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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00021-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00021-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. PRIMERO: NIÉGANSE las solicitudes de unificación jurisprudencial pedidas por ambas partes. SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual declaró la nulidad de la elección del señor Édgar Enrique Gómez Silva, como concejal del municipio de Floridablanca (Santander), para el periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26 CON de 6 de noviembre de 2023, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. TERCERO. En firme este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2024-00021-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de mayo de 2025

Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 Acum.
Demandantes: YOLANDA ROMERO TRUJILLO
TANIA LIZETH BAUTISTA PEÑALOZA
VIDAL MARTÍNEZ SEGURA
Demandado: ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA (CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (SANTANDER), PARA
EL PERÍODO 2024-2027
Temas: Violación a normas superiores (financiación prohibida de las
campañas electorales. Art. 27 num. 5 Ley 1475 de 2011).
Causales que constituyen nulidad electoral. Infracción de las
normas en que el acto debería fundarse. Reiteración
jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación, interpuestos por la parte demandada y
la Procuradora 159 Judicial II para la Conciliación Administrativa, contra la sentencia
de 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por
medio de la cual se declaró la nulidad de la elección del concejal de Floridablanca,
señor Édgar Enrique Gómez Silva.

I. ANTECEDENTES

1. Las demandas

Los ciudadanos Yolanda Romero Trujillo1, Tania Lizeth Bautista Peñaloza2 y Vidal
Martínez Segura3 demandaron en el medio de control del artículo 139 del CPACA.

1 Expediente radicado en el tribunal con el número 68001233300020240002100. En esta demanda, se leen

estas otras pretensiones: «2. Con fundamento en lo anterior, se profiera la cancelación de la credencial que lo
acredita como concejal elegido en los pasados comicios electorales realizados el pasado 29 de octubre de 2023.
3. Se ordene a la organización electoral CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL, llamar a quien continúe en la lista a fin de ocupar la curul del Concejo Municipal de
Floridablanca».
2 Radicación del a quo 68001233300020240004400. En este libelo se observan las siguientes pretensiones:

«SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior pretensión, DECLARAR la NULIDAD de las credenciales
otorgadas por la REGISTRDURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, mediante formato E-27 al señor ÉDGAR
ENRIQUE GÓMEZ SILVA, para el periodo constitucional 2024-2027, como concejal del MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA. TERCERA. Se impartan las órdenes que como consecuencia de las pretensiones anteriores
haya a lugar. CUARTA. Que se ordene darle cumplimiento a la sentencia en los términos previstos por los
artículos 192 a 195 y concordantes del CPACA.».
3 Expediente radicado en el tribunal número 68001233300020240000300. Se presentan, además, las siguientes

pretensiones: «2. Con fundamento en lo anterior, se profiera la cancelación de la credencial que lo acredita

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1

Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

Solicitaron, en demandas4 independientes, que se anulara la elección del señor
Édgar Enrique Gómez Silva, como concejal de Floridablanca, departamento de
Santander, para el periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26CON del 6
de noviembre de 2023, por cuanto transgredió la normativa en que debía fundarse;
de manera principal, los tres actores hicieron referencia al artículo 27, numeral 5, de
la Ley 1475 de 2011, en el que se establece que está prohibida la financiación de
una campaña con recursos de personas naturales a quienes se les hubiere
formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos, entre otros,
contra la administración pública.

Dentro de ese contexto, emerge la causal de nulidad electoral que prevé en su inicio
el artículo 275 del CPACA, que remite al artículo 137 ejusdem, en cuyo inciso
segundo consagra que los actos son nulos cuando son expedidos con infracción de
las normas en que deberían fundarse.

2. Fundamentos fácticos, normas violadas y concepto de la violación

En razón a que las demandas convergen a los mismos supuestos fácticos y
argumentativos, la Sala condensa los planteamientos, como se expone a
continuación:

La parte actora afirmó que el accionado en calidad de concejal5 del municipio de
Floridablanca, para el periodo 2016-2019, participó en la elección del personero
municipal señor Robiel Barbosa, a quien, en el concurso de méritos respectivo, le
otorgó en la entrevista una calificación de 100 puntos, mientras que al aspirante Luis
José Escamilla Moreno, tan solo lo ponderó con 1 (uno).

Ante tal disparidad, el señor Escamilla Moreno demandó en nulidad electoral el acto
declaratorio de la elección de Robiel Barbosa, como personero municipal de
Floridablanca, desde la censura de irregularidad por vicios en el proceso de
selección.

Paralelamente, por los mismos hechos, se inician acciones legales por presunta
corrupción ante la fiscalía y Procuraduría General de la Nación.

El 26 de febrero de 2021, este último ente de control, profiere sanción de tres (3)
meses de suspensión en el cargo contra los concejales de Floridablanca, entre ellos,
el señor Gómez Silva, por haber cometido falta grave con culpa gravísima, por violar
el principio de imparcialidad. Esta decisión fue apelada por los sancionados y fue
confirmada por la Procuraduría Regional de Santander, en diciembre de 2023.

como CONCEJAL MUNICIPAL elegido en los pasados comicios realizados… el 29 de octubre de 2023 al
ciudadano ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA. 3. Se ordene a la organización electoral CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL y REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, llamar a quien le sigue en orden de
elegibilidad para suplir la vacancia absoluta que se genera con la decisión en firme. 4. Se ordene compulsar
copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para lo de
su competencia».
4 Las demandas se presentaron el 19 de diciembre de 2023 (2024-00003-00); el 11 de enero de 2024 (2024-

00021-00), hora: 14:13 p.m. y el (2024-00044-00), hora 15:33 p.m.
5 Por el Partido Alianza Verde.

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, inició investigación por el presunto
delito de prevaricato por acción, que hace parte de los llamados hechos punibles
contra la administración pública, previstos en el título XV de la Ley 599 de 2000.

En el vocativo 2024-00003-00, el demandante Vidal Martínez Segura aseveró que
el accionado financió su campaña al concejo 2024-2027 con recursos propios, como
se lee en el portal de cuentas claras del CNE, del cual adjunta el enlace, se
evidencian tres aportes dentro de dicho rubro, a saber, por: (i) $156.580, oo; (ii)
$10.723.780, oo y (iii) $40.000.000, oo6.

Aseveró que no existiría irregularidad, si no fuera porque el accionado se encuentra
con formulación de imputación y escrito de acusación por el tipo penal referido y
que existen los radicados 680016008828201600155 y 680016008828201600626
de la Fiscalía 40 Especializada de Administración Pública de Bucaramanga, que
dan cuenta sobre i) la formulación de imputación y ii) el escrito de acusación contra
los concejales de Floridablanca, por la elección irregular del personero de ese
municipio, para el periodo 2016-2019 y iii) que los imputados habían sido citados
para audiencia preparatoria de juicio penal, para abril 2024.

El accionado ya superó las audiencias preliminares, en las cuales se llevó a cabo la
imputación y ya tuvo la de acusación; de tal suerte que está vinculado a proceso
penal por delito de prevaricato por acción, con medida de aseguramiento vigente,
por los hechos de 2016, por lo cual no podía hacer aportes económicos para
sufragar su campaña al concejo, para el periodo 2024-2027.

El demandado resultó nuevamente elegido concejal para el siguiente cuatrienio
2024-2027, inscrito y avalado por el Partido Alianza Verde, pero esta designación
adolece de un vicio fundamental y es que financió su campaña con recursos propios,
en contradicción del artículo 277, que en el numeral 5 de la Ley 1475 de 2011,
determina que está proscrita la fuente de aporte proveniente de la persona natural
acusada o imputada en proceso penal por delitos contra la administración pública,
como lo es el prevaricato.

Con ello, se transgreden también i) el artículo 40 numeral 1 de la Constitución
Nacional, que otorga el derecho a elegir y ser elegido, porque claramente, el
ciudadano debe cumplir unas reglas precisas y obligatorias para poder acceder de
manera legítima a la elección a la que aspira, entre ellas, no financiar la campaña
política al concejo municipal con dineros prohibidos; ii) el artículo 109 Superior en
cuya parte final del inciso 9 se establece lo siguiente: «Ningún tipo de financiación
privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios al orden público », puesto
que se ha inobservado por la financiación con dineros ilegales prohibidos, que violan
las fuentes de financiación; iii) el mandato constitucional 258, comoquiera que el

6 En la demanda del radicado 2024-00044-00 se aseveró que los aportes propios del entonces candidato

ascendieron a $19.267.000, oo.
7 «Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos y

movimientos políticos y campañas: (…) 5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado
acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o
promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los
mecanismos de participación democrática y lesa humanidad».

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

derecho al voto debe ejercerse sin ningún tipo de coacción y libre de prácticas
corruptas y antidemocráticas como la financiación de campañas con recursos
indebidos, que conlleva el engaño a los electores, quienes desconocen el origen de
los dineros con los que se financió la campaña del elegido y, menos, eran sabedores
de que estos estuvieran prohibidos8. Todo ello atenta contra la pureza y libertad del
voto.

Con fundamento en los mismos hechos, en el radicado 2024-00044-00 se invocaron
como violados los artículos 1, 2, 13, 29, 43 y 262 de la Constitución Política, aunque
sin esgrimir argumento específico.

3. Trámite en primera instancia

En sendos autos de 29 de enero y 5 de febrero y 14 de marzo, previa inadmisión
por providencia de 22 de enero, de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
admitió las demandas, ordenó las respectivas notificaciones y negó las solicitudes
de suspensión provisional. En el radicado 2024-00021-009, con fundamento en que
las pruebas obrantes en el proceso no son diáfanas en demostrar la configuración
de la conducta prohibitiva. En el expediente 2024-00003-0010, se negó la medida
cautelar11, aduciendo que reiteraba las consideraciones adoptadas por el auto de 5
de febrero de 2024 (2024-00021-00), porque los argumentos y la oposición eran
idénticas. En el 2024-00044-0012 la suspensión provisional se negó, por cuanto
consideró necesario adelantar todo el debate probatorio, a efectos de contar con
mayores elementos de juicio que permitan esclarecer si la causal de nulidad
electoral atribuida al accionado se configura.

