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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2025-00692-01

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2025-00692-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 5 de junio de 2026, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2025-00692-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde encargado del municipio de
Bucaramanga (Santander).

Tema: Artículo 127 de la Constitución Política. Participación en política.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia
proferida el 5 de junio de 20261 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El ciudadano Nixon Torres Cárcamo, actuando en nombre propio, presentó demanda en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, con el
propósito de que se declare la nulidad del acto mediante el cual se nombró al señor Javier
Augusto Sarmiento Olarte como alcalde encargado del municipio de Bucaramanga
(Santander).

1.2. Hechos

2. El 29 de octubre de 2023, fue elegido alcalde de Bucaramanga el señor Jaime Andrés
Beltrán Martínez, inscrito por el Partido Colombia Justas Libres, en coalición con el Partido de
la U y el Movimiento de Salvación Nacional.

3. Mediante sentencia de 21 de agosto de 20252, la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó el fallo de 12 de diciembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante el cual se declaró la nulidad de la mencionada elección.

4. Por medio del Decreto 495 del 25 de septiembre de 2025, el gobernador de Santander
declaró la vacancia absoluta del cargo de alcalde de Bucaramanga y conforme a ello designó
a Eduard Jesús Sánchez Ariza mientras se surtía el trámite legal para llenar la vacante.

1
Índice 00061 del expediente del tribunal en el aplicativo Samai.
2
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de agosto de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2023-00820-02 (Principal), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.

Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)
5. Mediante la Resolución 13206 del 14 de octubre de 2025, la Registraduría Nacional del
Estado Civil estableció que las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de
Bucaramanga se realizarían el 14 de diciembre del mismo año.

6. El 15 de octubre de 2025, el partido Colombia Justas Libres remitió a la Gobernación de
Santander la terna para la designación del alcalde encargado de Bucaramanga mientras se
adelantaban las elecciones, integrada por las siguientes personas: i) Cristian Fernando Portilla
Pérez del Partido de la U; ii) Magda Patricia Suárez Carvajal del Partido de la U y iii) Javier
Augusto Sarmiento Olarte del Partido Colombia Justa Libres y el Movimiento Salvación
Nacional.

7. Mediante el Decreto 553 de 23 de octubre de 2025, el gobernador de Santander, conforme
al artículo 106 de la Ley 136 de 1994, designó como alcalde encargado de Bucaramanga al
señor Javier Augusto Sarmiento Olarte hasta la celebración de las elecciones atípicas, esto es
el 14 de diciembre de 2025.

8. El actor señaló que, para el momento de la inclusión en la terna y designación del
demandado, este continuaba ejerciendo el cargo de procurador delegado para los Derechos
Humanos en la Procuraduría General de la Nación, circunstancia que evidenciaba una
indebida participación en actividades y controversias políticas, derivada de su afiliación al
Partido Colombia Justa Libres.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. El señor Nixon Torres Cárcamo aseguró que se presentaron las siguientes irregularidades:

10. En el escrito de la demanda se invocaron como trasgredidos el inciso segundo del artículo
127 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, lo
anterior, por cuanto el actor consideró que no era posible designar como alcalde de
Bucaramanga al señor Javier Augusto Sarmiento Olarte porque, para el momento de su
postulación, ejercía el cargo de procurador delegado para los Derechos Humanos; además
porque con esa actuación se concretó su participación en actividades partidistas al afiliarse
formalmente a Colombia Justa Libres para integrar la terna, circunstancia que evidenció una
militancia incompatible con el ejercicio de funciones en un órgano de control.

11. El acto atacado adolece de legalidad porque los funcionarios de los órganos de control
tienen prohibido participar en actividades de partidos y movimientos políticos o intervenir en
controversias políticas, conforme al artículo 127 superior y a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, especialmente la sentencia C-794 de 2014, teniendo en cuenta que esta
restricción busca garantizar la imparcialidad de la función pública, la prevalencia del interés
general, la igualdad entre organizaciones políticas y la moralidad administrativa.

12. A juicio del demandante, la Procuraduría General de la Nación integra los órganos de
control previstos en los artículos 117 y 118 de la Constitución Política, razón por la cual sus
funcionarios deben actuar con independencia y objetividad, sin vinculación con actividades de
naturaleza partidista.

13. En ese sentido, el señor Sarmiento Olarte debía haber renunciado previamente al cargo
que desempeñaba en la Procuraduría General de la Nación para afiliarse al partido político y
aceptar su inclusión en la terna. Además, el gobernador de Santander omitió verificar dichas
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Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)
circunstancias antes de efectuar la designación. De otra parte, después de expedido el acto
administrativo demandado, el perfil institucional de la Alcaldía de Bucaramanga continuaba
presentando al designado como procurador delegado.

1.4. Trámite relevante de primera instancia

14. El 31 de octubre del 20253, el despacho conductor de primera instancia admitió la demanda
y ordenó notificar a las partes.

1.5. Contestaciones

15. Luego de los traslados correspondientes, intervinieron:

16. El Consejo Nacional Electoral4, por medio de apoderado, solicitó que se declare probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y que se nieguen las pretensiones
de la demanda.

