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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2023-01047-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2023-01047-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2023-01047-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 250002315000202301047011
Recurso de apelación contra la sentencia de 19 de febrero de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. NO SE CONFIGURA CAUSAL
DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA CONSISTENTE EN VIOLACIÓN AL
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 291
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN CONSONANCIA CON LOS
ARTÍCULOS 48, NUMERAL 1, DE LA LEY 617 Y 50, NUMERAL 1 DE LA
LEY 2200. EL DIPUTADO DE CUNDINAMARCA, VÍCTOR JULIÁN
SÁNCHEZ ACOSTA, PERÍODO 2020-2023, NO EJERCIÓ
SIMULTÁNEAMENTE SU INVESTIDURA CON LA DE ALCALDE MUNICIPAL
DE SOACHA (CUNDINAMARCA), PERÍODO 2023-2027.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante
contra la sentencia de 19 de febrero de 2024, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual denegó la solicitud de pérdida de investidura contra el señor
VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA, diputado del departamento
de Cundinamarca, por hechos relacionados con el ejercicio de su
período constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2023 01047 01
Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana YENY YOMAIRA GARZÓN, actuando en nombre
propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del señor VÍCTOR
JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA, diputado del departamento de
Cundinamarca, por hechos relacionados con el ejercicio de su período
constitucional 2020-2023, al considerar que transgredió el régimen
de incompatibilidades luego de haber aceptado el cargo de alcalde
del municipio de Soacha (Cundinamarca) mientras aún ostentaba la
calidad de diputado, en los términos establecidos por los artículos 48,
numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, y 60, numeral 1,
de la Ley 2200 de 8 de febrero de 20223, en concordancia con los
artículos 291 de la Constitución Política y 50, numeral 1, 51,
numerales 1 y 1.1, y 52 de la Ley 2200.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Afirmó que el señor VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA fue
elegido diputado del departamento de Cundinamarca para el período
constitucional 2020-2023, lapso durante el cual inició y culminó su
campaña electoral y fue electo alcalde del municipio de Soacha
(Cundinamarca), rompiendo así el principio constitucional de la
igualdad y sin renunciar ante la Asamblea Departamental de
Cundinamarca.

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el

funcionamiento de los departamentos […]”.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2023 01047 01
Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

Indicó que ese hecho constituye una vulneración del régimen de
incompatibilidades, toda vez que declarada su elección el 9 de
noviembre de 2023 en el salón de actos del Colegio Bolívar de Soacha
(Cundinamarca), se le hizo entrega de la credencial como alcalde del
citado municipio para el período 2024-2027 por el partido de la “U”,
sin renunciar previamente al cargo de diputado

Adujo que la prueba aportada demuestra que en acto protocolario y
público, la registradora municipal de Soacha (Cundinamarca) entregó
la credencial respectiva y el accionado manifestó verbal y
públicamente su aceptación del cargo en la administración municipal,
y firmó el libro de registro interno de aceptación del cargo público de
alcalde municipal como lo hicieron los concejales y ediles.

Manifestó que al diputado le resultaba incompatible haber aceptado
el cargo de alcalde del municipio de Soacha (Cundinamarca) el 9 de
noviembre de 2023, ejerciendo coetáneamente el cargo público de
diputado sin haber renunciado con antelación y aceptada su
renuncia, por lo cual incurrió en la violación del régimen
constitucional y legal de incompatibilidades, ya que la Constitución
Política y la ley exigen en su verbo rector ‘aceptar cargo’ sin importar
si se posesionaba o no.

Sostuvo que el accionado continúa devengando honorarios,
utilizando las oficinas públicas y elementos como la camioneta oficial
con placa OFK687 y cuatro personas de apoyo, asistiendo,
interviniendo y votando en la Asamblea Departamental de
Cundinamarca, días después de haber aceptado el cargo público

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Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

como alcalde municipal de Soacha (Cundinamarca) el 9 de noviembre
de 2023.

I.3.- El diputado, obrando mediante apoderada judicial, presentó
escrito de contestación de la solicitud con el que se opuso a la
pretensión de desinvestidura, para lo cual aseguró que la actora ha
incurrido en persecución en su contra luego de promover sus
diferentes demandas, así: i) ante el Consejo Nacional Electoral,
pretendiendo la revocatoria del acto de inscripción por
incumplimiento de requisitos legales, pretensión negada mediante la
Resolución núm. 9923 de 18 de septiembre de 2023; ii) proceso de
pérdida de investidura núm. 2023-00611-00, instaurada ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presunto conflicto de
intereses al no renunciar como diputado a la Asamblea
Departamental de Cundinamarca para adelantar la campaña como
candidato a la alcaldía municipal de Soacha (Cundinamarca), proceso
en el que se denegaron las pretensiones de la acción a través de fallo
de 27 de noviembre de 2023; y iii) la presente demanda de
desinvestidura por la presunta violación al régimen de
incompatibilidades.

