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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2019-00808-02

Nulidad electoral: contra el acto de elección de concejal municipal

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
81 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2019-00808-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de abril de 2021 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena, negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 47001-23-33-000-2019-00808-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de agosto de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de elección de concejal municipal / PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Marco normativo y jurisprudencial / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Finalidad / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Modalidades / PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Elementos que la configuran en la modalidad de simultaneidad en más de una colectividad política

La doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano tiene su génesis en el Acto Legislativo 01 de 2003, que modificó el artículo 107 de la Constitución Política, al prever que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Dicho Acto Legislativo también dispuso que quien participara en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podía inscribirse por otro en el mismo certamen electoral. Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009, además de reiterarse las citadas prohibiciones, se añadió que quien siendo miembro de una corporación pública llegare a presentarse a la siguiente elección, por un partido político distinto, debía renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de las inscripciones. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-303 de 2010, al decidir la demanda de inconstitucionalidad del parágrafo transitorio 1º del artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó el artículo 107 de la Constitución, puso de presente que la antedicha regla tenía por finalidad propender por el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, lo cual impacta positivamente en la vigencia del principio de la soberanía popular. (…). Así entonces, la prohibición de la doble militancia política surgió con la finalidad de fortalecer los partidos y movimientos políticos y sancionar el transfuguismo político, (…), de manera que se procura el respeto por la identidad de los partidos y se discipline la actividad política, ordenando que los miembros y militantes de los partidos mantengan su vinculación a la colectividad política, mientras no renuncien a ellos, bajo los parámetros ordenados por el legislador y que quienes ostenten alguna representación mantengan su identidad política, para no burlar la confianza depositada por sus electores en las urnas. (…). Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario [artículo 2 de la Ley 1475 de 2011] extendió el ámbito de aplicación de la figura de la doble militancia, en tanto eliminó la expresión que imponía que el partido o movimiento político debía contar con personería jurídica, que le adscribía el Acto Legislativo 01 de 2003. En consecuencia, dispuso que “…En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”. Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-490 de 2011, (…), determinó que “el legislador estatutario puede incorporar una regulación más exigente o extensiva respecto a la prohibición de doble militancia” y, por ende, declaró este precepto ajustado a la Carta Política.

La Sección Quinta de esta Corporación ha estructurado una línea jurisprudencial en materia de contenido, alcance y modalidades por las que se puede configurar la prohibición de la doble militancia, para distinguir cinco (5) hipótesis relacionadas con los sujetos a quienes va dirigida: “i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.” (Inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política). ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política). iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política). iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011). v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)”. (…). La Sala advierte que el evento que ocupa la atención de esta colegiatura encaja en el numeral i), que corresponde al inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, según el cual, ningún ciudadano puede pertenecer, simultáneamente, a más de un partido o movimientos político, pues, ello iría en contravía de la necesaria identidad que reclama la pertenencia a un partido político y la coherencia que debe existir entre los ciudadanos, quienes tienen libertad de pertenecer al partido o movimiento de su preferencia y la ideología que se supone deben profesar, conforme al artículo 107 superior. (…). Por eso con buen criterio, la jurisprudencia ha buscado organizar los elementos constitutivos de cada modalidad, en este caso, la que se predica de todo ciudadano, indicando que debe existir un sujeto activo, esto es, el ciudadano a quien se le impone abstenerse de incursionar en la conducta prohibida consistente en la simultaneidad de militancia política devenida de inscribirse a la elección de cargo o corporación pública de elección popular por otro corporativo político sin haber dimitido del anterior al cual había avenido como militante o afiliado y el elemento temporal que para la modalidad de los ciudadanos militantes se diría responde a la concomitancia política al momento de inscribirse a las justas electorales, para el evento en que se aspira a un cargo o curul por elección popular, que es la situación fáctica planteada en el caso que ocupa la atención de la Sala.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prohibición de la doble militancia, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 110001-03-28-000-2018-00008-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre del 2016, M. P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 730001-23-33-000-2015-00806-01. De las modalidades por las que se puede configurar la prohibición de la doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 13 de enero de 2017, M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2016-00005-00.

LIBERTAD POLÍTICA / RENUNCIA A PARTIDO POLÍTICO – Características que la materializan / RENUNCIA A PARTIDO POLÍTICO – No está supeditada a la aceptación por parte del partido político

[E]n relación con la doble militancia, la figura de la renuncia ha sido legislada en forma aparejada como una condición exonerante de la incursión en la prohibición, siempre y cuando esta sea acorde a las exigencias determinadas por el constituyente o el legislador, como se puede advertir en la previsión constitucional del artículo 107, al igual que la Ley 1475 de 2011. Sin embargo, en los contenidos normativos mencionados, no se advierte que se haga referencia en forma expresa a la mera o simple militancia de un ciudadano en una colectividad. Pero tal silencio no puede implicar desconocer la incidencia que tal figura podría tener en casos como de la doble militancia de los ciudadanos que se agrupan en una colectividad política, pues es innegable que la doble militancia también se predica del ciudadano común, del militante del colectivo político, quien no necesariamente es inscrito, elegido o directivo. Así las cosas, abstrayendo pautas de las generalidades que resultan de utilidad y, en aras, de dar explicación a la modalidad de doble militancia que ocupa la atención de la Sala, se considera que dentro las características que materializan la renuncia emergen como presupuestos: (i) un factor modal consistente en que la renuncia debe ser potestativa y voluntaria del legitimado, es decir por parte (ii) del sujeto activo que es el ciudadano militante y sin que se le imponga (iii) un factor temporal o período inhabilitante, distinto a aquel referente a que al momento de inscribirse haya renunciado a la colectividad de la cual dimite. No debe perderse de base que el propio artículo 107 tiene su primera narrativa, aludiendo en forma expresa a dos derechos fundamentales políticos que impone se garanticen a todos los ciudadanos, por una parte, el de fundar, organizar o desarrollar colectividades y, por otra, la protección a la “libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”. (…). En esa línea esa libertad de afiliación y retiro también se advierte en los militantes que son ciudadanos que simpatizan en forma vinculante y se agrupan como sujetos políticos en una colectividad y resulta reglamentada por la organización electoral, como acontece respecto de las Resoluciones 1839 de 11 de julio de 2013 y 003 de 2017, que posteriormente fueron derogadas por la Resolución 266 de 31 de enero de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se establece el registro único de partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas, en cuyos ítems están los afiliados (numeral 3.5 del artículo 3 ejusdem) y expresamente indica que este registro de militantes hace parte integral de aquel. En estos actos administrativos (en ambas resoluciones 1839 y 266) se invoca el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011, facultativo al CNE para que lleve y se encargue del registro único de partidos y movimientos políticos, en cuyo contenido se incorpora a su vez otro registro, el referente a los afiliados a las colectividades. (…). En el tema particular del sistema de identificación y registro de afiliados se decanta por definirlo como el conjunto de procedimientos que permiten la verificación plena de la identidad y la consolidación de la información de los ciudadanos inscritos a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Y a consagrar como propósito el reglamentar el procedimiento de afiliación de los ciudadanos a las organizaciones políticas y consolidar los correspondientes registros. (…). Dentro de la distinción entre el ingreso de un ciudadano a una colectividad mediante la afiliación y su conducta antagónica del retiro, a través de la desafiliación, existe un punto focal común y es que ambas actuaciones, en condiciones normales, requieren de la manifestación expresa o inequívoca del ciudadano, pero entre ambas figuras existe una sutil diferencia, que resulta de utilidad para los efectos de este asunto y es que mientras la afiliación requiere de aceptación, la desafiliación no.

Colofón de las consideraciones anteriores es que la renuncia de militancia a un corporativo político no está supeditada a la aceptación de éste, solo a la manifestación concreta, clara, expresa e inequívoca de la intención del militante de retirarse. (…). Así las cosas, para la Sala es claro que la renuncia de los ciudadanos militantes acontece en una sola vía, al no requerir de contestación, aceptación, autorización o conducta similar proveniente del destinatario, es decir, de la colectividad y ello se explica precisamente por la libertad constitucional con el que el artículo 107 destaca la posibilidad de afiliarse y desafiliarse. Siendo, entonces más estricta la figura del ingreso, porque se está frente a la llamada adhesión reglamentada, lo que resulta razonable si se tiene en cuenta que la militancia conlleva la membresía activa a la comunidad del grupo u organización política, con todo lo que ello implica, pues se trata de la pertenencia al colectivo, que lleva aparejada la garantía a la organización y funcionamiento de aquel, al desarrollo de su propaganda, publicidad y divulgación ideológica y programática y de su actividad política en general.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la renuncia a un partido o movimiento político, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 20001-23-39-000-2016-00591-02. En cuanto a la concepción y alcance de la figura de la renuncia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 08001-23-33-000-2019-00820-01.

NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de elección de concejal municipal / PRUEBA INDICIARIA / PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – No se configuró la causal de simultaneidad en más de una colectividad política

[L]a Sala dentro del panorama probatorio tiene por cierto, porque en efecto así está acreditado, que la accionada Mateus Gómez, resultó elegida concejal en los comicios de 27 de octubre de 2019, conforme consta en el E-26 CON de 9 de noviembre de 2019, con el aval del Partido Alianza Verde, colectividad que la inscribió el 2 de agosto de 2019, según consta en el formulario E-7, en reemplazo de la señora Belkis Beatriz Pacheco Fontalvo, quien renunció. Sea lo primero señalar que no es procedente, en el presente caso, efectuar una valoración de todo el material probatorio allegado al plenario, sino de las pruebas atacadas por el recurrente, por cuanto la actora solo esgrimió argumentos de inconformidad respecto de la valoración de éstos y no expresó ningún reparo en contra de las consideraciones efectuadas en la sentencia de primera instancia, en relación con los demás medios de prueba. Lo anterior, en la medida que el artículo 328 del Código General del Proceso señala que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”. (…). De las (…) consideraciones, de cara a las pruebas discutidas, a la normativa, a la jurisprudencia y al criterio amplio de la libertad de desafiliación es donde se advierte el punto de inflexión de los argumentos de la apelante, toda vez que las pruebas evidencian que hubo presentación de la renuncia de la señora Mateus Gómez, lo cual aconteció en marzo de 2016 y que resulta innecesario, por los presupuestos que validan la dimisión, aludir a trámites posteriores, que en el caso concreto, es donde emergen aspectos difusos que pone en entredicho la apelante. (…). Para la Sala, este aspecto [comprobante de envío a la secretaría del Directorio] no puede sugerir que deba restársele credibilidad al hecho que se prueba, pues, como bien lo consideró el Tribunal a quo en el fallo apelado, la Resolución 0578 de 25 de abril de 2015 expedida por el CNE, mediante la cual se aprobaron los estatutos de dicha colectividad, en el artículo 12, se prevé que la calidad de militante del corporativo político se pierde, entre otras causales, (i) por renuncia y que el directorio departamental es organismo de dirección y representación del partido en el nivel regional, conforme a las voces de los artículos 24 y 93 ejusdem, en armonía con los artículos 70, el parágrafo del artículo 8 ibidem y con la previsión de que es militante quien solicite el ingreso y haga su inscripción “ante un directorio territorial o ante la Secretaría General del Directorio Nacional…” (art. 8 literal a) y a que la previsión estatutaria no condiciona o establece requisito adicional para la renuncia. Así las cosas, la norma estatutaria en cita, otorga a las referidas dependencias territoriales la competencia para recibir las solicitudes de ingreso y desafiliación, lo cual resulta armónico con que puedan radicarse ante la organización partidista. (…). En sentir de la Sala no resulta afortunada, como lo pretende la recurrente, poner en tela de juicio la credibilidad de la renuncia, por un factor real y fortuito como ha sido la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, originada por el nuevo coronavirus Covid 19, de dimensiones globales, que ha tenido un impacto cierto en la vida social, económica, política en las sociedades. (…). En este orden, se reitera que resulta suficiente y conforme a las normas estatutarias, (…), que solo basta presentar la solicitud de desafiliación, la cual aconteció en marzo de 2016, con antelación de la inscripción a los comicios de 27 de octubre de 2020. Aunado a que estatutariamente, la renuncia o dimisión sí se puede presentar ante el Directorio político departamental, por ser órgano directivo seccional, como lo establecen el artículo 24, 56, 70 y 93 de la Resolución 0578 de 2015. (…).

