Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2020-00006-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2021 › Radicado 05001-23-33-000-2020-00006-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Nulidad electoral: contra el acto de elección de Diputado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2020-00006-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2020-00006-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
1 de julio de 2021
NULIDAD ELECTORAL - Contra el acto de elección de Diputado / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Probada respecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil
[L]a Sección Quinta advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió resolver la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil. (…). Bajo ese panorama, la Sala encuentra que en el marco de los juicios de nulidad electoral la ubicación procesal de la RNEC resulta ser especial, al tenor de lo dispuesto en el artículo 277.2 del CPACA, motivo por el que en cada caso concreto debe establecerse si su vinculación se hace necesaria, habida cuenta de la relevancia de sus actuaciones en el procedimiento de adopción del acto enjuiciado y de si los cuestionamientos de ilegalidad formulados con la demanda censuran su conducta oficial. (…). En efecto, ninguna de las situaciones fácticas y jurídicas alegadas por la demandante busca desvirtuar la juridicidad de la conducta pública de este órgano electoral; centrando exclusivamente su inconformidad en el desconocimiento de los artículos 107 constitucional y 2.2 de la Ley 1475 de 2011, producto de los presuntos apoyos indebidos otorgados por el accionado en beneficio de candidatos a alcaldías inscritos por agrupaciones políticas distintas al Partido Conservador Colombiano, que avaló su candidatura. De esta manera, la Sala destaca que las acusaciones propuestas en el escrito genitor sobrepasan las competencias constitucionales y legales de la RNEC (…), teniendo en cuenta que el poder sancionatorio administrativo en punto de la configuración de la doble militancia reposa en el Consejo Nacional Electoral, al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, en armonía con el artículo 265.12 de la Constitución. (…). Por manera que, en este caso se debe declarar probada la excepción propuesta por la entidad, como se establecerá en la parte resolutiva de esta providencia.
NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con aclaración de voto presentada por el Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. Sobre la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil a los procesos de nulidad electoral, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 19 de noviembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 05001-23-33-000-2019-03317-01.
DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Generalidades
[E]l ordenamiento jurídico [numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011], prevé una consecuencia clara y expresa cuando el candidato incurra en la prohibición de doble militancia la cual, vale la pena aclarar, ha sido definida por esta Sección como una prohibición que no puede leerse de forma aislada, pues para determinar cuándo una persona está inmersa o no en la causal de inelegibilidad es necesario recurrir al texto del artículo 107 Superior y al artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, que se alegan vulnerados en este caso. (…). De la transcripción de la norma Superior [artículo 107] se desprende con claridad que está prohibido: (I) a los ciudadanos, pertenecer de manera simultánea a dos o más partidos o movimientos políticos y, (II) a quienes aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Por su parte, la ley estatutaria citada [1475 de 2011], en su artículo 2º, no solo replica las modalidades de doble militancia previstas en la norma constitucional, sino que además incluye otros eventos en los cuales la prohibición se materializa. (…). [S]e ha definido que estas modalidades apuntan a la consecución del propósito común, de “crear un régimen severo de bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político”, pues su finalidad es, precisamente, dar preponderancia a los partidos y movimientos políticos sobre los intereses personales de los candidatos. Finalmente, es de anotar que se ha entendido que la figura de doble militancia incluye a todas las agrupaciones políticas sin importar que aquellas tengan o no personería jurídica. Sin embargo, no se puede perder de vista que esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en su parágrafo una excepción en esta materia, que es aplicable a cualquiera de los eventos en los que ésta pueda presentarse.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la doble militancia y que no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático en materias de decisión de las bancadas, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de diciembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 19001-23-33-003-2019-00368-01. Con respecto a la doble militancia y las modalidades existentes, consultar: Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Quinta, sentencia del 24 de noviembre de 2016, CP. Alberto Yepes Barreiro, radicación 52001-23-33-000-2015-00841-01. Sobre las cinco modalidades en las que se puede materializar la prohibición de doble militancia, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de septiembre de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro, exp. 63001-23-3-000-2015-00361-01 (acumulado); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, exp. 730001-23-33-000-2015-00806-01. En cuanto a la definición de la prohibición de doble militancia, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Presupuestos para la configuración en su modalidad de apoyo / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Consideraciones diversas de la configuración en la modalidad de apoyo
En atención a que en el caso de autos se invoca la configuración de la modalidad consistente en miembros de organizaciones políticas que apoyan a candidatos de otra organización, se estima pertinente reiterar los elementos que la configuran, que han sido destacados en varias oportunidades por la Sección: “i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular. ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente. Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio. Así las cosas, no cabe duda de que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política. iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas.”. En cuanto el elemento de la conducta prohibitiva, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del 3 de diciembre de 2020 de esta Sala de decisión, a través de las cuales a partir de la jurisprudencia de la Sección, se precisaron aspecto tales como: (I) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político. (II) Los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de la situación de inelegibilidad puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política. (III) El apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido. (IV) La probanza del comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable. (V) El actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato. (…). De otra parte, se estima pertinente reiterar, que la doble militancia en nuestro ordenamiento jurídico es tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático en materias de decisión. (…). En el caso de autos tiene especial importancia la protección de los derechos constitucionales del elector, respecto de la cual vale la pena destacar que desde 1991 el Estado colombiano optó por estructurarse como un Estado Social de Derecho. (…).
En efecto, a la democracia representativa se le suma de manera trascendente la democracia directa o participativa. En este contexto, el pueblo en calidad de soberano adquiere un mayor realce, a partir del conjunto de derechos que hace posible la participación. En esa medida, la Constitución Política advierte que todo ciudadano tiene derecho a participar de la conformación, ejercicio y control del poder político; para tal efecto cuenta con la posibilidad de elegir y tomar parte en elecciones participando políticamente y en los escenarios civiles, como puede ser los mecanismos de democracia participativa y en todos los asuntos, de cualquier índole, que les afecte. (…). Se establece que la organización electoral debe suministrar a los votantes instrumentos que les permitan identificar con claridad los movimientos, partidos políticos y candidatos. En consecuencia, la ley puede implantar mecanismos de votación que tiendan siempre a garantizar el libre ejercicio del derecho del elector. (…). En consecuencia, en un Estado Social y Democrático de Derecho la libertad del elector debe ser amparada con el fin de poder hacer válida la democracia; de allí que se rechace de manera enfática la manipulación del elector, propia de los regímenes autoritarios, y se dirija el accionar del Estado a fin de garantizar “la correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía”. (…). En este orden de ideas, hace parte de esas reglas de protección de la libertad del elector la pretensión consistente en que en el proceso electoral, el que sea, se comporte bajo la doble exigencia de lealtad y claridad. (…). De tal suerte, que en las elecciones unipersonales, por ejemplo, el elector debe gozar de la claridad del programa político expuesto por el candidato, así como de su lealtad en que dicho contenido ideológico y programático no será alterado ni cambiado por otro, ni por circunstancias electorales meramente coyunturales y con miras a transformar un resultado electoral. (…). En consecuencia, la doble exigencia proporciona legitimidad a los procesos electorales y permite sostener el sistema democrático. (…). Una de las formas que garantizan constitucionalmente la salvaguarda y protección de la libertad del elector, es la prohibición de doble militancia. En efecto, en variada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado que la prohibición a los ciudadanos de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político, tiene origen constitucional. En consecuencia, no es una determinación que provenga solamente del legislador, sino que este la desarrolla por devenir directamente de la Constitución. Así pues, la prohibición constitucional de doble militancia surge de la confianza depositada por el elector en un determinado y específico plan de acción política. Confianza que no puede verse estropeada y arruinada, por la decisión personalista y egoísta del candidato o elegido de no honrar el acuerdo tácito – tanto programático como ideológico -con su elector.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a los elementos que configuran la doble militancia en la modalidad consistente en que miembros de organizaciones políticas apoyan a candidatos de otra organización, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de agosto de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 63001-23-33-000-2016-00008-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2016, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 68001-23-33-000-2016-00043-01. Sobre los elementos que configuran la doble militancia en su modalidad de apoyo, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 730001-23-33-000-2015-00806-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 50001-23-33-000-2016-00077-01. Con respecto a algunas consideraciones relacionadas con el elemento de la conducta prohibitiva en la doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de agosto de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2019-00088-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00. Sobre la democracia participativa y que los elegidos son verdaderos voceros de la voluntad popular y están sometidos al mandato de los electores, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016. Sobre el ejercicio libre del derecho y el derecho fundamental al voto, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001. Sobre la finalidad del Estado de garantizar la correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-551 de 2003. Del concepto moderno de democracia, consultar: Corte Constitucional, sentencias C-141 de 2010, C-150 de 2015 y C-379 de 2016. Sobre la protección a la libertad del elector bajo la doble exigencia de lealtad y claridad que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de decisión, consultar, entre otras: Corte Constitucional, sentencias C-551 de 2003, C-397 de 2010, C-784 de 2014, C-150 de 2015. En cuanto a que la doble exigencia proporciona legitimidad a los procesos electorales y permite sostener el sistema democrático, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-890 de 2004. Sobre la prohibición de doble militancia y que garantiza la salvaguarda y protección de la libertad del elector, consultar, entre otras: Corte Constitucional, sentencias C-342 de 2006 y C-334 de 2014.
MEDIOS DE PRUEBA - De la presunta aplicación de los parámetros contenidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999 / MENSAJE DE DATOS – Definición / MENSAJE DE DATOS – Eventos en que tiene el mismo valor probatorio que un documento físico
El demandado argumenta que las imágenes empleadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia para sustentar su providencia anulatoria (…) no podían ser valoradas, comoquiera que su aducción en el proceso no había respetado los pormenores establecidos en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 527 de 1999, referidas a las exigencias de los mensajes de datos que se ventilan al interior de los procesos judiciales. (…). [E]n lo que corresponde a los mensajes de datos, la Ley 527 de 1999, en armonía con las directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, los definió como toda aquella información “…generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares…”, y los reconoció como medios de prueba en el marco de cualquier actuación administrativa y judicial, cobijando, por ende, los procesos de nulidad electoral. El propósito de la Ley 527 fue crear una plataforma digital homóloga que permitiera garantizar que los mensajes de datos cumplieran las mismas funciones del documento en papel, a saber, su inalterabilidad, su reproducción y autenticación, mediante la implementación de los equivalentes funcionales entre el documento tradicional y el digital. Así, la Ley 527 de 1999 consideró que el mensaje de datos podía tener el mismo valor probatorio de un documento físico cuando (i) su contenido resultaba accesible para posteriores consultas (artículo 6° ejusdem); (ii) se conocía la identidad de su generador (artículo 7° ejusdem); (iii) se garantizaba su integridad, excluyendo cualquier tipo de alteración (artículo 8° ejusdem). (…). [A] la luz del parámetro jurisprudencial reproducido, quien aduce este tipo de pruebas en los procesos judiciales deberá garantizar: (i) que la información contenida en el mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta –artículo 6° de la Ley 527 de 1999–; (ii) la identificación del iniciador del mensaje–quien lo genera –artículo 7° de la Ley 527 de 1999–; (iii) la integralidad de su contenido, esto es, que no haya sido alterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva –artículos. 8° y 9° de la Ley 527 de 1999–. Todo ello, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de convicción digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a las redes sociales, leyendas que acompañan los “post” de Instagram y Facebook–, como requisitos “sine qua non” para su apreciación, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y sus particularidades propias. Ahora bien, el ordenamiento quiso distinguir los mensajes de datos de las simples reproducciones físicas de la información generada en plataformas digitales, manifestando que en estos últimos eventos las pruebas allegadas serían examinadas de acuerdo con las reglas generales erigidas para los documentos. (…).
De esta manera, el régimen jurídico probatorio [artículo 247 de la Ley 1564 de 2012] diferenció los mensajes de datos de sus impresiones mecánicas a partir de los formatos empleados para su aducción en el contexto de los trámites judiciales –prescribiendo que en el primero de los casos se entenderían por tales aquellos medios de prueba arrimados a través de las plataformas en las que fueron generados, enviados o recibidos, o en cualquiera otra que los reprodujera con exactitud–. (…). [S]e tiene que los requisitos de equivalencia funcional –que parangonan los documentos electrónicos y físicos–, contenidos en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo serán exigibles cuando los extremos procesales arrimen a las causas en las que participan verdaderos mensajes de datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo link–; pero no sus reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen aplicable será el general de los documentos que, en principio, se presumen auténticos, a las voces del artículo 244 de la Ley 1564 de 2012. Bajo la égida de las glosas que preceden, y teniendo en cuenta que las pruebas sobre las que gira el debate propuesto con la alzada se constituyen en capturas de pantalla tomadas de las redes sociales Instagram y Facebook –y no a mensajes de datos allegados en los formatos creados, (…), la Sala especializada en asuntos electoral estima que, contrario a lo pregonado por el recurrente, no se hacía exigible para la demandante el cumplimiento de las exigencias plasmadas en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999, comoquiera que sus esfuerzos probatorios se circunscribieron a aducir documentos físicos, mas no pruebas de índole electrónico, que obligaran a observar los presupuestos de la equivalencia funcional erigidos en las referidas disposiciones normativas. En consonancia, se descarta la proposición apelativa del recurrente.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la definición de los mensajes de datos y su reconocimiento como medios de prueba en el marco de cualquier actuación administrativa y judicial, incluidos los procesos de nulidad electoral, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 13 de diciembre de 2017, M.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 25000-23-26-000-2000-00082-01. Sobre los mensajes de datos y la implementación de los equivalentes funcionales entre el documento tradicional y el digital, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-831 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Del reconocimiento del valor probatorio de los mensajes de datos, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Con respecto a mensajes de datos allegados en los formatos creados, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00 (acum.).
MEDIOS DE PRUEBA - Del presunto desconocimiento de la causa que llevó al demandado a aportar capturas de pantalla de sus redes sociales al proceso / PRINCIPIO DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA – Autonomía de los medios de convicción / LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
En primer lugar, las consideraciones formuladas en la alzada contravienen los mandatos normativos que se desprenden del principio de la comunidad de la prueba, de acuerdo con el cual, una vez decretados y practicados en debida forma, los medios de convicción allegados por los sujetos intervinientes pasan a ser parte del universo probatorio que distingue al proceso, pudiendo beneficiar a cualquiera de los extremos que participan. En otros términos, las pruebas decretadas y practicadas en debida forma se desligan de la fuente que las incorpora para convertirse en medios de convicción que adquieren una independencia propia y ajena a las intenciones que llevaron a las partes a introducirlas, al inscribirse en el conjunto probatorio que permite al operador judicial adoptar las decisiones judiciales que resulten necesarias. (…). Por lo anterior, defender como lo hace el recurrente que las capturas de pantalla allegadas con su contestación solo podían ser empleadas por el fallador de primera instancia para determinar las alteraciones de los medios probatorios arrimados por la demandante, vulnera el referente axiológico descrito –principio de la comunidad de la prueba–, que propugna por una cierta autonomía entre los medios de convicción aportados por las partes y las determinaciones que sobre éstos puedan ser tomadas por los operadores judiciales, al constituirse en pruebas del proceso, y no de los sujetos procesales que actúan. En segundo lugar, el hilo conductor del planteamiento formulado por el demandado transgrede el principio de la libre apreciación probatoria que pregona que, partiendo de las reglas de la sana crítica y la experiencia, el juez puede valorar sin condicionamiento alguno –salvo las exigencias constitucionales y legales que se impongan– los elementos de convicción que reposan en el expediente, tal y como lo prescribe el artículo 176 de la Ley 1564 de 2012. (…). Lo anterior significa que pretender imponer un razonamiento exacto para el uso y valoración de las pruebas –como ocurre en el sub-judice donde el demandado asevera que las pruebas aportadas por él disponían de un fin y un entendimiento exclusivo, tendiente a demostrar las alteraciones físicas de algunas fotografías introducidas por la parte actora– desconoce el margen de apreciación otorgado a los jueces, cuya salvaguarda es asegurada por los principios de independencia y autonomía de la Rama Judicial, de conformidad con las previsiones del artículo 228 constitucional. Por último, la Sala destaca una cierta contradicción en los alegatos esbozados por el recurrente, al detectar que las pruebas allegadas con su escrito de oposición a la demanda no tuvieron como único propósito acreditar las alteraciones padecidas por el material probatorio arrimado por la demandante. (…). Así, el demandado admitía –como lo estimó igualmente el Tribunal Administrativo de Antioquia– que algunas de las imágenes aportadas por la accionante guardaban identidad con algunas de las arrimadas por él en su escrito de defensa. Todo lo anterior, lleva entonces a la Sala a negar prosperidad al alegato concebido por el recurrente en su alzada.
NOTA DE RELATORÍA: En punto del principio de la comunidad de la prueba en los procesos contencioso–electorales, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 27 de mayo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 66001-23-33-000-2020-00499-02.
MEDIOS DE PRUEBA - Las imágenes sobre las que se fundó el fallo del Tribunal fueron posteadas en redes sociales distintas a las del demandado / MEDIOS DE PRUEBA – Las capturas de pantalla no fueron objeto de tacha alguna o desconocidas por la parte demandada
[L]a Sección Quinta debe determinar si las capturas de pantalla que tomó en cuenta el Tribunal Administrativo de Antioquia para fundamentar la decisión anulatoria que hoy se impugna, fueron publicadas en perfiles de redes sociales distintos a los del demandado, razón por la que no podía reprochársele por la comisión de actos ajenos a su conducta. Para absolver este cuestionamiento, esta Judicatura se remite al listado de pruebas descrito en el apartado 2.5.1 de esta providencia del que se decanta que las imágenes obrantes (…), como epicentro de la sentencia de 7 de abril de 2021, fueron publicadas en las cuentas personales del demandado inscritas en las redes sociales de Facebook e Instagram. (…). [L]a Sección resalta que, a la manera como lo fuera considerado por el a quo, las capturas de pantalla (…) no fueron objeto de tacha alguna o desconocidas por la parte demandada, por lo que debía partirse de la presunción de su autenticidad –más aun cuando la certeza de su autoría resulta clara–. (…). Se recuerda que, como lo ha defendido esta Sección en otras oportunidades, las fotografías corresponden a documentos privados que retratan una realidad y cuya autenticidad puede ser cuestionada a través de los mecanismos legales erigidos para ello, dentro de los que figuran la tacha y el desconocimiento, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 244 del CGP. (…). De allí que, en las antípodas de lo argumentado por el recurrente, no exista reparo de tipo formal respecto del material probatorio empleado por el Tribunal Administrativo de Antioquia para establecer la ocurrencia de la doble militancia por apoyos indebidos imputada contra éste, pues se muestran como pruebas que se presumen auténticas –comoquiera que no fueron tachadas por las partes en las oportunidades correspondientes– y, por consiguiente, como válidas y aptas para ser apreciadas y examinadas por parte de los falladores que componen la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que las fotografías corresponden a documentos privados que retratan una realidad y cuya autenticidad puede ser cuestionada a través de los mecanismos legales erigidos para ello, dentro de los que figuran la tacha y el desconocimiento, consultar, entre otros que se citan: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-28-000-2018-00008-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00. Sobre la valoración de fotografías como documentos privados aportados al proceso, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de mayo de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00.
MEDIOS DE PRUEBA - De la presunta indebida valoración de imágenes contenidas en el expediente / FOTOGRAFÍA - La sola presencia del acusado en actos políticos con candidatos de otras colectividades no pueden ser tenidos como hechos irrefutables de doble militancia en su modalidad de apoyo
[L]a Sala anticipa que, a la manera como lo considera el recurrente, las apreciaciones dadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia a las fotografías (…) del expediente se perciben como desconocedoras de las reglas jurisprudenciales que en materia de doble militancia por apoyo ha erigido la Sección Quinta del Consejo de Estado. (…). Como se advirtió, y a pesar de las apreciaciones desarrolladas por el Tribunal Administrativo de Antioquia en su fallo de 7 de abril de 2021, esta Judicatura resalta que las fotografías comentadas no disponen de la vocación de demostrar “de bulto y más allá de cualquier estado de duda razonable”, la existencia de actos de apoyo indebidos, que den muestra del favorecimiento, patrocinio o ayuda ofrecido por el accionado a la campaña del aspirante a la alcaldía de Abejorral por el Partido AICO, tal y como ha sido exigido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, como requisito indispensable para la configuración de la causal prohibitiva establecida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011. En efecto, las imágenes tan solo representan la existencia de una reunión conjunta entre el demandado y el candidato a la alcaldía de Abejorral, en la que el primero asume una posición de “optimismo o fuerza” –como puede asegurarse de su puño derecho al aire–, en el contexto de publicidad perteneciente a la campaña del aspirante del Partido AICO; sin que se vislumbre de ellas la ocurrencia de actos positivos y concretos con los que el demandado hubiere propulsado dicha aspiración proselitista. En este punto, huelga manifestar que, como lo prohijó en su recurso de alzada, el señor Callejas Tamayo la sola presencia del acusado en actos políticos en los que convergen candidatos de otras colectividades distintas de las suyas, no pueden ser tenidos como hechos irrefutables de doble militancia en su modalidad de apoyo, comoquiera que de esta circunstancia exclusiva no puede advertirse, en principio, el acompañamiento que censura el orden jurídico nacional. (…). En otros términos, el punto de inflexión para la configuración del apoyo se encuentra no tanto en la comparecencia del acusado en eventos políticos ajenos a los de su partido, o con integrantes y candidatos de corrientes distintas a las suya, sino de la acreditación de que con su asistencia promovió la campaña política de aspirantes extraños a los de su agrupación proselitista, motivando su apoyo, v. gr. mediante arengas que promuevan el favor ciudadano en beneficio del candidato inscrito por otro partido. Igualmente, ha descartado la Sala que el acompañamiento y ayuda proscritas por la modalidad de doble militancia puede estructurarse a partir de la simple existencia de publicidad política extraña a los demandados en los eventos en los que participan, toda vez que se requiere la refrendación probatoria de que su ubicación responde a la voluntad o al consentimiento de los acusados. (…). Finalmente, para la Sección los gestos, poses y actitudes presentes en las imágenes que se evalúan tampoco disponen, en principio, del potencial para acreditar los actos de respaldo que exige la doble militancia en su modalidad de apoyo; causal de nulidad en la que el acompañamiento y promoción de una candidatura ajena deben estar plenamente demostrados con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que cobija también a los actos administrativos de tipo eleccionario.
