Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05945-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05945-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05945-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00
(acumulado)
Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00
11001-03-15-000-2025-06164-00 (acumulado)
11001-03-15-000-2025-05960-00 (acumulado)
Demandante: PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
Improcedencia por falta de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar la tutela como una instancia adicional /
SUBSIDIARIEDAD – La parte actora contaba con otros mecanismos idóneos y
eficaces para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. / DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO – DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE –
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No se acreditó su configuración.
La decisión cuestionada fue razonable desde el punto de vista constitucional.
La Sala decide las acciones de tutela instauradas por el Partido Colombia Justa
Libres, Jaime Andrés Beltrán Martínez, Pedro Luis Padilla Hoyos, Ricardo Caballero
Sarmiento y Héctor Rafael Iriarte Vitola contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de las demandas
• Pretensiones expediente 11001-03-15-000-2025-05945-00
1. El 23 de septiembre de 2025, el Partido Colombia Justa Libres, a través de su
representante legal 1 , interpuso acción de tutela contra las autoridades judiciales
mencionadas, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la participación política y a «la autonomía de las colectividades», con
motivo de la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida en segunda instancia en
el proceso de nulidad electoral con radicado 68001233300020230082002.
1
Óscar Manuel Vélez Reyes.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00
(acumulado)
Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro
• Pretensiones expediente 11001-03-15-000-2025-06164-00
2. El 1° de octubre de 2025, el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez interpuso
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
participación política, a ser elegido y a ejercer cargos públicos. Formuló las
siguientes pretensiones:
1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y derecho a ser elegido.
2. Que como consecuencia de lo anterior se deje sin efecto la sentencia
atacada de la Sección Quinta del Consejo de Estado por cuanto incurre en un
defecto procedimental absoluto, desconoce el precedente constitucional,
realiza una inadecuada valoración probatoria, y viola directamente la
Constitución Política.
• Pretensiones expediente 11001-03-15-000-2025-05960-00
3. El 23 de septiembre de 2025, los señores Ricardo Caballero Sarmiento, Pedro
Luis Padilla Hoyos y Héctor Rafael Iriarte Vitola interpusieron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado,
con el objeto de que se protejan sus derechos fundamentales a «elegir y ser
gobernados por quienes votamos por el alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez».
Formularon las siguientes pretensiones:
1. Que se ampare mis derechos políticos en los términos expuestos en
este escrito.
2. Que se deje sin efectos la sentencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado fecha el 21 de agosto de 2025.
4. De las demandas de tutela, de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
5. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, los señores Juan
Nicolás Gómez Herrera, Fabián Díaz Plata, Édgar Solier Millares Escamilla y Sandra
Cecilia Serrano Rodríguez, en escritos independientes, demandaron el Formulario
E-26 ALC del 5 de noviembre de 2023, mediante el cual se declaró la elección del
señor Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, para el periodo
2024-2027.
6. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Santander declaró la nulidad del acto de elección del señor Jaime Andrés Beltrán
Martínez. La anterior decisión fue recurrida por el señor Beltrán Martínez y por el
tercero Carlos Arturo Duarte Martínez.
7. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de agosto de
2025, confirmó la decisión recurrida. La parte demandada y el demandante Édgar
Solier Millares Escamilla presentaron solicitudes de aclaración y adición, las cuales
fueron negadas en providencia del 18 de septiembre de la misma anualidad.
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Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro
• Argumentos expediente 11001-03-15-000-2025-05945-00
8. El Partido Colombia Justa Libres adujo que el Tribunal Administrativo de
Santander acudió de manera irregular a la página web del Consejo Nacional Electoral
para suplir la ausencia de una prueba válida que acreditara la doble militancia.
Asimismo, porque se valoraron documentos sin que hubiesen sido formalmente
decretados como pruebas, lo que impidió su contradicción y afectó la transparencia
del proceso. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado practicó una
prueba de oficio que reemplazó la carga probatoria de la demandante, quebrantando
el principio de igualdad de armas.
9. Considera que se incurrió en defecto procedimental absoluto porque en la
sentencia T-615 de 2019, se consideró que en un proceso en el cual se decretó una
prueba de oficio en segunda instancia para cubrir la inactividad de una de las partes
se vulneró el debido proceso. Expuso que, en el caso particular, los demandantes
solo aportaron los formularios E-6AL, E-8 AL y E-8CO, los cuales eran insuficientes
para probar que el partido había inscrito candidatos al Concejo, dado que la Sección
Quinta del Consejo de Estado reconoció que esa circunstancia generaba un punto
oscuro sobre el código 14 en los formularios, lo cual se requería para demostrar el
elemento modal de la doble militancia.
10. Señaló que el Tribunal de primera instancia realizó una consulta informal en
la página del Consejo Nacional Electoral, conducta que es ajena a las reglas
procesales. Esa irregularidad fue consolidada por la Sección Quinta, al proferir el
auto que decretó la prueba de oficio. En su criterio, el juez electoral «abandonó su
rol de árbitro y actuó en la práctica como soporte procesal de una parte, lesionando
de lleno los derechos del Partido Colombia Justa Libres».
11. Asimismo, considera que se incurrió en defecto fáctico al valorar la supuesta
prueba que acreditaba la doble militancia por apoyo, esto es, la decretada de oficio
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en atención a que la parte demandante
debía probar que el Partido Colombia Justas Libres había inscrito lista al Concejo de
Bucaramanga, con el fin de demostrar la configuración de la causal de nulidad.
12. Adicionalmente, explicó que se desconocieron los derechos políticos de la
colectividad, ante la imposibilidad de ejecutar su programa en el gobierno local, de
incidir en la política pública y de representar a los ciudadanos que depositaron su
confianza en él. En cuanto a la autonomía partidaria, reconocida en el artículo 107
de la Constitución, precisó que la decisión cuestionada vulneró sus estatutos, pues
los mismos permiten el apoyo a candidatos de otros partidos.
13. Estimó vulnerado su derecho a la representación política, porque con la
declaratoria de nulidad se incide de manera directa en los derechos del partido que
otorgó el aval y en la proyección de la voluntad popular canalizada a través del
partido. De igual modo, alegó la vulneración al derecho al buen nombre y a la
confianza pública ante el estigma de no haber respetado las reglas democráticas,
deteriorando su reputación institucional.
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Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro
14. Por último, indicó que existe una laguna axiológica creada por la
jurisprudencia sobre la prohibición de apoyo entre candidatos coaligados.
Precisó que la Ley 1475 de 2011 no prohibía al señor Beltrán Martínez en 2023 el
apoyo a candidatos al Concejo de Bucaramanga postulados por el Partido de la U,
toda vez que entre Colombia Justa Libres y el referido partido había una coalición.
Expuso que esa prohibición fue creada por la sentencia del 14 de octubre de 2021,
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.
15. De igual modo, refirió que esa prohibición niega la eficacia del artículo 262 de
la Constitución, que fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015. En su criterio,
esa reforma constitucional no les otorga autoridad a los jueces para que «inventen
prohibiciones no previstas en la ley, que sirvan de sustento para anular actos de
elección popular».
• Argumentos expediente 11001-03-15-000-2025-06164-00
16. El señor Jaime Andrés Beltrán Martínez sostuvo que la Sección Quinta del
Consejo de Estado incurrió en defecto procedimental absoluto y en
desconocimiento del precedente. Para tal efecto, argumentó que la Corte
Constitucional en la sentencia T-615 de 2019 declaró configurado el defecto porque
el juez, mediante una prueba de oficio, remedió la pasividad de una de las partes.
17. Adujo que la inactividad de la parte actora en el proceso de nulidad electoral
era manifiesta, pues en el material probatorio aportado no incluyó el único documento
electoral que hubiera permitido establecer en grado de certeza si en la lista de
«Juntos por Bucaramanga habían candidatos al Concejo de la ciudad: el E-6, pues
solo una demandante allegó el formulario E-8CO, la que no informa si aquella lista
era la de un grupo significativo de ciudadanos o una lista de coalición, y en este
último caso cuáles partidos la conformaban». En su criterio, el hecho de que la
autoridad judicial accionada hubiera decretado de oficio esa prueba rompió con la
carga dinámica de la prueba y contradice los principios de igualdad y lealtad
procesal.
18. Señaló que, durante el término de ejecutoria del auto del 8 de mayo de 2025,
la parte demandada pidió que se decretara como prueba una certificación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en la cual informara si la información
solicitada en la prueba de oficio había sido previamente pedida por los demandantes,
pero esta fue negada.
19. Refirió que la propia Sección Quinta ya había autolimitado sus facultades de
instrucción dentro de los procesos de nulidad electoral. En la sentencia del 9 de
febrero de 2017, expediente 2016-00080-01 se consideró que la competencia del
juez para decretar pruebas para mejor proveer no podía ejercerse para reemplazar
o asumir el rol que tienen las partes. Explicó que desde el 29 de julio de 2023 los
demandantes tenían las facilidades para saber si Colombia Justa Libres tuvo o no
candidatos al Concejo de Bucaramanga para las elecciones locales. Agregó que la
existencia de una candidatura por un partido político no es un hecho vago ni
impreciso, «pues por la propia regulación que se tiene siempre es conocido y preciso,
solo que no ha sido probado por los demandantes».
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20. Manifestó que la irregularidad cometida por la Sección Quinta es
determinante, pues se trató del elemento fáctico central sin el cual la demanda de
nulidad electoral no hubiera prosperado. La misma no puede corregirse por otra vía
y fue debidamente alegada, pues fue advertida y combatida de manera sistemática
a lo largo del proceso tanto en el recurso de apelación, en la presentación del
incidente de nulidad y se reiteró en diversos memoriales.