4. Contestaciones e intervenciones

4.1. Édgar Enrique Gómez Silva, demandado

Su apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
al concluir que el acto demandado no fue expedido con violación de las normas en
que debería fundarse, comoquiera que no existe sentencia penal en firme que
restringa sus derechos políticos.

Acotó que no hay pruebas en el plenario, por cuanto los documentos que se
acompañaron con la demanda, si bien, son piezas de procesos judiciales, no es
posible saber el actor dónde los obtuvo, tampoco es viable conocer si el contenido

8 Mencionó el fallo de 22 de septiembre de 2022, dictado por la Sección Quinta, dentro del radicado
11001032800020220012700, en el caso de la exsenadora Aída Merlano y de 16 de mayo de 2019, expediente
11001032800020180008400, ambos, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Y de la Sala Plena Contenciosa,
sentencia de 22 de octubre de 2019, radicado 11001031500020180129401, atinente a el deber de los
candidatos en adoptar medidas estrictas para garantizar el respeto a los límites de financiación y gastos de
campañas y para precaver, al interior de la campaña, que no se transgredan las normas sobre el balance
financiero, aunado a que conforme el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011
9 M.P. del Tribunal Iván Fernando Prada Macías.
10 M.P. del Tribunal Francy del Pilar Pinilla Pedraza.
11 Se observa por la Sección Quinta que el a quo profirió el auto admisorio de manera independiente a la

denegatoria de la medida cautelar, lo cual no corresponde a la previsión del inciso último del artículo 277 del
CPACA que impone que en los asuntos de nulidad electoral ambas decisiones se resuelvan en el mismo
proveído.
12 M.P. del Tribunal Carolina Arias Ferreira.

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Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
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de aquellos, coincide con la información real que existe en los expedientes penales,
de los cuales supuestamente la parte demandante los extrajo, comoquiera que no
es sujeto procesal en las causas punitivas y, por ende, existe un margen de duda
en el método de consecución de los medios probatorios documentales, que aviva la
parte actora al solicitar la práctica de pruebas tendientes a verificar la existencia de
un proceso penal contra el accionado.

Sobre las censuras de fondo, considera, un primer aspecto, atinente a que el
correcto alcance del numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 no cobija
al candidato, pues se trata de personas naturales con calidad de terceros.

En efecto, es el artículo 2013 ibidem, el que enlista dentro de las fuentes de
financiación permitidas, entre otras, los aportes del propio candidato, dando
permisión a la autofinanciación; de tal suerte que, de manera coherente, el artículo
27 posterior, al enumerar las fuentes de financiación prohibidas lo hace respecto de
terceros, pero en ningún momento alude a los recursos propios del candidato, como
claramente lo consideró la Corte Constitucional en sentencia C- 490 de 2011, al
conocer en control previo de constitucionalidad el texto de lo que luego sería la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, al declarar exequible la prohibición de recepción de
aportes a campañas electorales.

Ello, en armonía con la proscripción de la recepción de contribuciones de personas
naturales contra quienes se hubiere formulado acusación o imputación en un
proceso penal por los delitos previstos en la norma, es decir, se refiere a terceros,
calidad que no incluye al propio candidato ni a la figura de la autofinanciación (art.
27 num. 5 ib.)

Destacó que las demandas no aluden a que el accionado hubiera recibido
financiación de terceros imputados o acusados de los hechos punibles contenidos
en la norma.

Expuso una segunda defensa, consistente en que desconocer el alcance de la
prohibición del artículo 27, numeral 5 de la Ley 1475 de 2011, vicia la elección del
candidato que es elegido popularmente. Al respecto, indicó que la parte actora
no sustentó las razones por las cuales la prohibición tiene efectos anulatorios en el
acto de elección.

Para el accionado, no pueden existir consecuencias de nulidad del acto de elección,
con fundamento en la incursión en la prohibición referida, por cuanto: i) se trata de
una falta administrativa, así que los cánones de hermenéutica jurídica enseñan que
la interpretación normativa debe estructurarse en el contexto jurídico en el que está
inmerso el precepto a interpretar.

13 Artículo 20. Fuentes de financiación. Los candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos

de ciudadanos inscritos a cargos o corporaciones de elección popular, podrán acudir a las siguientes fuentes
para la financiación de sus campañas electorales: 1. Los recursos propios de origen privado que los partidos y
movimientos políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen.2. Los créditos o
aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes,
o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad…

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Aseveró, entonces, que el CNE tiene la potestad de sancionar dentro de sus límites
de competencia; a su vez, las colectividades políticas son responsables por violar
las normas sobre financiación (art. 8 ib.), mientras que el legislador determinó que
existe una falta administrativa en permitir los aportes con fuentes de financiación
prohibidas (art. 10 num. 3).

ii) Señaló que dentro del catálogo de sanciones que puede imponer el CNE, no
figura la anulación de la elección (art. 12). Aspecto que, si acontece, por ejemplo,
en los eventos de doble militancia, al establecer la posibilidad de revocatoria de la
inscripción (art. 29 inc. final) o de exceder el monto de los gastos de campaña (art.
26 núm. 2) como causal para que el juez anule la designación.

En conclusión, en su criterio, el subsistema normativo que gravita alrededor de la
Ley 1475 de 2011 no prevé que transgredir la prohibición prevista en el numeral 5
del artículo 27 tenga como efecto la nulidad de la elección de quien resulta elegido
popularmente, por lo cual debe respetarse el principio de legalidad y
proporcionalidad y no atribuirle a la norma una consecuencia que el legislador no
previó y que resultaría gravosa y desproporcionada.

Una tercera defensa está planteada desde la interpretación conforme a la
convencionalidad, comoquiera que no se pueden anticipar los efectos de
inelegibilidad de una condena punitiva, con una simple imputación y acusación
penal.

Expuso que la anulación de la elección es una restricción de carácter individual al
derecho político a ser elegido o al llamado sufragio pasivo, consagrado en el artículo
40 numeral 1 Superior y es un derecho humano, previsto en el artículo 23.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, cuya aplicación es prevalente sobre
el orden interno (arts. 92 C.P. y 27.2 Convencional) e implica que solo a partir de
decisiones judiciales definitivas se restrinjan las garantías eleccionarias, aunado a
que las imputaciones y acusaciones penales son de mero trámite.

Estas dos últimas decisiones no pueden mermar ni condicionar los derechos
políticos porque se desconocerían las garantías supralegales, tales como: el
juzgamiento imparcial, la presunción de inocencia, el derecho a controvertir la
acusación y a impugnar (arts. 23.2 y 8.2 de la Convención).

En el orden interno, acotó, existe la restricción a la elegibilidad de una persona y es
la consagrada en el mandato superior 122, que solo es viable cuando se cuenta con
sentencia penal condenatoria ejecutoriada. De igual forma, la prohibición prevista
en el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011 debe seguir la misma línea, para
darle un alcance conforme a la convencionalidad.

Dijo el accionado que, la parte actora ni siquiera afirma que contra él se haya
proferido sentencia penal en primera instancia, no siendo viable que se genere una
consecuencia desproporcionada no prevista en la ley y por fuera de las cinco
garantías convencionales, a saber: a) el procesado tiene que ser oído frente a su
defensa contra la acusación penal (art. 8.1 y 8.2 lit. f); b) tiene derecho a preparar y

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ejercer su defensa (art. 8.2 lit. c); c) a que su defensor técnico controvierta la
acusación (art. 8.2 lit. e); d) el acusado frente a una sentencia condenatoria tiene
derecho a recurrirla en doble instancia y/o en doble conformidad (art. 8.2. lit. h) y e)
la condena penal debe ser expresión de imparcialidad (art. 8.1).

En este último literal, señaló, la acusación penal dentro del diseño de la Ley 906 de
2004 es un acto que hace la Fiscalía General de la Nación como parte procesal,
quien no es imparcial, por cuanto actúa persiguiendo la condena penal del acusado;
por eso, es que se requiere sentencia judicial, porque solo el juez actúa sin sesgos.

Concluyó que no poder acceder a desempeñar un cargo de elección popular por
tener una acusación penal por autofinanciarse como candidato implica imponer un
efecto negativo por el solo hecho de ser procesado penalmente. E incluso, señaló
que aun ante la existencia de imputación o acusación penal, la declaratoria de
nulidad no podría acontecer porque la prohibición referida no está instituida como
una causal de aquella.

El cuarto argumento de defensa se enfoca en que no hay violación del artículo 40
Superior porque la imputación o acusación penal contra un candidato no es
antidemocrático ni atenta contra el orden público, por cuanto si este decide afectar
su patrimonio para costear su campaña electoral, en nada se perjudica al
electorado, porque no está acudiendo a financiación externa ilícita, sino a sus
recursos propios.

Finalizó indicando que sostener la tesis contraria a la expuesta, viola el principio de
igualdad de trato ante la ley, generada por el planteamiento de que el aspirante que
tiene una acusación penal por los delitos previstos en el artículo 27.5 de la Ley 1475
de 2011 no pueda autofinanciarse ni asumir los costos de su propia campaña.

4.2. Consejo Nacional Electoral (CNE)

La entidad electoral, a través de apoderado judicial14, manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva y, por ende, solicitó ser desvinculada del
proceso, comoquiera que el asunto judicializado recae sobre una causal subjetiva
de nulidad, atinente a los requisitos, calidades y condiciones de elegibilidad del
candidato, aspectos que corresponden al propio aspirante y a la colectividad que lo
avaló en su aspiración eleccionaria, conforme al artículo 10 de la Ley 1475 de 2011.

Señaló que, si bien, tiene a cargo la revocatoria de la inscripción cuando exista plena
prueba de que el candidato está incurso en hecho constitutivo de inhabilidad
constitucional o legal (art. 108 y 265.12 C.P.) y, frente el caso concreto, expidió la
Resolución 10955 del 26 de septiembre de 2023, mediante la cual negó la solicitud
respectiva frente a la candidatura del señor Gómez Silva (radicado CNE-E-DG-
2023-019611), lo cierto es que dio cumplimiento al procedimiento administrativo
electoral que le correspondía, por lo cual no es la autoridad competente para
satisfacer las pretensiones del accionante, como tampoco la llamada a demostrar si
el elegido está o no inhabilitado.
14 Radicado del Tribunal Administrativo de Santander 2024-00003-00.