En otros términos, la Sala encuentra que los semblantes y expresiones adoptados en las fotografías y en los registros videográficos son indicativos de las circunstancias modales de los hechos que representan y, por consiguiente, objeto de valoración por parte del juez, en el marco de la universalidad de los medios de convicción que conforman el expediente; pero no elementos probatorios de los que pueda desprenderse, por su sola existencia y de manera directa –tal y como lo hace el Tribunal Administrativo de Antioquia, al determinar que la pose asumida por el demandado era indicativa de doble militancia–, la cooperación proselitista proscrita por el ordenamiento electoral colombiano. Por todo lo anterior, y como lo alega el demandado, no se colige del examen fotográfico de las imágenes obrantes (…), razones suficientes para acreditar, más allá de la duda razonable, que el aquí acusado acompañó la aspiración política del señor Iván de Jesús García Rincón, ni prueba inexorable de que prestó su ayuda para promoverla, a pesar de que el Partido Conservador Colombiano –colectividad que ofreció su aval a éste en un hecho que no se refuta con la apelación– inscribió candidato propio para la Alcaldía de Abejorral en el desarrollo de las elecciones territoriales adelantadas el 27 de octubre de 2019. No obstante, lo anterior no impone la revocación de la sentencia impugnada, pues además de las mencionadas pruebas, el Tribunal Administrativo de Antioquia fundó la declaratoria de anulación de la elección en otro tipo de capturas de pantalla y en un video que, en contracorriente a lo expuesto hasta aquí, sí demuestran el desarrollo de actos de apoyo indebidos imputables al demandado como se verá en el próximo apartado de esta providencia y que, en concepto de la recurrente, responden a palabras de simple agradecimiento, lo que la Sala descartará.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a fotografías que no disponen de la vocación de demostrar de bulto y más allá de cualquier estado de duda razonable, la existencia de actos de apoyo indebidos, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 730001-23-33-000-2015-00806- 01. Con respecto a que la sola presencia del accionado en eventos políticos ajenos a los de su partido no conllevan, por ese solo hecho, la configuración de los actos positivos y concretos de apoyo, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00 (acum.). Sobre un caso en el que se declaró la nulidad de la elección de un representante a la Cámara por el departamento de Arauca, como consecuencia de la existencia de material videográfico que acreditaba el apoyo que había brindado a un candidato de otro partido con intenciones políticas en la circunscripción electoral de la capital de la República y en relación con la presencia de publicidad extraña a la del demandado, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de mayo de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00.
MEDIOS DE PRUEBA - De la existencia de actos positivos de respaldo en las imágenes del expediente
Una lectura detenida de la providencia de 7 de abril de 2021 permite constatar que, más allá de las imágenes visibles a folios 31, 41, 76 y 83 del expediente, el fallador de primera instancia soportó su decisión en otro grupo de capturas, cuya autenticidad no fue cuestionada por el demandado. (…). [S]e deduce que, además de las capturas de pantalla impresas (…) del plenario, la ocurrencia de los respaldos tuvo también en cuenta otro tipo de imágenes allegadas por la demandante y sobre las cuales no existió oposición proveniente de la parte accionada, como pudo verificarse en capítulos previos, en los que se llegó a determinar incluso que su contenido había sido respaldado con el escrito de contestación. Partiendo entonces de la presunción de autenticidad de las imágenes (…), esta Judicatura destaca la existencia de actos de respaldo indebidos que se presentan como el preludio para la materialización de la doble militancia por apoyo descrita en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011. En este punto, la Sala resalta que si bien el fallador de primera instancia fundó igualmente su sentencia anulatoria en la fotografía visible a folio 49 del expediente, esta Judicatura descarta que la misma pueda ser comprendida como ilustrativa de acompañamientos prohibidos, teniendo en cuenta que la imagen que plasma resulta ser similar a aquella que es apreciable en la captura de pantalla obrante a folio 31, cuya materialidad no puede ser tenida como indicativa de ayudas a candidatos inscritos por colectividades políticas ajenas a las del demandado.
DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - En la modalidad de apoyo en el municipio de Guatapé / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Configurada por prestar apoyo a una candidata de un partido distinto al del demandado mediante mensaje publicado en sus redes sociales
Tal y como puede observarse, la captura de pantalla da cuenta de un acto proselitista realizado el 31 de agosto de 2019, en el que el demandado participa en lo que parece ser un mitin político organizado por la candidata a la alcaldía de Guatapé, señora Marleny García Ospina; cuya aspiración fue avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé”. En ella, el accionado sostiene un globo con su mano derecha y su vestimenta se compone de publicidad atinente a su campaña a la Asamblea de Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023. (…). Bajo el panorama expuesto, la Sala resalta que aunque la imagen en comento no dispone del potencial necesario para cristalizar la ocurrencia de un acto positivo y concreto de apoyo desde el enfoque de la doble militancia estatuida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011 –al representar la ejecución de reuniones conjuntas entre el demandado y candidatos inscritos por partidos políticos distintos al suyo en el marco de las justas electorales adelantadas el 27 de octubre de 2019, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala de Sección, que exige siempre la probanza irrestricta de actuaciones proselitistas que promuevan empresas políticas–; dicha afirmación no resulta extensible a la leyenda que se adjuntó al mensaje, de la que se desprende la existencia de una relación proselitista entre el accionado y el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé”, en contravía de los intereses de la agrupación que había inscrito su candidatura a la Asamblea del departamento de Antioquia. No otra conclusión se deriva del “compromiso” que, de acuerdo con el dicho del accionado, existió entre su candidatura y aquella que respaldó la aspiración de la señora García Ospina a la alcaldía de ese municipio antioqueño; en un enlace que quedara “ratificado” por el propio demandado a través de su cuenta pública de Instagram el 31 de agosto de 2019. (…). Más allá de las particularidades de cada uno de estos sentidos etimológicos, una idea subyace a la voz “compromiso”: la existencia de un acuerdo contentivo de deberes que por regla general resulta exigible para los contrayentes y, que en el marco de las campañas electorales, acredita el acompañamiento y la cercanía de quienes hacen parte de él; cristalizando relaciones proselitistas que, dirigidas a candidatos distintos de los inscritos por las colectividades de los demandados, llevan a la configuración de la doble militancia por apoyo. (…). Con base en lo anterior, la Sala destaca que la pervivencia de un compromiso entre el accionado y el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé” daba cuenta de la existencia de deberes contraídos por el demandado, que de cara al electorado mostraban la existencia de una “dupla aspiracional”, que trabajando en conjunto, falseaban las intenciones del Partido Conservador Colombiano, como colectividad matriz que había avalado su campaña política y, por ende, en contravía del régimen de bancadas defendido por el instituto de la doble militancia. (…). [L]as afirmaciones expresadas por el señor Callejas Tamayo a través de sus redes sociales incitaron a sus electores, a través de la existencia de un compromiso, a respaldar la candidatura de la señora García Ospina, como una cuota cercana a sus propósitos electorales –presentándose a la ciudadanía como un binomio electoral– que, sin duda, servía para asistir las intenciones democráticas de una agrupación distinta al Partido Conservador, como colectividad que había avalado la aspiración del accionado.
Finalmente –en lo que respecta a este punto–, la Sala destaca que el compromiso asumido por el señor Callejas Tamayo sobrepasa los límites de la cordialidad que deben distinguir las actividades proselitistas que anticipan cualquier tipo de elección, al denotar por medio de su publicación un apoyo que asistió el proyecto político de una candidata ajena al partido al cual pertenecía, lo que revela la existencia de una “ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento” que sin importar la forma y “en cualquier medida” conllevan dar por acreditado la conducta proscrita a través de la doble militancia.
NOTA DE RELATORÍA: Respecto de este tipo de apoyos –es decir, aquellas manifestaciones con las que, a pesar de que no se invita a votar directamente por una opción política determinada, conllevan sin embargo auspicio electoral configurador de doble militancia–, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 730001-23-33-000-2015-00806-01.
DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – En la modalidad de apoyo en el municipio de Abejorral / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Configurada por prestar apoyo a un candidato de un partido distinto al del demandado mediante mensaje publicado en sus redes sociales
En ese orden, corresponde en este punto a la Sala determinar si las fotografías referenciadas conducen a identificar actos positivos y concretos de respaldo; anticipando que el estudio pormenorizado de las mismas lleva a advertir la existencia del comportamiento proscrito mediante la institucionalización de la doble militancia por apoyo. De entrada, la Sala advierte que la realidad que describen estas imágenes se encuentra refrendada por las aportaciones que en materia de capturas de pantalla efectuó el demandado en la oportunidad que dispuso para oponerse a las pretensiones del libelo genitor. (…). Así, se trata de una imagen posteada en la cuenta de la red social Instagram del demandado –@callejasjcamilo–, aparecida el 13 de octubre de 2019 –durante la campaña política que precedió su elección como integrante de la Duma departamental de Antioquia–. En ella puede verse al accionado portando una camisa negra en compañía del aspirante a la alcaldía del Municipio de Abejorral, Iván de Jesús García Rincón –quien aparece sentado en el vértice izquierdo de la fotografía–, junto a otras personas que visten prendas alusivas al proyecto político de este último con la inscripción: “Abejorral Todos por el Campo”. (…). Si bien –guardando coherencia con lo dicho hasta ahora– la intervención del accionando en reuniones conjuntas con candidatos de distintas corrientes políticas no supone por ese solo hecho un acto concreto e inequívoco de apoyo que lleve a entrever la materialización de la doble militancia que se le endilga; no puede sostenerse lo mismo en lo que se relaciona con el mensaje que se vincula a esta reproducción fotográfica, del cual se desprende, en sentir de esta Judicatura, la existencia de un respaldo en favor de una candidatura inscrita por un partido político distinto de aquel que avaló la aspiración del demandado a la Duma departamental de Antioquia. (…). (…). [L]a noción de campaña política amalgama una serie de presupuestos que, además de las herramientas que utiliza –plataformas de información– persigue incidir, atraer, inducir y seducir a la ciudadanía con el propósito de canalizar su voluntad democrática en beneficio de una candidatura determinada. En el caso que convoca en esta oportunidad a la Sala, la declaración imputable al demandado (…), cumple con los rasgos indelebles del proselitismo político que, como se dejó dicho, pretende inclinar la balanza en favor de una aspiración particular; para el caso concreto, a través de la exaltación de las calidades del candidato del Partido AICO a la alcaldía de Abejorral, su trabajo conjunto y los pronósticos electorales que redundaron en mostrarlo como un aspirante apropiado para regir la administración gubernamental de ese municipio antioqueño. (…). Es decir que, mediante la exaltación de sus condiciones personalísimas y su gestión eficiente como exalcalde de Abejorral, el demandado emite una declaración que con apoyo en sus redes sociales –en el caso particular Instagram– tuvo como propósito persuadir al electorado sobre los beneficios que conllevaba respaldar democráticamente la opción política representada por el señor García Rincón, habida cuenta de sus importantes resultados en el desarrollo de administraciones pasadas; en un gesto que, lejos de conservar la imparcialidad respecto de esta candidatura, la propulsó desde un enfoque objetivo. En ese orden, y aunque la publicación da también cuenta de un apoyo al candidato conservador por parte del aspirante AICO a la alcaldía de Abejorral, la Sala resalta que esta circunstancia no se constituía en una habilitación que motivara a exceptuar los mandatos provenientes de la doble militancia que, como se vio, pretende reforzar la disciplina de partidos con el propósito de que éstos puedan ser vistos como verdaderos canales de comunicación entre los integrantes de la sociedad y las autoridades públicas. (…).
Bajo esa premisa, la Sala destaca que con base en el agradecimiento pronunciado por el apoyo brindado por Iván de Jesús García Rincón –candidato AICO– a su empresa proselitista, el accionado expresó su intención de “…trabajar unidos por Abejorral”, con una manifestación que en el contexto de la campaña política presentaba al aspirante a la alcaldía por el Partido Político AICO como uno de sus enlaces democráticos que, por su intermedio, podía ser favorecido por su electorado residente en el Municipio de Abejorral; generando, a lo menos, una confusión entre la ciudadanía de ese ente territorial que, de cara a la lógica que impone el ordenamiento en materia de respaldos, esperaba que el trabajo conjunto del demandado, en cualquier caso y sin importar los apoyos que candidatos de orillas ajenas pudieran ofrecerle a su aspiración a la Asamblea, tuviera como destinatario final al candidato inscrito por el Partido Conservador para esas mismas justas.(…). De allí que para esta Sala de Sección la conducta prohibida se halle probada en esta oportunidad a partir del análisis de pruebas que, gozando de plena autenticidad, fundaron la totalidad de cuestionamientos elevados por la demandante, así como la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, y cuya ocurrencia fue incluso aceptada como gestos de agradecimiento, en una posición que esta Judicatura no comparte por las razones expuestas, que se circunscriben al hecho de vaciar de contenido la figura de la doble militancia, bajo el “manto disfrazado” de la cordialidad que, bajo esta presentación, fustiga las raíces mismas del régimen de bancadas que quiso ser establecido por el constituyente derivado de 2003 y 2009. No obstante, los apoyos brindados a la campaña de Iván de Jesús García Rincón no solo se decantan de las expresiones conjugadas en la leyenda examinada, sino a la vez de un proceder sistemático con el que se demuestra que respaldó una candidatura extraña a la de la agrupación a la que pertenecía, a pesar de que el ordenamiento le exigía una conducta diferente.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que las conductas que materializan la doble militancia en su modalidad de apoyo podrán consistir en acompañamientos, ayudas y/o asistencias prestadas en la actividad política, o en cualquier otro comportamiento que pueda favorecer los intereses del otro candidato en el debate electoral, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00. Del concepto de la campaña electoral, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de octubre de 2019, M.P: Hernando Sánchez Sánchez, radicación 11001-03-15-000-2018-01294-01(PI). En cuanto a situaciones que sobrepasaban los límites de la cordialidad y las buenas maneras y que configuran la prohibición de doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00.
MEDIOS DE PRUEBA - De la existencia de actos positivos de respaldo en las palabras pronunciadas en video
Bajo el panorama descrito, la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado estima que no asiste razón al impugnante, comoquiera que de las declaraciones consignadas en el medio de persuasión que se examina se derivan actos efectivos de apoyo imputables al accionado en beneficio de una aspiración política distinta a la del Partido Conservador Colombiano que había postulado su candidatura a la Asamblea de Antioquia. (…). Una lectura detenida de las palabras empleadas por el demandado permite advertir que, más allá de los términos que se enmarcan claramente en el sentimiento del agradecimiento –“quiero darles muchas gracias por el respaldo irrestricto”, entre otros– se detectan también mensajes tendientes a promocionar la campaña política del señor Iván de Jesús García Rincón a la alcaldía de Abejorral por el Partido AICO, mediante la formulación de invitaciones a participar en el marco de las justas electorales de 27 de octubre de 2019, a fin de obtener la elección de un “alcalde amigo” que materializara los proyectos productivos requeridos para el desarrollo del territorio de ese municipio antioqueño. (…). [S]i bien de las declaraciones reproducidas se desprenden gestos de agradecimiento pronunciados por el señor Callejas Tamayo, como consecuencia de la ayudada brindada a su candidatura a la Duma departamental por parte del aspirante AICO; lo cierto es que también se evidencia la existencia de actos de respaldo en un sentido contrario, a saber, aquellos procurados por el demandado a la empresa proselitista del señor Iván de Jesús García Rincón, a través de la postulación de una invitación a acudir a las urnas en aras de finiquitar correctamente la contienda de 27 de octubre, escogiendo a un “alcalde amigo”; cercano a las propuestas políticas del accionado. No otra cosa podría decantarse de la declaración. En efecto, sobre el manto de la cordialidad surgida como respuesta al respaldo político concedido por el candidato AICO a la alcaldía de Abejorral, el demandado pronuncia una manifestación en la que proyecta su candidatura al catalogarlo como su “alcalde amigo”, el cual con su llegada al poder en ese territorial antioqueño propulsaría las políticas públicas necesarias para el desarrollo de Abejorral, inclinando sin duda la balanza democrática en su favor, al exhibirlo como su fórmula de facto en el contexto del certamen eleccionario de 27 de octubre de 2019; creando la confusión y la deslealtad que se censuran a través de la doble militancia estatuida en la Ley 1475 de 2011. En este aspecto se recuerda que la manera en que se deben comportar los candidatos a cargos de elección popular o a corporaciones públicas, así como las personas elegidas para los mismos, es sustancialmente diferente respecto de aquellos que lo hacían con base en la Constitución de 1886. En efecto, el hecho que la Constitución de 1991 tenga como principio fundante de Colombia ser un Estado Social de Derecho, estructurado sobre la democracia participativa y respaldado en la soberanía popular, denota una nueva visión del pueblo y sus representantes. Así pues, los procesos electorales en momento alguno comportan una transferencia de la soberanía del ciudadano hacia el candidato o elegido, sino que lo facultan para actuar como delegado del pueblo, pues entre el elegido y el elector existe una cadena de legitimación directa. De allí la necesidad de velar porque esa relación entre candidato- elector o elegido-elector dignifique el compromiso que pretende salvaguardar la Constitución.
Y es que para la Sala la referencia en la declaración del demandado a la elección de un “ alcalde amigo” transgrede en esencia las condiciones mínimas que deben salvaguardarse para la libertad en el ejercicio del derecho al sufragio activo de los electores, como sustrato de los regímenes democráticos; al provocar con su actuar una ambivalencia en la representación que correspondía al accionado, comoquiera que, a pesar de haber sido avalado por el Partido Conservador Colombiano, apoyó postulaciones distintas de las inscritas por dicha colectividad política. En ese orden, para la Sala, no es objeto de hesitación alguna que la mención del accionado a la designación democrática de un “alcalde amigo” comprendía el proyecto político del aspirante AICO, comoquiera que es (i) “Iván” uno de los protagonistas centrales de la alocución; (ii) el mensaje se relaciona con el Municipio Abejorral –territorio en el que el Partido Político AICO había inscrito su aspiración política para ocupar el cargo de primer burgomaestre del Municipio–; ligando su declaración de agradecimiento inicial a una conducta positiva y concreta de promoción de una campaña extraña a la de su agrupación proselitista, al vincular una invitación general de asiduidad a las urnas, con un mensaje claro y directo que pretendía la escogencia de un burgomaestre que fuera cercano a la propuesta democrática del demandado que, para el caso particular, era Iván de Jesús García Rincón. (…). [A]unque los respaldos recibidos por los candidatos pueden proyectarse como el origen de alocuciones cordiales, inscritas dentro de las buenas maneras que deben distinguir los debates políticos, ello no faculta, sin embargo, la dación recíproca de apoyos a aspirantes, cuyas candidaturas son acompañadas por organizaciones políticas extrañas. En ese sentido, se tiene que los posibles apoyos brindados entre candidatos no pueden exceptuar el carácter normativo de la doble militancia por apoyo, como norma de orden público que debe ser observada en todo momento, y que no puede ser diezmada por las circunstancias fáctico–políticas que distinguen los debates eleccionarios –lo que incluye decisiones de los partidos y/o candidatos. (…). Por lo anterior, y teniendo consumado el apoyo brindado por el demandado al señor Iván de Jesús García Rincón, la Sala se emprende al estudio de los cuestionamientos finales de la oposición formulada a la sentencia de 7 de abril de 2021, consistentes en sostener que no existía certeza de que la videograbación analizada hubiere sido filmada en la campaña electoral que precedió la elección del accionado y su no divulgación, como argumentos que pretenden enervar las conclusiones a las que arribó el a quo. (…). De otro, la existencia de elementos probatorios que permiten sostener que la videograbación fue publicada en redes sociales ajenas a las del accionado. En ese sentido, se tiene la captura de pantalla (…) que da cuenta que la declaración fue divulgada por Iván de Jesús García Rincón como muestra de apoyo del acusado, que sin relacionarse con el elemento objetivo de la doble militancia por apoyo –motivo por el que el Tribunal Administrativo de Antioquia descartó la valoración de esa prueba– lleva a acreditar que el video sí fue difundido. En ese orden, la conjunción de estos dos argumentos –contrariedad en el hilo conductor y pruebas de publicidad– llevan a esta Sala de Sección a rechazar la consideración apelativa expuesta en el recurso de alzada.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la doble militancia y que cualquier decisión, acto, o convenio emanado de la agrupación política que sea contrario a los postulados contenidos en el artículo 107 constitucional y desarrollada en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, no puede ni debe ser considerado como un sustento válido para justificar comportamientos que atenten contra el principio democrático participativo y la soberanía popular, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de marzo de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 19001-23-33-001-2019-00369-01.
MEDIOS DE PRUEBA - Análisis conjunto en torno al Municipio de Abejorral / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Se acreditó la ocurrencia de actos positivos y concretos para apoyar una aspiración política distinta a la del demandado
[L]a Sala resalta que, teniendo clara la premisa de que las conductas escrutadas fueron ejecutadas en el marco de la campaña electoral que precedió la elección del acusado como diputado de Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023, los comportamientos endilgados al [demandado] (…) denotan la presencia de un actuar sistemático, a través del cual pretendió fortalecer la empresa proselitista del señor Iván de Jesús García Rincón, aspirante AICO a la alcaldía de Abejorral. (…). [L]a existencia de respaldos indebidos no solo se deriva del análisis particular de las pruebas aportadas al expediente –como se demostró–, sino a partir de su estudio integral que da cuenta de la existencia de una dinámica frecuente y coherente con la que el accionado buscó favorecer la candidatura de un postulante democrático registrado por un partido disímil al Conservador. (…). [L]a Sala encuentra que, más allá de cualquier estado de duda –y por consiguiente marchando en el campo de la certidumbre probatoria que exige la doble militancia por apoyo– el señor Callejas Tamayo emprendió un comportamiento sistémico con el que respaldó una aspiración política distinta a la del Partido Conservador sobre la base de un agradecimiento que, como lo ha sostenido hasta aquí esta Corporación, no se constituía en una habilitación para que el accionado impulsara una aspiración contraria a las inscritas por su colectividad. En ese orden, se tiene que la súplica de asiduidad en las urnas para la elección de un “alcalde amigo”, junto a las expresiones de apoyo inscritas en manifestaciones de encumbramiento del perfil del exalcalde de Abejorral (…), y la existencia de una sinergia entre los proyectos, permiten a esta Judicatura dar por sentado la ocurrencia de actos positivos y concretos con los que se buscó resaltar su figura como la mejor opción política en Abejorral; persuadiendo, por ende, al electorado de sus virtudes, en el marco de una campaña política en la que la intervención del demandado en el sentido que se comenta transgredía las condiciones en la que su participación debía efectuarse; en el sentido de que si de apoyar se trataba, sus esfuerzos debían dirigirse solo y únicamente al candidato conservador a esa alcaldía como se dejó expresado. Por lo anterior, y escrutando el peso probatorio individual y conjunto de los medios de convicción arrimados debidamente a este proceso, la Sala destaca la existencia de la conducta prohibida por parte de la causal de doble militancia por apoyo. (…).