17. El Departamento de Santander5, a través de su apoderada, aludió a la excepción de
«falta de fundamento para demandar» y pidió que se nieguen las pretensiones por cuanto el
gobernador de Santander actuó en estricto cumplimiento del inciso segundo del artículo 314
de la Constitución Política, luego de la declaratoria de nulidad de la elección de Jaime Andrés
Beltrán como alcalde del municipio de Bucaramanga.

18. Según lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 136 de 1994, el gobernador de Santander
expidió el Decreto 495 de 2025, mediante el cual declaró la vacancia definitiva del cargo,
designó provisionalmente al alcalde y solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la
certificación sobre el partido, movimiento o coalición facultada para presentar la terna prevista
en el parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.

19. La Registraduría informó el 30 de septiembre de 2025 que la coalición «Defendamos
Bucaramanga» estaba integrada por el Partido de la U, el Partido Colombia Justa Libres y el
Movimiento Salvación Nacional. En consecuencia, el 3 de octubre de 2025 solicitó al Partido
Colombia Justa Libres la presentación de la terna y recordó expresamente que los ternados
debían cumplir las calidades y no estar inmersos en inhabilidades previstas en la ley.

20. El 15 de octubre de 2025, el Partido Colombia Justa Libres remitió la terna integrada por
los señores Cristian Fernando Portilla Pérez, Magda Patricia Suárez Carvajal y Javier Augusto
Sarmiento Olarte. Señaló que la verificación de inhabilidades corresponde a los partidos y
coaliciones postulantes, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 1475 de 2011.

21. Con fundamento en dicho marco normativo, el gobernador expidió el Decreto 553 de 2025,
mediante el cual designó al señor Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde encargado
de Bucaramanga, acto administrativo que se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico.

22. Respecto del cargo relacionado con la supuesta vulneración del artículo 127 de la
Constitución Política, el señor Javier Sarmiento Olarte no se encontraba vinculado a la
Procuraduría General de la Nación al momento de su posesión como alcalde, dado que el
procurador general aceptó su renuncia mediante Decreto 1991 del 24 de octubre de 2025, con
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Índice 6, expediente principal de tribunal.
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Índice 17, expediente principal de tribunal
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Índice 18, expediente principal de tribunal
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Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)
efectos fiscales a partir del 25 de octubre de 2025, mientras la posesión ocurrió el 27 de octubre
siguiente.

23. Agregó que las inhabilidades son de interpretación restrictiva y únicamente pueden derivar
de disposiciones expresas de la Constitución Política o la Ley. En ese sentido, el artículo 127
de la Constitución Política no consagra una inhabilidad para ser designado alcalde, sino una
prohibición e incompatibilidad relacionada con la participación en actividades políticas por parte
de ciertos servidores públicos.

24. Finalmente, no existe prueba de que el señor Javier Sarmiento Olarte hubiese realizado
actos de militancia política, utilizado su investidura o recursos públicos para fines partidistas,
ni intervenido materialmente en controversias políticas mientras ejerció funciones en la
Procuraduría General de la Nación, razón por la cual consideró inexistente la infracción del
artículo 127 de la Constitución Política.

25. La Registraduría Nacional del Estado Civil6, por medio de apoderado, solicitó que se
declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y que se nieguen
las pretensiones de la demanda.

26. Agregó que en el presente asunto se configuró una carencia actual de objeto por hecho
superado, debido a que con posterioridad a la presentación de la demanda, se realizaron las
elecciones atípicas para alcalde del municipio de Bucaramanga y cesó el encargo conferido
mediante el acto administrativo acusado.

27. El demandado7, por medio de su apoderado, solicitó denegar las pretensiones de la
demanda y alegó «falta de fundamentación en el concepto de violación del acto administrativo
de elección», por cuanto consideró que la demanda incumplió las exigencias previstas en el
artículo 162 del CPACA, ya que no expuso de manera clara, específica y suficiente la presunta
contradicción entre el acto administrativo demandado y las normas superiores invocadas.

28. Asimismo, alegó «la inexistencia del concepto de violación del artículo 127 de la
Constitución Política», pues en su sentir el escrito inicial formuló afirmaciones generales y
conclusiones subjetivas, sin identificar concretamente la conducta atribuible al gobernador de
Santander que habría vulnerado el ordenamiento jurídico, no se desarrolló el contenido
normativo del artículo 127 de la Constitución Política ni se explicó de qué manera el Decreto
0553 de 2025 desconoció dicha disposición.

29. El demandante construyó artificialmente una supuesta inhabilidad a partir de la prohibición
funcional contenida en el artículo 127 de la Constitución Política, pese a que la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado ha señalado que las inhabilidades son de interpretación
restrictiva y únicamente pueden derivar de disposiciones expresas de la Constitución Política
o la ley.

30. La prohibición prevista en el artículo 127 de la Constitución Política tiene carácter
estrictamente funcional y busca impedir que determinados servidores públicos utilicen su
investidura, autoridad o recursos institucionales para intervenir activamente en controversias
políticas, sin que ello configure una inhabilidad para acceder a cargos públicos una vez cesa
el ejercicio de funciones.