Para esta Judicatura, la expresión “aceptación”, no puede leerse, de forma literal sino de contexto, es decir, debe entenderse que, lo que se quiso decir en la aludida certificación es que con la sola radicación se entiende aceptada la renuncia. Además, mal puede alegarse que resulte vulnerado el acto declaratorio de elección por un hecho que no es presupuesto para configurar el elemento exonerante de la prohibición de doble militancia devenida de la renuncia a la colectividad. (…). Para la Sala, no está probado que hubo una actitud fraudulenta o de confabulación, ni que haya habido un “montaje” para acreditar la aludida renuncia presentada al Partido Conservador por parte de la concejal demandada, en tanto, no hay elemento probatorio que así lo indique. Las circunstancias narradas por la apelante no alcanzan a tener la categoría de indicio graves, necesarios y concurrente que prueben que la renuncia no existió. (…). En este orden, no encuentra el Consejo de Estado que se trate de indicios de aquellos calificados de graves, en tanto esta clase de prueba implica que de un hecho conocido se infiere lógicamente otro, lo cual no sucede en el caso en análisis, por cuanto la deducción que la parte apelante hace a lo que formula como hechos indicadores, a saber: la supuesta falta de claridad en la presentación de la renuncia al nivel central del partido, la falta del comprobante del envío del Directorio Departamental a la oficina central e incluso el envío tardío, la supuesta evasiva de la Secretaría Jurídica de la colectividad en entregar la documentación por las restricciones de la pandemia y de suministrarle la información a la demandante, no son hechos indicadores que tenga respaldo probatorio, sino apreciaciones y opiniones personales y subjetivas, de las cuales no permiten inferir el hecho indicado de fraude o la ilegalidad de la renuncia presentada por la accionada. Se afirma por la Sección que en dicha formulación se presenta un rompimiento en la relación que los hechos indicadores deben tener con el supuesto indicado, para que emerja la llamada prueba del indicio, en tanto no existe la conexión lógica –presupuesto sine qua non de la prueba indiciaria-, por cuanto la presentación de la dimisión por parte de la señora Sindy Mateus aconteció en la jerarquía partidista seccional, como quedó visto, al haberla presentado ante el Directorio Conservador del departamento del Magdalena, aunado a que normativamente, no se exige trámite posterior o diferente para validar la renuncia como factor exonerante de la doble militancia ciudadana. (…). En contraste, la declaración de tercero recaudada judicialmente y la certificación del partido Conservador son unívocas al señalar que la renuncia data de marzo de 2016, tanto en suscripción como en presentación ante el colectivo, sin que trascienda el procedimiento o trámite de la aceptación, es decir que la dimisión a la militancia de la accionada incluso con tanta antelación, valida el rompimiento de la acusada simultaneidad política incluso desde muchos años antes de la fecha de la inscripción de la candidatura al concejo municipal Ciénaga. Así las cosas, como la prueba sobre la cual se edifica la doble militancia política debe ser contundente respecto de todos los elementos que la configuran, entre ellos, la conducta prohibitiva y no dejar espacio a interrogantes, precisamente por tratarse de un derecho de raigambre constitucional, esto es el derecho a ser elegido, y en el presente asunto el testimonio tiene coincidencia en el punto esencial de la renuncia, como elemento enervante de la incursión en la prohibición de la doble militancia del ciudadano por simultaneidad de su militancia en el partido Conservador Colombiano (colectividad anterior) y Alianza Verde (colectividad actual), se concluye que no se configuró la causal de nulidad alegada.

En consecuencia, los argumentos de la parte recurrente no tienen la virtualidad de generar la convicción para quebrar el fallo emitido por el a quo, por lo que se impone confirmar la sentencia apelada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 107 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 2 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 3 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 328

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00808-02

Actor: OLADYS ESTHER CORREA SUÁREZ

Demandado: SINDY MATEUS GÓMEZ - CONCEJAL DE CIÉNAGA – MAGDALENA, PERÍODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Doble militancia ciudadana. Renuncia como factor enervante de la prohibición de simultaneidad

SENTENCIA - SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 7 de abril de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral interpuesta en contra del acto de elección de la señora Sindy Mateus Gómez, en calidad de concejal del municipio de Ciénaga - Magdalena, período constitucional 2020-2023.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Oladys Esther Correa Suárez, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad electoral, conforme al siguiente petitum:

“1° Que son nulos los actos administrativos de elección de fecha noviembre 9 de 2019 proferidos por la Comisión Escrutadora Municipal de Ciénaga, por medio de los cuales se declaró la elección de… SINDY MATEUS GÓMEZ, como Concejal del Municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena para el período 2020-2023 como consta en las Actas de Escrutinio General y parcial cuyas copias auténticas adjunto.

2° Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de Concejal deberá ser ocupado por OLADYS ESTHER CORREA SUÁREZ, cuarta en votación en la lista del partido Alianza Verde, quien inscribió lista abierta y con voto preferente.”.

1.2. Hechos

Los fundamentos fácticos, en síntesis, fueron los siguientes:

1.2.1. El 27 de octubre de 2019 se realizaron los comicios para elegir, entre otros, a los concejales, incluidos los 17 del municipio de Ciénaga (Magdalena).

1.2.2. El 9 de noviembre de 2019, la Comisión Escrutadora de dicho ente territorial declaró elegida concejal a la señora Sindy Mateus Gómez, quien fue inscrita por el partido Alianza Verde, en la modalidad de voto preferente y obtuvo la votación más alta.

1.2.3. La elegida Mateus Gómez estaba inhabilitada, en razón a que incurrió en doble militancia, porque al momento de su elección también pertenecía al Partido Conservador Colombiano, al cual nunca renunció.

1.2.4. Esa la razón por la cual, el cargo debe ser ocupado por la demandante Oladys Correa Suárez.

. Normas violadas y concepto de violación

1.3.1. La demandante adujo como vulnerados, sin mencionar artículos en concreto, la Constitución Política y la ley que dispone que una persona para ser elegida a un cargo público de elección popular solo podrá pertenecer a un partido o movimiento político; de no ser así su designación deviene en nula, absolutamente conforme el artículo 275.8 del CPACA.

1.3.2. La accionada Mateus Gómez para el día en que fue declarada elegida mediante acto de 9 de noviembre de 2019, por el partido Alianza Verde, pertenecía también al Conservador Colombiano, al que no había renunciado, configurándose así la causal de nulidad electoral prevista en el artículo 275.8 precitado.

1.3.3. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado se han pronunciado sobre la prohibición de la doble militancia, en sentencia de constitucionalidad C-334 de 4 de junio de 2014 y en el fallo que decidió la nulidad electoral de la elección de la Representante a la Cámara señora Ángela María Robledo Gómez.

1.4. Trámite procesal

1.4.1. Por auto de 15 de enero de 2020, el a quo inadmitió la demanda para que la actora la escindiera, por cuanto se formuló contra dos concejales del municipio de Ciénaga – Magdalena (Sindy Mateus Gómez y Yesid Jaruffe Sandoval Avendaño), en contravención del artículo 282 del CPACA, que proscribe la acumulación de pretensiones y procesos frente a dos personas distintas. Así mismo, ordenó tener como segundo proceso aquel que se dirigió contra el señor Sandoval Avendaño, el cual debía ser sometido a reparto.

1.4.2. La parte demandante acreditó la radicación de la segunda demanda en contra de aquel, razón por la cual, el Tribunal a quo, en sala unitaria, por auto del 22 de enero de 2020, admitió el libelo y ordenó notificar a la concejal electa, Sindy Mateus Gómez; al Consejo Nacional Electoral –en adelante CNE–; a la Registraduría Nacional del Estado Civil –en lo sucesivo RNEC–; al agente del Ministerio Público y al presidente del Concejo Municipal de Ciénaga.

1.4.3. La RNEC, mediante escrito radicado el 21 de febrero de 2020, contestó la demanda, en el cual indicó que se atenía a lo que resultara probado en el proceso y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por estimar que la causal de nulidad invocada es aquella denominada subjetiva por doble militancia política, en la cual no participó ni tuvo injerencia.

1.4.4. Por su parte, la accionada, a través de apoderado judicial, mediante memorial de 21 de febrero de 2020, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al estimar que no incurrió en la conducta que se le censura sobre doble militancia política, pues no es cierta su supuesta vinculación al partido Conservador Colombiano, al momento de su elección como miembro del cabildo municipal, toda vez que renunció a esa colectividad, por medio de comunicación de 3 de marzo de 2016 que presentó ante el directorio partidista del departamento del Magdalena. Propuso la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales al no individualizar el acto acusado y al no anexar el acto declaratorio de elección con las respectivas constancias de notificación y ejecutoria.

1.4.5. El CNE presentó escrito de intervención el 25 de febrero de 2020 en forma extemporánea, por lo que no se tuvo en cuenta.
1.4.6. El 24 de febrero de 2020, el Tribunal a quo citó a audiencia inicial, la cual se llevó a cabo el 5 de marzo de 2020. En ella negó la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales, al encontrar que el acto demandado sí fue precisado en el libelo introductorio y como quiera que el acto declaratorio de elección se notifica en estrados, dado que se profiere en audiencia razón por la cual no requiere de constancia de notificación y ejecutoria. Tampoco accedió a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC, por cuanto no es ella la demandada, sino que este organismo concurre al proceso en calidad de vinculado.

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la negativa de declarar probada la inepta demanda, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado, mediante auto de 23 de octubre de 2020 proferido por la Sección Quinta.

1.4.7. La audiencia se reanudó el 24 de noviembre de 2020 y fijó el litigio en los siguientes términos:

“…consiste en determinar si la señora Sindy Mateus Gómez incurrió en doble militancia, pues al momento de la elección como concejal del Partido Alianza Verde, se encontraba afiliada al partido Conservador Colombiano, tal como lo sostiene la parte demandante, o si, por el contrario, como se afirma en la contestación de la demanda, no se configuró la aludida causal dado que renunció con la debida antelación a la segunda de las mencionadas colectividades”.