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4.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

Mediante apoderado judicial, propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, a fin de ser desvinculada del proceso, por cuanto conforme al
artículo 266 de la Constitución Política tiene a su cargo la dirección y organización
de las elecciones y los hechos enunciados por la parte demandante no tienen
relación con las competencias a su cargo, tampoco tiene injerencia en la expedición
del acto demandado a cargo de la Comisión Escrutadora Municipal respectiva, ente
independiente y autónomo, frente al cual solo ejerce funciones secretariales en los
escrutinios.

Ahora bien, en materia de inscripción de candidaturas cumple una función
verificadora frente a los requisitos formales, no los sustanciales; de tal suerte que
debe aceptar la solicitud suscribiendo el formulario E-6 si estos se encuentran
reunidos, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.

Concluyó que no posee competencia ni facultades relacionadas con los aportes
realizados a las campañas y mucho menos relacionadas con la revisión de las
cuentas presentadas por los candidatos o las colectividades, tampoco tiene a cargo
la vigilancia y control de la administración de los recursos de estas.

5. Acumulación de procesos

Mediante providencia de 18 de marzo de 2024, el tribunal a quo decretó la
acumulación de los asuntos y ordenó tener como expediente principal al
68001233300020240002100.

6. Auto que decide excepciones

Mediante providencia de 29 de abril de 2024 declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la RNEC, comoquiera que el
vicio por el cual se censura el acto de elección no corresponde a las funciones
asignadas a esa entidad15.

7. Audiencia inicial, fija el litigio y decreta las pruebas

En audiencia de 8 de mayo de 2024, esa judicatura se pronunció sobre el
saneamiento del proceso, fijó el litigio y decretó las pruebas.

Frente a la fijación del litigio señaló que se trata de determinar:

1. ¿si la autofinanciación o los aportes propios del candidato que se ve inmerso en
calidad de imputado o acusado en un proceso penal por los delitos descritos en
la norma, se encuentra prohibida en el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de
2011?

15 Frente al CNE indicó que no contestó la demanda. Decisión que quedó en firme sin oposición o recurso de la

entidad interesada.

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8

Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

Aspecto frente al cual, la Sala de Decisión deberá precisar, conforme se determinó
en el auto de fecha dos (2) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), cuál es el alcance
interpretativo que debe dársele a dicha disposición; esto es, establecer si hay lugar a
considerar la tesis extensiva-teleológica que permitiría la aplicación a los eventos
de autofinanciación cuando se trate de un candidato con imputación o acusación de
los específicos delitos dispuestos por el legislador; o de decantarse por una tesis
restringida, a partir de un tratamiento diferenciado que puede hacerse bajo un
principio de “lesividad mínima” frente a los derechos políticos (artículo 40 Superior),
según la cual, puede la Sala considerar razonable, que no es dable impedir que el
candidato imputado o acusado en proceso penal (quien mantiene incólume su
presunción de inocencia), financie la campaña electoral con recursos propios o, lo
que es lo mismo, autofinancie su campaña; pues la norma lo que prohíbe es la
financiación proveniente de terceras personas.

2. En caso de establecerse que el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011 se
aplica también a los eventos de autofinanciación cuando se trate de un candidato
con imputación o acusación de los específicos delitos dispuestos por el legislador,
esto es, en caso decantarse por una tesis extensiva-teleológica; la Sala debe
analizar, si ¿La infracción del artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011, puede
dar lugar a la anulación de los actos administrativos electorales?

En caso de que la respuesta que se brinde al anterior problema jurídico sea afirmativa,
la Sala de Decisión deberá determinar si ¿El artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de
2011, al exigir solo la formulación acusación o imputación en un proceso penal por
los precisos delitos contemplados en la norma, conlleva una restricción
inconvencional para el ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos
de elección popular? Aspecto que impone contrastar la citada disposición, con el
estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del artículo 23
de la CADH.

Respecto del decreto de pruebas, incorporó las documentales aportadas con la
demanda y con la contestación y las intervenciones. Ordenó oficiar: (i) al CNE para
que remita el formato original 101, del Fondo Nacional de Financiación Política y
todos los formularios de donantes y aportantes a la campaña del accionado; (ii) a la
Fiscalía General de la Nación, para que aportara los escritos de imputación y de
acusación en los radicados 201600155 y posterior 201600626, expedidos por la
Fiscalía 40 Especializada de Bucaramanga y certifique si el accionado se encuentra
vinculado a proceso penal vigente por el delito de prevaricato por acción, por los
hechos ocurridos en el periodo 2016-2019, en la elección del personero municipal
de la época; si se formuló imputación, qué medida de aseguramiento se impuso, si
hay escrito de acusación, las fechas, en qué calidad se acusó y el hecho punible;
(iii) al Juzgado 6 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga,
para que certifique en qué estado se encuentra el proceso que cursa contra los
concejales de Floridablanca, para el periodo 2026-2019, que proviene de la Fiscalía
40 Especializada, por la elección irregular del personero municipal Robiel Barbosa.
Informe, además, cuándo se reanuda el juicio, qué número de radicación tiene ese
proceso y si el accionado está vinculado a ese proceso.

8. Sentencia de primera instancia

Mediante fallo de 12 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander,
declaró la nulidad de la elección del señor Édgar Enrique Gómez Silva, como
concejal de Floridablanca, para el periodo 2024-2027.

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

Analizó el sistema de financiación de campañas electorales en Colombia,
destacando las fuentes permitidas y prohibidas, así como las sanciones por
incumplimiento. Destacó que aquel es de estirpe mixta porque se combinan dos
grandes fuentes, a saber: los recursos estatales y los privados, de conformidad con
el artículo 109 Superior.

El mandato constitucional citado prevé algunas sanciones frente a las
irregularidades en las cuales están de por medio esos dineros o aportes en especie,
como, a título de ejemplo, acontece cuando se superan los topes máximos de
financiación, cuya consecuencia es la pérdida de investidura para los elegidos a
corporaciones y la pérdida del cargo para los empleos uninominales, que se
designan por voto popular.

De conformidad con la normativa que regula el asunto de la financiación, el bloque
de legalidad está conformado por las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005, 1475 de
2011 y 1864 de 2017.

En la Ley 1475 de 2011, en los artículos 20 y 27, se consagra la financiación privada
y los rubros que la pueden conformar, tales como: recursos propios, aportes
familiares, donaciones y créditos de entidades financieras. Así también, el legislador
estatutario determinó la prohibición de ingreso de unos determinados recursos, es
la llamada financiación prohibida, en cuyo contenido se encuentran, entre otras, las
fuentes ilícitas de recursos, de gobiernos extranjeros y de personas con
antecedente penales. Dentro de esa línea, la ley prohíbe la financiación de
campañas con recursos de personas acusadas o imputadas por delitos, tales como,
contra la administración pública.

Conforme a la Corte Constitucional, en concreto, a la decisión plasmada en la C-
490 de 2011, al decidir el control de constitucionalidad de la ley estatutaria en cita,
se decantó por afirmar que la prohibición del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 es
constitucional y no vulnera la presunción de inocencia ni transgrede los derechos
políticos.

Sobre la autofinanciación de la campaña (art. 20 ib.) y su contexto frente a la
previsión de recursos prohibidos (art. 27 ib.), explicó la existencia de dos tesis, la
extensiva-teleológica que permite la aplicación al aspirante y la restringida, que
abandera la lesividad mínima de los derechos políticos (art. 40 C.P.), no siendo
predicable de la autofinanciación, comoquiera que el candidato está cobijado por la
presunción de inocencia.

Se decantó por la primera posición, por cuanto la norma que consagra la prohibición
emplea la expresión persona natural (Art. 74 Código Civil y 14 la C.P.) para indicar
el sujeto activo sobre quien recae la restricción; de tal suerte que, incluso en la
autofinanciación, el aspirante debe observar que no puede traer recursos de su
propio patrimonio si se encuentra imputado o acusado por alguno de los tipos
penales que refiere la norma del numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

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Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
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Consideró que esta es la tesis que más se ajusta a una interpretación sistemática,
acorde a los propósitos y objetivos por los valores y mandatos democráticos.

Argumentó que la incursión en la prohibición implica la transgresión a la norma
referida y, por ende, es constitutiva de causal de nulidad del acto electoral, dentro
de la tipología de las censuras generales, previstas en el artículo 137 del CPACA,
tal como lo permite su homólogo 275 en su parte inicial y encuadra en la llamada
violación de la norma superior en la que la decisión debería fundarse.

Desde la óptica de la convencionalidad tampoco encontró que la consagración de
la prohibición atentara contra esta. Al efecto, consideró:

… es claro que el medio de control de nulidad electoral no comporta transgresión al
bloque constitucionalidad representado en la Convención Americana de Derechos
Humanos, puesto que la finalidad que persigue es la preservación de la legalidad en
abstracto, esto es, su objeto es determinar a la mayor brevedad la legalidad y
conformidad con la Constitución de los actos de elección por voto popular… en otros
términos, la finalidad que se persigue a partir de la impugnación de un acto
administrativo de elección… bajo la lógica que quien actúa representa el interés
general, es establecer la conformidad con todo el bloque de juridicidad de la forma en
que se realizó una elección… y si la misma observó los lineamientos fijados en la
Constitución y en la ley, acción judicial que se encuentra instituida para prevalecer las
garantías propias de la democracia participativa, pues con su ejercicio se pretende
proteger las condiciones de elección y elegibilidad…

En el caso que se juzga, encontró que la elección del demandado resultaba nula,
debido a que este financió su campaña al cabildo de Floridablanca, con recursos de
su propio patrimonio, cuando ya se encontraba imputado por delitos contra la
administración pública, supuestos fácticos que encajan en los ingredientes
normativos de la financiación prohibida del artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de
2011, con lo cual el acto declaratorio de elección afecta el principio de transparencia
dentro del sistema democrático.