21. También alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
en su dimensión positiva, porque se incorporó al proceso un elemento de prueba
obtenido de forma irregular y sobre el mismo se edificó el razonamiento para anular
el acto de elección. Explicó que el núcleo de la controversia del proceso giró en torno
a la acreditación del elemento modal de la prohibición de doble militancia por apoyo,
el cual requería la demostración de que el partido que avaló al candidato había
inscrito, a su vez, una lista de candidatos al Concejo Municipal de Bucaramanga. Por
tanto, sin la prueba de ese hecho, no nacía para el candidato la obligación de
disciplina partidista y la acusación de doble militancia carecía de presupuesto fáctico
y jurídico.
22. Indicó que la carga recaía en la parte demandante exclusivamente, pues los
formularios aportados «solo crearon lo que la propia Sección Quinta denominó un
“punto oscuro”: la duda irresoluta sobre a qué partido político correspondía el “código
14” con el que se inscribió una lista al Concejo». A pesar de ello, la autoridad judicial
accionada decidió intervenir activamente para construir el hecho que los
demandantes fueron incapaces de demostrar. Reiteró que la prueba de oficio
decretada fue la conditio sine qua non para que la demanda prosperara.
23. Adicionalmente, sostuvo que la sentencia adolece de defecto fáctico por la
valoración de mensajes de datos al aplicar indebidamente el régimen
probatorio sobre videos y publicaciones de redes sociales. En su criterio, la vigencia
de la Ley 527 de 1999 no fue desplazada por el CGP, de ahí que la fuerza probatoria
de los mismos exige la verificación de los equivalentes funcionales de confiabilidad,
autenticidad e integridad propios de la normativa especial.
24. Señaló que no se cumplieron con los requisitos de confiabilidad e integridad,
pues no estaban los metadatos y la cadena de custodia que permitiera trazabilidad
y autenticidad; hubo indeterminaciones técnicas y signos de edición y manipulación
acreditados por la experticia de la defensa y, finalmente, porque no fue posible fijar
con certeza las fechas y el contexto de la captura, lo que impedía satisfacer el
elemento temporal de la doble militancia. Así las cosas, precisó que a partir de la
valoración de dichos documentos se consideraron cumplidos los elementos objetivo
y temporal del apoyo, que fueron decisivos para anular la elección.
25. Igualmente, alegó que se configuró el defecto fáctico porque se negó la
incertidumbre sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos que se observan
en los videos. Indicó que la Ley 1475 de 2011 prohíbe los apoyos desde que se es
candidato y desde que el propio partido inscribe sus candidatos en los otros cargos,
pero como nunca se probó la fecha en la que se inscribió la lista de Juntos por
Bucaramanga, al no incorporarse el formulario E-6CO, desde los alegatos de
conclusión se planteó que todas esas reuniones ocurrieran antes que Jaime Andrés
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o los mismos concejales fueran formalmente inscritos como candidatos «debido a
que los números en el tarjetón de los candidatos a los concejos no se sortean, como
sí sucede con los cargos unipersonales, sino que responden a los acuerdos políticos
que se pactan antes de formalizar las inscripciones».
26. Le atribuyó a la decisión cuestionada el defecto por violación directa de la
Constitución al interpretar y aplicar las facultades que le otorga la ley procesal de
una forma que contraviene directamente los postulados constitucionales, bajo el
pretexto de la búsqueda de la verdad. Indicó que la interpretación realizada por la
Sección Quinta del artículo 213 del CPACA fue «miope y descontextualizada», pues
dicha facultad está limitada por los principios de igualdad de armas, imparcialidad y
carga de la prueba.
27. Adujo que se vulneró el derecho a la igualdad de trato frente a otros casos
resueltos por la Sección Quinta en los cuales a falta de prueba del elemento modal
se falló a favor de los demandados y no se decretaron pruebas de oficio. Citó los
siguientes casos: (i) alcalde de Lebrija (expediente 68001-23-33-000-2023-00807-
01); (ii) alcalde de Soacha (expediente 25000-23-41-000-2024-00167-01); (iii)
diputado de Sucre (expediente 70001-23-33-000-2024-00013-01); (iv) alcalde de
Firavitoba (expediente 15001-23-33-000-2023-00475-01); (v) gobernadora del Meta
(expediente 11001-03-28-000-2023-00144-00)
28. Por último, argumentó que extender la causal de nulidad electoral al supuesto
en el cual un aspirante a un cargo de elección popular inscrito por una coalición
apoye a candidatos pertenecientes a otros partidos o movimientos políticos que
hacen parte de la misma coalición que lo inscribió constituye una interpretación
extensiva de las causales, lo cual es contrario a la Constitución y a la Convención
Americana de Derechos Humanos, toda vez que al tratarse de limitaciones al
ejercicio de derechos políticos deben interpretarse de manera restrictiva.
• Argumentos expediente 11001-03-15-000-2025-06164-00
29. Los señores Ricardo Caballero Sarmiento, Pedro Luis Padilla Hoyos y
Héctor Rafael Iriarte Vitola argumentaron que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en violación directa de la Constitución al anular la elección del alcalde de
Bucaramanga mediante varias irregularidades procesales y sustanciales que
lesionaron el núcleo esencial del derecho al voto y la legitimidad democrática.
30. Manifestaron que el error consistió en suplir la insuficiencia probatoria de los
demandantes acudiendo a una consulta informal en la página web del Consejo
Nacional Electoral para identificar la pertenencia del denominado código 14 al partido
Colombia Justa Libres, y esa actuación nunca fue decretada como prueba, no se
tuvo oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y carecía de validez jurídica.
Cuestionó que esa circunstancia fue convalidada en segunda instancia al decretar
de oficio una prueba para obtener la misma información.
31. Indicaron que se incurre en defecto procedimental absoluto al emplear
pruebas de oficio para remediar la inactividad procesal de una de las partes, porque
interpretó el artículo 213 del CPACA en contravía de lo previsto en los artículos 1, 3,
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4 y 40 de la Constitución.
32. Señalaron que se creó una laguna axiológica por la jurisprudencia de la
Sección Quinta sobre la prohibición de apoyo entre candidatos coaligados, lo cual
niega la eficacia del artículo 262 de la Constitución, pues lo considerado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-368 de 2025 «genera una conclusión clara: salvo
que lo prohíba la ley, el apoyo entre candidatos coaligados está permitido». De
manera que, en su criterio, no existe mandato en la ley que «impidiera a Jaime
Andrés Beltrán apoyar a candidatos del Partido de la U al Concejo de Bucaramanga»
B. Trámite impartido e intervenciones
• Expediente 2025-05945-00
33. Mediante auto de 29 de septiembre de 2025, se admitió la solicitud de amparo
con radicado 2025-05945-00, se ordenó notificar la decisión a las autoridades
judiciales demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y,
como terceros con interés, a los señores Jaime Andrés Beltrán Martínez, Juan
Nicolás Gómez Herrera, José Gualdrón Guerrero, Carlos Augusto González Duarte,
Édgar Solier Millares Escamilla, Carlos Arturo Duarte Martínez, Mauricio Gómez
Niño, José Augusto Támara Garrido, Fabián Díaz Plata y Sandra Cecilia Serrano
Rodríguez, así como al registrador nacional del Estado Civil y al presidente del
Consejo Nacional Electoral. También se tuvieron como prueba los documentos
aportados con la demanda.
34. El magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ponente de la
decisión censurada, indicó que ni el Partido Colombia Justa Libres ni el señor Óscar
Manuel Vélez Reyes fueron parte ni sujeto procesal en el proceso de nulidad
electoral en el que se profirieron las decisiones cuestionadas, por lo que no se
encuentran legitimados en la causa por activa.
35. Adicionalmente, señaló que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque se limitó a cuestionar de manera genérica y abstracta el
aspecto probatorio de la decisión con fundamento en apreciaciones subjetivas sin
evidenciar por qué se vulneraron los derechos fundamentales.
36. Sostuvo que no se configuraron los defectos alegados. Para tal efecto, indicó
que como no había certeza sobre si la colectividad política identificada con el código
14 en el Concejo de Bucaramanga correspondía al mismo de la alcaldía de ese
municipio, fue necesario aclarar ese punto que resultaba indispensable para resolver
la contienda. Por esa razón se decretó la prueba de oficio.
37. Explicó que las partes sí aportaron una serie de documentos al proceso, pero
sobre los mismos se generó un punto oscuro que el juez podía y debía despejar a
través del auto para mejor proveer.
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38. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
39. La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander manifestó que la
parte actora no está legitimada por activa porque no intervino como parte en el
proceso judicial y no acudió al juez ordinario que realizó el examen de legalidad en
el proceso de nulidad electoral. Asimismo, adujo que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional.
40. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva.
41. Mediante auto del 14 de noviembre de 2025, se declaró fundado el
impedimento presentado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez y se
extendió dicho pronunciamiento a todos aquellos casos que se llegaren a acumular,
sin que fueran necesarias nuevas manifestaciones de impedimento por parte del
mencionado consejero.
• Expediente 2025-06164-00
42. Mediante auto del 6 de octubre de 2025, el despacho del magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez remitió el proceso para que se decidiera sobre la posible
acumulación al proceso con radicado 2025-05945-00. En auto del 14 de octubre de
la misma anualidad, se decretó la acumulación, se suspendió el trámite del proceso
con radicado 2025-05945-00 hasta que se encontrara en la misma etapa, se admitió
la solicitud de amparo y se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y
a los terceros con interés. Asimismo, se negó la medida provisional solicitada.
