Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00167-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00167-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2024-00167-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de marzo de 2025
Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
25000-23-41-000-2024-00091-00 (acumulado)
25000-23-41-000-2024-00095-00 (acumulado)
Demandantes: JUAN SEBASTIÁN BERNAL BERNAL Y OTROS
Demandado: VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA– ALCALDE DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) - PERÍODO 2024 - 2027
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo – Cosa juzgada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los demandantes
Juan Sebastián Bernal Bernal y Yeny Garzón, contra la sentencia del 29 de
noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
Los ciudadanos Juan Sebastián Bernal Bernal1, Yeny Garzón2, y la Red Nacional
de Veedurías Ciudadanas, por conducto de su presidente3, presentaron sendas
demandas en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley
1437 de 2011, tendientes a obtener la nulidad del acto que declaró la elección
del señor Víctor Julián Sánchez Acosta como alcalde del municipio de Soacha
(Cundinamarca), para el periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ALC
del 8 de noviembre de 2023.
Pretensiones comunes
En consecuencia, los demandantes pretenden la anulación del acto que declaró
la elección del demandado como alcalde del municipio de Soacha
(Cundinamarca).
1 Demandante en el proceso 25000-23-41-000-2024-00167-01.
2 Demandante en el proceso 25000-23-41-000-2024-00095-01.
3 Demandante en el proceso 25000-23-41-000-2024-00091-00.
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
A continuación, se destacan los hechos y el concepto de la violación expuesto en
cada expediente.
1.1.1. Expediente 25000-23-41-000-2024-00091-00 – Incompatibilidad
1.1.1.1. Hechos
La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, a través de su presidente, mencionó
que el demandado se desempeñó como diputado de la Asamblea Departamental
de Cundinamarca durante el cuatrienio 2020-2023 y, ostentando esta dignidad,
se presentó como candidato a la Alcaldía Municipal de Soacha, para las
elecciones del 29 de octubre de 2023, donde resultó electo.
Agregó que el acusado culminó su periodo como diputado el 31 de diciembre de
2023, es decir, ostentaba esa investidura cuando resultó elegido alcalde.
Adujo que, durante su ejercicio como diputado, y en el marco de su campaña a
la alcaldía, utilizó bienes públicos como oficina, celular, camioneta y personal de
servicio, lo que afectó el interés general y le aventajó frente a sus contendores.
Mencionó que el demandado nunca renunció a su cargo como diputado durante
el proceso electoral, y tampoco después de su elección como alcalde.
1.1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
Advirtió que el demandado violó el régimen de incompatibilidades que consagra
el artículo 43 del Código General Disciplinario, que estableció una «inhabilidad
sobreviniente de un (1) año para ejercer un cargo público en el territorio donde
haya ejercido jurisdicción». Agregó que, además, la conducta del demandado
configuró la incompatibilidad de que tratan los artículos 50.1 y 51.1 de la Ley 2200
de 2022.
1.1.2. Expediente 25000-23-41-000-2024-00095-00 – Incompatibilidad
1.1.2.1. Hechos
La ciudadana Yeny Garzón señaló que el demandado fue elegido diputado a la
Asamblea de Cundinamarca para el periodo 2020-2023 y, sin haber renunciado
a su curul y ocultando su condición de servidor público, el 28 de julio de 2023
presentó su candidatura a la Alcaldía de Soacha, con el aval del Partido de la U.
Aseveró que el registrador municipal de Soacha aceptó la inscripción del señor
Sánchez Acosta y expidió el formulario E-6 AL, con lo que validó el ocultamiento
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Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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de la condición de servidor público del inscrito.
Entre los «hechos consecuentes», destacó que el señor Sánchez Acosta
participó en el proceso electoral, y resultó elegido alcalde el 8 de noviembre de
2023.
Insistió en que, para esa fecha, el señor Sánchez Acosta ostentaba la condición
de servidor público como diputado, y dado que no renunció con la antelación que
ordena la ley, se configuró la violación del régimen de incompatibilidades previsto
en el «artículo 51-1 de la Ley 2200 de 2022».
Adujo que lo anterior se evidenció en actos públicos de autoridad administrativa
y civil, como reuniones y pactos con la entonces alcaldesa de Bogotá y el actual
gobernador de Cundinamarca para finiquitar convenios interadministrativos.
Advirtió que el acusado, sin renunciar a su cargo como diputado, y como alcalde
electo, continuó devengando honorarios, utilizando oficinas públicas, la
camioneta oficial, y personas de apoyo, hasta el mes de diciembre de 2023.
Además, asistió e intervino con su voto en las sesiones de la Asamblea de
Cundinamarca, el día 14 de noviembre de 2023, cuando actuó como ponente del
proyecto de ordenanza 134 de ese año, y también estuvo presente en la sesión
plenaria, según pantallazos y el «link de la asamblea de Cundinamarca para su
valoración»4.
Explicó que, según el artículo 51.1 de la Ley 2200 de 2022, la incompatibilidad
alegada cobija al demandado desde el momento de su elección como diputado
en el año 2020, hasta 12 meses después de culminar el periodo, es decir, al 31
de diciembre de 2024.
1.1.2.2. Normas violadas y concepto de la violación
En criterio de la actora, el acto de elección demandado está incurso en las
causales de nulidad previstas en el artículo 137, numerales 3° y 4° del CPACA,
por i) expedición irregular, ii) afectación grave al orden político, y iii) porque la
ilegalidad deprecada está expresamente consagrada en la ley.
En cuanto a la expedición irregular, sostuvo que el demandado, dada su
condición de diputado para el momento en que fue elegido, se encontraba incurso
en la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 1° del artículo 51 de la
Ley 2200 de 20225, en concordancia con las previstas en los literales a) y b) del
4 https://www.facebook.com/AsambleadeCund/videos/359323899813381/
5 ARTÍCULO 51. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades para
desempeñar cargos públicos, las siguientes:
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artículo 43 de la Ley 1952 de 20196 (Código General Disciplinario).
Señaló que, de acuerdo con lo regulado en los preceptos bajo cita, las personas
incursas en causales de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos no
pueden ser elegidas alcaldes municipales.
Expuso que, en ese orden, el demandado se encontraba en esta situación desde
el momento de su inscripción como candidato a la Alcaldía de Soacha, por ser
servidor público y diputado con jurisdicción en el municipio donde fue elegido.
Precisó que, al tenor de tales normas, la incompatibilidad en cuestión se extiende
desde el inicio del periodo para el cual fue elegido diputado, a saber, a partir del
año 2020, y por doce meses adicionales después de culminarlo, esto es, hasta
el 31 de diciembre de 2024.
Afirmó que, en este asunto, se debe enjuiciar la responsabilidad subjetiva del
demandado y evaluar la conducta dolosa y gravemente culposa de su proceder,
toda vez que ocultó su condición de diputado para inscribir su candidatura, y al
prestar juramento de no estar incurso en alguna causal de incompatibilidad faltó
a la verdad.
Indicó que, de este modo, los elementos de la causal de nulidad por expedición
irregular están configurados por i) el desconocimiento doloso o gravemente
culposo del régimen de incompatibilidades de los diputados, para ocultar su
condición de servidor público, engañar a la autoridad electoral con el fin de
participar en el proceso electoral, y continuar percibiendo los beneficios que
devenga el ser diputado; ii) el ejercicio de jurisdicción en el municipio de Soacha,
al aprobar recursos para proyectos a desarrollar en el año 20247, pese a la
referida prohibición legal; y iii) la posición de inelegibilidad para ocupar cualquier
cargo público desde el momento de su elección como diputado y por doce meses
1. Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su
elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:
1.1. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones
contractuales en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio de la respectiva
entidad territorial, o sus organismos;
(…)
6 ARTÍCULO 43. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades para
desempeñar cargos públicos, las siguientes:
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas
administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento
de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación
contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o
sus organismos;
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales,
administrativas o jurisdiccionales.
7 Frente a este señalamiento, insertó capturas de pantalla de publicaciones de medios de
comunicación en los que se difundió la noticia de la aprobación, por parte de la Asamblea de
Cundinamarca, del presupuesto de obras para Soacha.
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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más después de culminar su periodo.
Frente a la causal fundada en los efectos nocivos para el municipio, explicó que,
bajo el entendido de que la incompatibilidad del acusado se extendía hasta el 31
de diciembre de 2024, por virtud del numeral 1.1 del artículo 51 de la Ley 2200
de 20228, se encuentra impedido para el ejercicio de sus funciones.
En consecuencia, al decir de la demandante, el accionado en ejercicio de su
dignidad como alcalde no podrá i) expedir decretos ni actos administrativos,
precontractuales o contractuales, y tampoco ii), intervenir en la gestión
interdepartamental, iv) realizar actos en interés del municipio, ni v) firmar
convenios interadministrativos, so pena de nulidad de esas actuaciones.
De ahí que el desempeño del demandado como alcalde paralizará la
administración municipal y, en consecuencia, el desarrollo del municipio.
1.1.3. Expediente 25000-23-41-000-2024-00167-01 – Doble militancia
1.1.3.1. Hechos
El ciudadano Juan Sebastián Bernal Bernal, a través de apoderado, indicó que
el 19 de julio de 2023, los partidos Unión por la Gente (Partido de la U), Liberal
Colombiano, Conservador Colombiano, Fuerza de la Paz y Colombia Justa
Libres, suscribieron el acuerdo de coalición programática denominado «Perico»,
con el propósito de inscribir la candidatura del demandado a la Alcaldía de
Soacha para el certamen electoral del 29 de octubre de 2023. La colectividad de
filiación del demandado y avalista principal fue el Partido de la U.
Mencionó que, el 9 de septiembre de 2023, el demandado publicó un video en
su cuenta de la red social Facebook9, en el que se evidencia que dirigió actos
positivos y concretos de apoyo en favor de los candidatos al Concejo Municipal
de Soacha por el Partido Independientes (minutos 19:19 y 25:13).