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Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)

31. El demandado no realizó actos de participación política activa, dado que no promovió su
inclusión en la terna, no adelantó actividades proselitistas, no intervino en controversias
partidistas, no utilizó recursos públicos con fines políticos ni desplegó conductas de militancia
activa. La conformación de la terna correspondió exclusivamente a los partidos integrantes de
la coalición, en ejercicio de su autonomía partidaria.

32. Refirió que el 25 de octubre de 2025, la Procuraduría General de la Nación aceptó la
renuncia del señor Sarmiento Olarte y su posesión como alcalde encargado ocurrió el 27 de
octubre del mismo año, por lo que para el momento del nombramiento, no ejercía funciones
en un órgano de control y no se encontraba sometido a la prohibición funcional del artículo 127
de la Constitución Política.

33. Sobre «la inexistencia de responsabilidad del gobernador en verificar prohibiciones
funcionales o situaciones partidarias del ternado» aseveró que el gobernador no tiene
obligación jurídica de verificar situaciones funcionales, disciplinarias o partidarias de los
ternados, dado que el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 atribuye exclusivamente a los partidos
y movimientos políticos la verificación de requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de sus
postulados.

34. De igual modo, adujo que la demanda no acreditó el hecho esencial sobre el cual edificó
el cargo, esto es, la supuesta simultaneidad entre el ejercicio de procurador delegado y la
presunta participación política del demandado. El demandante no aportó certificaciones, actos
administrativos ni documentos que demostraran la continuidad funcional del señor Sarmiento
Olarte al momento de los hechos cuestionados.

35. Finalmente, se configura la temeridad y mala fe procesal porque el actor formuló
acusaciones sin verificación mínima de los hechos, omitió solicitar pruebas elementales y
promovió una interpretación jurídicamente inviable del artículo 127 de la Constitución Política,
al pretender convertir una prohibición funcional temporal en una inhabilidad electoral
inexistente.

1.6. Auto que resuelve excepción, fija el litigio, decreta pruebas, corre el traslado para
alegar y dictar sentencia anticipada8

36. En auto del 19 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander fijó el litigio en
los siguientes términos:

En consonancia con las consideraciones expuestas, el problema jurídico se contrae a establecer i)
si se encuentran probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa propuesta por el
Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil y ii) si la designación
como alcalde encargado del municipio de Bucaramanga del señor Javier Augusto Sarmiento Olarte,
realizada mediante el Decreto 553 del 23 de octubre de 2025, proferido por el departamento de
Santander debe ser anulada al presuntamente contravenir lo dispuesto en el artículo 127 de la Corte
Constitucional y, por tanto, encontrarse configurada la causal del numeral del artículo 275 del
CPACA. (sic para toda la cita)

37. En la misma providencia se decidió resolver las excepciones propuestas9 en la sentencia.

8
Índice 25, expediente principal de tribunal.
9
De la revisión de las contestaciones de la demanda allegadas en el proceso, el tribunal de instancia observó que se formularon las siguientes
excepciones: i) el Consejo Nacional Electoral, «falta de legitimación por pasiva del Consejo Nacional Electoral»; ii) el departamento de
Santander, «cumplimiento estricto del mandato previsto en el inciso 2 del artículo 314 de la Constitución Política por parte del Gobernador» y
«falta de fundamento para demandar»; iii) la Registraduría Nacional de Estado Civil, formuló la «falta de legitimación en la causa por pasiva
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Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)

1.7 . Sentencia de primera instancia10

38. El 5 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander, declaró probada la
excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva» formulada por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil; luego denegó las pretensiones de la
demanda, al considerar los aspectos que se relacionan a continuación:

39. La autoridad judicial señaló de manera previa que no se configura un hecho superado por
carencia actual de objeto como lo propuso la Registraduría Nacional del Estado Civil porque si
bien el acto administrativo demandado agotó plenamente sus efectos toda vez que ya se
llevaron a cabo las elecciones atípicas y el señor Javier Augusto Sarmiento Olarte no es el
actual alcalde encargado, el control de legalidad de los actos administrativos no resulta
afectado por la pérdida de su vigencia o por el cumplimiento del propósito que motivó a la
administración a proferirlo.

40. Dentro del expediente se probó que, el señor Javier Augusto Sarmiento Olarte integró la
terna presentada por la coalición Defendamos Bucaramanga para la designación del alcalde
encargado del municipio de Bucaramanga. Asimismo, y para la fecha de remisión a la
Gobernación de Santander, el demandado ejercía el cargo de procurador delegado en la
Procuraduría General de la Nación.

41. De igual manera, se acreditó que el 15 de octubre de 2025 el Partido Colombia Justa Libres
remitió al gobernador de Santander la terna y el 23 siguiente, el señor Javier Augusto
Sarmiento Olarte presentó renuncia al empleo de procurador delegado, la cual fue aceptada
mediante Decreto 1991 del 24 de octubre de 2025, con efectos a partir del 25 de octubre
siguiente. Finalmente, se acreditó que la posesión como alcalde encargado ocurrió el 27 de
octubre de 2025.