9. Recursos de apelación

La parte demandada y el Ministerio Público recurrieron la sentencia.

9.1. La parte demandada

La parte accionada solicitó la revocatoria del fallo, con fundamento en varios ejes
temáticos, a saber:

El tribunal anuló el acto declaratorio de elección sin pruebas de las exigencias
fijadas por el Consejo de Estado en los casos de financiación ilegal. Al efecto, el
recurrente señaló que la autofinanciación de la campaña por parte del concejal no
fue una práctica corrupta ni antidemocrática, tanto así que, conforme a la
jurisprudencia de la Sección Quinta, la violación de normas de financiación prohibida
debe acompasarse con probanzas adicionales que demuestren las prácticas
corruptas. Como fundamento, mencionó, entre otros, los casos de los señores Aída

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
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Merlano16, Eduardo Cortés17, Diego Caicedo18, en los que la Sala Electoral explicó
que la conducta que viola el artículo 40.1 Superior es una causal autónoma y, en el
caso de John Pérez19, enlistó como presupuestos para anular el acto, los siguientes:
a) existencia de una práctica corrupta y antidemocrática; b) con la finalidad de
coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener beneficios
electorales y c) el ejercicio directo o indirecto de la práctica irregular o su
conocimiento acompañado por la anuencia del candidato.

Esa es la razón para que la parte apelante asevere que no se estructuraron las
exigencias para considerar transgredido el artículo 40.1 de la Constitución Política
y que solo el aspecto de las fuentes de financiación no resultaba suficiente para
declarar la nulidad del acto declaratorio de elección porque se requería que la
elección se hubiera sustentado en una práctica corrupta y antidemocrática.

Sin perjuicio de lo anterior, indicó que en los casos concretos relacionados y que
están contenidos en el fallo apelado, se juzgaron actividades que no se compaginan
con el supuesto fáctico de este asunto (art. 27.5 Ley 1475 de 2011), comoquiera
que se encuadraban en el numeral 220 ejusdem. Recordó que la situación del
accionado es que es investigado por un voto que emitió, en ejercicio de sus
funciones de cabildante, al elegir al personero municipal, pero no versa sobre la
autofinanciación por actividad ilícita o que pretenda atentar contra la democracia y
el orden público.

Criticó la sentencia impugnada porque no explicó la razón por la cual la
autofinanciación electoral de quien tiene en contra una acusación penal resulta una
conducta corrupta o antidemocrática ni cómo la simple incursión en una fuente de
financiación prohibida puede anular el acto demandado, sin la acreditación de la
violación del artículo 40.1 constitucional, por lo cual el fallo carece de motivación
suficiente para dar por demostrada la transgresión a norma superior.

Señaló que a la luz de los principios pro electoratem y pro sufragium no queda claro
cómo la conducta del accionado pueda calificarse de antidemocrática. Tampoco hay
prueba sobre que los recursos de la autofinanciación hubieren sido destinados a
prácticas antidemocráticas.

Aseveró que anular la elección del concejal Gómez Silva, con fundamento en la
mera acusación penal viola las garantías procesales del artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que exige imparcialidad objetiva (art. 8.1),
esto por cuanto en nuestro sistema penal acusatorio, la fiscalía no es funcionario
ecuánime porque tiene a su cargo la imputación del delito y su competencia no
conlleva un acto procesal definitivo. Por esto es que se requiere de la decisión de

16 Fallo de 16 de mayo de 2019. Radicado: 11001-03-28-000-2018-00084-00. M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio.
17 Fallo del 20 de mayo de 2021. Radicado: 50001-23-33-000-2019-00473-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
18 Fallo del 22 de septiembre de 2022. Radicado: 11001-03-28-000-2022-00127-00. M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio.
19 Fallo de 13 de abril de 2023. Radicado: 11001-03-28-000-2022-00076-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos,

movimientos políticos y campañas: 2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar
fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.

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un juez que incluso posibilita el recurso contra sentencia, como lo dispone el 8.2. lit.
h) ib. Además, el artículo 29 literal c) ejusdem prohíbe las interpretaciones que
permitan «a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en
mayor medida que la prevista en ella».

Destacó que el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la C-490 de 2011, al
interpretar el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, no es como lo entendió el tribunal
en el fallo apelado, comoquiera que la Alta Corte se circunscribió a la prohibición de
recibir la financiación por parte de terceros, pero no a la autofinanciación.

Manifestó que prohibir la autofinanciación de la campaña al accionado, como lo hizo
el fallo impugnado, transgrede el principio de igualdad, por cuanto otros candidatos
sí pueden autoproveerse recursos para sus aspiraciones electorales sin
restricciones, lo cual conforme al artículo 23.1 de la CADH impide las elecciones
competitivas, como expresión de la democracia.

Concluyó que el efecto útil de la previsión contenida en el artículo 27 numeral 5 de
la Ley 1475 de 2011 y su interpretación acorde con la Constitución Política y la
convencionalidad es que no constituye causal de nulidad electoral, sino una falta
sancionable administrativamente por el CNE, sin necesidad de anular el acto de
elección.

9.2. El Ministerio Público

La señora procuradora 159 Judicial II para la conciliación administrativa pidió
revocar el fallo. Para tal efecto, indicó que en el caso en estudio no se verifican los
argumentos de ilegalidad formulados por la parte actora ni emerge la violación del
marco jurídico invocado como violado.

Señaló que revisadas las «escasas» probanzas, verificó que el demandado no ha
sido condenado por los delitos que se le imputan, lo cual evidencia que no se
encontraba violando el régimen de inhabilidades, tanto así que hasta el día en que
presenta el concepto de fondo, no se conoce de sentencia penal condenatoria en
su contra.

Planteó que es objeto de cuestionamiento la interpretación que puede darse de si
al candidato imputado o acusado, mas no condenado, pueda financiar su campaña
con sus propios recursos, siendo que es titular de una garantía convencional y
constitucional, como lo es la presunción de inocencia. Aunado a que el legislador
diferenció los aportes del patrimonio propio del candidato y de su entorno familiar,
de aquellos que realizan los particulares.

Conforme a los principios pro hominen, pro libertatis, en la interpretación normativa
se debe favorecer al elegido o nombrado y no limitar o generar restricciones en el
ejercicio de sus derechos. Implican la garantía del ejercicio de los derechos
electorales.

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Advirtió que, en el caso que se juzga, el concejal Gómez Silva fue imputado por el
delito contra la administración pública, pero no condenado y que, si bien con aquella
encuadra en el supuesto fáctico de la financiación prohibida, previsto en el artículo
27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011, ello no implica automáticamente que esté
incurso en una causal de inhabilidad o de nulidad del acto declaratorio de la elección
y lo cierto es que no se debe restringir el derecho a financiar su campaña con
recursos propios porque debe respetarse la presunción de inocencia.

Aunado a que la capacidad electoral, que se materializa, en una de sus facetas, con
el derecho a ser elegido, no puede ser limitado, salvo por norma expresa que así lo
dictamine y por razones específicas, tales como: la edad, nacionalidad, residencia
o condena penal (art. 23 de la CADH). Así también, recordó que las causales de
inhabilidades son restrictivas.

10. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 17 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación de
la parte demandada y de la señora Procuradora 159 Judicial II para la Conciliación
Administrativa.

Dentro del término de traslado, intervinieron las partes demandante y demandado.
El ministerio público guardó silencio.

La demandada reiteró los argumentos de la apelación.

La parte demandante manifestó su desacuerdo con las argumentaciones de la
defensa, frente a la equivocada interpretación del artículo 27 numeral 5° de la Ley
1475 de 2011, comoquiera que la situación concreta de la controversia no es, si la
autofinanciación es permitida o no; como tampoco si se puede o no recibir
financiación prohibida; pues es claro, que está proscrita para todo candidato. Insistió
en los argumentos de la demanda.

Con la prohibición de financiación ilegal del candidato o de un tercero, se está
vulnerando la presunción de inocencia de este o del tercero que se encuentre
inmerso en un proceso penal; lo que se busca es que quienes estén imputados y
acusados por los delitos que describe la norma art. 27 núm. 5° (incluyendo al
candidato) no aporten recursos a una campaña que son dineros o aportes que
provienen de fuentes ilícitas, prohibidas. Al punto que el legislador lo constituyó en
delito.

Concluyó que la financiación ilegal prohibida, constituye causal de nulidad electoral
subjetiva, independiente a las demás, cuyo nacimiento se da por el desarrollo
jurisprudencial y encuadra en la infracción de las normas en que debía fundarse el
acto administrativo, prevista en el artículo 137 inciso 2 del CPACA, en la que se
debe demostrar: (i) la infracción a las normas superiores (arts. 40.1, 109 y 258 del
C.P. y 27.5 Ley 1475 de 2011; (ii) que el candidato ejerció directa o indirectamente
la actividad irregular y (iii) o que el candidato sabía de la actividad irregular o con su
anuencia se adelantó.

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Indicó que se produjo la infracción a los artículos 40.1, 109 y 258 de la C.P. y 27
numeral 5 de la Ley 1475 de 2011, por cuanto con la financiación prohibida de su
campaña al concejo por parte del candidato, se violentó la transparencia del voto,
la moralidad pública, la democracia del certamen electoral; se engañó al elector, se
afectó la confianza ciudadana; toda vez que, se financió su campaña con aportes
prohibidos, comoquiera que ningún tipo de financiación privada podrá tener fines
antidemocráticos o atentatorios del orden público.

Por auto de 12 de noviembre de 2024, el despacho instructor del proceso, además
de decretar de oficio una prueba sobre certificación del estado actual de la causa
penal, rechazó una solicitud del accionado que presentó en nombre propio 21, por
cuanto cuenta con apoderado judicial reconocido.

11. Solicitudes de unificación

Encontrándose el proceso para fallo, el apoderado del demandado, mediante
memorial de 3 de febrero de 2025 insistió en su solicitud del 1 de octubre de 2024,
a fin de que se unifique la jurisprudencia, ante la divergencia de criterios al interior
del Tribunal a quo.