Así mismo, se incorporaron al proceso las pruebas documentales aportadas con el escrito de demanda y con la contestación de la misma, entre ellas: el acto acusado E-26 CON de 9 de noviembre de 2019, la inscripción y modificación de la lista de candidatos del partido Alianza Verde, los formularios E-6, E-7 y E-8CON, la respuesta del partido Conservador Colombiano sobre la información de la militancia de la accionada, y se decretó la prueba testimonial de la señora Minerva Quesada Linares solicitada por la parte demandada.

De oficio, se pidió al partido Conservador Colombiano que certificara si la señora Mateus Gómez es miembro activo de la colectividad, desde cuándo; si hubo solicitud de desvinculación o no y en qué fecha, e información sobre quién ocupaba el cargo de presidente del Directorio Departamental de dicha colectividad, en el departamento del Magdalena, para el año 2016.

1.4.8. El 10 de diciembre de 2020, se realizó la audiencia de pruebas en la que se recibió el testimonio de la señora Minerva Quesada Linares, en calidad de presidenta del Directorio Departamental del Partido Conservador Colombiano, solicitado por la demandada. Terminada la etapa probatoria, se dispuso que las partes presentaran los alegatos de conclusión y que el Ministerio Público rindiera su concepto.

1.4.9. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 7 de abril de 2021 negó las pretensiones de la demanda. Esta providencia fue notificada el 21 de mayo siguiente y fue recurrida en apelación por la parte actora, mediante escrito de 27 de mayo de 2021, el cual fue concedido, en el efecto suspensivo, mediante proveído de 3 de junio de 2021, y ordenado el envío del expediente a esta Corporación.

1.4.10. A través de auto del 25 de junio de 2021, proferido por el magistrado ponente, se admitió el recurso de apelación y se puso a disposición de la parte contraria el escrito impugnatorio. Se corrió traslado para que las partes presentaran los alegatos de conclusión dentro de los tres (3) días siguientes. De igual manera, se ordenó que, al vencimiento del término del anterior, se corriera el traslado al Ministerio Público para que emitiera su concepto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 293 del CPACA.

1.5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, mediante sentencia de 7 de abril de 2021, por considerar que no se demostró que la señora Sindy Mateus Gómez hubiere incurrido en doble militancia política, decisión que fundamentó en las siguientes consideraciones:

No hay lugar a decretar la nulidad del acto electoral bajo el entendido que la accionada no estaba obligada a renunciar 12 meses antes del primer día de inscripción, por cuanto no ostentaba la calidad de miembro de corporación pública, porque si bien es cierto se presentó a las elecciones anteriores a nombre de un partido diferente al que la avaló para los comicios de octubre de 2019 y en el que actualmente milita, lo cierto es que en aquellas elecciones no resultó elegida “por lo que su situación no es posible encuadrarla en la modalidad de doble militancia por ser miembro de una corporación pública”, esa es la razón para que el asunto modalmente corresponda encuadrarlo en los eventos que se analizan frente a cualquier ciudadano militante y para ello no requería renunciar con un año de antelación al partido al cual pertenecía, para poder ser elegida por otra colectividad.

No obstante lo anterior, la accionada demostró con suficiencia que renunció al partido Conservador Colombiano, con manifestación expresa radicada ante la autoridad de ese corporativo el 3 de marzo de 2016, es decir con 3 años de antelación a la inscripción que como aspirante al concejo por Alianza Verde, efectuara el 2 de agosto de 2019.

Valoró el testimonio de la señora Minerva Quesada Linares, en calidad de Presidenta del Directorio departamental Conservador del Magdalena y advirtió que consultado el sitio oficial web de la RNEC, verificó el desarrollo histórico eleccionario de la demandada, de lo cual concluyó:

i) cuando participó en los comicios de 30 de octubre de 2011 para lograr una curul de concejal para el período 2012-2015, la obtuvo con 755 votos, con aval del partido Conservador Colombiano.

ii) luego, cuando participó en las justas electorales de octubre de 2015, para la curul de concejal de Ciénaga período 2016-2019, también apoyada por dicha colectividad, pero no logró curul al obtener solo 745 votos.

iii) para las justas de octubre 2019, para el período 2020-2023, obtuvo la curul avalada por el partido Alianza Verde.

En el expediente reposa prueba documental remitida por el partido Conservador Colombiano, con la que dio respuesta al oficio judicial de requerimiento de información, atestando que la señora Mateus Gómez no es militante activa de esa colectividad; que presentó renuncia como miembro o militante ante el Directorio Departamental del Magdalena el 3 de marzo de 2016 y que para ese entonces, estaba presidido por la señora Minerva Quesada Linares.

Colofón de las consideraciones, el a quo concluyó que se puede afirmar que la accionada presentó renuncia al partido Conservador Colombiano en el año de 2016 y que conforme a la Resolución 0578 de 25 de abril de 2015 expedida por el CNE, mediante la cual se aprobaron los estatutos de dicha colectividad, se señala en el artículo 12 que la calidad de militante del corporativo político se pierde, entre otras causales, (i) por renuncia; (ii) por pertenecer o adherir públicamente a otra colectividad política con personería jurídica. Así mismo, constató que conforme a los artículos 24 y 93 ejusdem el directorio departamental es organismo de dirección y representación del partido en el nivel regional.

Como se predica frente al asunto, en relación con la doble militancia ciudadana, solo basta con la renuncia para que se entienda que ha perdido la calidad de militante, sin que se requiera acto de aceptación de aquella, situación que frente a la accionada aconteció el 3 de marzo de 2016, siendo esta la manifestación de su intención de abandonar la colectividad, tres años antes de los comicios de 2019.

Esas las razones por las cuales no presentaba obstáculo alguno para la potestad de inscribirse a las justas electorales de 2019 por otra colectividad como en efecto aconteció el 2 de agosto de 2019 por el partido Alianza Verde y, por ende, de no estar incursa en doble militancia, circunstancia que pretende desvirtuar la parte actora, como sustento de la demanda.

Finalmente, sobre las contradicciones que al parecer se advierten de lo dicho por la testigo Quesada Linares, hizo una valoración probatoria bajo parámetros de sana crítica y concluyó: “…no desconoce esa Sala que, como lo advierte el apoderado de la parte demandante, la señora Minerva… incurre en ciertas contradicciones cuando afirma que le dio curso inmediatamente a la renuncia presentada por la señora Mateus Gómez, pero en el expediente se observa que tal renuncia fue remitida a las Directivas Nacionales del Partido Conservador Colombiano tan solo el 4 de marzo de 2020, tal como se aprecia del correo electrónico que allegara ese mismo partido a través de la respuesta dada por la Secretaría Jurídica a la petición de pruebas ordenada dentro del presente proceso, pero tal situación tan solo es una irregularidad responsabilidad (sic) de quien fungía como directiva de ese partido pero que en modo alguno controvierte el hecho cierto y demostrado de la renuncia ante el Partido Conservador Colombiano, tampoco las inconsistencias planteadas por la parte demandante en relación con el testimonio y los documentos, son de tal magnitud que puedan invalidar el hecho probado, pues hay certeza tanto de los documentos como del testimonio mismo que la señora Mateus Gómez efectivamente renunció a la militancia del PCC, de tal manera que no son de recibo las dudas que se esbozan… para demeritar un hecho probado como es el acto de renuncia, pues la falta de trámite, la falta de aceptación de renuncia –que no es obligatoria-, las evasivas del partido a entregar la documentación no son sino argumentos infundados que no controvierten ni impiden tener certeza de la renuncia de la parte demandada al Partido Conservador Colombiano, lo que implica que por este Tribunal no se tenga probada la causal prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011…”.

Todas las anteriores fueron las razones del Tribunal para negar las pretensiones de la demanda.

1.6. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de 7 de abril de 2021, al considerar que existen serios reparos frente al documento que contiene la renuncia a la militancia del partido Conservador Colombiano, presentada por la demandada en marzo de 2016.

Indicó que conforme al testimonio de la señora Minerva Quesada, de la renuncia se enteran las directivas nacionales de dicha colectividad el 3 de marzo de 2020, por lo que acusó un montaje fraudulento para presentar un hecho falso como cierto, dado que existen serios indicios de que la renuncia en realidad no fue presentada en 2016.

Consideró que merecen especial análisis las pruebas recabadas por el despacho, sobre todo la declaración de la referida testigo, en la que si bien indica que recibió de la accionada la carta de renuncia al partido en marzo de 2016 y que de la misma dio traslado a la Secretaría General del nivel nacional no afirma que la hubiera aceptado, a más que en su declaración no aporta documento que corrobore el envío de esa comunicación. En contraste, sí reposa el correo de 4 de marzo de 2020, en el que se informa por parte de la señora Quesada Linares a la Secretaría General del partido sobre la renuncia presentada por la señora Mateus Gómez, enviando copia de la misma “pero en manera alguna indica que esa renuncia hubiere sido enviada con anterioridad para excluir su nombre como militante del partido”.

Por otra parte, aseveró que la certificación de 5 de febrero de 2021 que al proceso remitiera la Secretaría del Directorio Nacional Conservador, atinente a la dimisión de la accionada, entra en contradicción con lo afirmado por la testigo, por cuanto consta que la presidente del Directorio Conservador del Magdalena, la señora Quesada, recibió y aceptó la renuncia presentada por la accionada.

Para la parte actora –hoy apelante– la contradicción entre la prueba testimonial y la documental debilitan probatoriamente ambas pruebas, que desde el punto de la sana crítica y de las reglas de la experiencia “generan un gran interrogante y un indicio grave para inferir que esa renuncia no solo no fue presentada por su signataria ni recibida realmente en esa fecha, si no muy pero muy posteriormente, es decir luego de presentada la demanda y remitida su copia el 4 de marzo de 2020, a las directivas del partido conservador, a través del correo electrónico que obra en el expediente”.

Destacó la importancia de la valoración de los indicios en el presente asunto y procedió a formular los siguientes interrogantes: (i) si esa renuncia se presentó en esa fecha, ¿por qué razón no aparece comprobante de envío a la secretaría del Directorio, si fue que se envió?; (ii) ¿por qué no figura en el Directorio Nacional ese documento de renuncia como enviado esa fecha si no tan solo hasta el 4 de marzo de 2020? “y la evasiva de la secretaria en entregar documentos aduciendo la pandemia que se vive, cuando precisamente esas entidades en general programan la presencia de empleados suyos con las restricciones debidas y de manera alternativa”; (iii) ¿por qué se indica en la certificación de la secretaria del Directorio Nacional que la renuncia fue aceptada por la presidente del Directorio Conservador departamental cuando la declarante expresa que la renuncia la envió al Directorio para su trámite, sin indicar que la hubiera aceptado? y (iv) ¿por qué razón frente a la petición formulada por la demandante al partido Conservador dicha agrupación ofreció una respuesta evasiva, como tratando de ocultar la verdad?.