Manifestó que el argumento que expone la accionante se estructura
en su propio concepto e interpretación normativa, en un marco por
completo ajeno tanto al contenido normativo como al desarrollo
jurisprudencial que se ha expedido alrededor de las causales de
pérdida de investidura y sobre lo cual no existe duda alguna que no
se está frente a la violación del régimen de incompatibilidades.

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Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

Sostuvo, respecto a la entrega de credenciales, que es un acto propio
de la autoridad electoral y se realiza una vez concluye el escrutinio y
se declara la elección, es decir tal como lo ha referido el Consejo de
Estado “[…] es un acto puramente declarativo que acredita el hecho
de la elección y la situación jurídica del elegido, reconoce derechos
de carácter particular y concreto […]”4, por lo que la credencial y
aceptación del cargo no constituye la posesión en el mismo, -la que
solo ocurrió el 1o. de enero de 2024-, mucho menos el ejercicio de
autoridad, pues para ese momento el cargo está legítimamente
ocupado.

Resaltó que un diputado no es empleado público por lo que no está
sometido a las normas relacionadas con la relación legal y
reglamentaria de cualquier empleado público al servicio del país. Y
que hace parte de una categoría denominada miembros de
corporación político-administrativa, elegidos popularmente con
funciones y competencias específicas y régimen especial de
honorarios y seguridad social.

Señaló que el ejercicio como diputado no excluye su derecho a
postularse para la Alcaldía Municipal de Soacha (Cundinamarca) o
cualquier otro cargo de elección popular, teniendo como única
limitación la inelegibilidad simultánea que prohíbe el artículo 53 de la
Ley 2200, según el cual “[…] Nadie podrá ser elegido para más de
una corporación o cargo público si los respectivos períodos coinciden
en el tiempo, así sea parcialmente […]”, por lo que no es censurable
y mucho menos constituye causal de incompatibilidad que reciba la

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

“A”, sentencia de 16 de enero de 2013, consejero ponente Alfonso Vargas Rincón, número
único de radicación 25000-23-41-2012-00428-01.

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credencial que lo acredita como alcalde electo y acepte los resultados
de la elección, -además necesaria para iniciar los procesos de
empalme-, al no existir simultaneidad en el ejercicio de las funciones
públicas del diputado y el alcalde.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo a través de sentencia de 19 de febrero de 2024 denegó la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual sostuvo que ya
había dirimido una solicitud de pérdida de investidura con los mismos
hechos y partes procesales del caso concreto, solo que en esa
oportunidad se alegó haber incurrido en la causal de conflicto de
intereses5.

Mencionó que los miembros de las corporaciones públicas cumplen
funciones públicas pero no tienen un vínculo laboral con el Estado,
así por ejemplo en el caso de los diputados la Constitución Política es
clara al definir en su artículo 299 que, con las limitaciones que
establezca la ley, tendrán derecho a honorarios por su asistencia a
las sesiones correspondientes, es decir que no media el pago de un
salario típico de la relación laboral sino de unos honorarios por
atender sus funciones públicas.

Adujo que la accionante desconoce que el ordenamiento jurídico
vigente le permite a un miembro de una corporación pública
participar en campañas políticas debido a que están cobijados por la
excepción prevista en el artículo 41 de la Ley 966 de 24 de noviembre

5 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Plena, magistrado ponente Luis Manuel
Lasso Lozano, número único de radicación 25000231500020230061100.

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de 20056, que establece que “[…] No se aplicará a los miembros de
las corporaciones públicas de elección popular ni a los funcionarios
de las mismas, las limitaciones contenidas en las disposiciones de
este título […]”, refiriéndose a las prohibiciones y sanciones a los
servidores públicos en el marco de participación en política, razón
por la cual queda desvirtuado el argumento de que el diputado
VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA tenía que haber renunciado a
su cargo para realizar campaña, ser elegido y posesionarse como
alcalde del municipio de Soacha (Cundinamarca).