43. El magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ponente de la
decisión censurada, afirmó que la tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque el escrito se limitó a cuestionar el aspecto probatorio de la
decisión.
44. Argumentó que la prueba de oficio decretada tuvo como finalidad establecer
si los candidatos que aparecen en el formulario E-8 que sí obraba en el expediente
pertenecían o no al partido Colombia Justa Libres.
45. Explicó que el punto diferenciador con los casos relacionados en el escrito de
tutela: alcaldes de Lebrija, Soacha, Firavitoba, diputado de Sucre y gobernadora del
Meta, es que en estos no existían documentos electorales que generaban duda,
porque no se aportó nada. Mientras que, en el proceso cuestionado, sí existían
pruebas porque se contaba con el formulario E-8 AL en el que se certificaba que el
señor Beltrán Martínez fue inscrito por el partido código 14, y del análisis conjunto
con el formulario E-6AL, se derivó que dicho número correspondía a Colombia Justa
Libres. Además, también se aportó el formulario E-8 CO en el cual consta que los
señores Tito Alberto Rangel Arias, Isidora Galvis Mier y Aleicer Castro Jiménez
fueron inscritos como candidatos al Concejo de Bucaramanga por el partido código
14, sin precisarse a cuál organización política correspondía dicho número.
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46. Indicó que contrario a lo afirmado por el accionante, no se tuvieron en cuenta
los actos de apoyo que no se hicieron en espacios públicos tal como se consideró
en la sentencia de segunda instancia.
47. Expuso que, frente a los cuestionamientos relacionados con los apoyos
brindados a aspirantes avalados por partidos pertenecientes a la misma coalición del
demandado, la posición mayoritaria de la Sala Electoral es que, cuando el partido
propio inscribe candidatos a otros cargos de elección popular, existe deber de lealtad
respecto de aquellos.
48. Finalmente, ante la negativa reiterada de recursos e incidentes de la defensa,
expuso que el trámite se vio afectado por múltiples peticiones abiertamente
improcedentes, que debían tenerse como dilatorias conforme lo establece el artículo
295 del CPACA. Para tal efecto, hizo un recuento de las actuaciones y manifestó que
se resolvieron cada uno de los planteamientos de las partes e intervinientes,
conforme la normatividad sustancial y procesal.
49. El señor Fabián Díaz Plata sostuvo que la parte actora pretende revivir las
etapas procesales que ya fenecieron, con el fin de quitarle validez a las pruebas que
fueron incorporadas al proceso. Precisó que en la página 20 de la tutela «el
accionante tilda a la Sección Quinta de realizar una interpretación miope y
descontextualizada del artículo 213 del CPACA» situación que es ajena a la realidad.
Asimismo, sostuvo que esa manifestación fue despectiva. Por último, señaló que no
hubo vulneración a derecho fundamental alguno porque se brindaron todas las
garantías constitucionales.
50. El Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander reiteraron los
argumentos expuestos en la contestación al proceso con radicado 2025-05945-00.
• Expediente 11001-03-15-000-2025-05960-00
51. El conocimiento de esa demanda le correspondió por reparto al despacho del
magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, el que, a través de proveído del 25 de
septiembre de 2025, manifestó su impedimento para conocer del asunto. Mediante
auto del 2 de octubre de 2025, el despacho del magistrado José Roberto Sáchica
Méndez aceptó el impedimento presentado por el doctor Pardo Flórez, lo separó del
conocimiento y admitió la solicitud de amparo.
52. En providencia del pasado 4 de noviembre, remitió el proceso al despacho
de la magistrada sustanciadora para que se decidiera sobre la posible acumulación
al proceso 11001-03-15-000-2025-05945-00. Mediante auto del 14 de noviembre de
2025, se decretó la acumulación.
53. El magistrado de la Sección Quinta, ponente de la decisión censurada,
pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva porque los
accionantes no tuvieron vinculación o relación alguna con el proceso de nulidad
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electoral con radicado 2023-00820-02. En lo demás, reiteró los argumentos
expuestos en la contestación del expediente con radicado 2025-05945-00.
54. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
reiteraron que no están legitimadas en la causa por pasiva.
55. La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, ponente de la
decisión cuestionada en primera instancia, indicó que los accionantes no están
legitimados en la causa por activa, dado que no intervinieron en el proceso de
nulidad electoral.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
56. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
57. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales del señor Jaime Andrés
Beltrán Martínez.
E. Análisis de la Sala
58. Legitimación en la causa. La Corte Constitucional en la sentencia SU-329
de 2024 unificó el criterio relacionado con quiénes se encuentran legitimados en la
causa por activa cuando se cuestionan providencias proferidas en el marco de un
proceso de nulidad electoral. Esto consideró:
En las acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas en el marco
de un proceso de nulidad electoral en las que se alegue la protección de los
derechos a la representación política y a elegir y ser elegido, en adelante,
quienes no hayan sido partes o terceros en el proceso ordinario en el que se
profirió la decisión cuestionada, no tienen legitimación por activa para presentar
la acción de tutela. En consecuencia, los tutelantes deben acreditar que
participaron en el respectivo proceso en calidad de demandados, demandantes
o terceros y que, por ende, les asiste un interés legítimo. La Corte fija esta regla
por las siguientes razones.
Primero, la regla expuesta en la sentencia T-1337 de 2001 y reiterada en las T-
358 de 2002, T-516 de 2014 y T-066 de 2015 fue creada para aquellos asuntos
en los que se discute la vulneración de los derechos a la representación política
efectiva y a elegir y ser elegido por parte de la acción u omisión de entidades
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distintas a las autoridades judiciales. En efecto, en ninguno de esos casos se
analizó una demanda de tutela contra una providencia judicial.
Segundo, la acción de tutela contra providencia judicial es de carácter
excepcional. Esto quiere decir que, en lo que a la legitimación en la causa por
activa se refiere, el estudio que debe realizar el juez de tutela es estricto, en el
sentido de que, en principio, una providencia judicial que resuelve un caso
concreto surte efectos entre las partes. Esto implica que, en principio, sólo
quienes participaron dentro del correspondiente proceso judicial, o aquellos que
debiendo haber sido llamados al trámite no lo fueron, estarían legitimados para
reclamar la vulneración de sus garantías fundamentales a causa de una
decisión judicial.
Tercero, el artículo 228 de la Ley 1437 de 2011 establece la forma de
intervención de terceros en los procesos electorales al disponer que “cualquier
persona puede pedir que se la tenga como impugnador o coadyuvante”. Dicho
artículo fija como término máximo para su postulación el día previo a la
celebración de la audiencia inicial. En consecuencia, los ciudadanos cuentan
con la posibilidad de solicitar su participación en los procesos de nulidad
electoral en los que tengan interés y poner en conocimiento del juez natural,
los argumentos que consideren relevantes.
Cuarto, el medio de control ordinario, instituido para la revisión de la legalidad
de los actos de elección, es en efecto, la nulidad electoral, el cual es eficaz para
garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos a
elegir y ser elegidos y a la representación política efectiva2. En ese sentido, es
en dicho escenario en el que se deben ventilar y decidir las distintas posiciones
sobre la legalidad del acto de contenido electoral.
Quinto, quienes participaron en el proceso de nulidad electoral en calidad de
demandados, demandantes o de terceros, son los titulares de los derechos que
eventualmente se puedan ver conculcados en ese proceso. En consecuencia,
son ellos quienes tienen legitimación en la causa para presentar la acción de
tutela contra la decisión adoptada por el juez.
59. En el proceso de nulidad electoral con radicado 68001-23-33-000-2023-
00820-00, al cual se acumularon los expedientes 68001-23-33-000-2023-00824-00,
68001-23-33-000-2023-00878-00 y 68001-23-33-000-2024-00040-00, obraron
como parte demandante los señores Juan Nicolás Gómez Herrera, Edwing Fabián
Díaz Plata, Édgar Solier Millares Escamilla y Sandra Cecilia Serrano Rodríguez.
Asimismo, se tuvo como parte demandada al señor Jaime Andrés Beltrán Martínez,
al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Adicionalmente, se vincularon al proceso como coadyuvantes por activa los señores
Mauricio Gómez Niño, Édgar Solier Millares Escamilla, José Gualdrón Guerrero y
Carlos González Duarte, y como coadyuvantes por pasiva los señores Carlos Arturo
Duarte Martínez y José Augusto Tamara Garrido.
60. Con base en lo expuesto, la Sala considera que el Partido Colombia Justa
Libres, promotor de la acción de tutela con radicado 2025-05945-00, así como los
señores Pedro Luis Padilla Hoyos, Ricardo Caballero Sarmiento y Héctor Rafael
Iriarte Vitola, quienes instauraron la acción de tutela con radicado 2025-05960-00,
2
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 16 de agosto de 2018 (M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, rad. 25000-23-41-000-2018-00603-01) y del 13 de febrero de 2020 (M.P. Rocío
Araújo Oñate, rad. 05001-23-33-000-2019-03091-01).
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carecen de legitimación para presentar solicitudes de amparo con la pretensión de
que se deje sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. Esto, por cuanto ninguno de ellos intervino
como parte o tercero en el proceso de nulidad electoral de origen.