Adujo que el 11 de octubre de 2023, el demandado realizó una publicación de
un video en la misma red social10, donde se evidencia que desplegó su respaldo
político a los aspirantes a la referida corporación pública y a las juntas
8 Citó la norma que consagra:
«“1. Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de
su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:
1.1. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones
contractuales en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio de la respectiva
entidad territorial, o sus organismos;
1.2. Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales,
administrativas o jurisdiccionales (………)”»
9 https://fb.watch/pAe1Bfenrb/?mibextid=v7YzmG
10 https://fb.watch/pAe3N76JDa/?mibextid=v7YzmG
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
administradoras locales de Soacha por el Movimiento Alterativo Indígena y
Social (MAIS), (minutos 10:50 y 12:35).
Aseveró que, el 19 de octubre de 2023, el accionado publicó un video su cuenta
de Facebook11, manifestando su apoyo a los candidatos al Concejo de Soacha
y a la Asamblea de Cundinamarca por el Partido Alianza Social Independiente
(ASI) (minuto 19:19), y expresamente se refirió en favor del señor Arley Martínez,
candidato a la duma departamental por la colectividad bajo cita (minuto 29:26).
Sostuvo que el 21 de octubre de 2023, el elegido promulgó, a través de su cuenta
en la misma red social12, un video donde realiza actos de promoción política en
favor de María Paula Mayorga Salamanca, candidata inscrita al Concejo de
Soacha por la coalición «Partido Demócrata – Colombia Justa Libres» (minutos
01:35 y 09:45).
Advirtió que, el 22 de octubre de 2023, el demandado difundió en su perfil de la
red social Facebook13 un video en el que se evidencian actos positivos de apoyo
al señor Nicolás Martínez Landinez, en su momento aspirante al Concejo
Municipal de Soacha, así como en favor del señor Julián Rozo, otrora candidato
a la Asamblea de Cundinamarca, ambos postulados por la coalición «Partido
Demócrata – Colombia Justa Libres» (minutos 02:03 y 07:20).
Refirió que el Partido de la U, colectividad a la que pertenece el señor Sánchez
Acosta, inscribió sus propias listas de candidatos al Concejo Municipal de
Soacha y a la Asamblea de Cundinamarca, a través de las alianzas políticas
denominadas «Coalición - Concejo» y «Coalición Partido de la U – Partido
MIRA», respectivamente.
Sostuvo que el 8 de noviembre de 2023 se declaró la elección del demandado
como alcalde del municipio de Soacha.
1.1.3.2. Normas violadas y concepto de la violación
El demandante advirtió que los actos positivos y concretos de apoyo que
desplegó el elegido Víctor Julián Sánchez Acosta, durante el periodo de
campaña, transgredieron los artículos 107 superior; y 2 y 29 de la Ley 1475 de
2011, razón por la que, en consecuencia, el acto que declaró su elección está
incurso en las causales de nulidad previstas en los artículos 137.4 y 275.8 del
CPACA.
Arguyó que, además, desconoció la postura jurisprudencial decantada por la
11 https://fb.watch/pAe5_ZApAK/?mibextid=v7YzmG
12 https://fb.watch/pAe7wGy2Tg/?mibextid=v7YzmG
13 https://fb.watch/pAe9mRhHWS/?mibextid=v7YzmG
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
Sección Quinta del Consejo de Estado en las sentencias del 1° de julio de 2021
(radicado 11001-03-28-0002020-00018-0014), y 9 de noviembre de 2023
(radicado 11001-03-28-000-2022-00258-0015), como también los fallos de la
Corte Constitucional dictados en las sentencias C-342 de 2006, C-490 de 2011,
C-334 de 2014, SU 209 de 2021, SU 213 de 2022 y ST 263 de 2022.
Puntualizó los siguientes cargos:
Configuración de los elementos de la prohibición
Explicó que, pese a que el Partido de la U inscribió sus propias listas al concejo
municipal y a la asamblea departamental, su candidato a la alcaldía de Soacha
adelantó actos positivos y concretos de apoyo para favorecer aspirantes inscritos
por otras colectividades a esas corporaciones públicas.
De ahí que la desatención de su disciplina partidista haya configurado los
elementos subjetivo, modal, temporal y objetivo de la prohibición.
Configuración de la prohibición para los candidatos de coalición
Advirtió que los partidos MAIS y ASI suscribieron el acuerdo de coalición
«Soacha Diferente», para inscribir la candidatura de Camilo Andrés Nemocón
Valenzuela a la alcaldía de ese municipio, para las elecciones del 29 de octubre
de 2023.
En consecuencia, estas colectividades políticas debían lealtad al aspirante
referido, por lo que tenían proscrito apoyar al señor Víctor Julián Sánchez
Acosta, sin embargo, este recibió el respaldo de tales partidos a través de sus
candidatos al concejo y asamblea, lo que desemboca en la nulidad de su
elección, según la interpretación hecha por la sala electoral del Consejo de
Estado en la sentencia del 1° de Julio de 202116, donde dijo que el acuerdo de
coalición prohíbe a sus integrantes respaldar otras postulaciones «so pena que
las que se realicen se hagan defraudando el pacto y por ello pueden ser
revocadas o en caso de resultar electos declarados nulos los actos de elección,
(…)».
1.2. Actuaciones procesales
1.2.1. Expediente 25000-23-41-000-2024-00091-00 - Incompatibilidad
Por auto de 22 de enero de 2024 se inadmitió la demanda para que la parte actora
14 M.P: Rocío Araújo Oñate.
15 M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Exp: 11001-03-28-000-2020-00018-00. M.P: Rocío Araujo Oñate.
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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aportara copia del acto de elección enjuiciado, y acreditara el envío simultáneo
del libelo al demandado, en los términos del numeral 8° del artículo 162 del
CPACA.
Previa subsanación, por auto del 26 de febrero de 2024 se admitió la demanda y
se negó la medida cautelar deprecada.
A través de proveído del 2 de mayo de 2024, se dispuso el trámite de sentencia
anticipada.
Mediante auto del 13 de junio de 2024, la magistrada ponente ordenó dejar el
expediente a disposición del «Despacho 001», que solicitó las piezas procesales
para adelantar el estudio de acumulación.
1.2.2. Expediente 25000-23-41-000-2024-00095-00 – Incompatibilidad
Por medio de auto del 19 de enero de 2024 se inadmitió el libelo, para que la
actora ajustara sus pretensiones al medio de control de la referencia y aportara
la dirección electrónica de notificaciones de la autoridad que expidió el acto
acusado.
Previa subsanación, por auto del 31 de mayo de 2024 se admitió la demanda y
se negó la medida cautelar deprecada.
1.2.3. Expediente 25000-23-41-000-2024-00167-01 – Doble militancia
Por auto del 25 de enero de 2024, el magistrado sustanciador inadmitió la
demanda para que el actor la subsanara en el sentido de i) aportar el correo
personal del elegido, y ii) acreditar el cumplimiento del envío simultáneo del libelo
al extremo accionado.
Previa corrección, a través de proveído del 20 de febrero de 2024 se admitió la
demanda.
1.3. Contestaciones
Las contestaciones radicadas en cada proceso se sintetizan de la siguiente
manera.
1.3.1. Del demandado
Por conducto de apoderado, intervino en los siguientes términos.
Frente al señalamiento relacionado con la incompatibilidad derivada de su
ejercicio como diputado, explicó que la causal invocada no se configuró, pues si
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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bien se desempeñó en dicha dignidad, el régimen de inhabilidades previsto en la
Ley 136 de 1994 prohíbe el ejercicio previo de actividades como servidor o
empleado público, condición que no ostenta quien funge como miembro de la
asamblea departamental. Por ende, no ostentaba la calidad de empleado público
y, en consecuencia, podía ser elegido.
Acerca de los cuestionamientos de doble militancia, advirtió que no es cierto que
haya manifestado actos de apoyo. Por el contrario, lo que se observa de las
piezas documentales aducidas en el libelo, es que las intervenciones de sus
interlocutores se ajustaron a expresiones de respaldo hacia su aspiración y, de
su parte, agradecimientos por ello, en un contexto donde se encontraron puntos
en común de sus programas de gobierno.
Agregó que, en sus intervenciones, nunca invitó a los electores a respaldar
candidatos distintos de los que postuló el Partido de la U al concejo y a la
asamblea, por lo que no se configuraron los elementos constitutivos de la
prohibición de doble militancia.
1.3.2. Consejo Nacional Electoral
A través de apoderado, la entidad se pronunció frente a los cuestionamientos
relacionados con la inscripción del demandado y propuso la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, fundada en que en este caso no se debate
una irregularidad o vicio que involucre el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la demanda por doble militancia, planteó la referida excepción, bajo
el argumento de que no tuvo participación en la expedición del acto que declaró
la elección, y porque su defensa corresponde al elegido.
1.3.3. Registraduría Nacional del Estado Civil
Por intermedio de apoderado, la entidad advirtió su falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que su competencia se limita a organizar las
elecciones y, por ende, no está llamada a responder por las pretensiones del
medio de control. Adujo que los hechos de las demandas no se relacionan con
las facultades del órgano electoral.
1.4. Otras actuaciones de la primera instancia
Por auto del 2 de agosto de 2024 se ordenó la acumulación de los procesos de
la referencia.
Mediante providencia del 5 de noviembre de 2024 se dispuso el trámite de
sentencia anticipada. Entre otros aspectos, el ponente declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
Registraduría Nacional del Estado Civil, se pronunció sobre las pruebas en el
sentido de decretar las aportadas por los sujetos procesales, y negó las
documentales y testimoniales solicitadas por la demandante del proceso 25000-
23-41-000-2024-00095-00.