Con la petición, anexó varias providencias entre autos que negaron las solicitudes
de suspensión provisional en los casos de los concejales de Floridablanca y
decisiones de fondo del Tribunal de Santander que frente a los casos similares de
los cabildantes accedieron a declarar la nulidad de la elección y otras, negaron las
pretensiones de las demandas.

En la solicitud primigenia, la unificación de la jurisprudencia fue solicitada con
respecto a los siguientes ejes temáticos:

Punto 1: Si el artículo 27 num. 5 de la Ley 1475 de 2011 prohíbe a una persona que
esté imputada —por los delitos señalados en esta norma— autofinanciar su campaña
o, por el contrario, siempre los recursos propios de ese candidato pueden ser
destinados a actividades de campaña.

Punto 2: Si desconocer la prohibición del artículo 27 num. 5 de la Ley 1475 de 2011
por sí sola puede anular el acto de elección de un servidor público elegido
popularmente o además es necesario probar que se constituye en una conducta
corrupta o antidemocrática que transgreda el artículo 40 num. 1 de la Constitución de
1991.

Adjuntó un total de veintitrés (23) documentos, entre conceptos del Ministerio
Público, autos que negaron la suspensión provisional, y decisiones de fondo en
sentencia (13 en total), unas, denegatorias y, otras, declaratorias de la nulidad de la
elección.

21 «El despacho observa que la solicitud… no la presentó el apoderado judicial del accionado, razón por la cual

se dará aplicación al antecedente de la Sala [de 10 de octubre de 2024]… en el cual se indicó que en caso de
postulaciones simultáneas no se analiza el memorial de quien acude de manera directa, por cuando ello
implicaría aceptar una actuación concurrente de una misma parte». La providencia que se citó como
antecedente fue dictada dentro del radicado 11001-03-28-000-2023-00121-00. Demandante: Daysy María
Jiménez y otro. Demandado: Gobernador de Putumayo (Carlos Andrés Marroquín Luna). M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.

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Por otra parte, la demandante Yolanda Romero Trujillo, en escrito de 19 de febrero
de 2025, presentó la siguiente petición:

… seleccionar los temas objeto de debate en este proceso para unificar
jurisprudencia, dado que a la fecha el Tribunal Administrativo de Santander ha fallado
en tres casos similares decretando la nulidad electoral por financiación prohibida de
campañas.

En muestra de lo anterior, me permito allegar las sentencias falladas por el Tribunal
Administrativo de Santander…

Por otra parte, la referida actora, anexó dos fallos que anularon las elecciones de
las concejalas de Floridablanca: Claudia Cecilia Hernández Villamizar, de 30 de julio
de 2024, radicado 68001-23-33-000-2024-00014-00 acum, M.P. Iván Fernando
Prada Macías y Liliana Mendoza Rodríguez, de 12 de noviembre de 2024,
radicación 68001-23-33-000-2024-00001-00 acum, M.P. Julio Edisson Ramos
Salazar.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 15222 numeral 7
literal (a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del
2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es
competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto
por la parte actora contra la sentencia del 12 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual declaró la nulidad de la
elección del concejal accionado.

2. El acto electoral cuestionado

Corresponde al Acta de Escrutinio Municipal E26 – CON del 6 de noviembre de
2023, mediante el cual se declaró la elección, entre otros, del señor Édgar Enrique
Gómez Silva, como concejal de Floridablanca (Santander), para el periodo 2024-
2027.

3. Las solicitudes de unificación de jurisprudencia

Como se indicó en los antecedentes, ambas partes, mediante sendos escritos
solicitaron unificar la jurisprudencia, comoquiera que existe disparidad de criterios
por parte del Tribunal Administrativo de Santander atinente a si la incursión en la
financiación prohibida, prevista en el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011,
es causal generadora de la nulidad del acto declaratorio de elección.

22 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes asuntos

relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección... de los miembros de corporaciones públicas
de los municipios (…).

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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

Al respecto, la Sala Electoral del Consejo de Estado ya definió su posición
jurisprudencial en pronunciamientos de la Sala de 823 y 1524 de mayo de la presente
anualidad. Estos antecedentes y sus consideraciones serán los que se aplicarán al
caso que a continuación procede a resolverse, siendo entonces improcedente y, por
demás, innecesaria la unificación jurisprudencial solicitada. Aunado a que, el juez
de instancia deberá acatar los precedentes dictados por la Sección Quinta.

Del primero de los fallos en cita, resulta ilustrativo el siguiente aparte:

(…) el hecho de que una campaña política permita la financiación con fuentes prohibidas
por la ley, constituye una falta sancionable para los partidos políticos por parte del
Consejo Nacional Electoral, autoridad que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 265 de la Carta Política y 13 de la misma Ley 1475 de 2011 es la titular del
«ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para imponer sanciones a
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos».

Así las cosas, es claro que fue el mismo constituyente el que estableció unas
consecuencias sancionatorias en el escenario administrativo, por permitir fuentes
prohibidas de financiación en las campañas políticas, las cuales corresponde asumir a
los partidos y movimientos políticos, así como a sus directivos, sin que el ingreso de las
referidas fuentes constituya un vicio del proceso de formación del acto de elección.

El reproche a la conducta de los candidatos, tendiente a establecer su responsabilidad
por el uso de fuentes prohibidas de financiación en sus campañas, corresponde a otros
escenarios, bien sea el que concierne al régimen ético y disciplinario de las propias
agrupaciones políticas, o en ámbito de protección del derecho penal que en Colombia,
valga anotar, tipificó como punible «la consecución de bienes provenientes de fuentes
prohibidas por la ley para financiar campañas electorales», y derivó en el contendor
político la carga de asumir las consecuencias por este comportamiento25.

Es decir, ni en la Constitución Política, ni en la Ley Estatutaria 1475 de 2011 o en alguna
otra disposición se consagra como consecuencia de incurrir en fuentes prohibidas de
financiación la nulidad electoral o la afectación de los derechos políticos para quienes
son elegidos popularmente. (…)

Por lo expuesto, se impone negar las solicitudes de unificación de jurisprudencia.

23 Sección Quinta. Sentencia de 8 de mayo de 2025. Radicados 68001-23-33-000-2024-00031-01 (ppal.) y

68001-23-33-000-2024-00042-00. Demandantes: Tania Lizeth Bautista Peñaloza y Yolanda Romero Trujillo.
Demandado: Marcos Olarte Ramírez (concejal de Floridablanca, para el periodo 2024-2027). M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
24 Sección Quinta. Sentencias de 15 de mayo de 2025: i) Radicados 68001-23-33-000-2024-00001-01 y 68001-

23-33-000-2024-00029-01. Demandantes: Vidal Martínez Segura y María Angélica Balaguera Guerrero.
Demandada: Liliana Mendoza Rodríguez (concejal de Floridablanca, para el periodo 2024-2027). M.P. Gloria
María Gómez Montoya y ii) Radicados 68001-23-33-000-2023-00868-02 (ppal.), 68001-23-33-000-2023-00870-
00, 68001-23-33-000-2024-00039-00 y 68001-23-33-000-2024-00053-00. Demandantes: Vidal Martínez Segura
y otros. Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal (alcalde de Floridablanca, para el periodo 2024-2027).
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
25 Código Penal: ARTÍCULO 396A. FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES CON FUENTES

PROHIBIDAS. <Artículo adicionado por el artículo 14 de la Ley 1864 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:>
El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes
prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8)
años, multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto
preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior.
En la misma pena incurrirá el candidato de lista de voto no preferente que intervenga en la consecución de
bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña electoral.
En la misma pena incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a campaña
electoral.

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17

Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

4. Problema jurídico

Conforme al fallo de primera instancia y a los argumentos expuestos en los recursos
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca
la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tendrán en cuenta los límites de la
competencia del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el
tribunal, la providencia de primer grado y los argumentos de la apelación.

De manera concreta, si la previsión de la financiación prohibida, prevista en el
numeral 5, del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 tiene la entidad para reputarse
causal de nulidad electoral contra el acto declaratorio de la designación.

En correspondencia, con la solicitud de las partes y a los antecedentes
jurisprudenciales precitados, se resolverán las demandas de nulidad electoral por la
censura de la financiación prohibida del artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de
2011.

Dentro de ese contexto, se resolverán los interrogantes:

Punto 1: Si desconocer la prohibición del artículo 27 num. 5 de la Ley 1475 de 2011
por sí sola puede anular el acto de elección de un servidor público elegido
popularmente o además es necesario probar que se constituye en una conducta
corrupta o antidemocrática que transgreda el artículo 40 num. 1 de la Constitución de
1991.

Punto 2: Si el artículo 27 num. 5 de la Ley 1475 de 2011 prohíbe a una persona que
esté imputada —por los delitos señalados en esta norma— autofinanciar su campaña
o, por el contrario, siempre los recursos propios de ese candidato pueden ser
destinados a actividades de campaña.

En consecuencia, deberá determinarse si el fallo dio alcance debido a la prohibición
de financiación de la campaña con recursos propios del señor Édgar Enrique Gómez
Silva, como concejal de Floridablanca, prevista en el numeral 5 del artículo 27 de la
Ley 1475 de 2011, cuando se autofinanció con estos, cuando ya pesaba en su
contra un acto de formulación de imputación y escrito de acusación por prevaricato
por acción, que pertenece al título de delitos contra la administración pública.

4.1. Las probanzas dentro del proceso

De manera pronta, la Sala se anticipa en este capítulo, para dar contexto a la
discusión, comoquiera que, observados los planteamientos del recurso de
apelación, los extremos fácticos probados no son cuestionados ni negados o
desconocidos por las partes. En concreto, aspectos como la elección del concejal
accionado, la autofinanciación de la campaña, el trámite de las investigaciones
penales26 y el curso de estas. Aunado a que, verificado por la Sala, esos extremos
están acreditados por el acervo probatorio.

26 Si bien, al inicio de los antecedentes, el accionado al contestar la demanda cuestionaba la obtención de las

piezas documentales de la investigación penal que cursa en su contra, la Sala encuentra que ese argumento
dejó de estar dentro de la litis, comoquiera que el acervo probatorio da cuenta que fueron remitidas al proceso
por las mismas autoridades.