61. En efecto, el medio de control de nulidad electoral constituía el escenario
idóneo y eficaz para ventilar la eventual afectación de los derechos fundamentales
a elegir y ser elegido, así como a la representación política, invocada por los señores
Padilla Hoyos, Caballero Sarmiento e Iriarte Vitola, así como por el Partido Colombia
Justa Libres. Por tanto, cualquier vulneración atribuida a la Sección Quinta del
Consejo de Estado solo puede ser alegada por quienes conformaron los extremos
activo o pasivo de aquel proceso, o intervinieron en él como terceros, conforme el
criterio jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional.
62. Por su parte, el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez sí se encuentra
legitimado por activa para cuestionar la referida providencia en sede de tutela, en
atención a que este obró como parte demandada en el proceso de nulidad electoral.
63. La Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Santander se encuentran legitimados por pasiva en el presente proceso, toda vez
que fueron las autoridades judiciales que profirieron las sentencias del 21 de agosto
de 2025 y del 12 de diciembre de 2024, respectivamente, a las cuales se le atribuye
la vulneración de los derechos fundamentales del señor Beltrán Martínez.
64. La Sala observa que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral fueron vinculados como terceros en el presente proceso, toda
vez que intervinieron en el proceso de nulidad electoral en calidad de demandadas.
Si bien la vulneración de los derechos fundamentales fue atribuida a la Sección
Quinta del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Santander, no se
declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva de esas autoridades, puesto
que a estas les asiste un interés en el resultado del presente trámite constitucional.
65. En tales condiciones, se precisa que el análisis de los demás requisitos
generales y específicos se efectuará únicamente respecto del expediente de tutela
con radicado 2025-06164-00, por cuanto es el único que superó el requisito general
de legitimación en la causa.
66. Subsidiariedad3. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
3
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
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67. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
68. El asunto que se estudia cumple parcialmente el requisito de subsidiariedad,
porque se agotaron los medios disponibles en el proceso de origen y las razones
que sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley
para la procedencia de los recursos extraordinarios.
69. Sin embargo, en relación con el desconocimiento del estándar fijado por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la interpretación de la
prohibición de la doble militancia, la Sala considera que la solicitud de amparo
no supera la exigencia de subsidiariedad. Aunque la parte demandante alegó
dicha circunstancia en el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander, lo cierto es que este aspecto no fue planteado
oportunamente en el curso del proceso de nulidad electoral. En efecto, ni en la
contestación de la demanda ni en los alegatos de conclusión se cuestionó que la
configuración de la doble militancia -en la modalidad de apoyo entre partidos
coaligados- resultara contraria a la Constitución Política o a la Convención
Americana de Derechos Humanos.
70. En tales condiciones, mal haría esta Subsección, en su calidad de juez de
tutela, en inmiscuirse en una discusión que es de exclusiva competencia del juez de
la nulidad electoral. La parte actora contaba con las herramientas de defensa en el
proceso ordinario para alegar todas aquellas circunstancias que, a su juicio, podían
poner en riesgo o vulnerar sus derechos fundamentales. En efecto, el señor Beltrán
Martínez pudo manifestar en dicho proceso que la causal de nulidad electoral
invocada –por presunta doble militancia– desconocía los estándares
constitucionales y convencionales, y que, en consecuencia, vulneraba sus garantías
superiores. No le era dable al demandante esperar hasta la emisión del fallo de
primera instancia para advertir tal irregularidad; por tanto, la acción de tutela no
puede ser utilizada para subsanar esa omisión ni para suplir los medios ordinarios
de defensa.
71. En todo caso, la Sala advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado,
a pesar de esa circunstancia, sostuvo razonablemente que tanto ella como la Corte
Constitucional ya habían abordado el análisis correspondiente. Para sustentar su
posición, citó las consideraciones expuestas en la sentencia C-490 de 2011 y en la
providencia del 1º de julio de 2021, expediente 05001-23-33-000-2020-00006-01.
Con base en ello, concluyó que la prohibición de doble militancia, en todas sus
modalidades, no vulnera los derechos políticos, sino que los garantiza, al
materializar principios superiores consagrados en la Constitución que protegen la
libertad del elector para ejercer su derecho al voto.
72. Señaló que la consagración de la prohibición de la doble militancia como
causal de nulidad electoral no contraviene el ordenamiento constitucional ni el
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convencional, en la medida en que constituye una garantía de estos, al erigirse en
salvaguarda de la voluntad popular.
73. Explicó que, en relación con la prohibición de doble militancia en el contexto
de coaliciones, la Corte Constitucional en las sentencias C-342 de 2006 y C-334 de
2014 consideró que el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 resulta
aplicable a los candidatos de coalición, en tanto se satisfacen los supuestos fácticos
exigidos por dicha disposición: (i) aspiran a ser elegidos en cargos de elección
popular, y (ii) por mandato del inciso tercero del artículo 29 de la misma ley, se
encuentran afiliados a una organización política. En consecuencia, dicha afiliación
no se pierde por el hecho de que el aspirante sea el candidato único de las
organizaciones políticas que integran la coalición.
74. Finalmente, precisó que la Sección Quinta ha sostenido que la prohibición
resulta aplicable a candidatos inscritos en virtud de un acuerdo de coalición, toda
vez que cada partido coaligado otorga avales individuales a sus candidatos. En esos
términos, dichos candidatos deben respaldar en primer término a quienes
pertenecen a su misma colectividad, y solo en ausencia de estos, pueden apoyar a
postulados de las demás organizaciones que suscriben el acuerdo, siempre que se
les haya conferido libertad para hacerlo.
75. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo
de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra
acción de la misma naturaleza4. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad5, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la
Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto»6.
76. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
4
En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción
de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia
de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la
sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…).
Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la
protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
5
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,
SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
6
Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de
2022, así como la sentencia T-131 de 2021.
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argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
77. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 7 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
78. Al revisar las premisas expuestas por el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez,
la Sala concluye que, en relación con el defecto procedimental absoluto, el
desconocimiento del precedente, el defecto fáctico en su dimensión positiva al
incorporar una prueba obtenida de forma irregular, y la violación directa de la
Constitución Política por vulneración del derecho a la igualdad, estos cumplen con la
relevancia constitucional, por cuanto se discute la vulneración de derechos de
raigambre constitucional como la igualdad, el debido proceso y el derecho político a
ser elegido, a través de argumentos que advierten sobre un posible desconocimiento
del principio de igualdad al decretar una prueba de oficio en el marco de la segunda
instancia que resultó determinante para resolver la controversia de nulidad electoral.
79. Lo anterior, por cuanto, según afirmó la parte actora, la Sección Quinta del
Consejo de Estado interpretó indebidamente el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011
con el fin de favorecer a la parte demandante y optó por decretar una prueba de
oficio que le correspondía aportar a aquella en la debida oportunidad.
80. Esa circunstancia dota de relevancia constitucional el presente asunto, en la
medida que implica determinar la validez o no de una elección popular en el marco
de la prohibición de la doble militancia en la modalidad de apoyo en cuanto al
elemento modal.
81. Ahora bien, en relación con el defecto fáctico por: (i) la valoración de los
mensajes de datos, y (ii) al negar la incertidumbre sobre la fecha en la que ocurrieron
los hechos que se observan en los videos, la Sala considera que no cumplen con el
requisito de relevancia constitucional, pues se ejerció para convertir a la tutela en
una instancia adicional del proceso de nulidad electoral. De la simple comparación
entre las razones esgrimidas en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 12 de diciembre de 2024 y las propuestas en la demanda de la
referencia, se evidencia que los vicios en los que supuestamente incurrió la autoridad
judicial demandada fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya
fue decidido.
7 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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82. Relevancia constitucional del defecto fáctico por la valoración de
mensajes de datos. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo
de Santander resolvió la tacha de falsedad alegada en contra de los videos que la
parte demandante aportó con la demanda (2023-00824-00), (2024-00040-00) y la
reforma de la demanda (2023-00820-00). En ese sentido, consideró que la
jurisprudencia ha señalado que, si los videos se aportan al expediente,
independientemente si han sido descargados de páginas web o redes sociales, estos
deberán valorarse como documentos, en los términos que establece el artículo 243
del CGP. Por tal razón, no se aplican las reglas previstas en los artículos 247 del
mismo estatuto, ni tampoco lo establecido en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley
527 de 1999.
83. En primer lugar, en relación con el expediente 2023-00820-00, descartó la
tacha al considerar que no se probó que a los videos «se les haya afectado el valor
de convicción, al punto de generar duda de que lo representado en esa prueba
documental no haya sucedido o lo fuera en forma totalmente diferente o, que
demerite la veracidad de los hechos o del discurso expuesto en aquellos». Además,
por cuanto «el perito fue contundente en responder que en los videos analizados no
se realizaron modificaciones y/o alteraciones en el contenido de la voz, imagen, o
elementos y las personas que en ellos intervienen».
84. En cuanto al expediente 2023-00824-00 sostuvo que no se logró acreditar que
no era el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez quien aparecía en los videos, ni
mucho menos que se utilizó inteligencia artificial en su producción, o que se hubiera
alterado, modificado o editado las grabaciones.
85. Respecto del expediente 2024-00040-00 sostuvo que el perito no realizó
prueba técnica alguna que permitiera corroborar conforme a la ciencia, que las
imágenes incorporadas y allegadas presentaran algún tipo de alteración, o que las
imágenes allegadas tergiversaran la realidad o que existiera modificación de la
imagen y la voz.
86. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandada interpuso recurso de
apelación. Para tal efecto, argumentó que las pruebas que tuvo en cuenta el tribunal
no eran admisibles porque fueron objeto de alteraciones y no se contaba con los
metadatos correspondientes, lo que afectaba su autenticidad. En su criterio, tales
medios de convicción debieron ser valorados como mensajes de datos y no como
documentos. Como consecuencia, no se cumplían con los requisitos establecidos en
los artículos 8 y 9 de la Ley 527 de 1999.