Señaló que los hechos tampoco se encuadran en la hipótesis del
artículo 51, numerales 1 y 1.1 de la Ley 2200, pues no guarda
relación alguna la hipotética aceptación de un cargo en la
administración pública con intervenir en nombre propio o ajeno en
asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones contractuales en
los cuales tenga interés el departamento.

Indicó que el acto de aceptación del cargo de alcalde del municipio
de Soacha (Cundinamarca) por parte del accionado, el pasado 8 de
noviembre de 2023, es un acto protocolario siguiente a la elección y
no constituye de ninguna forma el inicio o ejercicio de funciones como
alcalde, pues la vigencia de dicho cargo se encuentra supeditada a la
posesión y a la fecha de inicio del período, esto es el 1o. de enero de
2024, período que, además, está fijado institucionalmente en la
Constitución Política y la ley; y que en el oficio núm. 1010-11-
0152024 de 24 de enero de 2024, expedido por la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, se hace constar que lo emitido y

6 “[…] Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de
acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones
[…]”.

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entregado al candidato electo a la Alcaldía Municipal de Soacha
(Cundinamarca), corresponde a la Credencial de declaratoria de
elección (Formulario E-27) que suscribieron los miembros y la
secretaria de la Comisión Escrutadora Municipal, el cual además es
un acto de carácter protocolario frente a los candidatos electos.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

A través de escrito remitido por correo electrónico de 26 de febrero
de 2024, la actora solicita revocar la sentencia de 19 de febrero de
2024 y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del accionado,
señor VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA, para lo cual aduce tres
aspectos: el primero es que el planteamiento jurídico-normativo de
la solicitud se circunscribió a la conducta prohibitiva de aceptar el
cargo como servidor público en la administración municipal de
Soacha (Cundinamarca), ostentando simultáneamente la calidad de
diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, tal como
lo prohíben la Constitución Política en su artículo 291 y la ley, -lo que
fue omitido en todo el análisis del Tribunal-, y no el de ejercer cargo
público como erradamente lo interpreto el señor ponente.

Menciona que el segundo es que el accionado fue servidor público
ejerciendo el cargo de diputado de Cundinamarca desde el 1o. de
enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023; que al declararse
la elección y aceptar la credencial adquirió derechos de carácter
particular y dicha aceptación del cargo se perfeccionó con la
posesión; y que la conducta prohibitiva se completó, tipifico y/o
consumó el 31 de diciembre de 2023 ante el Notario Segundo del
Círculo de Soacha, Sibaté y Granada (Cundinamarca) al momento de

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firmar el acta de posesión como alcalde de ese municipio sin haber
renunciado al cargo público de diputado de Cundinamarca.

Sostiene, por último, que el tercer aspecto es que se omitió la
valoración del documento que demuestra que el diputado se
posesionó el 31 de diciembre de 2023, y se desvió la atención a un
ejercicio del cargo que solo fue enunciado como concepto adjunto en
busca de la comprensión de los elementos de tiempo y modo como
se desarrollaron los hechos.

Y concluye que la ‘tipicidad en sus componentes subjetivos y objetivo’
se encuentran presentes toda vez que la conducta está
predeterminada y descrita puntualmente y tanto el sujeto como el
objeto se encuentran plenamente probados en juicio.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20187, otorgado por el
Despacho sustanciador a través de auto de 15 de abril de 20248, no
fue descorrido ni por la parte accionada ni por el Ministerio Público.

IV.2.- En esta oportunidad, la actora allegó escrito de 17 de abril de
20249 que denominó ‘Precisiones en recurso de apelación’, con el que
insistió en que la causal invocada es la del artículo 291 Constitucional
y que el accionado se posesionó en su cargo de alcalde municipal de

7 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
8 Índice 00004, SAMAI.
9 Índice 00008, SAMAI.

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Soacha (Cundinamarca) y prestó juramento el 31 de diciembre de
2023 ante el Notario Segundo del Círculo de Soacha, Sibaté y
Granada (Cundinamarca).

Para ello adjuntó copia de la respuesta de 10 de abril de 2024 suscrita
por el Notario Segundo del Círculo de Soacha, Sibaté y Granada
(Cundinamarca) al derecho de petición que le presentó la accionante
el 8 de abril de 2024, así como copia del Acta de Posesión número
006 de 31 de diciembre de 2023, mediante la cual el señor VÍCTOR
JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA tomó posesión del cargo de alcalde del
municipio de Soacha (Cundinamarca), para el período constitucional
del 1o. de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, con
efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 2024.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

En los precisos términos del recurso de apelación interpuesto por la
accionante, le corresponde a la Sala establecer si el diputado del
departamento de Cundinamarca, señor VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ
ACOSTA, durante el ejercicio de su período constitucional 2020-
2023, incurrió en transgresión a la incompatibilidad prevista en el
artículo 291 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 48, numeral 1 de la Ley 617, y 50, numeral 1 de la Ley
2200, esto es por presuntamente haber aceptado el cargo de alcalde
del municipio de Soacha (Cundinamarca), período constitucional
2024-2027, mientras aún ejercía las funciones de diputado.

