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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00820-02

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00820-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, que declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, período 2024- 2027. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00820-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de agosto de 2025

Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Principal)
68001-23-33-000-2023-00824-00
68001-23-33-000-2023-00878-00
68001-23-33-000-2024-00040-00 (Acumulados)
Demandantes: EDWING FABIÁN DÍAZ PLATA Y OTROS
Demandado: JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ – ALCALDE DE
BUCARAMANGA 2024 - 2027

Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el demandado y el
tercero Carlos Arturo Duarte Martínez, en su calidad de impugnador, contra la
sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que declaró la nulidad de su elección como alcalde de Bucaramanga,
período 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1. Las demandas1

Los señores Juan Nicolás Gómez Herrera, Fabián Díaz Plata, Édgar Solier
Millares Escamilla y Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, en escritos
independientes formularon el medio de control de nulidad electoral contemplado
en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, contra el Formulario E-26 ALC del 5 de
noviembre de 2023, mediante el cual se declaró la elección del señor Jaime
Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, para el periodo 2024-
2027.2

1 Anotación 3 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
2 A cada una de las demandas les fueron asignados los números de radicado 68001-23-33-000-2023-00820-

00, 68001-23-33-000-2023-00824-00, 68001-23-33-000-2023-00878-00 y 68001-23-33-000-2024-00040-00,
respectivamente. En todos los escritos iniciales los demandantes solicitaron la suspensión provisional de los
efectos del acto acusado, salvo en el 2023-00820-00.

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1

Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

1.1. Expedientes 68001-23-33-000-2023-00820-02 y 68001-23-33-000-2023-
00878-00

1.1.1. Hechos

Las demandas formuladas por los señores Édgar Solier Millares Escamilla y Juan
Nicolás Gómez Herrera tienen como sustento la misma situación fáctica que se
resume a continuación:

Precisaron que el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez participó en los comicios
del año 2019, como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por el partido político
Colombia Justa Libres, pero no obtuvo la votación suficiente para ser elegido en
dicha dignidad. Con todo, sostuvieron que el demandado alcanzó el segundo
puesto lo que le otorgó el derecho personal de ocupar una curul en el Concejo
Municipal de Bucaramanga, la cual aceptó.

Destacaron que el 12 de enero de 2022, el señor Beltrán Martínez renunció al
partido Colombia Justa Libres, la cual, al parecer, fue aceptada el 3 de febrero del
mismo año. No obstante, afirmaron que el demandado solicitó nuevamente su
afiliación a la referida agrupación política, de manera que continuó en el Concejo
de Bucaramanga bajo la militancia de dicho partido hasta el 24 de julio de 2023,
fecha en la que dimitió a la curul, según se advierte de la Resolución 11298 de
2023 del Consejo Nacional Electoral.

Explicaron que al renunciar al partido que avaló su candidatura perdió el derecho
a seguir ejerciendo el cargo de concejal y, pese a ello, lo ocupó ilegalmente desde
el 3 de febrero de 2022 hasta que inscribió su candidatura a la Alcaldía de
Bucaramanga.

Mencionaron que el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez se inscribió ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para participar en el proceso electoral que
se llevaría a cabo el 29 de octubre de 2023, como candidato a la Alcaldía de
Bucaramanga por la coalición Defendamos Bucaramanga, integrada por los
partidos Colombia Justa Libres, Unión por la Gente – Partido de la U y Movimiento
de Salvación Nacional. Destacó que la postulación del demandado tuvo el aval
principal de Colombia Justa Libres y «coavales» de las organizaciones políticas
señaladas, como se puede evidenciar en los formularios E-6 y E-8.

Sin embargo, se advierte que en el asunto identificado con el número 2023-00824-00 el Tribunal
Administrativo de Santander admitió la demanda y negó la suspensión provisional de los efectos del acto
acusado, mediante auto del 16 de enero de 2024, previo a la acumulación de procesos.

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

Resaltaron que, no obstante, el demandado no renunció a su curul de concejal,
con una antelación de al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones a
los comicios del 2023, como lo prevé el último inciso del artículo 107 de la
Constitución Política. Ello si se tiene en cuenta que, aun cuando Colombia Justa
Libres formaba parte de la coalición programática Defendamos Bucaramanga,
aquella constituía una «organización política independiente, autónoma y
diferente», al amparo del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.

Destacaron que el demandado renunció en su momento a su partido anterior, pero
no a su curul como concejal.

Agregaron que el aval otorgado por Colombia Justa Libres fue espurio toda vez
que lo otorgó la junta directiva paralela disidente del partido y no su representante
legal, por lo que, de hecho, la colectividad solicitó la revocatoria de la inscripción
ante el Consejo Nacional Electoral, la cual fue negada el 27 de septiembre de
2023 y confirmada el 27 de octubre siguiente.

Precisaron que el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones de
autoridades territoriales y que, el 5 de noviembre del mismo año, la Comisión
Escrutadora Municipal declaró la elección del señor Jaime Andrés Beltrán
Martínez como alcalde de Bucaramanga, periodo 2024-2027.

1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

Adujeron que el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez, incurrió en la conducta
prohibitiva de doble militancia, en el marco del numeral 8 del artículo 275 de la
Ley 1437 de 2011, en la modalidad de inscripción como candidato para la
siguiente elección por un partido o movimiento político distinto de aquel que lo
avaló.

Argumentaron que el demandado resultó elegido y fungió como concejal del
municipio de Bucaramanga (Santander) en representación de Colombia Justa
Libres, para el periodo constitucional 2020-2023, en virtud del artículo 25 de la
Ley 1909 de 2018; sin embargo, las pruebas aportadas al expediente dan cuenta
de la aspiración del señor Beltrán Martínez y posterior declaratoria de elección a
la Alcaldía de Bucaramanga (Santander), para el periodo constitucional 2024-
2027, en representación de la coalición Defendamos Bucaramanga, integrada por
los partidos Colombia Justa Libres, Unión por la Gente – Partido de la U, y el
Movimiento de Salvación Nacional.

Afirmaron que se encuentra probada la conducta prohibitiva de doble militancia
en la modalidad de inscripción como candidato para una posterior elección, por
un partido o movimiento político distinto de aquel que le avaló en la anterior. Para
el actor, Colombia Justa Libres constituye una organización política distinta de

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

aquella que se conformó en procura de participar en el proceso electoral del 29
de octubre de 2023; es decir, de la coalición Defendamos Bucaramanga,
integrada por las agrupaciones políticas reseñadas líneas atrás.

Comentaron que, en consideración a que la coalición por la que el demandado
resultó elegido como alcalde de Bucaramanga, es distinta del partido político
Colombia Justa Libres, por el cual accedió a la curul de concejal de dicha ciudad
en el periodo inmediatamente anterior, el accionado debió renunciar a su curul
como concejal con 12 meses de antelación; ello con fundamento en el último
inciso del artículo 107 de la Constitución Política. Sin embargo, no lo hizo y, por
lo tanto, adujeron que el señor Beltrán Martínez incurrió en doble militancia.

1.2 Expediente 68001-23-33-000-2023-00824-00

1.2.1 Hechos

La demanda formulada por el señor Fabián Díaz Plata tiene como sustento la
situación fáctica que se narra a continuación:

Señaló que Jaime Andrés Beltrán Martínez adoptó la calidad de aspirante a un
cargo de elección popular, concretamente al de alcalde de Bucaramanga, el 24
de julio de 2023, con el aval del partido Colombia Justa Libres.

Indicó que dicha organización política conformó la coalición Defendamos
Bucaramanga junto con el Partido de la U y Salvación Nacional, con el fin de
apoyar la aspiración del señor Beltrán Martínez a la alcaldía de esa ciudad.

Adujo que el partido Colombia Justa Libres que avaló al demandado, inscribió una
lista de candidatos propios al Concejo Municipal de Bucaramanga en coalición
con Salvación Nacional, denominada Juntos por Bucaramanga.

Manifestó que el 24 de octubre de 2023 el aspirante por la lista del Partido de la
U al concejo, Elkin Yesid Bello Peña publicó en su perfil de la red social Instagram
un video de 41 segundos de duración en el que sostuvo: «acompañamos a
@soyjaimeandres, juntos trabajaremos por una Bucaramanga segura y próspera.
Vota este 29 de octubre, al concejo de Bucaramanga Partido de la U, número 1
#U1 porque #todossomos1».

Mencionó que en el referido video se identifica a Jaime Andrés Beltrán Martínez
en época de campaña política y, pese a ser aspirante a la Alcaldía de
Bucaramanga por el Partido Colombia Justa Libres, respaldó la candidatura de
Elkin Yesid Bello Peña al concejo de esa ciudad por el Partido de la U.

Agregó que en el video publicado en la red social Instagram el demandado dice:

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

Yo quiero pedirles un favor personal si Jaime Andrés llega pero no tengo concejal
no hice nada yo necesito que apoyen a Yesid pero lo apoyen con firmeza tienen
alguien que ustedes conocen que saben el talento pero se ha unido a una
estrategia de recuperar Bucaramanga yo les pido cuando vayan al tarjetón
busquen la U marquen el número 1 pero cuando vayan al tarjetón de la alcaldía
la dicha es que de 16 candidatos nos correspondió la casilla número 1 sencillo 01
es el ganador muchas gracias Dios los bendiga.

Sostuvo que es claro que el señor Beltrán Martínez desplegó actos positivos de
apoyo en favor de un candidato al Concejo de Bucaramanga avalado por un
partido político diferente al suyo, pese a que aquel contaba con lista propia para
esa corporación.

1.2.2 Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora consideró que con el acto acusado se desconocieron los artículos
107 de la Constitución Política; 2 de la Ley 1475 de 2011 y el numeral 8 del artículo
275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Reiteró que el sujeto activo de la prohibición de doble militancia en la modalidad
de apoyo en este caso es Jaime Andrés Bernal Martínez, como candidato a un
cargo de elección popular, concretamente a la Alcaldía de Bucaramanga; la
conducta reprochada es la de apoyar con actos positivos y concretos a través de
expresiones en un discurso en época de campaña electoral a aspirantes inscritos
por organizaciones políticas diversas a la suya, específicamente a Elkin Yesid
Bello Peña candidato al concejo de esa ciudad por el Partido de la U.

Puso de presente que la aspiración del demandado a la Alcaldía de Bucaramanga
estuvo avalada por el partido Colombia Justa Libres, organización que inscribió
su propia lista para el concejo de ese municipio en coalición con el movimiento
Salvación Nacional, por lo que el señor Bernal Martínez no estaba en libertad de
apoyar la candidatura a esa corporación de personas ajenas a la referida
colectividad.

Afirmó que el demandado defraudó la fidelidad que le debía al partido al cual
pertenece y que avaló su aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga al apoyar a un
aspirante a un cargo de elección popular de una agrupación política diferente a la
suya, pese a que su colectividad había inscrito una lista para aquel.

Destacó que Jaime Andrés Beltrán Martínez estaba obligado a respaldar a un
aspirante al Concejo Municipal de Bucaramanga inscrito en la lista de la coalición
Juntos por Bucaramanga, que estaba conformada por su partido de origen y el

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

partido Salvación Nacional, esto como consecuencia de que Colombia Justa
Libres, aunque no inscribió una lista independiente, sí lo hizo en coalición.

Concluyó que en este caso estaba prohibido al demandado brindar apoyo a un
aspirante al Concejo Municipal de Bucaramanga inscrito por el Partido de la Unión
de la Gente, Partido de la U.

1.3. Expediente 68001-23-33-000-2024-00040-00

1.3.1. Hechos

La demanda formulada por la señora Sandra Cecilia Serrano Rodríguez tiene
como sustento la situación fáctica que se narra a continuación:

Señaló que, en consideración al calendario electoral expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el 29 de junio de 2023 se dio inicio al periodo de
inscripción de los candidatos que aspiraban a los cargos de elección popular del
nivel territorial, esto es, a las gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y
distritales, y juntas administradoras locales. Los comicios se llevarían a cabo el
29 de octubre de 2023.

Destacó que el partido Colombia Justa Libres, Partido de la Unión por la Gente –
Partido de la U y el Movimiento Salvación Nacional, suscribieron en virtud del
artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, una coalición programática a la que
denominaron Defendamos Bucaramanga. La finalidad de dicho acuerdo político
era apoyar la candidatura del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez a la Alcaldía
de Bucaramanga, periodo 2024-2027.

Afirmó que el 12 de julio de 2023, Colombia Justa Libres otorgó aval al señor
Jaime Andrés Beltrán Martínez. Así mismo, fue coavalado por el Partido de la
Unión por la Gente — Partido de la U y, en la oportunidad prevista para ello, se
inscribió la candidatura del demandado a la referida alcaldía, por la coalición
Defendamos Bucaramanga.

Resaltó que el partido político Colombia Justa Libres, el cual respaldó la
postulación del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez, inscribió una lista de
candidatos al Concejo Municipal de Bucaramanga (Santander), para las
elecciones territoriales 2023, en coalición con el partido político Salvación
Nacional a la cual denominaron Juntos Por Bucaramanga. La referida lista se
encontraba conformada por: i) Tito Alberto Rangel Arias, ii) Aleicer Castro
Jiménez, iii) Rafael Mauricio Mendoza Estévez y, iv) Carlos Eduardo Remolina
Pulido.

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Destacó que, en la publicación del 23 de octubre de 2023, en un perfil de la red
social Instagram, se observa que el aspirante a la alcaldía Jaime Andrés Beltrán
Martínez apoyó al candidato al Concejo de Bucaramanga, Carlos Augusto Mateus
Rojas, por el Partido Conservador. Al pie de la foto publicada se señala «qué
alegría Carlos contar contigo y con este equipo tan importante, Copetran es
insignia para nuestra región y lo que vamos a construir es región; sacar adelante
a Bucaramanga con seguridad, con oportunidad, pero sobre todo con cultura.
Jaime Andrés Beltrán Alcaldía de Bucaramanga».

Mencionó que, adicionalmente, en un video (que aporta al expediente) se advierte
que el demandado apoyó al candidato Carlos Augusto Mateus Rojas del Partido
Conservador, al señalar expresamente: «Votar por Jaime Andrés es votar por la
seguridad, votar por Óscar es votar porque esta ciudad avance, votar por Óscar
es votar para que esta ciudad tenga un desarrollo».

Anotó que, por otro lado, en la publicación del 30 de agosto de 2023, del perfil de
la red social Instagram del concejal electo Elkin Yesid Bello, por el Partido de la
U, se evidencia un video en el que se observa cuando el entonces aspirante a la
alcaldía, Jaime Andrés Beltrán Martínez, señala: «Yo quiero pedirles un favor si
Jaime Andrés llega, pero no tengo concejal no hice nada; yo necesito que me
apoyen a Yesid pero lo apoyen con firmeza, tenemos 480 candidatos al concejo,
por todos lados hay candidatos pero acá tienen alguien que ustedes conocen, que
saben el talento pero se ha unido a una estrategia para recuperar Bucaramanga;
yo les pido cuando vayan a votar en el tarjetón busquen la U marquen el número
U-1, pero cuando vayan al tarjetón de la alcaldía la dicha es que de 16 candidatos
nos correspondió la casilla No. 1 sencillo el uno es el ganador(…)».

Advirtió que el video en comento fue retirado del perfil de Instagram en cuestión;
sin embargo, sostuvo que aquel fue descargado con anterioridad y se aportó con
la demanda.

Mencionó que igualmente, en la publicación del día 24 de octubre de 2023, del
perfil de Instagram del concejal electo Elkin Yesid Bello por el Partido de la U, se
agregó otro video en el que, el entonces aspirante a la alcaldía Jaime Andrés
Beltrán Martínez sostuvo: «yo necesito que me apoyen a Yesid pero que lo
apoyen con firmeza tienen a alguien que ustedes conocen que saben el talento
pero se ha unido a una estrategia de recuperar a Bucaramanga, yo les pido
cuando vayan al tarjetón busquen la U marquen el número U-1, pero cuando
vayan al tarjetón de la Alcaldía la dicha es que de 16 candidatos nos correspondió
la casilla No. 1 sencillo el uno es el ganador (…)».

Agregó que, en otro video publicado el 1° de septiembre de 2023, en el perfil de
Instagram de la candidata al Concejo de Bucaramanga por el Partido de la U,
Vilma Cadena, se observa cómo el señor Jaime Andrés Beltrán aspirante a la

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Alcaldía de Bucaramanga, le brindó apoyo a dicha postulante al concejo. Indicó
que esa prueba fue descargada y aportada al proceso.

Mencionó que, además, en la red social Instagram, en el perfil del candidato Juan
Pablo Piñeros, quien aspiraba al Concejo de Bucaramanga por el Partido de la U,
se publicó un video el 24 de octubre de 2023, en el cual el demandado indicó:
«hoy tengo el privilegio de presentarle a un candidato al concejo que tiene
liderazgo carácter que tiene determinación, pero lo van a encontrar en el tarjetón
como U-9, recuerden este 29 de octubre, si queremos entre todos recuperar a
Bucaramanga (…)».

Destacó que, en la misma red social del señor Juan Pablo Piñeros, se advierten
otras publicaciones del 21 de octubre y 23 de septiembre de 2023, en las que se
expresa una manifestación de apoyo por parte del demandado e invita a votar a
la ciudadanía por dicho candidato.

Sostuvo que, respecto de la candidata al concejo municipal, Rosa Mabel Román
Romero, quien aspiraba por el Partido de la U, también hubo manifestaciones de
apoyo. En efecto, señaló que el 16 de octubre de 2023, en el perfil de dicha
candidata de la red social Instagram, se evidenció un video en el que el
demandado señaló: «cuando vayan a votar por Mabel buscar el partido U le ponen
una x y el número 6, así se vota por Mabel (…)». Lo propio sucedió el 8 de octubre
del mismo año, en el perfil de dicha red social, en el que hizo expreso su apoyo a
la candidata Román Romero.

Resaltó que, igualmente, el 8 de septiembre de 2023 el demandado apoyó al
candidato al Concejo de Bucaramanga, Juan Sebastián Gómez Aguilar, quien
aspiraba a dicha corporación por el Partido de la U, lo cual consta en una
publicación efectuada en la red social Instagram del referido candidato al concejo
municipal.

Indicó que, asimismo, el señor Beltrán Martínez apoyó la candidatura de Edisson
Ferney López al Concejo de Bucaramanga, quien militaba para el partido Centro
Democrático. Así lo demuestra una publicación del 19 de octubre de 2023 en la
red social Instagram, en el perfil del señor López, en un video en el que se
escucha al demandado decir: «Que estamos acá en la comuna 14 con nuestro
concejal Edisson caminando, hablándole a los bumangueses que esta ciudad la
vamos a recuperar con autoridad, con mano dura, con carácter. Centro
Democrático lo conocen y lo saben número 2, muy fácil y de esta manera juntos
vamos a recuperar a Bucaramanga (…)». Igualmente, mediante publicación del
26 de octubre siguiente se puede advertir nuevamente, en la misma red social, el
apoyo del señor Beltrán Martínez al candidato Edisson López al concejo
municipal.

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Concluyó que, el 5 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora Municipal
declaró la elección del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de
Bucaramanga, periodo 2024-2027.

1.3.2. Normas violadas y concepto de la violación

Argumentó que el acto de elección demandado está viciado de nulidad, por
desconocimiento de los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475
de 2011 y con fundamento en la causal del numeral 8 del artículo 275 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Indicó que el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez en su condición de candidato
a la Alcaldía de Bucaramanga, por la coalición Defendamos Bucaramanga,
incurrió en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo, al haber
respaldado candidaturas ajenas al partido al que se encuentra afiliado, esto es,
Colombia Justa Libres. Sobre todo, cuando esta última agrupación política
inscribió, en asociación con otras colectividades, su propia lista de candidatos al
concejo municipal; de manera que, era un deber del demandado apoyar a los
aspirantes de su partido a dicha corporación.

Enfatizó que, si bien algunos de los videos que soportan las manifestaciones de
apoyo del demandado a otros candidatos de partidos distintos al suyo, se
eliminaron de la red social Instagram, aquellos fueron descargados y aportados
con la demanda.

Agregó que, aun cuando ciertos aspirantes que apoyó el señor Beltrán Martínez
militaban para el Partido de la U, el cual integró la coalición que lo respaldó para
la Alcaldía de Bucaramanga, no puede dejarse de lado que el demandado militaba
para Colombia Justa Libres, el cual inscribió y avaló candidatos al concejo
municipal, por lo que era su deber apoyar la lista que respaldaba su partido a
través de la coalición.

2. Contestación de las demandas

2.1. Expedientes 68001-23-33-000-2023-00820-02 y 68001-23-33-000-2023-
00878-00

2.1.1 Demandado

A través de apoderado, contestó la demanda en los siguientes términos:

Señaló que el deber de permanencia en el partido que inscribió al candidato
mientras ostenta la investidura o el cargo es un tema de régimen de bancadas sin
que la Constitución Política ni la ley consagren como consecuencia de la renuncia

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

a una agrupación política la separación del cargo de elección popular, ni siquiera
cuando se es expulsado de la organización política como sanción por infracción
a dicho régimen.

Indicó que en el ordenamiento jurídico se establece claramente que el cargo de
elección popular únicamente se pierde por muerte o incapacidad absoluta, por la
declaratoria de nulidad electoral, por renuncia a la curul, por sanción disciplinaria
de destitución y por pérdida de investidura.

Expuso que la coalición Defendemos Bucaramanga no es una organización
política diferente al partido Colombia Justa Libres.

Agregó que su filiación política no ha cambiado desde 2019, por lo que no debía
renunciar a su curul, toda vez que no hubo trasfuguismo político ni cambio de
partido, como erróneamente lo interpretan los demandantes.

Reiteró que no tenía obligación de renunciar a su curul como concejal 12 meses
antes de su inscripción como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, por cuanto
la coalición Defendemos Bucaramanga está integrada por el partido Colombia
Justa Libres al que ha pertenecido desde 2019.

Manifestó que la postura de los demandantes resulta errónea respecto de la
obligatoriedad de renunciar a la curul cuando se dimite al partido mientras ostenta
la investidura o cargo y la figura de la coalición en el ordenamiento jurídico
colombiano.

Explicó que la prohibición de doble militancia lo que busca es evitar la pertenencia
simultánea a dos o más agrupaciones políticas y en el caso específico expuesto
en las demandas, que durante su ejercicio el corporado se inscriba por una
colectividad diferente a la que lo avaló para participar en los comicios que lo
llevaron a obtener su curul.