De acuerdo con lo dicho, para la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado la decisión de 7 de abril de 2021 debe ser confirmada, al configurarse la totalidad de los presupuestos de la doble militancia por apoyo contenida en el artículo 2.2. de la Ley 1475 de 2011, al encontrarse demostrado que: (i) el demandado fue un candidato avalado por el Partido Conservador Colombiano a la Asamblea Departamental de Antioquia en el contexto de las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019 –elemento subjetivo de la prohibición acreditado a través del formulario E-6 AS de 26 de julio de 2019 obrante en el expediente–. (ii) el Partido Conservador Colombiano inscribió la candidatura de Manuel Alberto Guzmán Marín a la Alcaldía de Abejorral y de Marleny García Ospina a la alcaldía de Guatapé –elemento modal de la conducta probado a través de los formularios E26 allegados al trámite–. (iii) el demandado apoyó la candidatura de un aspirante distinto al inscrito por el Partido Conservador en el marco de la contienda electoral que caracterizó la designación del alcalde de Abejorral para el periodo 2020-2023, a saber, la del señor Iván de Jesús García Rincón avalado por el Partido AICO, a través de un mensaje posteado en su red social Instagram el 13 de octubre de 2019 y un video grabado y publicitado en el desarrollo del certamen, como se vio. (iv) Igualmente, el accionado respaldó la candidatura de Marleny García Ospina a la alcaldía de Guatapé por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé”, a través de una publicación publicada en el 31 de agosto de 2019, en la que acepta la existencia un compromiso adquirido con tal movimiento que presupuso que ante sus electores la candidatura de García Ospina hubiere sido avalada por el demandado, en contravía de los intereses del Partido Conservador.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la certidumbre probatoria que exige la doble militancia por apoyo, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00008-00.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 107 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 228 / LEY 527 DE 1999 – ARTÍCULO 6 / LEY 527 DE 1999 – ARTÍCULO 7 / LEY 527 DE 1999 – ARTÍCULO 8 / LEY 527 DE 1999 – ARTÍCULO 9 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 176 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 244 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 247 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 277 NUMERAL 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 NUMERAL 8 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 2 NUMERAL 2
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-33-000-2020-00006-01
Actor: DINA MARÍA ARDILA SÁNCHEZ
Demandado: JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO - DIPUTADO DE ANTIOQUIA, PERÍODO 2020-2023
Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Doble militancia en modalidad de apoyo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación propuesto por el demandado contra la sentencia de 7 de abril de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda electoral formulada contra el acto declarativo de la elección del señor Juan Camilo Callejas Tamayo, como diputado del Departamento de Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023.
ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. La señora Dina María Ardila Sánchez presentó, en nombre propio, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, contra el acto de designación democrática del señor Juan Camilo Callejas Tamayo como diputado de Antioquia para el periodo 2020-2023, contenido en el formulario E-26 de 8 de noviembre de 2019.
Hechos
2. La accionante aseveró que el 26 de julio de 2019 el Partido Conservador Colombiano inscribió una lista de candidatos por voto preferente para la Asamblea de Antioquia, periodo 2020–2023, integrada, entre otros, por el señor Juan Camilo Callejas Tamayo, a quien correspondió el número 53 en la tarjeta electoral.
3. Igualmente, sostuvo que el Partido Conservador registró las candidaturas de los señores María Margarita Jiménez Zuluaga y Manuel Alberto Guzmán Marín para las alcaldías de los Municipios de Guatapé y Abejorral, respectivamente, en el contexto del certamen electoral en el que participó igualmente el demandado.
4. Por su parte, afirmó que en el marco de las elecciones territoriales adelantadas el 27 de octubre de 2019, el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé” inscribió a la señora Marleny García Ospina como candidata a la alcaldía de Guatapé.
Asimismo, señaló que el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia –en adelante AICO– avaló la aspiración política de Iván de Jesús García Rincón para la alcaldía de Abejorral.
5. Indicó que contrariando la Constitución Política, la ley y los Estatutos del Partido Conservador, el demandado apoyó y recibió el respaldo de los señores Marleny García Ospina e Iván de Jesús García Rincón; candidatos políticos pertenecientes a organizaciones distintas a la suya.
6. Precisó que la anterior situación se desprendía de los medios probatorios aportados con la demanda, consistentes en capturas de pantalla de las redes sociales del demandado y los referidos candidatos, obrantes a folios 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 y 49 del expediente–; y los videos 1, 2 y 3 extraídos de las cuentas públicas de Instagram, Twitter y Facebook de estos mismos.
7. Respecto de la candidatura de la señora Marleny García Ospina, adujo que el acusado la respaldó, pues en las redes sociales de éstos “(…) aparecen varias publicaciones, con fotos, los días 1 de septiembre de 2019, octubre de 2019 (sic), donde aparecen (sic) apoyándose, abrazados, participando de eventos públicos (…) e invitando a votar por ambos para la alcaldía por VAMOS GUATAPÉ y para la asamblea por CONSERVADOR C53. Y así en muchas publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter de MARLENY GARCÍA OSPINA y JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO.”
8. En relación con la aspiración proselitista de Iván de Jesús García Rincón, explicó que el accionado la apoyó, por cuanto en las cuentas públicas de aquellos “(…) aparecen varias publicaciones, con fotos, los días 7 y 27 de agosto de 2019, septiembre de 2019 (sic) y octubre de 2019 (sic), donde aparecen (sic) apoyándose, abrazados los candidatos IVÁN GARCÍA con el candidato JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO, e invitando a votar por ambos por la alcaldía de AICO y para la Asamblea por Conservador C53. Y así en muchas publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter de IVÁN GARCÍA y JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO.”
9. Destacó que el accionando fue elegido diputado departamental de Antioquia en el desarrollo del certamen electoral adelantado el 27 de octubre de 2019.
Concepto de violación
10. Invocó como normas violadas los artículos 107 Superior, 2° de la Ley 1475 de 2011, 275.8 de la Ley 1437 de 2011, contentivas de la prohibición de doble militancia, comoquiera que el demandado dio y recibió apoyo de candidatos distintos a los inscritos por el Partido Conservador Colombiano, al acompañar y promover las aspiraciones proselitistas de los señores Iván de Jesús García Rincón y Marleny García Ospina –inscritas por el Partido Político AICO y el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé”, respectivamente–, para las alcaldías municipales de Abejorral y Guatapé, periodo 2020-2023.
11. Refirió que el instituto de la doble militancia en su modalidad de apoyo pretendía salvaguardar los intereses de las agrupaciones políticas de aquellas prácticas personalistas de los candidatos que buscaban a toda costa –y sin respetar el ordenamiento– su elección democrática.
12. Aseveró que para la resolución de este asunto se debían tomar en cuenta los parámetros jurisprudenciales fijados por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 31 de mayo de 2018, rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00, en la que esta Sala especializada en asuntos electorales declaró la nulidad de la elección del señor Luis Emilio Tovar Bello, como representante a la Cámara por Arauca, tras verificar la existencia de respaldos indebidos atribuibles a ese elegido.
1.4. Admisión de la demanda y traslado para contestar
13. Con auto de 21 de enero de 2020, el Despacho Sustanciador al interior del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y negó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado deprecada por la parte actora.
14. Efectuadas las notificaciones pertinentes, se recibieron las siguientes contestaciones a la demanda e intervenciones:
1.4.1. Contestación del demandado
15. El señor Juan Camilo Callejas Tamayo, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones bajo la siguiente cuerda argumental:
16. En lo que atañe a las capturas de pantalla arrimadas con la demanda, elevó tacha de falsedad respecto de las publicaciones contenidas a folios 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45 y 46, al considerar que su contenido había sido modificado, mediante la imposición de publicidad ajena a la de su campaña política, para lo que aportó los originales publicados en sus redes sociales. Adujo que estas imágenes fueron publicadas en perfiles de Facebook e Instagram que no eran de propiedad del accionado, por lo que no podía reprochársele por actos de terceros.
17. En relación con los videos allegados, declaró que reproducían actos proselitistas del accionado ajenos a cualquier tipo de respaldo prohibido; añadiendo que el video 1 registraba exclusivamente el apoyo que algunos candidatos al Concejo municipal de Abejorral habían ofrecido al candidato a la alcaldía por el Partido Político AICO, Iván de Jesús García Rincón, por lo que no disponía de peso jurídico en este debate.
18. Resaltó que en todo caso las pruebas documentales allegadas no daban cuenta de actos positivos de apoyo y/o acompañamientos imputables al señor Callejas Tamayo, sino tan solo de reuniones en las que el accionado, con el propósito de acceder a la Asamblea de Antioquia, participó junto a candidatos inscritos por otros partidos políticos, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no constituía doble militancia.
19. Explicó que resultaba normal que un candidato a la Duma de un departamento coincidiera en “…conversaciones, encuentros, sectores, sitios, eventos, reuniones etc., con quienes a su vez son aspirantes políticos a cargos locales”, habida cuenta de la circunscripción territorial para la cual postulaba su nombre que comprendía, por contera, todos los municipios de ese ente territorial.
20. En ese orden, propuso la excepción que denominó “inexistencia de la causal de inhabilidad” endilgada.
1.4.2. Intervención del Consejo Nacional Electoral
21. Informó que ante la referida autoridad electoral no se presentó solicitud de revocatoria de la inscripción del señor Juan Camilo Callejas Tamayo, por lo que en sede administrativa no tuvo conocimiento del asunto bajo estudio. Empero, deprecó que las súplicas de la demanda fueran desestimadas, sin mayores disquisiciones.
1.5. Audiencia Inicial y de pruebas
22. El 16 de octubre de 2020, fue realizada la audiencia inicial, en la que el litigio fue fijado en los siguientes términos: “Determinar si se configura la causal de anulación electoral del acto administrativo parcial, recogido en el formulario en el E – 26 CON del 8 de noviembre de 2019, por medio del cual se declaró electo como diputado al señor Juan Camilo Callejas Tamayo, decisión que fue homologada por los miembros de la Comisión Escrutadora Departamental; por haber incurrido en doble militancia y recibir apoyo de candidato distinto al partido conservador, quien le dio el aval para la corporación departamental.”
23. En dicha actuación, el Despacho director del proceso decretó las pruebas documentales anexadas a la demanda y a la contestación, precisando que su valor probatorio se establecería en la decisión final. Igualmente, decretó el interrogatorio de parte solicitado por el demandado y la aducción del certificado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el que se precisaba la fecha de inscripción de la candidatura a la Asamblea departamental de Antioquia del señor Juan Camilo Callejas Tamayo.
24. El 10 de noviembre de 2020, se desarrolló la audiencia de pruebas, en el marco de la cual se incorporó el certificado de inscripción de la candidatura del acusado y se determinó la imposibilidad de efectuar el interrogatorio de parte como consecuencia de la inasistencia de la demandante; dándose aplicación a lo prescrito en el artículo 205 del CGP.
1.6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público en primera instancia
1.6.1. De la demandante
25. Insistió en los argumentos propuestos en el escrito genitor, añadiendo que los videos, fotografías y capturas de pantalla allegados con la demanda tenían el valor suficiente para que prosperara la pretensión de contenido electoral formulada.
1.6.2. Del demandado
26. Expuso que teniendo en cuenta las reglas jurisprudenciales vigentes no existían dentro del plenario los medios de convicción pertinentes para acreditar la certeza necesaria sobre el acaecimiento de la doble militancia atribuida por la actora.
27. Indicó que tan sólo a partir del mes de julio de 2020 la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó que la publicidad y/o propaganda política podía igualmente ser efectuada por redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, razón por la cual no resultaba oportuno realizar ninguna apreciación probatoria respecto de las publicaciones que sustentaban este medio de control, atendiendo al hecho de que la inscripción de su candidatura tuvo lugar el 26 de julio de 2019, esto es, en el año inmediatamente anterior a la expedición de la regulación por parte del CNE.
28. Refirió que las pruebas documentales no permitían concluir que el demandado hubiere hecho apología, defensa, promoción o proselitismo en favor de los candidatos a las alcaldías de Abejorral y Guatapé.
1.6.3. De la Registraduría Nacional del Estado Civil
29. Solicitó que se decrete la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de su entidad, toda vez que sus competencias dentro del proceso electoral versaban sobre la organización y la logística para el evento de elecciones, y no en el esclarecimiento de situaciones relativas con la doble militancia.
1.6.4. Concepto del Ministerio Público
30. Deprecó la denegatoria de las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no obraba prueba suficiente que demostrara que el accionado apoyó a candidato diferente a los que avaló su partido político.
31. Agregó que ninguna de las imágenes en las que se registraba la presencia del demandado mostraban o denotaban actos de apoyo en beneficio de los aspirantes a las alcaldías de los municipios de Abejorral y Guatapé, señores Iván de Jesús García Rincón y Marleny García Ospina, respectivamente.
1.7. Sentencia de primera instancia
32. Con providencia de 7 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la elección del acusado con fundamento en los siguientes argumentos:
33. En primer lugar, se refirió a los videos allegados por la actora, al manifestar que su autenticidad debía presumirse, toda vez que no habían sido objeto de tacha de falsedad por parte del accionado.
34. Sin embargo, dio crédito al dicho del accionado, en el sentido de excluir del análisis probatorio el video 1 que no denotaba la presencia del demandado en el registro fílmico, sino tan solo de aspirantes al Concejo de Abejorral que ofrecían su respaldo al candidato a la alcaldía de ese municipio por el Partido AICO, señor Iván de Jesús García Rincón.
35. En segundo lugar, desató la tacha de falsedad propuesta contra las capturas de pantalla visibles a folios 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45 y 46, “inadmitiéndola”, al considerar que se trataba de elementos probatorios que no disponían de influencia en la decisión final, pues habían sido posteados en redes sociales distintas a las del demandado, en particular en los perfiles de Instagram y Facebook de los señores Iván de Jesús García Rincón y Marleny García Ospina, candidatos a las alcaldías de Abejorral y Guatapé, respectivamente.
36. En tercer lugar, manifestó que de las 19 imágenes allegadas con la demanda, 6 de ellas no fueron tachadas de falsas. En ese orden, describió que se trataba de las capturas de pantalla obrantes a folios 30, 31, 32, 41, 48 y 49 que, en todo caso, guardaban similitud con aquellas aportadas por el accionado en la contestación del escrito genitor, contenidas a folios 76 a 83 del expediente, dentro de las cuales se resaltaban actos políticos ocurridos tanto en el Municipio de Guatapé como en Abejorral.
37. En cuarto lugar, procedió a analizar las imágenes plasmadas en los folios 31, 41, 76 y 83, concluyendo que eran demostrativas de un apoyo indebido al candidato Iván de Jesús García Rincón a la alcaldía de Abejorral por el Partido AICO, pues en ellas se podía ver al accionado “posando” junto a ese aspirante en el contexto de acompañamientos a actos políticos, en los que se percibía publicidad perteneciente al señor García Rincón.
38. En quinto lugar, apreció el valor probatorio de los videos 2 y 3, sosteniendo respecto de este último que contenía expresiones constitutivas de actos de apoyo –v. gr. “Que podamos tener un alcalde amigo” en relación con Iván de Jesús García Rincón–, en desmedro de la postulación efectuada por el Partido Conservador Colombiano. Aseguró que el video 3 fue grabado en el marco de la campaña que precedió a las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019, comoquiera que el demandado aparecía portando el número 53 que le fuera asignado en el desarrollo de esa contienda electoral; sin que dicha circunstancia hubiere sido desvirtuada por el accionado.
39. Por último, encontró demostrados los elementos configurativos de la doble militancia por apoyo erigida en el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011.
1.8. Recurso de apelación
40. Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandado formuló recurso de apelación, con el que solicitó revocar la sentencia impugnada bajo las consideraciones que se sintetizan enseguida:
41. Indicó que para valorar las fotografías visibles a folios 30, 31, 32, 41, 48 y 49 del plenario, el Tribunal Administrativo de Antioquia estableció que su contenido se identificaba con las capturas de pantalla allegadas por el demandado en la contestación de la demanda. No obstante, cuestionó este razonamiento, por cuanto desconocía que el material probatorio arrimado por la parte pasiva de la litis –folios 76 a 83– tenía como único propósito demostrar que los medios de convicción que soportaban la demanda habían sido objeto de alteraciones, sin que pudiera ser entendido como una ratificación o confesión en torno de la conducta investigada.
42. Señaló que la apreciación del a quo respecto de las imágenes contenidas en los folios 31, 41, 76 y 83, se mostraba como “sesgada”, al concluir que el acompañamiento y apoyo dado por el demandado a la campaña del señor Iván de Jesús Rincón podía desprenderse de la “pose” adquirida por el accionado en ellas. Sostuvo que esta conclusión transgredía los parámetros jurisprudenciales en la materia, que enseñaban que la doble militancia no podía tenerse configurada a partir de la presencia conjunta de candidatos de diferentes organizaciones políticas en reuniones proselitistas.
43. Resaltó que una lectura objetiva de las fotografías sobre las cuales el a quo había soportado su decisión, permitía sostener que el acompañamiento del accionado respondía a un acto de agradecimiento.
Sostuvo que las declaraciones en favor del señor García Rincón, eran el producto del agradecimiento, comoquiera que éste había demostrado respaldo a la candidatura del demandado, quien se encontraba habilitado para ello, ya que el Partido AICO no había inscrito lista de candidatos a la Asamblea de Antioquia, periodo 2020-2023.
44. Afirmó que el evento reseñado a través de las capturas de pantalla obrantes a folios 31, 41, 76 y 83 del expediente –del que no se sabía si había sido público o privado– no fue organizado por el demandado y que su sola asistencia no podía tenerse como un acto que llevara a la cristalización de la doble militancia en su modalidad de apoyo, que requería, en todos los casos, “…la prueba de los actos proselitistas o las manifestaciones de apoyo al aspirante del otro partido al cual pertenece, y que no está de más decirlo, brilla por su ausencia en este caso.”
45. Adujo que nada dijo el Tribunal respecto de la “deficiente asistencia procesal” de la demandante, que no asistió a la audiencia de pruebas en aras de adelantar el interrogatorio de parte que había sido solicitado por el demandado y decretado en el marco de este proceso, sin que hubiere aplicado las consecuencias legales de tal inasistencia.
46. Sostuvo que las palabras expresadas por el accionado en el video 3 fueron simples muestras de agradecimiento dirigidas al señor Iván de Jesús García Rincón por el respaldo que había ofrecido a su campaña, y no como lo indicaba el fallador de primera instancia, actos de apoyo irrestrictos, reprochables a través de la doble militancia. En ese orden, defendió que las conductas que llevaban a materializar la causal de nulidad enrostrada al demandado debían estar debidamente probadas, y no podían acreditarse a través de indicios, como lo había hecho el Tribunal a la hora de examinar este video.
47. Finalmente, arguyó que, contrario a lo esbozado en la sentencia impugnada, era la demandante la que debía probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que habían tenido ocurrencia los actos de respaldo, especialmente en relación con las situaciones que rodearon el video 3.
1.8. Trámite procesal del recurso
48. Con auto de 20 de abril de 2021, se concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación, luego de corroborar su presentación oportuna.
49. Mediante providencia de 5 de mayo de 2021, el Despacho Sustanciador en el Consejo de Estado admitió la alzada y ordenó correr traslado de la misma.
1.9. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.9.1. De la demandante
50. Ratificó las consideraciones expuestas por ella a lo largo de este trámite procesal.
1.9.2. Del demandado
51. Reiteró los argumentos plasmados en su escrito de apelación, añadiendo los siguientes:
52. Explicó que las capturas de pantalla sobre las que el Tribunal Administrativo de Antioquia fundamentó su decisión anulatoria debían ser inadmitidas en su “incorporación y valoración” por tratarse de imágenes publicadas en redes sociales de terceros de las que no se conocía su autor o propietario.
53. Expuso que, de conformidad con los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 527 de 1999, la autenticidad de los mensajes de datos en el marco de los procesos judiciales pendía de que estuvieran firmados, constaran por escrito y correspondieran al original; requisitos que no habían sido observados por la accionante, comoquiera que los mensajes empleados por la parte actora para demostrar la doble militancia no habían sido recolectados técnicamente, dejando “evidencia de que infaliblemente las fotografías estaban en internet, registrando además su autoría y originalidad.”
54. Insistió en que las reproducciones físicas de los mensajes de datos se constituían en prueba documentales que podían ser censuradas a través de su tacha o su desconocimiento. Refirió que el a quo había omitido en su sentencia la oposición presentada respecto de las capturas de pantalla tenidas en cuenta por el Tribunal para la adopción del fallo de primera instancia.
55. Aseguró que el video 3 obrante en el expediente no hizo parte de la campaña política del demandado, “puesto que no fue publicitado, quedando por tanto dentro de su esfera privada, y si bien existe, y es él quien habla, el mismo no fue difundido”.
56. Solicitó decretar en el marco de la segunda instancia el interrogatorio de parte que había deprecado en el contexto de la primera instancia, ante la imposibilidad de practicar esa prueba en el desarrollo de la audiencia pertinente, producto de la inasistencia de la demandante. Igualmente, pidió la realización de un cotejo entre las imágenes anexadas a su contestación –originales– con las aportadas por la demandante.