Indicó que atribuir a la pandemia la imposibilidad de adjuntar prueba sustento de la constancia es una excusa inaceptable y “conduce a que algo turbio hay en este asunto, no queda duda que todo lo que gira en torno a la renuncia de Sindy Mateus es un montaje, para lo cual la Secretaría del Partido Conservador se ha presentado de manera inaceptable”.

Por todo lo anterior, concluyó que dados los indicios graves a la fecha de inscripción y elección como concejal de Ciénaga (Magdalena), la accionada estaba incursa en doble militancia porque aún era miembro del partido Conservador Colombiano y resultó elegida por el aval que le otorgara Alianza Verde.

1.7. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

1.7.1. Parte demandante

Durante el término concedido, la parte actora guardó silencio.

1.7.2. Parte demandada

La accionada Sindy Mateus Gómez, mediante escrito presentado por su apoderado judicial el 6 de julio de 2021, descorrió el traslado de alegaciones en el que solicita se nieguen las súplicas de la demanda.

Al efecto indicó que se entiende que la conducta de doble militancia política emerge cuando el sujeto activo pertenece a un partido o movimiento en calidad de miembro, militante o afiliado, y con tal atributo en simultaneidad haga parte de otra u otras colectividades.
Aseveró que en el sublite se debe analizar si la demandada acató los cánones de la Ley 1475 de 2011, los cuales, son necesarios para unos comicios en igualdad, honestidad y total trasparencia; o por el contrario violó tal expectativa y vulneró los principios electorales y la Ley.

Conforme a ello argumentó que el numeral 1 del artículo 12 de la Resolución 0578 de fecha 21 de abril de 2015 (Estatutos del Partido Conservador Colombiano) establece que la calidad de militante del partido se pierde por renuncia, la cual se materializa: 1) con la presentación de la dimisión, sin que la norma exprese en qué sede o ante qué autoridad se debe presentar el escrito de dimisión; 2) no se necesita más requisito que la presentación de la renuncia en cualquiera de las sedes del partido a nivel nacional para que se entienda roto todo vínculo con dicho colectivo político. Aunado a que el CNE mediante Resolución No. 0266 de 31 de enero de 2019 estableció que la desafiliación opera desde el momento mismo en el que el militante comunique su decisión a la organización política.

En el caso sub júdice indicó que desde el 3 de marzo del año 2016 rompió cualquier tipo de vínculo con el partido Conservador Colombiano, en tanto presentó carta de renuncia ante el Directorio Departamental del Magdalena, a través de la señora Minerva Quesada, quien era la presidenta, esto significa que al momento de la inscripción y elección de cabildantes de la municipalidad cienaguera (2020-2023), tenía más de tres años de haber roto toda relación con el colectivo político mentado, conforme a lo reglado por el numeral 1° del artículo 12 de la Resolución 0578 de fecha 21 de abril de 2015 y la Resolución 0266 de 31 de enero de 2019.

Motivo por el que no se puede decir que la accionada estaba incursa en causal de dualidad de militancia política, sin dejar de mencionar que no existe prueba alguna que pueda dar fe de la pertenencia o permanencia de la demandada desde la tercera mensualidad del año 2016, a una colectividad política distinta a Alianza Verde, siendo la obligación de demostrar al juez de la causa la conducta de doble militancia es por parte del actor y se torna temerario, fraudulento y desleal, frente a la correcta administración de justicia pretender inducir a un error las instancias judiciales, señalando sin soporte probatorio que se encuentra en la conducta típica de doble militancia, en la modalidad de pertenecer simultáneamente a dos partidos políticos; máxime cuando el Partido Conservador Colombiano certifica que desde marzo de 2016 no pertenece a sus toldas.

De lo que no se puede dudar, es de la prueba testimonial recaudada, como tampoco de los documentos aportados incluso por el Partido Conservador, de los que se concluye: (i) Que la señora Sindy Mateus renunció el 3 de marzo del 2016 a dicha colectividad; (ii) a la luz de lo normado en el artículo 12-1 de la Resolución 0578, desde esa fecha la demandada no tenía vínculo de ninguna forma posible con dicho corporativo; (iii) al momento de la inscripción y elección como cabildante de la municipalidad cienaguera (2020 -2023), inscrita por el partido Alianza Verde, esta no se encontraba incursa en conducta de doble militancia, conforme al artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, ya que no pertenecía a otra colectividad política, distinta a aquella en la que resultó electa.

1.7.3. El CNE

Mediante escrito de 30 de junio de la presente anualidad, alegó de conclusión en primer lugar aludiendo a sus competencias en virtud del mandato superior 265, entre ellas, la de decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley e ilustró sobre el procedimiento respectivo. Luego se refirió a la normativa que consagra la figura de la doble militancia y a la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha decantado las modalidades posibles.

Expuso que no se tramitó ante el CNE solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la señora Sindy Mateus Gómez, al Concejo de Ciénaga, para las elecciones del 27 de octubre de 2019 y, por ende, no tuvo conocimiento en sede administrativa del asunto bajo estudio, por lo que correspondió al Contencioso Administrativo decidir sobre las pretensiones hoy planteadas en instancias, decisión a la que esta Corporación se atiene en su integridad.

1.7.4. La RNEC

Insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva que propuso en su escrito de intervención.

1.7.5. Ministerio Público

A su turno, el Ministerio Público conceptuó en escrito de 12 de julio de 2021 que debe confirmarse la sentencia de primera instancia denegatoria de las pretensiones.

Explicó que el argumento central del apelante se contrae a que la demandada al momento de la inscripción en el Partido Alianza Verde, aún militaba en el Partido Conservador, en razón a que no había renunciado a este, por lo que se debe verificar en el caso concreto, que la señora Sindy Mateus Gómez antes de inscribirse como candidata por el Partido Alianza Verde, haya renunciado al Partido Conservador.

Consideró que el argumento de la parte actora contenido en su escrito de apelación es susceptible de la siguiente consideración: si bien existen algunas contradicciones entre el testimonio de la señora Minerva Quesada Linares y la certificación realizada por la Secretaria Jurídica del Partido Conservador en relación con quién aceptó la dimisión, lo cierto es que dicho argumento tiene poca relevancia en razón a que para desafiliarse de un partido político, solamente, se requiere que el militante de manera expresa, clara, inequívoca y a través de cualquier medio, informe a la organización política que es su deseo libre y espontáneo dejar de pertenecer. Lo anterior debido a que los efectos de la renuncia no pueden estar supeditados a que la dimisión sea aceptada por la organización, pues lo cierto es que la aceptación de renuncia se erige como un trámite meramente formal. Al efecto se apoyó en antecedentes de la Sala Electoral.

Arguyó que el CNE dispuso en el inciso primero, artículo sexto de la Resolución 1839 de 2013, que se encontraba vigente al momento de la presentación de la renuncia por parte de la demandada, que la desafiliación a una colectividad “operará desde el momento mismo en que el afiliado comunique su decisión a la organización política”. Por lo tanto, es evidente que la renuncia a un partido o movimiento político surte efectos desde el momento mismo en el que el militante informa a la organización política que es su deseo abandonarla.

El Ministerio Público destacó que luego de analizar los medios de prueba, la demandada dejó de pertenecer al Partido Conservador, dado que mediante escrito de marzo de 2016, presentó su renuncia irrevocable a la militancia en la colectividad, la cual fue recibida por la Coordinadora Departamental de la mencionada organización política, el día 3 de marzo, de acuerdo con el acuse de recibido.

Tampoco es de recibo el argumento del recurrente cuando afirma que la renuncia fue conocida por la Dirección Nacional del Partido hasta el 4 de marzo de 2020, en atención a la huella del correo electrónico de esta misma fecha que obra en el expediente, y debido a que el citado documento también cuenta con sello de recepción del mencionado partido político del día 15 de marzo de 2016.

No puede ser de recibo la expresión “…conduce a que algo turbio hay en este asunto, no queda duda que todo lo que gira en tomo a la renuncia de Sindy Mateus es un montaje, para lo cual la Secretaria del Partido Conservador se ha prestado de manera inaceptable”; en virtud a que no pasan de ser elucubraciones no sustentadas en elementos de convicción que permitan un reexamen del tema. Ahora bien, en el evento de que ello fuera cierto, esto tendría un carácter criminal y solo si existiese algún pronunciamiento al respecto, ello tendría efectos en sede contenciosa, como quiera que develaría la “confabulación” que se pretende atribuir a los miembros del partido aludido, respecto de la renuncia de la demandada.

Se demostró que la demandada se inscribió como candidata al Concejo de Ciénaga por el Partido Alianza Verde el 2 de agosto de 2019 a las 18:25; esto es, luego de más de 3 años de haber presentado su renuncia, como militante al Partido Conservador, razón por la cual la Agencia Fiscal considera no se materializó la modalidad de doble militancia endilgada, en tanto no se probó la pertenencia simultánea a dos partidos políticos y con base en ello solicitó al Consejo de Estado no acceder a las pretensiones de la demanda y mantener incólume la presunción de legalidad del acto declaratorio de elección.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 numeral 8 del CPACA, así como el artículo 13, numeral 7º del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 7 de abril de 2021, en la que el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.

Como soporte debe tenerse en cuenta que la población del municipio de Ciénaga certificada por el DANE, parámetro que exige el artículo 152 numeral 8 en cita, asciende a 118.435 habitantes.

2.2. El acto acusado

El demandante a través del contencioso electoral pretende la nulidad parcial del formulario E-26 CON de 9 de noviembre de 2019, por medio del cual, se declaró la elección de los concejales del municipio de Ciénaga, para el período 2020-2023, específicamente, en relación con la señora Sindy Mateus Gómez, elegida por el partido Alianza Verde, el cual fue adjuntado por la parte actora y remitido por la RNEC al presentar escrito de intervención.

2.3. Problema jurídico

Conforme al fallo de primera instancia y a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de 7 de abril de 2021, mediante la cual, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda relacionada con la incursión en conducta constitutiva de doble militancia, por parte de la concejal Sindy Mateus Gómez.

Así entonces, previo a resolver el caso concreto, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: i) el marco normativo y jurisprudencial de la prohibición de doble militancia y ii) la renuncia como figura enervante a la incursión en doble militancia, para luego definir iii) el caso concreto.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial de la prohibición de doble militancia

La doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano tiene su génesis en el Acto Legislativo 01 de 2003, que modificó el artículo 107 de la Constitución Política, al prever que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Dicho Acto Legislativo también dispuso que quien participara en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podía inscribirse por otro en el mismo certamen electoral. Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009, además de reiterarse las citadas prohibiciones, se añadió que quien siendo miembro de una corporación pública llegare a presentarse a la siguiente elección, por un partido político distinto, debía renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de las inscripciones.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-303 de 2010, al decidir la demanda de inconstitucionalidad del parágrafo transitorio 1º del artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó el artículo 107 de la Constitución, puso de presente que la antedicha regla tenía por finalidad propender por el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, lo cual impacta positivamente en la vigencia del principio de la soberanía popular, al aseverar lo siguiente:

“la prohibición de la doble militancia y del transfuguismo político, en los términos antes expuestos, constituyen herramientas de primera línea para la consecución del fin constitucional de fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, basado en el aumento del estándar de disciplina de sus miembros e integrantes. A su vez, el fenómeno del transfuguismo tiene importante incidencia en la vigencia del principio de soberanía popular, habida cuenta de las particularidades del sistema electoral colombiano”.