Insistió en que la dimisión a una colectividad política no implica la renuncia a la
curul de que se trate, tal como lo ha sostenido la Sección Quinta del Consejo de
Estado en sentencia del 4 de mayo de 2023 dentro del radicado 11001-03-28-
000-2022-00193-00 con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.

Expuso que la permanencia o no de un miembro de una corporación pública en
el mismo partido que lo inscribió es una cuestión que en ningún caso constituye
causal de pérdida de la curul.

Adujo que no ejerció su curul en el Concejo de Bucaramanga de manera ilegal,
pues la renuncia al partido, como una de las formas de separación o
desvinculación de una agrupación política, no implica la pérdida de la curul ni la

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

obligatoriedad de renunciar a aquella.

Agregó que el deber de permanencia en el partido que inscribió a un candidato
mientras este ocupa una curul, no es una causal de nulidad de la elección sino de
disciplina de los partidos.

Señaló que el hecho de separarse de la colectividad que inscribió a un miembro
electo de una corporación pública no genera como consecuencia la obligación de
renunciar a la curul ni afecta el acto de elección, salvo que decida presentarse por
un partido diferente a la siguiente elección, lo cual no ocurrió en el caso concreto,
toda vez que el demandado siempre ha pertenecido a Colombia Justa Libres
desde que fue inscrito como concejal en 2019.

Destacó que la coalición Defendemos Bucaramanga por la cual se inscribió la
candidatura del demandado a la alcaldía de esa ciudad en 2023 está conformada,
entre otros, por Colombia Justa Libres, que de hecho fue la agrupación que otorgó
el aval principal a su aspiración, razón por la cual, es claro que no existió el cambio
de partido alegado por los actores.

Recordó que, independientemente de la figura de la coalición, los candidatos a
cargos de elección popular son inscritos y tienen una filiación política
determinada, para el caso concreto, al partido Colombia Justa Libres.

Concluyó que no tenía la obligación de renunciar a su curul como concejal 12
meses antes de la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga
toda vez que no cambió de partido político, pues su aspiración a esta última fue
avalada por la misma agrupación con la cual obtuvo la curul de concejal en el
período constitucional anterior.

2.1.2 Registraduría Nacional del Estado Civil

Por conducto de apoderada solicitó que se declare la prosperidad de la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva3, por cuanto dentro de sus
funciones constitucionales y legales no existe ninguna relacionada con el objeto
de la presente controversia judicial.

2.1.3. Consejo Nacional Electoral

A través de apoderada, manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda
toda vez que, en su criterio no se configura la causal de nulidad electoral
endilgada en las demandas.

3 La cual fue resuelta favorablemente a la entidad en sentencia del 12 de diciembre de 2024.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de
la entidad4.

Puso de presente que ese organismo conoció de una solicitud de revocatoria de
la inscripción de la candidatura de Jaime Andrés Beltrán Martínez la cual negó al
no encontrar acreditados los fundamentos fácticos y jurídicos invocados como
sustento de aquella.

2.2. Expediente 68001-23-33-000-2023-00824-00

2.2.1. Demandado

Por conducto de apoderado judicial, Jaime Andrés Beltrán Martínez contestó la
demanda en los siguientes términos:

Precisó que su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga fue inscrita por la
coalición Defendamos Bucaramanga, conformada por Colombia Justa Libres –
como avalador-, Partido de la Unión por la Gente y el Movimiento Salvación
Nacional.

Sostuvo que no apoyó candidatos distintos a los de su organización política ni
asociación de organizaciones, ni hay material probatorio que demuestre lo
contrario.

Destacó que no obra en el expediente ninguna prueba de que haya desplegado
algún acto positivo dirigido a apoyar la aspiración de candidatos inscritos por
organizaciones políticas diferentes a la suya.

Adujo que el actor no cumplió con la carga de demostrar la filiación política de
Elkin Yesid Bello Peña ni su calidad de candidato en las elecciones celebradas
en octubre de 2023; tampoco probó que el partido Colombia Justa Libres haya
avalado o inscrito candidatos al Concejo de Bucaramanga.

Manifestó que, aunque aportó el formulario E-8CO de la coalición Juntos por
Bucaramanga en dicho documento no se evidencia qué organizaciones políticas
la integraron.

Mencionó que de la fotografía supuestamente descargada de la red social
Instagram que da cuenta de una publicación realizada desde una cuenta ajena a
la suya y que aparentemente refleja su presencia, no permite afirmar que haya
desplegado algún acto de apoyo en pro de un candidato diferente al de su
colectividad política.

4 La cual fue resuelta desfavorablemente a la entidad en sentencia del 12 de diciembre de 2024.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

Recordó que la asistencia simultánea de diversos aspirantes a cargos de elección
popular a una misma reunión política no es suficiente para demostrar actos de
doble militancia.

Puso de presente que el enlace de la red social Instagram suministrado con la
demanda no puede consultarse, razón por la cual no cumple con los requisitos de
la Ley 527 de 1999.

Afirmó que, respecto del video supuestamente descargado de esa red social
aportado por el actor, no puede afirmarse que no haya sufrido alteración, toda vez
que ese documento no es el original y, además, no hay forma de acceder a su
fuente.

Reiteró que frente a las pruebas aportadas con la demanda no hay certeza de su
autoría, originalidad e inalterabilidad necesarias para poderles dar algún valor en
un proceso judicial.

Recordó que las publicaciones en redes sociales impresas en papel deben ser
valoradas de conformidad con las reglas generales de los documentos y la sana
crítica y, además, que su fuerza probatoria depende de la confiabilidad, esto es,
la autenticidad y veracidad de la prueba.

Señaló que, no obstante, ello no se acreditó por la parte actora, toda vez que
insistió en que no hay certeza de la autoría del documento ni que este
corresponda a la verdad de la representación del supuesto de hecho allí
expresado.

Indicó que la falta de los requisitos legales del material probatorio allegado al
proceso sumado al hecho de que se desconocen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se generaron, repercuten en el elemento temporal de la
causal de doble militancia invocada en la demanda.

Insistió en que no se probó que hubiese desplegado algún acto positivo y concreto
de apoyo que aflorara de bulto durante la campaña electoral, es decir, entre su
inscripción como candidato y su elección como alcalde de Bucaramanga.

Tachó de falso el video aportado como prueba por el actor, por cuanto, según
afirmó, tiene transiciones, cambios en la velocidad de reproducción e inserción de
sonidos y palabras subtituladas; además, porque la captura tomada de la red
social Instagram resulta borrosa.

Concluyó que no hay vicio alguno que afecte la elección demandada, razón por
la cual deben negarse las pretensiones de la demanda.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
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2.2.2 Registraduría Nacional del Estado Civil

A través de apoderada, solicitó que se declarara probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva a favor de esa entidad5.

Recordó que la Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad ajena a las
pretensiones de la demanda por lo que no puede emitir un pronunciamiento
sustancial al respecto.

2.3. Expediente 68001-23-33-000-2024-00040-00

2.3.1. Demandado

A través de apoderado, contestó la demanda en los siguientes términos:

Negó que hubiese apoyado candidatos distintos a los de su colectividad política
para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

Adujo que no apoyó a ninguno de los aspirantes al Concejo de Bucaramanga
relacionados por la actora, a saber: Edisson Ferney López inscrito por el Centro
Democrático; Carlos Augusto Mateus Rojas del Partido Conservador Colombiano;
Óscar Díaz Layton de esa misma colectividad; Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena,
Rosa Mabel Román Romero y Juan Sebastián Gómez Aguilar del Partido de la U.

Destacó que no obra en el expediente ninguna prueba de que haya desplegado
algún acto positivo dirigido a apoyar la aspiración de candidatos inscritos por
organizaciones políticas diferentes a la suya.

Adujo que la actora no cumplió con la carga de demostrar la filiación política de
cada uno de los ciudadanos mencionados como candidatos al Concejo de
Bucaramanga ni su calidad de tales en las elecciones celebradas en octubre de
2023; tampoco probó que el partido Colombia Justa Libres haya avalado o
inscritos aspirantes para esa corporación pública.

Mencionó que de los videos supuestamente descargados de la red social
Instagram que dan cuenta de publicaciones realizadas desde cuentas ajenas a la
suya y que aparentemente reflejan su presencia en eventos políticos, no permiten
afirmar que haya desplegado algún acto de apoyo en pro de un candidato
diferente al de su colectividad política.

Recordó que la asistencia simultánea de diversos aspirantes a cargos de elección

5 La cual fue resuelta favorablemente a la entidad en sentencia del 12 de diciembre de 2024.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

popular a una misma reunión política no es suficiente para demostrar actos de
doble militancia.

Reiteró los demás argumentos expuestos en el escrito de contestación de
demanda presentado dentro del radicado 68001-23-33-000-2023-00824-00
anteriormente referenciado.

2.3.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

Solicitó que se declara la excepción de falta de legitimación por pasiva 6 a favor
de esa entidad en atención a que desarrolla una labor meramente logística en las
elecciones por voto popular, razón por la cual no puede emitir pronunciamiento
alguno respecto del fondo de la controversia planteada.

3. Terceros

3.1. Mauricio Gómez Niño

Reiteró los hechos y argumentos esgrimidos por el demandante en el expediente
68001-23-33-000-2023-00824-00.

Agregó que en el video publicado el 19 de octubre de 2023 en el perfil de la red
social Facebook «Lo que pasa en Bucaramanga y en Colombia» es posible
identificar al demandado apoyando políticamente al señor Fabián Pradilla,
aspirante al Concejo de Bucaramanga por el Partido de la U.

3.2. José Gualdrón Guerrero y Carlos Augusto González Duarte

Manifestaron su intención de coadyuvar las pretensiones de la demanda
correspondiente al radicado 68001-23-33-000-2023-00820-00.

3.3. Édgar Solier Millares Escamilla7

Puso de presente su intención de coadyuvar las pretensiones de las demandas
presentadas en contra de la elección del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez
como alcalde de Bucaramanga, período 2024-2027.

Sostuvo que la tacha presentada por el apoderado del demandado respecto de
las pruebas aportadas por los actores no tiene fundamento y, por ende, no debe
prosperar.

6 La cual fue resuelta favorablemente a la entidad en sentencia del 12 de diciembre de 2024.
7 Quien a su vez tiene la calidad de demandante dentro del radicado 6800-23-33-000-2023-00878-00.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

3.4. Carlos Arturo Duarte Martínez y José Augusto Tamara Garrido

Intervinieron en los radicados 68001-23-33-000-2023-00820-00 y 68001-23-33-
000-2024-00040-00 con el fin de respaldar la postura del demandado en estos
procesos.

4. Actuaciones relevantes de primera instancia

En el proceso con radicado 68001-23-33-000-2023-00820-00 se inadmitió la
demanda a través de auto del 6 de diciembre de 2023, una vez subsanada, fue
admitida mediante proveído del 12 de diciembre siguiente.

La parte actora presentó reforma de la demanda en el sentido de adicionar
pruebas la cual fue admitida el 29 de enero de 2024.

En el proceso identificado con el número 68001-23-33-2023-00824-00 a través de
auto del 7 de diciembre de 2023 se ordenó correr traslado de la solicitud de
medida cautelar presentada por la parte actora. El 15 de enero de 2024 se admitió
la demanda y se negó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.

En el radicado 68001-23-33-2023-00878-00 la demanda fue admitida el 12 de
enero de 2024. A través de auto de la misma fecha, se corrió traslado de la
solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora.

En el proceso 68001-23-33-2024-00040-00 el 16 de enero de 2024 se admitió la
demanda y en esa misma fecha, mediante auto separado se ordenó correr
traslado de la solicitud de medida cautelar radicada con la demanda.

A través de auto del 23 de febrero de 2024 dentro del radicado 68001-23-33-000-
2023-00820-00 se dispuso la acumulación de los 4 expedientes referenciados y
se ordenó el sorteo de magistrado ponente.

La diligencia de sorteo tuvo lugar el 28 de febrero siguiente y se designó como
ponente a la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes.

Una vez revisado el trámite se advirtió que en los radicados 68001-23-33-000-
2023-00878-00 y 68001-23-33-000-2024-00040-00 se admitieron la demandas,
pero no se resolvieron las medidas cautelares de suspensión provisional, por lo
que a través de auto del 12 de marzo de 2024 aquellas fueron negadas.

La parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra
dicha decisión, los cuales fueron resueltos a través de providencias del 11 de abril
de 2024, en el sentido de rechazar por improcedente la reposición y el de
apelación el 9 de mayo siguiente por parte de la Sección Quinta del Consejo de

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Estado en el sentido de confirmar la providencia recurrida.

El 7 de mayo de 2024 se dispuso dar trámite de sentencia anticipada al presente
asunto; contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición el cual fue
resuelto favorablemente al recurrente el 2 de agosto siguiente.

En consecuencia, el 5 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual
se fijó el litigio en los siguientes términos:

En el proceso con radicado No. 2023-00820-00 que es similar al proceso al
proceso 2023- 00878-00 (…) debe determinar el Tribunal, ¿Si hay lugar a
declarar nulidad del formulario E26 del 05 de noviembre de 2023, mediante el (sic)
cual Comisión Escrutadora Municipal de Bucaramanga declaró la elección del
señor Jaime Andrés Beltrán Martínez, como alcalde del municipio de
Bucaramanga para el periodo constitucional 2024-2027, por estar presuntamente
inmerso en las causales de nulidad electoral de inhabilidad (sic) y doble militancia
(Art.275 del CPACA, numerales 5 y 8) y también las previsiones del artículo 107
de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 1475 de
2011, es decir, en la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un
partido o movimiento político, e incumplir la imposición de renunciar a la curul, al
menos 12 meses antes del primer día de inscripciones, dirigida a quien siendo
miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección
por un partido distinto de conformidad, como se alega en la demanda? O si, por
el contrario, esto no ocurre como lo dice la parte demandada. Esto será objeto del
debate probatorio.

En el proceso con radicado No. 2023-00824-00 el Tribunal tendrá que
determinar si ¿Se debe declarar la nulidad del acto administrativo demandado por
estar inmerso el demandado en la causal de nulidad electoral de doble militancia
política (Arts.275.8 del CPACA y 2.2 de la Ley 1475 de 2011) teniendo en cuenta
que presuntamente apoyó con actos positivos y concretos en medio de su
discurso en campaña política a la alcaldía del municipio de Bucaramanga, al
aspirante por el concejo municipal de Bucaramanga por la lista del Partido de la
Unión de la Gente «U» Elkin Yesid Bello Peña, pese encontrarse obligado a
apoyar a los aspirantes al concejo municipal de Bucaramanga inscritos en la lista
de la coalición que suscribió el partido Colombia Justas Libres, coalición que se
denominó «JUNTOS POR BUCARAMANGA», y que estaba conformada por su
partido de origen y el Partido Salvación Nacional, esto en consecuencia de que el
Partido Colombia Justa Libres aunque no inscribió una lista independiente, sí lo
hizo en coalición únicamente con el Partido Salvación Nacional.? En
concordancia, el Tribunal deberá determinar si entonces el alcalde electo incurrió
en estas causales en contravía de lo dispuesto en los artículos 107 de la
Constitución Política, 2 de la Ley 1475 de 2011 al igual el 275.8 de la Ley 1437 de
2011. O si, por el contrario, esto no ocurre como lo dice la parte demandada. Esto
será objeto del debate probatorio.

En el proceso con radicado No. 2023-00878-00 la causal es la misma del
proceso con radicado No. 2023-00820-00, esto es si está incurso en la causal de
nulidad del artículo 107 de la Constitución Política y el numeral 2º de la Ley 1475
de 2011.

En el proceso con radicado No. 2024-00040-00 el Tribunal deberá determinar
si, ¿El demandado se encuentra incurso en la causal de doble militancia política

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por cuanto presuntamente apoyó con actos positivos y concretos en medio su
campaña electoral a los siguientes candidatos al concejo del municipio de
Bucaramanga: Candidatos del partido Conservador Carlos Augusto Mateus Rojas
y Óscar Díaz Layton, del partido de la U Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Juan
Pablo Piñero, Rosa Mabel Román Romero y Juan Sebastián Gómez Aguilar y del
partido Centro Democrático Edisson López.? O si por el contrario como lo dice la
parte demandada no se prueba el apoyo que se está alegando en la demanda.

Además, se decretaron las pruebas oportunamente aportadas y solicitadas por
las partes y se negaron aquellas que no cumplieron los requisitos legales de
pertinencia, conducencia y utilidad.

Los días 22, 24 y 25 de octubre de 2024 tuvo lugar la audiencia de pruebas en la
cual se practicaron aquellas decretadas en la audiencia inicial.

5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, a través de sentencia del 12 de diciembre
de 2024, declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como
alcalde de Bucaramanga, período 2024-2027; además, encontró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y negó la propuesta por el Consejo
Nacional Electoral; asimismo, rechazó la tacha de falsedad presentada por el
demandado respecto de los videos aportados como pruebas por los demandantes
y negó las pretensiones de los radicados 68001-23-33-000-2023-00820-00 y
68001-23-33-000-2023-00878-00.

Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:

Señaló que el demandado no perdió el derecho a ejercer sus funciones como
concejal de Bucaramanga ni desempeñó de manera ilegal dicha dignidad, toda
vez que la renuncia al partido no conlleva la pérdida de la curul ni la obligación de
separarse de aquella.

Indicó que para la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga
debía demostrar su pertenencia a alguno de los partidos que integraban la
coalición que lo respaldó, para el caso Colombia Justa Libres, por lo tanto, al ser
esa colectividad la misma a la que perteneció el señor Beltrán Martínez desde
2019, no se configura la modalidad de doble militancia invocada en los radicados
68001-23-33-000-2023-00820-00 y 68001-23-33-000-2023-00878-00.

Adujo que es evidente que los accionantes confunden la obligación que prevé el
último inciso del artículo 107 de la Constitución Política, y el inciso 2º del artículo
2º de la Ley 1475 de 2011.

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Explicó que es un hecho cierto y aceptado por todas las partes que el demandado
fue concejal de Bucaramanga por el partido Colombia Justa Libres, periodo 2020-
2023, en ejercicio del derecho que le otorgó haber obtenido la segunda votación
más alta para la dignidad de alcalde de ese municipio en dichas elecciones. Así
lo demuestra el formulario E-26 CON del 27 de octubre de 2019.

Además, que, para los comicios del 2023, Jaime Andrés Beltrán Martínez decidió
postularse nuevamente a la Alcaldía de Bucaramanga, periodo constitucional
2024- 2027, por la coalición «Defendamos Bucaramanga» la cual estaba
conformada por los partidos Colombia Justa Libres, Partido de la U y el
movimiento Salvación Nacional.

Sostuvo que el demandado obtuvo el aval principal para su candidatura por el
partido para el cual militaba, esto es, Colombia Justa Libres; las otras dos
agrupaciones políticas que conformaban la coalición lo «coavalaron». Luego, no
se advierte la irregularidad o desconocimiento de la prohibición de doble militancia
invocada por los actores.

Expuso que la coalición que integró Colombia Justa Libres con el Partido de la U
y el Movimiento de Salvación Nacional, para respaldar la candidatura a la alcaldía
de Jaime Andrés Beltrán Martínez, no constituye un nuevo partido político y, por
ende, no se puede afirmar que se desconoció el último inciso del artículo 107
constitucional y el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.

Destacó que la norma superior precisa claramente la obligación de renunciar a
una curul en una corporación pública, 12 meses antes del primer día de
inscripciones, cuando se pretenda presentarse a la siguiente elección por un
partido distinto, por lo tanto, como en este caso el partido fue el mismo, no se
reúnen los presupuestos de la prohibición.

Mencionó que el demandado fue avalado por el mismo partido por el cual militaba
cuando era concejal para el periodo 2020-2023 (Colombia Justa Libres), pues si
bien, el 3 de febrero de 2022 le fue aceptada la renuncia en calidad de militante
del partido, tal como como lo certificó la Dirección de Vigilancia e Inspección
Electoral del Consejo Nacional Electoral se afilió nuevamente a dicho partido
político el 27 de marzo de 2023; afiliación que actualmente se encuentra vigente.

Señaló que el aval otorgado al demandado para participar en las elecciones
territoriales a realizarse el 29 de octubre de 2023 fue otorgado por la señora Flor
Angélica Rueda Rozo quien para la fecha era la representante legal del partido
político Colombia Justa Libres. En virtud de lo anterior, se encuentra probado que
independiente de las divisiones internas de dicha agrupación política no hubo falta
de competencia de la persona que en su momento le otorgó el aval al demandado,
pues para entonces el CNE no había autorizado cambio alguno en la designación

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en la representación legal de dicho partido.

Indicó que no se encuentra irregularidad en el otorgamiento del aval, pues de la
motivación del acto se extrae que se cumplieron con las solicitudes,
procedimientos, agotamiento de organismos y demás requerimientos estatutarios
y legales para el otorgamiento de aquel al candidato a la alcaldía de
Bucaramanga.

Sostuvo que no había lugar a declarar probada la tacha de falsedad formulada
por la parte demandada en los procesos con radicados 68001-23-33-000-2023-
00820-00, 68001-23-33-000-2023-00824-00 y 68001-23-33-000-2024-00040-00.

Adujo que las cuestiones relativas a la procedencia de los documentos o quién
los elaboró, no son necesarias para valorar su contenido, por ende, para aducir
su falsedad, debe acreditarse que la reproducción de voz o de la imagen
registrada en ellos fue modificada o alterada.

Manifestó que en este caso no se probó que la persona que aparece en los videos
aportados por los demandantes no sea el demandado; tampoco que él no hubiera
estado en los sitios en los que aparece en dichos documentos ni que las
reproducciones mecánicas de voz no sean de él.

Expuso que, según lo manifestado por los peritos, es claro que una grabación
puede ser objeto de manipulación o edición cuando se incluyen logos o
anotaciones al margen e incluso cuando se ponen subtítulos para entender lo que
el orador dice, o cuando se introduce publicidad visual o auditiva, sin que ello
conlleve a la falsedad del contenido del video de que se trate.