El litigio se fijó en los siguientes términos:
En efecto, manifiesta el Despacho que el propósito de la acción electoral
corresponderá a determinar si conforme a las causales de nulidad dispuestas
en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, expuestas
en las demandas acumuladas, y con sustento en el artículo 137 de la Ley
1437 de 2011, la elección del señor Víctor Julián Sánchez Acosta como
Alcalde Municipal de Soacha esta viciada de nulidad, pues estaba
inhabilitado para acceder a dicho cargo de elección popular al haber ejercido
como Diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca mientras
cursaba el proceso de inscripción, elección y posesión como alcalde
municipal; además que en su campaña incurrió en doble militancia en la
modalidad de apoyo al realizar actos de proselitismo de candidatos de otros
partidos y coaliciones políticas.
Finalmente, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al
ministerio público para que rindiera concepto.
1.5. La sentencia apelada
Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó las pretensiones de la
demanda. Las consideraciones del a quo para proceder en el sentido indicado se
sintetizan como sigue:
Incompatibilidad
Sostuvo que la Sala Plena de esa corporación se pronunció en el marco de un
proceso de pérdida de investidura que cursó contra el elegido demandado en
esta causa17, donde se concluyó que su condición de diputado no era
incompatible con su candidatura a la Alcaldía de Soacha y, por lo tanto, no estaba
obligado a renunciar a su curul. De ahí que la conducta alegada en ese asunto
fuera atípica.
Agregó que la referida decisión fue confirmada por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante sentencia del 9 de mayo de 202418.
Advirtió que, en consecuencia, se debía aplicar la garantía prevista en el
17 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sala Plena. Sentencia del 19 de febrero de 2024.
Exp: 25000-23-15-000-2023-01047-00. M.P: Fernando Iregui Camelo.
18 Exp: 25000-23-15-000-2023-01047-01. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón.
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
parágrafo del artículo 1° de la Ley 1881 de 201819, que consagra que «[c]uando
una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida de
investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre
el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la
culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de
investidura».
A partir de lo anterior, advirtió la configuración de la cosa juzgada material frente
a la incompatibilidad endilgada al demandado por el ejercicio de sus funciones
como diputado y candidato a la Alcaldía de Soacha, y en la parte resolutiva
dispuso estarse a lo resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Doble militancia
Mencionó que la coalición «Perico» se conformó solo para las elecciones de
alcalde municipal de Soacha, «sin que se pueda establecer en los resultados
electorales que tengan candidatos para la Asamblea Departamental de
Cundinamarca o para el Concejo Municipal de Soacha, o para las JAL de las 6
Comunas y los 2 Corregimientos de Soacha», lo que sería suficiente para negar
las pretensiones.
Adujo que el ciudadano que integra los partidos que conformaron la coalición que
postuló al demandado, tiene la obligación moral de votar por su candidato, y se
dice moral porque el voto es secreto.
Indicó que el aspirante hace campaña para recibir apoyo de los simpatizantes de
los partidos que integran la coalición, pero no le está prohibido pedirles que
depositen el voto en su favor, sin consideración al partido político al que
pertenecen.
Señaló que, a su turno, la coalición «Perico» inició y terminó con el proceso de
elección de alcalde municipal.
Precisó que, en el presente caso, la demanda adolece de los elementos de
prueba necesarios para declarar la existencia de la causal invocada. En ese
sentido, explicó que i) los videos aportados no demuestran la prohibición, dado
que las intervenciones del demandado se hicieron con lealtad hacia el Partido de
la U, ii) las expresiones del acusado constituyen notas de agradecimiento, por
tratarse de puntos comunes de un programa de gobierno, que no se enmarcan
en actos positivos, y iii) las adhesiones políticas y de respaldo a una candidatura
son el resultado mismo de la campaña.
19 «Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones».
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Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
1.6. Los recursos de apelación
1.6.1. Juan Sebastián Bernal Bernal20
Su apoderado advirtió que el fallo evidencia un desconocimiento del derecho
electoral, pues la doble militancia no se debe estudiar buscando que una misma
coalición, conformada por exactamente los mismos partidos, haya inscrito
candidatos a corporaciones públicas.
Explicó que, si bien las coaliciones son asociaciones de agrupaciones políticas,
el candidato inscrito por ellas debe respetar la ideología del proyecto político de
su colectividad de origen, al punto que es esta la que otorga el aval principal.
De ahí que, en su sentir, cuando un aspirante es postulado por una coalición,
«NO se debe ver si la misma y exacta asociación inscribió candidatos, se debe
observar es el RESPETO del partido de origen».
Destacó que esta Sala21 es de la tesis de que «un candidato de coalición en
primera medida se debe a la organización política en la que milita», por lo que
sus intenciones de apoyo deben ser, en primer lugar, en favor de los aspirantes
que pertenecen a su colectividad, y si esta no postuló pretendientes, puede
respaldar a los que hacen parte de la coalición o adhirieron su campaña.
Adujo que, por lo tanto, el tribunal debió observar si el partido de origen del
alcalde de Soacha inscribió candidatos a las corporaciones públicas de la misma
circunscripción, no si su coalición hizo lo propio para esas dignidades.
Cuestionó la consideración relacionada con la obligación moral del ciudadano de
votar por su candidato, y que al aspirante no le es prohibido pedir el respaldo
ciudadano. Al respecto, advirtió que ello no tiene sentido ni coherencia con la
causal, pues lo que debió hacer el tribunal fue estudiar si el demandado desplegó
o no actos positivos y concretos de apoyo en favor de aspirantes inscritos por
listas que no fueran de su partido de origen.
Acerca de lo expuesto por el a quo sobre la duración de la coalición, esto es, que
inició y culminó con el proceso electoral, señaló que el tribunal tiene una
confusión frente a la causal planteada y los grupos significativos de ciudadanos,
por cuanto la vocación de permanencia, además de irrelevante, no tiene nada
que ver con el asunto. Reiteró que lo que se debió estudiar era si el demandado
respetó a su partido de origen, durante la época de campaña, esto es, desde la
inscripción hasta la elección.
20 Demandante en el proceso 25000-23-41-000-2024-00167-01.
21 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 01 de julio de 2021. Radicado 11001-03-28-
000 2020-00018-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
Frente a la valoración probatoria, censuró que el colegiado de primera instancia
no haya expuesto las razones para concluir que no se demostró la promoción
endilgada y, por el contrario, se enfocó en las expresiones de agradecimiento del
acusado y las de lealtad hacia el Partido de la U, pese a que sus
pronunciamientos hicieron referencia a candidatos que no son de su colectividad.
Reiteró las censuras de la demanda, en tanto el accionado incurrió en la
prohibición de doble militancia por desplegar actos positivos y concretos de
apoyo en favor de las listas de los candidatos inscritos por los partidos
Independientes, MAIS, ASI, y la coalición «Partido Demócrata Colombia Justa
Libres».
Del mismo modo, insistió en la configuración de los elementos subjetivo, modal,
objetivo, temporal y territorial de la prohibición.
Advirtió que las documentales aportadas no fueron tachadas y, además, se
aportó un dictamen pericial que garantiza la autenticidad de ese material, que
observó la debida cadena de custodia, y su autor dejó expuesta su amplia
experiencia en la materia.
Posteriormente, se refirió a los elementos de prueba aportados con los enlaces
de acceso al perfil de la red social Facebook del demandado, de donde obtuvo la
evidencia digital, confrontándolos con el análisis y conclusiones de la experticia
que certificó que la cuenta en mención pertenece al acusado, por lo que concluyó
que son válidas por conservar la presunción de autenticidad.
Frente a estas probanzas, destacó los discursos que pronunció el demandado,
en cada video, que en su criterio son configurativos de actos positivos y concretos
del apoyo proscrito.
1.6.2. Yeny Garzón22
Cuestionó la aplicación de la institución de la cosa juzgada en el caso concreto.
Afirmó que los efectos de esta figura se deben modular conforme a un análisis
que contemple la posibilidad de plantear nuevos cargos y fundamentos que no
tuvo en cuenta el juez, en este caso el Consejo de Estado, «y que de hecho
evidencian el yerro en la interpretación de la norma con plena variación en la
identidad del texto normativo».
Precisó que «[e]xisten múltiples pronunciamientos judiciales» en los cuales se
evaluaron las figuras de la pérdida de investidura frente a la acción electoral y los
22 Demandante en el proceso 25000-23-41-000-2024-00095-01.
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efectos de la cosa juzgada previstos en el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, en
los que se concluyó la autonomía e independencia de cada acción, lo que hace
que los fallos tengan sus propios efectos pese a que las demandas se promuevan
contra la misma persona y fundarse en idéntica causal de inhabilidad.
Acerca de la garantía del non bis in idem prevista en el parágrafo del artículo 1°
de la Ley 1881 de 2018, explicó que este enunciado permite al juez evaluar y
pronunciarse sobre aspectos no juzgados. Por lo tanto, «[e]s este alcance
normativo el que nos permite acudir en alzada con el objeto se decida sobre la
interpretación extensiva y errada de las causales de incompatibilidad que
contiene la sentencia de nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)»
acogida por el a quo.
Por otra parte, advirtió que el colegiado de primer grado, al acoger lo resuelto por
el Consejo de Estado en la sentencia del 9 de mayo de 2024, incurrió en varios
defectos que se sintetizan a continuación.
Defecto fáctico: Sostuvo que el tribunal acogió como suya la errónea valoración
probatoria hecha por su superior en el marco de la pérdida de investidura. Al
respecto, precisó que no confirió valor probatorio al acta del 31 de diciembre de
2023, donde consta la posesión del demandado como alcalde de Soacha, pese
a que, para ese entonces, aún fungía como diputado.
Defecto sustantivo: Afirmó que el a quo, al acoger lo resuelto por el Consejo de
Estado, adoptó una interpretación extensiva y arbitraria de la incompatibilidad de
que trata el artículo 51.1 de la Ley 2200 de 2022, en concordancia con el artículo
43 del Código General Disciplinario.
En su criterio, en las sentencias de la pérdida de investidura y la que es materia
de apelación, se creó una regla que consiste en sostener que, además de la
aceptación del cargo mediante la posesión de que trata el artículo 122 superior,
se debe demostrar el inicio efectivo de las funciones, lo cual es un desacierto
porque, en esos términos «basta una simple constancia para obviar el
cumplimiento de la norma e iniciar el ejercicio del cargo a voluntad del
posesionado».