Así entonces, la prohibición de la doble militancia política surgió con la finalidad de fortalecer los partidos y movimientos políticos y sancionar el transfuguismo político, como una costumbre perniciosa propia de nuestra praxis electoral que deslegitima el sistema democrático, de manera que se procura el respeto por la identidad de los partidos y se discipline la actividad política, ordenando que los miembros y militantes de los partidos mantengan su vinculación a la colectividad política, mientras no renuncien a ellos, bajo los parámetros ordenados por el legislador y que quienes ostenten alguna representación mantengan su identidad política, para no burlar la confianza depositada por sus electores en las urnas.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual, se adoptan reglas sobre organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y se dictan disposiciones en materia de procesos electorales, al desarrollar la institución de la doble militancia, trajo una regulación que contempla otras hipótesis a las ya referidas:

“Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones (…)

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción” (Negritas fuera del original).

Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario extendió el ámbito de aplicación de la figura de la doble militancia, en tanto eliminó la expresión que imponía que el partido o movimiento político debía contar con personería jurídica, que le adscribía el Acto Legislativo 01 de 2003. En consecuencia, dispuso que “…En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”. Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-490 de 2011, al revisar la constitucionalidad del citado artículo, determinó que “el legislador estatutario puede incorporar una regulación más exigente o extensiva respecto a la prohibición de doble militancia” y, por ende, declaró este precepto ajustado a la Carta Política.

La Sección Quinta de esta Corporación ha estructurado una línea jurisprudencial en materia de contenido, alcance y modalidades por las que se puede configurar la prohibición de la doble militancia, para distinguir cinco (5) hipótesis relacionadas con los sujetos a quienes va dirigida:

“i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.” (Inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política)

ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)

iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política)

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)

v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)”.

Vista la anterior decantación jurisprudencial, realizada desde años atrás por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que se ha constituido en parámetros de interpretación de la doble militancia política, la Sala advierte que el evento que ocupa la atención de esta colegiatura encaja en el numeral i), que corresponde al inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, según el cual, ningún ciudadano puede pertenecer, simultáneamente, a más de un partido o movimientos político, pues, ello iría en contravía de la necesaria identidad que reclama la pertenencia a un partido político y la coherencia que debe existir entre los ciudadanos, quienes tienen libertad de pertenecer al partido o movimiento de su preferencia y la ideología que se supone deben profesar, conforme al artículo 107 superior.

Ahora bien, la práctica del transfuguismo político, entendido como la migración político-electoral que hace una persona, en forma intencional o no, de querer cambiar su militancia política, sin previa manifestación a la colectividad a la que pertenece, refleja una clara contravención a los postulados de seriedad y buena fe, que deben presidir la afiliación a los partidos políticos. De ahí la censura de incurrir en la conducta de simultaneidad a través de la presencia activa como militante o adepto de un partido y su apostasía cuando, al mismo tiempo, exhibe vínculos importantes con otro partido, generando deberes y compromisos concomitantes, alternos y contradictorios, en clara deslealtad política.

Por eso con buen criterio, la jurisprudencia ha buscado organizar los elementos constitutivos de cada modalidad, en este caso, la que se predica de todo ciudadano, indicando que debe existir un sujeto activo, esto es, el ciudadano a quien se le impone abstenerse de incursionar en la conducta prohibida consistente en la simultaneidad de militancia política devenida de inscribirse a la elección de cargo o corporación pública de elección popular por otro corporativo político sin haber dimitido del anterior al cual había avenido como militante o afiliado y el elemento temporal que para la modalidad de los ciudadanos militantes se diría responde a la concomitancia política al momento de inscribirse a las justas electorales, para el evento en que se aspira a un cargo o curul por elección popular, que es la situación fáctica planteada en el caso que ocupa la atención de la Sala.

De todas esas generalidades se evidencia que dentro de la estructuración de la doble militancia, cuando se desciende al caso concreto, se impone la prueba fehaciente de la conducta prohibitiva del accionado, pero a su vez, como acontece en el caso sub júdice, si no resulta favorecido con un factor enervante o neutralizador de la potencial prohibición, como acontece con la figura de la renuncia en tiempo y en las condiciones formales que se han decantado, debe entenderse que se ha incurrido en la conducta proscrita. Por contera, la Sala asumirá, desde la generalidad, el estudio del siguiente eje temático.

4. La renuncia como elemento enervante de la doble militancia

Ahora bien, específicamente en relación con la doble militancia, la figura de la renuncia ha sido legislada en forma aparejada como una condición exonerante de la incursión en la prohibición, siempre y cuando esta sea acorde a las exigencias determinadas por el constituyente o el legislador, como se puede advertir en la previsión constitucional del artículo 107, al igual que la Ley 1475 de 2011.

Sin embargo, en los contenidos normativos mencionados, no se advierte que se haga referencia en forma expresa a la mera o simple militancia de un ciudadano en una colectividad. Pero tal silencio no puede implicar desconocer la incidencia que tal figura podría tener en casos como de la doble militancia de los ciudadanos que se agrupan en una colectividad política, pues es innegable que la doble militancia también se predica del ciudadano común, del militante del colectivo político, quien no necesariamente es inscrito, elegido o directivo.

Así las cosas, abstrayendo pautas de las generalidades que resultan de utilidad y, en aras, de dar explicación a la modalidad de doble militancia que ocupa la atención de la Sala, se considera que dentro las características que materializan la renuncia emergen como presupuestos: (i) un factor modal consistente en que la renuncia debe ser potestativa y voluntaria del legitimado, es decir por parte (ii) del sujeto activo que es el ciudadano militante y sin que se le imponga (iii) un factor temporal o período inhabilitante, distinto a aquel referente a que al momento de inscribirse haya renunciado a la colectividad de la cual dimite.

No debe perderse de base que el propio artículo 107 tiene su primera narrativa, aludiendo en forma expresa a dos derechos fundamentales políticos que impone se garanticen a todos los ciudadanos, por una parte, el de fundar, organizar o desarrollar colectividades y, por otra, la protección a la “libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”.

Y es que no resulta de poca transcendencia que la propia Constitución Política en cuanto se refiere a la afiliación y retiro, encuadre a estas conductas en el gran continente de las libertades fundamentales, otorgándole así un espectro más amplio del que se predica de un derecho.
Cuando la normativa se enfoca en las libertades “…nos invita a considerar a la libertad no como uno de los derechos humanos, sino como una condición para que podamos gozar de ellos… La libertad, aún cuando es una facultad personal, no se encierra en uno mismo. La libertad nos abre hacia el entorno, hacia los demás y crea la sociedad; todavía más, crea la comunidad de los hombres libres… y tener la capacidad del discernimiento necesaria, para seguir en el desarrollo personal.”, lo cual visto desde la participación en política, esta “únicamente es funcional a la libertad cuando los ciudadanos se enfrentan ante una diversidad de opciones entre las que pueden elegir, y un factor básico para crear y mantener esa pluralidad en el ámbito público consiste en garantizar la libertad negativa, entendida como la ausencia de interferencias en el ámbito privado. Precisamente esto último es lo que distingue a la democracia de la tiranía de las mayorías.”

En esa línea esa libertad de afiliación y retiro también se advierte en los militantes que son ciudadanos que simpatizan en forma vinculante y se agrupan como sujetos políticos en una colectividad y resulta reglamentada por la organización electoral, como acontece respecto de las Resoluciones 1839 de 11 de julio de 2013 y 003 de 2017, que posteriormente fueron derogadas por la Resolución 266 de 31 de enero de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se establece el registro único de partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas, en cuyos ítems están los afiliados (numeral 3.5 del artículo 3 ejusdem) y expresamente indica que este registro de militantes hace parte integral de aquel.

En estos actos administrativos (en ambas resoluciones 1839 y 266) se invoca el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011, facultativo al CNE para que lleve y se encargue del registro único de partidos y movimientos políticos, en cuyo contenido se incorpora a su vez otro registro, el referente a los afiliados a las colectividades. Todo devenido de la norma constitucional que le atribuye a aquel la competencia de regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

Se explica que el registro único que implementa se constituye en un instrumento técnico que le permite el ejercicio de sus funciones constitucionales, en atención a la disponibilidad de la información mínima necesaria.

En el tema particular del sistema de identificación y registro de afiliados se decanta por definirlo como el conjunto de procedimientos que permiten la verificación plena de la identidad y la consolidación de la información de los ciudadanos inscritos a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Y a consagrar como propósito el reglamentar el procedimiento de afiliación de los ciudadanos a las organizaciones políticas y consolidar los correspondientes registros.

En esa línea, diferencia entre afiliados y simpatizantes, al indicar que los primeros son los siguientes: (i) los ciudadanos válidamente inscritos en los partidos o movimientos políticos con personería jurídica; (ii) quienes ejercen cargos de dirección y gobierno en la colectividad; (iii) quienes se encuentren ejerciendo cargo público o sean miembros de corporación pública de elección popular con su aval; (iv) quienes se encuentren inscritos como candidatos a cargo o corporación pública de elección popular con su aval; (v) los precandidatos que hubiesen participado en una consulta, mientras se surte la correspondiente elección y (vi) quienes hubieren sido parte de la constitución de la colectividad. Con respecto a los simpatizantes en cambio deja claro que no podrán ser considerados afiliados.

Sobre el tema que interesa a la Sala Electoral, en el numeral 6.5 se pronuncia sobre la desafiliación en los siguientes términos: “Para que opere la desafiliación de un afiliado a un partido, movimiento o agrupación política con personería jurídica, se requerirá, en todos los casos que exista una manifestación de la solicitud en tal sentido por parte del afiliado, con los mismos requisitos exigidos para las solicitudes de afiliación. La desafiliación operará desde el momento mismo en que el afiliado comunique su decisión a la organización política. Cuando la organización política permita la afiliación mediante solicitudes electrónicas deberá también posibilitar que por el mismo medio se surta la desafiliación. También procederá la desafiliación por la cancelación de la cédula de ciudadanía o limitación de los derechos políticos del afiliado y cuando sea expulsado del partido, movimiento o agrupación política. Las solicitudes de afiliación y desafiliación deberán ser presentadas directamente a los partidos, movimientos o agrupaciones políticas” (Énfasis de la Sala).

Dentro de la distinción entre el ingreso de un ciudadano a una colectividad mediante la afiliación y su conducta antagónica del retiro, a través de la desafiliación, existe un punto focal común y es que ambas actuaciones, en condiciones normales, requieren de la manifestación expresa o inequívoca del ciudadano, pero entre ambas figuras existe una sutil diferencia, que resulta de utilidad para los efectos de este asunto y es que mientras la afiliación requiere de aceptación, la desafiliación no.