Afirmó que ninguna de las pruebas tachadas de falsas tuvo un cuestionamiento
diferente a ediciones publicitarias, por tanto, no hubo controversia y mucho menos
se demostró que en los videos y fotografías aportadas con las demandas no
apareciera el demandado o que hubiese sido modificado su dicho, razón
suficiente para negar la prosperidad de la tacha y, en consecuencia, tener como
plenas pruebas dichos documentos.

Arguyó que está demostrado en el proceso que el demandado, avalado en su
candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga por el partido Colombia Justa Libres,
agrupación política que a su vez inscribió una lista de candidatos propios al
Concejo de Bucaramanga en coalición con el Movimiento Salvación Nacional,
apoyó aspirantes a esa corporación de colectividades políticas diversas a la suya.

Aseveró que se demostró que Jaime Andrés Beltrán Martínez realizó actos
concretos e inequívocos de respaldo a campañas al Concejo de Bucaramanga
diferentes a las de Colombia Justa Libres, con el propósito de persuadir al

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

electorado para obtener votos a favor de estos. Además, que dichos actos
tuvieron lugar entre la fecha de inscripción de candidaturas, 27 de julio de 2023 y
la fecha de las elecciones, el 29 de octubre de ese mismo año.

Analizó cada uno de los elementos de la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo en el caso concreto, así:

Frente al elemento subjetivo adujo que está demostrado con los formularios E-
6AL y E-8AL que obran en el expediente que Jaime Andrés Beltrán Martínez fue
inscrito el 24 de julio de 2023 como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por
la coalición Defendamos Bucaramanga, conformada por Colombia Justa Libres
(que lo avaló), el Partido de la U y el Movimiento Salvación Nacional.

Respecto del elemento modal, sostuvo que el demandado estaba obligado a
apoyar a los candidatos al Concejo de Bucaramanga del partido Colombia Justa
Libres en la coalición que este suscribió con el Movimiento Salvación Nacional.

Destacó que según lo estableció el Consejo de Estado en auto del 9 de mayo de
2024 a través del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto
de pruebas dictado en los procesos acumulados de la referencia, el formulario E8-
CO constituye una prueba idónea para comprobar que el partido Colombia Justa
Libres en el que milita el demandado, inscribió una lista de candidatos al Concejo
de Bucaramanga y, por tanto, debía respaldar a los integrantes de aquella y no a
otros.

Explicó que el referido formulario obra en el expediente y, por tanto, está
demostrado que la coalición política Juntos por Bucaramanga, conformada por el
partido Colombia Justa Libres y Salvación Nacional presentaron una lista de
candidatos a la corporación pública Concejo Municipal de Bucaramanga, por lo
que la obligación del demandado de apoyar a los integrantes de esa lista era
inquebrantable.

Expuso que en el formulario E8-CO, allegado al plenario puede constatarse con
claridad que, en el certamen electoral del 29 de octubre de 2023, el partido
Colombia Justa Libres bajo la figura de la coalición con el Movimiento de
Salvación Nacional, identificado al interior de los registros de la autoridad electoral
con el «código de partido No. 14», inscribió a los candidatos Tito Alberto Rangel
Arias; Isidora Galvis Mier y Aleicer Castro Jiménez, en los puestos 1, 17 y 18
respectivamente, en tanto que Salvación Nacional, identificado al interior de los
registros de la autoridad electoral con el «código de partido No. 20», inscribió a
los candidatos, Rafael Mauricio Mendoza Estévez, Eliseo Duarte Ladino, Alcira
Galván, Gerardo Aurelio Murillo Ardila, Gabriel Peñaloza, José Rómulo Tarazona
Carrillo, Carlos Alberto Niño Campos, Janneth Cecilia García Lozano, Hernando
Giovanny Parada Bueno, José Obdulio Morales García, Martha Eugenia Delgado

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Espinosa, Yaneth Galeano Padilla, Juvenal David Barón Cárdenas, Gloria Elsa
Pulido Prieto, Óscar Leonel González Peña y Carlos Eduardo Remolina Pulido,
en las restantes posiciones dentro de la estructuración de aspirantes al proceso
electoral.

Señaló que, lo anterior resulta suficiente para desestimar el argumento del
demandado y el tercero Duarte Martínez según el cual, si no se aporta el
formulario de inscripción, debe tenerse por no probado el elemento modal, pues
tal y como lo ordena el artículo 164 del Código General del Proceso, las pruebas
deben ser valoradas con apego al sistema de la sana crítica o persuasión racional
de las mismas, valga decir, con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la
experiencia, en su conjunto, atendiendo al principio de la comunidad o adquisición
de la misma.

Frente a los elementos objetivo, temporal y territorial, indicó que las personas a
las que se acusa al demandado de apoyar efectivamente fueron candidatos al
Concejo de Bucaramanga en las elecciones del 29 de octubre de 2023, según se
puede constatar en el respectivo formulario E-26 así: i) Partido Conservador
Colombiano y Mira, Óscar Javier Díaz Layton, Nixon Yecid Guzmán Builes, Carlos
Augusto Mateus Rojas; ii) Centro Democrático, Edisson Ferney López Casallas;
iii) Partido de la U, Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila,
Anderson Fabián Pradilla Díaz, Rosa Mabel Román Romero, Juan Pablo Piñeros
Nieto y Juan Sebastián Gómez Aguilar.

Manifestó que respecto de los candidatos Óscar Javier Díaz Layton, Nixon Yecid
Guzmán Builes y Carlos Augusto Mateus Rojas obran en el expediente videos y
grabaciones de pantalla de la red social Instagram; sin embargo, de ninguno de
ellos se logra extraer que el demandado haya realizado actos de apoyo concretos
e inequívocos en favor de aquellos.

Mencionó que, en lo que tiene que ver con Edisson Ferney López Casallas se
aportaron 2 videos y 2 enlaces de la red social Instagram, junto con las respectivas
capturas de pantalla.

Adujo que en los referidos documentos se evidencia que el señor Jaime Andrés
Beltrán Martínez, entonces candidato a la alcaldía por la coalición «Defendamos
Bucaramanga», invita a votar por el aspirante Edisson López del Centro
Democrático en las elecciones que se llevarían a cabo el 29 de octubre de 2023.
En los documentos se observa que el demandado indica cómo deben votar en el
tarjetón por dicho aspirante al Concejo de Bucaramanga.

Agregó que, además, es claro que en el primer video la manifestación de apoyo
se hizo en un evento de carácter público con capacidad para persuadir a los
electores.

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Expuso que aunque la segunda grabación se realizó en un sitio cerrado, ello no
impide que se configure la prohibición de doble militancia en la modalidad de
apoyo, máxime si se tiene en cuenta que se hizo en época de campaña electoral
y se publicó en la red social Instagram en la que recibió 763 reacciones, lo que
demuestra el impacto que tuvo en la comunidad.

Añadió que es claro que dichos actos de apoyo tuvieron lugar en época de
campaña electoral, tanto es así que el demandado enseña cómo se debe votar
por Edisson López con las referencias propias al certamen electoral del 29 de
octubre de 2023, al número 2 que le correspondió al candidato en la tarjeta
electoral y al partido Centro Democrático por lo que es evidente que se configura
el elemento temporal.

Aseveró que el elemento territorial también se encuentra demostrado toda vez
que tanto el demandado como el apoyado aspiraban a cargos de elección popular
en la ciudad de Bucaramanga.

Sostuvo que, con lo anterior, queda acreditado más allá de toda duda razonable,
la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo, razón suficiente
para declarar la nulidad de la elección demandada.

En lo que tiene que ver con el candidato al Concejo de Bucaramanga por el
Partido de la U, Elkin Yesid Bello Peña, recordó que se aportaron dos enlaces de
la red social Instagram, a los cuales no es posible acceder; sin embargo, también
se allegaron dos videos en MP4 que corresponden a aquellos según se puede
deducir de las impresiones de pantalla que los acompañan.

Afirmó que, en dicha prueba, se aprecia al señor Beltrán Martínez, entonces
candidato a la alcaldía por la coalición «Defendamos Bucaramanga»,
desplegando un acto de respaldo directo al candidato Elkin Yesid Bello Peña,
pues invita a votar por este. Así mismo, promociona inequívocamente la
candidatura del señor Bello Peña, pues es claro en señalar que, si bien existen
480 candidatos al concejo, deben votar por el que aparece en la tarjeta electoral
con el número y el Partido de la U.

En relación con el elemento temporal, advirtió que este se encuentra plenamente
acreditado, dado que, (i) el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez tiene el distintivo
de la coalición Defendamos Bucaramanga, el cual fue estatuido mediante el
acuerdo de coalición registrado en la Registraduría Nacional del Estado Civil el
24 de julio de 2023, (ii) al señor Jaime Andrés Beltrán Martínez le correspondió la
casilla número uno en la tarjeta electoral de los candidatos a la alcaldía del
municipio de Bucaramanga para las elecciones a realizarse el 29 de octubre de
2023, (iii) el señor Elkin Yesid Bello Peña fue avalado por el Partido de la U y en

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la tarjeta electoral de los candidatos al Concejo de Bucaramanga para las
elecciones del 29 de octubre le correspondió el número uno.

Aseveró que, en consecuencia, en este caso también se configuran todos los
elementos de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo.

En lo que tiene que ver con la candidata Vilma Alexandra Cadena Ardila, del
Partido de la U, mencionó que se aportaron varios videos y grabaciones de
pantalla del perfil «vilmacadena» de la red social Instagram.

Explicó que, al igual que en los casos anteriores los enlaces allegados al
expediente no son funcionales, pero la parte actora hizo las descargas
correspondientes en el formato MP4, los cuales corresponden con las capturas
de pantalla aportadas con las demandas.

Destacó que en dichos documentos se evidencia que el demandado manifestó
que necesitaba a la señora Vilma Alexandra Cadena Ardila en el Concejo de
Bucaramanga, lo cual deriva en un acto positivo de apoyo de la aspiración de
aquella a esa corporación pública.

Explicó que, si bien el evento ocurre en un recinto cerrado, no existe prueba de
que se trate de una reunión privada en la que el demandado fuera a exponer su
posición personal, en el marco de las reuniones logísticas propias de la coalición,
ni que sus expresiones fueran de agradecimiento. Contrario a ello, en el video se
muestra al demandado respaldando de manera clara a la candidata del Partido
de la U, y no viceversa. Aunado a lo anterior, se encuentra que sus expresiones
de apoyo a la señora Cadena Ardila, generan reacciones en los aproximadamente
20 asistentes que se logran visualizar en el recinto, lo que acredita que las
expresiones del demandado estaban orientadas a persuadir a los ciudadanos
para que votaran en favor de la candidata al Concejo de Bucaramanga.

Respecto al elemento temporal, advirtió que en este video se encuentra probado,
en virtud de que (i) el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez tiene el distintivo de
la coalición Defendamos Bucaramanga, el cual fue estatuido mediante el acuerdo
de coalición registrado en la Registraduría Nacional del Estado Civil el 24 de julio
de 2023, (ii) la aspirante al concejo ya tenía asignada su número de tarjeta
electoral.

En lo que tiene que ver con el candidato Anderson Fabián Pradilla Díaz, adujo
que también fue aportada una grabación de pantalla del perfil «Lo que pasa en
Bucaramanga y Colombia» de la red social Facebook, en el que es evidente la
intención del demandado de respaldar la candidatura de Anderson Fabián Pradilla
Díaz al Concejo de Bucaramanga, pues explícitamente señala que van a tener
concejal y que es el concejal mayoritario de esa ciudad. Además, destaca que el

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candidato tiene capacidad de defender y hacer de Bucaramanga una ciudad
grande, manifestaciones que influencian al electorado y tuvieron la finalidad de
persuadir a los votantes a favor del referido candidato.

Agregó que los elementos territorial y temporal se encuentran acreditados en el
caso concreto.

Respecto de la candidata Rosa Mabel Román Romero, mencionó que se
aportaron dos videos y dos enlaces que ya no pueden ser consultados; sin
embargo, se allegaron capturas de pantalla que permiten inferir que las descargas
en MP4 aportadas corresponden con aquellas.

Sostuvo que del análisis de dichas pruebas se encuentra acreditado el elemento
objetivo de la conducta de doble militancia, toda vez que el demandado frente a
aproximadamente 6 personas, en un sitio abierto invita a los electores a votar por
la candidata al Concejo de Bucaramanga Rosa Mabel Román Romero.

Reafirmó que, en circunstancias similares a los demás casos analizados es claro
que también se configuran los elementos territorial y temporal toda vez que las
aspiraciones eran a cargos de elección popular en Bucaramanga y es evidente
que los actos de apoyo se dieron en época de campaña electoral.

En lo referente al candidato al Concejo de Bucaramanga Juan Pablo Piñeros Nieto
se aportaron enlaces de la red social Instagram, a los cuales, igual que en los
casos anteriores, ya no se puede acceder, pero cuyo contenido fue descargado
por los actores en formato MP4 lo cual se puede verificar con las correspondientes
capturas de pantalla.

Afirmó que de las pruebas en mención se evidencia que el demandado invitó a
votar por el candidato Juan Pablo Piñeros Nieto en las elecciones del 29 de
octubre de 2023; de hecho, enseña cómo deben votar en la tarjeta electoral.

Respecto del candidato Juan Sebastián Gómez Aguilar, adujo que, al igual que
en los casos anteriores, se aportó un enlace al cual ya no es posible acceder,
pero se allegó la respectiva descarga con una serie de capturas de pantalla como
soporte.

Advirtió que, sin embargo, de dichos elementos probatorios no se desprende
manifestación o declaración alguna en favor de la campaña política del señor
Gómez Aguilar, por lo que no está acreditado el elemento objetivo de la conducta
prohibitiva.

Concluyó que, está demostrado más allá de toda duda razonable que el
demandado realizó actos concretos e inequívocos de respaldo a las campañas al

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Concejo de Bucaramanga de los candidatos Edisson Ferney López Casallas del
partido Centro Democrático, Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena
Ardila, Anderson Fabián Pradilla Díaz, Rosa Mabel Román Romero y Juan Pablo
Piñeros Nieto del Partido de la U, con el propósito de persuadir al electorado para
obtener votos a favor de estos.

Conforme a lo anterior, declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán
Martínez como alcalde de Bucaramanga para el período 2024-2027.

6. Los recursos de apelación

Inconformes con esta decisión, el demandado y uno de sus impugnadores la
apelaron, con fundamento en los siguientes argumentos:

6.1. Demandado

Señaló que las pruebas con base en las cuales el tribunal declaró la nulidad de la
elección del demandado como alcalde de Bucaramanga, período 2024-2027 no
son admisibles, debido a que fueron objeto de alteraciones; además, no se cuenta
con los metadatos correspondientes razón por la cual se afecta su autenticidad.

Expuso que los referidos medios probatorios consistieron en publicaciones en
redes sociales y archivos videográficos por lo que debieron ser valorados como
mensajes de datos y no como simples documentos.

Sostuvo que el a quo debió tener en cuenta que dichas pruebas no cumplían los
requisitos consagrados en los artículos 8 y 9 de la Ley 527 de 1999, los cuales
coinciden con los exigidos para las reproducciones a las que alude el artículo 246
del Código General del Proceso.

Puso de presente que en el dictamen rendido por el perito Óscar Fabián Valero
Loaiza se extrae que el video que obra en el archivo 22 del índice 19 del
expediente 2023-00820-00 en Samai no puede ser valorado como evidencia
digital por cuanto fue editado y hay falencias en cuanto a la originalidad, integridad
y mismidad de la posible evidencia, lo cual no fue desvirtuado con los dictámenes
aportados por la parte actora.

Refirió que el perito Castaño Galvis de los demandantes reconoció en la audiencia
de pruebas que no consideró necesario analizar los metadatos de los mensajes
de texto y, por tanto, no revisó las herramientas que permiten editar los videos.

Manifestó que los medios de convicción tienen indeterminaciones técnicas que
obstaculizan su valoración objetiva, por ejemplo, no hay prueba que certifique que
los archivos no fueron alterados; hay evidentes signos de manipulación mediante

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programas de edición; no se preservaron los archivos originales; hay anomalías.

Advirtió que todos estos factores no solo generan una duda razonable sobre la
autenticidad de las pruebas, sino que compromete estructuralmente su aptitud
para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró el derecho de defensa
y el debido proceso del demandado al valorar pruebas que carecían de los
requisitos legales y, por tanto, incurrió en un defecto fáctico a la luz de la
jurisprudencia constitucional.

Enfatizó que los videos en cuestión no satisfacen los criterios que determinan la
confiabilidad porque a lo largo del proceso, los demandantes no pudieron
identificar plenamente que fueron creadores de los videos, ya que se aduce que
fueron grabados por personas que son indeterminadas en este momento y su
autoría no se puede comprobar. Ahora bien, en relación con la autenticidad, adujo
que se observa que los videos fueron editados por los demandantes bajo un
aplicativo, no solamente conocido para realizar edición, sino que esta también
cuenta con herramientas de inteligencia artificial, que dificulta darle autenticidad
y veracidad a la prueba.

Señaló que las pruebas aportadas tienen un grado muy bajo de confiabilidad
porque no se demuestra su veracidad ni autenticidad al identificarse posibles
alteraciones de las capturas de pantalla en dos momentos: (i) antes de ser
publicadas en las redes sociales y, (ii) durante el proceso de descarga y anexión
a las demandas.

Indicó que las capturas de pantalla obtenidas de diversas redes sociales, las
cuales fueron incluidas en los apartados de hechos de algunas demandas, debían
ser formalmente decretadas como pruebas dentro de los respectivos procesos
para que tuvieran validez probatoria. No obstante, este procedimiento no se
cumplió. A pesar de ello, dichas capturas fueron valoradas en la sentencia del 12
de diciembre de 2024 de manera imprecisa y sin las aclaraciones necesarias, lo
que configura una violación al derecho al debido proceso.

Agregó que la sentencia apelada se basó en pruebas que no fueron decretadas
en el proceso, no solo en lo referente a las precitadas capturas de pantalla sino
también con el mensaje de datos incluido en el pie de página 143 de la sentencia
apelada que conduce a la página web del Consejo Nacional Electoral a través del
siguiente enlace https://www.cne.gov.co/index.php/partidos-movimientos-
políticos-y-grupos-significativos/778 en el cual consta la numeración de los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica en Colombia.

Destacó que ese mensaje de datos no fue decretado ni mucho menos puesto en

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consideración de las partes para su debida contradicción y correcto ejercicio del
derecho de defensa.

Advirtió que el formulario E-8 en su diseño estructural no establece los partidos
políticos a los que pertenece cada candidato para el caso de las coaliciones
partidistas. En este solo se indica el nombre de la coalición y enlista los candidatos
pertenecientes a la misma, de allí que el formulario E-8CO para el caso de las
coaliciones no permite demostrar la filiación partidista de cada candidato. Por ello,
del solo análisis de este formulario E-8CO, no resultaba posible advertir que, los
señores Tito Alberto Rangel Arias; Isidora Galvis Mier y Aleicer Castro Jiménez
fueron candidatos al Concejo de Bucaramanga en nombre del Partido Colombia
Justa Libres, en virtud de una coalición denominada Juntos por Bucaramanga
conformada con el Movimiento Salvación Nacional.

Aseveró que al proceso: i) no se incorporó alguna prueba que demuestre la
existencia de candidatos del partido del demandado al Concejo de Bucaramanga,
ii) tampoco se debatió sobre la numeración de los partidos, y iii) aquel mensaje
de datos que se utiliza para soportar la existencia de dichos candidatos no fue
pedido por ningún demandante y, en consecuencia, su apoderado no tuvo
ninguna oportunidad de conocerlo y controvertirlo.

Sostuvo que la actuación del Tribunal Administrativo de Santander sobre este
particular, resulta contrario al artículo 8.2 literal c) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos que establece la garantía a todo sujeto a un proceso
estatal de tener «el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su
defensa», ya que el demandado nunca tuvo la oportunidad de conocer y
controvertir el aludido mensaje de datos y pese a ello fue enrostrado apenas en
la sentencia del 12 de diciembre de 2024 para adoptar una decisión restrictiva de
su derecho al sufragio pasivo.

Manifestó que el actuar del a quo vulneró el artículo 29 constitucional cuando
establece como garantía del debido proceso el «presentar pruebas y a controvertir
las que se alleguen en su contra» toda vez que en ninguna de las demandas ni
durante la etapa probatoria del proceso de la referencia pudo controvertir el
aludido mensaje de datos, en tanto que fue un documento ajeno en las etapas en
que la parte demandada podía controvertir la prueba.

Indicó que no se acreditó la configuración del elemento temporal necesario para
determinar si las supuestas expresiones de apoyo tuvieron lugar durante la
campaña electoral o no.

Señaló que cualquier actuación del demandado con antelación al 24 de julio de
2023 no es admisible para realizar el estudio de la doble militancia en la modalidad
de apoyo, pues solo a partir de esa fecha adquirió la calidad de candidato a la

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Alcaldía de Bucaramanga. De igual forma, las supuestas expresiones de apoyo
ocurridas antes del 28 de julio de 2023 respecto de candidatos al Concejo de
Bucaramanga por el Partido de la U tampoco tienen asidero, pues solo en esa
fecha se inscribió esa lista.

Adujo que no está probada la fecha en que se grabaron los videos con base en
los cuales el a quo dio por probada la configuración de la prohibición de doble
militancia en la modalidad de apoyo.

Precisó que, el hecho de que en algunos videos aparezca propaganda con
números de «tarjetones», no es elemento suficiente para determinar que ya eran
candidatos inscritos.

Reiteró que, en los videos de Fabián Pradilla, Juan Pablo Piñeros, Vilma Cadena,
Elkin Yesid, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Morán y Edisson López, no existe
un solo elemento que permita determinar la fecha de grabación. Solo se observan
imágenes superpuestas a través de programas de edición o alteración de videos
con el partido y número de «tarjetones» a marcar; elementos que claramente son
ajenos al demandado. Además, en la ubicación del video no se evidencia
publicidad o elementos indicativos de una fecha precisa.

Destacó que en ninguno de esos documentos aparece la fecha en que se tomó el
video ni se demuestra que, para ese momento ambos candidatos se encontraban
inscritos a las elecciones.

Sostuvo que la sola mención o referencia a un número no es suficiente para
concluir que los candidatos (e incluso el demandado) ya se encontraban inscritos,
pues, los acuerdos políticos hacen que sea posible conocer esos números con
anticipación.