42. Aseveró que la parte actora realizó una interpretación errónea del artículo 127 de la
Constitución Política, pues este no establece, de manera expresa, una inhabilidad para ser
designado alcalde encargado ni prevé una consecuencia de inelegibilidad derivada de su
eventual infracción. Por el contrario, la naturaleza jurídica de dicha disposición corresponde a
la regulación de una prohibición constitucional dirigida a determinados servidores públicos
respecto de su participación en actividades políticas y controversias partidistas.

43. Señaló que el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019 tipificó como faltas gravísimas
determinadas conductas relacionadas con la indebida participación en política de los
servidores públicos, circunstancia que evidencia que el ordenamiento jurídico atribuyó a dicha
prohibición consecuencias de naturaleza disciplinaria y no electoral.

44. Concluyó que la presunta vulneración del artículo 127 de la Constitución Política no
configura, en el presente asunto, causal de nulidad electoral, por cuanto dicha disposición
consagra una prohibición funcional de naturaleza constitucional cuyos efectos jurídicos se
circunscriben al ámbito disciplinario y no al régimen de elegibilidad. Además, no se demostró
que el designado hubiera incurrido en la conducta proscrita.

de la Registraduría Nacional de Estado Civil [sic]» y iv) el señor Javier Augusto Sarmiento Olarte propuso «falta de fundamentación en el
concepto de violación del acto administrativo de elección», «de la inexistencia del concepto de violación del artículo 127 de la Constitución
Política», «legalidad de la designación del alcalde encargado», «inexistencia de responsabilidad del gobernador en verificar prohibiciones
funcionales o situaciones partidarias del ternado», «de la falta de demostración del hecho determinante que se alega violatorio» y «temeridad
y mala fe». En consecuencia, su estudio se difiere para ser resueltas en la sentencia, en los términos de los artículos 175 182A del CPACA.
10
Índice 54, expediente principal de tribunal.
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Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
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1.8. Recurso de apelación11

45. Inconforme con lo anterior, el señor Nixon Torres Cárcamo recurrió la decisión con
sustento en las siguientes razones:

46. El pronunciamiento de la autoridad judicial de primera instancia desconoció la prohibición
dispuesta en el artículo 127 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional12,
en la medida en que el demandado fue designado como alcalde encargado por una terna que
lo involucró «irremediablemente» en participación en política por su pertenencia a un partido o
varios partidos políticos, ya que fueron estas colectividades que lo postularon ejerciendo el
cargo de procurador, en su sentir, el demandado debió renunciar a su empleo antes de ser
incluido en la terna, por lo que la violación a esta disposición es suficiente para anular el decreto
demandado.

47. Bajo esa interpretación, la prohibición constitucional hay que entenderla desde las fuentes
principales del derecho, como un marco de imperativo cumplimiento, por lo que pretender
inaplicarla, es «invertir las fuentes del derecho» y trasgredir los artículos 4 y 230 de la
Constitución, porque la ley no está por encima de la Constitución.

48. Con relación a lo anterior, indicó que el tribunal de primera instancia desconoció
precedentes judiciales como la sentencia C-539 de 2011, en lo relacionado con el artículo 230
constitucional y el sistema de fuentes colombiano que establece que las autoridades judiciales,
están sometidas al imperio de la ley, respecto de cuyo concepto la jurisprudencia constitucional
ha esclarecido que a partir de una interpretación armónica con la integridad de la Constitución,
incluye igualmente el precedente judicial, de igual manera, mencionó la sentencia C-461 del
201313, que estudió la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 57 de 1887.

49. Sostuvo que su pertenencia a la terna no lo hace acreedor de las excepciones señaladas
por la Corte Constitucional en la sentencia C-794 de 2014, que refiere a «ACTIVIDADES DE
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS Y CONTROVERSIAS POLITICAS- No hace parte del
significado constitucional la emisión de una opinión o la presentación de una postura respecto
de un asunto de interés general», pues en su sentir, el señor Sarmiento Olarte no participó en
una mera opinión o presentación de una postura sino que integró y fue escogido de una terna
para ser designado como alcalde encargado, lo que se circunscribe dentro de las prohibiciones
del artículo 127 superior por lo que no se cumple con el requisito de validez pues no se podía
designar a quien estaba inmerso en una prohibición constitucional.

50. Aseveró que en la etapa probatoria de la primera instancia el tribunal ratificó y no desvirtuó
ninguna de las afirmaciones de la demanda, por el contrario, el proceso permitió descubrir que
el señor Sarmiento desde el 8 de julio de 2025 estaba participando activamente en política al
ser afiliado del partido que conformó la terna a gobernador.

51. Consideró que los vicios que generan la nulidad de todo acto administrativo, entre ellos los
electorales o de contenido electoral, son anteriores o concomitantes a la expedición del acto
(23 de octubre de 2025), por ende, la legalidad no depende de la posesión que se realizó hasta
el 25 de octubre de 2025.

11
Índice 58, expediente principal de tribunal.
12
Sentencias C-794 de 2014, C-539 de 201, C-461 de 2013, C-1153 de 2005.
13
Actuando como magistrado ponente Nilson Pinilla Pinilla.
7
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Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)

52. El tribunal de instancia excusó al demandado de trasgredir el artículo 127 de la
Constitución por no realizar conductas que están prohibidas en normas jurídicas de inferior
jerarquía constitucional, sostuvo que el demandado como procurador no pudo hacer
proselitismo a favor de nadie pues no habían candidatos, que no utilizó recursos públicos para
favorecer organizaciones partidistas, que tampoco ejerció presión sobre electores en ejercicio
de su cargo y tampoco se acreditó que el demandado hubiese intervenido materialmente en
controversias políticas.