1.10. Concepto del Ministerio Público en segunda instancia
57. Solicitó revocar el fallo apelado para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda. Después de realizar un recuento de las diferentes actuaciones surtidas en el proceso, se refirió a la causal de nulidad de doble militancia y sus modalidades.
58. Adujo que parte de la presunción de autenticidad de las fotografías obrantes a folios 31, 41, 76 y 83 allegadas por la demandante, pues no existía controversia frente a su contenido, lo cual también aplicaba para el video 3.
59. Empero, señaló que las fotografías no eran plena prueba y, en consecuencia, requerían ser valoradas en conjunto con los demás medios de prueba que conformaban el expediente.
60. Al analizar las fotografías en cuestión, advirtió que todas fueron tomadas en escenarios cerrados, privados y con pocas personas. Refirió que si bien en una fotografía se evidenciaban con claridad los logos del Partido Político AICO, en las demás no ocurría lo mismo. Recordó que la manifestación de apoyo de un candidato a otro debía ser libre, desprendida, clara, diáfana, positiva y directa, lo cual no se derivaba de las fotografías relacionadas.
61. Estimó que el apoyo directo y claro no se advertía por parte del candidato a la Asamblea respecto del aspirante a la alcaldía de Abejorral, sino de este respecto del demandado, quien indiscutiblemente lo había respaldado por medio de mensajes en las redes sociales.
62. Recordó que en sentencia de 3 de diciembre de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado estableció que el análisis de la doble militancia implicaba determinar la ocurrencia de actos positivos y concretos con la potencialidad de influir en el electorado, lo cual no se vislumbraba en el caso concreto.
63. Con relación al video 3, la Vista Fiscal afirmó que en ningún momento el accionado está pidiendo al electorado que votara por el candidato Iván García Rincón; únicamente le extiende su agradecimiento por el apoyo.
1.11. Otras actuaciones en segunda instancia
64. A través de auto de 2 de junio de 2021, el Despacho Ponente al interior del Consejo de Estado negó la petición probatoria formulada por el acusado, al establecer que no se avenía a los presupuestos erigidos en el artículo 212 del CPACA; providencia que adquirió ejecutoria el 5 de junio siguiente.
CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
65. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación incoado por el accionado contra la sentencia de 7 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral presentada contra el acto declarativo de la elección del señor Juan Camilo Callejas Tamayo como Diputado de Antioquia, periodo 2020-2023, de conformidad con los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo N°. 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Oportunidad de la interposición y sustentación del recurso
66. En el asunto de marras, la Sección Quinta encuentra que la alzada formulada por el acusado contra la providencia de 7 de abril de 2021 del Tribunal Administrativo de Antioquia fue oportuna, al tenor de lo dispuesto en el artículo 292 del C.P.A.C.A, pues la decisión impugnada fue notificada el 12 de abril de 2021 y el recurso fue presentado y sustentado el 19 del mismo mes y año.
2.3. Cuestión previa
67. Previo a establecer los problemas jurídicos que orientarán la resolución de la alzada presentada por el accionado, la Sección Quinta advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió resolver la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil –en adelante RNEC– en el memorial de los alegatos de conclusión presentados en el desarrollo de la primera instancia.
68. En ese sentido, la RNEC resalta que, habida cuenta de sus facultades constitucionales y legales –relacionadas con la organización y vigilancia de los procesos electorales e inscripción de candidatos, entre otras– el debate jurídico en torno de la presunta doble militancia en que habría podido incurrir el demandado trasciende los contornos de su espectro competencial, motivo por el cual debe ser desvinculada de este trámite.
69. Bajo ese panorama, la Sala encuentra que en el marco de los juicios de nulidad electoral la ubicación procesal de la RNEC resulta ser especial, al tenor de lo dispuesto en el artículo 277.2 del CPACA, motivo por el que en cada caso concreto debe establecerse si su vinculación se hace necesaria, habida cuenta de la relevancia de sus actuaciones en el procedimiento de adopción del acto enjuiciado y de si los cuestionamientos de ilegalidad formulados con la demanda censuran su conducta oficial.
70. Al respecto, la Sección Quinta expuso en decisión de 19 de noviembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate:
“86. Resulta relevante señalar, que la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y su consecuente ubicación procesal en los juicios electorales, es especial conforme la regla establecida en el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, y por ello, resulta importante establecer en cada caso concreto si las actuaciones de la autoridad pública que se ordena vincular fueron relevantes frente al acto que se demande, así como también que los cargos invocados por los demandantes apunten a cuestionar la legalidad de su actuación.” (Negrilla fuera de texto)
71. En el caso que convoca en esta oportunidad a la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado, la pretensión de nulidad electoral se funda en la posible ocurrencia de actos de respaldo constitutivos de doble militancia atribuidos al señor Juan Camilo Callejas Tamayo en el contexto de la campaña política que precedió su elección como Diputado del Departamento de Antioquia, periodo 2020-2023; sin que con el escrito genitor de este proceso se censuren o cuestionen las actuaciones administrativas desplegadas allí por parte de la RNEC.
72. En efecto, ninguna de las situaciones fácticas y jurídicas alegadas por la demandante busca desvirtuar la juridicidad de la conducta pública de este órgano electoral; centrando exclusivamente su inconformidad en el desconocimiento de los artículos 107 constitucional y 2.2 de la Ley 1475 de 2011, producto de los presuntos apoyos indebidos otorgados por el accionado en beneficio de candidatos a alcaldías inscritos por agrupaciones políticas distintas al Partido Conservador Colombiano, que avaló su candidatura.
73. De esta manera, la Sala destaca que las acusaciones propuestas en el escrito genitor sobrepasan las competencias constitucionales y legales de la RNEC –que de conformidad con el artículo 266 de la Carta Política de 1991 se circunscriben a “…la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas”–, teniendo en cuenta que el poder sancionatorio administrativo en punto de la configuración de la doble militancia reposa en el Consejo Nacional Electoral, al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, en armonía con el artículo 265.12 de la Constitución:
“El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.” (Negrilla fuera de texto)
74. Por manera que, en este caso se debe declarar probada la excepción propuesta por la entidad, como se establecerá en la parte resolutiva de esta providencia.
2.2. Problemas jurídicos
75. De acuerdo con los planteamientos esbozados en el recurso de apelación, el problema jurídico consiste en determinar si existe mérito suficiente para mantener incólume la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda de nulidad electoral dirigida a censurar la juridicidad del acto de elección del señor Juan Camilo Callejas Tamayo como Diputado Conservador de ese departamento para el periodo constitucional 2020-2023, por haber incurrido en la causal de nulidad de doble militancia por apoyo, comoquiera que respaldó indebidamente la candidatura del señor Iván de Jesús García Rincón, aspirante a la alcaldía de Abejorral por el Partido AICO.
76. La resolución de este cuestionamiento pasa por absolver los siguientes interrogantes de naturaleza probatoria y sustancial:
Interrogantes de naturaleza formal–probatoria:
Deberá determinarse:
–Si las capturas de pantalla obrantes a folios 30, 31, 32, 41, 48 y 49 del expediente, debían cumplir con los requisitos estatuidos en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 527 de 1999 para poder ser tenidas en cuenta por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.
–Si el fallador de primera instancia erró al tomar como presupuesto de validez de las fotografías visibles a folios 30, 31, 32, 41, 48 y 49 del plenario las imágenes aportadas con su contestación por el demandado –folios 76 a 83– como quiera que éstas fueron aducidas al proceso con un fin único, consistente en demostrar las alteraciones experimentadas por el material documental allegado por la parte actora para sustentar las pretensiones del escrito genitor.
–Si las imágenes contenidas a folios 30, 31, 32, 41, 48 y 49 pertenecen a publicaciones hechas por terceros, y no por el demandado.
Interrogantes sustantivos:
Deberá determinarse:
–Si en la valoración probatoria de las imágenes 31, 41, 76 y 83, el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en interpretaciones sesgadas, basadas en hechos indicadores que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha descartado como actos de apoyo constitutivos de doble militancia.
–Si no existen otros actos de apoyo que puedan ser decantados de las pruebas contenidas en los folios 30, 32, 48 y 49 del expediente por tratarse de simples actos de agradecimiento.
–Si la apreciación del video 3 arrimado por la demandante permite advertir la existencia de actos positivos de apoyo –configurativos de doble militancia–, a la manera como lo expresó el fallador de primera instancia.
–Si existen elementos de los que puedan decantarse que dicho video fue grabado en el marco de la campaña electoral que precedió la elección del demandado como Diputado de Antioquia, 2020-2023, y que fue efectivamente difundido en el desarrollo de esa contienda electoral.
77. Con el propósito de resolver cada uno de estos problemas jurídicos, la Sala, por efectos metodológicos, estudiará los siguientes temas: (i) generalidades de la doble militancia como causal de nulidad electoral; (ii) de los presupuestos para la acreditación de la doble militancia en su modalidad de apoyo; (iii) caso concreto, en el que, tras enlistar las pruebas sobre las cuales recae el debate, se analizarán individualmente los reparos del recurrente.
2.3. Generalidades de la doble militancia
78. En relación con la causal de nulidad que podría verse materializada en el caso concreto, debemos remitirnos al numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla:
“Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política al momento de la inscripción.”
79. Así las cosas, puede observarse que el ordenamiento jurídico, prevé una consecuencia clara y expresa cuando el candidato incurra en la prohibición de doble militancia la cual, vale la pena aclarar, ha sido definida por esta Sección como una prohibición que no puede leerse de forma aislada, pues para determinar cuándo una persona está inmersa o no en la causal de inelegibilidad es necesario recurrir al texto del artículo 107 Superior y al artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, que se alegan vulnerados en este caso, y que señalan:
“Artículo 107 Constitucional: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. (…)
Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (…)”
80. Por su parte, el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 contempla en lo pertinente, lo siguiente:
“Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
/…/ El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.
PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.”
81. De la transcripción de la norma Superior se desprende con claridad que está prohibido: (I) a los ciudadanos, pertenecer de manera simultánea a dos o más partidos o movimientos políticos y, (II) a quienes aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.
82. Por su parte, la ley estatutaria citada, en su artículo 2º, no solo replica las modalidades de doble militancia previstas en la norma constitucional, sino que además incluye otros eventos en los cuales la prohibición se materializa.
83. Bajo tal marco, la Sección Quinta del Consejo de Estado, haciendo un análisis armónico de las normas en cita, ha entendido que en la actualidad existen cinco modalidades en las que se puede materializar la prohibición de doble militancia, a saber:
“i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).
ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)
iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)” ,.
84. Conforme con lo anterior, se ha definido que estas modalidades apuntan a la consecución del propósito común, de “crear un régimen severo de bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político”, pues su finalidad es, precisamente, dar preponderancia a los partidos y movimientos políticos sobre los intereses personales de los candidatos. Finalmente, es de anotar que se ha entendido que la figura de doble militancia incluye a todas las agrupaciones políticas sin importar que aquellas tengan o no personería jurídica. Sin embargo, no se puede perder de vista que esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en su parágrafo una excepción en esta materia, que es aplicable a cualquiera de los eventos en los que ésta pueda presentarse.
2.4. Presupuestos para la configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo
85. En atención a que en el caso de autos se invoca la configuración de la modalidad consistente en miembros de organizaciones políticas que apoyan a candidatos de otra organización, se estima pertinente reiterar los elementos que la configuran, que han sido destacados en varias oportunidades por la Sección:
“i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.
ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente.
Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio.
Así las cosas, no cabe duda de que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.
iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas.”
86. En cuanto el elemento de la conducta prohibitiva, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del 3 de diciembre de 2020 de esta Sala de decisión, a través de las cuales a partir de la jurisprudencia de la Sección, se precisaron aspecto tales como: (I) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político. (II) Los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de la situación de inelegibilidad puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política. (III) El apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido. (IV) La probanza del comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable. (V) El actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
“En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, esta Judicatura explicó al respecto:
“Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo atrás la Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido político.”
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –presupuesto teleológico–.
Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la parte actora al Concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble militancia por apoyo de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:(…)
Pero no solo estos aspectos del respaldo proscrito han sido modelados por la jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a la frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia, afirmando que los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política.
De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que “…el apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni limitó sus alcances a este tipo de factores.”
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado.
Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
“De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta, debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en el caso en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y de esa forma advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado.”
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación al electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del Tolima, cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde a la Asamblea departamental, en el marco de programas radiales.
Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en reciente providencia de 20 de agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
“Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo de agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo de elección popular.””.
87. De otra parte, se estima pertinente reiterar, que la doble militancia en nuestro ordenamiento jurídico es tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático en materias de decisión de las bancadas por ejemplo .
88. En el caso de autos tiene especial importancia la protección de los derechos constitucionales del elector, respecto de la cual vale la pena destacar que desde 1991 el Estado colombiano optó por estructurarse como un Estado Social de Derecho. Este principio fundante tiene múltiples implicaciones relacionadas con las decisiones que se toman en su interior. En efecto, a la democracia representativa se le suma de manera trascendente la democracia directa o participativa. En este contexto, el pueblo en calidad de soberano adquiere un mayor realce, a partir del conjunto de derechos que hace posible la participación. En esa medida, la Constitución Política advierte que todo ciudadano tiene derecho a participar de la conformación, ejercicio y control del poder político; para tal efecto cuenta con la posibilidad de elegir y tomar parte en elecciones participando políticamente y en los escenarios civiles, como puede ser los mecanismos de democracia participativa y en todos los asuntos, de cualquier índole, que les afecte.
89. Téngase presente que en una democracia participativa los elegidos son verdaderos voceros de la voluntad popular y están sometidos al mandato de los electores, de allí que – a diferencia de la democracia representativa, “el ciudadano conserva en todo momento sus derechos políticos para controlar a su representante, porque dicha elección no supone la transferencia de la soberanía popular, sino que lo inviste de legitimidad para actuar como un delegado del Pueblo”
90. La misma Constitución señala la manera en la cual deben salvaguardarse los derechos del elector. Ciertamente, corresponde al aparato estatal velar por que dicho derecho se desarrolle sin mácula alguna. Se establece que la organización electoral debe suministrar a los votantes instrumentos que les permitan identificar con claridad los movimientos, partidos políticos y candidatos. En consecuencia, la ley puede implantar mecanismos de votación que tiendan siempre a garantizar el libre ejercicio del derecho del elector. Libertad y garantía igualmente respaldadas por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
91. La base de los derechos constitucionales del elector, radica en el ejercicio libre del derecho, forjándose de esta manera en el núcleo esencial del derecho fundamental al voto. Así pues, es la libertad del sufragante y su protección lo que permite hablar de democracia; por ende, sin dicha libertad y sin la salvaguarda de la misma, no puede estarse en presencia de un Estado Democrático. Al respecto se indicó:
"El voto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales de la democracia. No podría comprenderse la democracia sin la existencia de elecciones, en las cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos.
(....)
En el Estado de Derecho, el ejercicio individual y colectivo del derecho al voto, está sujeto a condiciones normativas que establecen las condiciones de validez, tanto del voto individual, como de la actividad electoral en sí considerada. La democracia precisa de tales condiciones, a fin de garantizar que la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona. Se busca rodear de garantías, pues, el ejercicio libre del voto apunta a alcanzar condiciones de transparencia máxima en el proceso electoral." (Negrilla fuera de texto)
92. En consecuencia, en un Estado Social y Democrático de Derecho la libertad del elector debe ser amparada con el fin de poder hacer válida la democracia; de allí que se rechace de manera enfática la manipulación del elector, propia de los regímenes autoritarios, y se dirija el accionar del Estado a fin de garantizar “la correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía”.
93. Por tal razón, es que el concepto de democracia moderno denota actualmente unos contenidos diferentes de los que se concebían anteriormente. Así pues, la democracia consistiría en un conjunto de “reglas de procedimiento para la adopción de decisiones colectivas que no dice nada sobre el contenido o resultado de las mismas, de donde su carácter reglado se constituye en una característica distintiva del modelo democrático y se manifiesta desde la elección de sus representantes hasta el producto final de la actuación de éstos, siendo inherentes a la democracia: reglas sobre las mayorías y minorías, reglas sobre las elecciones y la actuación de los parlamentos, reglas sobre las condiciones de ejercicio de la libertad política y, sobre todo, reglas sobre la protección de ciertos intereses básicos de todos los seres humanos”.
94. Como pilar fundamental del Estado Colombiano y de la democracia, se erige el pluralismo político, contrario en esencia al unanimismo. En el juego democrático se parte de la base de la existencia de diferentes tendencias ideológicas, claramente diferenciables; en consecuencia se “desconfía de la homogeneidad porque reconoce la heterogeneidad de las sociedad, así como la existencia de los grupos a los que pertenecen los individuos; rechaza el carácter absoluto de las opiniones o tendencias, ya que le otorga legitimidad a los distintos puntos de vista; promueve la participación política en la medida en que da oportunidad de expresarse a diversas propuestas y grupos sociales y supone la aceptación de las reglas fijadas para tornar viable esa expresión y hacerla accesible a todos”.
95. En este orden de ideas, hace parte de esas reglas de protección de la libertad del elector la pretensión consistente en que en el proceso electoral, el que sea, se comporte bajo la doble exigencia de lealtad y claridad. La Corte Constitucional, al fijar los parámetros anotados en punto de los referendos, sentó las bases aplicables a cualquier proceso democrático respecto de la lealtad y claridad que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de decisión. Por eso la necesidad imperiosa que en momento alguno se induzca al elector a engaños, manipulaciones, artilugios o equívocos, que alteren su convencimiento al momento de ejercer su derecho fundamental.
96. De tal suerte, que en las elecciones unipersonales, por ejemplo, el elector debe gozar de la claridad del programa político expuesto por el candidato, así como de su lealtad en que dicho contenido ideológico y programático no será alterado ni cambiado por otro, ni por circunstancias electorales meramente coyunturales y con miras a transformar un resultado electoral. Precisamente es dicha doble exigencia la que permite radicar la confianza democrática en cabeza del elector, como director soberano del Estado. En consecuencia, la doble exigencia proporciona legitimidad a los procesos electorales y permite sostener el sistema democrático.
97. Por ende, como lo indica la Corte Constitucional, no tendría sentido que el ordenamiento constitucional y legal colombiano propendiera por la libertad del elector y al mismo tiempo aceptara la validez de procesos electorales que violenten o defrauden la voluntad de este, que lo conduzcan a equívocos, que los engañen en su consentimiento o que, por consiguientes, no sean claros ni leales. De este modo, se puede aseverar que la libertad del sufragio se debe constituir en una constatación mínima previa a su ejercicio.
98. Una de las formas que garantizan constitucionalmente la salvaguarda y protección de la libertad del elector, es la prohibición de doble militancia. En efecto, en variada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado que la prohibición a los ciudadanos de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político, tiene origen constitucional. En consecuencia, no es una determinación que provenga solamente del legislador, sino que este la desarrolla por devenir directamente de la Constitución.
99. Así pues, la prohibición constitucional de doble militancia surge de la confianza depositada por el elector en un determinado y específico plan de acción política. Confianza que no puede verse estropeada y arruinada, por la decisión personalista y egoísta del candidato o elegido de no honrar el acuerdo tácito – tanto programático como ideológico -con su elector.
100. Precisados los presupuestos de configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo, esta Judicatura se apresta a resolver los interrogantes erigidos en acápites previos, como sigue:
2.5. Caso concreto
101. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, las censuras que sustentan el recurso de apelación propuesto contra la sentencia de 7 de abril de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la elección del señor Juan Camilo Callejas Tamayo como Diputado de Antioquia, periodo 2020-2023, al encontrarlo incurso en la causal de anulación de doble militancia por apoyo, disponen de un eje común, a saber, los elementos de convicción sobre los que el fallador de primera instancia encontró probados los respaldos proscritos por el ordenamiento.
102. En ese sentido, el recurrente fustiga no solo la validez y autenticidad de las pruebas, sino también su valoración por parte del a quo, razón que lleva a esta Judicatura –con el propósito de dotar de claridad el desarrollo de esta segunda instancia– a enlistar los medios probatorios respecto de los cuales gira en esta oportunidad el debate judicial, así:
2.5.1. Medios de convicción en torno de los cuales giran las discusiones elevadas con la apelación
103. Los cuestionamientos de la alzada involucran tanto a algunas de las pruebas aportadas por la demandante –las que sustentaron la decisión anulatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, habida cuenta de las implicaciones de la resolución de la tacha propuesta– como aquellas aducidas por el accionado en su contestación al escrito de demanda:
Capturas de pantalla y video arrimados por la accionante –folios 30, 31, 32, 41, 48 y 49 del expediente–:
Elemento probatorio y explicación
Ubicación
Soporte
Captura de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
El demandado se encuentra reunido con un grupo de personas y en el fondo se visualiza publicidad de Iván García como candidato a la alcaldía de Abejorral, igualmente se describe el siguiente comentario: “Iván es un exalcalde con excelentes resultados que volverá a liderar los destinos de este municipio del oriente”.
Folio 30
Captura de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
Varias personas reunidas, incluyendo al demandado y un letrero en la parte de atrás que dice Iván García.
Folio 31
Capturas de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
En la imagen el demandado se encuentra en un acto político junto con la candidata Marleny García Ospina donde se evidencia un cartel de esta última.
Folio 32
Captura de pantalla de la red social de Facebook, del perfil de Juan Camilo Callejas Tamayo.
El demandado se encuentra reunido con un grupo de personas y en el fondo se visualiza publicidad de Iván García.
Folio 41
Captura de pantalla de la red social de Facebook, del perfil de Juan Camilo Callejas Tamayo.
Se observa reunido con un grupo de personas con publicidad de Iván García Rincón en la parte de atrás y señala el siguiente comentario:
“recibo el apoyo de una amplia coalición que lidera Iván García para trabajar unidos por Abejorral. Iván es un alcalde con excelentes resultados que volverá a liderar los destinos de este municipio del Oriente”.
Folio 48
Captura de pantalla de la red social de Facebook del perfil de Juan Camilo Callejas Tamayo.