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

4.1.1. Acto declaratorio de elección E-26CON

Sea lo primero, indicar que los sujetos procesales no cuestionan ni desconocen
aspectos como que el accionado resultó elegido concejal de Floridablanca, para el
periodo 2024-2027 y ello se acredita con el formulario E-26 CON, que reposa en el
expediente.

4.1.2. Diligencias penales

Un segundo aspecto, es que cursa investigación penal por el delito de prevaricato
por acción contra el concejal Gómez Silva, por los hechos ocurridos al interior del
cabildo de Floridablanca, cuando se desarrollaba el concurso de méritos que
terminó con la elección del señor Robiel Barbosa Otálora y en la etapa de entrevista
se le otorgó por parte de los concejales la calificación más alta (entre 99,5 y 100
puntos), mientras que a los restantes 18 aspirantes, en su mayoría, recibieron de
sus entrevistadores solo 1 punto.

En relación con el extremo probado que se comenta reposa:

1) Certificación de la Fiscalía 9 Seccional – Unidad de administración pública de 10
de mayo de 2024, con la cual se da respuesta a requerimiento probatorio del
tribunal, en la que se lee: (i) que la Fiscalía 40 de Bucaramanga, en su momento,
formuló imputación y presentó escrito de acusación de los delitos de prevaricato por
acción y por omisión y fraude a resolución judicial, en contra de todos los integrantes
del concejo municipal, encontrándose dentro de ellos, ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ
SILVA, quien se encuentra acusado formalmente27. Y adjuntó los escritos de
imputación y de formulación de acusación.

2) Certificación del Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Control de
Garantías (Juzgados de Bucaramanga pertenecientes al sistema penal acusatorio),
adiada el 18 de noviembre de 2024, dando respuesta a requerimiento dentro de este
proceso, en el que informó que revisadas las bases consultivas al servicio de la
Rama Judicial, que contra el accionado cursa la actuación penal con CUI 68001 60
08 828 2016 00155, la cual se encuentra asignada al Juzgado Cuarto Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad. Esta autoridad judicial
programó audiencia de juicio oral, como consta en la anotación del 1 de noviembre
de 2024.

3) Certificación del Juzgado Quince Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bucaramanga expedida el 14 de noviembre de 2024, en respuesta a
requerimiento dentro del proceso, en esta se lee:

… [a] este Estrado Judicial fue, al que, por reparto del Centro de Servicios Judiciales
del sistema acusatorio penal de esta ciudad, le correspondió llevar a cabo las
audiencias de Formulación de Imputación o imposición de Medidas de

27 En esa certificación se lee lo siguiente: Para su información, de esta noticia criminal se generó un nuevo

número CUI, el radicado 680016008828201600626, el cual se sigue únicamente contra los concejales del
municipio de Floridablanca que conformaron la mesa directiva, en el periodo 2016-2019…

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

Aseguramiento, llevadas a cabo dentro el 11 y el 14 de julio de 2016, en contra de
ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA, identificado con cédula de ciudadanía… y otros,
por el delito de Prevaricato por Acción, art. 413 del C.P., sin que hubiese aceptación
de cargos. Así mismo, le impuso la medida de aseguramiento, contenida en el artículo
307, literal B, numerales 3, 4 y 5 del C.P.P. y le otorgó la libertad inmediata. Fue esa
la única oportunidad en la que este Despacho tuvo a cargo el proceso y cuya acta de
audiencia adjuntamos a la presente.

En lo sucesivo del trámite procesal, como deviene de la aplicación de Consulta de
Procesos de la rama judicial, que, para el efecto se adjunta escaneada, pues no
descarga en su totalidad los registros, se han generado un sinnúmero de actuaciones
de distintas autoridades, siendo las más recientes las del Juzgado Cuarto Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, entre el 2021 y el 2024, que,
como se observa en el anexo enunciado, tiene prevista AUDIENCIA DE JUICIO
ORAL, para el 27 de noviembre próximo, a partir de las 9 a. m.

4) Acta de audiencia de imputación del Juzgado Quince Penal Municipal de
Bucaramanga con Funciones de Control de Garantías, dentro del radicado 68001
6008 828 2016 00155, celebrada entre el 11 y el 14 de julio de 2017, frente a los
entonces concejales de Floridablanca y, en concreto, frente al accionado se
evidencia que es el indiciado 14, así:

Juzgado de Bucaramanga, perteneciente al Sistema Acusatorio Penal

(…)

INDICIADO 5 ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA NO ACEPTA
Documento 91.256…

Dirección ALCALDÍA DE BARRIO
FLORIDABLANCA
Teléfono 6-4958… CIUDAD FLORIDABLANCA

(…)

DELITO: PREVARICATO POR ACCIÓN ART. 413 C.P.
PREVARICATO POR OMISIÓN ART. 414 C.P.
FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL 454 C.P.

SOLICITUD APROBACIÓN
SI NO
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN X
IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO X

OBSERVACIONES:

Se verifica la presencia de los asistentes, se le concede el uso de la palabra a la
Agencia Fiscal para que sustente la solicitud de imputación.

La Fiscalía comunica los cargos a los señores ANDRÉS NORBERTO…, JUAN
CARLOS…, ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA …
como AUTORES del delito de PREVARICATO POR ACCIÓN ART. 413 C.P., por
hechos ocurridos en el año 2016.

(…)
Los imputados [porque están incluidos todos los concejales de Floridablanca]
manifiestan que NO aceptan los cargos imputados por la agencia fiscal.

(…)

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
(concejal del municipio de Floridablanca 2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

El Despacho declara válidamente formulada la imputación e impone a los señores…
ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA… el contenido del artículo 97 del C. de P.P., que
trata sobre la imposibilidad de enajenar bienes de su propiedad sujetos a registro.

(…)
La agencia Fiscal solicita dictar medida de aseguramiento a los señores…

(…)
Respecto de los señores ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA… la Agencia Fiscal
solicita la NO privativa de la libertad …

El Despacho ordena imponer a los imputados… ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA
… las Medidas (sic) no privativa de la libertad CONTENIDA EN EL ART. 307
LITERAL B NUMERAL 3, 4 y 5 DEL C. DE P.P. 3 (sic) La obligación de presentarse
periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él
designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social… y
5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial
que fije el juez, esto es, el área metropolitana de Bucaramanga.

Por lo que el Despacho ordena la libertad inmediata de los imputados… ÉDGAR
ENRIQUE GÓMEZ SILVA …

5) Certificación del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bucaramanga, expedida el 18 de noviembre de 2024, dando
respuesta a un requerimiento judicial, para que informe sobre el proceso 68001-
6008-828-2016-00155-00 NI. 121906.

Sobre la trazabilidad de este asunto afirmó: (i) el Juzgado Quince Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, el 14 de julio de 2017
realizó audiencia de formulación de imputación a los 18 procesados, entre ellos, el
señor Édgar Enrique Gómez Silva, por los delitos de prevaricato por acción,
prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial; (ii) El 12 de diciembre de 2018,
se dio inicio a la audiencia de formulación de acusación y se escindieron las causas
dejando a tres procesados por el caso de la elección del contralor del municipio de
Floridablanca bajo el radicado CUI N.º 68001-6008-828-2016-00155-00) y a los 15
restantes, entre ellos, Gómez Silva, dentro del vocativo CUI N.º 68001-6008-828-
2016-00626, por el asunto del personero de esa misma entidad territorial; (iii) se
está en el trámite de la audiencia de juicio oral y refirió que esta se continuaría el 27
de noviembre de 2024.

Finalmente, indicó: «No está de más señalar que dentro de este proceso no se ha
emitido decisión alguna contra el señor ÉDGAR ENRIQUE GÓMEZ SILVA »28.

28Suministró el enlace para consultar el vocativo 2016-00155 NI 121906 – PREVARICATO ELECCIÓN
CONTRALOR.

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4.1.3. Financiación de campaña al concejo 2024-2027

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4.1.4. Denegatoria de revocatoria de la inscripción

Conforme lo mencionó el CNE29, decidió negar la revocatoria de la inscripción del
señor Édgar Gómez Silva, mediante Resolución 10955 del 26 de septiembre de
2023. Al efecto reposa el expediente contentivo del trámite y decisión.

La resolución en cita tiene como fundamentos fácticos y normativos la denuncia de
un ciudadano, relacionada con que el entonces candidato se encuentra incurso en
la causal de inhabilidad contenida en el artículo 4030 numeral 1 de la Ley 617 de
2000, lo cual causa grave daño a la democracia, al permitirse la inscripción de
candidatos involucrados en hechos de corrupción. Al respecto el CNE consideró
que, para la configuración de esta causal de revocatoria, basada en el hecho
constitutivo de inhabilidad referido, no era de recibo, por cuanto no existe condena
ejecutoriada a pena privativa de la libertad.

4.1.5. Diligencias de la Procuraduría General de la Nación

Mediante decisión de 21 de diciembre de 2023, la Procuraduría General de la
Nación, a través de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección popular, dentro del radicado IUS 2016-16478 / IUC-D-2016-82-835463,
contra los concejales de Floridablanca, entre ellos, el señor Édgar Gómez Silva,
confirmó la decisión proferida por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el 26
de febrero de 2021, que encontró probado el cargo único formulado y declaró
disciplinariamente responsables de la comisión de falta grave, entre otros, al
accionado, en la calidad de concejales del municipio de Floridablanca, para el
periodo 2016-2019 «y, … les impuso sanción consistente en suspensión en el
ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses que se convertirán a salarios
mensuales devengados para quienes al momento de la ejecución no ejerzan el
cargo de concejal, …», al no observar el principio de imparcialidad en la calificación
de la entrevista en la elección del personero de Floridablanca, señor Robiel Barbosa
Otálora31.