53. El apelante cuestionó cada uno de los anteriores argumentos y aseveró que no hubo
campaña electoral en Bucaramanga motivo por el cual no podría acusarse al señor Sarmiento
Olarte de ejercer actos proselitistas a favor de nadie, que la utilización de los recursos públicos
para favorecer a colectividades políticas solo podía ser luego de formalizarse las candidaturas
a la elección atípica que es un hecho posterior a la expedición del acto demandado, el precepto
que prohíbe a los servidores públicos financiar campañas electorales es el numeral 6 del
artículo 27 de la Ley 1475 de 2010.

54. Además, que era «obvio» que no ejerció presión sobre electores porque ningún ciudadano
de Bucaramanga podía elegir al alcalde encargado y esta causal no fue alegada en la
demanda.

55. Por otra parte, en lo que tiene que ver con haber intervenido materialmente en
controversias políticas en ejercicio de su cargo como procurador delegado, se encuentra
demostrado en el proceso que, sí lo hizo, pues ser el reemplazo del señor Beltrán Martínez
como alcalde mientras se elegia a uno nuevo en elecciones atípicas es una controversia
política en la que al señor Sarmiento Olarte le quedaba vedado participar.

56. Alegó que se desconocieron varios precedentes jurisprudenciales de la Sección Quinta del
Consejo de Estado14, que fijaron subreglas para definir cuando una violación de una norma
superior tiene como efecto jurídico la nulidad electoral. Las providencias mencionadas
indicaron que esta causal se rige por: i) una regla cualitativa, pues debe tratarse del
desconocimiento de una regulación específica que se relacione directa e inescindiblemente
con el acto enjuiciado, y ii) una regla de previsión, consistente en que un mandato general de
prohibición previsto en las normas atinentes al ejercicio democrático no implica per se, que su
desconocimiento constituya un vicio del proceso de formación de la voluntad popular, salvo
que el precepto que establece la conducta proscrita disponga dicha consecuencia.

57. Si bien estas subreglas se refieren a elecciones populares y no a las designaciones, el
acto demandado en el presente proceso es de un origen popular indirecto pues el partido
político Colombia Justa Libres para la terna y el gobernador de Santander pudiendo escoger
como remplazo temporal del alcalde tenían que observar la regulación específica de
prohibiciones constitucionales y legales para determinar a quienes no designar, habían normas
que consideraban a los procuradores delegados como inelegibles en razón de la autonomía e
independencia que goza la Procuraduría General de la Nación.

58. Por la regla cualitativa se llega a la conclusión que la designación del señor Sarmiento
Olarte debe anularse, teniendo en cuenta que el artículo 127 superior no era una norma externa
o accesoria respecto del proceso de designación, sino que constituía una regla jurídica que
14
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de mayo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2023-00868-02, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2024-00021-01 y Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2024-00016-01.
8
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Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)
determina quien podía y quien no podía participar válidamente en el procedimiento de la
conformación de la terna que sirvió como fundamento del acto demandado.

59. Reiteró que por la regla de previsión no es cierto que la vulneración del artículo 127
constitucional únicamente genere consecuencias disciplinarias, pues esta disposición debe
integrarla con los artículos 137 y 275 de la Ley 1437 de 2011, insistió en que esta norma
constitucional integra el bloque normativo que delimitaba la competencia ejercida por el
gobernador de Santander al momento de efectuar la designación.

1.9. Auto que concede el recurso de apelación15

60. El 26 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander concedió el recurso de
apelación interpuesto por el demandante.

1.10. Actuaciones en segunda instancia

61. Mediante auto de 15 de julio de 202616 el despacho ponente admitió el recurso de
apelación presentado por el demandante y corrió traslado para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión y el Ministerio Público el respectivo concepto. En ese término
intervinieron:

62. El demandado17, por medio de su apoderado, señaló que la sentencia de primera
instancia debe confirmarse, porque se encuentra acreditado que la calidad de empleado de la
Procuraduría General de la Nación del señor Javier Augusto Sarmiento Olarte finalizó el 25 de
octubre de 2025; y el nombramiento como alcalde encargado del municipio de Bucaramanga
solo se perfeccionó con el acto de posesión el 27 de octubre de 2025, de manera que no es
cierto que el accionado estuviera inhabilitado, que haya incurrido en la prohibición de la que
trata el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política o se configure la causal de
anulación electoral establecida en el artículo 275 del CPACA, así como tampoco hay algún tipo
de impedimento para su inscripción como miembro de un partido político, como en forma
errada lo señaló el demandante.

63. El gobernador de Santander18, a través de apoderado, aseveró que el recurso de
apelación desconoce el principio de taxatividad del régimen de inhabilidades, el fundamento
central de la apelación insiste en que el demandado incurrió en la prohibición contenida en el
artículo 127 de la Constitución.