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La Sala pone de relieve que si bien en la solicitud de desinvestidura
se invocó la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 51,
numerales 1 y 1.1 de la Ley 2200, así como la norma que prevé la
duración de las incompatibilidades en el artículo 52 de la Ley 2200,
lo cierto es que en su recurso la apelante no formuló reproche alguno
en cuanto a tales previsiones, lo que impide su estudio en esta
instancia.

V.2.- De la causal de pérdida de investidura invocada por la
actora, prevista en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617

El artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, establece:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados,
concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por su parte, el artículo 291 Superior prevé la siguiente
incompatibilidad de orden constitucional:

“[…] Artículo 291. Los miembros de las corporaciones
públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar
cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren
perderán su investidura.

Los contralores y personeros sólo asistirán a las juntas directivas y
consejos de administración que operen en las respectivas entidades
territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines
específicos […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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Incompatibilidad que tuvo reciente consolidación legal en el artículo
50, numeral 1 de la Ley 2200, así:

“[…] Artículo 50. De las incompatibilidades de los diputados.
Los diputados no podrán:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 de la
Constitución Política, no podrán aceptar cargo alguno en la
administración pública, y si lo hicieren perderán su
investidura […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Las incompatibilidades, en términos generales, han sido definidas por
esta Sección como “[…] la prohibición de ejercer dos actividades
o realizar dos roles de manera simultánea, taxativamente
señaladas en la Constitución o en la ley, de modo que para el
caso de los servidores públicos se traduce en la prohibición de
desempeñar o ejercer otros cargos o realizar otras
actividades distintas a las que corresponde a las funciones del
cargo de que son titulares […]”10 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-
903 de 6 de diciembre de 200811, consideró que las
incompatibilidades consisten en “[…] una prohibición dirigida al
titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide
ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente,
las competencias propias de la función que desempeña y las
correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

17 de julio de 2008, número único de radicación 44001233100020080000501, consejero
ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
11 Magistrado ponente, doctor Jaime Araujo Rentería.

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interés superior que puede verse afectado por una indebida
acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco
conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la
independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la
autoridad en nombre del Estado […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

El señalamiento de conductas que no pueden realizarse
simultáneamente con las competencias propias del cargo de
diputado, plantea una tensión entre los principios que deben orientar
la acción administrativa y derechos constitucionales como el derecho
a la igualdad, el derecho al trabajo, a la libertad de escoger profesión
y oficio, el derecho a elegir y ser elegido y el derecho de acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, lo cual ha llevado a
señalar que “[…] por la índole excepcional de las inhabilidades e
incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser
interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por
ende, con exclusión de un criterio extensivo […]”.1213

Esta prohibición de aceptar o desempeñar cargo como empleado
oficial, por su parte, recae sobre el titular de la función pública de
diputado, a quien no se le permite ocupar dos actividades o ejercer
en simultáneo competencias propias de sus funciones y a la vez de
otro empleo o cargo como empleado oficial.

12 Cit. Corte Constitucional, sentencia C-903 de 2008, magistrado ponente Jaime Araújo
Rentería.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

13 de julio de 2017, número único de radicado 66001-23-33-000-2016-00361-01(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Se requiere, por lo tanto, a efectos de verificar su configuración
objetiva, que (i) el demandado ostente la calidad de diputado para la
época de los hechos; y (ii) que estando en ejercicio de su investidura
como miembro de la respectiva asamblea departamental,
simultáneamente haya aceptado, -en los términos constitucional y
legalmente previstos-, otro empleo público.

V.3. Del caso concreto

De conformidad con el acervo probatorio que guarda estrecha
relación con el asunto bajo examen14, la Sala evidencia que el señor
VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA fue elegido diputado del
departamento de Cundinamarca, para el período constitucional
2020-2023, por el Partido Social de Unidad Nacional, -Partido de la
U-, como consta en el Formulario E-26ASA de 15 de noviembre de
2019, expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora del
departamento de Cundinamarca, y que terminó su mandato el 31 de
diciembre de 2023, en los términos certificados por la Asamblea
Departamental de Cundinamarca en oficio de 18 de enero de 2024.