Agregó que, en todo caso, las expresiones atribuidas al demandado no
constituyen actos positivos de apoyo inequívoco en favor de terceros, ni
proselitismo, pues se trata de un discurso político legítimo enmarcado en la
opinión, la libertad de expresión y la construcción democrática, exento de las
consecuencias atribuidas por el a quo y los demandantes.

Puso de presente que una de las magistradas integrantes de la Sala de Decisión
de primera instancia aclaró el voto en ese sentido.

Señaló que los videos aportados por los demandantes no logran demostrar más
allá de toda duda razonable que el demandado incurrió en doble militancia pues:
no se produjo en el marco de una convocatoria abierta en la que cualquier
ciudadano podía participar, no hay testigos directos del evento que puedan
confirmar que se realizó en un espacio amplio con la finalidad de persuadir al

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electorado presente, incluso no es posible establecer si había potenciales
electores presentes.

Explicó que tampoco se evidencia la voluntad del demandado de querer publicar
esas grabaciones en redes sociales, por lo que debió analizarse si se captó su
imagen de manera ilegal.

Sostuvo que la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo no debe
aplicar a candidatos inscritos por coaliciones, toda vez que esa figura implica
reciprocidad y lealtad hacia todos los partidos que la integran.

Afirmó que la interpretación del tribunal de primera instancia sobre doble militancia
en coaliciones es extensiva y desproporcionada, por lo que vulnera derechos
políticos y fundamentales como la libertad de expresión.

Manifestó que la coalición permite que el candidato represente a todos los
partidos que la integran, por lo que no debería estar limitado en su apoyo a
candidatos de partidos específicos.

Recordó que las normas que contienen restricciones para el desempeño, ejercicio
o permanencia de cargos públicos podrán ser objeto de interpretación, pero su
aplicación extensiva y analógica está proscrita.

Arguyó que la prohibición a quienes aspiren a cargos de elección popular de
apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al
cual se encuentren afiliados es inconstitucional e inconvencional porque supone
una restricción desproporcionada e irrazonable a los derechos políticos y por
desconocer el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además, resulta irracional desde la perspectiva de la realidad de las campañas
políticas en Colombia.

Recordó que el elector vota no por un partido o movimiento político, sino por un
programa político, en el cual se refleja el ideario de todas aquellas agrupaciones
que hacen parte de la coalición, de forma tal que la libertad del elector no resulta
afectada cuando el candidato apoya a otros candidatos que hacen parte de las
agrupaciones políticas que la integran.

Planteó que el candidato de una coalición debe ser leal no solo al partido político
al que está afiliado sino también a las agrupaciones que lo eligieron candidato y
que lo apoyan políticamente. Existe un deber de claridad y honestidad, porque el
candidato inscrito por una coalición debe manifestar esa condición para que
quede claro a los electores que no ha sido inscrito solamente por el partido político
al cual está afiliado.

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Reiteró que la decisión recurrida vulnera el debido proceso, los derechos políticos
y la naturaleza de las coaliciones, por lo que solicitó que sea revocada para, en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

6.2. Impugnador Carlos Arturo Duarte Martínez

Compartió y reiteró varios de los argumentos esgrimidos en el escrito de apelación
por parte del apoderado del demandado.

Alegó que en la sentencia recurrida se valoraron documentos sin haber sido
decretados en la audiencia inicial, de manera concreta, el enlace referenciado en
el pie de página 143 de la sentencia de primera instancia
https://www.cne.gov.co/index.php/partidos-movimientos-politicos-y-grupos-
significativos/778 en el que se informa la numeración de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica en Colombia y del cual el tribunal
de primera instancia dedujo que al partido Colombia Justa Libres le correspondió
el código 14 y al Movimiento Salvación Nacional el 20.

Insistió en que, en el expediente no hubo prueba de que los señores Tito Alberto
Rangel Arias, Isidora Galvis Mier y Aliecer Castro Jiménez fueran candidatos al
Concejo de Bucaramanga por el partido Colombia Justa Libres en virtud de la
coalición denominada Juntos por Bucaramanga.

Manifestó que, si bien, no existe tarifa legal sobre la materia, los formularios
aportados al proceso no son idóneos para acreditar si dicho partido político
inscribió lista de candidatos o no para el Concejo de Bucaramanga.

Agregó que tampoco se debatió sobre la numeración de los partidos y que el
enlace ahora cuestionado no fue pedido por ninguno de los demandantes, razón
por la cual el demandado no tuvo la oportunidad de conocer y controvertir dicha
prueba.

Manifestó que, en consecuencia, por lo menos hay duda en la configuración del
elemento modal de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo y,
por tanto, era posible que el demandado apoyara a cualquier candidato al Concejo
de Bucaramanga para el período 2024-2027.

Señaló que los videos en los que supuestamente se observa al demandado
apoyando a los candidatos al Concejo de Bucaramanga Edisson Ferney López
Casallas, Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila, Anderson
Fabián Pradilla Díaz, Rosa Mabel Román Romero y Juan Pablo Piñeros Nieto,
fueron difundidos en diferentes perfiles de redes sociales, pero ninguno
perteneciente al señor Jaime Andrés Beltrán Martínez.

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

Destacó que las capturas de pantalla en las cuales se basó el análisis probatorio
en la sentencia recurrida tampoco fueron decretadas como prueba en el proceso
en la audiencia inicial.

Solicitó decidir la segunda instancia únicamente con base en las pruebas obrantes
en el expediente debida y oportunamente incorporadas y decretadas como tales
en la audiencia inicial.

Agregó que también hay dudas sobre la fecha de inscripción de los candidatos al
concejo por la coalición Juntos por Bucaramanga y por el Centro Democrático y
de la grabación de la mayoría de los videos tenidos como prueba por el a quo.

Señaló que, sobre el elemento temporal, los demandantes solo probaron que el
demandado fue candidato desde el 24 de julio de 2023 y que el Partido de la U
tuvo candidatos al Concejo de Bucaramanga desde el 29 de julio de ese mismo
año, pero nada demostraron respecto de los demás aspirantes a dicha
corporación pública relacionados en la sentencia apelada.

Acusó al tribunal de primera instancia de valorar los videos en conjunto y no de
manera individual, lo que puede conllevar a conclusiones diferentes.

Indicó que en el primer video en el que aparece el candidato al concejo Edisson
Ferney López Casallas el que recibe el apoyo es el demandado y no al revés, por
lo que, referencias a la persona que lo acompaña como «nuestro concejal» y el
número que aquel tiene en el tarjetón son un gesto de camaradería de quien
presuntamente es el señor Jaime Beltrán, lo que no está proscrito por la ley y tiene
por finalidad resaltar que ese candidato del Centro Democrático también lo
respalda y lo hace visible para que los militantes de ese partido y los seguidores
de ese candidato al concejo definan su voto a la alcaldía en su favor. Resaltar los
valores de un candidato del Centro Democrático para que sus militantes como él
respalden la candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga no es contraria a la
prohibición de la doble militancia.

Agregó que dicho video tiene ediciones, se agregó el logo de ese otro partido
político y el número 2. Es incierto que el demandado en este proceso la haya
autorizado; los demandantes no lo probaron.

Afirmó que en relación con los videos de la candidata Vilma Alexandra Cadena
Ardila del Partido de la U, el demandado no pide el voto por ella, simplemente
hace referencias generales a su visión de Bucaramanga como sociedad y a la
necesidad de un cambio.

Aseveró que el hecho de que quien se cree es el demandado resalte que la señora
Cadena Ardila tiene buenos atributos políticos no es garantía de que los electores

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

decidan votar por ella.

Comentó que al ser Vilma Cadena una candidata de su coalición es importante
que ella llegue al Concejo para tener gobernabilidad, lo que sería el complemento
perfecto para desarrollar el plan de gobierno presentado por Colombia Justa
Libres y el Partido de la U. Auspiciarle un éxito a la campaña de ella no es en sí
mismo una modalidad de apoyo político, pues Jaime Andrés nada hace ni se
compromete a hacer para que ello sea realidad.

Manifestó que cuando, al parecer quien es el demandado expresa que «necesito
que Vilma logre llegar al Concejo de Bucaramanga», se refiere a que su programa
de gobierno y futuro plan de desarrollo municipal para cumplirse requiere que sea
apoyado en el concejo por partidos de la coalición que respalda su aspiración para
ser alcalde. Esta frase apenas expresa que ellos tienen ideas y propuestas en
común, pues el aquí demandado representa una candidatura en coalición, lo que
no es contrario a la prohibición de la doble militancia en la modalidad de apoyo.

Destacó que el contexto del video muestra una reunión privada, por lo que es
altamente probable que el público al que presuntamente se dirige el demandado
sean amigos de Vilma, quienes ya la respaldan políticamente, y él acude con el
propósito de buscar votos para sí mismo.

Agregó que tampoco se sabe en qué fecha se grabó el video. Destacó que,
aunque ya hay propaganda con el número en «el tarjetón» de esa candidata al
concejo, ese dato se conoce antes de la inscripción como producto de los
acuerdos políticos. En consecuencia, es posible que la reunión haya tenido lugar
antes del 29 de julio de 2023, fecha en la que el demandado ya sabía que sería
candidato, pese a que no estaba inscrito como tal.

Aseveró que el que parece ser el demandado en el video del candidato Anderson
Fabián Pradilla Díaz no pide el voto por aquel, simplemente destacó sus atributos
y le deseó suerte en las urnas, pero ello no es prueba de haber incurrido en doble
militancia en la modalidad de apoyo.

Mencionó que, sobre el contexto de la grabación, es claro que se trata de un
evento político pequeño, en el que Fabián Pradilla le presenta a su electorado a
quien él desea que se elija como próximo alcalde de la ciudad. Por eso, es que la
gente es la que grita el partido y el número en la tarjeta electoral.

Añadió que no hay ninguna prueba legalmente incorporada al expediente que
demuestre que ese video fue difundido por redes sociales.

Explicó que en los videos del candidato Elkin Yesid Bueno no está demostrado
que quien parece que es Jaime Andrés Beltrán Martínez haya incurrido en doble

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

militancia.

Adujo que en ese documento el interlocutor se dirige a unas pocas personas que
están sentadas, y es posible que ellos sean amigos o parte del equipo de trabajo
de la persona que acompaña al demandado. Es probable que sea una reunión
privada pues no tiene lugar en un espacio abierto, a la que el demandado asistió
como invitado. Las posibilidades que ello sea así o de otro modo son las mismas,
lo que muestra la existencia de una duda probatoria sobre el elemento modal.

Destacó que es imposible saber en grado de certeza si Jaime Andrés Beltrán se
dirigía a ese público para convencerlo de que votara por Yesid o simplemente
resaltaba la importancia de que él también llegara al concejo para desarrollar el
programa de gobierno que él inscribió como candidato a la alcaldía, coavalado
por el Partido de la U. Es posible que sea un acto en el que Yesid Bello presenta
a militantes del Partido de la U, a su grupo político al candidato a la Alcaldía de
Bucaramanga de la coalición establecida por las directivas de su partido político.

Señaló que no hay forma de saber si el plegable que aparece en los videos
corresponde al «tarjetón» real.

Indicó que quien parece ser el demandado no pide el voto por ninguna de las
aspirantes que lo acompañan, simplemente habla de un equipo y se refiere a ellas
como «nuestras candidatas», muestra su agradecimiento con ellas, pero no
despliega ningún acto positivo de apoyo a su favor que pueda configurar la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo.

Mencionó que los videos aportados respecto del candidato Juan Pablo Piñeros
no fueron grabados el mismo día, lo que respalda la duda sobre la configuración
del elemento temporal de la prohibición.

Manifestó que también se desconoce la finalidad de las grabaciones, por lo que
es posible que el propósito del que parece ser el demandado haya sido presentar
a un candidato de su coalición ante los supuestos candidatos de Colombia Justa
Libres al Concejo de Bucaramanga.

Puso de presente que los videos fueron alterados en el sentido de que se les
agregaron imágenes de un candidato, el logo del Partido de la U, el número 9, sin
que haya prueba de que dichas modificaciones hayan sido autorizadas por el
demandado.

Aseveró que dichas pruebas admiten varias interpretaciones por cuanto bien pudo
suceder que haya sido el demandado el que haya pedido votos para él y no para
otros.

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Sostuvo que también hay dudas sobre el momento en que todos los videos fueron
grabados, si para ese momento los supuestos candidatos de Colombia Justa
Libres ya habían inscrito sus candidaturas o no, igual que el demandado.

Adujo que es posible que dichos documentos hayan sido filmados entre el 24 y el
28 de julio de 2023, caso en el cual no estaría configurada la prohibición de doble
militancia. De hecho, la probabilidad de que el video fuera grabado antes del 24
de julio, entre el 25 y el 28 de julio y después del 29 de julio de 2023 son las
mismas.

Concluyó que el material probatorio incorporado al expediente no demuestra, con
grado de certeza, el desconocimiento del demandado de la prohibición de doble
militancia en la modalidad de apoyo durante la campaña electoral de 2023, por
cuanto surgen dudas insalvables respecto de los elementos temporal y modal de
la conducta.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, negar las pretensiones de las demandas.

7. Actuaciones de segunda instancia

Mediante auto del 5 de febrero de 20258 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por el demandado y su impugnador en contra de la sentencia de
primera instancia.

A través de providencia del 11 de marzo de 20259 se rechazó por extemporánea
la intervención de los señores Harvin Uriel Espinosa Jaimes y Armando Calderón
Martínez en representación de la Veeduría Ciudadana como terceros dentro de
este asunto.

En auto del 8 de mayo de 202510, en los términos del artículo 213 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sección
Quinta del Consejo de Estado decretó una prueba de oficio en el asunto de la
referencia consistente en requerir «a la Registraduría Nacional del Estado Civil y
al Consejo Nacional Electoral con el fin de que, en el término de 5 días, contados
a partir del recibo de la comunicación correspondiente, certifiquen a qué partido o
movimiento político correspondió el código 14 en las elecciones territoriales del
29 de octubre de 2023 al Concejo de Bucaramanga que aparece en el formulario
E-8 CO de ese municipio».

El apoderado del demandado solicitó la aclaración y adición de dicha providencia,

8 Anotación 7 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
9 Anotación 23 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
10 Anotación 35 del expediente visible en Samai.

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la cual fue negada a través de proveído del 22 de mayo de 2025.

En esa misma fecha se resolvieron negativamente las solicitudes de nulidad
procesal originada en la sentencia de primera instancia11 y desglose de los
documentos aportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil con ocasión
del auto para mejor proveer del 8 de mayo de 202512 presentadas por el
apoderado del demandado. Asimismo, se rechazó por extemporánea la
ampliación de los alegatos de conclusión de segunda instancia13 radicada por
aquel.

El tercero recurrente, Carlos Arturo Duarte Martínez, a través de memorial del 26
de mayo de 202514, y el actor Édgar Solier Millares Escamilla, mediante
memoriales del 27 de mayo y 3 de junio de 202515 elevaron solicitudes probatorias
a propósito de la prueba de oficio decretada a través de auto del 8 de mayo de
2025, las cuales fueron negadas en proveído del 5 de junio de 202516.

Contra dicha decisión se interpuso recurso de súplica por parte del impugnador
Carlos Arturo Duarte Martínez17 el cual fue resuelto por el resto de las integrantes
de la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto del 3 de julio de
2025.18

El impugnador recurrente solicitó la aclaración y adición de dicha providencia 19,
solicitud que fue despachada favorablemente en auto del 24 de julio siguiente.20

Adicionalmente, el señor José Augusto Tamara Garrido presentó una solicitud de
nulidad procesal21 en contra de la actuación adelantada en primera instancia, la
cual fue rechazada a través de auto del 31 de julio de 202522.

En esa misma fecha se inició trámite incidental en contra del señor Tamara
Garrido en los términos del artículo 294 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

11 Anotación 34 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
12 Anotación 46 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
13 Anotación 31 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai
14 Anotación 60 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
15 Anotaciones 61 y 65 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
16 Anotación 68 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
17 Anotación 74 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
18 Anotación 85 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
19 Anotación 89 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
20 Anotación 93 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
21 Anotación 80 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
22 Anotación 97 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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8. Alegatos de conclusión

8.1 Demandante Juan Nicolás Gómez Herrera23

Afirmó que los cuestionamientos del apoderado del demandado respecto de la
constitucionalidad o convencionalidad de la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo carecen de todo fundamento jurídico, toda vez que tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado han estudiado con suficiencia la
figura y han avalado su aplicación.

Invocó la presunción de autenticidad de las pruebas aportadas al expediente
acumulado que sustentaron la decisión de primera instancia.

Reiteró que la prohibición de doble militancia es una causal de nulidad electoral
regulada específicamente por el legislador, por lo que no tienen razón los
recurrentes en cuestionar su aplicación ahora.

Afirmó que está demostrado que Jaime Andrés Beltrán apoyó públicamente a
candidatos de partidos distintos al que lo avaló (Colombia Justa Libres), violando
la prohibición establecida en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

Señaló que hay suficientes pruebas como videos y fotografías, que demuestran
estos apoyos, las cuales fueron consideradas auténticas y válidas por el tribunal
de primera instancia. Además, se desestimaron las tachas de falsedad
presentadas por la defensa del demandado, debido a la falta de pruebas técnicas
que demostraran alteraciones en los videos.

Aseveró que es evidente que se configuraron todos los elementos de doble
militancia en la modalidad de apoyo respecto de varios candidatos al Concejo de
Bucaramanga por partidos diferentes a Colombia Justa Libres.

Por lo tanto, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la
nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez, argumentando que las
pruebas y los hechos demuestran claramente la violación de las normas
electorales.

8.2. Demandante Fabián Díaz Plata24

Puso de presente que los videos que reposaban en redes sociales podían ser
eliminados en cualquier momento, razón por la cual fueron aportados no solo a
través del correspondiente enlace sino, además, en formato MP4.

23 Anotación 12 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
24 Anotación 16 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai

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Destacó que la tacha de falsedad presentada en contra de dichas pruebas se
limitó a cuestionar aspectos formales de los videos, nunca su contenido, por lo
que es claro que aquellos constituyen plena prueba de la conducta de doble
militancia endilgada.

Resaltó que el perito Óscar Fabián Valero al que se refiere el escrito de apelación
del demandado, manifestó que no podía determinar si los videos fueron
manipulados con inteligencia artificial, según consta a folio 70 del fallo de primera
instancia, con lo cual se desvirtúa el argumento del recurrente frente a ese punto.

Agregó que el perito Wilson Castaño Galvis también descartó esa posibilidad, por
lo que reforzó la autenticidad y validez de dichas pruebas tal como se evidencia
a folio 77 del fallo impugnado.

Aseveró que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 19 de
2012 los actos de los funcionarios públicos competentes se presumen auténticos
por lo que los documentos que el a quo citó en su sentencia gozan de total
autenticidad, máxime si se tiene en cuenta que fue la página de la Registraduría
Nacional del Estado Civil donde se consultó la información relevante para el
proceso, información que dicho sea de paso es de público y masivo conocimiento,
por lo que no tiene asidero alguno el argumento según el cual se valoraron
pruebas no decretadas en el proceso.

Llamó la atención sobre el hecho de que el apoderado del demandado cuestione
la pacífica jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado -donde ha
fungido como conjuez- en materia de doble militancia en la modalidad de apoyo.

Negó enfáticamente que se haya vulnerado la Convención Interamericana de
Derechos Humanos ni con la obtención de las pruebas ni con la aplicación de la
normativa que regula la doble militancia como causal de nulidad electoral.

Concluyó que, conforme a los hechos relatados y a la claridad que ya se ha tenido
mediante jurisprudencia sobre la prohibición de la doble militancia en Colombia,
se debe ratificar que el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez incurrió en esa
prohibición por apoyar candidatos de partidos diferentes al que le otorgó su aval.
El único partido al cual podía apoyar el señor Beltrán Martínez durante la campaña
electoral que finalizaba el 29 de octubre de 2023, era Colombia Justa Libres,
partido que, de acuerdo al formulario E-8 CO (prueba 1.5.7, Doc. 02 Pág. 26 a 27,
Acta de Audiencia del 5 de septiembre de 2024) salió a disputar la contienda
electoral con la coalición denominada Juntos por Bucaramanga. Esos candidatos
pertenecientes al partido político del hoy alcalde limitaban su margen de campaña
y no le permitía, más allá de contar con una coalición, realizar campañas a
personas inscritas por otros partidos, tal y como sucedió con el señor Yesid Bello,

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

quien pertenece al Partido de la U.

En consecuencia, solicitó confirmar el fallo apelado.

8.3. Demandante Édgar Solier Millares Escamilla25

Reiteró íntegramente los argumentos esgrimidos en el trámite de la primera
instancia.

Adujo que no les asiste razón a los apelantes por cuanto es claro que el tribunal
a quo encontró probada la conducta prohibitiva del demandado respecto de los
siguientes candidatos al Concejo de Bucaramanga: Edisson Ferney López
Casallas, Centro Democrático 02; Elkin Yesid Bello Peña. Partido de la U 1; Vilma
Alexandra Cadena Ardila, Partido de la U 3; Anderson Fabián Pradilla Díaz del
Partido de la U 4; Rosa Mabel Román Romero del Partido de la U 6 y Juan Pablo
Piñeros Nieto del Partido de la U 9.

Afirmó que es conducente valorar las videograbaciones como documentos
autónomos en el marco del art. 243 del CGP, y entonces, los dos medios de
prueba – videograbaciones y mensajes de datos-, son objeto de valoraciones
diferentes no excluyentes.

Aseguró que la postura que el Tribunal Administrativo de Santander acogió, es la
ampliamente establecida por el Consejo de Estado, en el sentido de que si las
videograbaciones son aportadas en formato MP4 son apreciables a su vez como
pruebas documentales.

Sostuvo que la información atinente a los códigos y la numeración de los partidos
y movimientos políticos con personería jurídica en Colombia, es una información
de carácter público que hace parte de las diferentes actuaciones legales que giran
en torno al ejercicio y materialización del principio democrático representativo, y
como tal en este asunto, dicha información forma parte integral del formulario E8-
CO allegado al plenario como prueba de la inscripción de los candidatos al
Concejo de Bucaramanga, inscritos por el mismo partido de origen del candidato
a la alcaldía de esta ciudad ahora demandado.