En ella puede verse al demandado junto a un grupo de personas, en el marco de publicidad política del señor Iván de Jesús García Rincón.
Folio 49
Vídeo 3: El demandado manifiesta: “Hola, mi nombre es Juan Camilo Callejas aspirante a la Asamblea Departamental de Antioquia, con la C del partido Conservador y el número 53., Quiero darles muchas gracias a Iván por el respaldo irrestricto que hemos tenido. Por masificar este mensaje, a todos sus amigos al concejo que hoy postulan nombre para aspirar a tan digna candidatura. A todas esas personas que nos han ayudado a multiplicar el mensaje. A todas esas personas que nos han recogido en su corazón. Pero sobre todo a aquellos que han querido multiplicar este mensaje de Antioquia para todos. Mil y mil gracias, no tengo otras palabras más de gratitud hacia ustedes. De verdad que quiero simplemente invitarlos a que finalicemos esta historia de la mejor manera y acudamos a las urnas este próximo 27 de octubre. Que podamos tener un alcalde amigo y unos concejales que respalden el avance del proyecto y el desarrollo del territorio de Abejorral. Pero que tengamos un diputado comprometido con la inversión y con llevar los recursos a este lindo municipio, marcando la C del partido Conservador y el Numero 53. Dios mediante este próximo 27 de octubre, este domingo tendremos un diputado amigo, Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Antioquia para todos”.Aportado en CD, el cual puede ser visualizado dando clic HYPERLINK "https://etbcsj-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/des11taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/PROCESOS%20JUDICIALES/EXPEDIENTES%20DIGITALIZADOS/NULIDAD%20ELECTORAL/050012333000%202020%200006%2000%20ELECTORAL/001.1VIDEOS%20Y%20PRUEBAS%20DEMANDA/76732451_742912962893394_5624742308176986112_n.mp4?csf=1&web=1&e=MwkJjW" aquí
Capturas de pantalla allegadas por el demandado con su contestación –folios 76 a 83–:
Elemento probatorio y explicación
Ubicación
Soporte
Captura de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
El demandado se encuentra reunido con un grupo de personas, y en la parte de atrás las letras que forman el nombre de Iván García. Fue añadido el siguiente texto: “En el Retiro acabo de terminar la última reunión de este recorrido por el Oriente Antioqueño
Hablando con los campesinos y habitantes de la zona reitero mi compromiso con el campo como ingeniero Agropecuario que soy.
(…)
Gracias a los amigos de El Peñol, Guatapé, El Carmen de Viboral La Ceja, Abejorral y el Retiro”.
Folio 76
Captura de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
Invitación a que voten por él e incorporó el siguiente texto: “Cuando nos proponemos ir unidos en busca de un propósito los antioqueños logramos grandes gestas.
Acompáñame en el objetivo de representar a los bellanitas y todos los antioqueños en la Asamblea Departamental…”.
Folio 77
Captura de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
El demandado se encuentra reunido con un grupo de personas y en el fondo se visualiza publicidad de Iván García como candidato a la alcaldía de Abejorral, igualmente se describe el siguiente comentario: “Recibo el apoyo de una amplia coalición que lidera Iván García para trabajar unidos por Abejorral. Iván es un exalcalde con excelentes resultados que volverá a liderar los destinos de este municipio del oriente”.
Folio 78
Capturas de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
El demandado aporta tres fotografías que denotan ser en el mismo evento político: la primera junto con la candidata Marleny García Ospina donde se evidencia un cartel de esta última; la segunda en la segunda, el accionado junto con una mujer que en su camiseta reseña “Vamos Guatapé”; y la tercera con dos hombres, uno de ellos con una gorra con el mensaje “Vamos Guatapé”.
Asimismo, reposa el texto “Finalizamos nuestro día ratificando el compromiso con nuestros amigos de Guatapé y el Movimiento #VamosGuatapé”, cuya fecha de publicación fue el 31 de agosto de 2019.
Folio 79, 80 y 81
Capturas de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
El demandado se encuentra reunido con un grupo de personas.
Se lee el siguiente texto: “En El Retiro acabo de terminar la última reunión de este recorrido por el Oriente Antioqueño. Hablando con los campesinos y habitantes de la zona reitero mi compromiso con el campo como Ingeniero Agropecuario que soy.
#AntioquiaParaTodos es un llamado a que el desarrollo por el que somos conocidos no se quede solo en la ciudad.
Gracias a los amigos de El Peñol, Guatapé, El Carmen de Viboral, La Ceja, Abejorral y El Retiro.
#C53”.
Folios 82 y 83
104. Teniendo claro las pruebas que se presentan como el epicentro de las discusiones que deben ser absueltas en esta instancia, esta Judicatura emprende el estudio de cada uno de los reparos formulados por el demandado, abordando en primer lugar los interrogantes formales–probatorios para, posteriormente, examinar los interrogantes de raigambre sustancial erigidos en el recurso de apelación.
2.5.2. Absolución de los interrogantes formales–probatorios
105. A la luz de las precisiones efectuadas en el acápite de problemas jurídicos de esta sentencia, 3 son los cuestionamientos que deben ser abordados por esta Judicatura en punto de la autenticidad y validez de las pruebas sobre las cuales el Tribunal Administrativo de Antioquia fundó la declaratoria de nulidad que pretende ser desvirtuada por el recurrente.
106. En ese sentido, la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado efectuará un estudio independiente de cada uno de ellos, como sigue:
2.5.2.1. De la presunta aplicación de los parámetros contenidos en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 527 de 1999
107. El demandado argumenta que las imágenes empleadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia para sustentar su providencia anulatoria –folios 30, 31, 32, 41, 48 y 49 del expediente– no podían ser valoradas, comoquiera que su aducción en el proceso no había respetado los pormenores establecidos en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 527 de 1999, referidas a las exigencias de los mensajes de datos que se ventilan al interior de los procesos judiciales.
108. Pues bien, en lo que corresponde a los mensajes de datos, la Ley 527 de 1999, en armonía con las directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, los definió como toda aquella información “…generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares…”, y los reconoció como medios de prueba en el marco de cualquier actuación administrativa y judicial, cobijando, por ende, los procesos de nulidad electoral.
109. El propósito de la Ley 527 fue crear una plataforma digital homóloga que permitiera garantizar que los mensajes de datos cumplieran las mismas funciones del documento en papel, a saber, su inalterabilidad, su reproducción y autenticación, mediante la implementación de los equivalentes funcionales entre el documento tradicional y el digital.
110. Así, la Ley 527 de 1999 consideró que el mensaje de datos podía tener el mismo valor probatorio de un documento físico cuando (i) su contenido resultaba accesible para posteriores consultas (artículo 6° ejusdem); (ii) se conocía la identidad de su generador (artículo 7° ejusdem); (iii) se garantizaba su integridad, excluyendo cualquier tipo de alteración (artículo 8° ejusdem).
111. En palabras de la Corte Constitucional, el reconocimiento del valor probatorio de los mensajes de datos se traduce en la obligación de demostrar los equivalentes funcionales referidos que permitan asemejarlo al documento escrito:
“El primer inciso del artículo 247, interpretado conjuntamente con el artículo 2 de la Ley 527 de 1999, comporta que si una información generada, enviada o recibida a través de medios electrónicos, ópticos o similares, como el EDI, el Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax, es allegada al proceso en el mismo formato o en uno que reproduzca con exactitud la modalidad en que fue transmitida o creada, ese contenido deberá valorarse como un mensaje de datos. Más exactamente, esto quiere decir que solo si el mensaje electrónico es aportado en el mismo formato en que fue remitido o generado, de un lado, se considerará un mensaje de datos y, del otro, deberá ser probatoriamente valorado como tal.
Lo anterior, a su vez, supone dos elementos. En primer lugar, debido a que la norma hace referencia a la incorporación de verdaderos mensajes de datos, como pruebas, al proceso, su introducción a la actuación presupone los «equivalentes funcionales» a los que se hizo referencia con anterioridad, previstos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, que reemplazan la exigencia escritural del documento, la necesidad de la firma y la obligación de su aportación en original…”. (Negrilla y subrayas fuera de texto)
112. Es decir que, a la luz del parámetro jurisprudencial reproducido, quien aduce este tipo de pruebas en los procesos judiciales deberá garantizar: (i) que la información contenida en el mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta –artículo 6° de la Ley 527 de 1999–; (ii) la identificación del iniciador del mensaje–quien lo genera –artículo 7° de la Ley 527 de 1999–; (iii) la integralidad de su contenido, esto es, que no haya sido alterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva –artículos. 8° y 9° de la Ley 527 de 1999–.
113. Todo ello, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de convicción digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a las redes sociales, leyendas que acompañan los “post” de Instagram y Facebook–, como requisitos “sine qua non” para su apreciación, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y sus particularidades propias.
114. Ahora bien, el ordenamiento quiso distinguir los mensajes de datos de las simples reproducciones físicas de la información generada en plataformas digitales, manifestando que en estos últimos eventos las pruebas allegadas serían examinadas de acuerdo con las reglas generales erigidas para los documentos.
115. En ese sentido, el artículo 247 de la Ley 1564 de 2012 –en adelante CGP–, aplicable en los procesos contencioso–administrativos por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, preceptúa:
“Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos”. (Resaltado de la Sala)
116. De esta manera, el régimen jurídico probatorio diferenció los mensajes de datos de sus impresiones mecánicas a partir de los formatos empleados para su aducción en el contexto de los trámites judiciales –prescribiendo que en el primero de los casos se entenderían por tales aquellos medios de prueba arrimados a través de las plataformas en las que fueron generados, enviados o recibidos, o en cualquiera otra que los reprodujera con exactitud–.
117. Al respecto, la Corte Constitucional expuso en sentencia C-604 de 2016:
“Como se indicó, el inciso demandado –2° del artículo 247 del CGP– regula aquellos casos en que el contenido originalmente creado, enviado o recibido mediante canales electrónicos, ópticos u otros de la misma naturaleza, no es aportado al proceso en el mismo formato en que se transmitió o en uno, de carácter electrónico, que lo reproduzca con exactitud, sino en una impresión en papel y, como consecuencia, se prevé la aplicación de las reglas general de valoración sobre los documentos. No se está en presencia de un mensaje de datos propiamente dicho, como interpretan los demandantes, sino de una copia de su contenido y, por ende, de un documento ordinario de papel que el legislador, para su valoración, sujeta a las reglas generales de los documentos” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
118. Por lo anterior, se tiene que los requisitos de equivalencia funcional –que parangonan los documentos electrónicos y físicos–, contenidos en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo serán exigibles cuando los extremos procesales arrimen a las causas en las que participan verdaderos mensajes de datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo link–; pero no sus reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen aplicable será el general de los documentos que, en principio, se presumen auténticos, a las voces del artículo 244 de la Ley 1564 de 2012.
119. Bajo la égida de las glosas que preceden, y teniendo en cuenta que las pruebas sobre las que gira el debate propuesto con la alzada se constituyen en capturas de pantalla tomadas de las redes sociales Instagram y Facebook –y no a mensajes de datos allegados en los formatos creados, como en otras oportunidades ha ocurrido–, la Sala especializada en asuntos electoral estima que, contrario a lo pregonado por el recurrente, no se hacía exigible para la demandante el cumplimiento de las exigencias plasmadas en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999, comoquiera que sus esfuerzos probatorios se circunscribieron a aducir documentos físicos, mas no pruebas de índole electrónico, que obligaran a observar los presupuestos de la equivalencia funcional erigidos en las referidas disposiciones normativas.
120. En consonancia, se descarta la proposición apelativa del recurrente.
2.5.2.2. Del presunto desconocimiento de la causa que llevó al demandado a aportar capturas de pantalla de sus redes sociales al proceso
121. En su decisión de 7 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que si bien del universo probatorio allegado con la demanda ciertos medios de convicción debían ser excluidos de cualquier tipo de análisis de cara a la ausencia de injerencia en la toma de una decisión definitiva; otros gozaban de plena aptitud y validez para adoptar las determinaciones judiciales que en derecho correspondieran.
122. En ese orden, refirió que las imágenes obrantes a folios 30, 31, 32, 41, 48 y 49 del expediente no solo no habían sido tachadas por parte del accionado, sino que a la vez su contenido guardaba plena similitud con las reproducciones fotográficas incorporadas con la contestación del escrito genitor de este proceso.
123. En ese orden, puede leerse en la sentencia impugnada:
“56.Por otro lado, serán tenidas en cuenta para probar el supuesto de hecho que se expuso en la demanda, las fotografías que aporta el demandante a folios 30, 31, 32, 41, 48, 49, en tanto que no fueron tachadas de falsas y coinciden con las aportadas por el propio demandado a folios 76 – 83, y de las que este último acepta que fueron publicadas en sus redes sociales.” (Negrilla fuera de texto)
124. Frente a este razonamiento, el impugnante sostuvo en su recurso de apelación que resultaba desconocedor de la causa o intención por las cuales había aportado esas imágenes con su escrito de oposición a la demanda, consistente en acreditar que las diferentes pruebas anexadas con el memorial introductorio habían sido alteradas, añadiendo publicidad política que no se observaba en las fotografías originales; tomando por consiguiente su actuar como una confesión de los hechos investigados en el marco de esta causa judicial.
125. Para la Sección Quinta del Consejo de Estado, los fundamentos impugnatorios del recurrente deben ser despachados negativamente con fundamento en 3 tipos de reflexiones que se exponen enseguida:
126. En primer lugar, las consideraciones formuladas en la alzada contravienen los mandatos normativos que se desprenden del principio de la comunidad de la prueba, de acuerdo con el cual, una vez decretados y practicados en debida forma, los medios de convicción allegados por los sujetos intervinientes pasan a ser parte del universo probatorio que distingue al proceso, pudiendo beneficiar a cualquiera de los extremos que participan.
127. En otros términos, las pruebas decretadas y practicadas en debida forma se desligan de la fuente que las incorpora para convertirse en medios de convicción que adquieren una independencia propia y ajena a las intenciones que llevaron a las partes a introducirlas, al inscribirse en el conjunto probatorio que permite al operador judicial adoptar las decisiones judiciales que resulten necesarias.
128. En punto del principio de la comunidad de la prueba en los procesos contencioso–electorales, esta Sala de Sección explicó en providencia de 27 de mayo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate:
“2.5. Principio de la comunidad de la prueba
39. Este principio en el derecho probatorio se enmarca en el escenario en el que la prueba no pertenece a quien la aporta al proceso, puesto que, una vez introducida legalmente a él, debe considerarse para determinar la existencia o inexistencia del hecho al que se refiere, independientemente de la parte que resulte beneficiada con ella.
40. En efecto, la Corte Constitucional, dispone que: “en materia probatoria rigen los principios de comunidad de la prueba e investigación integral. En lo que atañe al primero, la consecuencia es que la prueba no pertenece a ningún sujeto en particular sino al proceso, y en cuanto al segundo, este le impone la carga procesal al juez de valorar todas las pruebas que hubieren sido recaudadas a través de la actuación, sin quedar limitado a las pruebas invocadas por los sujetos procesales.”
41. Lo anterior, permite establecer que dicho principio conlleva a que la prueba debidamente aportada al proceso pueda beneficiar a cualquiera de las partes, pertenezca como tal al proceso, y se encuentra estrechamente relacionado con el principio de la valoración de las pruebas en conjunto por parte del juzgador.”
129. Por lo anterior, defender como lo hace el recurrente que las capturas de pantalla allegadas con su contestación solo podían ser empleadas por el fallador de primera instancia para determinar las alteraciones de los medios probatorios arrimados por la demandante, vulnera el referente axiológico descrito –principio de la comunidad de la prueba–, que propugna por una cierta autonomía entre los medios de convicción aportados por las partes y las determinaciones que sobre éstos puedan ser tomadas por los operadores judiciales, al constituirse en pruebas del proceso, y no de los sujetos procesales que actúan.
130. En segundo lugar, el hilo conductor del planteamiento formulado por el demandado transgrede el principio de la libre apreciación probatoria que pregona que, partiendo de las reglas de la sana crítica y la experiencia, el juez puede valorar sin condicionamiento alguno –salvo las exigencias constitucionales y legales que se impongan– los elementos de convicción que reposan en el expediente, tal y como lo prescribe el artículo 176 de la Ley 1564 de 2012:
“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.”
131. Lo anterior significa que pretender imponer un razonamiento exacto para el uso y valoración de las pruebas –como ocurre en el sub-judice donde el demandado asevera que las pruebas aportadas por él disponían de un fin y un entendimiento exclusivo, tendiente a demostrar las alteraciones físicas de algunas fotografías introducidas por la parte actora– desconoce el margen de apreciación otorgado a los jueces, cuya salvaguarda es asegurada por los principios de independencia y autonomía de la Rama Judicial, de conformidad con las previsiones del artículo 228 constitucional.
132. Por último, la Sala destaca una cierta contradicción en los alegatos esbozados por el recurrente, al detectar que las pruebas allegadas con su escrito de oposición a la demanda no tuvieron como único propósito acreditar las alteraciones padecidas por el material probatorio arrimado por la demandante.
133. En ese sentido, puede resaltarse que algunas de ellas vinieron a refrendar lo descrito probatoriamente por la parte actora, a la manera como puede ser visto en el memorial de contestación del libelo introductorio, así:
“Folios 30 y 48. Se observa al demandado en compañía de un grupo de personas y al fondo publicidad de IVÁN GARCÍA como candidato a la Alcaldía de Abejorral, publicada en el perfil de una red social del demandado, con un mensaje publicado por éste en el que avala la gestión realizada por el señor IVÁN. Adjunto publicación realizada por mi representado en su cuenta de Instagram, en la que con esa fotografía agradece el apoyo brindado a él.”
(…)
Folio 41. Se observa al demandado en compañía de otras personas. Anexo la misma fotografía publicada en su cuenta de Instagram con el mensaje publicado por el demandado.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
134. Así, el demandado admitía –como lo estimó igualmente el Tribunal Administrativo de Antioquia– que algunas de las imágenes aportadas por la accionante guardaban identidad con algunas de las arrimadas por él en su escrito de defensa.
135. Todo lo anterior, lleva entonces a la Sala a negar prosperidad al alegato concebido por el recurrente en su alzada.
2.5.2.3. Las imágenes sobre las que se fundó el fallo del Tribunal fueron posteadas en redes sociales distintas a las del demandado
136. Para finalizar, la Sección Quinta debe determinar si las capturas de pantalla que tomó en cuenta el Tribunal Administrativo de Antioquia para fundamentar la decisión anulatoria que hoy se impugna, fueron publicadas en perfiles de redes sociales distintos a los del demandado, razón por la que no podía reprochársele por la comisión de actos ajenos a su conducta.
137. Para absolver este cuestionamiento, esta Judicatura se remite al listado de pruebas descrito en el apartado 2.5.1 de esta providencia del que se decanta que las imágenes obrantes a folios 30, 31, 32, 41, 48 y 48, como epicentro de la sentencia de 7 de abril de 2021, fueron publicadas en las cuentas personales del demandado inscritas en las redes sociales de Facebook e Instagram, tal y como se compendia en la siguiente tabla:
Folio
Red social del demandado
Folio 30
Red social Instagram. Cuenta @callejasjcamilo.
Folio 31
Red social Instagram. Cuenta @callejasjcamilo.
Folio 32
Red social Instagram. Cuenta @callejasjcamilo
Folio 41
Red social Facebook. Perfil Juan Camilo Callejas Tamayo
Folio 48
Red social Facebook. Perfil Juan Camilo Callejas Tamayo
Folio 49
Red social Facebook. Perfil Juan Camilo Callejas Tamayo
138. Finalmente, la Sección resalta que, a la manera como lo fuera considerado por el a quo, las capturas de pantalla referidas en dichos folios no fueron objeto de tacha alguna o desconocidas por la parte demandada, por lo que debía partirse de la presunción de su autenticidad –más aun cuando la certeza de su autoría resulta clara– para resolver la demanda presentada por la accionante contra el acto de designación democrática del señor Juan Camilo Callejas Tamayo, como Diputado del departamento de Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023.
139. Se recuerda que, como lo ha defendido esta Sección en otras oportunidades, las fotografías corresponden a documentos privados que retratan una realidad y cuya autenticidad puede ser cuestionada a través de los mecanismos legales erigidos para ello, dentro de los que figuran la tacha y el desconocimiento, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 244 del CGP.
140. Así, en decisión de 31 de octubre de 2018, la Sala especializada en asuntos electorales indicó al respecto:
“Como documentos privados, las fotografías aportadas por el actor no fueron tachadas de falsas por el demandado en el curso del proceso, por lo cual es procedente su valoración dentro de la controversia.”
141. De allí que, en las antípodas de lo argumentado por el recurrente, no exista reparo de tipo formal respecto del material probatorio empleado por el Tribunal Administrativo de Antioquia para establecer la ocurrencia de la doble militancia por apoyos indebidos imputada contra éste, pues se muestran como pruebas que se presumen auténticas –comoquiera que no fueron tachadas por las partes en las oportunidades correspondientes– y, por consiguiente, como válidas y aptas para ser apreciadas y examinadas por parte de los falladores que componen la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
142. Resueltas las objeciones de índole formal–probatorio, la Sala se apresta al estudio de las censuras sustanciales elevadas con la alzada.
2.5.3. Absolución de los interrogantes sustanciales
143. La resolución de los planteamientos de orden sustancial formulados en el recurso de apelación dirigido a controvertir la juridicidad de la sentencia de 7 de abril de 2021 pasa por examinar la valoración probatoria ofrecida por el Tribunal Administrativo de Antioquia a las imágenes y video empleados para justificar la declaratoria de nulidad de la elección del demandado como Diputado de ese departamento, periodo 2020-2023, a fin de advertir –si a ello hay lugar– la existencia de actos positivos y concretos de apoyo otorgados a candidatos inscritos por colectividades políticas distintas a la suya, esto es, al Partido Conservador Colombiano.