Precisó que, de este modo, el operador judicial no puede sostener, sin entrar en
contradicción con el artículo 122 de la Constitución Política, que la
incompatibilidad solo rige a partir del ejercicio del cargo, toda vez que la norma
superior dispone que ello tiene lugar a partir de la posesión. Por lo tanto, cuando
el demandado se posesionó como alcalde, siendo diputado, incurrió en la
conducta acusada, la cual se dejó de juzgar en debida forma.
Distinguió el carácter objetivo del presente medio de control, respecto del juicio
de desinvestidura, destacando que aquel se ocupa de analizar si el acto de
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Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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elección es conforme al orden jurídico, mientras que este último revisa el
comportamiento del accionado bajo una connotación subjetiva, razón por la que
al tribunal no le estaba permitido «asumir los errores de fundamentación de la
sentencia primigenia», porque tenía el deber de «ajustar la interpretación al
verdadero sentido normativo, cosa que no sucedió en su afán de dictar sentencia
anticipada».
Sostuvo que la exegesis errónea vertida en el pronunciamiento del Consejo de
Estado resulta determinante para este asunto porque «de no haberse presentado
esa aparente irregularidad en aquella, la sentencia que ahora se cuestiona habría
variado sustancialmente su sentido».
Reiteró que existe autonomía formal entre los procesos de nulidad electoral y de
pérdida de investidura, no obstante que se refieran a una misma persona y
tengan como fundamento idéntica causal de incompatibilidad, por lo que «“la
decisión que se tome en uno no determina bajo ninguna circunstancia la
conclusión a la que se pueda llegar en el otro”»23, dado que es posible que los
jueces de conocimiento lleguen a interpretaciones distintas, sin que con ello se
desatienda la prohibición del non bis in idem.
Defecto orgánico: Con base en lo anterior, explicó que el Consejo de Estado y
el tribunal carecían de competencia para implementar requisitos que la norma
prohibitiva no consagra, esto es, decir que es el inicio de las funciones del cargo,
y no la aceptación del empleo en los términos del artículo 122 de la Carta Política
lo que configura la incompatibilidad de que se trata. Agregó que «[e]ste defecto
orgánico por desconocimiento de los limites (sic) de competencia tanto de la
decisión originaria como la que se impugna origina de plano su revocación».
Finalmente, sostuvo que, «sin pretender oficiar en calidad de coadyuvante», el
demandado incurrió en la prohibición de doble militancia, dado que las pruebas
aportadas así lo demuestran.
1.7. Actuaciones de segunda instancia
Por auto del 27 de enero de 2025, se admitieron los recursos de apelación
formulados por los demandantes Juan Sebastián Bernal Bernal24 y Yeny
Garzón25, y se ordenaron los traslados correspondientes.
1.8. Alegatos de conclusión
Del demandado
23 Sentencia SU-264 de 2015
24 Demandante en el proceso 25000-23-41-000-2024-00167-01.
25 Demandante en el proceso 25000-23-41-000-2024-00095-01.
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Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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Su apoderado reiteró el argumento de defensa relacionado con la ausencia de
los elementos configurativos de la causal de inelegibilidad debatida. Acerca de la
doble militancia que se le endilga, advirtió que las pruebas aportadas no ofrecen
certeza de comportamientos constitutivos de la prohibición, pues las
intervenciones representadas en esa evidencia no van más allá de
agradecimientos por el respaldo recibido, sin que se enmarquen en actos
positivos y concretos de apoyo.
Del demandante Juan Sebastián Bernal Bernal
Insistió en el fundamento de la alzada, en cuanto a la concreción de los elementos
constitutivos del apoyo indebido, particularmente las manifestaciones de respaldo
político derivadas de sus discursos en el marco de actos proselitistas
representados en la evidencia digital aportada.
Agregó que la Sección Quinta del Consejo de Estado se ha pronunciado en el
sentido de sostener la configuración de la ayuda proscrita también tiene lugar
cuando se expresan palabras en procura de la consolidación de equipos con
candidatos que no son del partido del implicado.26
1.9. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta colegiatura rindió concepto
solicitando que se confirme la sentencia de primera instancia.
Acerca de la incompatibilidad que se enrostra al demandado, consideró que le
asiste razón a la apelante al sostener que en el proceso de pérdida de investidura
únicamente se debatió la coincidencia de periodos del demandado, sin mención
de lo preceptuado en el artículo 51 de la Ley 2200 de 2022, por lo que el tribunal
debió pronunciarse sobre este punto.
No obstante, ese argumento no da lugar a anular la elección, toda vez que la
inelegibilidad que refiere el precepto se relaciona únicamente con los
presupuestos que desarrolla el numeral 1°, es decir, la intervención en nombre
propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o contractuales en los que
tenga interés el departamento, distrito o municipio de la respectiva entidad
territorial, o sus organismos, y el ejercicio como apoderado o gestor ante
autoridades públicas, no establece una incompatibilidad general para
desempeñar cargos públicos.
Tampoco comparte la tesis de la actora, según la cual la posesión del
demandado, el 31 de diciembre de 2024, se torna irregular, toda vez que, tal
26 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 26 de septiembre de 2024. Radicado 11001-
03-28-000-2023-00121-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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como lo expuso la Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo que negó
su desinvestidura, sus efectos tenían lugar a partir del 1° de enero de 2024, lo
cual responde a la lógica del cierre e inicio del periodo constitucional.
Advirtió que en el marco de este medio de control no es procedente controvertir
las decisiones de primera y segunda instancia del proceso de pérdida de
investidura, dado que son asuntos jurisdiccionales distintos, aun cuando versan
sobre los mismos hechos que se atribuyen al demandado, dado que esta no es
una instancia de revisión.
Acerca de la doble militancia, consideró que el recurrente acertó al cuestionar la
ausencia de detalle del a quo en la valoración probatoria, al igual que la confusa
redacción de fallo en algunos apartes del análisis del caso concreto.
Sin embargo, tales falencias no dan lugar a revocar la decisión de primer grado,
comoquiera que, de la revisión del material probatorio, éste no demuestra el
elemento objetivo de la prohibición, puesto que las intervenciones del
demandado corresponden a agradecimientos, felicitaciones, declaraciones de
amistad y admiración hacia diversos candidatos, colectividades y directivos que
apoyaron su aspiración, de lo cual no se desprenden actos positivos y concretos
de respaldo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 del CPACA y 13 del
Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en
segunda instancia del proceso de la referencia, teniendo en cuenta que se
pretende la nulidad del acto que declaró la elección del señor Víctor Julián
Sánchez Acosta como alcalde de Soacha (Cundinamarca), cuyo control de
legalidad compete a los tribunales administrativos, en primera instancia, según el
literal a) del numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 27 y corresponde
27 «ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá,
de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los
municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas
de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas
regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular,
salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;
(…)».
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al Consejo de Estado fungir como juez ad quem, en aplicación del artículo 150
ib.
2.2. Cuestión previa
El tribunal de primera instancia se abstuvo de resolver la excepción de falta de
legitimación por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral,.
En criterio de esta Sección, la decisión de vincular o no al Consejo Nacional
Electoral debe ser analizada a la luz de los postulados generales de la
legitimación en la causa. De esta forma, su vinculación dependerá del mayor o
menor grado de conexidad que tengan las censuras o irregularidades advertidas
en la demanda con las actuaciones que desplegó el citado órgano en el marco
del proceso electoral28.
En el caso concreto, se tiene que los vicios advertidos en la demanda, y que
presuntamente derivan en la ilicitud del acto acusado, nunca fueron objeto de
pronunciamiento por parte de esta autoridad de la organización electoral.
En esos términos, no se acreditó actuación alguna de la referida autoridad en
punto a resolver reparos relacionados con las censuras que sustentaron las
pretensiones en ese caso, por lo que no hay razón para mantener la vinculación
del Consejo Nacional Electoral en el proceso.
2.3. El acto acusado
La parte actora pretende la nulidad del formulario E-26 ALC de 8 de noviembre
de 2023, a través del cual se declaró la elección del señor Víctor Julián Sánchez
Acosta como alcalde de Soacha (Cundinamarca), para el periodo 2024-2027.
2.4. Problema jurídico
Conforme al fallo de primera instancia y los argumentos expuestos los recursos
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o
revoca la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que dispuso estarse a lo resuelto por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de desinvestidura
contra el aquí demandado, y negó las pretensiones de la demanda de la
referencia en cuanto concierne a la doble militancia endilgada.
Para el efecto, en primer lugar, determinará si al a quo le estaba vedado acoger
el pronunciamiento de la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
28 Al respecto, consúltese el auto proferido en audiencia inicial, el 27 de noviembre de 2019, MP Rocío
Araujo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2019-00024-00.
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que, en segunda instancia, resolvió la solicitud de desinvestidura del demandado
por haber «aceptado» el cargo de alcalde municipal, no obstante ostentar la
condición de diputado, dado que dicho pronunciamiento incurrió en errores de
interpretación y valoración probatoria.
Sobre este aspecto, se debe analizar si el reparo de la alzada contiene la carga
argumentativa necesaria para controvertir las razones por las que el colegiado de
primer grado aplicó el principio non bis in idem, que conduzca a esta Sala a
revisar si lo resuelto por el tribunal se ajustó a derecho.
En segundo lugar, se determinará si las pruebas con las que se pretende
demostrar la incursión del demandado en la conducta proscrita de doble
militancia, en efecto, acreditan el despliegue de respaldos prohibidos por la ley.
2.5. Cosa juzgada en asuntos de desinvestidura y electorales
El artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, tal como fue modificado por el artículo 4°
de la Ley 2003 de 2019, establece:
ARTÍCULO 1º. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un
juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en
la Constitución.
Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la
Constitución Política.
PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma
conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida de
investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada
sobre el otro proceso en todos los aspectos Juzgados, excepto en relación
con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de
pérdida de investidura.
En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa
juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la
configuración objetiva de la causal.
La norma transcrita consagra la garantía del non bis in idem como el derecho a
que el acusado, en asuntos electorales y de pérdida de investidura, no sea
juzgado de manera simultánea por la misma conducta. Por ende, la primera
decisión en firme dictada en uno u otro asunto hace tránsito a cosa juzgada.
Sin embargo, es necesario precisar que la disposición bajo estudio condiciona la
institución de la cosa juzgada únicamente respecto del componente objetivo de
la causal de que se trate pues, como advierte la norma, el juicio de culpabilidad
es exclusivo del proceso de pérdida de investidura.
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Para dar alcance a la interpretación de este precepto, resulta necesario tener en
cuenta que el proceso de pérdida de investidura es de carácter sancionatorio y
conlleva un análisis de responsabilidad subjetiva, esto es, «un juicio ético
subjetivo de la conducta recta y transparente que se espera de un miembro de
una Corporación Pública que representa la voluntad popular, de manera que el
proceso que se adelanta en virtud de ésta, es de carácter sancionatorio, pues
busca condenar situaciones que constitucionalmente se encuentran
proscritas»29.
Por su parte, el medio de control de nulidad electoral implica un estudio desde un
enfoque exclusivamente objetivo, que se limita al análisis de legalidad de los
actos de elección, «toda vez que para declarar la nulidad del acto electoral basta
con que se encuentren acreditados los elementos de la causal endilgada
independientemente de que ésta se haya cometido a título de dolo o culpa, por
ejemplo»30.
Por consiguiente, el medio de control de nulidad electoral se restringe a un juicio
objetivo de legalidad, donde se analiza la configuración de la causal de que se
trate, mientras que la pérdida de investidura comporta tanto este análisis, como
el estudio del componente subjetivo de la conducta, esto es, si el acusado incurrió
en la causal con ocasión de un comportamiento doloso o gravemente culposo.
De ahí que los juicios de legalidad y de desinvestidura comparten el juzgamiento
del elemento objetivo de la causal, y la decisión que se adopte en uno u otro
sobre este particular, y que cobre firmeza, hará tránsito a cosa juzgada, y difieren
en el componente de la culpabilidad, cuyo enjuiciamiento es exclusivo del objeto
de la pérdida de investidura.
2.5.1. Caso concreto
El tribunal de primera instancia, al resolver el reparo de inelegibilidad planteado
en el presente medio de control, dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia del
9 de mayo de 2024, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado 31, en
tanto confirmó el fallo proferido por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó la pérdida de investidura del señor Víctor Julián
Sánchez Acosta.
En ese asunto, como acontece en el que convoca a esta Sala, se acusó al
demandado de haber transgredido el régimen de incompatibilidades por haber
inscrito su candidatura a la Alcaldía de Soacha, hacer campaña, participar
29 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 16 de mayo de 2019. Exp: 11001-03-28-
000-2018-00084-00. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
30 Ibidem.
31 Exp: 25000-23-15-000-2023-01047-01. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón.
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Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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efectivamente en el certamen electoral, y aceptar el cargo una vez se declaró su
elección en esa dignidad, pese a que, para ese entonces, ejercía como diputado
de la Asamblea de Cundinamarca.
En esa oportunidad la demandante, hoy actora de esta causa, fundamentó su
reproche en la transgresión de los artículos 48 de la Ley 617 de 2000 32, 50.133 y
51.1 (numerales 1.1. y 1.2.)34 de la Ley 2200 de 2022, estos últimos invocados
en este asunto.
La Sentencia de primera instancia en ese proceso, entre otros aspectos, concluyó
que «los señalamientos que se hacen en la demanda (…) no se encuadran
en la hipótesis fáctica del artículo 51, subnumeral 1.1., numeral 1, de la Ley
2200 de 2022 (…) Salta a la vista que el sustento de la acusación, es decir,
“aceptar cargo” sin haber “renunciado previamente” a su curul como Diputado,
no tiene nada que ver con la incompatibilidad que describe la norma (…)
pues de lo que se trata es del despliegue de una actividad eminentemente
“política”, que, según se acaba de demostrar, no está proscrita para el caso
de miembros electos de corporaciones públicas» (Negrillas fuera de texto).
Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver la alzada
contra el anterior proveído, advirtió que «si bien en la solicitud de desinvestidura
se invocó la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 51, numerales
1 y 1.1 de la Ley 2200, (…) lo cierto es que en su recurso la apelante no
formuló reproche alguno en cuanto a tales previsiones, lo que impide su
estudio en esta instancia» (Negrillas fuera de texto).
Por ende, el a quo, al advertir que la conducta endilgada al demandado en el
presente medio de control es la misma que se juzgó en el trámite de la pérdida
de investidura, resolvió aplicar los efectos del parágrafo del artículo 1° de la Ley
32ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES
Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. <Ver Notas
del Editor> Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá
conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado
en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
33 ARTÍCULO 50. DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Los diputados no
podrán:
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución Política, no podrán
aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura.
34 ARTÍCULO 51. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades para
desempeñar cargos públicos, las siguientes:
1. Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su
elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:
1.1. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones
contractuales en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio de la respectiva
entidad territorial, o sus organismos;
1.2. Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales,
administrativas o jurisdiccionales.
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1881 de 2018, por haber hecho tránsito a cosa juzgada.
De este modo, el componente objetivo de la causal alegada en el juicio de pérdida
de investidura contra el acusado fue materia de debate y decisión, por lo que no
era posible analizarlo, de nuevo, en el marco de la legalidad electoral.
Ahora bien, en punto a pronunciar lo que corresponde frente a los reparos de la
alzada, se tiene que la apelante advirtió que la garantía del non bis in idem no
excluye la posibilidad de que el juez resuelva sobre aspectos no juzgados.
No obstante, la actora no expuso reparo alguno que pusiera de presente los
asuntos no debatidos en el trámite de pérdida de investidura que, por haberse
planteado en este control de legalidad, debía resolver el tribunal de primer grado.
Por el contrario, su conducta en esta instancia se redujo a señalar los yerros de
interpretación en los que, en su sentir, incurrió la Sección Primera del Consejo
de Estado al desatar la apelación contra el proveído que negó sus pretensiones
de desinvestidura del demandado, pasando por alto que el presente trámite no
está concebido para oponerse a la ejecutoria de providencias dictadas en otras
causas judiciales.
En efecto, la alzada se limitó a reprochar que el tribunal haya acogido la tesis por
la que se decantó su superior, a pesar de «la interpretación extensiva y errada
de las causales de incompatibilidad» que adolece la providencia, sin advertir
censuras contra lo resuelto por el a quo al aplicar la institución de la cosa juzgada.
En su intención de controvertir providencias dictadas en otro asunto, la actora
planteó los defectos fáctico, sustantivo y orgánico, todos ellos con base en
presuntos errores de valoración probatoria, interpretación y falta de competencia
en los que al parecer incurrió la Sección Primera del Consejo de Estado al dictar
la providencia del 9 de mayo de 2024, en el marco de un proceso de pérdida de
investidura que cursó contra el demandado en esa Sala.
Su empeño busca resaltar los presuntos yerros probatorios e interpretativos en
los que, en su criterio, incurrió el Consejo de Estado, para hacerlos extensivos a
la providencia del a quo, so pretexto de que tales errores condujeron a la
denegatoria de sus pretensiones en primera instancia, pero perdiendo de vista
que el tribunal nunca expuso consideración distinta a las razones por las que se
configuró la institución de la cosa juzgada, sin valoraciones probatorias ni
interpretaciones legales más allá de la que desplegó sobre el texto del artículo 1°
de la Ley 1881 de 2018.
En esas condiciones, dado que la alzada no contiene un reparo concreto contra
lo resuelto por el tribunal, se concluye que los cargos de la apelación no están
llamados a prosperar.
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2.6. Doble militancia por apoyo
Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en
las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades
y bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo
demuestran los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los
cuales se introdujo y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble
militancia.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política,
ningún ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido
político. En consonancia, la misma norma dispone que los miembros de
corporaciones públicas que decidan cambiar de partido para aspirar a una
próxima elección están compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12 meses
antes de la fecha en que inician las inscripciones de candidatos de los comicios
respectivos.
Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).
A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se
manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
proscritas35:
a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento
político o grupos significativo de ciudadanos.
b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política
distinta, en el mismo proceso electoral.
c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción
como candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento
35 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de
10 de marzo de 2022, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo
Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-
02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-
000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de
2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
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político distinto de aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que
renuncie a la curul antes de los 12 meses que preceden al primer día de
inscripciones y segunda, que la colectividad sea disuelta o pierda la
personería jurídica por causas diferentes a una sanción.
d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar
a candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y
les otorgó aval, según el caso, salvo que la respectiva organización no
esté participando con aspirantes para la correspondiente elección ni haya
manifestado su apoyo expreso a determinada campaña de otro partido o
movimiento.
e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como
candidatos o designación como directivos de organizaciones políticas
diferentes, salvo que medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses
antes de uno u otro hecho.
En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación36, relacionada
en el literal d) anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en
los términos que se transcriben enseguida:
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no
podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados.” (Negrilla fuera de
texto)
Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección37 ha reconocido
que la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta
de la acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:
i. Elemento subjetivo
36 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-
02946-01(Acum), MP. Rocío Araújo. Oñate. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-
33-000-2019-00808-02.
37 Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un
partido distinto, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de
2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21
de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sentencia de 6 de octubre de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de
noviembre de 2016.
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El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en
su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige
que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
ii. Elemento objetivo
La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de aquel
al que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado
por esta Sala Electoral como «…la ayuda, asistencia, respaldo o
acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato
distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.» 38
Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en
el tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta
modalidad de doble militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza de
los actos que pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a la vez
el grado de convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar la
presencia del apoyo ilegal.