Colofón de las consideraciones anteriores es que la renuncia de militancia a un corporativo político no está supeditada a la aceptación de éste, solo a la manifestación concreta, clara, expresa e inequívoca de la intención del militante de retirarse, circunstancias modales frente a las cuales la Sala ya se ha pronunciado, como se lee en el antecedente de 3 de noviembre de 2017:

“3.3 Acerca de la renuncia a un partido o movimiento político

La Real Academia de la Lengua Española, señala dentro de los significados de la palabra “Renuncia”, el siguiente: “Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ello”.

En materia electoral, hablando propiamente de la renuncia que se presenta a seguir perteneciendo a un partido o movimiento político, esta se puede considerar como un retiro o abandono consiente y discrecional a continuar representando los intereses de aquel en el cual una persona natural se encuentra militando; lo anterior, por cuanto la Constitución Política en el inciso primero del artículo 107 garantiza a todos los ciudadanos “…la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”.

Es entonces la voluntad propia, concebida como la “Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo”, la característica principal de un acto de renuncia y, en tal medida, quien así lo exprese, no puede ser obligado a continuar engrosando las filas de una determinada colectividad política, porque aceptar un comportamiento como el descrito, vulneraría en grado sumo la Carta Política.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, respetuosa de los derechos ciudadanos, ha considerado que la renuncia a seguir perteneciendo a un partido o movimiento político, para que surta efectos, no puede estar sujeta a que se acepte por la colectividad, pues basta con el hecho de informar el deseo de abandonarla.

En concreto esta Sala manifestó:

“Ahora bien, el recurrente, parece aseverar que no se puede entender que el demandado renunció al partido Cambio Radical pues, según su criterio, una renuncia solo se entiende como tal hasta que sea aceptada por el representante legal del partido.

Así las cosas, la Sala encuentra que el argumento de la parte actora carece de asidero jurídico, porque para entender que una persona ya no milita en determinado partido, únicamente, es necesario que el militante de manera expresa, clara, inequívoca y a través de cualquier medio, informe a la organización política que es su deseo libre y espontáneo dejar de pertenecer ese partido o movimiento político.

Esto es así, debido a que los efectos de la renuncia a la militancia a un determinado partido político no pueden estar supeditados a que la dimisión sea aceptada por la organización, pues lo cierto es que la carga del militante se agota cuando el militante informa al partido o movimiento político su deseo abandonar la colectividad, de forma que la aceptación de la renuncia se erige como un trámite meramente formal”. (Negrita original del texto)

Conforme con lo dicho en precedencia, se reitera que para conocer si una persona ha dejado las filas del partido o movimiento político al cual se encontraba vinculada, es suficiente establecer con certeza el día en que ésta presentó la renuncia, sin necesidad de que la misma se haya aceptado o no por la colectividad.”. (Subrayas fuera de texto).

Así las cosas, para la Sala es claro que la renuncia de los ciudadanos militantes acontece en una sola vía, al no requerir de contestación, aceptación, autorización o conducta similar proveniente del destinatario, es decir, de la colectividad y ello se explica precisamente por la libertad constitucional con el que el artículo 107 destaca la posibilidad de afiliarse y desafiliarse.

Siendo, entonces más estricta la figura del ingreso, porque se está frente a la llamada adhesión reglamentada, lo que resulta razonable si se tiene en cuenta que la militancia conlleva la membresía activa a la comunidad del grupo u organización política, con todo lo que ello implica, pues se trata de la pertenencia al colectivo, que lleva aparejada la garantía a la organización y funcionamiento de aquel, al desarrollo de su propaganda, publicidad y divulgación ideológica y programática y de su actividad política en general.

En época más reciente, la Sala sigue siendo unívoca en cuanto a la concepción y alcance de la figura de la renuncia, como se dejó claro en el antecedente de Sala de 6 de mayo de 2021:

“para que la renuncia tenga la potencialidad de enervar la prohibición de doble militancia estudiada, debe romper con la simultaneidad de la conducta, de forma que debe presentarse ante la organización política respectiva antes de la inscripción al nuevo partido o movimiento político…”. Y en esa oportunidad, ante la censura de que la renuncia requiere aceptación, la Sala se decantó por el siguiente planteamiento: “el recurrente, afirmó… que… una dimisión solo se entiende como tal hasta que sea aceptada por las directivas de la colectividad política. Así las cosas, la Sala encuentra que el argumento de la parte actora carece de asidero jurídico, porque para entender que una persona ya no milita en determinado partido, únicamente, es necesario que el militante de manera expresa, clara, inequívoca y a través de cualquier medio, informe a la organización política que es su deseo libre y espontáneo dejar de pertenecer a ese partido o movimiento político. Esto es así, debido a que los efectos de la renuncia a la militancia a un determinado conglomerado político no puede estar supeditada a que la dimisión sea aceptada por la organización, pues lo cierto es que la carga del militante se agota cuando informa su deseo abandonar la colectividad, de forma que la aceptación de la renuncia se erige como un trámite meramente formal.” (Destacados en el texto original).

5. Caso concreto

Conforme al escrito de apelación, se tiene que la inconformidad del recurrente radica en la valoración efectuada por el a quo del testimonio practicado a solicitud de la parte demandada, pues, en su consideración, se presenta una transcendente contradicción entre el dicho de la declarante y la prueba documental, que a su juicio, no resulta unívoca aún cuando ambos (testimonio y certificación) provienen del partido Conservador Colombiano, lo que demerita la fuerza probatoria de ambos medios de convicción, de cara a la real fecha de presentación de la renuncia de la accionada a dicha colectividad, lo que al no haberse realizado de manera oportuna, le impedía haberse inscrito por el partido Alianza Verde, con cuyo aval finalmente resultó elegida concejal del municipio de Ciénaga. A más que, conforme a su planteamiento de alzada, son varios los hechos indicadores graves que dan cuenta de la inoportunidad de la renuncia, constituyéndose en verdaderos indicios que el a quo pasó por alto y que le impidió tener una perspectiva real de lo acontecido, que hubiera dado lugar a declarar la nulidad de la elección por la incursión de la demandada en la prohibición de la doble militancia por simultaneidad de pertenencia a los partidos políticos citados, tanto al momento de la inscripción como de la elección al Concejo municipal de Ciénaga.

En atención al espectro focalizado del recurso de apelación, la Sala dentro del panorama probatorio tiene por cierto, porque en efecto así está acreditado, que la accionada Mateus Gómez, resultó elegida concejal en los comicios de 27 de octubre de 2019, conforme consta en el E-26 CON de 9 de noviembre de 2019, con el aval del Partido Alianza Verde, colectividad que la inscribió el 2 de agosto de 2019, según consta en el formulario E-7, en reemplazo de la señora Belkis Beatriz Pacheco Fontalvo, quien renunció.

Sea lo primero señalar que no es procedente, en el presente caso, efectuar una valoración de todo el material probatorio allegado al plenario, sino de las pruebas atacadas por el recurrente, por cuanto la actora solo esgrimió argumentos de inconformidad respecto de la valoración de éstos y no expresó ningún reparo en contra de las consideraciones efectuadas en la sentencia de primera instancia, en relación con los demás medios de prueba. Lo anterior, en la medida que el artículo 328 del Código General del Proceso señala que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.

De conformidad con lo anterior, la Sala estudiará el mérito probatorio de algunas pruebas documentales y del testimonio rendido dentro del proceso, con el fin de determinar si ellos son demostrativos de la conducta prohibitiva de la doble militancia que se le endilga a la demandada.
Sobre el punto de discusión, las pruebas son las siguientes:

5.1. La renuncia al partido Conservador Colombiano, reposa escrito adosado con la contestación de la demanda, con fecha de 3 de marzo de 2016, suscrito por la señora Sindy Mateus Gómez, con destino a la Presidenta del Directorio Departamental Conservador del Magdalena (Minerva Quesada Linares), con asunto de referencia dimisión a la colectividad, cuyo contenido es el siguiente

“me dirijo a usted (s) para presentar renuncia irrevocable como miembro del Partido Conservador Colombiano, no sin antes agradecer a tan prestigioso partido el haberme dado la oportunidad de pertenecer y representarlos; hoy me despido con la satisfacción del deber cumplido, aprovecho para incentivarlos a que sigan trabajando por este tan prestigioso partido, como yo lo hice en su momento”.

A mano se observa rúbrica de acuso de recibo de 3 de marzo de 2016.

5.2. La certificación del partido Conservador Colombiano, prueba decretada en la continuación de la audiencia inicial de 24 de noviembre de 2020, dando alcance a la solicitud de la parte demandada, que ameritó librar el oficio para que dicha colectividad informara sobre lo siguiente: (i) Si Sindy Mateus Gómez es miembro activo; (ii) desde cuándo; (iii) y si se desafilió, desvinculó o renunció a la militancia, certifique la fecha exacta de la renuncia y (iv) quién era el Presidente del Directorio Departamental del Partido Conservador en el Magdalena, en el año 2016.

La respuesta al requerimiento probatorio judicial está contenida en constancia PCC/SJ-038-21 de 5 de febrero de 2021, suscrita por la Secretaria Jurídica de esa colectividad, la señora Orfa Patricia Monroy, quien da respuesta al oficio N° D04-00012 expedido por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena, con destino al vocativo de la referencia, con el siguiente texto:

“1. Sea lo primero advertir que, la señora SINDY MATEUS GÓMEZ, no es militante activo de esta colectividad, y por tanto no podemos certificarla como tal.

De igual forma, me permito manifestar que, MATEUS GÓMEZ presentó renuncia como miembro del PCC ante el Directorio Departamental Conservador del Magdalena, el día 15 de marzo de 2016, tal como se aprecia en el documento adjunto al presente.

2. Así mismo, es mi deber comunicarle que, para el año 2016, la señora MINERVA QUESADA LINARES, era quien fungía como Presidente del Directorio Departamental Conservador del Magdalena; y quien en uso de sus facultades, aceptó la renuncia a la militancia de esta colectividad de la señora MATEUS GÓMEZ.

Por otro lado, me es importante poner en conocimiento de este tribunal que, dada las implicaciones y las medidas de bioseguridad tomadas por el Gobierno Nacional y Distrital, y por las indicaciones internas del PCC, la sede principal de esta colectividad se encuentra cerrada en este momento, y sus trabajadores están cumpliendo sus labores en modalidad “Home Office”, es por ello que resulta tan dispendioso surtir los documentos allegados en forma física y los cuales se encuentran en las instalaciones; es por ello que, en caso de ser requeridos, solicitamos de la manera más respetuosa posible, que tenga en cuenta la situación tan compleja por la que pasa este país”. (Subrayas por fuera del texto original).

5.3. Testimonio de la señora Minerva Quesada Linares, recepcionado dentro del proceso en la audiencia de pruebas de 10 de diciembre de 2020. Conforme al dicho de la testigo que coincide con la certificación del partido Conservador Colombiano, para el año de 2016 fungía como presidente del Directorio Departamental del Magdalena de dicha colectividad, calidad que ejerció alrededor de diez (10) años.

Su relato da cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le da el conocimiento de los hechos que se discuten. En efecto, sobre el contexto que le permite declarar sobre el objeto del testimonio, informó que fue en calidad de presidenta del directorio político que detentaba, que conoció de primera mano el asunto de la renuncia al partido por parte de Sindy Mateus Gómez.