87. Al resolver la apelación, la Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo
que la jurisprudencia de la Corporación ha distinguido los mensajes de datos como
medio de prueba, de las reproducciones de su contenido. Así pues, «se ha
diferenciado el primero en su formato original -compréndase correos electrónicos,
vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo
enlace-, de la presentación de lo que aquellos contienen, pero no en estas
condiciones iniciales». Agregó que los requisitos de equivalencia funcional, que se
deben verificar para los documentos electrónicos y físicos solo serán exigibles
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cuando los extremos procesales arrimen a las causales en las que participan
verdaderos mensajes de datos, «pero no sus reproducciones físicas, pues en dichos
eventos el régimen aplicable será el general de los documentos que, en principio, se
presumen auténticos, a las voces del artículo 244» del CGP.
88. Señaló que, si bien los demandantes aportaron algunos enlaces que
conducían a perfiles de las redes sociales Facebook e Instagram, en su mayoría
resultaban inaccesibles, por lo que no pudieron ser valorados. Por ende, «fue
necesario acudir a los documentos en formato MP4 allegados con algunas de las
demandas».
89. Precisó que, conforme la jurisprudencia de la Sección, el simple hecho de que
un video haya sido editado en el sentido de incluir música e imágenes publicitarias,
como las de las campañas políticas no implica que «haya sido falseado
materialmente en lo referente a lo dicho o manifestado por quienes en ellos
aparecen». En esas condiciones, los cuestionamientos realizados por los recurrentes
son genéricos, porque se limitaron a afirmar que los videos fueron editados y que
carecen de metadatos, pero no indicaron ni demostraron que las imágenes y voces
que en ellos aparecen no correspondían a quienes los actores y el fallo de primera
instancia afirmaron.
90. Concluyó que «es claro que los recurrentes no demostraron que los videos
aportados por los demandantes en formato MP4, que constituyen documentos y, por
ende, se presumen auténticos, hayan sido alterados o manipulados con el fin de
variar lo que sus protagonistas dicen o expresan con su lenguaje verbal y corporal,
por lo que la presunción de autenticidad se mantuvo incólume y, en consecuencia,
no hay impedimento para valorarlos en esta instancia».
91. En criterio de la Sala, las anteriores consideraciones resultan razonables y no
merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la
parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un
asunto que ya fue decidido razonablemente por el Tribunal Administrativo de
Santander y por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
92. El análisis probatorio realizado en la instancia previa no puede considerarse
irrazonable ni ajeno a los principios que rigen la valoración de la prueba. Ese estudio
realizado por las autoridades judiciales accionadas no fue arbitrario, ni mucho menos
caprichoso. Por el contrario, la estructura argumentativa, así como la ponderación de
los elementos de convicción incorporados al expediente, se desarrollaron conforme
a criterios jurídicos válidos y coherentes. Lo anterior, con fundamento en la
jurisprudencia reiterada de la Sección Quinta del Consejo de Estado relacionada con
la valoración de videos que son aportados en formato MP4, los cuales, conforme se
expuso, deben apreciarse como documentos que se presumen auténticos según la
legislación procesal.
93. Relevancia constitucional del defecto fáctico, relativa a la falta de certeza
sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos que se observan en los videos.
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94. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander
consideró que el elemento temporal de la doble militancia en la modalidad de apoyo
se encontraba acreditado porque: (i) el señor Beltrán Martínez tiene el distintivo de
la coalición Defendamos Bucaramanga, el cual fue estatuido mediante el acuerdo de
coalición registrado en la Registraduría Nacional del Estado Civil el 24 de julio de
2023; (ii) al demandado le correspondió la casilla número uno en el tarjetón de los
candidatos a la alcaldía para las elecciones a realizarse el 29 de octubre de 2023;
(iii) el señor Elkin Yesid Bello Peña fue avalado por el partido de la U y en el tarjetón
de los candidatos al Concejo de Bucaramanga le correspondió el número uno.
95. A partir de lo anterior, sostuvo que para el momento en que el señor Beltrán
Martínez invitó a votar por el concejal Bello Peña ya se había definido el tarjetón
electoral y los candidatos, así como los partidos, pues conocían su ubicación en ese
documento. De manera que la reunión tuvo lugar en época de campaña.
96. En relación con el apoyo brindado a la candidata Vilma Alexandra Cadena
Ardila, sostuvo que se acreditó el elemento temporal porque el demandado tenía el
distintivo de la coalición Defendamos Bucaramanga y la aspirante al Concejo ya tenía
asignada su número de tarjeta electoral.
97. Respecto del señor Fabián Pradilla Díaz, adujo que los candidatos ya
contaban con los logo-símbolos de sus respectivas campañas. Además, dicho
candidato tenía una prenda alusiva al partido de la U y el número que aparece en el
tarjetón, lo que denota que el evento ocurrió con posterioridad a la inscripción de su
candidatura como concejal, mientras que la reunión fue antes de la jornada electoral,
porque las expresiones de los candidatos estaban orientadas a solicitar el voto y no
a agradecerlo después de los resultados.
98. En cuanto al apoyo brindado al candidato Juan Pablo Piñeros Nieto, consideró
que los actos de apoyo ocurrieron en el período de la campaña política para las
elecciones del 29 de octubre de 2023, pues no se acreditó que los logos y el número
hubieran sido añadidos posteriormente a los videos, «pues es el mismo demandado
quien enseña cómo se debe votar por Juan Pablo Piñeros Nieto, aunado a que el
candidato al concejo cuenta con prendedores alusivos al partido de la U y a la
coalición Defendamos Bucaramanga, y en ella se muestra el número 9 que le
correspondió en el tarjetón».
99. En el recurso de apelación, el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez
argumentó que el elemento temporal no se encontraba acreditado, pues cualquier
actuación desplegada con antelación al 24 de julio de 2023 no era admisible para
realizar el estudio de la doble militancia en la modalidad de apoyo, porque solo a
partir de esa fecha adquirió la calidad de candidato a la alcaldía. Sumado a que las
supuestas expresiones de apoyo ocurridas antes del 28 de julio de 2023, respecto
de candidatos al Concejo de Bucaramanga por el partido de la U tampoco resultan
acertadas, pues solo en esa fecha se inscribió esa lista.
100. Manifestó que no se probó la fecha de grabación de los videos con
fundamento en los cuales se tuvo probada la configuración de la prohibición de doble
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militancia en la modalidad de apoyo. El hecho de que en algunos videos apareciera
propaganda con el número del tarjetón no era un elemento suficiente para determinar
que ya fueran candidatos inscritos.
101. Sostuvo que, en relación con los videos de Fabián Pradilla, Juan Pablo
Piñeros, Vilma Cadena, Elkin Yesid, Rosa Mabel Morán y Edisson López no existía
un solo elemento que permitiera determinar la fecha de grabación, pues solo se
observaba imágenes superpuestas a través de programas de edición o alteración de
videos con el partido y número de tarjetón a marcar. Elementos que eran ajenos al
demandado. Expuso que en ninguno de los documentos que obraba en el expediente
aparecía la fecha en que se tomó el video ni se demostró que los candidatos se
encontraban inscritos en las elecciones.
102. Finalmente, señaló que la sola mención o referencia a un número no es
suficiente para concluir que los candidatos ya se encontraban inscritos, toda vez que
los acuerdos políticos hacen que sea posible conocer esos números con
anticipación.
103. En la sentencia cuestionada, la Sección Quinta del Consejo de Estado
consideró que resultaba claro que los videos ocurrieron en época de campaña,
porque «ya se conocían los números asignados en la tarjeta electoral a los
candidatos al Concejo de Bucaramanga Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra
Cadena, Anderson Fabián Pradilla, y Juan Pablo Piñeros Nieto del Partido de la U».
104. Citó el contenido del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, según el cual la
publicidad electoral solo puede realizarse dentro de los 3 meses anteriores a la
votación. Por ende, como las elecciones se celebraron el 29 de octubre de 2023, las
actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en
determinado sentido, solo pudieron tener lugar entre el 29 de julio y el 29 de octubre
de ese mismo año.
105. Precisó que en los videos el demandado invitó específicamente a votar por el
señor Piñeros Nieto, en eventos públicos dirigidos a un grupo plural de personas, en
los que además desplegó los actos de apoyo, había publicidad suya y de los
candidatos respaldados con el partido y el número asignado en la tarjeta electoral.
Aunado al hecho de que el señor Beltrán Martínez manifestó que aparte de los
números para el concejo, los electores debían buscar el número uno a la alcaldía,
que era el suyo.
106. Consideró que para la asignación de las ubicaciones y números en las tarjetas
electorales se requiere que los candidatos estén debidamente inscritos. Por ende,
independientemente de la fecha exacta de grabación de los videos, luego de
analizarlos en conjunto con los demás medios de prueba aportados, concluyó que el
apoyo brindado tuvo lugar en época de campaña electoral, «lo cual se deriva del
hecho que ya se conocían los números asignados a aquellos en la tarjeta electoral,
había publicidad con esos datos y las disposiciones legales que establecen que esos
actos solo pueden tener lugar 3 meses antes de las elecciones, aspectos estos que
no fueron desvirtuados por los apelantes».