En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la
asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y
concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra
organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, esta Judicatura explicó al respecto:
Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo
atrás la Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha
prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y
concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido
político.39 (Negrillas fuera de texto).
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como
sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en
marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una
candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –
presupuesto teleológico–.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
39 Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
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Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de
2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la
parte actora al concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones
políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el
partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble
militancia por apoyo, de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que
permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:
Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución
de actos positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el
partido al cual pertenece el concejal demandado.
(…)
Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones
no contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la
decisión de llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del
candidato del partido, en este caso a la alcaldía, como señaló el actor.40
(Negrilla fuera de texto)
En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio, considerarse
como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico de
la noción, la impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se omitió
probar su socialización y distribución para el fortalecimiento de la campaña
política de un candidato afiliado a otro movimiento41; las palabras de
agradecimiento entre aspirantes políticos42; así como la existencia de publicidad
perteneciente a un aspirante avalado por otra organización, cuando los medios
de convicción allegados no permiten aseverar que su presencia responde a la
voluntad del accionado, como una manifestación de apoyo.
En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019, M.P.
Rocío Araújo Oñate:
40 Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
““Ahora bien, aunque la Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante
publicitario de estas características, lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos
fueran socializados, distribuidos o publicitados después del 25 de septiembre de 2015 - fecha en
la que el partido Opción Ciudadana decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro-, pues
la mera impresión de los mismos no acredita la conducta proscrita por el artículo 2º de la
Ley 1475 de 2011.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A
diferencia de lo expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha
de falsedad permite establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera
de contexto en la prueba allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de
agradecimiento dirigidas al señor Acosta Acosta sino expresiones concretas de respaldo a
su candidatura por Bogotá.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
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…[E]s evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian elementos
que, por ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las reuniones
respectivas y, entre otras cosas, si fue el demandado quien dispuso,
autorizó, convino o consintió tales actividades proselitistas y menos
que de ellas se derive el cuestionado apoyo. (Negrilla fuera de texto)
Pero no solo estos aspectos43 del respaldo proscrito han sido modelados por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a
la frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia,
por lo que los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto
sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración
de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola
manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política44.
De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter
autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que «…el
apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble
militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni
limitó sus alcances a este tipo de factores»45.
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido
en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más
allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a
través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a
la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado.
Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta
Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del
presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad
política distinta, debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir,
revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita
superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en el caso
en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y
de esa forma advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado.
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de
convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación
al electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del
Tolima, cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde a
43 La naturaleza del apoyo.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
45 Ibidem.
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la Asamblea departamental, en el marco de programas radiales46.
Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20 de
agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de
apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia
de doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios
del partido o movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir
apoyo de agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un
aspirante a un cargo de elección popular47.
iii. Elemento temporal
Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475
de 2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben
producirse los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma
conlleva aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe suceder
en el contexto de la campaña política, toda vez que «…solo durante ese lapso se
puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra» 48; término que
se extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su
aspiración y hasta la fecha de la elección.
iv. Elemento modal de la conducta
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige
que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la
lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral.
Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo
en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia reciente de esta Sala
de Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o
un movimiento político a una causa proselitista distinta de la propia, –aunque no
exista registro de una aspiración particular–, pueden llevar a cristalizar
igualmente la causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de
2011.
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-
33-000-2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016.
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la
Sala concluyó en relación con este aspecto:
Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad
de doble militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente
al inscrito o apoyado por una determinada colectividad política, lo cual
necesariamente presupone que el partido o movimiento político bien haya
inscrito un candidato propio para determinado cargo de elección popular o
en su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un
candidato de otra organización política.49
La materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura
política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones
explícitas, mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la
candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a
respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de
la colectividad.
Congruente con esta línea, la Sala, en decisión reciente50, puntualizó que para
acreditar el presupuesto modal de la prohibición «es necesario que el partido o
movimiento político que avaló la postulación del acusado haya inscrito una
candidatura propia al cargo de elección popular correspondiente, pues solo
en este evento es que puede exigírsele al demandado una lealtad hacia su
colectividad» (Negrillas del texto original).
En este proveído, la Sección Electoral explicó el alcance del artículo 2 de la Ley
1475 de 2011, precisando que «lo cierto es que la nulidad electoral solo
procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, al brindar apoyo a candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al que se encuentran afiliados, y como en este caso el
movimiento AICO no tenía candidatos inscritos para la asamblea
departamental, no puede declararse la nulidad del acto de elección
demandado por doble militancia» (Negrillas fuera de texto).
Es necesario traer a colación el contenido de la interpretación vertida en la
providencia bajo cita, comoquiera que en ese pronunciamiento se hizo claridad
en que los elementos de la prohibición se circunscriben a los precisos términos
dispuestos en la norma que la establece:
La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de
doble militancia, que apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede
asegurar en los términos en que han sido previstas en la ley las
49 Ibidem.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de
agosto de 2024. Exp: 08001-23-33-000-2023-00463-01. MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
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diferentes modalidades de la conducta que se estudia y, por tanto, no puede
extenderse el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a situaciones
ajenas a las allí reguladas.
Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la
prohibición, sino que su interpretación debe ser restringida a los
supuestos que consagra la norma.
En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por
doble militancia cuando para un determinado cargo hay candidatos
inscritos respaldados por la agrupación que avaló al demandado.
(Negrillas fuera de texto)
A partir de esta postura, hay lugar a concluir que el objeto de la prohibición no es
otro que el de evitar que el candidato se aparte del rumbo político de su
agrupación, respaldando aspiraciones que se encuentran en contienda con las
de su propio partido.
Por consiguiente, la Sala debe insistir en que la única circunstancia bajo la cual
se configura la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, por
ministerio de la ley, tiene lugar cuando el implicado en los hechos despliega actos
positivos y concretos de respaldo a una candidatura distinta de la que avaló o
promovió su colectividad política para un cargo de elección popular en el mismo
certamen electoral.
Por el contrario, si el partido de filiación del candidato acusado no presentó
aspirante propio para alguna dignidad de elección popular, su proceder
proselitista no está limitado por la prohibición de que se trata, a menos de que
haya dado una instrucción clara sobre el particular.
v. Elemento territorial
El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del
Consejo de Estado permite advertir que el respaldo recriminado por el legislador
estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al concejo a la
aspiración proselitista de un candidato a la alcaldía de la misma municipalidad–,
pero también en el escenario de circunscripciones territoriales diversas.
En palabras de esta Sala de Decisión:
Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido
brindado a un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por
una circunscripción territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la
configuración de la doble militancia política.51
51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
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De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia
o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos
positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una
organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un
cargo de elección popular.
Decantados estos presupuestos y, previo a abordar el estudio del caso concreto,
esta Judicatura hilvanará algunas ideas que permitan absolver los
cuestionamientos probatorios elevados por las partes durante este trámite
judicial.
Así mismo, tratándose de candidatos inscritos en coalición, teniendo en cuenta
que cada partido coaligado otorga avales individuales a sus candidatos, se ha
considerado, de acuerdo con la finalidad de la prohibición, que deben favorecer
a los que pertenecen a su misma colectividad, salvo los casos en los que no
inscribe aspirante propio para un cargo de elección popular, comoquiera que bajo
esa circunstancia no surgen deberes de lealtad partidista que limiten el respaldo
de candidaturas de otras colectividades52.
En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble militancia
por apoyo a un candidato está condicionada a los presupuestos consagrados en
la norma e interpretados en sede judicial, atendiendo al propósito del legislador,
al efecto útil de la disposición que consagra la prohibición e integrando el principio
de capacidad electoral, que debe orientar al operador jurídico al resolver las
controversias de esta naturaleza.
2.6.1. Caso concreto
Como se indicó al plantear el problema jurídico, respecto de la doble militancia,
se debe determinar si, con las pruebas aportadas al plenario, se encuentra
acreditada la conducta enrostrada al demandado.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, en tanto
concluyó, frente a la prohibición de que se trata, que las pruebas aportadas no
son suficientes para disponer la anulación del acto demandado.
Dado que los elementos de la prohibición son concurrentes, es necesario
descender a su análisis en el caso concreto.
Así, según el formulario E-6 AL aportado por la organización electoral, está
demostrado que el 28 de julio de 2023 el demandado fue inscrito como candidato
a la Alcaldía de Soacha, para las elecciones que tuvieron lugar el 29 de octubre
52 Sentencia de 22 de agosto de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2023-00154-00.
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de 2023, por parte de la coalición «Perico», conformada el Partido de la U, que
es la colectividad a la que pertenece, y los partidos Liberal Colombiano,
Conservador Colombiano, La Fuerza de la Paz, y Colombia Justa Libres.
El formulario E-26 ALC acredita la declaratoria de la elección del acusado en la
dignidad a la que aspiró, el 8 de noviembre de 2023. De ahí que se tenga por
probado el elemento subjetivo de la conducta.
Los actos proscritos que involucran al demandado tuvieron lugar los días 9 de
septiembre, 11, 19, 21 y 22 de octubre de 202353, es decir, durante el lapso de la
campaña política, entre la inscripción del demandado el 28 de julio de 2023, y el
29 de octubre de esa anualidad, cuando se adelantaron los comicios. En ese
orden, las actividades del demandado en las fechas referidas se enmarcan en el
elemento temporal de la prohibición.
El actor sostiene que el demandado tenía un deber legal de lealtad partidista con
los candidatos que la colectividad de su filiación, el Partido de la U, inscribió para
el Concejo Municipal de Soacha y la Asamblea Departamental de Cundinamarca,
por lo que no debía respaldar las aspiraciones de otras agrupaciones políticas a
estas corporaciones.
La censura por doble militancia afirma que la alianza política con la que el Partido
de la U participó en la contienda por las curules del Concejo Municipal de Soacha
es la «Coalición Concejo», conformada por dicha agrupación y el Partido MIRA.