64. El Ministerio Público19 en su concepto señaló que el accionante busca darle un alcance
y finalidad diferente al postulado del artículo 127 constitucional, como lo expuso el tribunal de
primera instancia, en tanto de aquel no deriva una causal de inhabilidad taxativa, sino una
prohibición general, con especial mención de ciertos órganos del Estado de participar
indebidamente en política, por lo que resalta que las inhabilidades son de aplicación estricta y
restrictiva en tanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos
públicos.

II. CONSIDERACIONES

15
Índice 60, expediente principal de tribunal.
16
Índice 0004, expediente 68001-23-33-000-2025-00692-01.
17
Índice 0009, expediente 68001-23-33-000-2025-00692-01.
18
Índice 0011, expediente 68001-23-33-000-2025-00692-01
19
Índice 0014, expediente 68001-23-33-000-2025-00692-01
9
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Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)

2.1. Competencia

65. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación que interpuso el señor Nixon Torres Cárcamo contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander el 5 de junio de 2026, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15020 y el literal a) del numeral 7 del artículo 15221 de la Ley 1437 de 2011 y en
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado
por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

66. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander el 5 de junio de 2026, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda; para lo anterior, se tendrán que resolver los siguientes
interrogantes:

• La designación del señor Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde encargado del
municipio de Bucaramanga, realizada mediante el Decreto 553 del 23 de octubre de 2025,
proferido por el gobernador del departamento de Santander está viciada de nulidad por
configurarse la causal establecida en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por
cuanto:

• La elección demandada contravino lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución
Política al presuntamente haber incurrido en una inhabilidad teniendo en cuenta que el
demandado al momento de su postulación (terna), ejercía el cargo de procurador delegado
para los Derechos Humanos en la Procuraduría General de la Nación y por ello participó en
política.

2.3. Caso concreto

67. Para desarrollar los cargos plateados por el demandante en el recurso de apelación, se
debe tener en cuenta que este alegó la configuración de la causal de nulidad prevista en el
numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, disposición que establece:

Artículo 275.Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos
en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:

(…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.

68. Normativa que concordó con el artículo 127 de la Constitución para señalar que la conducta
del demandado se encuadra en una prohibición que hace inelegible a quien se enmarque en
ella porque ello hace que carezca de las calidades y requisitos para acceder al empleo.

20
«Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
21
«Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…) de los alcaldes
municipales y distritales, (…);».
10
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Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)
69. En este orden, se tiene que la causal de nulidad electoral anteriormente citada (art. 275.5)
establece una diferencia entre calidades, requisitos e inhabilidades para ser elegido en un
cargo de elección popular22.

70. Las calidades o las condiciones son aquellas que debe poseer una persona para
desempeñar un cargo, tales como la edad, profesión, experiencia, o nacionalidad. Es un
concepto diferente al de las inhabilidades, que son impedimentos de origen político, ético o
moral, para ser elegido o nombrado, que provienen de circunstancias externas, tales como el
parentesco, los antecedentes, el ejercicio de algunas actividades, celebración de contratos23,
entre otros, que deben estar expresamente consagrados en la ley.

71. Por lo anterior, es importante establecer que este será el punto de partida del estudio, el
cual se circunscribe a las «calidades» previstas en el artículo 86 de la Ley 136 de 199424,
disposición que establece que para ser elegido alcalde, se requiere: i) ser ciudadano en
ejercicio y ii) haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o del área correspondiente
área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período
mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

72. La Sala advierte que el asunto relacionado con los requisitos y calidades de elegibilidad
está referido básicamente a las condiciones que desde el punto de vista constitucional y legal
debe reunir el ciudadano que aspira a un cargo.

73. Desde esta perspectiva, el cumplimiento de estos requisitos está circunscrito
particularmente a la verificación de factores como la calidad de ciudadano en ejercicio, la edad
mínima para aspirar al cargo y demás condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico 25.

74. Así las cosas, de acuerdo con lo señalado por el actor, no se advierte que la incursión o
no en actos de proselitismo conlleve a que el demandado carezca de las calidades o requisitos
para acceder a su designación como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)
mientras se celebraban las elecciones atípicas.

75. A pesar que el apelante alegó que se configuró la causal de nulidad contenida en el
numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por el desconocimiento del artículo 127 de
la Constitución Política, en realidad, lo que pretende es mutar un presunto ejercicio de
participación en política a un eventual incumplimiento de requisitos para el cargo, que no se
advierte procedente dado que fueron establecidos de forma taxativa en la ley26.

76. Del mismo modo, al referirse a que una eventual participación en política y que la misma
pueda derivar en una causal de inhabilidad, la Sala ya se ha pronunciado sobre ello 27 y ha
indicado que estas son taxativas y que para su interpretación debe realizarse un análisis
restrictivo, al respecto concluyó:

106. Por lo anterior, la Sala considera que, en atención con las limitaciones a los derechos
políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido que, respecto

22
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 14 de marzo de 2022, Rad. 11001-03-06-000-2022-00056-00, M.P.
Édgar González López.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Bogotá, D. C., 22 de
septiembre de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2007-00073-00.
24
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
25
Consejo de Estado, Sección Quinta; auto del 4 de octubre de 2018, M. P.: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado: 11001-03-28-000-2018-
00088-00.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 18 de junio de 2026. M.P. Gloria María Gómez Montoya.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 30 de septiembre de
2021. Rad. 66001-23-33-000-2020-00499-03.
11
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Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)
de su aplicación, es necesario observar los criterios de interpretación restrictiva y no la analógica o
extensiva.

107. Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del 201928 y retomado, entre
otros, en los fallos de 22 de abril y 5 de agosto de 202129, al indicar que “[l]a Sección Quinta ha sido
constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades implican la afectación del derecho
fundamental a la participación política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño
de funciones y cargos públicos, la interpretación de su alcance es restrictiva30”.

108. Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la
aplicación de la norma a casos concretos31, los jueces, al momento de determinar la ocurrencia de
una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, deben
limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador “-por ejemplo, la gestión de
negocios-, a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-
, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-, espacial
-v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades respecto de quienes se
predican”32.

109. Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se apliquen de
forma concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo el legislador,
según el caso, determinaron como circunstancias de inelegibilidad, sin que para el efecto puedan
considerarse otros distintos.

110. Así entonces, al momento de establecer la configuración de una inhabilidad, prima el
criterio interpretativo restrictivo, entendido en la forma como se señaló en precedencia y, de ninguna
manera, el estudio que emprenda el operador judicial puede conllevar extensiones, analogías o
interpretaciones amplias, que conlleven a la aplicación del presupuesto normativo a situaciones
diversas a las previstas por el constituyente y/o el legislador, o a vaciar de contenido las mismas en
detrimento de su eficacia.

77. La Sección en otro pronunciamiento33 señaló que no se puede desconocer el carácter
restrictivo de las causales de inhabilidad, inelegibilidad y de nulidad de una elección, es decir,
aquella que se traduce en que al juez electoral no le es permitido realizar analogías ni, mucho
menos, interpretaciones extensivas, so pena de desconocer el régimen que fija los requisitos
de acceso a un cargo ni mucho menos las relativas a las inhabilidades.

78. Ahora bien, respecto de la participación en política, la sección34 expresó que la norma
constitucional debe sujetarse al tratamiento que el legislador, dentro de su libertad de

28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de julio de 2019.
radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 22 de abril de 2021.
Radicación Número 15001-23-33-000-2020-00120-01 y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021. Rad. 70001-
23-33-000-2020-00035-02, M.P. Rocío Araújo Oñate.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de mayo de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno
Rubio, Radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de marzo de 2019, Radicación
11001 - 03-28-000-2018-00603-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben verificar cuando una persona
pretenda el acceso a un cargo o empleo y su relación con las causales de inhabilidad, consultar: Consejo De Estado, Sección Quinta, sentencia
Del 29 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2016-00001-00 (Acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. con respecto
a la distinción entre las calidades para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia del 11 de Marzo de 1999, Radicado 1847, M.P. Mario Alario Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito
formal para la inscripción de candidatos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de diciembre de 2013, Radicación
11001-03-28-000-2013-00037-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al principio democrático, Ver: Corte Constitucional, Sentencia de 3
de marzo de 1994, Exp. C-089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. acerca de la triple finalidad que cumple el requisito del aval, consultar entre
otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de Julio de 2013, Rad. 60001-23-31-000-2012-00004-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro. En cuanto al otorgamiento del aval y el responsable de ello, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 13 de
Agosto de 2009, Radicación 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957), M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
31
Criterio acogido por la sala plena de lo contencioso administrativo en: sentencia del 29 de enero del 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate.
radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(su).
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación número 15001-23-33-
000-2020-00120-01, sentencia de 22 de abril de 2021.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2015, radicación: 08001-23-33-
000-2014-00734-01, MP. Susana Buitrago Valencia.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2015, radicación: 08001-23-33-
000-2014-00734-01, MP. Susana Buitrago Valencia.
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configuración, estime conveniente darle y, por lo tanto, no podrá tener aplicación efectiva hasta
que su desarrollo legislativo no tenga lugar.

79. No obstante «(…) aunque el órgano legislativo no ha emitido la ley estatutaria que
desarrolle el artículo 127 Superior sobre la participación política de los servidores públicos, en
las normas anteriormente mencionadas existen derechos y restricciones específicos para
todos los servidores públicos, que aunque no generan inhabilidades – puesto que no se ha
señalado taxativamente- son prohibiciones establecidas en la normativa que se constituyen en
restricciones al derecho fundamental de los servidores públicos del ejercicio y conformación
del poder político, como faltas disciplinarias sancionables hasta con la pérdida del cargo.»

80. En consecuencia, hasta que entre en vigencia tal normativa es imprescindible entender
que los derechos políticos de los servidores públicos a los que hace alusión el inciso 3º del
artículo 127 de la Constitución Política, únicamente podrán limitarse en los precisos
parámetros que la propia Carta Política prevea y a los desarrollos normativos que existen en
temas específicos como los de naturaleza disciplinaria consagrados en la Ley 734 de 2002 y
en el nuevo Código Disciplinario Único.

81. En este punto resulta relevante indicar, que el hecho que el artículo 127 superior no sea
entendido como una inhabilidad, en nada desconoce el carácter normativo de la Constitución
Política y mucho menos su supremacía, ello por cuanto, de su tenor literal no se extrae esa
naturaleza.