Manifestó que la defensa en la primera instancia omitió el debate jurídico en sede
del instituto de la falsedad material de las videograbaciones; haciéndose
impróspera esta determinación en la alzada, pues sería esta instancia superior
utilizada para reabrir un debate ya concluido y en el cual la defensa al respecto
no se pronunció.

25 Anotación 17 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia apelada.

8.4. Demandado26

Reafirmó las argumentaciones expuestas en el escrito de apelación con base en
las cuales solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, negar las pretensiones de las demandas.

8.5. Carlos Arturo Duarte Martínez27

En su condición de tercero impugnador apelante de la sentencia de primera
instancia reiteró íntegramente los argumentos esgrimidos en el escrito del recurso
de alzada.

8.6. José Gualdrón Guerrero y Carlos Augusto González Duarte28

En su calidad de coadyuvantes, reiteraron los argumentos esgrimidos en el
trámite de la primera instancia.

8.7. Registraduría Nacional del Estado Civil29

Reiteró que su rol en el proceso electoral es exclusivamente logístico, según lo
establecido en el Decreto Extraordinario 1010 de 2000, por lo que no tiene
competencias sustanciales relacionadas con causales de nulidad electoral de
contenido subjetivo, como inhabilidades o doble militancia, las cuales son
responsabilidad de los partidos políticos y movimientos sociales, conforme al
artículo 108 de la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011.

Aclaró que no expidió el acto atacado (formulario E-26), ya que esta función
corresponde a las comisiones escrutadoras, según el artículo 182 del Código
Electoral.

Destacó que cumplió con los requerimientos legales del Tribunal Administrativo
de Santander, aportando los formularios E-8 y E-26 al expediente.

Solicitó que se declare la inexistencia de vínculo con el proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que sus actuaciones fueron meramente
logísticas y no tienen relación con las causales de nulidad invocadas.

26 Anotación 19 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
27 Anotación 9 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
28 Anotación 18 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
29 Anotación 13 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai

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9. Concepto del Ministerio Público

No rindió concepto dentro de este asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 12 de diciembre
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con
lo establecido en los artículos 15030 y 152 numeral 7.a del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo31.

2. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán
Martínez como alcalde de Bucaramanga, período 2024-2027.

Para el efecto, se debe establecer si se configuran en este evento los elementos
de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo32.

Específicamente, respecto del elemento modal, se debe determinar si está
acreditado que el partido Colombia Justa Libres, que avaló la candidatura del
demandado a la Alcaldía de Bucaramanga, inscribió aspirantes al concejo de ese
mismo municipio.

30 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150. Competencia del

Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación…»
31 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152. Competencia de

los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos conocerán en primera
instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y
distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los
consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos
directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones
que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;…»
32Si bien las demandas y la sentencia de primera instancia también se refirieron y estudiaron la modalidad

de doble militancia para miembros de corporaciones públicas por no renunciar a su curul 12 meses antes del
primer día de inscripciones a la siguiente contienda, dicho cargo no prosperó y, por ende, no fue objeto de
apelación.

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

En caso de que la respuesta al interrogante anterior sea afirmativa, hay lugar a
analizar, frente al elemento objetivo o material de la prohibición, si las pruebas
que tuvo en cuenta el a quo para decidir podían servir de base para la declaratoria
de nulidad electoral y de ser ello así, si está demostrado que el señor Jaime
Andrés Beltrán Martínez desplegó actos positivos de apoyo respecto de los
siguientes aspirantes al Concejo de Bucaramanga para el período 2024-2027: i)
del Centro Democrático: Edisson Ferney López Casallas; ii) del Partido de la U:
Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila, Anderson Fabián Pradilla
Díaz, Rosa Mabel Román Romero y Juan Pablo Piñeros Nieto.

Precisado lo anterior, hay lugar a establecer si está acreditado el elemento
temporal de los supuestos actos de apoyo adelantados por el demandado en favor
de los precitados candidatos al Concejo de Bucaramanga, período 2024 – 2027.

En el evento en que se encuentren reunidos dichos elementos y sobre la base de
que no se discuten los requisitos subjetivo y territorial en este caso, habrá lugar a
establecer si existe mérito o no para estudiar el cargo de la apelación del
demandado referente a la posible vulneración de los artículos 8.2 literal c) y 23 de
la Convención Americana de Derechos Humanos.

3. Doble militancia por apoyo a candidato de un partido distinto

Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en
las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades
y bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo
demuestran los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los
cuales se introdujo y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble militancia.

En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política,
ningún ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político.
En consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones
públicas que decidan cambiar de partido para aspirar a una próxima elección
están compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha
en que inician las inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.

Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).

A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
proscritas33:

a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento político o
grupos significativo de ciudadanos.

b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta, en
el mismo proceso electoral.

c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción como
candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto
de aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que renuncie a la curul antes
de los 12 meses que preceden al primer día de inscripciones y segunda, que la
colectividad sea disuelta o pierda la personería jurídica por causas diferentes a
una sanción.

d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a
candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les otorgó
aval, según el caso, salvo que la respectiva organización no esté participando con
aspirantes para la correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo
expreso a determinada campaña de otro partido o movimiento.

e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos o
designación como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo que
medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses antes de uno u otro hecho.

En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación34, relacionada en
el literal d) anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en los
términos que se transcriben enseguida:

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser
elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar
candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al
cual se encuentren afiliados.” (Negrilla fuera de texto)

33 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-

28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, radicado 11001-
03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de 2022, radicado
76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
radicado 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021,
radicado 47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de
2021, radicado 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de
noviembre de 2015, radicado 11001-03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia de 4 de agosto de 2016, radicado 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
34 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia

de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum), MP. Rocío Araújo Oñate.
Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02.

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Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección35 ha reconocido
que la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta
de la acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:

i. Elemento subjetivo

El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en
su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.

Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige
que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.

ii. Elemento objetivo

La conducta proscrita consiste en apoyar a aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de aquel
al que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado
por esta Sala Electoral como «…la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento
de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o
apoyado por la respectiva organización política.»36

Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en
el tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta modalidad
de doble militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza de los actos
que pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a la vez el grado
de convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar la presencia del
apoyo ilegal.

En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la
asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y
concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra
organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, esta
Judicatura explicó al respecto:

35 Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido distinto,

por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, radicado 05001-23-
33-000-2019-02946-01(acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21 de octubre de 2021, radicado
47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 6 de octubre de 2016,
radicado 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2015-00841-01, MP. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-

00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.

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Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo atrás la
Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige
necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor
del candidato perteneciente a otro partido político.37

De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como
sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en
marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una
candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –
presupuesto teleológico–.

Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de
2016, que las abstenciones atribuidas por la parte actora al concejal acusado –
cimentadas en la realización de reuniones políticas sin la presencia del aspirante
a la Alcaldía de Soacha inscrito por el partido que lo avalaba–, no disponían de la
virtualidad de configurar la doble militancia por apoyo de cara a la ausencia de
actos positivos y concretos que permitieran materializarla. En ese punto, la
Sección expuso:

Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución de
actos positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el partido al
cual pertenece el concejal demandado.

(…)

Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones no
contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la decisión de
llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del candidato del partido,
en este caso a la alcaldía, como señaló el actor.38 (Negrilla fuera de texto)

En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio, considerarse
como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico de
la noción, la impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se omitió
probar su socialización y distribución para el fortalecimiento de la campaña
política de un candidato afiliado a otro movimiento39; las palabras de
agradecimiento entre aspirantes políticos40; así como la existencia de publicidad

37 Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
38 Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-

00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. “Ahora bien, aunque la Sala
no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario de estas características, lo cierto
es que el demandante no demostró que aquellos fueran socializados, distribuidos o publicitados después del
25 de septiembre de 2015 - fecha en la que el partido Opción Ciudadana decidió apoyar la candidatura del
señor Cuarán Castro-, pues la mera impresión de los mismos no acredita la conducta proscrita por el artículo
2º de la Ley 1475 de 2011.” (Negrilla fuera de texto).
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-

00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A diferencia de lo
expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha de falsedad permite
establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera de contexto en la prueba
allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de agradecimiento dirigidas al señor Acosta
Acosta sino expresiones concretas de respaldo a su candidatura por Bogotá.” (Negrilla fuera de texto)

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perteneciente a un aspirante avalado por otra organización, cuando los medios
de convicción allegados no permiten aseverar que su presencia responde a la
voluntad del accionado, como una manifestación de apoyo.

En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019 41:

…[E]s evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian elementos que,
por ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las reuniones respectivas y,
entre otras cosas, si fue el demandado quien dispuso, autorizó, convino o
consintió tales actividades proselitistas y menos que de ellas se derive el
cuestionado apoyo.” (Negrilla fuera de texto)

Pero no solo estos aspectos42 del respaldo proscrito han sido modelados por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a
la frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia,
por lo que los actos de acompañamiento político no requieren ser de tracto
sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración
de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola
manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política43.

De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter
autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que «…el
apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble
militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni
limitó sus alcances a este tipo de factores.»44

Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido
en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más
allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a
través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la
avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado.

Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta
Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:

De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del presunto
apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta,
debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador
judicial tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable
para que éste pueda colegir que en el caso en concreto se presentó la causal de

41 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de enero de 2019, MP Rocío Araújo Oñate, Rad.

11001-03-28-000-2018-00008-00.
42 La naturaleza del apoyo.
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-

00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
44 Ibidem.

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nulidad endilgada (doble militancia) y de esa forma advertir que el candidato
traicionó la voluntad de su electorado.

Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de
convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación al
electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del Tolima,
cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde a la
Asamblea departamental, en el marco de programas radiales45.

Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20 de
agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de
apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:

Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de
doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o
movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo de
agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo
de elección popular.46

iii. Elemento temporal

Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475
de 2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse
los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva
aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el
contexto de la campaña política, toda vez que «…solo durante ese lapso se puede
hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra»47; término que se
extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración
y hasta la fecha de la elección.

iv. Elemento modal de la conducta

La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige
que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la
lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral.

45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-

00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016.
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2019-

00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-

00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.

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Sobre esta base, la Sección Electoral, en providencias del 1º48 y 22 de agosto del
202449, señaló que «el deber de lealtad partidista surge en el momento en que la
colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i) inscriba un candidato
propio a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra organización
política, o bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas
específicas».

Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo
en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia reciente de esta Sala
de Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o
un movimiento político a una causa proselitista distinta de la suya, –aunque no
exista registro de una aspiración particular–, pueden llevar a cristalizar igualmente
la causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.

La Sala concluyó en relación con este aspecto:

[L]a conducta prohibida es la de apoyar a un candidato de otro partido o movimiento
político, pero no se establece la obligación de apoyo a los candidatos del mismo
partido, razón por la que los candidatos son libres en decidir si apoyan o no a los
demás candidatos de su partido o movimiento político.

De acuerdo con lo anterior, no era necesario que en este proceso se demostrara
que el demandado apoyó al señor Ángelo Quintero, sino que lo que se tenía que
probar de manera contundente es el apoyo a un candidato a la gobernación,
diferente a Ángelo Quintero, para demostrar así la doble militancia.50

Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura
política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones
explícitas, mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la
candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a
respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de
la colectividad.

v. Elemento territorial

El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del
Consejo de Estado permite advertir que el respaldo recriminado por el legislador
estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al concejo a la

48 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 1° de agosto de 2024. Radicación 63001-23-33-000-

2023- 00103-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
49 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del 2024. Radicación 11001-03-28-000-

2023-00154-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 17001-23-33-000-2020-

00007-01. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 11 de febrero de 2021.

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aspiración proselitista de un candidato a la alcaldía de la misma municipalidad–,
pero también en el escenario de circunscripciones territoriales diversas.

En palabras de esta Sala de Decisión:

Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido brindado
a un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por una
circunscripción territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la configuración
de la doble militancia política.51

De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia
o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos
positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una
organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un
cargo de elección popular.

Decantados estos presupuestos y, previo a abordar el estudio del caso concreto,
esta judicatura hilvanará unas breves ideas que permitan absolver los
cuestionamientos probatorios elevados por las partes durante este trámite judicial.

En tales condiciones, el acervo probatorio resulta ser determinante para
establecer con certeza que durante el periodo señalado el demandado desplegó
actos de respaldo a un candidato inscrito por una organización política diferente
a aquella que lo avaló, pese a que esta colectividad también tenía aspirantes,
inscritos o por adhesión a la campaña, para el respectivo cargo o corporación.

Así mismo, tanto la Corte Constitucional52 como esta Sala53 han perfilado la doble
militancia, tratándose de candidatos inscritos en coalición. En este ámbito,
teniendo en cuenta que cada partido coaligado otorga avales individuales a sus
candidatos, se ha considerado, de acuerdo con la finalidad de la prohibición, que
deben favorecer, en primer término, a los que pertenecen a su misma colectividad
y solo a falta de estos, es posible respaldar a alguno de los inscritos por las demás
organizaciones que suscriben el acuerdo, siempre que su colectividad de base
les haya dejado en libertad para hacerlo.

En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble militancia
por apoyo a un candidato está condicionada a los presupuestos consagrados en
la norma e interpretados en sede judicial, atendiendo al propósito del legislador,
al efecto útil de la disposición que consagra la prohibición e integrando el principio

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-

2018-00032-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 31 de octubre de 2018.
52 Corte Constitucional, sentencias SU-213 de 2022 y T-263 de 2022.
53 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1º de julio de 2021, radicado 11001-03-28-000-2020-

00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00271-
00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

de capacidad electoral, que debe orientar al operador jurídico al resolver las
controversias de esta naturaleza.

4. Caso concreto

Como viene de explicarse, en el presente evento se cuestiona si Jaime Andrés
Beltrán Martínez incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de
apoyo.

En criterio del tribunal de primera instancia, se encuentran acreditados todos los
elementos de la prohibición por lo que declaró la nulidad de su elección como
alcalde de Bucaramanga, período 2024-2027.

Las inconformidades de los recurrentes respecto de dicha providencia pueden
resumirse en los siguientes puntos: i) no está acreditado que el partido Colombia
Justa Libres hubiese inscrito candidatos al Concejo de Bucaramanga 2024-2027,
toda vez que del formulario E-8CO no se puede derivar ese hecho y, el a quo
practicó y valoró una prueba para el efecto que no fue decretada dentro de las
oportunidades probatorias; ii) las pruebas que fundamentaron la decisión de
primera instancia no podían ser tenidas en cuenta por cuanto no reunían los
requisitos legales; iii) no están probados los actos de apoyo endilgados al
demandado; iv) no hay certeza de la fecha en que se grabaron los videos que
sirvieron de base a la decisión apelada; y v) la prohibición de doble militancia en
la modalidad de apoyo como causal de nulidad electoral no debería aplicar para
coaliciones y, además, desconoce la Convención Americana de Derechos
Humanos.

Al respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso54 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del

54 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
lo tanto, la Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos
concretos formulados por los recurrentes.

Precisado lo anterior, corresponde analizar cada uno de los argumentos
esgrimidos por los apelantes, de cara a la providencia recurrida.

4.1. De la acreditación del elemento modal de la prohibición de doble
militancia en la modalidad de apoyo

Como se expuso, esta Sección ha precisado en varias providencias55 que «el
deber de lealtad partidista surge en el momento en que la colectividad política a
la que pertenece el elegido acusado i) inscriba un candidato propio a un cargo de
elección popular, o ii) decida apoyar al de otra organización política, o bien ii)
imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas específicas».

Así las cosas, tal como lo ponen de presente lo apelantes es indispensable que
se encuentre acreditado en el expediente que la organización política que avaló
la candidatura del demandado haya inscrito aspirantes al cargo de elección
popular respecto del cual se predique el apoyo indebido, pues, en caso contrario,
en principio, el demandado quedaría en libertad de respaldar a quien quisiera.

En ese orden de ideas, debe valorarse en conjunto todo el material probatorio
obrante en el expediente con el fin de establecer si dicha circunstancia se
encuentra acreditada o no.

Bajo esa perspectiva se advierte que, efectivamente, en el expediente de primera
instancia, se encuentra el formulario E-6 AL en el que consta que el demandado,
Jaime Andrés Beltrán Martínez, fue avalado por el partido Colombia Justa Libres
en coalición con el Partido de la U y el Movimiento Salvación Nacional en su
aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga para el período 2024-2027.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
55 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de

1° de agosto de 2024. Radicación 63001-23-33-000-2023- 00103-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del
2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00154-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 6 de marzo de 2025. Radicación: 25000-23-
41-000-2024-00167-01.

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Asimismo, el formulario E-8 AL donde se certifica que el señor Beltrán Martínez
fue inscrito por el partido código 14, por lo que del análisis conjunto de esa prueba
con el precitado formulario E-6 AL, se deriva que dicho número corresponde a
Colombia Justa Libres.

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Ahora bien, también fue incorporado como medio de prueba el formulario E-8 CO
donde consta que los señores Tito Alberto Rangel Arias, Isidora Galvis Mier y
Aleicer Castro Jiménez fueron inscritos como candidatos al Concejo de
Bucaramanga por el partido código 14, sin que hasta ese punto hubiera certeza
sobre dicho código pertenecía a la misma agrupación política de la alcaldía o no.

Para despejar esa duda, el Tribunal Administrativo de Santander consultó la
página web del Consejo Nacional Electoral a través del enlace
https://www.cne.gov.co/index.php/partidos-movimientos-políticos-y-grupos-
significativos/778 y encontró que, según la información allí consignada,
efectivamente el código 14 fue asignado para Colombia Justa Libres respecto de
todas las elecciones territoriales que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023.

No obstante, tal como lo advierten los recurrentes, no hubo una decisión judicial
previa que respaldara dicha consulta, por lo que, en principio, esa información no
podía ser incorporada como prueba en la sentencia, ni ser tenida en cuenta para
decidir.

Sin embargo, contrario a la tesis de los recursos de apelación, con base en los
formularios electorales anteriormente relacionados que sí fueron debida y
oportunamente decretados e incorporados como prueba al proceso, lo que se
generó fue una duda o punto oscuro, susceptible de ser despejado en uso de las
facultades otorgadas al juez en el artículo 213 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado
Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con
las pedidas por las partes.

Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes
de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para
practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.

En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de
oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas,
siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de
oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10)
días siguientes al auto que las decrete. (Se resalta).

En tales condiciones, la ley consagra una nueva oportunidad procesal para que,
una vez escuchados los alegatos de conclusión, los jueces o la Sala, según
corresponda, decrete pruebas de oficio con el fin de esclarecer puntos oscuros o
difusos de la controversia.

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Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 213 del mismo estatuto, «en cualquiera de las instancias
el juez o magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad [y estas] se deberán decretar y
practicar conjuntamente con las pedidas por las partes» es esa misma disposición
la que, en el inciso siguiente consagra una oportunidad adicional,
doctrinariamente conocida como «auto para mejor proveer».

Así las cosas, es el legislador el que faculta al juzgador para decretar pruebas de
oficio, luego de que venza el término para alegar de conclusión, no para suplir la
actividad probatoria de las partes, sino para despejar puntos oscuros, tal como
sucedió en este caso con el auto del 8 de mayo de 2025 a través del cual, con
base en los antecedentes expuestos en este acápite, se dispuso requerir a la
organización electoral con el fin de que certificara si el código 14 que aparece en
el formulario E-8CO -incorporado regularmente al expediente en esta instancia-
correspondía o no a Colombia Justa Libres.

En cumplimiento de dicha orden, la Registraduría Nacional del Estado Civil
certificó56 que «en el proceso logístico de los comicios territoriales celebrados en
el año 2023, se asignó el código de identificación catorce (14) al Partido Colombia
Justa Libres teniendo como base la relación de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica remitida por el Consejo Nacional Electoral».

Así las cosas, del análisis del formulario E-8CO que obra en el expediente se
evidencia que el partido Colombia Justa Libres -que avaló la candidatura del
demandado a la Alcaldía de Bucaramanga en la coalición denominada
Defensamos Bucaramanga, con el Partido de la U y el Movimiento Salvación
Nacional- sí inscribió aspirantes al concejo de esa ciudad para las elecciones
territoriales del 29 de octubre de 2023, tal como se evidencia en la siguiente
imagen:

56 Anotaciones 44 y 47 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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En tales condiciones, del análisis del material obrante en el expediente y con base
en la precisión efectuada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, es claro
que los señores Tito Alberto Rangel Arias, Isidora Galvis Mier y Aliecer Castro
Jiménez fueron avalados por Colombia Justa Libres en su aspiración al Concejo
de Bucaramanga, período 2024-2027.

Por lo tanto, es claro que el demandado debía abstenerse de respaldar la
candidatura de aspirantes avalados por colectividades políticas diferentes a la
suya.

En este punto, resulta del caso reiterar que la configuración de elemento modal
se deriva del análisis conjunto de las pruebas oportuna y regularmente decretadas
e incorporadas al proceso, específicamente los formularios E-6AL, E-8AL y E-
8CO y la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que se

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precisa que el código 14 que aparece consignado en dichos documentos
electorales corresponde al partido Colombia Justa Libres.

Por lo tanto, no se advierte la violación del debido proceso alegada por el
apoderado del demandado ni el desconocimiento del artículo 8.2 literal c) de la
Convención Americana de Derechos Humanos invocado por aquel en el escrito
de apelación referida a la «concesión al inculpado del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defensa», toda vez que dicha prueba fue
decretada e incorporada regular y oportunamente en segunda instancia.

Conforme a lo anterior, el reparo referente a la configuración del elemento modal
de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo no prospera.

4.2. Del cumplimiento de los requisitos de las pruebas que sirvieron de
fundamento a la decisión apelada.

Respecto de los requisitos de las pruebas con base en las cuales falló el tribunal
de primera instancia se plantearon en los recursos de apelación varios reparos: i)
la naturaleza de los documentos decretados y valorados por el a quo; ii) el análisis
que hicieron los peritos sobre las tachas formuladas en contra de los videos
aportadas como prueba; iii) la incorporación irregular o no de las impresiones de
pantalla de los referidos videos al expediente.

4.2.1. La naturaleza de los videos valorados como prueba en primera instancia.

Según se tiene, los actores aportaron como pruebas de los presuntos actos de
apoyo adelantados por el demandado a aspirantes al Concejo de Bucaramanga
por agrupaciones políticas distintas a la suya, una serie de enlaces que conducen
a diferentes perfiles de redes sociales y los respectivos videos descargados en
formato MP4.