Con oficio núm. 1010-11-015-2024 de 24 de enero de 2024, la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL remitió, con
destino a este proceso, copia de la credencial de declaratoria de
elección como alcalde del municipio de Soacha (Cundinamarca), -
período constitucional 2024-2027-, expedida por la Comisión
Escrutadora Municipal a favor del accionado, -Formulario E27 de 8 de
noviembre de 2023-, y recibida por este el 9 de noviembre de 2023.

14 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el

proceso reposan en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el índice
00002, con descripción del documento: “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2023 01047 01
Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

La apoderada del accionado, aportó copia del folio primero del Acta
de Posesión núm. 006 de 31 de diciembre de 2023, surtida ante el
Notario Segundo del Círculo de Soacha, Sibaté y Granada
(Cundinamarca), mediante la cual el señor VÍCTOR JULIÁN
SÁNCHEZ ACOSTA manifestó tomar posesión del cargo de alcalde
del municipio de Soacha (Cundinamarca), para el período
constitucional de 1o. de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de
2027, con efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 2024.

En cuanto a la respuesta de 10 de abril de 2024 suscrita por el
Notario Segundo del Círculo de Soacha, Sibaté y Granada
(Cundinamarca) al derecho de petición que le presentó la accionante
el 8 de abril de 2024, -luego de haber sido proferida la sentencia de
recurrida-, y a la copia del Acta de Posesión número 006 de 31 de
diciembre de 2023, mediante la cual el señor VÍCTOR JULIÁN
SÁNCHEZ ACOSTA tomó posesión del cargo de alcalde del municipio
de Soacha (Cundinamarca), se advierte que no serán valoradas en
las consideraciones de esta providencia debido a su manifiesta
extemporaneidad, pero además porque copia de dicha escritura ya
reposa en el expediente y fue examinada en la providencia materia
de apelación.

Para la Sala resulta evidente que el diputado departamental de
Cundinamarca fue elegido alcalde del municipio de Soacha
(Cundinamarca), -período constitucional 2024-2027-, pero que dicha
circunstancia no configura la incompatibilidad prevista en el artículo
291 Superior; aun ejerciendo en la duma departamental, el
accionado estaba habilitado para inscribirse en las elecciones de la

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Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

referida alcaldía y ser elegido para ocupar ese empleo público sin que
esto implique aceptación de cargo alguno en la administración
pública, lo que sin lugar a duda se erige en una conducta atípica.

Lo anterior tiene asidero en las normas analizadas que regulan el
régimen de incompatibilidades de los diputados, quienes por ser
miembros de corporaciones públicas de elección popular reciben un
tratamiento diferenciado de aquellos empleados públicos elegidos
popularmente para cargos uninominales, como son los alcaldes y
gobernadores.

En este sentido, el artículo 299 de la Constitución Política, en el caso
de los diputados, establece un período institucional para su ejercicio
de cuatro años, quienes tienen la calidad de servidores públicos. Y
en el caso de los alcaldes, acontece lo propio, pues en los términos
del artículo 314 Superior, éstos también son elegidos popularmente
para períodos institucionales de 4 años.

El artículo 122 de la Carta Política, prevé como única y exclusiva
forma previa para ejercer el cargo público:

“[…] Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin
prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

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Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

El momento de la juramentación es el impuesto por la Constitución
Política para aceptar y luego desempeñar un cargo público por parte
de un servidor público, por lo que dicha formalidad en el caso del
señor VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA se cumplió al momento
de tomar posesión del cargo de alcalde municipal de Soacha
(Cundinamarca) con efectos a partir del 1o. de enero de 2024,
como se lee en el acta de posesión, al margen de que el acta se haya
suscrito el 31 de diciembre de 2023 y distinto de lo acontecido en la
fecha en la que se le realizó la entrega de la credencial como alcalde,
en la que simplemente se firmó un libro radicador de recibido, trámite
administrativo que no está previsto ni se admite como de aceptación
alguna del cargo, mucho menos representa su desempeño como
primer burgomaestre municipal.

