respaldar alguna postulación
contraria o incompatible con el ideario que motivó al sufragante.
Por lo tanto, se insiste, bajo el entendido de que los partidos coaligados comparten
plenamente los objetivos programáticos del candidato designado y su colectividad,
el hecho de que aquellos hayan presentado un aspirante al mismo cargo
uninominal no constituye una limitante para que, en igualdad de condiciones,
reciban el respaldo de quien postularon en una alianza que hondea las mismas
banderas. Entender lo contrario, implicaría desconocer que las coaliciones están
concebidas para agrupar y fortalecer las fuerzas políticas, en lugar de
fraccionarlas.
Conforme con las anteriores consideraciones, se concluye que no existe
prohibición para que el candidato de coalición despliegue actos de apoyo en favor
51 Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011.
52 Sentencia de 12 de agosto de 2021. Exp: 05001-23-33-000-2019-03316-01.
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de los aspirantes postulados por los partidos coaligados, aun cuando pretendan
acceder al mismo cargo uninominal.
En esas condiciones, en la medida que no se configuró el elemento modal de la
conducta endilgada al demandado, lo que trae como consecuencia descartar el
análisis del elemento objetivo de la prohibición, la Sala negará las pretensiones de
la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Niéganse las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra
el acto de elección del señor Jorge Emilio Rey Ángel como gobernador del
departamento de Cundinamarca para el periodo 2024-2027, contenido en el
formulario E-26 GOB de 10 de noviembre de 2023.
SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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