Frente al valor probatorio de las fotografías, videos e impresiones de pantalla se
advierte, en primer lugar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243
del Código General del Proceso:

Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos
y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo,
y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares…

Es decir, las fotografías, videograbaciones y capturas de pantalla son
documentos; en lo que tiene que ver con su autenticidad el artículo 244 del mismo
estatuto procesal establece:

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Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no
hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen
parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que
impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los
requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce
con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo
alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen
auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las
jurisdicciones.

Así las cosas, los documentos se presumen auténticos siempre y cuando no
hayan sido tachados de falsos o desconocidos. No obstante, deben analizarse
en contexto, conforme con las reglas de la sana crítica.

En este mismo sentido, esta Sección, en varias decisiones57, ha considerado que
en lo que corresponde a los mensajes de datos, la Ley 52758 de 1999, en armonía
con las directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional59, los definió como toda aquella información «…generada,
enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o
similares…»60, y los reconoció como medios de prueba en el marco de cualquier
actuación administrativa y judicial61, cobijando, por ende, los procesos de nulidad
electoral.

57 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-33-000-

2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 10 de agosto de
2023. Expediente 11001032800020220019800. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
58 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones.”
59 Para conocer los antecedentes normativos de la Ley 527 de 1999, puede consultarse: Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Rad. 25000-23-26-000-2000-
00082-01. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia de 13 de diciembre de 2017.
60 Art. 2° de la Ley 527 de 1999.
61 Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE

DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la
otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de
Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza

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Así, la Ley 527 de 1999 consideró que el mensaje de datos podía tener el mismo
valor probatorio de un documento físico cuando (i) su contenido resultaba
accesible para posteriores consultas (artículo 6°62 ejusdem); (ii) se conocía la
identidad de su generador (artículo 7°63 ejusdem); (iii) se garantizaba su
integridad, excluyendo cualquier tipo de alteración (artículo 8°64 ejusdem). Todo
ello, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de
convicción digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a
las redes sociales, leyendas que acompañan los «post» de Instagram y
Facebook–, como requisitos ineludibles para su apreciación, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica y sus particularidades propias65.

A pesar de lo anterior, la legislación procesal ha distinguido los mensajes de datos
como medio de prueba, de las reproducciones de su contenido. Así las cosas, se
ha diferenciado el primero en su formato original -compréndase correos
electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con
su respectivo enlace-, de la presentación de lo que aquellos contienen, pero no
en estas condiciones iniciales.

Frente a los últimos, la legislación y la jurisprudencia constitucional han
reconocido que es procedente entonces dar aplicación a las reglas de valoración
de los documentos66. El artículo 247 del precitado Código General del Proceso,
preceptúa:

Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron
generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con
exactitud.

obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que
se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.”
62 “Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho

con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.”
63 “Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia

de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha
utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido
cuenta con su aprobación…”.
64 “Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original,

ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía confiable de que se
ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su
forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma…”.
65 Art. 11 de la Ley 527 de 1999.
66 Al respecto, la Corte Constitucional expuso en sentencia C-604 de 2016, señaló: :“Como se indicó, el inciso

demandado –2° del artículo 247 del CGP– regula aquellos casos en que el contenido originalmente creado,
enviado o recibido mediante canales electrónicos, ópticos u otros de la misma naturaleza, no es aportado al
proceso en el mismo formato en que se transmitió o en uno, de carácter electrónico, que lo reproduzca con
exactitud, sino en una impresión en papel y, como consecuencia, se prevé la aplicación de las reglas general
de valoración sobre los documentos. No se está en presencia de un mensaje de datos propiamente dicho,
como interpretan los demandantes, sino de una copia de su contenido y, por ende, de un documento ordinario
de papel que el legislador, para su valoración, sujeta a las reglas generales de los documentos” (Negrilla y
subrayas fuera de texto)

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La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de
conformidad con las reglas generales de los documentos”. (Se resalta)

Por lo anterior, se tiene que los requisitos de equivalencia funcional –que se
deben verificar para los documentos electrónicos y físicos–, contenidos en los
artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo serán exigibles
cuando los extremos procesales arrimen a las causas en las que participan
verdaderos mensajes de datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de
internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo enlace–; pero
no sus reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen aplicable será
el general de los documentos que, en principio, se presumen auténticos, a las
voces del artículo 24467 de la Ley 1564 de 2012.

Así, se ha dicho68:

Bajo la égida de las glosas que preceden, y teniendo en cuenta que las pruebas
sobre las que gira el debate propuesto con la alzada se constituyen en capturas
de pantalla tomadas de las redes sociales Instagram y Facebook –y no a
mensajes de datos allegados en los formatos creados, como en otras
oportunidades ha ocurrido69–, la Sala especializada en asuntos electoral estima
que, contrario a lo pregonado por el recurrente, no se hacía exigible para la
demandante el cumplimiento de las exigencias plasmadas en los artículos 6°, 7°,
8° y 9° de la Ley 527 de 1999, comoquiera que sus esfuerzos probatorios se
circunscribieron a aducir documentos físicos, mas no pruebas de índole
electrónico, que obligaran a observar los presupuestos de la equivalencia
funcional erigidos en las referidas disposiciones normativas.

Precisado lo anterior, reitera la Sala que este tipo de documentos son
«meramente representativos que por sí solos no demuestran fehacientemente un
hecho o acción determinada»70, por lo que su valor probatorio depende de su
análisis en conjunto con los demás medios de prueba obrantes en el expediente.

En este caso, los recurrentes sostienen que los videos que sirvieron de base a la
decisión apelada fueron mensajes de datos y, por ende, debían ser analizados
respecto de aquellos los requisitos de la Ley 527 de 1999; no obstante, tal como
se mencionó, aunque los demandantes aportaron algunos enlaces que
presuntamente conducen a perfiles de las redes sociales Facebook e Instagram,
aquellos, en su mayoría resultan actualmente inaccesibles, razón por la cual no

67 «Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,

elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.»
68 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-33-000-

2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E).
69 Por ejemplo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-

28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de
2020.
70 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2019-

00074-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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pudieron ser valorados, sino que fue necesario acudir a los documentos en
formato MP4 allegados con algunas de las demandas.

Por lo tanto, las pruebas en cuestión, de conformidad con todo el marco jurídico
y jurisprudencial anteriormente expuesto, son documentos en los términos de los
artículos 243 y 244 del Código General del Proceso, por lo que no le asiste razón
a los recurrentes al afirmar que aquellos debieron ser valorados como mensajes
de datos con las particularidades de aquellos.

4.2.2. El análisis de las tachas de falsedad formuladas contra los videos aportados
por la parte actora.

Ahora bien, frente al argumento según el cual no se desvirtuaron las conclusiones
a las que arribó el perito Óscar Fabián Valero Loaiza en el dictamen pericial
rendido dentro de este proceso, que indican que algunos de los videos aportados
por los actores no podían ser valorados como evidencia «por cuanto fueron
editados y hay falencias en cuanto a la originalidad, integridad y mismidad de la
posible evidencia» y el cuestionamiento de la supuesta omisión del perito Wilson
Castaño Galvis al no analizar los metadatos de dichos videos y al haber dejado
de revisar herramientas que permiten editar ese tipo de documentos, se tiene lo
siguiente:

En primer término, se hace necesario recordar que71, las disposiciones que
regulan la institución de la tacha de falsedad contenida en el Código General del
Proceso resultan aplicables al proceso contencioso administrativo en virtud de la
integración normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Sobre la procedencia de esta figura, el ordenamiento prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 269. PROCEDENCIA DE LA TACHA DE FALSEDAD. La parte a
quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito
por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó
a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo
como prueba.

Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la
imagen de la parte contra quien se aduzca.

No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de
influencia en la decisión.

Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo
de falso en las mismas oportunidades. (Se resalta).

71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 20 de mayo

de 2025. Expediente 110013280002025000100 (acumulado). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

Como se lee, la oportunidad para presentar la tacha es en la contestación de la
demanda, cuando el documento tachado se haya aportado con la demanda y, en
los demás casos, en el curso de la audiencia (o del auto que dispone el trámite
de sentencia anticipada) en que se ordene tenerlo como prueba. Asimismo, la
norma consagra un presupuesto de legitimación para proponerla: la parte a quien
se atribuye un documento. De igual forma, de acuerdo con el artículo 270 del
CGP, es necesario que quien realice la tacha exprese en qué consiste la falsedad
y pedir las pruebas para su demostración, so pena de no tramitarse por el
incumplimiento de estos requisitos:

ARTÍCULO 270. TRÁMITE DE LA TACHA. Quien tache el documento deberá
expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración.
No se tramitará la tacha que no reúna estos requisitos. (…).

Finalmente, resulta oportuno recordar que la tacha solo procede cuando se alegue
una falsedad material, pues, la falsedad ideológica no puede ser objeto de tacha,
al respecto la Sección72 ha señalado que:

Conviene distinguir la falsedad material, que es la que tiene lugar cuando se
hacen al documento supresiones, cambios o adiciones o se suplanta su firma, de
la falsedad ideológica o intelectual, que es la que ocurre cuando la declaración
que contiene el documento no corresponde a la realidad. La falsedad ideológica
o intelectual no puede ser objeto de tacha de falsedad, sino solo la falsedad
material. En tales casos de lo que se trata es de probar contra la declaración del
documento, y de ahí que la tacha propuesta resulte improcedente, referida como
está a lo dicho en el documento. (Se destaca).

Se tiene entonces que la falsedad se clasifica en falsedad ideológica o intelectual
y falsedad material; la primera tiene lugar cuando en el documento materialmente
verdadero se han incluido hechos contarios a la realidad y la segunda cuando se
ha alterado el documento después de expedido, mediante borrados, supresiones
o cambios, y solo es posible formular la tacha frente a la falsedad material, en
cuanto constituye una falsedad documental y no frente a la adulteración del
contenido del documento para cuya infirmación deben utilizarse los términos
probatorios de las instancias. Así lo considera, esta Sección73 al igual que la Corte
Suprema de Justicia74 al señalar:

(…) los documentos en general, y entre ellos los documentos públicos, pueden
ser objeto de falsedad, en dos modalidades: material e ideológica. Si se trata de

72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de octubre

de 2013. Rad.: 11001-03-28-000-2012-00058-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de: 19 de septiembre

de 2008. M.P Reinaldo Chavarro Buriticá Rad: 11001-03-28-000-2006-00090-00. 20 de octubre de 2005,
Rad. 68001-23-15-000-2004-0118-01. 29 de octubre de 2013, Rad: 11001-03-28-000-2012-00058-00. M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
74 C.S.J. Sala de Casación Civil. Sentencia de junio 9 de 1978 M.P. Humberto Rodríguez Robayo. En el

mismo sentido sentencias de la C.S.J. de enero 18 de 1954 y septiembre 26 de 1950.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

falsedad material el medio judicial idóneo para redargüir la autenticidad del
documento público es el incidente de tacha de falsedad previsto en los artículos
289 y ss, donde se entra a establecer si el mismo ha sido objeto de alguna
alteración en su texto a través de tachaduras, borrones, supresiones, en fin todo
aquello que conduzca a mutar su tenor literal. A contrario sensu, el mismo
incidente no opera si la falsedad es ideológica, pues consistiendo la misma en la
falsedad intelectual del contenido del documento, su demostración queda sujeta
a la libertad de medios probatorios, de modo tal que el interesado en provocar su
declaración puede valerse de diferentes pruebas para acreditar que pese a la
autenticidad de un documento, su literalidad refleja una realidad que dista
ostensiblemente de la verdad.

De esta manera, la falsedad material se refiere a aquellas alteraciones físicas del
contenido o firma de un documento, contrario sensu, la falsedad ideológica,
corresponde a la falta de veracidad del contenido del documento en relación con
el hecho que pretende probar y es la denominada falsedad material la que
constituye el objeto de la tacha, por lo que a través de esta se puede desvirtuar la
autenticidad del documento. Empero, la falsedad ideológica no se tramita a través
de esta figura procesal, pues como su inconformidad se origina en relación con el
contenido del documento y no respecto de la autenticidad del mismo, el
mecanismo para su controversia lo constituyen, justamente, las pruebas
recaudadas dentro del proceso que permitan desvirtuar dicho contenido.

Ahora bien, en lo que concierne al desconocimiento de documentos, el artículo
272 del Código General del Proceso prevé:

ARTÍCULO 272. DESCONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. En la oportunidad
para formular la tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento
no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los
motivos del desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos
dispositivos y representativos emanados de terceros.

No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la
oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requisitos indicados
en el inciso anterior.

De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien
podrá solicitar que se verifique la autenticidad del documento en la forma
establecida para la tacha.

La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez
considere que el documento es fundamental para su decisión.

Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de
eficacia probatoria.

El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la
imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o
manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

y probarse por quien la alega.

Según la norma transcrita, la oportunidad para formular el desconocimiento de
documentos es la misma que para presentar la tacha de falsedad, esto es, la
contestación de la demanda y, en los demás casos, en el curso de la audiencia
en que se ordene tenerlo como prueba. También consigna un presupuesto de
legitimación para proponerla: la parte a quien se atribuya un documento que no
esté firmado ni manuscrito por ella. La misma regla aplica para documentos
dispositivos y representativos emanados de terceros.

Debe precisarse que la diferencia entre tacha de falsedad y desconocimiento,
como medios de impugnación de los documentos, es fundamental; en especial,
para la decisión que se debe adoptar en este asunto. La primera figura, ataca la
autenticidad documental, si se tiene en cuenta que, por disposición legal todos
«se presumen auténticos» (art. 244 del Código General del Proceso); así, procede
cuando el autor del documento, o la voz o la imagen grabadas no corresponden
a la persona a la que se atribuye, o cuando el documento ha sido adulterado luego
de elaborado75.

Por su parte, la segunda figura, esto es, el desconocimiento, no pretende
«cuestionar la existencia legal o autenticidad del documento, sino censurar o
rechazar la autoría que se imputa porque no le consta que a quien se atribuye sea
el autor, expresándolo y explicándolo en la solicitud; con la particularidad de que
invierte la carga de la prueba a quien lo presentó para que demuestre su veracidad
o procedencia»76.

En este evento, los recurrentes cuestionan la autenticidad de los videos aportados
por los actores bajo el argumento de que no contienen metadatos y que aparecen
editados y «manipulados» porque aparecen en ellos elementos musicales y
gráficos publicitarios.

Al respecto, resulta del caso reiterar la tesis jurisprudencial77 frente a la valoración
de videos en formato MP4 y los enlaces web de las distintas redes sociales,
cuando estos han sido objeto de desconocimiento en su autoría y de tacha de
falsedad, a partir de informes periciales.

En sentencia del 22 de agosto de 202478 – gobernador de Cundinamarca –, la
Sección Quinta indicó lo siguiente:

75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Providencia del 17 de noviembre de 2020. Rad: 73001-

31-03-004-2011-00313-01. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
76 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Providencia del 17 de noviembre de 2020. Rad: 73001-

31-03-004-2011-00313-01. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
77 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001032800020240005700 (acumulado) Sentencia del 8 de mayo de 2025. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
78 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

Rad. 11001-03-28-000-2023-00154-00.

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 165 del Código General del Proceso, «Son
medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio
de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación
del convencimiento del juez». A su turno, el artículo 243 de la misma obra clasifica
las distintas clases de documentos en «los escritos, impresos, planos, dibujos,
cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos,
grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones,
contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que
tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas,
monumentos, edificios o similares». De la norma en mención se extrae que el
legislador distinguió los mensajes de datos de otros formatos como, entre otros, las
videograbaciones.

El artículo 244 ibidem establece que el documento es auténtico «cuando existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista
certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento». La norma bajo
cita presume la autenticidad de, entre otros, la «reproducción de la voz o de la
imagen», mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, según el
caso. El penúltimo inciso de este precepto dispuso que «[l]os documentos en forma
de mensaje de datos se presumen auténticos». El artículo 247 de esta preceptiva
estableció los requisitos para valorar los mensajes de datos al señalar que su
análisis procede siempre que «hayan sido aportados en el mismo formato en que
fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca
con exactitud».

A propósito de las características de los mensajes de datos, esta Sala, en
providencia del 1° de julio de 202179, analizó el contenido de esta clase de
documentos de acuerdo con las disposiciones de la Ley 527 de 199980.

En este pronunciamiento, la Sección Electoral concluyó que «quien aduce este tipo
de pruebas en los procesos judiciales deberá garantizar: (i) que la información
contenida en el mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta –artículo
6° de la Ley 527 de 1999–; (ii) la identificación del iniciador del mensaje–quien lo
genera –artículo 7° de la Ley 527 de 1999–; (iii) la integralidad de su contenido,
esto es, que no haya sido alterado a partir del momento en que se generó por
primera vez en su forma definitiva –artículos. 8° y 9° de la Ley 527 de 1999–» (…).

Desde luego, como se indicó en la providencia en mención, «los requisitos de
equivalencia funcional –que parangonan los documentos electrónicos y físicos,
contenidos en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo
serán exigibles cuando los extremos procesales arrimen a las causas en las que
participan verdaderos mensajes de datos –compréndase correos electrónicos,
vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo
link–; pero no sus reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen
aplicable será el general de los documentos que, en principio, se presumen
auténticos, a las voces del artículo 24481 de la Ley 1564 de 2012».

79 Expediente: 05001-23-33-000-2020-00006-01. M.P Rocío Araújo Oñate (E).
80 «Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones».
81 «Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,

elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso».

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Siguiendo con el razonamiento citado, la Sección tuvo oportunidad de analizar y
profundizar los anteriores conceptos en sentencia del 26 de septiembre de 2024
– gobernador de Córdoba – 82 indicando, lo siguiente:

[D]e cara a la oposición que presentó el demandado a los videos y a los enlaces
web a través del informe pericial, debe decirse que estos no tacharon en forma
concreta, como falsas las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen que
protagonizan el accionado y demás sujetos políticos, contrario sensu, lo que
desvirtúa el informe es la inserción de viñetas en el video, música y letreros propios
de las campañas políticas, sin hacer alusión alguna a la voz o a la imagen de
quienes caracterizan las imágenes que de ellos se representa83.

(…)

De este modo, las divulgaciones a través de redes sociales se pueden valorar como
mensaje de datos, siempre que se hayan aportado al proceso en condiciones que
permitan i) su accesibilidad, esto es, que la publicación esté disponible para su
consulta tanto al presentarla con la demanda como para el momento de su
valoración, ii) la identificación de quien lo genera, o más bien de quien lo publica, y
iii) la integralidad de su contenido, que se refiere a que lo divulgado en la red social
no se haya alterado a partir de cuándo se generó por primera vez.

De ahí que el mensaje de datos que reúna las condiciones de accesibilidad,
identificación e integralidad, podrá ser valorado como prueba en instancias
judiciales. A su turno, las documentales contenidas en otras clases de soporte o
formato, como su reproducción física o el medio magnético a través del cual se
aporta, se valorarán conforme con las reglas generales de estas, cuya autenticidad
se presume mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, según el
caso.

(…)

Al consultar el enlace de la publicación, se advierte que está disponible y puede
valorarse como mensaje de datos, con lo cual se satisface el requisito de
accesibilidad del mensaje de datos y, por esa razón, es posible su análisis. Con
todo, la parte actora aportó el archivo que contiene el video del evento, en formato
MP4, pero este fue también controvertido desde el punto de su autenticidad. Para
el efecto, allegó el dictamen técnico presentado en precedencia llegando a las
conclusiones que arriba se anotaron.

(…)

En este punto, no cabe la menor duda que las ediciones tuvieron una finalidad
estrictamente publicitaria, que lejos de anular la percepción84 que se tiene sobre lo

82 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

Rad. 11001-03-28-000-2023-00106-00 (Principal) 11001-03-28-000-2023-00156-00.
83 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Pedro Pablo Vanegas

Gil. Sentencia del 8 de agosto de 2024. Rad. 1001-03-28-000-2024-00046-00. «158. En esa medida, no
advierte la Sala que existan motivos que impida el análisis del contenido del video aportado, pues es lo cierto
que más allá de la originalidad del contenido del video, lo que se ha debatido es su integridad, mas no lo que
allí se aprecia y no existen elementos que indiquen que la herramienta usada para obtenerlo no fue idónea.».
84 Sobre este punto existe la Guía para profesionales electorales de la UNESCO: «Elecciones en la era

digital». Allí se indicó respecto IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES Y LA IA EN EL CICLO ELECTORAL.

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expresado por sus protagonistas, permiten evidenciar, valorar y comprender las
manifestaciones que estos tuvieron; con lo que se puede discernir por parte de este
juzgador todos y cada uno de los momentos en que estos políticos actuaron en el
certamen electoral.

En efecto, del citado informe técnico no se observa que se hubiese restado el valor
de convicción de la prueba o que conduzca a la Sala a concluir que las imágenes
y discursos que representan no corresponden con los acontecimientos registrados.

De otro lado, la Sala advierte que, si bien, el perito cuestionó la imposibilidad de
conocer quién grabó el video, este dato no resulta indispensable, en la medida que
lo relevante de la prueba es que no contenga signos de alteración o manipulación
que trastornen la veracidad de los hechos representados en las imágenes del
archivo, especialmente frente a las declaraciones contenidas en aquel.

Esa tesis fue confirmada en sentencia del 6 de febrero de 2025 85 – gobernadora
del Meta –, en la que se indicó:

Reseñado en su integridad el informe pericial, la sala electoral arriba a una
conclusión, bajo el entendido que dicha experticia no logra desvirtuar la presunción
de autenticidad que reviste a las pruebas documentales que se allegaron. En
efecto, ese escrito se circunscribe a advertir ciertas falencias en la metodología de
recaudo de elementos probatorios y advierte las dificultades de análisis que ello
trae consigo, pero para nada es conclusivo en afirmar que en alguno o todos los
videos e imágenes aportadas por los demandantes se hayan llevado a cabo, de
forma torticera y subrepticia, labores técnicas o profesionales encaminadas a
modificarlos y, de esta manera, alterar la realidad.