Es preciso advertir que al proceso no se aportó el formulario E-6 CO, que es el
documento que permitiría tener certeza de la conformación de la alianza política
inscriptora. Si bien el demandante pidió la prueba, lo cierto es que el a quo, en el
auto que dispuso el trámite de sentencia anticipada, no se pronunció sobre esta
solicitud, y lo resuelto cobró ejecutoria por cuanto no se presentaron recursos.
Por lo tanto, el medio de convicción no se incorporó al proceso.
En otras oportunidades, esta Sala ha acudido a la revisión de otros documentos
electorales, como el formulario E-26, cuando su contenido permitió verificar las
colectividades políticas que conformaron las coaliciones54.
En este asunto, al revisar el formulario E-26 CON del 8 de noviembre de 2023,
que contiene el consolidado del resultado electoral para la conformación de la
corporación municipal de Soacha, se evidencia que, efectivamente, la «Coalición
Concejo» presentó una lista de candidatos para esa corporación pública.
53 Según las fechas de las publicaciones del demandado en su perfil de la red social Facebook.
54 Sentencia del 20 de junio de 2024. Exp: 68001-23-33-000-2023-00758-02. M.P: Luis Alberto
Álvarez Parra.
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Sin embargo, dicho documento no evidencia las agrupaciones políticas que
conformaron la coalición en contienda, por lo que resulta insuficiente para
establecer si, más allá del dicho del actor, el Partido de la U postuló aspirantes
para el colegiado municipal.
Si bien el apoderado del demandado, al contestar el hecho planteado sobre el
particular55, manifestó que «[e]s cierto», es preciso tener en cuenta que esta
afirmación del profesional del derecho, por sí sola, no contribuye a tener por
demostrada la postulación del Partido de la U al Concejo Municipal de Soacha,
comoquiera que su valoración debe efectuarse en conjunto con los demás
medios de convicción aportados al proceso, conforme a las reglas de la sana
crítica.
Por ende, la manifestación del apoderado del acusado no resulta suficiente para
demostrar la inscripción de los aspirantes del Partido de la U a la corporación
municipal, pues como bien lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-
551 de 2016 «al ser otro medio de prueba de los previstos en el ordenamiento,
su apreciación se debe hacer de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del
Estatuto Procesal; esto es, en conjunto con los demás y de acuerdo con la sana
crítica».
Tesis que esta Sala ha prohijado de antaño56, y reiterado de manera reciente en
la sentencia del 29 de agosto de 202457, en tanto expuso que «aunque la
confesión es un medio de prueba en el trámite de nulidad electoral, debe ser
evaluada junto con las allegadas y decretadas en el proceso, conforme el
principio de libertad probatoria, lo cual permite aminorar su valor que en, en
ningún caso, es absoluto, pues, no es de la menor valía recordar que en nuestro
sistema no rige la tarifa legal».
Sobre la base de lo expuesto, es del caso sostener que, además de la aceptación
del hecho, se requiere la valoración de otros documentos de contenido
específico, como los que expide la autoridad competente, en la etapa pre
electoral, para hacer constar el acto de inscripción de una candidatura,
principalmente el formulario E-6 que da cuenta de la agrupación política
postulante, la integración de las coaliciones y la filiación del aspirante.
En su defecto, también son admisibles otros formatos, como el formulario E-26,
que se expide en la etapa poselectoral para hacer constar el resultado de la
55 Hecho décimo primero de la demanda: «DÉCIMO PRIMERO. – El partido político de la Unión
por la gente, partido de la U, colectividad a la cual pertenece el hoy demandado, inscribió su
propia lista de candidatos al concejo municipal de Soacha, así como a la asamblea departamental
de Cundinamarca, a través de las coaliciones denominadas, COALICIÓN – CONCEJO y
COALICIÓN PARTIDO DE LA U – PARTIDO MIRA, respectivamente».
56 Postura que acogió la Sala en la sentencia de 12 de agosto de 2021. Exp: 05001-23-33-000-
2019-03316-01. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
57 Exp: 41001-23-33-000-2024-00026-01. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
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actividad escrutadora, siempre que su contenido permita las precisiones sobre el
particular y, en general, cualquier documento oficial del cual se pueda derivar la
entidad política inscriptora de la candidatura.
No obstante, es necesario advertir que, salvo la manifestación de la defensa, no
se cuenta con otro medio de convicción idóneo a través del cual se pueda
corroborar la postulación de una lista de candidatos al Concejo Municipal de
Soacha por el Partido de la U, comoquiera que, se insiste, al proceso no se aportó
el formulario E-6 CO para extraer la información precisa sobre tal aspecto, y el
contenido del formato E-26 no permite establecer las agrupaciones políticas de
la «Coalición Concejo» que, al decir del actor, fue integrada por dicha
colectividad.
En consecuencia, al no demostrarse que el Partido de la U, que avaló la
postulación del demandado a la Alcaldía de Soacha, inscribió una lista de
candidatos a la duma de esa municipalidad, no es posible sostener reproche
alguno de deslealtad del acusado hacia sus copartidarios y, por ende, que
estuviera limitado en su actividad proselitista en favor de postulaciones de otras
agrupaciones políticas para conformar dicha corporación pública.
De ahí que no se haya acreditado el elemento modal de la prohibición frente al
presunto apoyo hacia candidatos al Concejo de Soacha.
Por otra parte, con el escrito de subsanación de la demanda allegado por el actor
del proceso 25000-23-41-000-2024-00091-00, se aportó el formulario E-6 AS,
mediante el cual se probó la inscripción de la lista de la coalición «Asamblea de
Cundinamarca», conformada por los partidos de la U y MIRA, para la contienda
electoral del 29 de octubre de 2023. Por ende, el demandado debía circunscribir
su actividad de respaldo proselitista en favor de los candidatos de la referida lista,
y abstenerse de desplegar manifestación alguna de apoyo en favor de
postulaciones de otras colectividades en contienda con su partido.
En ese orden, procede el análisis del elemento objetivo de la prohibición, con
base en el material probatorio con el que el actor pretende demostrar el
comportamiento proscrito, únicamente en lo que concierne a los presuntos
respaldos en favor de candidatos distintos de los inscritos por su partido a la
Asamblea de Cundinamarca.
Hechas las precisiones anteriores, se tiene que la apelación pone de presente
que, entre otras pruebas, se aportó un experticio técnico que da cuenta de la
autenticidad de los medios de convicción.
Sin embargo, la Sala estima que la valoración del informe no es necesaria, toda
vez que los mensajes de datos, esto es, los vínculos que conducen a las redes
sociales del demandado, se aportaron al proceso «en condiciones que permitan
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i) su accesibilidad, esto es, que la publicación esté disponible para su consulta
tanto al presentarla con la demanda como para el momento de su valoración, ii)
la identificación de quien lo genera, o más bien de quien lo publica, y iii) la
integralidad de su contenido, que se refiere a que lo divulgado en la red social
no se haya alterado a partir de cuando se generó por primera vez»58.
Dado que estas publicaciones están disponibles para la fecha en que se presenta
esta ponencia, y conducen al material audiovisual con el que se pretende probar
la incursión del demandado en la prohibición, la Sala revisará su contenido.
Ahora bien, antes de descender al estudio de las expresiones del demandado en
los eventos proselitistas representados en la evidencia bajo cita, es necesario
poner de presente la advertencia del demandante en su escrito de alegatos de
conclusión, dónde expuso que esta Sala ha tenido como demostrada la conducta
de doble militancia en la modalidad de apoyo «cuando el candidato expresa
palabras que procuran por la consolidación de un equipo con candidatos que NO
son de su partido de origen».
Como sustento de su precisión, trajo a colación la sentencia del 26 de septiembre
de 202459, en la que esta colegiatura se pronunció sobre el cuestionamiento por
apoyo indebido que el señor Carlos Andrés Marroquín, por ese entonces
candidato a la gobernación del Putumayo por una coalición que integró el Partido
de la U, su colectividad de origen, desplegó en favor de Karina Ramírez Romero,
en ese momento candidata a la asamblea departamental por el MAIS.
En la providencia se analizó la conducta por la cual se le acusaba de doble
militancia, y se expuso que «luego de la arenga de Karina Ramírez Romero,
Carlos Andrés Marroquín Luna continuó su intervención con palabras que
procuraban porque ellos se consolidaran como «la tripleta ganadora que quiere
trabajar por este bello municipio (…) él -demandado- hace referencia a ella y a
otro candidato como «la tripleta ganadora», esto es, mostrando con esa actitud
el ánimo irrefutable de lograr el voto de los asistentes al evento político».
Al decir del actor, este extracto de la providencia da cuenta de que, para esta
sección, las referencias a consolidaciones de equipos con otros candidatos
constituyen manifestaciones de apoyo.
No obstante, es necesario precisar que, en esa oportunidad, la demostración del
respaldo proscrito se materializó en un comportamiento palmario del demandado
en esa causa, por cuanto, en la actividad de cierre de su campaña, se dirigió a
los asistentes para preguntar «cómo es que se hace para votar por Karina, cómo
58 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto de 2024. Exp: 11001-03-28-
000-2023-00154-00. M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
59 Exp: 11001-03-28-000-2023-00121-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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es qué es…», y en ese instante le cedió el micrófono para que la respaldada
culminara la arenga preguntando a los asistentes «¿Cómo es? ¿El MAIS número
qué?», a lo que el público respondió el número 59.
En ese orden, es necesario precisar que las consideraciones transcritas por la
parte actora en sus alegatos, más allá de tenerse como conclusiones de una
conducta de doble militancia por sí sola, corroboraron la intención del encausado
en ese asunto de promover la aspiración política de una candidata inscrita por
una colectividad distinta de la suya.