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107. La Sala considera que, en efecto, los argumentos de la demanda de tutela
relacionados con el supuesto defecto fáctico no cumplen con el requisito de
relevancia constitucional porque, se insiste, fueron planteados con el propósito de
reabrir el debate que ya fue resuelto razonablemente tanto por el Tribunal
Administrativo de Santander como por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
108. En efecto, el análisis probatorio efectuado en relación con la configuración del
elemento temporal de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo
resulta razonable. La parte demandante está cuestionando no el proceso analítico
probatorio, sino las conclusiones a las que arribó a partir del examen conjunto y
razonado de los medios de prueba que obraban en el expediente. En criterio de la
parte actora, ese ejercicio probatorio es desacertado.
109. El defecto fáctico alegado se dirigió a cuestionar los resultados de la
valoración que permitieron tener por acreditado el referido elemento temporal, pero
no se cuestionó en sede constitucional la razonabilidad de esa decisión. Por tal
razón, esa circunstancia escapa de la órbita del juez constitucional, dado que, en
criterio de la Subsección, el debate probatorio se surtió con apego a las garantías
constitucionales y legales en el proceso de nulidad electoral, lo que denota que lo
pretendido por el señor Beltrán Martínez es utilizar la solicitud de amparo como si se
tratara de una tercera instancia.
F. Análisis de fondo de los defectos que superaron el cumplimiento de los
requisitos generales
110. En relación con el defecto procedimental absoluto, el desconocimiento del
precedente judicial, el defecto fáctico en su dimensión positiva —derivado de la
incorporación de una prueba obtenida de manera irregular— y la presunta violación
directa de la Constitución Política por afectación del derecho a la igualdad, la Sala
advierte que los argumentos expuestos por la parte demandante guardan una unidad
sustancial en cuanto a su fundamento jurídico y fáctico. En consecuencia, se
procederá a realizar un análisis de fondo conjunto respecto de estos cargos, toda
vez que comparten elementos comunes que permiten una valoración integrada y
coherente de su incidencia en el caso concreto.
111. En criterio de la parte actora, la Sección Quinta del Consejo de Estado
desconoció sus garantías fundamentales a la defensa, a la contradicción y el
principio de igualdad de armas. Lo anterior, porque en su criterio, se rompió el
equilibrio procesal al permitir que la parte demandante no tuviera que probar sus
afirmaciones.
112. Argumentó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-615 de 2019, sentó
una regla jurisprudencial en ese sentido, al encontrar acreditado el defecto
procedimental absoluto en un proceso en el cual el juez, mediante una prueba de
oficio, remedió la pasividad de unas las partes.
113. Agregó que la misma Sección Quinta, en la sentencia del 9 de febrero de
2017, autolimitó sus facultades de instrucción dentro de los procesos de nulidad
electoral, al señalar que la competencia oficiosa del juez para decretar pruebas para
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mejor proveer no puede ejercerse para reemplazar o asumir el rol que tienen las
partes.
114. Explicó que la carga de probar el elemento modal de la prohibición de doble
militancia recaía en la parte demandante. De ahí que los formularios aportados E-6,
E-8AL y E-8 Co solo crearon lo que Sección Quinta denominó un punto oscuro, esto
es, determinar a qué partido político correspondía el código 14. A su juicio, al valorar
la prueba decretada de oficio, la autoridad judicial accionada le otorgó poder de
convicción a un elemento introducido en contravía de sus garantías fundamentales.
115. Sostuvo que la interpretación realizada por la Sección Quinta del artículo 213
del CPACA es descontextualizada. Considera que, si bien se trata de una facultad
legal, se encuentra limitada por los principios de igualdad de armas, imparcialidad y
carga de la prueba.
116. Por último, alegó el desconocimiento del derecho a la igualdad frente a otros
casos resueltos por la misma autoridad judicial en los cuales a falta de prueba del
elemento modal se falló a favor de los demandados y no decretaron pruebas de
oficio.
117. En el caso concreto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de
Santander, en la sentencia del 12 de diciembre de 2024, consideró que el elemento
modal de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo se encontraba
acreditado. Lo anterior, porque se logró probar que el demandado se inscribió
formalmente como candidato a la alcaldía del municipio de Bucaramanga por la
coalición «Defendamos Bucaramanga» y que el acuerdo o pacto lo suscribieron los
partidos políticos Colombia Justa Libres (que lo avaló), partido de la Unión por la
Gente y el Movimiento de Salvación Nacional. Por tal razón, este se encontraba
obligado a apoyar a los candidatos de la colectividad a la que estaba afiliado, esto
es, los candidatos al concejo municipal de Bucaramanga por el partido Colombia
Justa Libres con la coalición que realizó con el Movimiento de Salvación Nacional.
118. Encontró acreditado que la coalición política «Juntos por Bucaramanga»
conformada por el partido Colombia Justa Libres y el partido de Salvación Nacional
presentó lista de candidatos al Concejo de Bucaramanga. Expuso que en el
formulario E-8 CO, que obraba en el expediente, se pudo constatar que en las
elecciones del 29 de octubre de 2023, el partido Colombia Justa Libres identificado
en el referido formulario con el código de partido 14 inscribió a los candidatos Tito
Alberto Rangel Arias, Isidora Galvis Mier y Aleicer Castro Jiménez.
119. Con el fin de identificar a qué colectividad política hacía referencia el código
14 el tribunal de primera instancia consultó en la página web del Consejo Nacional
Electoral y corroboró que dicho código pertenecía al partido Colombia Justa Libres.
120. Lo anterior fue objeto de apelación por el demandado, quien sostuvo que esa
autoridad judicial vulneró su derecho de defensa al basar su decisión en pruebas que
no fueron decretadas en el proceso, como el mensaje de datos incluido en el pie de
página 143 de la sentencia que conduce a la página web del Consejo Nacional
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Electoral en el cual consta la numeración de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica en Colombia.
121. Alegó que esa prueba no fue puesta en consideración de las partes para su
debida contradicción y correcto ejercicio del derecho de defensa. Por ende, como el
formulario E-8 no establece los partidos políticos a los que pertenece cada candidato
para el caso de las coaliciones partidistas, no permitía demostrar la filiación partidista
de cada candidato.
122. Durante el trámite de la segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante auto del 8 de mayo de 2025 decretó como prueba de oficio, en los
términos del artículo 213 del CPACA, con el fin de requerir a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral para que «certifiquen a qué
partido o movimiento político correspondió el código 14 en las elecciones territoriales
del 29 de octubre de 2023 al Concejo de Bucaramanga que aparece en el formulario
E-8 CO de ese municipio».
123. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial demandada sostuvo
que analizado el material que obraba en el expediente se advirtió un punto oscuro
que requería el decreto y práctica de una prueba de oficio. Manifestó que de las
pruebas decretadas en primera instancia se encontraba el formulario E-6 AL en el
cual consta que el demandado fue avalado por el Partido Colombia Justa Libres en
coalición con el Partido de la U y el Movimiento Salvación Nacional en su aspiración
a la alcaldía de Bucaramanga.
124. Precisó que también obraba el formulario E-8 AL en el cual se certificaba que
el señor Beltrán Martínez fue inscrito por el partido código 14, por lo que, luego de
realizar un análisis conjunto de esa prueba con el formulario E-6 AL era posible
concluir que dicho número correspondía a Colombia Justa Libres.
125. Indicó que en el expediente también fue incorporado como medio de prueba
el formulario E-8 CO en el cual consta que los señores Tito Alberto Rangel Arias,
Isidora Galvis Mier y Aleicer Castro Jiménez fueron inscritos como candidatos al
Concejo de Bucaramanga por el partido código 14, sin que se precisara ni obrara
prueba alguna en la que se estableciera a qué organización política correspondía
dicho número.
126. Como no había certeza de que la colectividad política identificada con el
código 14 en el Concejo de Bucaramanga corresponda al mismo de la alcaldía de
ese mismo municipio, consideró necesario aclarar ese punto el cual era
indispensable para resolver la contienda.
127. Contra ese auto del 8 de mayo de 2025, el señor Jaime Andrés Beltrán
Martínez presentó solicitud de aclaración y adición, la cual fue negada mediante
providencia del 22 del mismo mes y año.
128. En la sentencia de segunda instancia, respecto del elemento modal de la
prohibición de doble militancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo lo
siguiente:
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Así las cosas, tal como lo ponen de presente lo apelantes es indispensable que
se encuentre acreditado en el expediente que la organización política que avaló
la candidatura del demandado haya inscrito aspirantes al cargo de elección
popular respecto del cual se predique el apoyo indebido, pues, en caso
contrario, en principio, el demandado quedaría en libertad de respaldar a quien
quisiera.
En ese orden de ideas, debe valorarse en conjunto todo el material probatorio
obrante en el expediente con el fin de establecer si dicha circunstancia se
encuentra acreditada o no.
Bajo esa perspectiva se advierte que, efectivamente, en el expediente de
primera instancia, se encuentra el formulario E-6 AL en el que consta que el
demandado, Jaime Andrés Beltrán Martínez, fue avalado por el partido
Colombia Justa Libres en coalición con el Partido de la U y el Movimiento
Salvación Nacional en su aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga para el
período 2024-2027.
(…)
Asimismo, el formulario E-8 AL donde se certifica que el señor Beltrán Martínez
fue inscrito por el partido código 14, por lo que del análisis conjunto de esa
prueba con el precitado formulario E-6 AL, se deriva que dicho número
corresponde a Colombia Justa Libres.
(…)
Ahora bien, también fue incorporado como medio de prueba el formulario E-8
CO donde consta que los señores Tito Alberto Rangel Arias, Isidora Galvis Mier
y Aleicer Castro Jiménez fueron inscritos como candidatos al Concejo de
Bucaramanga por el partido código 14, sin que hasta ese punto hubiera certeza
sobre dicho código pertenecía a la misma agrupación política de la alcaldía o
no.