En este sentido, la tacha de falsedad que planteó el apoderado de la demandada
encuentra sustento en el dictamen pericial, tan solo en lo referente a que los videos
pasaron por un proceso de edición o producción posterior a su captura inicial, lo
que es notorio en cuanto de los mismos se observa, como asevera el profesional
del derecho, «la inclusión de sonidos, imágenes, transiciones, subtítulos, música,
escritos, logos, velocidad de reproducción». Sin embargo, tal cual como lo advierten
algunos de los demandantes, de dichas características el experto no pudo derivar
falsedad alguna referente a que no se tratara de la voz o imagen de la [demandada].

Conforme a lo anterior, es claro que el simple hecho de que un video haya sido
editado en el sentido de incluir música e imágenes publicitarias, como las propias
de las campañas políticas, no implica que haya sido falseado materialmente en lo
referente a lo dicho o manifestado por quienes en ellos aparecen.

En este evento, los cuestionamientos de los recurrentes apoyados en el dictamen
pericial rendido por el perito Óscar Felipe Valero Loaiza resultan genéricos, se
reducen a afirmar que los videos fueron editados y que carecen de metadatos,
pero no indican y mucho menos demuestran que las imágenes y voces que en

«Sin embargo, los procesos electorales recientes demostraron que las redes sociales también pueden usarse
con fines dañinos que, en muchos casos con la ayuda de tecnologías de inteligencia artificial donde los
algoritmos amplifican la participación de contenido emotivo y a veces falso, socavan la integridad de las
elecciones a lo largo del ciclo electoral.». Fuente de consulta: https://acortar.link/zvvKo2
85 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

Rad. 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal).

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ellos aparecen no correspondan a quienes los actores y el fallo de primera
instancia afirman.

Es decir, en ningún aparte los apelantes invocan que la voz, imagen o acciones
del demandado que aparecen en los videos fue alterada para hacer que aparezca
diciendo o haciendo algo que no hizo, simplemente se limitan a manifestar que
los videos tienen ediciones.

Adicionalmente, sostienen que los videos no tienen metadatos, entendidos
aquellos como la información sobre cómo, cuándo y dónde se grabó un mensaje
de datos; sin embargo, se reitera que los videos que fueron valorados en primera
instancia no se analizaron como tales sino como simples documentos, razón por
la cual no era necesaria dicha información.

Igual razonamiento se aplica, respecto de la identificación de su creador y demás
requisitos consagrados en la Ley 527 de 1999.

En ese mismo sentido, frente a la afirmación de los recurrentes según la cual no
hay evidencia de que los videos en cuestión «no fueron alterados», se advierte
que la carga de la prueba de demostrar que aquellos fueron modificados radica
en el demandado o la parte en contra de quien se aducen o por lo menos quien
manifiesta que fueron alterados, pero para ello, se reitera, no basta con demostrar
que fueron objeto de ediciones con una finalidad estrictamente publicitaria, «que
lejos de anular la percepción que se tiene sobre lo expresado por sus
protagonistas, permiten evidenciar, valorar y comprender las manifestaciones que
estos tuvieron; con lo que se puede discernir por parte de este juzgador todos y
cada uno de los momentos en que estos políticos actuaron en el certamen
electoral»86.

Así las cosas, es claro que los recurrentes no demostraron que los videos
aportados por los demandantes en formato MP4, que constituyen documentos y,
por ende, se presumen auténticos, hayan sido alterados o manipulados con el fin
de variar lo que sus protagonistas dicen o expresan con su lenguaje verbal y
corporal87, por lo que la presunción de autenticidad se mantuvo incólume y, en
consecuencia, no hay impedimento para valorarlos en esta instancia.

Ello también aplica a la manifestación de los apelantes según la cual, aquellos
fueron editados con herramientas de inteligencia artificial, la cual no fue
respaldada probatoriamente en manera alguna.

86 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

Rad. 11001-03-28-000-2023-00106-00 (Principal) 11001-03-28-000-2023-00156-00.
87 Lo cual coincide con las conclusiones de los peritos que rindieron dictámenes en el curso de la primera

instancia y a los cuales, pese a que fueron controvertidos por el demandado, se les otorgó plena credibilidad.

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En tales condiciones, los argumentos de los recursos tendientes a controvertir la
presunción de autenticidad de los documentos (videos) que sirvieron de base al
tribunal de primera instancia para decidir, tampoco tienen vocación de
prosperidad.

4.2.3. La incorporación y valoración de capturas de pantalla de los videos
aportados por los demandantes.

En criterio de los recurrentes, el a quo valoró irregularmente una serie de capturas
de pantalla que presuntamente corresponden a los videos aportados como prueba
en las demandas. Ello porque no las enlistó en los documentos incorporados
como tales en la audiencia inicial.

Revisada dicha diligencia se advierte que, efectivamente la ponente en primera
instancia no hizo alusión específica a «capturas de pantalla» en el extenso listado
de medios probatorios decretados como tales en la audiencia del 5 de septiembre
de 2024; pese a que sí fueron aportadas oportunamente por los demandantes.

No obstante, ninguno de los actores recurrió ese punto, motivo por el cual la
decisión sobre el particular quedó en firme.

Pese a lo anterior, el mismo tribunal, incluyó en el fallo capturas de pantalla de las
pruebas videográficas que analizó y valoró, pese a que tácitamente las excluyó
del decreto de pruebas.

En otras palabras, es claro que la magistrada ponente erró al decretar las pruebas
de primera instancia por cuanto excluyó documentos aportados oportunamente
por las partes; sin embargo, ante el silencio de los interesados dicha decisión
quedó ejecutoriada y, pese a ello, aquella fue desconocida por el tribunal a quo al
incluir dichos medios probatorios en la sentencia de primera instancia.

En tales condiciones, asiste razón a los recurrentes en este punto, por lo que no
era viable valorar dichas pruebas y mucho menos basar la decisión bajo estudio
en aquellas.

Bajo esa óptica habrán de ser analizados los demás reparos de los apelantes en
el caso concreto.

4.3. La valoración de los supuestos actos de apoyo desplegados por el
demandado en favor de candidatos al Concejo de Bucaramanga avalados
por partidos diferentes al suyo.

Según se tiene los recurrentes cuestionan la valoración de las pruebas que
sirvieron de base al a quo para encontrar acreditado el elemento objetivo o

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material de la prohibición de doble militancia, específicamente respecto de los
siguientes aspirantes al Concejo de Bucaramanga para el período 2024-2027: i)
Del Centro Democrático: Edisson Ferney López Casallas; ii) Del Partido de la U:
Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila, Anderson Fabián Pradilla
Díaz, Rosa Mabel Román Romero y Juan Pablo Piñeros Nieto.

4.3.1 Edisson Ferney López Casallas.

Respecto del señor López Casallas, candidato al Concejo de Bucaramanga por
el Partido Centro Democrático, obran en el expediente 2 videos en MP4 88.

En el primero de ellos, que tiene una duración de 38 segundos, aparece el
demandado junto con Edisson Ferney López Casallas caminando por la calle,
abrazados y sosteniendo la siguiente conversación:

Jaime Andrés Beltrán Martínez: Estamos acá en la comuna 14, con nuestro
concejal Edisson, caminando, hablándole a los bumangueses, esta ciudad la
vamos a recuperar, con autoridad, con mano dura, con carácter, Centro
Democrático, lo conocen y lo saben, número 2, muy fácil, y de esa manera
juntos vamos a recuperar Bucaramanga.

Edisson López: Mi alcalde, cuál es el mensaje para todos los seguidores de
Centro Democrático, que ahora son sus seguidores también.

Jaime Andrés Beltrán Martínez: No podemos dejar que el populismo siga
desbaratando la ciudad, llevamos 8 años con la ciudad acabada, es nuestra
oportunidad para sepultar el populismo y construir una nueva Bucaramanga.

Edisson López: Entonces, ya saben, fuera la izquierda y el populismo. (Se
resalta).

88 Expediente 680001233300020240004000

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69

Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

En el curso del video se evidencia que hay mucha más gente a su alrededor
reunida de lo que se deriva que se encontraban en un evento público; sin
embargo, la manifestación de apoyo no se dirige a la multitud sino a lo que parece
ser una cámara que los está grabando a los dos sin intervención de los demás
asistentes.

En el segundo video, de 1’08’’ de duración, aparece nuevamente el demandado,
junto con Edisson Ferney López Casallas y una mujer quien no se identifica. En
la grabación los intervinientes dicen:

Edisson Ferney López Casallas: Soy el joven de Centro Democrático que
realmente necesita Bucaramanga, con dos líderes importantes que tengo hoy a
mi lado, esta gran mujer que enseña el liderazgo de las mujeres, este gran hombre
que enseña el liderazgo y el temor de Dios que siempre tenemos que tener y
obviamente es un gran ejemplo para mi vida y para este proyecto político.

Mujer: quiero invitar a todas las mujeres a que este 29 de octubre disfrutemos de
esta fiesta de la democracia y la oportunidad que tenemos como líderes, como
mujeres, como amas de casa y profesionales, de marcar en el tarjetón por esas
personas que nos van a representar a partir del primero de enero de 2024, marque
bien y elija bien este 29 de octubre.

Jaime Andrés Beltrán Martínez: Y recuerde, cuando vaya al tarjetón, jóvenes,
hombres, mujeres, todos aquellos que creen en la seguridad, que creen en
que hay que reactivar la ciudad con oportunidades y que creen en la
recuperación de valores y principios aquí hay un gran líder, él es Edisson, y
es muy fácil votar por él, solo es marcar en Centro Democrático la X, y en el
número 2, vamos a ser equipo, vamos a recuperar Bucaramanga.

Edisson López: Entonces ya saben, no coman cuento y más bien marquen Centro
Democrático número dos, y a la Alcaldía Jaime Andrés Beltrán. (Se resalta).

Del análisis de dichos documentos es claro que Jaime Andrés Beltrán Martínez
invitó a votar por Edisson López Casallas al Concejo de Bucaramanga; de hecho,

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

el demandado enseñó la forma en que se debería marcar la tarjeta electoral para
que el candidato López Casallas obtuviera una curul en dicha corporación en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 así: «él es Edisson, y es muy fácil votar por
él, solo es marcar en Centro Democrático la X, y en el número 2, vamos a ser
equipo, vamos a recuperar Bucaramanga».

En tales condiciones, el demandado afirmó que para «reactivar la ciudad con
oportunidades… en la recuperación de valores y principios» se debía votar por
Edisson López para el Concejo de Bucaramanga.

Además, se refirió a él como «nuestro concejal» expresión que, aunque por sí
sola no es definitiva para demostrar un acto positivo de apoyo, analizada en
conjunto con las demás afirmaciones e invitaciones hechas en los videos sí dan
cuenta del respaldo brindado por el demandado a la aspiración de Edisson López
Casallas al concejo municipal.

No obstante, al igual que ocurre con el video anterior, las referidas
manifestaciones no se dirigen a un público en particular sino que son grabadas.

Al respecto, se advierte que, al no poder tener como prueba las impresiones de
pantalla de las publicaciones de redes sociales que posiblemente demostrarían
que los precitados videos fueron divulgados al público en general, no existe
certeza de dicha circunstancia.

Por lo tanto, de las pruebas debidamente incorporadas al expediente solo se
extrae que el demandado manifestó abiertamente su apoyo al señor López
Casallas, pero no, que ese respaldo haya sido divulgado en un evento público o,
por lo menos dado a conocer a través de algún medio a la colectividad.

4.3.2. Elkin Yesid Bello Peña.

Respecto del señor Bello Peña, candidato al Concejo de Bucaramanga por el
Partido de la U, obran en el expediente 2 videos en MP489.

Los dos corresponden al mismo evento, el primero tiene una duración de 1’15’’ y
el segundo de 41’’; en ambos aparece el demandado dirigiéndose a un grupo de
personas que se encuentran sentadas mirando hacia una tarima donde está él
junto con el candidato del Partido de la U, en la que se observa publicidad política
de este último y en el que Jaime Andrés Beltrán Martínez interviene en los
siguientes términos:

Yo quiero pedirles un favor personal, si Jaime Andrés llega, pero no tengo concejal
no hice nada, yo necesito que me apoyen a Yesid, pero lo apoyen con firmeza,
89 Expedientes Expediente 680001233300020240004000 y 680001233300020230082400

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

tenemos 480 candidatos al concejo, por todos lados hay candidatos, pero acá
tienen alguien que ustedes conocen, que saben el talento, pero se ha unido a una
estrategia de recuperar a Bucaramanga. Yo les pido cuando vayan al tarjetón
busquen la U y marquen el número 1, pero cuando vayan al tarjetón de la
alcaldía la dicha es que de 16 candidatos nos correspondió la casilla número uno,
sencillo, el uno es el ganador. Muchas gracias, Dios los bendiga. (Se resalta).

De lo anterior, se extrae que el demandado directa e inequívocamente se dirigió
a los asistentes a una reunión política y pidió buscar en el tarjetón del Concejo de
Bucaramanga el Partido de la U y el número 1. Es decir, expresamente solicitó a
un grupo plural de personas que votaran a dicha corporación pública por un
candidato diferente a los inscritos por su colectividad para aquella. Lo cual
demuestra que su finalidad fue persuadir a los potenciales electores presentes en
dicho evento.

Además, puso de presente que él también tenía el número 1 en la tarjeta electoral
para la alcaldía.

Verificadas dichas manifestaciones con los formularios electorales E8-CO y E8-
AL de las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 en Bucaramanga,
incorporados al expediente, se advierte que, efectivamente, el señor Elkin Yesid
Bello Peña tenía el número 1 en el Partido de la U al concejo y el demandado, el
número 1 para la Alcaldía, lo cual corrobora que la intervención bajo análisis se
refirió a dicho certamen electoral.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las capturas de pantalla aportadas con las
demandas no fueron incorporadas como prueba al expediente, no hay certeza
sobre si dicho video fue publicado en la red social Instagram; sin embargo, para
el caso específico, no es necesario verificar si dicha publicación tuvo lugar o no,
toda vez que, contrario a lo que ocurre en el caso anteriormente analizado, en

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Demandantes: Edwing Fabián Díaz Plata y otros
Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

este está acreditado que el demandado, en un evento proselitista, con público
presente pidió que se votara por un candidato diferente a los inscritos por
Colombia Justa Libres a la referida corporación.

Con base en los anteriores elementos, es evidente que Jaime Andrés Beltrán
Martínez sí desplegó actos positivos e inequívocos de apoyo a la candidatura de
Elkin Yesid Bello Peña al Concejo de Bucaramanga para las elecciones
territoriales de 2023, toda vez que, de viva voz pidió que lo respaldaran en las
urnas y votaran por él en una reunión de índole político con un público presente.

4.3.3. Vilma Alexandra Cadena Ardila.

Respecto de la señora Cadena Ardila, candidata al Concejo de Bucaramanga por
el Partido de la U, obra en el expediente 1 video en MP4 con una duración de
2’05”90.

En él aparece el demandado junto a la referida aspirante, en un evento de
campaña, con varios asistentes, publicidad política alrededor, sosteniendo la
siguiente conversación:

Demandado: Bucaramanga debe ser para los bumangueses y nos la tienen que
respetar, el problema es que estamos callados, dijo Martin Luther King algo que
me gustó mucho, «no me duele la maldad de los malos, me duele la indiferencia
de los buenos», y los buenos en Bucaramanga somos más solo que estamos
asustados, en Bucaramanga la gente buena somos más, solo que estamos
callados.

Vilma Cadena: ¡Uy! qué complicado es ese tema, por tanta corrupción, por tantas
situaciones que se están presentando con los políticos, que como lo mencionaba
también Armando, vive haciéndonos promesas, como lo mencionaba Andrés en
su reflexión, en temporadas de campaña viven haciendo promesas y diciendo
cosas, y repartiendo tamales y lechonas, pero que en 4 años no se dejan ver en
beneficio de la comunidad.

Demandado: Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de fe, la fe cada
quien la interpreta de una manera distinta, pero es esa fe la que nos hace ser
distintos, y yo tengo que decirles de manera puntual, Bucaramanga no puede
seguir 4 años más así, porque la vamos a recuperar, a partir del primero de enero
vamos a recuperar esta ciudad.

(Aplausos)

Pero, un alcalde si no tiene concejal no hace nada. Yo necesito que Vilma logre
llegar al Concejo de Bucaramanga, una mujer con el conocimiento, con las
capacidades…

(Aplausos)

90 Expediente 680001233300020240004000

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

Demandado: Y usted dirá…, por qué necesita al concejo, porque el Concejo es el
que le aprueba, yo puedo tener buenas intenciones pero si tengo, no tengo en el
Concejo quien apruebe, quien lidere, entonces si algo tiene Vilma; uno, es que
viene de una familia que tiene la experiencia para gobernar; dos, porque no es
una mujer que acabó de aprender el tema político, lo conoce desde…, bueno,
creció «boleando» trapo, el reto dónde está, que los bumangueses nos unamos,
esto no es «voy a votar por Jaime Andrés» no. voy a votar por defender a mi
ciudad. (Se resalta).

En este caso, las expresiones de respaldo del demandado hacia la candidata se
refieren a que la necesita en el Concejo de Bucaramanga, porque «si no tiene
concejal no hace nada», ello, según explica, porque esa corporación es la que
aprueba los proyectos del alcalde. Además, señala que necesita que llegue al
concejo y resalta sus cualidades.

Del análisis conjunto de las pruebas se advierte que el demandado sí manifestó
su apoyo a la candidatura de la señora Cadena Ardila.

Ahora bien, de la grabación se extrae que las manifestaciones de apoyo se dieron
en un acto de campaña con público presente.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

En tales condiciones, es claro que el acto de apoyo en cuestión se dio en un
evento público.

4.3.4. Anderson Fabián Pradilla Díaz.

Respecto del señor Pradilla Díaz, candidato al Concejo de Bucaramanga por el
Partido de la U, obra en el expediente 1 video en MP491.

En aquel aparece el demandado, en un evento público, con publicidad electoral,
afirmando:

No nos unimos simplemente con Fabián, junto a mi esposa, junto a Alicia me uno
a la familia de Fabián, su esposa, y a todas las familias que están aquí
presentes…, simplemente para acompañar a un amigo que se llama Fabián,
estamos aquí con la esperanza de que hombres como él, empresarios, echados
«pa’ lante», berracos, tienen el talante de defender a la ciudad, y hacer de
Bucaramanga una ciudad grande…, no solamente vamos a tener Alcalde, vamos
a tener concejal y el concejal mayoritario en Bucaramanga se llama Fabián
Pradilla.

91 Expediente 68000103280002023082000

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

Del documento en mención, se advierte que la expresión de la cual se deriva el
apoyo endilgado al demandado es «vamos a tener concejal y el concejal
mayoritario en Bucaramanga se llama Fabián Pradilla.»

Si bien, no se trata de un acto de respaldo en el que directamente se invite a votar
por el señor Pradilla, no puede dejarse de lado que de dichas afirmaciones puede
derivarse el apoyo del demandado hacia la candidatura de aquel al Concejo de
Bucaramanga.

Además, igual que en el caso anterior, fueron manifestaciones que se hicieron de
viva voz en un acto público.

4.3.5. Rosa Mabel Román Romero.

Respecto de la señora Román Romero, candidata al Concejo de Bucaramanga
por el Partido de la U, obran en el expediente 2 videos en MP492.

En el primero de ellos, el cual tiene una duración de 14 segundos, aparece el
demandado con una camiseta en la que se lee Defendamos Bucaramanga
interactuando con una pancarta que simula la tarjeta electoral en la que aquel
señala con marcador una casilla.

A la vez, afirma: «cuando vayan a votar por Mabel, recuerden, hay que buscar el
Partido de la U, le ponen una X acá, y buscan el número 6, acá lo tenemos, así
se vota por Mabel, U6, un abrazo.»

De dicho documento es claro que el demandado invitó directa e inequívocamente

92 Expediente 680001233300020240004000

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a votar por la señora Román Romero, de hecho, hizo el ejercicio práctico,
buscando en la copia ampliada de la tarjeta electoral al Partido de la U y marcando
él mismo el número 6 que, verificado el formulario E8-CO que obra en el
expediente corresponde a dicha candidata.

Es decir, es absolutamente evidente que Jaime Andrés Beltrán Martínez no solo
invitó a votar por esa aspirante, sino que, además, hizo el simulacro de la votación
de manera pedagógica, razón suficiente para entender acreditado en este caso el
elemento objetivo de la prohibición bajo estudio.

En el segundo video, que tiene una duración de 41 segundos, aparece el
demandado acompañado de dos mujeres y sosteniendo la siguiente
conversación:

Demandado: Hoy quiero presentarles un equipo extraordinario, Mabel nuestra
candidata al concejo, pero María Isabel, nuestra candidata a la asamblea, un
equipo que tiene claro que vamos a recuperar a Santander y a Bucaramanga.
Jaime Andrés, Mabel y María Isabel juntos, para hacer de Bucaramanga una
ciudad segura, próspera, pero sobre todo humana.

Mabel Román: Vota este 29 de octubre; alcaldía, Jaime Andrés Beltrán; asamblea,
María Isabel Mantilla; y quien les habla, Mabel Román U6 al Concejo de
Bucaramanga.

María Isabel Mantilla: Acompáñanos porque juntos transformaremos a Santander
y a nuestra Bucaramanga.

En este caso, la expresión de respaldo del demandado hacia la señora Román
Romero no resulta evidente, por cuanto se limita a referirse a ella como parte del

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equipo con el cual pretende «recuperar Santander y Bucaramanga».

Sin embargo, como se mencionó del primer video analizado sí se desprende el
apoyo directo y expreso del señor Beltrán Martínez hacia una candidata al
Concejo de Bucaramanga, diferente a los inscritos por Colombia Justa Libres que
fue la agrupación política que avaló su candidatura a la alcaldía de esa ciudad
para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

Ahora bien, por lo menos el primero de ellos se grabó en una reunión con
elementos políticos a la cual asistió un número plural de personas, de lo que se
deriva que se trató de un evento público; sin embargo, la manifestación de apoyo
no se dirige a la multitud sino a lo que parece ser una cámara que los está
grabando a los dos sin intervención de los demás asistentes.

4.3.6. Juan Pablo Piñeros Nieto.

Respecto del señor Piñeros Nieto, candidato al Concejo de Bucaramanga por el
Partido de la U, obran en el expediente 3 videos en MP493.