Más aun, en el proveído que se estudia se hizo la precisión de que «la Sala no
desconoce que en los eventos políticos se puede tener una interacción
dinámica en la presentación ante el electorado», empero, ello no significa la
posibilidad de manifestar apoyo a candidatos de otros partidos, «menos como lo
hace el demandado para favorecer a dicha la aspirante, cuando le concede la
palabra para que ella se dirija nuevamente al público y reitere su partido y el
número del tarjetón con el fin de que voten por ella, para luego continuar con
manifestaciones dirigidas a que debía ser elegida al cargo que aspiraba»
(negrillas fuera de texto).
Muy por el contrario, la Sala ha ratificado su postura en punto a sostener que el
contenido de los actos a través de los cuales se pretende probar la conducta
proscrita debe valorarse bajo parámetros estrictos sobre su alcance o propósito,
con el objeto de poder descartar cualquier conclusión distinta a un apoyo explícito
por una opción política.
Para esta Sección, incluso, manifestaciones como las que exteriorizan anhelos
por el éxito de una aspiración electoral no evidencian una invitación expresa o
positiva para sufragar en favor de ella60:
En consecuencia, no se puede interpretar esta manifestación de deseo como
un acto de apoyo explícito y directo a un candidato de un partido distinto a
Alianza Verde, sino como un gesto de cortesía hacia una persona que
conoce y con la cual tiene una relación de amistad, sin que ello implique
necesariamente un respaldo político que configure la doble militancia
endilgada al demandado.
(…)
60 Exp: 11001-03-28-000-2023-00127-00 (principal); 11001-03-28- 000-2024-00014-00, 11001-
03-28-000-2024-00015-00 y 11001-03-28-000-2024-00019-00. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
Se cuestionaban las siguientes manifestaciones: «Estoy muy feliz que está aspirando a la
asamblea por el partido en marcha que coavala nuestra candidatura así que agradecemos el
apoyo a ese partido, estamos seguros que va a tener un gran éxito electoral que va a
representar a la provincia de lenguapa y que vamos a poder hacer un gran equipo por esa
provincia tan hermosa, una provincia por la que hemos hecho mucho, pero por la que haremos
mucho más. Nelsiton que dios todo poderoso lo ayude vamos para adelante porque para
Miraflores para lenguapa y para Boyacá lo mejor está por venir. [Sic a toda la transcripción]».
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Por el contrario, tales declaraciones pueden ser interpretadas de
diversas maneras, sin que se pueda concluir con certeza que configuran un
apoyo explícito a un candidato de un partido diferente. Por consiguiente, no
se puede afirmar, con base en el video, que el demandado haya incurrido en
una falta por doble militancia.
Ahora bien, analizando las expresiones transcritas, se deduce que el
demandado simplemente manifestó su deseo de que Nelson Hernando
Roa Rubio obtenga una curul en la Asamblea de Boyacá, debido a que,
como se desprende de su dicho, lo conoce y a la amistad que han entablado.
(…)
Dicho de otra forma, el solo hecho de anhelar que el candidato Héctor
Eduardo Lesmes Martínez ocupe una curul en la Asamblea de Boyacá,
junto con expresiones verbales y no verbales de cariño no pueden ser
tenidas como actos contrarios a la legalidad, bajo el entendido que de
aquellas no se derivó, con plena convicción, el pedido, solicitud o
exigencia de que se apoyara la aspiración de aquel. (Negrillas fuera de
texto)
En esas condiciones, se debe advertir que la Sala no ha variado su postura
acerca de los parámetros estrictos de análisis del sentido de las expresiones con
las que se busca probar la incursión en la conducta proscrita, y que estas deben
derivar «con plena convicción, el pedido, solicitud o exigencia de que se apoyara
la aspiración de aquel»61.
Dicho esto, es necesario resaltar la necesidad de revisar el contenido de la
jurisprudencia de forma íntegra y contextual.
En cuanto a las pruebas aportadas, la evidencia de datos da cuenta de que el 19
de octubre de 2023, el accionado publicó un video en su cuenta de Facebook62,
correspondiente a una transmisión en vivo de un evento proselitista del Partido
ASI, donde se presentó el «acuerdo de adhesión entre el Partido Alianza Social
Independiente ASI y la candidatura de Víctor Julián Sánchez Acosta, candidato
de la coalición Perico como candidato a la alcaldía del municipio de Soacha,
Cundinamarca, en las elecciones del 29 de octubre de 2023»63.
Según la parte actora, en el evento representado en esta evidencia, el
demandado manifestó su apoyo a los candidatos al Concejo de Soacha y a la
Asamblea de Cundinamarca por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) y
expresamente se refirió en favor del señor Arley Martínez, aspirante a la duma
departamental por la colectividad bajo cita.
Las expresiones del accionado, que en criterio del actor concretaron
manifestaciones de apoyo hacia los aspirantes a la Asamblea de Cundinamarca,
61 Ibidem.
62 https://fb.watch/pAe5_ZApAK/?mibextid=v7YzmG
63 A partir del minuto 9:22
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son las siguientes:
quiero agradecer a la distancia a una mujer que hoy por su ocupación desde
el Senado de la República no nos pudo acompañar (...) Y gracias a ella a la
senadora Berenice, por la que pido un fuerte aplauso por favor, tuvimos la
oportunidad de que esta adhesión política hoy sea una realidad. Gracias a
ella hoy tenemos la oportunidad hombres y mujeres que conforman la lista
del partido Así de la ciudad de ser un solo equipo64
(…)
quiero darle, claramente la bienvenida a un gran amigo, a un hombre que
cuando yo estuve recorriendo el departamento de Cundinamarca me brindó
la oportunidad de recibir su acompañamiento, su apoyo, estoy hablando del
próximo diputado, el doctor Arley, para el que pido un fuerte aplauso65
Este discurso no pronunció frases que permitan a la Sala establecer que el
acusado se dirigió a la audiencia para persuadirla de votar por los candidatos a
la corporación pública departamental. La intervención del accionado se limitó a
pedir aplausos para la «senadora Berenice», en agradecimiento por la adhesión
del Partido ASI a su campaña, y la oportunidad de conformar ese equipó político.
La mención al señor «Arley»66 no fue más allá del agradecimiento por su apoyo
y pedir aplausos en su favor.
No pasa inadvertido para esta Sala que el acusado cedió el micrófono a los
candidatos del Partido ASI a las corporaciones públicas del departamento, para
que se dirigieran a los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad para
pedir votos para su causa política y, además, en favor del demandado para la
alcaldía67.
De esta circunstancia no es admisible colegir una promoción directa e inequívoca
de apoyo del acusado hacia estos candidatos. Más bien, evidencia que el
demandado permitió el uso de la palabra para que los aspirantes del Partido ASI
manifestaran su respaldo en favor de su gesta electoral a la Alcaldía de Soacha,
con ocasión de la adhesión de esta agrupación política a su campaña.
Finalmente, se tiene que el 22 de octubre de 2023, el demandado difundió en su
perfil de la red social Facebook68 un video que corresponde a una transmisión
en vivo de un evento de proselitismo.
En criterio del actor, el demandado apoyó al señor Julián Rozo, candidato a la
64 A partir del minuto 27:09.
65 A partir del minuto 29:26.
66 Según el formulario E-26 ASA del 8 de noviembre de 2024, se trata del candidato del renglón
066, Arley Johany Martínez Ramos.
67 A partir del minuto 29:08.
68 https://fb.watch/pAe9mRhHWS/?mibextid=v7YzmG
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Asamblea de Cundinamarca69, postulado por la coalición «Partido Demócrata –
Colombia Justa Libres».
El discurso a partir del cual se le enrostra un acto de respaldo hacia el aspirante
a la Asamblea de Cundinamarca es del siguiente tenor:
Querido Julián Rozo, sepa que acá al frente tiene un hombre serio, un
hombre que lo ha tratado con respeto, un hombre que le da la oportunidad a
que un joven como usted de la provincia de Soacha y de Sibaté, represente
los intereses de la ciudad de Soacha, Julián tiene un gran compromiso con
este equipo de trabajo, con nuestra ciudad porque Soacha no se puede
quedar sin representación en la asamblea departamental. Aquí está el equipo
del triunfo, aquí está el equipo de la victoria, aquí esta queridos amigos y
amigas del buena papa, aquí está el próximo alcalde de la ciudad de
Soacha70
Las expresiones del acusado no dan cuenta de actos positivos y concretos de
apoyo a la candidatura del señor Julián Rozo, pues se limitaron al deseo de que
pudiera lograr sus cometidos electorales.
La referencia del demandado a que el señor Rozo «tiene un gran compromiso
con este equipo de trabajo», bien podría entenderse como la conformación de
una fórmula para el resultado material de su gestión como burgomaestre, o que
esa responsabilidad recae con la coalición que lo postuló a la duma
departamental, sin que ello conduzca a concluir un acto positivo y concreto de
apoyo político.
Por su parte, la mención de «el equipo del triunfo, aquí está el equipo de la
victoria», no va más allá de un augurio de éxito en los comicios. Como se dijo en
párrafos previos, las manifestaciones dirigidas al exaltar el acceso a las
dignidades políticas se limitan a meros deseos de victoria electoral, que en
manera alguna pueden interpretarse como actos de persuasión positiva y
expresa a sufragar por algún aspirante a cargos de elección popular.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, y en atención a que las pruebas
analizadas no conducen a esta colegiatura a concluir un comportamiento positivo
y expreso de apoyo del demandado hacia candidaturas distintas de las que
postuló su colectividad, los cargos de la alzada no están llamados a prosperar.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
69 El formulario E-26 ASA aportado al proceso, demuestra que el señor Julián Enrique Rozo
Rodríguez participó como candidato en la gesta electoral del 29 de octubre de 2023, por la
coalición «Partido Demócrata – Colombia Justa Libres» (Renglón 060).
70 A partir del minuto 07:20.
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39
Demandantes: Juan Sebastián Bernal Bernal y otros
Demandado: Víctor Julián Sánchez Acosta
Rad.: 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal)
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, que negó las
pretensiones de la demanda de la referencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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