Al preguntársele sobre la fecha y contenido de dicho documento, respondió que no recordaba la fecha exacta en que lo recibió, pero sí tenía claro que fue dentro de los tres primeros meses del año de 2016 y frente al asunto o contenido dio cuenta de que se trataba de la renuncia de Mateus Gómez a la afiliación del partido Conservador.

Desde la temporalidad y en atención a que a la fecha de la declaración (2020) ya habían pasado casi cuatro años, el operador a quo pidió a la testigo que concretara las razones por las cuales tenía tan presente el recuerdo de la situación que se investiga y contestó que en su calidad de presidenta del directorio departamental, procuró estar en contacto permanente con los candidatos y militantes y que recordaba lo acontecido con la señora Mateus Gómez porque era ella quien, como presidente del directorio político seccional y conforme a sus atribuciones, debía recibir las renuncias, aunado a dos hechos adicionales que contextualizan el relato, el primero, que las solicitudes de desafiliaciones llaman la atención y, el segundo, porque fue su último año en esa dirección seccional partidista. De hecho, estas razones resultan convincentes y le otorgan al testimonio veracidad, pues, las circunstancias que se narran se aprecian como naturales y espontáneas.

Ahora bien, propendiendo por la formalización de la prueba documental, el Despacho a quo le puso de presente el escrito de la renuncia –al que se hace referencia en el numeral 5.1. y frente al cual reconoce (i) la firma manuscrita como propia y, (ii) por ende, el acuso de recibo del documento con fecha de 3 de marzo de 2016 rubricado y escrito a mano por la testigo, (iii) al igual que su contenido.

En aras de clarificar el asunto, al preguntársele sobre la relación de funciones entre los niveles central y seccional del partido político, indicó que si bien el representante legal es el Secretario General, ello va en armonía, con las actividades de la presidencia de los directorios departamentales de organización y recepción de documentación, como las solicitudes de afiliación y desafiliación, sin que para esa época, conforme a las normas estatutarias o directrices internas, se impusiera la expedición de constancia de recibo o de certificación.

En este punto, al interrogarla sobre el trámite que desplegó luego de recibida la solicitud de renuncia, reconoce que la documentación la remitió, vía correo electrónico al nivel central, pero enseguida indicó “nunca, nunca el partido a ninguna de las personas que renunciaron se les mandó ningún comunicado de aceptación, igual cuando se inscribían como candidatos y renunciaban, simplemente con pasar la renuncia simple, con eso ya se daba por hecho que salían del partido, nunca dieron ninguna clase de respuesta de eso a ninguna de las personas que renunciaron…”.

Sobre la posible disconformidad entre la información que maneja el nivel central y el seccional, respondió que el partido llevaba registros de militantes y se enviaban las inscripciones y renuncias, pero complementó su dicho indicando que “muchas veces el partido me llamaba porque ellos [se refiere al nivel central] no tenían actualizada la base de datos, a veces me preguntaban nuevamente por documentos que ya se habían enviado que no los encontraban y otra vez, trataban de actualizar lo más posible, sin embargo me decían que con tantas cuestiones se les quedaban cosas por fuera y eso pasó en muchas ocasiones, porque no solo con las inscripciones o renuncias sino con otra clase de documentos, actas que se enviaban…”.

Frente a la remisión de la renuncia de Sindy Mateus al nivel central o nacional del partido, insistió en que siempre fue muy organizada, así que asevera que apenas le presentaban una renuncia o una inscripción, la escaneaba y de inmediato la enviaba, el mismo día o al día siguiente. En este punto, se le preguntó si para la convención del 20 de noviembre de 2016, la accionada participó o intervino como militante, respondió que la referida señora no asistió ni participó y agregó: “me acuerdo que en esa convención estuve enviando los nombres de los directoristas (sic), militantes del partido para que asistieran a la convención” y a la señora Mateus no la contacté porque ya no pertenecía al partido, por lo que resultaba ilógico hacerle invitación e indicó que tampoco la vio.

Según lo dicho por la testigo, la renuncia de la señora Mateus Gómez fue presentada en marzo de 2016, en eso es unívoca y contundente. La dubitación se presenta en el trámite posterior a su recepción. En este punto, la Sala llama la atención en que como se vio en las generalidades y lo ha decantado la jurisprudencia, la renuncia para que sea una enervante de la prohibición de la doble militancia, solo requiere de su presentación ante la colectividad en la que conste la intención clara, expresa e inequívoca del militante de dimitir de la colectividad, por lo que no se requiere constancia o validación del corporativo político.

De las anteriores consideraciones, de cara a las pruebas discutidas, a la normativa, a la jurisprudencia y al criterio amplio de la libertad de desafiliación es donde se advierte el punto de inflexión de los argumentos de la apelante, toda vez que las pruebas evidencian que hubo presentación de la renuncia de la señora Mateus Gómez, lo cual aconteció en marzo de 2016 y que resulta innecesario, por los presupuestos que validan la dimisión, aludir a trámites posteriores, que en el caso concreto, es donde emergen aspectos difusos que pone en entredicho la apelante.

En efecto, para la apelante, son indicios de un supuesto fraude respecto de la fecha real de presentación de la renuncia al partido, los siguientes:

(i) Si esa renuncia se presentó en esa fecha, ¿por qué razón no aparece comprobante de envío a la secretaría del Directorio, si fue que se envió?

Para la Sala, este aspecto no puede sugerir que deba restársele credibilidad al hecho que se prueba, pues, como bien lo consideró el Tribunal a quo en el fallo apelado, la Resolución 0578 de 25 de abril de 2015 expedida por el CNE, mediante la cual se aprobaron los estatutos de dicha colectividad, en el artículo 12, se prevé que la calidad de militante del corporativo político se pierde, entre otras causales, (i) por renuncia y que el directorio departamental es organismo de dirección y representación del partido en el nivel regional, conforme a las voces de los artículos 24 y 93 ejusdem, en armonía con los artículos 70, el parágrafo del artículo 8 ibidem y con la previsión de que es militante quien solicite el ingreso y haga su inscripción “ante un directorio territorial o ante la Secretaría General del Directorio Nacional…” (art. 8 literal a) y a que la previsión estatutaria no condiciona o establece requisito adicional para la renuncia. Así las cosas, la norma estatutaria en cita, otorga a las referidas dependencias territoriales la competencia para recibir las solicitudes de ingreso y desafiliación, lo cual resulta armónico con que puedan radicarse ante la organización partidista.

(ii) ¿Por qué no figura en el Directorio Nacional ese documento de renuncia como enviado en esa fecha si no tan solo hasta el 4 de marzo de 2020?

Nuevamente, la apelante focaliza en el trámite posterior, la inconsistencia que le resulta extraña y ajena a la realidad, pues, estima que hay una divergencia en la declaración de la señora Minerva Quezada, cuando afirma que se envió inmediatamente la renuncia al directorio nacional del Partido Conservador y ocurre que en realidad fue remitida en el año 2020. Sobre este punto, debe señalar la Sala que la deponente, no afirmó, categóricamente, que hubiera enviado esta renuncia en particular al Directorio Nacional Conservador, sino que frente a la pregunta formulada por el apoderado de la parte demandante, acerca del trámite dado a esta renuncia, la declarante respondió de forma genérica, “todo lo que yo recibía, yo de inmediato, lo mandaba vía electrónico al Partido” (minuto 38.10). Así mismo, cuando se le indagó acerca de la fecha en que remitió esta renuncia en particular, volvió a responder en forma genérica “en eso siempre fui muy organizada, que tan pronto me presentaban una renuncia o una inscripción, lo escaneaba de inmediato lo enviaba, sino era al mismo día al día siguiente” Nótese que la deponente, no hizo referencia, exactamente, al trámite dado a esta renuncia, sino a la forma como, ordinariamente, se daba traslado de estos documentos a las directivas nacionales del partido. En este orden, no puede colegirse la contradicción que alude la apelante, dado que la señora Minerva Quezada Linares, solo hizo una afirmación genérica, que en nada desvirtúa la existencia de una renuncia presentada a la colectividad en marzo de 2016 por parte de la accionada y que fue acusada en su recibo por aquella en la misma fecha.

(iii) “…la evasiva de la secretaria en entregar documentos aduciendo la pandemia que se vive, cuando precisamente esas entidades en general programan la presencia de empleados suyos con las restricciones debidas y de manera alternativa”

En sentir de la Sala no resulta afortunada, como lo pretende la recurrente, poner en tela de juicio la credibilidad de la renuncia, por un factor real y fortuito como ha sido la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, originada por el nuevo coronavirus Covid 19, de dimensiones globales, que ha tenido un impacto cierto en la vida social, económica, política en las sociedades. Esta situación ha generado que las muchas instituciones hayan optado por trabajar por vía remota a fin de garantizar la vida de sus empleados y la de los usuarios, atendiendo sus asuntos por medio de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. En este orden, se reitera que resulta suficiente y conforme a las normas estatutarias, como ya se vio consideraciones atrás, que solo basta presentar la solicitud de desafiliación, la cual aconteció en marzo de 2016, con antelación de la inscripción a los comicios de 27 de octubre de 2020. Aunado a que estatutariamente, la renuncia o dimisión sí se puede presentar ante el Directorio político departamental, por ser órgano directivo seccional, como lo establecen el artículo 24, 56, 70 y 93 de la Resolución 0578 de 2015.

(iv) ¿Por qué se indica en la certificación de la secretaria del Directorio Nacional que la renuncia fue aceptada por la presidente del Directorio Conservador departamental cuando la declarante expresa que la renuncia la envió al Directorio para su trámite, sin indicar que la hubiera aceptado.

Para esta Judicatura, la expresión “aceptación”, no puede leerse, de forma literal sino de contexto, es decir, debe entenderse que, lo que se quiso decir en la aludida certificación es que con la sola radicación se entiende aceptada la renuncia. Además, mal puede alegarse que resulte vulnerado el acto declaratorio de elección por un hecho que no es presupuesto para configurar el elemento exonerante de la prohibición de doble militancia devenida de la renuncia a la colectividad.

(v) ¿Por qué razón frente a la petición formulada ante el partido Conservador por parte de la demandante Oladys Correa la respuesta fue evasiva, como tratando de ocultar la verdad?

Aunque resulta una elucubración subjetiva de la apelante, tampoco se advierte que haya habido una actitud “evasiva” del Directorio Conservador por no otorgar la respuesta inmediata y afirmativa a lo pedido, esto es, adjuntar prueba de sustento de la constancia, que en sentir de la apelante “conduce a que algo turbio hay en este asunto, no queda duda que todo lo que gira en torno a la renuncia de Sindy Mateus es un montaje, para lo cual la Secretaría del Partido Conservador se ha presentado de manera inaceptable”. Este tipo de afirmaciones no dejan de ser una conjetura de la demandante, que en todo caso, no le resta mérito a lo probado, esto es, que la presentación de la renuncia aconteció ante del Directorio Conservador departamental y ese extremo demostrado es el presupuesto requerido cuando se trata de la doble militancia de los ciudadanos por simultaneidad en dos partidos o movimientos.