En el primero de ellos, dura 40 segundos y en él aparecen el demandado y quien
afirma ser Juan Pablo Piñeros Nieto diciendo:

Demandado: Hoy tengo el privilegio de presentarles un candidato al concejo, que
tiene liderazgo, que tiene carácter, que tiene determinación, pero lo van a
encontrar en el tarjetón como U número 9, recuerden este 29 de octubre, si
queremos entre todos recuperar a Bucaramanga, tenemos que unirnos
marcando en el tarjetón U9.

Juan Pablo Piñeros Nieto: Pero necesitamos también hacer una dupla, una dupla
ganadora, una llave encargada de trabajar por la seguridad, Jaime Andrés
Alcalde, el número 1 en el tarjetón, y la mejor opción y la primera opción para la
ciudad.

Demandado: Un abrazo. (Se resalta).

93 Expediente 680001233300020240004000

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Del documento en mención se advierte que el demandado «presenta» al
candidato al Concejo de Bucaramanga del Partido de la U a quien se le asignó el
número 9 en la tarjeta electoral y afirmó que se deberían unir «marcando en el
tarjetón U9».

En el segundo video, el cual dura 26 segundos y aparece nuevamente el
demandado con el señor Piñeros Nieto diciendo:

Hoy quiero hacerles una invitación especial, estoy con mi gran amigo Juan
Piñeros, candidato al Concejo de Bucaramanga, él en el tarjetón se va a llamar
U9, muy fácil, busquen el partido de la U y le ponen una X, y buscan el número 9,
la U y el número 9, marcar la X en la U y marcar la X en el 9, estamos
transformando a Bucaramanga, una Bucaramanga segura, de oportunidades,
pero con valores y principios.

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Lo anterior, mientras señala en una pancarta que simula ser la tarjeta electoral la
forma en que se debe votar por dicho candidato, lo cual constituye una invitación
a votar por aquel, con lo que se acredita que desplegó actos de apoyo directos,
específicos e inequívocos hacia el referido candidato del Partido de la U.

En el tercer video, que dura un minuto trece segundos y corresponde a una pieza
publicitaria del señor Piñeros Nieto, aparece el demandado en los primeros
segundos dirigiéndose a un grupo de personas y manifestando:

Elegir a Jaime Andrés Beltrán es votar por la familia, es votar por la seguridad,
votar por el U9 es votar por recuperar los valores y los principios y que
Bucaramanga avance.

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En dicho documento, se afirma por parte del demandado que votar por el
candidato 9 del Partido de la U es contribuir a recuperar los valores y principios
que Bucaramanga necesita.

Así las cosas, del análisis en conjunto del material probatorio aportado respecto
del señor Piñeros Nieto, se deriva claramente que Jaime Andrés Beltrán Martínez
no solo invitó a votar por aquel, sino que, además, ilustró pedagógicamente cómo
debería buscarse el número 9 del Partido de la U en la tarjeta electoral y la forma
en que debía marcarse la casilla para respaldarlo en su candidatura al Concejo
de Bucaramanga; sin embargo, frente a los dos videos no existe prueba de que
hayan sido publicados.

No obstante, en el tercero de los videos se evidencia que dichas manifestaciones
se dieron en un evento abierto con público presente, a diferencia de lo otros dos,
por lo que, con base en este último se entiende configurado el elemento del apoyo.

Tal como ocurre en los casos anteriores, verificado el formulario E8-CO, el
número 9 del Partido de la U para las elecciones del 29 de octubre de 2023
correspondió a Juan Pablo Piñeros Nieto.

En tales condiciones, está acreditado que el demandado desplegó actos positivos
e inequívocos de apoyo respecto de los candidatos al Concejo de Bucaramanga
Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila, Anderson Fabián Pradilla
Díaz, Rosa Mabel Román Romero y Juan Pablo Piñeros Nieto del Partido de la
U.

Sin embargo, hay evidencia de que los actos de apoyo fueron desplegados en
actos públicos únicamente respecto de los señores Bello Peña, Cadena Ardila,
Pradilla Díaz y Piñeros Nieto.

4.4. De la configuración del elemento temporal

Ahora bien, precisado el hecho de que de las pruebas analizadas se deriva el
apoyo brindado por el demandado a algunos candidatos al Concejo de
Bucaramanga diferentes a los avalados por su agrupación política, corresponde
analizar lo relativo al elemento temporal de la prohibición.

En lo que tiene que ver con el argumento de los recurrentes relacionado con la
supuesta duda que existe respecto de la fecha de grabación de los videos
analizados en el acápite anterior, es claro que corresponden a época de campaña,
toda vez que ya se conocían los números asignados en la tarjeta electoral a los
candidatos al Concejo de Bucaramanga Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra
Cadena, Anderson Fabián Pradilla, y Juan Pablo Piñeros Nieto del Partido de la

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U, por lo que el elemento temporal se encuentra acreditado respecto de estos
como pasa a explicarse.

En este punto, resulta del caso recordar que el tema de las campañas y la
propaganda electoral se encuentra regulado en la Ley 1475 de 2011 en los
siguientes términos:

Artículo 34. Definición de campaña electoral. Para efectos de la financiación y de
la rendición pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral el conjunto de
actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en
un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.

La propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la
campaña y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales
sometidos a consideración de los ciudadanos o una determinada forma de
participación en la votación de que se trate. La recaudación de contribuciones y
la realización de gastos de campaña podrá ser adelantada por los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos, por su parte, sólo
podrán hacerlo a partir de su inscripción.

Artículo 35. Propaganda electoral. Entiéndase por propaganda electoral toda
forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a
favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o
corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción
en los mecanismos de participación ciudadana.

La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio
público, únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a
la fecha de la respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público
podrá realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la
respectiva votación.

En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o
logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los
partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones
o comités de promotores, los cuáles no podrán incluir o reproducir los símbolos
patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar
confusión con otros previamente registrados. (Se resalta).

De conformidad con la normativa en cita, es claro que la publicidad electoral solo
puede realizarse dentro de los 3 meses anteriores a la votación, por lo que,
teniendo en cuenta que las elecciones en cuestión se celebraron el 29 de octubre
de 2023, «las actividades realizadas con el propósito de convocar a los
ciudadanos a votar en un determinado sentido», para el caso concreto, por los
candidatos al Concejo de Bucaramanga Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra
Cadena Ardila, Anderson Fabián Pradilla Díaz, y Juan Pablo Piñeros Nieto, solo
pudieron haber tenido lugar entre el 29 de julio y el 29 de octubre de ese año.

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Así las cosas, hay certeza respecto los actos positivos de apoyo realizados por el
demandado en favor de los candidatos frente a los cuales ya se conocían los
números asignados en la tarjeta electoral.

Además, debe tenerse en cuenta que el señor Beltrán Martínez, ahora
demandado, invita específicamente a votar por Juan Pablo Piñeros Nieto, en
actos públicos dirigidos a un grupo plural de personas.

Además, donde aparece desplegando los referidos actos de apoyo, hay
publicidad suya y de los respaldados con el partido y el número asignado en la
tarjeta electoral, él mismo sostiene que además de los números para el concejo,
los electores deben buscar el número uno a la alcaldía, que es el suyo, de lo que
se deriva que había certeza de la ubicación de aquellos en la tarjeta electoral a
tal punto que se había impreso y diseñado propaganda con esa información, la
cual, como se mencionó, solo puede exhibirse en época de campaña electoral.

En este punto, destaca la Sala que para la asignación de las ubicaciones y
números en las tarjetas electorales se requiere que los candidatos estén
debidamente inscritos, en caso contrario, no tendría sentido dicho ejercicio ello,
por supuesto, teniendo en cuenta las variaciones y modificaciones de
inscripciones que se permiten en la ley.

Así las cosas, contrario a lo afirmado por los recurrentes e independientemente
de la fecha exacta de grabación de los videos en cuestión, analizados en conjunto
todos los elementos probatorios incorporados al expediente se advierte que el
apoyo brindado por el demandado a los referidos aspirantes al Concejo de
Bucaramanga tuvo lugar en plena época de campaña electoral, lo cual se deriva
del hecho que ya se conocían los números asignados a aquellos en la tarjeta
electoral, había publicidad con esos datos y las disposiciones legales que
establecen que estos actos solo pueden tener lugar 3 meses antes de las
elecciones, aspectos estos que no fueron desvirtuados por los apelantes.

Entonces, como en este caso en particular tanto el demandado como los
apoyados se refieren a sí mismos y a sus interlocutores como candidatos; ponen
de presente que son las personas que Bucaramanga necesita en la alcaldía y en
el concejo; invitan a votar el 29 de octubre de 2023 por ellos; cuentan con
publicidad política; se deduce que los actos reflejados en los videos en cuestión
constituyen actos de campaña y, por ende, se produjeron en época electoral.

Por lo tanto, contrario a lo afirmado por los recurrentes, el hecho de que en los
precitados documentos aparezca propaganda de los candidatos con números
asignados en la tarjeta electoral sí constituye prueba, junto con los demás medios
probatorios antes relacionados, para dar por acreditado el elemento temporal de
la prohibición en todos los casos bajo análisis.

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Demandado: Jaime Andrés Beltrán Martínez – alcalde de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Acum).

4.5. De los reparos sobre la prohibición de doble militancia como causal de
nulidad electoral

El apoderado del demandado en su escrito de apelación esboza una serie de
argumentos dirigidos a cuestionar la convencionalidad y la constitucionalidad de
la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo como causal de
nulidad electoral.

Además, sostiene que dicha prohibición no debe aplicar a candidatos inscritos por
coaliciones, por cuanto ello resulta ser desproporcionado e irrazonable tratándose
de derechos políticos.

Al respecto, resulta del caso precisar que estos argumentos no fueron planteados
en el curso de la primera instancia y, por ende, no hubo pronunciamiento en la
providencia apelada sobre la materia.

Con todo, al ser puntos ya analizados por la Corte Constitucional y esta Sala de
Decisión se reiterarán algunas consideraciones.

Según se tiene, el demandado invocó como fundamento de este cargo la presunta
vulneración del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos
que establece:

Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.

Frente al punto, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional al estudiar la
exequibilidad del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 que consagra la prohibición
de doble miltancia, señaló94:

94 Corte Constitucional C-490 de 2011.

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La doble militancia, en ese orden de ideas, es una limitación, de raigambre
constitucional, al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de
partidos, movimientos y agrupaciones políticas (Art. 40-3 C.P.). Ello en el
entendido que dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad
constitucional del principio democrático representativo, que exige que la confianza
depositada por el elector en determinado plan de acción política, no resulte
frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación
política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección
popular. Estos objetivos fueron explicitados por la Corte, al señalar que "...un
examen de los antecedentes del Acto Legislativo 01 de 2003, del texto que
finalmente fue aprobado, y del funcionamiento de las bancadas, conduce a
afirmar, como se ha hecho, que se encuentra proscrita la doble militancia política,
comportamiento que conduce a falsear la confianza del elector, a imposibilitar la
realización del programa político que se comprometió a cumplir, a entorpecer el
funcionamiento de las Corporaciones Públicas, y en definitiva, a atomizar la
actividad política entre un universo de partidos políticos que no resultan ser
representativos, resultados todos ellos contrarios a los propósitos que inspiraron
la Reforma Política. En consecuencia, el ejercicio de los mencionados derechos
políticos no puede conducir a desvertebrar en la práctica el régimen de bancadas.
En otras palabras, se presenta tan sólo una aparente contradicción entre el
ejercicio de los derechos políticos y la prohibición de la doble militancia,
interdicción constitucional esta última que de manera alguna impide la evolución
del sistema político colombiano dentro de unos parámetros claros para el ejercicio
de la actividad política"

Con el fin de hacer efectiva la democracia representativa mediante la disciplina
de partidos, el artículo 107 C.P. prevé una prohibición de carácter general, según
la cual "en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente
a más de un partido o movimiento político con personería jurídica". A partir de esa
proscripción, la misma norma constitucional determina dos consecuencias
jurídicas relacionadas con el tópico de la doble militancia: (i) la previsión según la
cual quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en
consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso
electoral; y (ii) la regla que determina que quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido
distinto, deberá renunciar a su curul al menos doce meses antes del primer día de
inscripciones. Estas reglas son complementadas por otras disposiciones de la
Carta, como el inciso sexto del artículo 108 C.P., que ordena que los miembros
de las agrupaciones políticas elegidos en las corporaciones públicas, actúen en
ellas como bancadas, en los términos previstos en la ley y de conformidad con las
decisiones adoptadas democráticamente por estas.

Ahora bien, estos aspectos ya han sido objeto de estudio por esta Sala de
Decisión que, de manera pacífica ha sostenido95:

90. La misma Constitución señala la manera en la cual deben salvaguardarse los
derechos del elector. Ciertamente, corresponde al aparato estatal velar por que
dicho derecho se desarrolle sin mácula alguna. Se establece que la organización
electoral debe suministrar a los votantes instrumentos que les permitan identificar

95 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-33-000-

2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E)

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con claridad los movimientos, partidos políticos y candidatos. En consecuencia,
la ley puede implantar mecanismos de votación que tiendan siempre a garantizar
el libre ejercicio del derecho del elector96. Libertad y garantía igualmente
respaldadas por la Convención Americana de Derechos Humanos97 y por el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos98.

91. La base de los derechos constitucionales del elector, radica en el ejercicio
libre del derecho, forjándose de esta manera en el núcleo esencial del derecho
fundamental al voto99. Así pues, es la libertad del sufragante y su protección lo
que permite hablar de democracia; por ende, sin dicha libertad y sin la
salvaguarda de la misma, no puede estarse en presencia de un Estado
Democrático. Al respecto se indicó:

(…)

92. En consecuencia, en un Estado Social y Democrático de Derecho la libertad
del elector debe ser amparada con el fin de poder hacer válida la democracia; de
allí que se rechace de manera enfática la manipulación del elector, propia de los
regímenes autoritarios, y se dirija el accionar del Estado a fin de garantizar “la
correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía”100.

(…)

95. En este orden de ideas, hace parte de esas reglas de protección de la libertad
del elector la pretensión consistente en que en el proceso electoral, el que sea,
se comporte bajo la doble exigencia de lealtad y claridad. La Corte
Constitucional101, al fijar los parámetros anotados en punto de los referendos,
sentó las bases aplicables a cualquier proceso democrático respecto de la lealtad
y claridad que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de
decisión. Por eso la necesidad imperiosa que en momento alguno se induzca al
elector a engaños, manipulaciones, artilugios o equívocos, que alteren su
convencimiento al momento de ejercer su derecho fundamental.

(…)

97. Por ende, como lo indica la Corte Constitucional102, no tendría sentido que el
ordenamiento constitucional y legal colombiano propendiera por la libertad del
elector y al mismo tiempo aceptara la validez de procesos electorales que
violenten o defrauden la voluntad de este, que lo conduzcan a equívocos, que los
engañen en su consentimiento o que, por consiguientes, no sean claros ni leales.
De este modo, se puede aseverar que la libertad del sufragio se debe constituir
en una constatación mínima previa a su ejercicio.

96 Art. 258.
97 Art. 23 .
98 Art. 25.
99 Corte Constitucional, sentencia C- 142 de 2001.
100 Corte Constitucional, sentencia C-551de 2003.
101 Corte Constitucional, sentencias C-551 de 2003, C-397 de 2010, C-784 de 2014, C-150 de 2015.
102 Ibídem.

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98. Una de las formas que garantizan constitucionalmente la salvaguarda y
protección de la libertad del elector, es la prohibición de doble militancia. En
efecto, en variada jurisprudencia la Corte Constitucional103 ha precisado que la
prohibición a los ciudadanos de pertenecer simultáneamente a más de un partido
o movimiento político, tiene origen constitucional. En consecuencia, no es una
determinación que provenga solamente del legislador, sino que este la
desarrolla por devenir directamente de la Constitución.

99. Así pues, la prohibición constitucional de doble militancia surge de la
confianza depositada por el elector en un determinado y específico plan de acción
política. Confianza que no puede verse estropeada y arruinada, por la decisión
personalista y egoísta del candidato o elegido de no honrar el acuerdo tácito –
tanto programático como ideológico -con su elector. (Se resalta).

En ese orden de ideas, es claro que la prohibición de doble militancia en todas
sus esferas, lejos de afectar los derechos políticos los garantiza, toda vez que
materializa principios superiores amparados por la Carta Política que buscan
proteger al elector en su libertad para elegir como concreción de los principios
democráticos del Estado Social de Derecho, en los cuales frente a la posible
tensión de derechos de los elegidos y los electores siempre deben prevalecer los
de estos últimos como manifestación de la voluntad popular.

Así las cosas, el hecho de que se haya consagrado la prohibición de doble
militancia como causal de nulidad electoral no contraría el ordenamiento
constitucional ni convencional, por el contrario, se convierte en garantía de aquel
al constituir una salvaguarda de la voluntad popular.

Por lo tanto, no se encuentra que la prohibición de doble militancia como causal
de nulidad electoral afecte o limite el derecho a votar y ser elegido en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; por el contrario,
materializa dicha garantía desde el punto de vista de estos últimos, tal como se
expresó en líneas anteriores.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la prohibición de la doble militancia en
coaliciones, resulta del caso reiterar que la Corte Constitucional104, ha
considerado que el inciso segundo del artículo 2.° de la Ley 1475 de 2011 es
aplicable a los candidatos de coalición porque en su caso también se cumplen
los supuestos fácticos que allí se exigen: i) aspiran a ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular y ii) por mandato del inciso tercero del artículo
29 de la Ley 1475 de 2011, se encuentran afiliados a una organización política.
Esta afiliación no se pierde, aunque el aspirante sea el candidato único de las

103 Corte Constitucional, sentencias C-342 de 2006, C-334 de 2014, entre otras.
104 Corte Constitucional, sentencia de unificación 213 del 16 de junio de 2022, MP. Cristina Pardo Schleinger.

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organizaciones políticas que integran la coalición.105

Frente al punto, esta Sección mayoritariamente ha sostenido que la prohibición
de la doble militancia resulta aplicable a candidatos inscritos en virtud de un
acuerdo de coalición. Además, ha precisado que cada partido coaligado otorga
avales individuales a sus candidatos, por ende, estos deben favorecer, en primer
término, a los que pertenecen a su misma colectividad y solo a falta de estos, es
posible respaldar a alguno de los inscritos por las demás organizaciones que
suscriben el acuerdo, siempre que se les haya dejado en libertad para hacerlo.106

En tales condiciones, es clara la postura de la Sala respecto de la prohibición de
doble militancia en la modalidad de apoyo frente a coaliciones y no se encuentra
mérito para revisarla o modificarla por el hecho de que, como lo plantea el
recurrente, en la práctica se desconozca frecuentemente.

Así las cosas, la interpretación de la prohibición efectuada por el a quo no se
encuentra desproporcionada o extensiva, como lo plantean los recurrentes, sino,
por el contrario, acorde a la postura de la Corte Constitucional y esta Sección
Electoral sobre la materia, razón por la cual estos cargos tampoco prosperan.

5. Conclusiones respecto de la configuración de la doble militancia en la
modalidad de apoyo en el caso concreto

Conforme a lo expuesto con antelación, advierte la Sala que se encuentran
acreditados todos los elementos de la doble militancia en la modalidad de apoyo
así:

Elemento subjetivo: El señor Jaime Andrés Beltrán Martínez fue elegido alcalde
de Bucaramanga para el periodo 2024-2027 en las elecciones del 29 de octubre
de 2023 con el aval del partido Colombia Justa Libres que, junto con el Partido de
la U y Salvación Nacional, conformaron la coalición Defendamos
Bucaramanga107.

Elemento modal: El partido Colombia Justa Libres inscribió candidatos propios al
Concejo de Bucaramanga en coalición con Salvación Nacional, dicha alianza se
denominó Juntos por Bucaramanga.108

105 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 12 de
diciembre de 2024. Expediente: 15001-23-33-000-2023-00428-02. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
106 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del

10 de agosto de 2023, Radicación: 11001-03-28-000-2022-00198-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra
107 Según consta en el Formulario E-26 AL que obra en los anexos de las demandas.
108 Ello se evidencia del Formulario E-8 CO y la certificación expedida por la Registraduría Nacional del

Estado Civil en donde consta que el código 14 correspondió en esas elecciones al partido Colombia Justa
Libes.

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Elemento objetivo: El señor Beltrán Martínez desplegó actos positivos e
inequívocos de apoyo en favor de la aspiración de los señores Elkin Yesid Bello
Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila, Anderson Fabián Pradilla Díaz, y Juan
Pablo Piñeros Nieto del Partido de la U, todos candidatos al Concejo de
Bucaramanga en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023109, pese a
que Colombia Justa Libres, partido que avaló al demandado inscribió candidatos
para esa corporación.

Elemento temporal: Los actos de apoyo se dieron en plena época de campaña
electoral, después de su inscripción como candidato y antes de las elecciones del
29 de octubre de 2023 según se desprende del análisis conjunto de los elementos
probatorios obrantes en el expediente expuesto en el acápite 4.4 de esta
providencia.

Finalmente, en cuanto al elemento territorial de la prohibición se tiene que los
actos de apoyo tuvieron lugar en la ciudad de Bucaramanga según se acreditó en
primera instancia y no se controvirtió por los recurrentes.

En tales condiciones, es claro que se reúnen todos los elementos de la prohibición
de doble militancia en este asunto.

Así las cosas, no tienen vocación los argumentos de los recurrentes y, por tanto,
al encontrarse acreditado que el demandado incurrió en la prohibición de doble
militancia en la modalidad de apoyo, hay lugar a confirmar la sentencia apelada
que declaró la nulidad de la elección del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez
como alcalde de Bucaramanga para el período 2024 – 2027.

6. Otras decisiones

Según se tiene, en el escrito de alegatos de conclusión presentado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil en esta instancia, ratificó su solicitud de
ser desvinculada del presente trámite procesal.

Al respecto, se advierte que esa entidad propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva en primera instancia, la cual fue resuelta
favorablemente en sentencia del 12 de diciembre de 2024.

En tales condiciones, es claro que el punto ya fue resuelto, razón por la cual no
hay lugar a emitir pronunciamiento adicional sobre el punto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República

109 Según consta en el Formulario E-26 CO que obra en los anexos de las demandas.

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y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, que declaró la nulidad de la elección
de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, período 2024-
2027.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede recurso ordinario alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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