29 Expediente 2024-00003-00.
30 Artículo 40.- De las inhabilidades de los concejales. El Artículo 43 de la Ley 136 de 1994, quedará así: Artículo

43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 1. Quien haya
sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o
haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal;
o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
31 La Sección Quinta, mediante sentencia de 1 de diciembre de 2016, confirmó el fallo de primera instancia que

anuló la elección del señor Robiel Barbosa Otálora, en calidad de personero de Floridablanca, dentro del
radicado 68001-23-33-000-2016-0013102. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Sobre este asunto, en fallo de 10 de marzo de 2025, se declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión, presentado ante el Consejo de Estado, que cursó bajo el
radicado 11001-03-15-000-2024-00839-0032, en el entendido de que se configuró la
prescripción de la acción disciplinaria, conforme a lo establecido por la Ley 1952 de
2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, que determinó su ocurrencia, si pasados
dos años luego de la notificación de la decisión de primera instancia no se ha
«notificado la decisión de segunda instancia». Como consecuencia, declaró la
extinción de dicha acción adelantada contra varios de los concejales, entre ellos, el
accionado Gómez Silva.

Se reitera entonces que en atención a que las circunstancias fácticas están
demostradas y la Sala considera que el debate no ha sido frente a la valoración
probatoria, sino a puntos de derecho sobre el alcance y manejo de la llamada
financiación prohibida en la campaña del hoy concejal Gómez Silva, el análisis a
efectuar se circunscribirá a esos aspectos y dentro del contexto de los ejes
temáticos ya decididos por la Sección Quinta en los antecedentes jurisprudenciales
proferidos el 8 y el 15 de mayo de 2025.

4.2. La financiación de las campañas políticas

La Constitución Política en su artículo 109 consagra la teleología de la regulación
de la financiación de las campañas, basada en promoción de la transparencia y la
igualdad de los aspirantes a la contienda electoral y la licitud de los recursos. Otro
aspecto, que en más de las veces pasa desapercibido como propósito de la

32 M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez. Con aclaración de voto del magistrado Hernando Sánchez Sánchez.

Información extractada de la plataforma Samai del Consejo de Estado.

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regulación de aquellas fue el referido en la C-089 de 199433, traducido en el objetivo
de «… neutralizar la dependencia y servidumbre que las organizaciones políticas
pueden adquirir respecto de los centros privados de poder que les prodigan su
apoyo económico y pueden prevalerse de él para derivar una malsana influencia
sobre los asuntos políticos o exigir reciprocidades que deterioran la moral social y
socavan la confianza en el correcto desempeño de su función representativa y
mediadora, que debería inspirarse únicamente en el interés general».

Es tal la transcendencia de este asunto que aparece su previsión en la Constitución
Política, como se advierte de la literalidad de dicho mandato:

Artículo 109. Mod. Art. 3 A.L. 1 de 2009. El Estado concurrirá a la financiación política
y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de
conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y
movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán
financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha
financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos
significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas
electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo
con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con
Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen
candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones
y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Las campañas para elegir presidente de la República dispondrán de acceso a un
máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión
costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos
significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que,
para el efecto, determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto
legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas,
debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo.
La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán
rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de
ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o
jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines
antidemocráticos o atentatorios del orden público.

33 Corte Constitucional. Fallo de 3 de marzo de 1994. Expediente P.E.-004. Revisión constitucional del proyecto

de ley estatutaria N.º 11 de 1992 Cámara, 348 de 1993 Senado "por la cual se dicta el Estatuto Básico de los
partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se
dictan otras disposiciones". M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Este texto dio lugar a la Ley 130 de 1994.

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Parágrafo. La financiación anual de los Partidos y Movimientos Políticos con
Personería Jurídica ascenderá como mínimo a dos punto siete (2.7) veces la aportada
en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo.

La cuantía de la financiación de las campañas de los Partidos y Movimientos Políticos
con Personería Jurídica será por lo menos tres veces la aportada en el período 1999-
2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo del transporte del día de
elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas.

Las consultas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán
financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo
para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este
Acto Legislativo.

De ahí en adelante, el legislador fue regulando la financiación de las campañas, en
Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011. En efecto, la primera es conocida como el
Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, contiene la temática de la
financiación de las campañas electorales con el componente contributivo del
Estado, indicando, según la tipología de la elección, la reposición de gastos (véase
art. 13).

Y aunque el legislador de 1994, en la ley que se cita, incluyó normativa sobre los
aportes a la campaña por particulares, no existía, para ese entonces, una
prohibición expresa, similar a aquella que convoca a la Sala, como es la prevista en
el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011. En efecto, solo se advierten regulados temas
como, los límites en el monto del aporte, los cuales fueron asignados en su fijación
al CNE, a partir de un ponderado logrado de los costos de las campañas, el censo
electoral de la circunscripción de que se trata y la apropiación aprobada por el
Estado, como se lee en el artículo 14 de esta.

Valga evidenciar que, en este dispositivo, dentro del grupo de aportes de
particulares, se incluyen las personas naturales o jurídicas y, se regula
indistintamente, dentro de la conducta que las campañas «podrán recibir ayuda o
contribuciones económicas» de aquellas y, al referirse a los límites de recepción,
así también sin diferenciación alguna y frente al candidato, a este le prohíbe exceder
los montos determinados que provengan de su propio peculio, el de su familia o de
particulares (inc. 2 art. 14 Ley 130 de 1994).

Por otra parte, la Ley 1475 de 14 de julio de ese año o estatutaria de los partidos,
consagró, en capítulo especial, la financiación de las campañas electorales.
Determinó el listado de las fuentes para tal efecto, a saber: (i) recursos propios
privados que las colectividades políticas destinen para tal efecto; (ii) aportes o
créditos que provengan del patrimonio de los candidatos, cónyuge o compañero (a)
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; (iii)
contribuciones, donaciones y créditos que realicen los particulares; (iv) créditos
obtenidos con entidades financieras; (v) ingresos originados en actos públicos,
publicaciones o actividad lucrativa de la colectividad y (vi) el financiamiento estatal
(véase art. 20 ib.).

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

Sobre el punto, la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011, al revisar la
constitucionalidad del entonces proyecto de ley estatutaria que dio lugar a la Ley
1475 en cita, destacó el sistema mixto o combinado, consistente en que tanto las
fuentes privadas de financiación como las públicas que provengan del Estado 34,
tienen como propósitos el fortalecimiento «del funcionamiento político y electoral de
las organizaciones políticas, y de (sic) contera, la consolidación de una verdadera
democracia participativa y deliberativa, y de los principios de participación, igualdad,
transparencia, pluralismo jurídico y moralidad pública, en el marco de un Estado
Constitucional de Derecho…».

Resulta de interés, que también se estableció en dicha regulación, los límites a la
financiación privada, con morigeración en la siguiente preceptiva, que consagra
ahora sí una escisión de las contribuciones de terceros, al referirse únicamente al
peculio propio del candidato y a su grupo familiar cercano, al prever, en su
literalidad, lo siguiente: «La financiación originada en recursos propios, del cónyuge,
compañero permanente o parientes en el grado que autoriza la ley, no estará
sometida a los límites individuales a que se refiere esta disposición, pero en ningún
caso la sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de
gastos de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará
sometido a límites individuales» (art. 23 ib.).

A juicio de la Corte Constitucional35, los aportes de particulares con limitaciones
tienen como objetivo principal proteger las campañas de presiones indebidas de
grupos económicos, de poder y de intereses personalísimos de quienes emerjan
como contribuyentes financieros de las campañas, a fin de preservar los principios
democráticos y la voluntad popular.

En ese contexto, el legislador estatutario designó un capítulo exclusivo para lo que
tituló como financiación prohibida. Al efecto, consagró la proscripción de: (i) aportes
de gobiernos o personas extranjeras, (ii) de recursos derivados de actividades
ilícitas u objeto antidemocrático o que atenten contra el orden público; (iii) las
donaciones de titulares de bienes sobre los cuales se tramite proceso de extinción
de dominio; (iv) los aportes anónimos; (v) los provenientes de funcionarios públicos,
con excepción de los miembros de corporaciones públicas de elección popular y (vi)
de las personas, naturales o jurídicas, que hayan obtenido más del 50% de sus
ingresos provenientes de contratos o subsidios estatales, que administren recursos
propios o parafiscales o que tengan licencia o permiso para explotación de
monopolios estatales o juegos de azar (art. 27 ib.).

Finalmente, aquella que es eje temático de esta nulidad electoral, es la contenida
en el numeral 5, que en su literalidad dispone:

Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o
imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación,
pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra

34 Art. 21. De la financiación estatal para las campañas electorales.
35 C-490-2011.

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la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y
de lesa humanidad.

De la exégesis de la norma transcrita, se evidencian los siguientes extremos:

El factor subjetivo: persona natural, sin distingo o condicionamiento alguno. El
factor objetivo: que sobre ella pese o una formulación de acusación o una
imputación en proceso penal. De tal suerte que, conforme al contenido de la norma,
se descarta cualquier otro tipo de investigación contra la persona y el factor modal:
comoquiera que el asunto punitivo se circunscribe tan solo a algunos tipos penales,
a saber: a) la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, b)
narcotráfico, c) delitos contra la administración pública, d) contra los mecanismos
de participación democrática y e) de lesa humanidad.

Conforme al Código Penal (Ley 599 de 200036), interesa a este asunto, el título XV,
en los delitos contra la administración pública, en el cual está contenido, entre otros,
el prevaricato, en sus clases de: por acción y por omisión (capítulo 7, arts. 413
a 415).

Vistos los extremos fijados en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011
es claro que se trató de una prohibición preventiva, precisamente para evitar,
como se indicó consideraciones atrás, que en materia de financiación se proteja la
democracia de la injerencia e incidencia de recursos económicos que puedan dejar
en entredicho la designación de que se trate. Así que, en concreto, si se tiene noción
o conocimiento de la existencia del escrito de acusación o la formulación de la
imputación, impone a los actores políticos (candidatos y colectividades) desplegar
las actuaciones que correspondan frente a quienes pesa sobre ellos esa clase de
actuación penal.