82. Del mismo modo, el recurrente señaló que la pertenencia a la terna del demandado no lo
hace acreedor de las excepciones señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-794
de 201435.

83. Por medio de esta sentencia la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre el inciso 2° del artículo 127 de la Constitución, con relación a la limitación de los
servidores públicos, de cara a las normas internacionales que protegen la libertad de expresión
y la participación política. Al respecto, en la sentencia se precisó:

(…) Para evitar una interpretación excesiva o deficiente, la Corte considera que la prohibición que
enuncia el inciso segundo del artículo 127 de la Carta comprende la conducta dirigida a intervenir
activa o pasivamente en las diferentes disputas con incidencia electoral directa, apoyando o
rechazando, una causa, una organización política o un candidato. No hace parte del significado
constitucional de las expresiones “actividades de los partidos y movimientos” y “controversias
políticas”, comportamientos que al margen de un debate electoral o de una disputa partidista, tienen
como resultado o pueden ser interpretados como la emisión de una opinión o la presentación de una
postura respecto de un asunto de interés general. Esta conclusión se fundamenta en varias razones.

(…) Es claro que la Constitución en esta materia no se opone a que los ciudadanos, incluso quienes
sirven al Estado, intervengan en controversias que reflejan disputas ciudadanas –sin propósitos
electorales o partidistas directos- alrededor de los propósitos que debe perseguir el Estado y los
medios para alcanzarlos. Los problemas de la comunidad conciernen a todos y, en esa medida, el
Estado debe facilitar la participación de todos en la vida política (art. 2) y los ciudadanos cumplir ese
deber (art. 95.5).

84. Conforme a lo anterior, el correcto entendimiento del inciso 2º del artículo 127 superior,
sugiere que la prohibición constitucional se enmarca en las actividades y controversias
estrictamente políticas, esto es, aquellas dirigidas a favorecer una causa partidista con fines

35
Corte Constitucional, sentencia C-794 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
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como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)
netamente electorales. En otros términos, la conducta prohibitiva se circunscribe en el
desarrollo de un certamen electoral, en la cual los partidos políticos participan para obtener el
favor popular. Una interpretación más amplia, como lo indica el alto tribunal, vulneraría otros
derechos que, lejos de ser reducidos a su mínima expresión, deben ser armonizados con este
tipo de mandatos constitucionales36.

85. Frente a ello, la sala electoral sostuvo37:

47. Del análisis efectuado por la Sala se concluye que el inciso 2.° del artículo 127 de la Constitución
Política no contiene una inhabilidad que impida ser inscrito como candidato, ni elegido como
diputado. Por el contrario, consiste en una prohibición dirigida a los servidores públicos que se
desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad de tomar
parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas.

48. En ese orden de ideas, se precisa que aún si el cargo de servidor en una UTL de la Cámara de
Representantes estuviera enlistado en la prohibición constitucional, lo cierto es que ello no
conllevaría a la nulidad de la elección del accionado, en tanto que la vulneración de la prohibición
tendría consecuencias, por ejemplo, en el ámbito disciplinario para aquel.

86. En cuanto a que se desconocieron varios precedentes jurisprudenciales de la Sección
Quinta del Consejo de Estado38, que fijaron subreglas para definir cuando una violación de una
norma superior tiene como efecto jurídico la nulidad electoral, la i) regla cualitativa y ii) la regla
de previsión.

87. La regla cualitativa, como lo señala el mismo recurrente, debe tratarse de una regulación
específica que se relacione directa e inescindiblemente con el acto enjuiciado, situación que
no se presenta en este caso porque como ya se ha explicado, el artículo 127 superior no hace
parte del catálogo del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

88. Del mismo modo, como lo indica la regla de previsión, esta disposición no señala como
consecuencia la anulación de una elección por lo que no podría configurarse la causal de
nulidad por infracción de una norma superior, como lo intenta demostrar el actor.

89. Mas allá de lo anterior, las prohibiciones descritas en el artículo 127 de la Constitución
pueden constituir faltas disciplinarias sancionables en otros escenarios de índole disciplinario
que escapan de la competencia de esta Sección, que tiene por objeto verificar la legalidad de
los actos electorales o de contenido como es la falta de requisitos o inhabilidades.

90. Así las cosas, la Sala observa que igual a como lo señaló el tribunal de primera instancia,
el presente trámite no puede viciarse por irregularidades que no representan inhabilidades
previstas por la ley y no encuentra razón alguna para revocar la decisión impugnada, por lo
que la confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

36
Consejo de estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2026, Rad. 11001-03-28-000-2022-00320-00 (principal) M. P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, MP: Pedro Pablo Vanegas
Gil, radicado: 76001-23-33-000-2024-00299-01.
38
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de mayo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2023-00868-02, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2024-00021-01 y Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2024-00016-01.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 68001-23-33-000-2025-00692-01
Demandante: Nixon Torres Cárcamo
Demandado: Javier Augusto Sarmiento Olarte,
como alcalde encargado de Bucaramanga (Santander)

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el
5 de junio de 2026, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

15
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