Para despejar esa duda, el Tribunal Administrativo de Santander consultó la
página web del Consejo Nacional Electoral a través del enlace
https://www.cne.gov.co/index.php/partidos-movimientos-políticos-y-grupos
significativos/778 y encontró que, según la información allí consignada,
efectivamente el código 14 fue asignado para Colombia Justa Libres respecto
de todas las elecciones territoriales que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023.
No obstante, tal como lo advierten los recurrentes, no hubo una decisión
judicial previa que respaldara dicha consulta, por lo que, en principio, esa
información no podía ser incorporada como prueba en la sentencia, ni ser
tenida en cuenta para decidir.
Sin embargo, contrario a la tesis de los recursos de apelación, con base en los
formularios electorales anteriormente relacionados que sí fueron debida y
oportunamente decretados e incorporados como prueba al proceso, lo que se
generó fue una duda o punto oscuro, susceptible de ser despejado en uso de
las facultades otorgadas al juez en el artículo 213 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:
(…)
En tales condiciones, la ley consagra una nueva oportunidad procesal para que,
una vez escuchados los alegatos de conclusión, los jueces o la Sala, según
corresponda, decrete pruebas de oficio con el fin de esclarecer puntos oscuros
o difusos de la controversia.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 213 del mismo estatuto, «en cualquiera de las
instancias el juez o magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas
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que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad [y estas] se
deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes» es
esa misma disposición la que, en el inciso siguiente consagra una oportunidad
adicional, doctrinariamente conocida como «auto para mejor proveer».
Así las cosas, es el legislador el que faculta al juzgador para decretar pruebas
de oficio, luego de que venza el término para alegar de conclusión, no para
suplir la actividad probatoria de las partes, sino para despejar puntos oscuros,
tal como sucedió en este caso con el auto del 8 de mayo de 2025 a través del
cual, con base en los antecedentes expuestos en este acápite, se dispuso
requerir a la organización electoral con el fin de que certificara si el código 14
que aparece en el formulario E-8CO -incorporado regularmente al expediente
en esta instancia- correspondía o no a Colombia Justa Libres.
En cumplimiento de dicha orden, la Registraduría Nacional del Estado Civil
certificó que «en el proceso logístico de los comicios territoriales celebrados en
el año 2023, se asignó el código de identificación catorce (14) al Partido
Colombia Justa Libres teniendo como base la relación de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica remitida por el Consejo Nacional
Electoral».
Así las cosas, del análisis del formulario E-8CO que obra en el expediente se
evidencia que el partido Colombia Justa Libres -que avaló la candidatura del
demandado a la Alcaldía de Bucaramanga en la coalición denominada
Defensamos Bucaramanga, con el Partido de la U y el Movimiento Salvación
Nacional- sí inscribió aspirantes al concejo de esa ciudad para las elecciones
territoriales del 29 de octubre de 2023, tal como se evidencia en la siguiente
imagen:
(…)
En tales condiciones, del análisis del material obrante en el expediente y con
base en la precisión efectuada por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
es claro que los señores Tito Alberto Rangel Arias, Isidora Galvis Mier y Aliecer
Castro Jiménez fueron avalados por Colombia Justa Libres en su aspiración al
Concejo de Bucaramanga, período 2024-2027.
Por lo tanto, es claro que el demandado debía abstenerse de respaldar la
candidatura de aspirantes avalados por colectividades políticas diferentes a la
suya.
En este punto, resulta del caso reiterar que la configuración de elemento modal
se deriva del análisis conjunto de las pruebas oportuna y regularmente
decretadas e incorporadas al proceso, específicamente los formularios E-6AL,
E-8AL y E 8CO y la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil
en la que se precisa que el código 14 que aparece consignado en dichos
documentos electorales corresponde al partido Colombia Justa Libres.
Por lo tanto, no se advierte la violación del debido proceso alegada por el
apoderado del demandado ni el desconocimiento del artículo 8.2 literal c) de la
Convención Americana de Derechos Humanos invocado por aquel en el escrito
de apelación referida a la «concesión al inculpado del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defensa», toda vez que dicha prueba fue
decretada e incorporada regular y oportunamente en segunda instancia.
129. Visto lo anterior, la Sala considera que la Sección Quinta del Consejo de
Estado no incurrió en los defectos alegados y, por tanto, no vulneró los derechos
fundamentales del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez, por las siguientes razones:
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130. En cuanto al supuesto desconocimiento de la sentencia T-615 de 2019, esta
Subsección precisa que la sentencia de tutela invocada dictada por la Corte
Constitucional es una decisión que solo tiene la virtualidad de afectar a los sujetos
procesales allí involucrados (efectos inter partes) y, por tanto, no constituye
precedente vinculante en el caso concreto.
131. En todo caso, resulta necesario precisar que en ese caso particular el decreto
de la prueba de oficio, en criterio de la Corte Constitucional, fue irregular porque en
el recurso de apelación el apoderado solicitó el decreto y práctica de la misma, con
base en lo previsto en el artículo 327 del Código General del Proceso. Como no se
cumplía con ninguna de las causales para su procedencia, se optó por decretarla de
oficio. En ese asunto, allegar al proceso civil el contrato de leasing era fundamental
en la estrategia de defensa de la entidad financiera, pues era su carga procesal, de
manera que no resultaba posible que el tribunal corrigiera la inactividad de la
demandada durante el desarrollo de la primera instancia.
132. Las circunstancias allí descritas dan cuenta que el referido caso tiene
supuestos fácticos y jurídicos diferentes, que no permiten arribar a la conclusión de
que se configuró el defecto procedimental absoluto. Por ejemplo, en el asunto que
aquí se examina sí obraban pruebas que permitían acreditar el elemento modal de
la prohibición de doble militancia. Tal como lo sostuvo la Sección Quinta, en el
expediente obraba tanto el formulario E-6 AL, E-8 AL y E-8 CO, los cuales permitían
inferir que el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez fue inscrito por el partido código
14 en coalición con el partido de la U y el Movimiento Salvación Nacional.
133. El punto oscuro que resolvió el tribunal mediante la práctica de prueba de
oficio no se limitó a subsanar la inactividad probatoria de la parte demandante, sino
que obedeció a una duda que debía ser despejada a través de las facultades
oficiosas del juez, conforme a lo previsto en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011,
en la medida en que obraban elementos de convicción que permitían inferir que el
código 14 correspondía al partido Colombia Justa Libres en relación con los
candidatos a la alcaldía de Bucaramanga; sin embargo, no existía certeza de que los
candidatos inscritos al Concejo de ese ente territorial bajo el mismo código -según lo
consignado en el formulario E-8 CO- pertenecían a dicha colectividad. Por tal razón,
la Sección Quinta de esta Corporación consideró necesario dilucidar ese aspecto
mediante un auto de mejor proveer.
134. Por el contrario, el análisis realizado por la Corte en la sentencia T-615 de
2019, estuvo fundamentado en que la parte demandada no aportó el contrato de
leasing a partir del cual fundamentaba las excepciones que propuso.
135. Conviene precisar que la misma Corte Constitucional, en la sentencia T-113
de 2019, sostuvo que le asiste el deber al funcionario jurisdiccional de decretar
pruebas oficiosamente cuando: (i) a partir de los hechos narrados por las partes y de
los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la
necesidad de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le
marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para
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considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia
material.
136. Asimismo, agregó que las facultades oficiosas del juez materializan el
mandato contenido en el artículo 228 de la Constitución, según el cual prevalecerá
el derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia. Entonces,
al ejercer un papel activo en el proceso, el funcionario judicial puede dirigirlo para
llegar a la verdad y así adoptar decisiones justas que garanticen los derechos
fundamentales de las personas.
137. Esta Sala considera que lo decidido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado no implicó una inversión de la carga de la prueba, pues, se reitera, en el
expediente obraban elementos que acreditaban el componente modal de la causal
invocada. No obstante, ante la incertidumbre sobre la adscripción partidaria del
código 14 en las elecciones del Concejo Municipal de Bucaramanga, resultaba
procedente acudir al decreto de oficio de una certificación que permitiera esclarecer
dicho punto oscuro.
138. Tampoco advierte la Sala que se hubiera vulnerado el principio de igualdad
de armas con ocasión del decreto oficioso de la referida prueba. Esa actuación no
tuvo como finalidad favorecer a una de las partes en detrimento de la otra, sino, se
insiste, dilucidar un aspecto que resultaba determinante para la correcta resolución
del litigio. El decreto y práctica de esa certificación, conforme lo prevé el artículo 213
de la Ley 1437 de 2011, respondió a la necesidad de verificar la correspondencia del
código 14 con una determinada colectividad política, aspecto sobre el cual existía
incertidumbre en el expediente. En ese sentido, la medida fue neutral, razonable y
orientada a garantizar la verdad material, sin alterar el equilibrio procesal entre las
partes.
139. Ahora bien, en relación con la supuesta vulneración al derecho a la igualdad
de trato frente a otros casos en los cuales la Sección Quinta del Consejo de Estado,
ante la inactividad probatoria de la parte demandante en procesos de nulidad
electoral optó por no decretar pruebas de oficio y, en consecuencia, negar las
pretensiones de la demanda, la Sala considera que no se acreditó.