144. En consonancia, la Sala abordará el estudio particular de cada uno de los reparos, como sigue:
2.5.3.1. De la presunta indebida valoración de las imágenes contenidas a folios 31, 41, 76 y 83 del expediente
145. Para sustentar la anulación del acto de designación democrática del accionado, el Tribunal Administrativo de Antioquia apreció de entrada el valor probatorio de las capturas de pantalla obrantes a folios 31, 41, 76 y 83 del expediente y concluyó que de éstas se desprendían los respaldos que el candidato a la Asamblea de Antioquia por el Partido Conservador Colombiano, señor Juan Camilo Callejas Tamayo, había prestado a la aspiración proselitista de Iván de Jesús García Rincón, candidato a la alcaldía del Municipio de Abejorral por el Partido AICO.
146. En ese sentido, el fallador de primera instancia argumentó que la presencia del demandado en reuniones conjuntas con el candidato a la alcaldía de Abejorral y sus simpatizantes, así como la “pose” asumida en las imágenes por el accionado, permitían aseverar, más allá de cualquier estado de duda, que el señor Callejas Tamayo había acompañado la aspiración política de Iván de Jesús García Rincón de forma previa a su elección como Diputado conservador de Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023.
147. Igualmente, el Tribunal sostuvo que los apoyos indebidos atribuidos al acusado podían decantarse de la publicidad existente en las imágenes del aspirante por el Partido AICO a la alcaldía de Abejorral.
148. En contrapartida de lo expuesto, el demandado expresa que el alcance probatorio dado por el a quo a estas imágenes se muestra como desproporcionado, comoquiera que, de conformidad con el derecho pretor construido por la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ni las reuniones conjuntas, ni la existencia de publicidad en actos proselitistas, ni mucho menos la “pose” adoptada por su parte en ellas se constituyen en hechos modeladores del respaldo ilegal que fustiga el ordenamiento jurídico electoral, especialmente el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, en armonía con el artículo 275.8 de la Ley 1437 de 2011.
149. Bajo el panorama descrito, la Sala anticipa que, a la manera como lo considera el recurrente, las apreciaciones dadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia a las fotografías obrantes a folios 31, 41, 76 y 83 del expediente se perciben como desconocedoras de las reglas jurisprudenciales que en materia de doble militancia por apoyo ha erigido la Sección Quinta del Consejo de Estado, como se expone seguidamente:
150. En lo que corresponde al contenido de las imágenes de los folios 31 y 41, ellas retratan:
Elemento probatorio y explicación
Ubicación
Soporte
Captura de pantalla de la red social de Instagram, de la cuenta @callejasjcamilo.
Folio 31
Captura de pantalla de la red social de Facebook, del perfil de Juan Camilo Callejas Tamayo.
Folio 41
151. De igual manera, las fotografías aparecidas a folios 76 y 83 del plenario –allegadas por el demandado con su contestación– reflejan el mismo escenario visible en las imágenes 31 y 41 del expediente, añadiendo al contexto el mensaje con el que fueron acompañadas las fotografías en las redes sociales de Instagram y Facebook del accionado.
152. En ellas puede leerse: “En el Retiro acabo de terminar la última reunión de este recorrido por el Oriente Antioqueño. Hablando con los campesinos y habitantes de la zona reitero mi compromiso con el campo como ingeniero Agropecuario que soy. (…) Gracias a los amigos de El Peñol, Guatapé, El Carmen de Viboral La Ceja, Abejorral y el Retiro”.
153. En cuanto a su descripción, en la captura de pantalla observable a folio 31, se puede ver al acusado con su puño derecho al aire, descansando su mano izquierda sobre los hombros de una persona, encontrándose rodeados por una decena de ciudadanos. En la parte baja de la imagen –agachado– puede apreciarse al señor Iván de Jesús García Rincón y en el fondo, en color verde, publicidad de éste pegada a la pared del lugar en el que fue captada la imagen.
154. Por su parte, en lo que respecta a la fotografía 41 del plenario, se observa la presencia del acusado, esta vez sentado, junto al señor García Rincón, en un escenario en privado, enmarcado por publicidad política en la que puede leerse: “IVAN GARCIA. ALCALDE.”
155. Como se advirtió, y a pesar de las apreciaciones desarrolladas por el Tribunal Administrativo de Antioquia en su fallo de 7 de abril de 2021, esta Judicatura resalta que las fotografías comentadas no disponen de la vocación de demostrar “de bulto y más allá de cualquier estado de duda razonable”, la existencia de actos de apoyo indebidos, que den muestra del favorecimiento, patrocinio o ayuda ofrecido por el accionado a la campaña del aspirante a la alcaldía de Abejorral por el Partido AICO, tal y como ha sido exigido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, como requisito indispensable para la configuración de la causal prohibitiva establecida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.
156. En efecto, las imágenes tan solo representan la existencia de una reunión conjunta entre el demandado y el candidato a la alcaldía de Abejorral, en la que el primero asume una posición de “optimismo o fuerza” –como puede asegurarse de su puño derecho al aire–, en el contexto de publicidad perteneciente a la campaña del aspirante del Partido AICO; sin que se vislumbre de ellas la ocurrencia de actos positivos y concretos con los que el demandado hubiere propulsado dicha aspiración proselitista.
157. En este punto, huelga manifestar que, como lo prohijó en su recurso de alzada, el señor Callejas Tamayo la sola presencia del acusado en actos políticos en los que convergen candidatos de otras colectividades distintas de las suyas, no pueden ser tenidos como hechos irrefutables de doble militancia en su modalidad de apoyo, comoquiera que de esta circunstancia exclusiva no puede advertirse, en principio, el acompañamiento que censura el orden jurídico nacional.
158. Así, en decisión de 3 de diciembre de 2020, la Sala especializada en asuntos electorales de este alto Tribunal explicó, en el marco de una demanda de nulidad que perseguía la anulación de la elección del Gobernador de Córdoba para el periodo constitucional 2020-2023 con base en la presencia conjunta del acusado con miembros pertenecientes a otros partidos:
“A la manera como ha sido defendido en el estudio de estas irregularidades, la sola presencia del accionado en eventos políticos ajenos a los de su partido no conllevan, por ese solo hecho, la configuración de los actos positivos y concretos de apoyo, pues se requiere la probanza de que la participación tiene como principal propósito el auspicio o impulso electoral de las candidaturas extrañas”. (Negrillas y subrayas fuera de texto)
159. En otros términos, el punto de inflexión para la configuración del apoyo se encuentra no tanto en la comparecencia del acusado en eventos políticos ajenos a los de su partido, o con integrantes y candidatos de corrientes distintas a las suya, sino de la acreditación de que con su asistencia promovió la campaña política de aspirantes extraños a los de su agrupación proselitista, motivando su apoyo, v. gr. mediante arengas que promuevan el favor ciudadano en beneficio del candidato inscrito por otro partido.
160. Igualmente, ha descartado la Sala que el acompañamiento y ayuda proscritas por la modalidad de doble militancia puede estructurarse a partir de la simple existencia de publicidad política extraña a los demandados en los eventos en los que participan, toda vez que se requiere la refrendación probatoria de que su ubicación responde a la voluntad o al consentimiento de los acusados.
161. De esta manera, en sentencia de 31 de mayo de 2018 –en la que en todo caso se declaró la nulidad de la elección de un representante a la Cámara por el departamento de Arauca, como consecuencia de la existencia de material videográfico que acreditaba el apoyo que había brindado a un candidato de otro partido con intenciones políticas en la circunscripción electoral de la capital de la República– la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró en punto de la presencia de publicidad extraña a la del demandado:
“La circunstancia que hubiera afiches del señor Acosta Acosta en dos (2) de los espacios en los cuales aparece el registro del demandado en actos políticos con otras personas no conduce a concluir el apoyo, pues no existe certeza que el señor Tovar Bello haya autorizado su colocación en tales lugares como parte de su campaña.”
162. Finalmente, para la Sección los gestos, poses y actitudes presentes en las imágenes que se evalúan tampoco disponen, en principio, del potencial para acreditar los actos de respaldo que exige la doble militancia en su modalidad de apoyo; causal de nulidad en la que el acompañamiento y promoción de una candidatura ajena deben estar plenamente demostrados con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que cobija también a los actos administrativos de tipo eleccionario.
163. En otros términos, la Sala encuentra que los semblantes y expresiones adoptados en las fotografías y en los registros videográficos son indicativos de las circunstancias modales de los hechos que representan y, por consiguiente, objeto de valoración por parte del juez, en el marco de la universalidad de los medios de convicción que conforman el expediente; pero no elementos probatorios de los que pueda desprenderse, por su sola existencia y de manera directa –tal y como lo hace el Tribunal Administrativo de Antioquia, al determinar que la pose asumida por el demandado era indicativa de doble militancia–, la cooperación proselitista proscrita por el ordenamiento electoral colombiano.
164. Por todo lo anterior, y como lo alega el demandado, no se colige del examen fotográfico de las imágenes obrantes a folios 31, 41, 76 y 83, razones suficientes para acreditar, más allá de la duda razonable, que el aquí acusado acompañó la aspiración política del señor Iván de Jesús García Rincón, ni prueba inexorable de que prestó su ayuda para promoverla, a pesar de que el Partido Conservador Colombiano –colectividad que ofreció su aval a éste en un hecho que no se refuta con la apelación– inscribió candidato propio para la Alcaldía de Abejorral en el desarrollo de las elecciones territoriales adelantadas el 27 de octubre de 2019.
165. No obstante, lo anterior no impone la revocación de la sentencia impugnada, pues además de las mencionadas pruebas, el Tribunal Administrativo de Antioquia fundó la declaratoria de anulación de la elección en otro tipo de capturas de pantalla y en un video que, en contracorriente a lo expuesto hasta aquí, sí demuestran el desarrollo de actos de apoyo indebidos imputables al demandado como se verá en el próximo apartado de esta providencia y que, en concepto de la recurrente, responden a palabras de simple agradecimiento, lo que la Sala descartará.
2.5.3.2. De la existencia de actos positivos de respaldo en las imágenes contenidas a folios 30, 32 y 48 del expediente
166. Una lectura detenida de la providencia de 7 de abril de 2021 permite constatar que, más allá de las imágenes visibles a folios 31, 41, 76 y 83 del expediente, el fallador de primera instancia soportó su decisión en otro grupo de capturas, cuya autenticidad no fue cuestionada por el demandado. En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró:
“Valoración de las pruebas que no fueron tachadas de falsas.
56. Por otro lado, serán tenidas en cuenta para probar el supuesto de hecho que se expuso en la demanda, las fotografías que aporta el demandante a folios 30, 31, 32, 41, 48, 49, en tanto que no fueron tachadas de falsas y coinciden con las aportadas por el propio demandado a folios 76 – 83, y de las que este último acepta que fueron publicadas en sus redes sociales.” (Negrilla propias y subrayas fuera de texto)
167. De lo reproducido se deduce que, además de las capturas de pantalla impresas a folios 31 y 41 del plenario, la ocurrencia de los respaldos tuvo también en cuenta otro tipo de imágenes allegadas por la demandante y sobre las cuales no existió oposición proveniente de la parte accionada, como pudo verificarse en capítulos previos, en los que se llegó a determinar incluso que su contenido había sido respaldado con el escrito de contestación.
168. Partiendo entonces de la presunción de autenticidad de las imágenes contenidas en los folios 30, 32 y 48 –como medios probatorios obrantes en el plenario–, esta Judicatura destaca la existencia de actos de respaldo indebidos que se presentan como el preludio para la materialización de la doble militancia por apoyo descrita en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.
169. En este punto, la Sala resalta que si bien el fallador de primera instancia fundó igualmente su sentencia anulatoria en la fotografía visible a folio 49 del expediente, esta Judicatura descarta que la misma pueda ser comprendida como ilustrativa de acompañamientos prohibidos, teniendo en cuenta que la imagen que plasma resulta ser similar a aquella que es apreciable en la captura de pantalla obrante a folio 31, cuya materialidad no puede ser tenida como indicativa de ayudas a candidatos inscritos por colectividades políticas ajenas a las del demandado, con fundamento en las razones ampliamente desarrolladas en el acápite 2.5.3.1 de esta providencia, como se colige de su estudio comparativo, así:
Folio
Soporte
Folio 31
Folio 49
170. Precisado ello, la Sección Quinta del Consejo de Estado emprende el estudio pormenorizado de las reproducciones fotográficas obrantes a folios 30, 32 y 48 del plenario, distinguiendo en su examen las entidades territoriales en las que el accionado brindó apoyos proscritos por el sistema jurídico electoral colombiano:
171. Municipio de Guatapé:
172. En lo que respecta a los hechos sucedidos en este municipio antioqueño, la demandante sostiene que el señor Juan Camilo Callejas Tamayo asistió la candidatura de Marleny García Ospina, aspirante a la alcaldía inscrita por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé”, en el contexto de la campaña electoral adelantada en el año 2019, que precedió su elección como diputado de Antioquia para el periodo 2020-2023.
173. Para refrendar su dicho, la parte actora anexó a su demanda captura de pantalla de la red social Instagram del accionado, plasmada a folio 32 del expediente que, como se puntualizó, no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del demandado. Por el contrario, su contenido fue validado con la contestación de la demanda en los términos que se trascriben enseguida:
“Folios 32 y 33. Se observa sendas fotografías publicadas en el perfil del demandado dentro de las cuales se observa a éste en compañía de una multitud. (…) Anexo las mismas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram con el mensaje publicado por el demandado.” (Negrilla fuera de texto)
174. El examen detallado de la imagen 32 del plenario permite afirmar que se equipara a aquella aportada por el accionado a folio 79 del expediente, acreditando lo que se muestra a continuación:
175. Tal y como puede observarse, la captura de pantalla da cuenta de un acto proselitista realizado el 31 de agosto de 2019, en el que el demandado participa en lo que parece ser un mitin político organizado por la candidata a la alcaldía de Guatapé, señora Marleny García Ospina; cuya aspiración fue avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé”. En ella, el accionado sostiene un globo con su mano derecha y su vestimenta se compone de publicidad atinente a su campaña a la Asamblea de Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023.
176. La fotografía es igualmente vinculada a un mensaje escrito en el que el accionado expresa:
“Finalizamos nuestro día ratificando el compromiso con nuestros amigos de Guatapé y el Movimiento #VamosGuatapé.
#AntioquiaParaTodos #C53.”
177. Bajo el panorama expuesto, la Sala resalta que aunque la imagen en comento no dispone del potencial necesario para cristalizar la ocurrencia de un acto positivo y concreto de apoyo desde el enfoque de la doble militancia estatuida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011 –al representar la ejecución de reuniones conjuntas entre el demandado y candidatos inscritos por partidos políticos distintos al suyo en el marco de las justas electorales adelantadas el 27 de octubre de 2019, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala de Sección, que exige siempre la probanza irrestricta de actuaciones proselitistas que promuevan empresas políticas–; dicha afirmación no resulta extensible a la leyenda que se adjuntó al mensaje, de la que se desprende la existencia de una relación proselitista entre el accionado y el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé”, en contravía de los intereses de la agrupación que había inscrito su candidatura a la Asamblea del departamento de Antioquia.
178. No otra conclusión se deriva del “compromiso” que, de acuerdo con el dicho del accionado, existió entre su candidatura y aquella que respaldó la aspiración de la señora García Ospina a la alcaldía de ese municipio antioqueño; en un enlace que quedara “ratificado” por el propio demandado a través de su cuenta pública de Instagram el 31 de agosto de 2019.
179. En ese sentido, el análisis lingüístico del vocablo “compromiso”, como nota particular de la leyenda descrita –“Finalizamos nuestro día ratificando el compromiso con nuestros amigos de Guatapé y el Movimiento #VamosGuatapé–, conlleva la subsistencia de obligaciones contraídas, a la manera como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en sus diferentes acepciones:
“Compromiso
Del lat. compromissum.
1. m. Obligación contraída.
2. m. Palabra dada.
3. m. Dificultad, embarazo, empeño.
(…)
5. m. Promesa de matrimonio.”
180. Más allá de las particularidades de cada uno de estos sentidos etimológicos, una idea subyace a la voz “compromiso”: la existencia de un acuerdo contentivo de deberes que por regla general resulta exigible para los contrayentes y, que en el marco de las campañas electorales, acredita el acompañamiento y la cercanía de quienes hacen parte de él; cristalizando relaciones proselitistas que, dirigidas a candidatos distintos de los inscritos por las colectividades de los demandados, llevan a la configuración de la doble militancia por apoyo.
181. Con base en lo anterior, la Sala destaca que la pervivencia de un compromiso entre el accionado y el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé” daba cuenta de la existencia de deberes contraídos por el demandado, que de cara al electorado mostraban la existencia de una “dupla aspiracional”, que trabajando en conjunto, falseaban las intenciones del Partido Conservador Colombiano, como colectividad matriz que había avalado su campaña política y, por ende, en contravía del régimen de bancadas defendido por el instituto de la doble militancia.
182. Y es que visto en el contexto de la campaña electoral que precedió la designación democrática del señor Juan Camilo Callejas Tamayo como diputado de Antioquia, la declaración consignada en sus redes sociales –“Finalizamos nuestro día ratificando el compromiso con nuestros amigos de Guatapé y el Movimiento #VamosGuatapé– se constituía efectivamente en un acto de promoción de la empresa proselitista auspiciada por este Grupo Significativo de Ciudadanos, en el que, a través del compromiso, el demandado invitaba a sus electores en el Municipio de Guatapé a apoyar la causa política representada por la señora Marleny García Ospina, integrante de un grupo político diferente del suyo.
183. En otros términos, el acompañamiento de la candidatura de la aspirante por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé” –atendiendo al deber contraído por el demandado con ella– allanaba el camino para que la ciudadanía que respaldaba su proyecto a la Asamblea en dicho municipio antioqueño tuviera a la señora García Ospina como una carta adecuada en la carrera por el acceso a la alcaldía de Guatapé; esto es, como una opción altamente ponderable a la hora de elegir al burgomaestre que regentaría la dirección del referido ente territorial en el desarrollo de las elecciones adelantadas el 27 de octubre de 2019.
184. De esta manera, se tiene que aunque con las expresiones empleadas por el acusado, no se invita a votar directamente por una candidatura extraña al Partido Conservador, la existencia de un compromiso –aceptado por el demandado–, publicitado mediante una plataforma digital con importantes alcances, y de cara a su electorado en el Departamento de Antioquia –circunscripción de la que hace parte el Municipio de Guatapé–, permite entender que dicho mensaje propulsaba la aspiración política de Marleny García Ospina, mostrándola como su “compañera” en las justas a la alcaldía de ese Municipio y, por contera, pretendiendo incidir en la ciudadanía que debía acercarse a las urnas para escoger a sus representantes el 27 de octubre de 2019.
185. Respecto de este tipo de apoyos –es decir, aquellas manifestaciones con las que, a pesar de que no se invita a votar directamente por una opción política determinada, conllevan sin embargo auspicio electoral configurador de doble militancia–, la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado expuso en sentencia de 29 de septiembre de 2016:
“Para la Sala que el demandado no reconozca de forma expresa que él va a votar por el candidato Oscar Barreto, no desvirtúa el hecho de que utilizó parte del tiempo que tuvo para dirigirse a los ciudadanos a través de un medio masivo de comunicación, para patrocinar la candidatura de una persona distinta a la avalada por el Partido Verde pues, se insiste, su discurso daba a entender que él y su grupo de amigos apoyarían al candidato Oscar Barreto a la Gobernación del Tolima. En consecuencia, se puede sostener que las declaraciones públicas y abiertas rendidas por el demandado en el programa radial buscaban incidir en el electorado para que cualquier persona que se considerara “amiga” o a fin (sic) a él votara a favor del señor Barreto.”
186. Y es que extrapolando la interpretación dada en esa oportunidad a las declaraciones rendidas por el demandado en una emisora radial, se puede advertir que, en el caso del que conoce esta Sección en la actualidad, las afirmaciones expresadas por el señor Callejas Tamayo a través de sus redes sociales incitaron a sus electores, a través de la existencia de un compromiso, a respaldar la candidatura de la señora García Ospina, como una cuota cercana a sus propósitos electorales –presentándose a la ciudadanía como un binomio electoral– que, sin duda, servía para asistir las intenciones democráticas de una agrupación distinta al Partido Conservador, como colectividad que había avalado la aspiración del accionado.
187. Finalmente –en lo que respecta a este punto–, la Sala destaca que el compromiso asumido por el señor Callejas Tamayo sobrepasa los límites de la cordialidad que deben distinguir las actividades proselitistas que anticipan cualquier tipo de elección, al denotar por medio de su publicación un apoyo que asistió el proyecto político de una candidata ajena al partido al cual pertenecía, lo que revela la existencia de una “ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento” que sin importar la forma y “en cualquier medida” conllevan dar por acreditado la conducta proscrita a través de la doble militancia.
188. Pero no se trata de los únicos medios probatorios de los que puede derivarse la causal de nulidad que se endilga al demandado, como se verá seguidamente.
189. Municipio de Abejorral:
190. En lo que toca al Municipio de Abejorral, el Tribunal Administrativo de Antioquia, además de las imágenes examinadas en el capítulo 2.5.3.1. de la parte considerativa de esta providencia, estimó que los actos de apoyo y respaldo constitutivos de la doble militancia estatuida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011, se decantaban igualmente delas capturas de pantalla dispuestas a folios 30 y 48 del plenario; afirmación censurada en el recurso de apelación por el demandado, al afirmar que su contenido tan solo denotaba el agradecimiento que había procurado al señor Iván de Jesús García Rincón por el apoyo que éste había brindado a su campaña a la Asamblea de Antioquia.
191. En ese orden, corresponde en este punto a la Sala determinar si las fotografías referenciadas conducen a identificar actos positivos y concretos de respaldo; anticipando que el estudio pormenorizado de las mismas lleva a advertir la existencia del comportamiento proscrito mediante la institucionalización de la doble militancia por apoyo.
192. De entrada, la Sala advierte que la realidad que describen estas imágenes se encuentra refrendada por las aportaciones que en materia de capturas de pantalla efectuó el demandado en la oportunidad que dispuso para oponerse a las pretensiones del libelo genitor.