Para la Sala, no está probado que hubo una actitud fraudulenta o de confabulación, ni que haya habido un “montaje” para acreditar la aludida renuncia presentada al Partido Conservador por parte de la concejal demandada, en tanto, no hay elemento probatorio que así lo indique. Las circunstancias narradas por la apelante no alcanzan a tener la categoría de indicio graves, necesarios y concurrente que pruebe que la renuncia no existió. Por el contrario, está acreditado a través de la respuesta dada por el Partido Conservador lo esencial para la no configuración de la doble militancia política (i) la información sobre la dimisión de la accionada y (ii) la recepción de dicha solicitud por la colectividad, a través de su Directorio Conservador departamental, por lo que judicialmente se despejó cualquier duda. Ahora bien, la referencia alusiva a que no le es posible suministrar la prueba de la renuncia que reposa en sus instalaciones por razones de la pandemia, no desvirtúa la contundencia probatoria, dado que es innegable que el retiro voluntario sí fue adosado al proceso por la parte demandada, aunado a que fue reconocido en su rúbrica de acuso de recibo y en su contenido por la directiva seccional del directorio político.

En este orden, no encuentra el Consejo de Estado que se trate de indicios de aquellos calificados de graves, en tanto esta clase de prueba implica que de un hecho conocido se infiere lógicamente otro, lo cual no sucede en el caso en análisis, por cuanto la deducción que la parte apelante hace a lo que formula como hechos indicadores, a saber: la supuesta falta de claridad en la presentación de la renuncia al nivel central del partido, la falta del comprobante del envío del Directorio Departamental a la oficina central e incluso el envío tardío, la supuesta evasiva de la Secretaría Jurídica de la colectividad en entregar la documentación por las restricciones de la pandemia y de suministrarle la información a la demandante, no son hechos indicadores que tenga respaldo probatorio, sino apreciaciones y opiniones personales y subjetivas, de las cuales no permiten inferir el hecho indicado de fraude o la ilegalidad de la renuncia presentada por la accionada.

Se afirma por la Sección que en dicha formulación se presenta un rompimiento en la relación que los hechos indicadores deben tener con el supuesto indicado, para que emerja la llamada prueba del indicio, en tanto no existe la conexión lógica –presupuesto sine qua non de la prueba indiciaria-, por cuanto la presentación de la dimisión por parte de la señora Sindy Mateus aconteció en la jerarquía partidista seccional, como quedó visto, al haberla presentado ante el Directorio Conservador del departamento del Magdalena, aunado a que normativamente, no se exige trámite posterior o diferente para validar la renuncia como factor exonerante de la doble militancia ciudadana.

Nótese cómo la parte recurrente busca concatenar un procedimiento posterior que normativamente no se exige para el caso de la renuncia, a fin de incidir en la legitimidad de la dimisión y en la legalidad del acto declaratorio de elección, que en últimas resulta ajeno a la inferencia lógica propios de los indicios. Menos aún pueden catalogarse de graves o necesarios, como lo indicó la apelante, por cuanto los planteamientos del recurrente no arrojan de manera inequívoca que la renuncia probada a la militancia del partido Conservador Colombiano, haya sido fraudulenta como tampoco que sea inoportuna, pues, se reitera por la documental allegada y la certificación que se arrimó al expediente, fue presentada en marzo de 2016, esto es, más de tres años antes de la inscripción de la accionada a las justas electorales de octubre de 2019, de las cuales resultó electa concejal por el partido Alianza Verde.

En contraste, la declaración de tercero recaudada judicialmente y la certificación del partido Conservador son unívocas al señalar que la renuncia data de marzo de 2016, tanto en suscripción como en presentación ante el colectivo, sin que trascienda el procedimiento o trámite de la aceptación, es decir que la dimisión a la militancia de la accionada incluso con tanta antelación, valida el rompimiento de la acusada simultaneidad política incluso desde muchos años antes de la fecha de la inscripción de la candidatura al concejo municipal Ciénaga.

Así las cosas, como la prueba sobre la cual se edifica la doble militancia política debe ser contundente respecto de todos los elementos que la configuran, entre ellos, la conducta prohibitiva y no dejar espacio a interrogantes, precisamente por tratarse de un derecho de raigambre constitucional, esto es el derecho a ser elegido, y en el presente asunto el testimonio tiene coincidencia en el punto esencial de la renuncia, como elemento enervante de la incursión en la prohibición de la doble militancia del ciudadano por simultaneidad de su militancia en el partido Conservador Colombiano (colectividad anterior) y Alianza Verde (colectividad actual), se concluye que no se configuró la causal de nulidad alegada.

En consecuencia, los argumentos de la parte recurrente no tienen la virtualidad de generar la convicción para quebrar el fallo emitido por el a quo, por lo que se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de abril de 2021 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena, negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

La demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2019. Como fue formulada contra dos concejales, el Tribunal a quo, por auto de 15 de enero de 2020, ordenó a la demandante escindir las demandas, ante la imposibilidad de acumulación. La actora cumplió con ese requerimiento mediante escrito de 20 de enero siguiente, separando para reparto la demanda contra el concejal Yesid Jaruffe Sandoval. Véase registro Samai 3, folios 103 a 118). Índice Samai 3, folio 137 y siguientes. Índice Samai 3, folios 181 a 194. Índice Samai 4, folios 20 y siguientes. Índice Samai 4, folios 30 y siguientes. Índice Samai 4, folios 135 y siguientes. Índice Samai 8, folios 1 a 30. Acontecida en período de modificación de inscripción de candidaturas como lo corrobora el E-7 CO. Véase índice Samai 3, fls. 120 y siguientes. Partido Conservador Colombiano. Índice Samai 8, página 31 y siguientes. Índice Samai 8, página 28. Sobre este punto, valga recordar que el Tribunal a quo se pronunció al declarar no probada la excepción respectiva propuesta por dicho organismo. Escrito presentado el 2 de julio de 2021. Véase índice Samai 8, página 29. Índice Samai 8, página 32. No se incluye la modificación introducida por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, por cuanto la regulación atinente a las competencias regirán un (1) año después de la publicación de la referida Ley, conforme lo dispone el régimen de transición que consagra el artículo 86 ejusdem.
“Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 8. De la nulidad del acto de elección de… miembros de corporaciones públicas de los municipios… con setenta mil (70.000) o más habitantes…”. Sobre la prohibición de la doble militancia, consultar las siguientes providencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado: sentencia del 31 de enero de 2019, Exp. 110001-03-28-000-2018-00008-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 29 de septiembre del 2016, expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia del 20 de noviembre de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-00091-00, y sentencia del 28 de septiembre de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-00057-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta sentencia 13 de enero de 2017. Rad: 11001-03-28-000-2016-00005-00. M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actor: Arturo Rafael Calderón Rivadeneira. Demandado: Francisco Fernando Ovalle Angarita - gobernador del departamento del Cesar. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales ISSN: 1405-1435 revistaconvergencia@yahoo.com.mx Universidad Autónoma del Estado de México México. Parent Jacquemin, Juan María La Libertad: Condición de los Derechos Humanos Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 7, núm. 22, mayo-agosto, 2000 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México.
¿Libertad negativa vs libertad positiva? Enrique Serrano Gómez (Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Dirección electrónica: HYPERLINK "mailto:esg@xanum.uam.mx" esg@xanum.uam.mx.).
“Artículo 3o. Registro único de partidos y movimientos políticos. El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos. Parágrafo.

Los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para el reconocimiento de personería jurídica, podrán organizarse como partidos o movimientos políticos y solicitar la correspondiente personería. La solicitud deberá ir acompañada del acta de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y programática, la lista de afiliados y la prueba de la designación de los directivos, y será presentada ante el Consejo Nacional Electoral por quien haya sido designado como representante legal del partido o movimiento así constituido. En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral ordenará su inscripción en el Registro Único a que se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas agrupaciones políticas tendrán los mismos derechos y obligaciones de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y se someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de organización y funcionamiento.”. El contenido es exacto al que se lee en el artículo 6° de la Resolución 1839 de 11 de julio de 2013 “Por la cual se establece el sistema de identificación y registro de los afiliados a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de los integrantes de los grupos significativos de ciudadanos que soliciten realizar consulta interna”. No obstante, la organización electoral ha utilizado una presunción que consiste en que la calidad de afiliado se tiene a partir de la fecha en que se realiza la solicitud de ingreso a la colectividad, solo que deja a salvo el derecho de la organización política de no aceptarla, lo cual debe acontecer en un tiempo razonable y con las mismas formalidades de la solicitud. Radicación: 20001233900020160059102. Actor: Edwin Alfredo Amaya Fuentes. Demandado: Jairo Rafael Gómez Cervantes (Diputado de la Asamblea del departamento del Cesar). M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Real Academia de la Lengua Española. Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 8 de septiembre de 2016, Exp. 2015-00361-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En palabras de Duverger, se distinguen dos tipos de adhesión, a saber: (i) la abierta que no implica ninguna otra condición o formalidad de la solicitud de ingreso y (ii) la reglamentada, que se conforma con dos actos distintos diferenciables. Por una parte la solicitud de adhesión y por otra, la decisión de admisión por quien ha sido designado para tales efectos en representación de la colectividad. Menciona también la modalidad de reglamentada con padrinazgo obligatorio, a fin de que esta persona garantice las calidades políticas y morales de quien pretende ingresar, aunque reconoce que cada vez está más en desuso. DUVERGER Maurice. Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica. Méjico. Págs. 92 y siguientes. Segunda reimpresión. 1974. Ibídem. Pág. 120. Radicado 08001-23-33-000-2019-00820-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Índice Samai 3, páginas 121 y 122. Al igual que el E-8 a folio 123. Índice Samai 3, página 155. Índice Samai 4, páginas 38 y 39. Índice Samai 4, páginas 20 y siguientes. Índice Samai 4, páginas 30 y siguientes.
“Son organismos de dirección y representación del Partido Conservador Colombiano, por orden jerárquico: (…) 2.

Del nivel regional,… b) los Directorios Departamentales y Distritales…”.
“…Una vez realizada la primera elección de los directorios departamentales… del Partido, el Presidente del Directorio Nacional delegará la representación legal y política, por mandato estatutario y sólo para los asuntos de carácter territorial, en cada uno de los Presidentes de los directorios Departamentales,…”.
“Cuando no hubiere disposición expresa en estos Estatutos, las funciones de los organismos departamentales… del Partido serán similares a las del órgano nacional correspondiente, pero aplicadas a nivel territorial”.
“Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la colectividad, facúltese a los directorios territoriales y al Directorio Nacional Conservador, dentro del ámbito de sus competencias, para generar condiciones que faciliten la reincorporación de los colombianos que profesan la ideología conservadora y que temporalmente se hubieren apartado del Partido para cumplir actividades políticas o electorales en otras agrupaciones partidistas”.

Radicado: 47001-23-33-000-2019-00808-02
Demandante: Oladys Esther Correa Suárez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co" www.consejodeestado.gov.co
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