140. En efecto, en el caso del alcalde de Lebrija, expediente 68001-23-33-000-
2023-00807-01, la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la
demanda porque no obraba prueba alguna que acreditara que los partidos miembros
de la coalición tenían una lista al concejo de esa municipalidad. En criterio del
entonces a quo, ese documento resultaba fundamental para analizar si el apoyo
brindado a la señora Ortiz Serrano demostraba deslealtad política; sin embargo
consideró que esa carga no la debía suplir el juez a través de una prueba de oficio
ya que recaía en la parte demandante.
141. En la decisión de segunda instancia, la Sección Quinta consideró que no se
allegó documento alguno que permitiera establecer que el Partido Liberal, al que
pertenecía el señor Martínez Calderón, hubiera inscrito candidatos al Concejo de
Lebrija. Esa situación impidió a la Sala analizar si el demandado estaba habilitado o
no para respaldar la candidatura de la señora Ortiz Serrano a esa corporación
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pública. Finalmente, sostuvo que debieron aportarse, por lo menos, los formularios
E-6, E-8 o E-26 expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
142. Como se puede observar, en ese caso se negaron las pretensiones y no se
decretó una prueba de oficio porque ni siquiera se aportaron al expediente los
formularios E-6, E-8 o E-26 que permitirían acreditar el elemento modal de la doble
militancia; por el contrario, en el caso objeto de examen, sí hubo una actividad
probatoria desplegada por la parte demandante. Caso distinto es que, a partir de los
referidos formularios, surgiera una duda que debía ser despejada a través del
decreto de una prueba oficiosa.
143. A la misma conclusión arriba la Sala en los casos del alcalde de Soacha
(expediente 25000-23-41-000-2024-00167-01)8; alcalde de Firavitoba (expediente
15001-23-33-000-2023-00475-01)9 y el de la gobernadora del Meta (expediente
11001-03-15-28-000-2023-00144-00)10.
144. Ahora bien, en el proceso del diputado de Sucre (expediente 70001-23-33-
000-2024-00013-01), el magistrado sustanciador de la Sección Quinta del Consejo
de Estado aclaró, mediante providencia del 12 de diciembre de 2024, que la prueba
que tendría en cuenta al momento de proferir la sentencia de segunda instancia era
el vínculo de los videos aportados con la demanda y no el documento aportado en
formato MP4 allegado durante el curso de la segunda instancia. En criterio de la parte
demandante, esa decisión «muestra el celo con el que la Sección Quinta evita
incorporar pruebas nuevas en segunda instancia».
145. En ese caso particular, en respeto a las garantías procesales de las partes, la
Sección Quinta consideró que no había lugar a incorporar al expediente una prueba
que fue aportada por requerimiento de un funcionario de la Secretaría de la Sección,
esto es, «sin auto del despacho sustanciador que así lo ordenara».
146. Se trata, pues, de dos casos con contextos procesales sustancialmente
distintos. Mientras que en el expediente del diputado de Sucre la discusión giró en
torno a una prueba allegada en segunda instancia sin respaldo en auto del despacho
sustanciador y por fuera de los canales procesales regulares, en el presente asunto
la prueba fue decretada de oficio por el pleno de la Sección Quinta, con el fin de
esclarecer un punto oscuro relevante para la decisión. Por tanto, no puede predicarse
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En ese caso, no se aportó el formulario E-6CO que permitiera tener certeza de la conformación de
la alianza política inscriptora. Si bien el demandante pidió la prueba, en el auto que dispuso el trámite
de sentencia anticipada no se pronunció sobre esa solicitud y ese auto cobró ejecutoria ante la
ausencia de recursos. Por eso el medio de convicción no se incorporó al proceso. Además, el
formulario E-26 que contenía los resultados no evidenciaba las agrupaciones políticas que
conformaron la coalición.
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En aquella oportunidad, no se aportó el formulario E-6 CO que es uno de los documentos que
permite acreditar el elemento modal, referente a que el partido que avaló la postulación de la acusada
haya inscrito una lista propia a la corporación respectiva -concejo de Firavitoba-. Tampoco obraba
en el expediente el formulario E-26.
10 Proceso en el que no se aportaron las pruebas de que el partido Verde Oxígeno hubiera inscrito
como candidato a la alcaldía de Acacías al señor Jhonatan Díaz. Las conducentes eran los
formularios E-6 AL y E-8AL. La publicidad electoral era un mero indicio.
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un trato desigual cuando las situaciones no son equiparables ni en sus circunstancias
fácticas ni en sus fundamentos jurídicos.
147. En conclusión, no existió un trato desigual por parte de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, pues se presentaron circunstancias fácticas y jurídicas disímiles
que implicaron que en esos expedientes no se acudiera al decreto oficioso de
pruebas.
148. Por último, en cuanto al desconocimiento de la sentencia del 9 de febrero de
2017, proferida en el proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00080-01, la
parte demandante citó las siguientes consideraciones:
Que el operador jurídico para dictar auto de mejor proveer, no puede ni debe
retrotraerse a su potestad instructiva propiamente dicha que ejerce durante las
instancias y en forma paralela con la postulación de las partes, con el
argumento de esclarecer la verdad, porque no le es permitido y se excedería
en su labor, afectando el debido proceso y el derecho de defensa, dado que la
facultad instructiva que debe ejercer con parámetros de excepcionalidad, en el
auto de mejor proveer, pues con ella no está llamado a suplir la incuria del
interesado en probar.
(…)
Esas las razones por la cuales ni los sujetos procesales, pueden endilgar la
incuria en el esclarecimiento de verdad, buscando profiera auto de mejor
proveer, si no son las mismas partes o el interesado en probar los supuestos
fácticos de los que pretende la consecuencia jurídica de la norma, quienes
cumplen sus deberes dentro de la carga probatoria. Por eso yerran quienes
critican al operador jurídico el no esclarecer la verdad mediante poder
instructivo, cuando las etapas previstas por el legislador ya han sido cumplidas.
149. La Sala observa que en la referida providencia no se proscribió la facultad
establecida en el artículo 213 del CPACA para decretar pruebas de oficio a través de
un auto de mejor proveer. Lo allí considerado simplemente hace alusión a que el
operador jurídico, al dictar un auto en esos términos, no puede ni debe exceder su
potestad instructiva, bajo el argumento de esclarecer la verdad, pues ello podría
comprometer el debido proceso y, en especial, la garantía de defensa.
150. Lo que se exige es que la facultad de decretar pruebas de oficio se ejerza con
criterios de excepcionalidad y únicamente cuando existan dudas relevantes que el
juez deba despejar para adoptar una decisión fundada, tal como ocurrió en el caso
objeto de examen, conforme se analizó. Por tal razón, la Sala considera que tampoco
se configuró un trato desigual o un desconocimiento de la referida providencia.
151. Finalmente, la Subsección considera que la decisión cuestionada, relacionada
con la acreditación del elemento modal de la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo resulta razonable y no merece reproche alguno por parte del
juez constitucional. La sentencia proferida por la Sección Quinta se adoptó con base
en la jurisprudencia sobre asuntos propios de su especialidad electoral, respetando,
además, las garantías procesales de las partes como la defensa y contradicción en
cada una de las etapas surtidas.
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152. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia
es que el juez natural de la causa efectuó un análisis riguroso, integral y razonado
del material probatorio allegado, a partir del cual concluyó que el señor Jaime Andrés
Beltrán Martínez incurrió en la prohibición de doble militancia y, por ende, resultaba
procedente declarar la nulidad de la elección como alcalde de Bucaramanga.
153. Conforme a todo lo razonado, la Sala: (i) declarará la falta de legitimación
en la causa por activa del Partido Colombia Justa Libres y de los señores Pedro
Luis Padilla Hoyos, Ricardo Caballero Sarmiento y Héctor Rafael Iriarte Vitola; (ii)
declarará improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, en lo que respecta al desconocimiento del estándar fijado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para la interpretación de la prohibición
de la doble militancia, así como por no haber superado la exigencia de relevancia
constitucional, en relación con el defecto fáctico alegado por la valoración de los
mensajes de datos y por la falta de certeza sobre la fecha en que ocurrieron los
hechos registrados en los videos. Asimismo, (iii) se negará el amparo respecto del
defecto procedimental absoluto, del desconocimiento del precedente judicial, del
defecto fáctico en su dimensión positiva —derivado de la incorporación de una
prueba obtenida de manera irregular— y de la violación directa de la Constitución
Política por afectación del derecho a la igualdad, toda vez que no se acreditó su
configuración ni se probó vulneración alguna de los derechos fundamentales del
señor Jaime Andrés Beltrán Martínez.
154. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del Partido
Colombia Justa Libres y de los señores Pedro Luis Padilla Hoyos, Ricardo Caballero
Sarmiento y Héctor Rafael Iriarte Vitola, por las consideraciones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Jaime Andrés Beltrán Martínez, por incumplimiento de los requisitos de (i)
subsidiariedad, en lo que respecta al desconocimiento del estándar fijado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para la interpretación de la prohibición
de la doble militancia, y (ii) relevancia constitucional, en relación con el defecto
fáctico alegado por la valoración de los mensajes de datos y por la falta de certeza
sobre la fecha en que ocurrieron los hechos registrados en los videos, conforme a
las razones señaladas.
TERCERO. Negar el amparo de los derechos fundamentales del señor Jaime
Andrés Beltrán Martínez, en lo que concierne a los defectos procedimental absoluto,
fáctico en su dimensión positiva —derivado de la incorporación de una prueba
obtenida de manera irregular—, desconocimiento del precedente judicial y violación
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directa de la Constitución Política por afectación del derecho a la igualdad, de
conformidad con el razonamiento de la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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