193. En ese orden, se tiene que el contenido de las fotografías plasmadas a folios 30 y 48 del expediente –arrimadas por la demandante– guardan una identidad irrefutable con aquella aducida por la parte recurrente, plasmada a folio 78 del plenario que compone esta causa, que en su materialidad permite observar lo siguiente:
194. Así, se trata de una imagen posteada en la cuenta de la red social Instagram del demandado –@callejasjcamilo–, aparecida el 13 de octubre de 2019 –durante la campaña política que precedió su elección como integrante de la Duma departamental de Antioquia–. En ella puede verse al accionado portando una camisa negra en compañía del aspirante a la alcaldía del Municipio de Abejorral, Iván de Jesús García Rincón –quien aparece sentado en el vértice izquierdo de la fotografía–, junto a otras personas que visten prendas alusivas al proyecto político de este último con la inscripción: “Abejorral Todos por el Campo”.
195. Igualmente, la escena es enmarcada por publicidad del demandado –“Asamblea C-53. #Antioquiaparatodos”– y del referido aspirante a la alcaldía de ese municipio antioqueño para el periodo constitucional 2020-2023, como permite evidenciarlo la pancarta.
196. Por último, la reproducción es acompañada de una leyenda que en su literalidad expresa: “Recibo el apoyo de una amplia coalición que lidera Iván García para trabajar unidos por Abejorral. Iván es un ex alcalde (sic) con excelentes resultados que volverá a liderar los destinos de este municipio del Oriente”.
197. Si bien –guardando coherencia con lo dicho hasta ahora– la intervención del accionando en reuniones conjuntas con candidatos de distintas corrientes políticas no supone por ese solo hecho un acto concreto e inequívoco de apoyo que lleve a entrever la materialización de la doble militancia que se le endilga; no puede sostenerse lo mismo en lo que se relaciona con el mensaje que se vincula a esta reproducción fotográfica, del cual se desprende, en sentir de esta Judicatura, la existencia de un respaldo en favor de una candidatura inscrita por un partido político distinto de aquel que avaló la aspiración del demandado a la Duma departamental de Antioquia.
198. Se recuerda que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, las conductas que materializan la doble militancia en su modalidad de apoyo podrán consistir en acompañamientos, ayudas y/o asistencias prestadas en la actividad política, o en cualquier otro comportamiento “…que pueda favorecer los intereses del otro candidato en el debate electoral.”
199. Dicho ello, la Sala resalta que las expresiones empleadas por el demandado en el marco de la contienda que antecedió la elección del alcalde del Municipio de Abejorral se presentaron como instrumentos que propulsaron el proyecto político del señor Iván de Jesús García Rincón –aspirante inscrito por el Partido AICO–, mediante manifestaciones que para la Sección Quinta del Consejo de Estado buscaron persuadir a los electores sobre las bondades de la opción política representada por éste.
200. En otros términos, el mensaje vinculado a las publicaciones que se analizan –folios 30, 48 y 78 del plenario– se muestra como una clara manifestación de propaganda electoral que pretendió destacar las virtudes de la candidatura del señor García Rincón, en total desmedro de las aspiraciones proselitistas del candidato conservador a la alcaldía de Abejorral, como premisa que no encuentra cuestionamiento en el asunto de marras.
201. En palabras de la Sala Plena del Consejo de Estado, la campaña electoral es comprendida como:
“(…) el conjunto de actividades tendientes a persuadir a los electores, por medio del uso de la información, de las bondades de una determinada opción política –en el sentido amplio del término que refiere a los diferentes contextos que plantean los mecanismos de participación ciudadana– (…) definición que se soporta en principios democráticos, de publicidad y transparencia, que mejoran la calidad del debate público […]”.
202. Se colige de lo anterior que la noción de campaña política amalgama una serie de presupuestos que, además de las herramientas que utiliza –plataformas de información– persigue incidir, atraer, inducir y seducir a la ciudadanía con el propósito de canalizar su voluntad democrática en beneficio de una candidatura determinada.
203. En el caso que convoca en esta oportunidad a la Sala, la declaración imputable al demandado: “Recibo el apoyo de una amplia coalición que lidera Iván García para trabajar unidos por Abejorral. Iván es un ex alcalde (sic) con excelentes resultados que volverá a liderar los destinos de este municipio del Oriente”, cumple con los rasgos indelebles del proselitismo político que, como se dejó dicho, pretende inclinar la balanza en favor de una aspiración particular; para el caso concreto, a través de la exaltación de las calidades del candidato del Partido AICO a la alcaldía de Abejorral, su trabajo conjunto y los pronósticos electorales que redundaron en mostrarlo como un aspirante apropiado para regir la administración gubernamental de ese municipio antioqueño.
204. Y es que una primera aproximación a la leyenda conlleva resaltar que el señor Juan Camilo Callejas Tamayo, a través del elogio de las calidades administrativas y gerenciales del candidato AICO a la alcaldía de Abejorral, Iván de Jesús García Rincón, –“Iván es un ex alcalde (sic) con excelentes resultados”–, promociona su figura en el universo democrático que distingue la carrera por el acceso al cargo de burgomaestre del Municipio de Abejorral; presentándolo como un administrador eficiente con excelentes resultados, esto es, como un ciudadano con las capacidades requeridas para el ejercicio de ese empleo público.
205. Es decir que, mediante la exaltación de sus condiciones personalísimas y su gestión eficiente como exalcalde de Abejorral, el demandado emite una declaración que con apoyo en sus redes sociales –en el caso particular Instagram– tuvo como propósito persuadir al electorado sobre los beneficios que conllevaba respaldar democráticamente la opción política representada por el señor García Rincón, habida cuenta de sus importantes resultados en el desarrollo de administraciones pasadas; en un gesto que, lejos de conservar la imparcialidad respecto de esta candidatura, la propulsó desde un enfoque objetivo.
206. En ese orden, y aunque la publicación da también cuenta de un apoyo al candidato conservador por parte del aspirante AICO a la alcaldía de Abejorral, la Sala resalta que esta circunstancia no se constituía en una habilitación que motivara a exceptuar los mandatos provenientes de la doble militancia que, como se vio, pretende reforzar la disciplina de partidos con el propósito de que éstos puedan ser vistos como verdaderos canales de comunicación entre los integrantes de la sociedad y las autoridades públicas.
207. Dicho de otra forma, el apoyo brindado por el señor Iván de Jesús García Rincón no podía ser “excusa” para que el accionado propulsara su empresa proselitista, mediante el uso y empleo de elogios que, teniendo en cuenta el contexto de la campaña, se portarían como verdaderos “catalizadores” que darían mayor fuerza a sus aspiraciones; olvidando que si de esfuerzos se trataba, ellos debían estar dirigidos a acrecentar el proyecto del candidato a la alcaldía de Abejorral inscrito por el Partido Conservador, agrupación política que lo había avalado en su carrera por llegar a la Asamblea departamental de Antioquia.
208. Por otro lado, y escrutando una vez más las palabras que acompañaron la publicación de 13 de octubre de 2019, esta Judicatura estima que, más allá del impulso acordado por el mensaje posteado –del hecho de encumbrar los posibles resultados alcanzados por Iván de Jesús García Rincón en su condición de exalcalde–, éste cuenta igualmente con la particularidad de presentar la candidatura del aspirante AICO como su fórmula política en el Municipio de Abejorral, incitando, de esta manera, a quienes apoyaban su candidatura a la Asamblea en ese ente territorial a respaldar la empresa del señor García Rincón, habida cuenta de su cercanía y aproximación.
209. Bajo esa premisa, la Sala destaca que con base en el agradecimiento pronunciado por el apoyo brindado por Iván de Jesús García Rincón –candidato AICO– a su empresa proselitista, el accionado expresó su intención de “…trabajar unidos por Abejorral”, con una manifestación que en el contexto de la campaña política presentaba al aspirante a la alcaldía por el Partido Político AICO como uno de sus enlaces democráticos que, por su intermedio, podía ser favorecido por su electorado residente en el Municipio de Abejorral; generando, a lo menos, una confusión entre la ciudadanía de ese ente territorial que, de cara a la lógica que impone el ordenamiento en materia de respaldos, esperaba que el trabajo conjunto del demandado, en cualquier caso y sin importar los apoyos que candidatos de orillas ajenas pudieran ofrecerle a su aspiración a la Asamblea, tuviera como destinatario final al candidato inscrito por el Partido Conservador para esas mismas justas.
210. Y es que aunque del mensaje no se revele una formulación expresa atribuible al accionado con la que invite a votar por el señor Iván de Jesús García Rincón, la declaración de un trabajo conjunto entre los aspirantes; la entusiasta exaltación de sus calidades administrativas, junto a los vaticinios efectuados en su favor –que en este contexto sobrepasaban los límites de la cordialidad y las buenas maneras, como fuese sostenido por esta Sección en otras oportunidades– para inscribirse en actos de acompañamiento indebido que promocionaron su candidatura, no solo mostrándola como su fórmula política en Abejorral, sino también reconociendo sus virtudes a fin de persuadir al electorado de las bondades de esta opción política; en contravía de los mandatos normativos que le imponían una conducta neutral respecto de las empresas políticas ajenas al Partido Conservador Colombiano.
211. Para mantener las “buenas maneras” –categoría que es defendida en su contestación y recurso por el demandado– habría bastado sencillamente con agradecer el apoyo concedido por el aspirante a la Alcaldía de Abejorral; sin embargo, exaltar sus calidades y denotar la existencia de un trabajo conjunto –estos dos aspectos entendidos en su integralidad– en el desarrollo de una campaña política, conlleva reconocerlo como el candidato de su predilección para ocupar dicha posición.
212. De allí que para esta Sala de Sección la conducta prohibida se halle probada en esta oportunidad a partir del análisis de pruebas que, gozando de plena autenticidad, fundaron la totalidad de cuestionamientos elevados por la demandante, así como la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, y cuya ocurrencia fue incluso aceptada como gestos de agradecimiento, en una posición que esta Judicatura no comparte por las razones expuestas, que se circunscriben al hecho de vaciar de contenido la figura de la doble militancia, bajo el “manto disfrazado” de la cordialidad que, bajo esta presentación, fustiga las raíces mismas del régimen de bancadas que quiso ser establecido por el constituyente derivado de 2003 y 2009.
213. No obstante, los apoyos brindados a la campaña de Iván de Jesús García Rincón no solo se decantan de las expresiones conjugadas en la leyenda examinada, sino a la vez de un proceder sistemático con el que se demuestra que respaldó una candidatura extraña a la de la agrupación a la que pertenecía, a pesar de que el ordenamiento le exigía una conducta diferente.
2.5.3.3. De la existencia de actos positivos de respaldo en las palabras pronunciadas en el video 3
214. En este punto, la apelación ataca la cuerda argumental desplegada por el fallador de primera instancia que encontró en el video 3 –allegado con la demanda– claras expresiones de apoyo pronunciadas por el acusado en beneficio de la candidatura de Iván de Jesús García Rincón, aspirante a la alcaldía de Abejorral por el Partido AICO, en el contexto de las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019.
215. Para el demandado los términos pronunciados en la videograbación comentada respondían a manifestaciones de agradecimiento por el respaldo que primeramente había ofrecido el candidato AICO a su empresa proselitista, que impedían cristalizar la causal prohibitiva de la doble militancia esgrimida en la Ley estatutaria 1475 de 2011; que exigía en todos los eventos una clara probanza de acompañamientos o ayudas a candidaturas ajenas de las inscritas por el movimiento político que había avalado al enjuiciado.
216. Bajo el panorama descrito, la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado estima que no asiste razón al impugnante, comoquiera que de las declaraciones consignadas en el medio de persuasión que se examina se derivan actos efectivos de apoyo imputables al accionado en beneficio de una aspiración política distinta a la del Partido Conservador Colombiano que había postulado su candidatura a la Asamblea de Antioquia.
217. En su literalidad, el señor Juan Camilo Callejas Tamayo pronunció en el video 3 –cuya autenticidad se presume ante la inexistencia de tacha o desconocimiento propuesto por la parte demandada– el mensaje que se transcribe a continuación:
“Hola, mi nombre es Juan Camilo Callejas aspirante a la Asamblea Departamental de Antioquia, con la C del partido Conservador y el número 53. Quiero darles muchas gracias a Iván por el respaldo irrestricto que hemos tenido. Por masificar este mensaje a todos sus amigos al concejo que hoy postulan nombre para aspirar a tan digna candidatura. A todas esas personas que nos han ayudado a multiplicar el mensaje. A todas esas personas que nos han recogido en su corazón. Pero sobre todo a aquellos que han querido multiplicar este mensaje de Antioquia para todos. Mil y mil gracias, no tengo otras palabras más de gratitud hacia ustedes. De verdad que quiero simplemente invitarlos a que finalicemos esta historia de la mejor manera y acudamos a las urnas este próximo 27 de octubre. Que podamos tener un alcalde amigo y unos concejales que respalden el avance del proyecto y el desarrollo del territorio de Abejorral. Pero que tengamos un diputado comprometido con la inversión y con llevar los recursos a este lindo municipio, marcando la C del partido Conservador y el número 53. Dios mediante este próximo 27 de octubre, este domingo tendremos un diputado amigo, Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Antioquia para todos”. (Negrilla fuera de texto)
218. Una lectura detenida de las palabras empleadas por el demandado permite advertir que, más allá de los términos que se enmarcan claramente en el sentimiento del agradecimiento –“quiero darles muchas gracias por el respaldo irrestricto”, entre otros– se detectan también mensajes tendientes a promocionar la campaña política del señor Iván de Jesús García Rincón a la alcaldía de Abejorral por el Partido AICO, mediante la formulación de invitaciones a participar en el marco de las justas electorales de 27 de octubre de 2019, a fin de obtener la elección de un “alcalde amigo” que materializara los proyectos productivos requeridos para el desarrollo del territorio de ese municipio antioqueño.
219. En ese orden, la Sala efectúa un énfasis especial en la frase: “De verdad que quiero simplemente invitarlos a que finalicemos esta historia de la mejor manera y acudamos a las urnas este próximo 27 de octubre. Que podamos tener un alcalde amigo y unos concejales que respalden el avance del proyecto y el desarrollo del territorio de Abejorral.”; de la que puede colegirse que para el accionado la consumación propicia de las justas electorales a realizarse el 27 de octubre de 2019 pendía de la designación democrática de un “alcalde amigo”; invitando en ese sentido a las gentes de Abejorral a respaldar el proyecto político del candidato a la alcaldía por el Partido AICO, Iván de Jesús García Rincón.
220. En otros términos, con el objetivo de sacar adelante la candidatura del señor García Rincón, aspirante afín a la empresa política del demandado, éste propuso al electorado acudir a los puestos de votación el día 27 de octubre, en una manifestación que para esta Sala de Decisión se constituye en un acto de acompañamiento indebido, en desmedro de los intereses proselitistas de la colectividad política que había apoyado su candidatura a la Asamblea, a saber, el Partido Conservador Colombiano.
221. Y es que si bien de las declaraciones reproducidas se desprenden gestos de agradecimiento pronunciados por el señor Callejas Tamayo, como consecuencia de la ayudada brindada a su candidatura a la Duma departamental por parte del aspirante AICO; lo cierto es que también se evidencia la existencia de actos de respaldo en un sentido contrario, a saber, aquellos procurados por el demandado a la empresa proselitista del señor Iván de Jesús García Rincón, a través de la postulación de una invitación a acudir a las urnas en aras de finiquitar correctamente la contienda de 27 de octubre, escogiendo a un “alcalde amigo”; cercano a las propuestas políticas del accionado.
222. No otra cosa podría decantarse de la declaración. En efecto, sobre el manto de la cordialidad surgida como respuesta al respaldo político concedido por el candidato AICO a la alcaldía de Abejorral, el demandado pronuncia una manifestación en la que proyecta su candidatura al catalogarlo como su “alcalde amigo”, el cual con su llegada al poder en ese territorial antioqueño propulsaría las políticas públicas necesarias para el desarrollo de Abejorral, inclinando sin duda la balanza democrática en su favor, al exhibirlo como su fórmula de facto en el contexto del certamen eleccionario de 27 de octubre de 2019; creando la confusión y la deslealtad que se censuran a través de la doble militancia estatuida en la Ley 1475 de 2011.
223. En este aspecto se recuerda que la manera en que se deben comportar los candidatos a cargos de elección popular o a corporaciones públicas, así como las personas elegidas para los mismos, es sustancialmente diferente respecto de aquellos que lo hacían con base en la Constitución de 1886. En efecto, el hecho que la Constitución de 1991 tenga como principio fundante de Colombia ser un Estado Social de Derecho, estructurado sobre la democracia participativa y respaldado en la soberanía popular, denota una nueva visión del pueblo y sus representantes.
224. Así pues, los procesos electorales en momento alguno comportan una transferencia de la soberanía del ciudadano hacia el candidato o elegido, sino que lo facultan para actuar como delegado del pueblo, pues entre el elegido y el elector existe una cadena de legitimación directa. De allí la necesidad de velar porque esa relación entre candidato- elector o elegido-elector dignifique el compromiso que pretende salvaguardar la Constitución.
225. Y es que para la Sala la referencia en la declaración del demandado a la elección de un “ alcalde amigo” transgrede en esencia las condiciones mínimas que deben salvaguardarse para la libertad en el ejercicio del derecho al sufragio activo de los electores, como sustrato de los regímenes democráticos; al provocar con su actuar una ambivalencia en la representación que correspondía al accionado, comoquiera que, a pesar de haber sido avalado por el Partido Conservador Colombiano, apoyó postulaciones distintas de las inscritas por dicha colectividad política.
210. En ese orden, para la Sala, no es objeto de hesitación alguna que la mención del accionado a la designación democrática de un “alcalde amigo” comprendía el proyecto político del aspirante AICO, comoquiera que es (i) “Iván” uno de los protagonistas centrales de la alocución; (ii) el mensaje se relaciona con el Municipio Abejorral –territorio en el que el Partido Político AICO había inscrito su aspiración política para ocupar el cargo de primer burgomaestre del Municipio–; ligando su declaración de agradecimiento inicial a una conducta positiva y concreta de promoción de una campaña extraña a la de su agrupación proselitista, al vincular una invitación general de asiduidad a las urnas, con un mensaje claro y directo que pretendía la escogencia de un burgomaestre que fuera cercano a la propuesta democrática del demandado que, para el caso particular, era Iván de Jesús García Rincón.
211. Se recuerda, como fuera dicho en acápites previos de esta sentencia, que aunque los respaldos recibidos por los candidatos pueden proyectarse como el origen de alocuciones cordiales, inscritas dentro de las buenas maneras que deben distinguir los debates políticos, ello no faculta, sin embargo, la dación recíproca de apoyos a aspirantes, cuyas candidaturas son acompañadas por organizaciones políticas extrañas.
212. En ese sentido, se tiene que los posibles apoyos brindados entre candidatos no pueden exceptuar el carácter normativo de la doble militancia por apoyo, como norma de orden público que debe ser observada en todo momento, y que no puede ser diezmada por las circunstancias fáctico–políticas que distinguen los debates eleccionarios –lo que incluye decisiones de los partidos y/o candidatos, a la manera como en otras oportunidades lo ha reconocido esta Sección:
“Hechas las anteriores precisiones, se debe señalar que comoquiera que la doble militancia es una prohibición consagrada en el artículo 107 constitucional y desarrollada en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, es claro que cualquier decisión, acto, o convenio emanado de la agrupación política que sea contrario a los postulados allí contenidos no puede ni debe ser considerado como un sustento válido para justificar comportamientos que atenten contra el principio democrático participativo y la soberanía popular.”
213. Por lo anterior, y teniendo consumado el apoyo brindado por el demandado al señor Iván de Jesús García Rincón, la Sala se emprende al estudio de los cuestionamientos finales de la oposición formulada a la sentencia de 7 de abril de 2021, consistentes en sostener que no existía certeza de que la videograbación analizada hubiere sido filmada en la campaña electoral que precedió la elección del accionado y su no divulgación, como argumentos que pretenden enervar las conclusiones a las que arribó el a quo.
214. Pues bien, en lo que corresponde a la oportunidad en la que fue creado el video, la Sala resalta que, a la manera como lo afirma el recurrente, en el plenario no existe prueba directa de ello –la prueba no permite observar su fecha de elaboración–; lo que no se traduce en la imposibilidad de establecer que su filmación se produjo en el marco de la campaña que anticipó las elecciones territoriales de 27 de octubre, a través de dos elementos cruciales.
215. En primer lugar, la referencia que en el mensaje de invitación a las urnas el accionando hace de la elección de 27 de octubre, día en el que, de acuerdo con el calendario electoral, fueron desarrolladas las votaciones territoriales para la escogencia de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, que se posesionarían a partir del 1° de enero de 2020.
216. Al respecto, el accionado declaró:
“De verdad que quiero simplemente invitarlos a que finalicemos esta historia de la mejor manera y acudamos a las urnas este próximo 27 de octubre. Que podamos tener un alcalde amigo y unos concejales que respalden el avance del proyecto y el desarrollo del territorio de Abejorral.” (Negrilla fuera de texto)
217. En segundo lugar, en su alocución se presenta como candidato a la Asamblea de Antioquia por el Partido Conservador Colombiano, identificado en el tarjetón con el número 53, que fue aquel que le correspondió en dicha contienda. En ese orden, manifiesta:
“Hola, mi nombre es Juan Camilo Callejas aspirante a la Asamblea Departamental de Antioquia, con la C del partido Conservador y el número 53.”
218. Mismas consignas que porta en los atuendos con los que aparece en la grabación, constatándose así que el material videográfico fue elaborado en la campaña electoral, previa a la elección de 27 de octubre de 2019.
219. Finalmente, manifiesta el demandado que el video sobre el que el Tribunal Administrativo de Antioquia soportó el fallo impugnado no fue publicitado –restándole valor a su elaboración–; afirmaciones que no resultan creíbles si se atienden a dos circunstancias particulares.
220. De un lado, la existencia de una cierta contradicción entre lo aseverado en el desarrollo de esta segunda instancia y lo defendido ante el juez a quo de esta causa, en la que reconoció libremente que la videograbación fue creada con el propósito de agradecer los apoyos brindados a su proyecto político, lo que suponía indefectiblemente su divulgación, como premisa indispensable para alcanzar tal propósito.