En casos similares, la Sala ya ha tenido la oportunidad de
establecerlo así:

“[…] En el proceso está probado que el señor ISIDRO VERGARA
FARAK fue elegido diputado del departamento de Córdoba para el
período 2016-2019, como consta en el formulario E-26ASA de 3 de
noviembre de 2015. A su vez, que para las elecciones celebradas el
27 de octubre de 2019, el entonces diputado se inscribió como
candidato a la alcaldía de Ayapel (Córdoba) para el período 2020-
2023 como consta en los formularios E-6AL y E-8AL de 24 de julio
de 2019, por el Partido Liberal colombiano.

Posteriormente, al ganar la contienda electoral, mediante el
formulario E-26ALC de 30 de octubre de 2019 se declaró su elección
como alcalde del municipio de Ayapel (Córdoba), para el período
2020-2023, recibiendo así, formalmente, la credencial de alcalde el
31 de octubre de 2019, a las 9:00am, cargo del que tomó posesión
el 1o. de enero de 2020, a las 4:00pm.

En este sentido, el artículo 299 de la Constitución Política, en el caso
de los diputados, establece un período institucional para su ejercicio
de cuatro años, quienes tienen la calidad de servidores públicos. Y,
en el caso de los alcaldes, acontece lo propio, pues en los términos

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Solicitante: YENY YOMAIRA GARZÓN

del artículo 314 Superior, éstos también son elegidos popularmente
para períodos institucionales de 4 años.

El artículo 122 de la Carta Política, prevé como única y exclusiva
forma previa para ejercer el cargo público:

“[…] Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los
de carácter remunerado se requiere que estén contemplados
en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

El momento de la juramentación es el impuesto por la
Constitución para aceptar, y luego desempeñar un cargo
público, por parte de un servidor público, por lo que dicha
formalidad, en el caso del señor ISIDRO VERGARA FARAK,
se cumplió al momento de tomar posesión del cargo de
alcalde municipal de Ayapel (Córdoba), el 1o. de enero de
2020, como se lee en el acta de posesión, distinto de lo
acontecido en la fecha en la que se le realizó la entrega de la
credencial como alcalde, en la que simplemente se firmó un
libro radicador de recibido, trámite administrativo que no
está previsto ni se admite como de aceptación alguna del
cargo, mucho menos representa su desempeño como primer
burgomaestre municipal […]” 15.

A partir de lo expuesto, no son de recibo los argumentos de la
apelante habida cuenta que: (i) es la Constitución Política la que
determina el inicio de su respectivo período como alcalde municipal
de Soacha (Cundinamarca), -en este caso a partir del 1o. de enero
de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, no antes-, lo cual resulta
inmodificable por la voluntad del elegido debido al raigambre

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

18 de junio de 2021, número único de radicación 23001233300020200040601, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón. Al respecto ver también: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020,
número único de radicación 70001233300020190028101, consejera ponente Nubia Margoth
Peña Garzón.

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constitucional de tal disposición, lo que le impide, aún si así lo
hubiese pretendido, aceptar la ejecución de ese cargo en
simultaneidad con el de diputado en los términos vetados por el
artículo 291 Constitucional; (ii) si bien el diputado suscribió acta de
posesión del cargo de alcalde el 31 de diciembre de 2023 ante el
Notario Segundo del Círculo de Soacha, Sibaté y Granada
(Cundinamarca), esto es el último día de su período como miembro
de la duma departamental, lo cierto es que dejó constancia de sus
efectos a partir de 1o. de enero de 2024, en consonancia con lo
determinado por el artículo 291 Superior; y, (iii) porque bajo las
consideraciones de la jurisprudencia de la Sala y su entendimiento
pacífico de las normas examinadas, no se configura la
incompatibilidad del artículo 291 de la carta Magna de aceptar
empleo público por parte del accionado, menos aun con fines de
desinvestidura, en estos eventos en que siendo diputado aspira a
alcalde municipal.

Así las cosas en el presente asunto el accionado VÍCTOR JULIÁN
SÁNCHEZ ACOSTA no incurrió en la incompatibilidad invocada en
los términos del artículo 291 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 48, numeral 1, de la Ley 617, y 50,
numeral 1, de la Ley 2200, comoquiera que está demostrado que
fungió como diputado del departamento de Cundinamarca, período
constitucional 2020-2023, hasta el 31 de diciembre de 2023, -fecha
de finalización de ese período constitucional-; y, al día siguiente, esto
es el 1o. de enero de 2024, cuando ya había perdido su condición de
diputado, inició funciones en el empleo público de alcalde municipal
de Soacha (Cundinamarca), a través del respectivo acto de posesión,

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sin que hubiere aceptado o desempeñado, simultáneamente, un
cargo público adicional al de diputado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 9 de mayo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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