221. De esta manera, lo señaló en su contestación de la demanda:
“Sea lo primero indicar que no existe reparo alguno en relación con la valoración probatoria que se haya de dar por esta H. Corporación a los videos 2 y 3, en la medida que contienen lo que fue la imagen publicitaria de mi representado a la Asamblea Departamental de Antioquia, así como un mensaje de agradecimiento a quienes creyeron en su propuesta de trabajo, respectivamente.” (Negrilla)
222. De otro, la existencia de elementos probatorios que permiten sostener que la videograbación fue publicada en redes sociales ajenas a las del accionado. En ese sentido, se tiene la captura de pantalla obrante a folio 35 del expediente que da cuenta que la declaración fue divulgada por Iván de Jesús García Rincón como muestra de apoyo del acusado, que sin relacionarse con el elemento objetivo de la doble militancia por apoyo –motivo por el que el Tribunal Administrativo de Antioquia descartó la valoración de esa prueba– lleva a acreditar que el video sí fue difundido.
223. En ese orden, la conjunción de estos dos argumentos –contrariedad en el hilo conductor y pruebas de publicidad– llevan a esta Sala de Sección a rechazar la consideración apelativa expuesta en el recurso de alzada.
2.6. Análisis conjunto de las pruebas en torno al Municipio de Abejorral
224. Pero, sin perjuicio de lo anterior, la Sala resalta que, teniendo clara la premisa de que las conductas escrutadas fueron ejecutadas en el marco de la campaña electoral que precedió la elección del acusado como diputado de Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023, los comportamientos endilgados al señor Juan Camilo Callejas Tamayo denotan la presencia de un actuar sistemático, a través del cual pretendió fortalecer la empresa proselitista del señor Iván de Jesús García Rincón, aspirante AICO a la alcaldía de Abejorral.
225. Expuesto en otros términos: la existencia de respaldos indebidos no solo se deriva del análisis particular de las pruebas aportadas al expediente –como se demostró–, sino a partir de su estudio integral que da cuenta de la existencia de una dinámica frecuente y coherente con la que el accionado buscó favorecer la candidatura de un postulante democrático registrado por un partido disímil al Conservador.
226.En consonancia, puede admitirse que partiendo de una invitación a las urnas –contenida en la declaración accesible a través del video 3–, en la que el demandado evidenció su propósito de que se eligiera a un “alcalde amigo” en aras de concretizar los proyectos requeridos para el desarrollo de Abejorral; aunadas a las fotografías 30, 48 y 78 del plenario, en las que el accionado exalta las calidades de Iván de Jesús García Rincón en administraciones pasadas y revela el trabajo conjunto que existe entre los dos candidatos en el Municipio de Abejorral; la Sala encuentra que, más allá de cualquier estado de duda –y por consiguiente marchando en el campo de la certidumbre probatoria que exige la doble militancia por apoyo– el señor Callejas Tamayo emprendió un comportamiento sistémico con el que respaldó una aspiración política distinta a la del Partido Conservador sobre la base de un agradecimiento que, como lo ha sostenido hasta aquí esta Corporación, no se constituía en una habilitación para que el accionado impulsara una aspiración contraria a las inscritas por su colectividad.
227. En ese orden, se tiene que la súplica de asiduidad en las urnas para la elección de un “alcalde amigo”, junto a las expresiones de apoyo inscritas en manifestaciones de encumbramiento del perfil del exalcalde de Abejorral – señor Iván de Jesús García Rincón–, y la existencia de una sinergia entre los proyectos, permiten a esta Judicatura dar por sentado la ocurrencia de actos positivos y concretos con los que se buscó resaltar su figura como la mejor opción política en Abejorral; persuadiendo, por ende, al electorado de sus virtudes, en el marco de una campaña política en la que la intervención del demandado en el sentido que se comenta transgredía las condiciones en la que su participación debía efectuarse; en el sentido de que si de apoyar se trataba, sus esfuerzos debían dirigirse solo y únicamente al candidato conservador a esa alcaldía como se dejó expresado.
228. Por lo anterior, y escrutando el peso probatorio individual y conjunto de los medios de convicción arrimados debidamente a este proceso, la Sala destaca la existencia de la conducta prohibida por parte de la causal de doble militancia por apoyo.
2.7. Conclusiones finales
192. De acuerdo con lo dicho, para la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado la decisión de 7 de abril de 2021 debe ser confirmada, al configurarse la totalidad de los presupuestos de la doble militancia por apoyo contenida en el artículo 2.2. de la Ley 1475 de 2011, al encontrarse demostrado que:
(i) el demandado fue un candidato avalado por el Partido Conservador Colombiano a la Asamblea Departamental de Antioquia en el contexto de las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019 –elemento subjetivo de la prohibición acreditado a través del formulario E-6 AS de 26 de julio de 2019 obrante en el expediente–.
(ii) el Partido Conservador Colombiano inscribió la candidatura de Manuel Alberto Guzmán Marín a la Alcaldía de Abejorral y de Marleny García Ospina a la alcaldía de Guatapé –elemento modal de la conducta probado a través de los formularios E26 allegados al trámite–
(iii) el demandado apoyó la candidatura de un aspirante distinto al inscrito por el Partido Conservador en el marco de la contienda electoral que caracterizó la designación del alcalde de Abejorral para el periodo 2020-2023, a saber, la del señor Iván de Jesús García Rincón avalado por el Partido AICO, a través de un mensaje posteado en su red social Instagram el 13 de octubre de 2019 y un video grabado y publicitado en el desarrollo del certamen, como se vio.
(iv) Igualmente, el accionado respaldó la candidatura de Marleny García Ospina a la alcaldía de Guatapé por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Vamos Guatapé”, a través de una publicación publicada en el 31 de agosto de 2019, en la que acepta la existencia un compromiso adquirido con tal movimiento que presupuso que ante sus electores la candidatura de García Ospina hubiere sido avalada por el demandado, en contravía de los intereses del Partido Conservador.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con fundamento en los planteamientos plasmados en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de abril de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.
TERCERO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
NULIDAD ELECTORAL – Se desconoció el principio de la no reformatio in pejus
En el sub lite, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia de 7 de abril de 2021, por medio de la cual, se declaró la nulidad de la elección del [demandado] como diputado de la Asamblea departamental de Antioquia (2020-2023) por haber incurrido en la prohibición de doble militancia política en la modalidad de apoyo, prevista en el numeral 8º del artículo 275 del CPACA, en tanto, se encontró acreditados actos de apoyo brindados por el demandado al candidato a la Alcaldía del municipio de Abejorral, inscrito por el partido AICO y a la candidata a la Alcaldía del municipio de Guatapé, inscrita por el grupo significativo de ciudadanos “Vamos Guatapé”, a pesar de que el partido Conservador, colectividad a la que pertenece, tenía candidatos propios para estos cargos. (…). [L]a aclaración va dirigida a señalar que en la providencia se esbozó como razón para declarar la nulidad de la elección, el apoyo brindado por el diputado a la candidata a la Alcaldía de Guatapé, a pesar de que este hecho no fue considerado por el a quo en la sentencia, como tampoco hizo parte de los argumentos expuestos por el apelante. En efecto, verificados los motivos del fallo apelado, se puede advertir que la declaratoria de nulidad se sustentó, exclusivamente, en el respaldo ofrecido por el [demandado] al [candidato] a la Alcaldía de Abejorral. (…). Consecuente con lo anterior, las razones invocadas en el recurso de apelación se limitaron a refutar el alcance que se dio a las declaraciones recibidas para el caso del candidato en Abejorral. (…). Sin embargo, la Sala incluyó en su análisis una prueba documental sobre el respaldo ofrecido por el demandado a la candidata a la Alcaldía de Guatapé inscrita por el grupo significativo de ciudadanos “Vamos Guatapé”, respecto del cual, el Tribunal no hizo ninguna consideración. Así las cosas, [se considera] que se desconoció el artículo 320 del Código General del Proceso. (…). Por lo tanto, [se estima] que la Sala ha debido circunscribir el estudio del recurso de alzada a los actos de apoyo atribuidos al demandado con relación al candidato del partido AICO a la Alcaldía de Abejorral y abstenerse de involucrar en la decisión aspectos ajenos al debate que se delineó a partir del fallo de primera instancia y el escrito de apelación, por lo que se desconoció el principio de la no reformatio in pejus, según la cual el juez de segundo grado no puede hacer más gravosa la situación del apelante. De otra parte, debo insistir en que la jurisprudencia de la Sección, ha señalado que “la probanza del comportamiento prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar, a través del cual, se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado”. Ello quiere decir, que cualquier expresión no puede servir para fundamentar el apoyo censurado, sino aquella frase expresada de manera clara, directa, concreta y definitiva. En el presente caso, este presupuesto no se cumple, más allá que no debió tenerse en cuenta la censura sobre el apoyo brindado a la candidata de Guatapé, pues, la expresión contenida en la publicación en la red social de Instagram frente a la candidata (…), aspirante a la Alcaldía de Guatapé, “ratificando el compromiso con nuestros amigos de Guatapé y el Movimiento #VamosGuatapé”, deja duda sobre la persona a quien se apoya y no pueden fundamentar la anulación de la elección.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que la probanza del comportamiento prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción más allá de cualquier duda razonable, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 320
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
ACLARACIÓN DE VOTO DE LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Radicación número: 05001-23-33-000-2020-00006-01
Actor: DINA MARÍA ARDÍLA SÁNCHEZ
Demandado: JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO – DIPUTADO DE ANTIOQUIA, PERÍODO 2020-2023
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el respeto que se merecen los integrantes de la Sala mayoritaria, me permito expresar las razones por las cuales, si bien acompañé la decisión adoptada en la sentencia de 1º de julio de 2021, encuentro necesario aclarar mi voto.
En el sub lite, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia de 7 de abril de 2021, por medio de la cual, se declaró la nulidad de la elección del señor JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO como diputado de la Asamblea departamental de Antioquia (2020-2023) por haber incurrido en la prohibición de doble militancia política en la modalidad de apoyo, prevista en el numeral 8º del artículo 275 del CPACA, en tanto, se encontró acreditados actos de apoyo brindados por el demandado al candidato a la Alcaldía del municipio de Abejorral, inscrito por el partido AICO y a la candidata a la Alcaldía del municipio de Guatapé, inscrita por el grupo significativo de ciudadanos “Vamos Guatapé”, a pesar de que el partido Conservador, colectividad a la que pertenece, tenía candidatos propios para estos cargos.
Mi aclaración va dirigida a señalar que en la providencia se esbozó como razón para declarar la nulidad de la elección, el apoyo brindado por el diputado a la candidata a la Alcaldía de Guatapé, a pesar de que este hecho no fue considerado por el a quo en la sentencia, como tampoco hizo parte de los argumentos expuestos por el apelante. En efecto, verificados los motivos del fallo apelado, se puede advertir que la declaratoria de nulidad se sustentó, exclusivamente, en el respaldo ofrecido por el diputado Juan Camilo Callejas al señor Iván García Rincón, como candidato a la Alcaldía de Abejorral, según se lee en el siguiente apartado:
En consecuencia, por encontrarse acreditado que: i) el señor Juan Camilo Callejas Tamayo, era aspirante a ser elegido como diputado a la Asamblea del Departamento de Antioquia como candidato del Partido Conservador Colombiano ii) apoyó a un candidato diferente a los avalados por su partido político en la candidatura a la Asamblea del Departamento de Antioquia, esto es, apoyó públicamente la candidatura del señor Iván García Rincón, como candidato a la alcaldía de Abejorral del partido AICO, habiendo candidato para dicha alcaldía por el Partido Conservador Colombiano, como se evidenció en el numeral 23, desconociendo preceptos constitucionales y legales; iii) realizó dicha conducta durante la contienda electoral del año 2019, esto es, antes del 27 de octubre de 2019, la Sala concluye que se encuentran reunidos los requisitos o elementos legales establecidos en la causal de doble militancia invocada por la demandante, concretamente el inciso segundo el (sic) artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 (se destaca).
Consecuente con lo anterior, las razones invocadas en el recurso de apelación se limitaron a refutar el alcance que se dio a las declaraciones recibidas para el caso del candidato en Abejorral. Lo anterior se puede constatar con el siguiente extracto que concreta el recurso de alzada:
[L]a Sala de Decisión a partir de la sólo (sic) observancia de las fotografías de folios 31, 42, 76 y 83, da por hecho el apoyo, acompañamiento y respaldo que presuntamente brindó el demandado JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO a los intereses del candidato a la Alcaldía de Abejorral – Antioquia (IVAN GARCÍA RINCÓN” (…)
Desarrollaremos desde lo dicho, los argumentos que permitirán revocar el fallo recurrido, pues contrario a lo afirmado en los párrafos transcritos de la sentencia, no hay evidencia de palabras de apoyo y actos positivos de favorecimiento a un candidato para la Alcaldía de Abejorral – Antioquia, como allí se concluye.
Sin embargo, la Sala incluyó en su análisis una prueba documental sobre el respaldo ofrecido por el demandado a la candidata a la Alcaldía de Guatapé inscrita por el grupo significativo de ciudadanos “Vamos Guatapé”, respecto del cual, el Tribunal no hizo ninguna consideración.
Así las cosas, considero que se desconoció el artículo 320 del Código General del Proceso, que establece los fines de la apelación:
ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Por lo tanto, estimo que la Sala ha debido circunscribir el estudio del recurso de alzada a los actos de apoyo atribuidos al demandado con relación al candidato del partido AICO a la Alcaldía de Abejorral y abstenerse de involucrar en la decisión aspectos ajenos al debate que se delineó a partir del fallo de primera instancia y el escrito de apelación, por lo que se desconoció el principio de la no reformatio in pejus, según la cual el juez de segundo grado no puede hacer más gravosa la situación del apelante.
De otra parte, debo insistir en que la jurisprudencia de la Sección, ha señalado que “la probanza del comportamiento prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar, a través del cual, se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado”.
Ello quiere decir, que cualquier expresión no puede servir para fundamentar el apoyo censurado, sino aquella frase expresada de manera clara, directa, concreta y definitiva. En el presente caso, este presupuesto no se cumple, más allá que no debió tenerse en cuenta la censura sobre el apoyo brindado a la candidata de Guatapé, pues, la expresión contenida en la publicación en la red social de Instagram frente a la candidata Marleny García Ospina, aspirante a la Alcaldía de Guatapé, “ratificando el compromiso con nuestros amigos de Guatapé y el Movimiento #VamosGuatapé”, deja duda sobre la persona a quien se apoya y no pueden fundamentar la anulación de la elección.
En estos términos dejo consignada mi aclaración de voto.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Con posterioridad la demandante otorgó poder a un profesional del Derecho.
“Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.”
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” –En adelante CPACA–. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Trajo a colación la sentencia de 31 de mayo de 2018 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Departamento.
“La inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito.”
Para ello, trajo a colación la sentencia de 26 de agosto de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Primera. Subsección A. Rad. 25000-23-41-000-2015-02347-01. Para sustentar este punto, refirió a la sentencia C-604 de 2016 de la Corte Constitucional. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (acum.) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.”
“Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 8. De la nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las asambleas departamentales; de concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los alcaldes, personeros, contralores municipales y miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. La competencia por razón del territorio corresponde al Tribunal con jurisdicción en el respectivo departamento.”
“El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.”
Menciona las contenidas en el artículo 26 del Código Electoral –Decreto N°. 2241 de 1986–.
“2. Que se notifique personalmente a la autoridad que expidió el acto y a la que intervino en su adopción, según el caso, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales, en los términos previstos en este Código.”
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2019-03317-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de diciembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 19001-23-33-003-2019-00368-01. Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Quinta, sentencia del 24 de noviembre de 2016, CP. Alberto Yepes Barreiro, Exp. 52001-23-33-000-2015-00841-01. Sobre el tema pueden consultarse las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del de 20 de noviembre de 2015, Exp.
11001-03-28-000-2014-00091-00, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Dte: Humberto de Jesús Longas; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de noviembre de 201512 de noviembre de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-00088-00, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Dte: Humberto de Jesús Longas; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 28 de septiembre de 2015, Exp. 1001-03-28-000-2014-00057-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Dte: Yorgin Harvey Cely Ovalle y Otro; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 4 de agosto de 2016, Exp. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro. Dte: Wilson de Jesús Támara Zanabria; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 18 de agosto de 2016, Exp. 50001-23-33-000-2015-00653-01, MP. Alberto Yepes Barreiro. Dte: Diego Alexander Garay; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de septiembre de 2016, Exp. 63001-23-3-000-2015-00361-01 (Acumulado) CP. Alberto Yepes Barreiro. Dtes: Jhon Alexander Arenas y Jaime Alberto Muriel y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, Exp. 730001-23-33-000-2015-00806-01, MP. Alberto Yepes Barreiro. Dtes: Carlos Enrique Ramírez Peña. Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 24 de noviembre de 2016, Exp. 52001-23-33-000-2015-00841-01 CP. Alberto Yepes Barreiro. Dte: Neil Mauricio Bravo Revelo
Esto es así debido a que la Corte Constitucional Sentencia C-490 de 2011 definió la prohibición de doble militancia como una “limitación, de raigambre constitucional, al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones políticas (Art. 40-3 C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección popular.”
Así lo precisó la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que corresponde a la actual Ley 1475 de 2011, en la sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, asunto respecto del cual indicó: “De acuerdo a lo regulado por el inciso tercero y cuarto del artículo 108 C.P., tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella, están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas. En ese orden de ideas, si tanto una como otra clase de agrupaciones pueden presentar candidatos y, a su vez, uno de los ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia es la preservación del principio democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política. (…) Por último, como lo pone de presente uno de los intervinientes, predicar la prohibición de doble militancia a las agrupaciones políticas sin personería jurídica, no configura una afectación desproporcionada del derecho político a pertenecer a partidos, movimientos y agrupaciones políticas.
Ello en tanto la medida cumple una finalidad constitucionalmente legítima, como es la representatividad de dichas agrupaciones; es adecuada para cumplir con esa finalidad y no impide que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder político mediante tales grupos políticos, sino que solo limita esa participación a que guarda identidad con una plataforma ideológica particular.”
Parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 “Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.” (Negrilla propia). Al respecto consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 4 de agosto de 2016, radicación Nº 63001-23- 33-000- 2016-00008- 01 M.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de octubre de 2016, radicación Nº 68001-23-33-000-2016-00043-01 M.P. Rocío Araujo Oñate. V.gr. por renuncia del candidato que inscribió; porque simplemente se abstuvo de inscribir alguna candidatura; por la revocatoria de la inscripción de su candadito, entre otros. En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, Exp. 730001-23-33-000-2015-00806-01 M.P. Alberto Yepes Barreiro. Dte: Carlos Enrique Ramírez Peña; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2016, Exp. 50001-23-33-000-2016-00077-01 M.P. Lucy Jeannette Bermudez. Dte Yenny Moreno Henao. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. La naturaleza del apoyo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Ibídem. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de diciembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 19001-23-33-003-2019-00368-01. Art. 40. Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016. Art. 258. Art. 23 . Art. 25. Corte Constitucional, sentencia C- 142 de 2001. Ibidem. Corte Constitucional, sentencia C-551de 2003. Corte Constitucional, sentencias C-141 de 2010, C-150 de 2015 y C-379 de 2016. Ibídem
Corte Constitucional, sentencias C-551 de 2003, C-397 de 2010, C-784 de 2014, C-150 de 2015. Corte Constitucional, sentencia C-890 de 2004. Ibídem. Corte Constitucional, sentencias C-342 de 2006, C-334 de 2014, entre otras. Título que sintetiza la posición del recurrente y se resuelve en este capítulo.
“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
Para conocer los antecedentes normativos de la Ley 527 de 1999, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Rad. 25000-23-26-000-2000-00082-01. M.P. Stella Conto Diaz del Castillo. Sentencia de 13 de diciembre de 2017. Art. 2° de la Ley 527 de 1999. Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS.
Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.”
Exposición de motivos de la Ley. Corte Constitucional. Sentencia C-831 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
“Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.”
“Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación…”.
“Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma…”. Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ibidem. Art. 11 de la Ley 527 de 1999.
“En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.”
Se hace referencia a los mensajes de datos. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
“Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.”
Por ejemplo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Título que sintetiza la posición del recurrente y se resuelve en este capítulo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 66001-23-33-000-2020-00499-02 (Acum.). M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 27 de mayo de 2021. Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 19 de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Título que sintetiza la posición del recurrente y se resuelve en este capítulo. La tacha como se informó en los antecedentes de este proveído se centró en controvertir la autenticidad de las fotografías físicas visibles a folios 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 45 y 46 del plenario. Entre otras providencias, pueden verse las siguientes: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. 3. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 7 de diciembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
11001-03-28-000-2018-00008-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 31 de enero de 2019. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez B. Sentencia de 20 de noviembre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Artículo 269 del CGP: “La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.”
El título responde a la tesis defendida en su recurso de alzada por parte del demandado. Trae a colación la sentencia de 31 de mayo de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Ello es corroborable en el listado de pruebas propuesto en el numeral 2.5.1 de esta providencia. Fotografías 76 y 83 del plenario. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. En nuestro ordenamiento, la presunción de legalidad cuenta con una positivización que en nuestros días puede encontrarse en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 en los términos que se reproducen enseguida: “Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.”
Señor Manuel Alberto Guzmán Marín. Apartado 2.5.2.2 de esta providencia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Ibidem. Ibidem. Apartado en el que se descartó la configuración de la doble militancia con base en las capturas de pantalla 31, 41, 76 y 83 del expediente. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Ibidem. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2018-01294-01(PI). M.P: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia del 22 de octubre de 2019. Maurice Duverger. “Los partidos políticos”. Fondo de Cultura Económica. 2012. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Acto Legislativo 01 de 2003. Acto legislativo 01 de 2009. Consistente en el derecho al voto y, en contraposición al derecho al sufragio pasivo, materializado en la posibilidad de los ciudadanos de postular sus nombres para el desempeño de cargos públicos. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 19001-23-33-001-2019-00369-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Contenido en la Resolución 14778 de 11 de octubre de 2018. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00008-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Sentencia de 31 de enero de 2019. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, fallo del 3 de diciembre de 2020.
Radicado: 05001-23-33-000-2020-00006-01
Demandante: Dina María Ardila Sánchez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.