Sin embargo, no se advierten supuestos constitutivos de anulación del acto
declaratorio de elección, cuyo espectro es absoluto frente a la aspiración de quien
siendo candidato resultó elegido, retirándolo así de la gobernabilidad que le fue
otorgada por el electorado.

Esto para significar que se presenten dos conclusiones de doble vía, de una parte,
que no se vulneren los derechos políticos de elegir y ser elegido previsto en el
artículo 40 numeral 1 de la Constitución Política, comoquiera que existe todo un
abanico de posibilidades de fuentes de financiación de campaña con las que el
aspirante puede solventarla y, por otra, tampoco se trata de una causal de nulidad
electoral por violación de las normas en que el acto debería fundarse, ya que ni el
legislador ni el constituyente le dieron ese efecto, sino el de ser una prohibición
preventiva.

De lo expuesto, resulta claro que no se está frente a un dispositivo de aquellos que
cimientan la causal general de nulidad del acto de elección desde la óptica de la
violación de las normas superiores en que debería fundarse.

36 Ley 1864 de 2017 modificatoria de la Ley 599 de 2000 y se dictan disposiciones para proteger los mecanismos

de participación democrática.

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4.3. La causal de nulidad genérica de violación de norma superior en la que
debería fundarse el acto demandado del artículo 137 del CPACA

Valga recordar que en el asunto que ocupa la atención de la Sala, la nulidad
electoral gira en torno a la violación de una norma contenida en la Ley 1475 de
2011, en concreto, la del artículo 27 numeral 5, atinente a uno de los eventos de la
financiación prohibida, en los que se acusa que el accionado incursionó y que, con
ello, vulneró la declaratoria de elección.

Así también, resulta pertinente acotar que en materia de nulidad electoral existe un
abanico amplio de causales, comoquiera que están consagradas las específicas
del artículo 275 del CPACA y las generales de su homólogo del 137 ib.

En este punto, la Sala llama la atención mediante la comparación que se ha hecho
respecto de otras causales de nulidad electoral, a título ilustrativo, la expedición
irregular, por cuanto ha sido pacífica la posición de la Sección Quinta, al indicar que
no todo vicio puede nulificar el acto declaratorio de elección demandado, pues tiene
que ser de tal entidad que afecte el soporte o el pilar básico de la decisión que se
impugna.

Aspecto que incluso ya fue explicado en el fallo de 8 de mayo de 202537, en el que,
sobre este tema, se indicó lo siguiente:

… en punto a establecer si la conducta proscrita en la norma invocada constituye un
vicio de legalidad de la elección, debe señalarse que «el medio de control de nulidad
electoral, busca verificar por excelencia la legalidad de los actos de elección,
nombramiento o llamamiento, por aspectos derivados del proceso de elección —
causales objetivas—, como de las calidades exigidas respecto del elegido, nombrado
o llamado —causales objetivas—, realizando como se precisó con anterioridad, un
análisis objetivo del contenido de la norma frente a las demás que regulan la actividad
electoral, a efectos de determinar la ocurrencia de algunas de las causales que
expresamente se han consagrado en los artículos 137 y 275 del CPACA».

El enfoque que se puede extractar de esos planteamientos frente a la causal de
violación a las normas superiores es que no toda violación a las disposiciones, en
que el acto debe descansar y soportarse, genera por el solo hecho de la
transgresión, la nulidad del acto.

Por otra parte, resulta posible que converjan en la argumentación que la norma sea
soporte obligatorio del acto definitivo. Esto último, porque existe otra arista que
debe tenerse en cuenta y es aquella en la que, tratándose de una regulación
superior, esta no corresponda al bloque de legalidad o constitucionalidad en que el
acto demandado debía fundarse38.

37 Radicados 68001-23-33-000-2024-00031-01 (ppal.) y 68001-23-33-000-2024-00042-00. M.P. Luis Alberto

Álvarez Parra.
38 Al respecto véase: sentencia de 27 de mayo de 2021. Radicado 11001-03-28-000-2021-00009-00. La Sección

Quinta conoció de la nulidad electoral contra la elección de una magistrada de la Corte Constitucional, en la que
se concluyó: … resulta impensable para la prosperidad de este cargo que se acredite la no avenencia del acto
bajo censura a las normas que constituyen su marco jurídico de referencia. De allí que se deba probar que la
prescripción jurídica que integra el concepto de la violación alegado debía imbuir la expedición y contenido del

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Para la Sala, en materia electoral, el artículo 139 del CPACA pone en el mundo
jurídico los pilares del entendimiento de la nulidad, al indicar que su propósito es el
control abstracto y objetivo de legalidad sobre el acto de designación, mediante el
cual el juez verifica si el acto, en su causa, trámite, objeto y finalidad está conforme
al ordenamiento jurídico que lo rige. Su ámbito de juzgamiento recae sobre las
declaraciones de elección, los actos de nombramiento y los actos de llamamiento,
teniendo la posibilidad de evaluar los llamados actos intermedios que dieron lugar
a aquellos que son los definitivos.

Ahora bien, esta judicatura al detenerse en el caso que ocupa su atención, no
encuentra que la prohibición o restricción en la financiación de la campaña, en los
términos del numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, tenga la
potencialidad de generar la nulidad del acto, pues como se analizó en precedencia,
el contenido de esa norma, consagró la prohibición con propósitos preventivos,
quedándose en el campo administrativo sancionatorio, lo cual resulta claramente
materializado cuando en sus ingredientes normativos solo requiere la formulación
de acusación o imputación en un proceso penal.

Con ambos enfoques finalísticos (prevención y decisión sin firmeza), el legislador
de 2011 está indicando que la teleología del dispositivo se circunscribe al campo
meramente sancionatorio administrativo, pues el propósito prohibitivo del artículo
visto, si bien, está revestido de legalidad y positivizado en norma superior, lo cierto
es que las causales de nulidad electoral son taxativas y, cuando se pretende
encuadrar el supuesto fáctico, en la tipología de los cargos generales del artículo
137 del CPACA, a las que reenvía su homólogo 275 ejusdem, para la Sala es claro
que tratándose de la causal de violación de norma superior, luego de determinarse
que esta resulta aplicable al caso, deben decantarse dos reglas, sobre todo cuando
se está frente a elecciones por voto popular, a saber:

a) La regla cualitativa consistente en que la transgresión al ordenamiento superior
no puede ser de cualquier tipología de norma, pues si ello aconteciera, todas las
situaciones judicializadas cuando se ataca el acto administrativo o el acto electoral,
en mayor o menor medida, llevarían inmersos supuestos que impactan el principio
de legalidad normativa.

Por ello, con buen criterio, esta judicatura en fallo del 29 de abril de 2021 39, al
explicar la causal general de infracción de norma superior, consideró: «… sin llegar
a negarle su especificidad, bien puede sostenerse que esta causal [hace referencia
a la de violación de normas en que debería fundarse] comprende a todas las demás
en la medida en que las restantes suponen necesariamente la infracción del
ordenamiento que regula el acto».

Y es que la prosperidad de esta clase de censura, dentro del extenso margen de la
violación a la norma superior, tiene que afincarse en el desconocimiento de un valor

acto, y que, contrario a ello, el acto terminó constituyendo una oposición directa o indirecta a aquel (…). M.P.
Lucy Jannette Bermúdez Bermúdez.
39 Radicado 11001-03-28-000-2018-00106-00 y 00116-00 Acumulados. Representantes a la Cámara por el

departamento del Valle del Cauca. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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o principio constitucional o legal de derecho o en la transgresión a un derecho
fundamental.

Precisamente, en el antecedente jurisprudencial de 8 de mayo de 2025 40, dentro
del contexto que se analiza, se indicaron, frente a la causal de infracción de normas
en que debería fundarse el acto, dos aristas de interés, a saber:

(i) Esta no se configura con el desconocimiento de cualquier disposición del
ordenamiento jurídico, sino que se requiere que se trate de una regulación
específica que se relacione directa e inescindiblemente con el acto enjuiciado, para
el caso de las elecciones por voto popular, normas que se refieran a la configuración
de la voluntad del pueblo como elemento fundante del principio democrático y (ii)
que un mandato general de prohibición previsto en las normas atinentes al ejercicio
democrático no implica per se, que su desconocimiento constituya un vicio del
proceso de formación de la voluntad popular, salvo que el precepto que establece
la conducta proscrita disponga dicha consecuencia.

Ahora bien, en aspectos donde están de por medio conductas constitutivas de
hechos punibles, incluso varias conductas antidemocráticas que hasta hace poco
fueron elevadas a la categoría de delitos, no impiden que el juez de la nulidad
electoral conozca dentro de sus competencias si mantiene o no incólume la
presunción de legalidad del acto, pero dentro de los límites de los principios
democráticos.

Por eso, precisamente, en los antecedentes jurisprudenciales que incluso ambos
sujetos procesales emplearon para sus postulaciones dentro de este proceso, se
exponían ámbitos punitivos que no fueron cuestionados por el juez de la nulidad
electoral.

Al efecto, basta tan solo recordar las sentencias de 16 de mayo de 2019 41 y de 22
de septiembre de 202242, en las que tampoco la corrupción como tal, conducta de
alto contenido punitivo, se encontraba expresamente mencionada o delimitada
como una causal autónoma de nulidad electoral. Es más, si se observa el contenido
del artículo 275 del CPACA que prevé los eventos específicos con la potencialidad
de anular el acto de designación o las generales del artículo 137 ibidem, en ninguno
de los contenidos normativos se le menciona.

Dentro de las consideraciones de ambos antecedentes, se explicaba que, por años,
incluso la jurisprudencia electoral había juzgado esa clase de sucesos, tan funestos
para la democracia, dentro de las causales de violencia física o sicológica, haciendo
muy difícil su prosperidad por razones de los porcentajes de incidencia del
resultado.

En la sentencia de 15 de mayo de 202543, se consideró:

40 Véanse notas al pie 23 y 37. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
41 Radicado 11001032800020180008400. M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.
42 Radicado 11001032800020220012700. M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.
43 Radicados 68001-23-33-000-2024-00001-01 y 68001-23-33-000-2024-00029-01. M.P. Gloria María Gómez

Montoya. Véase nota al pie 24.

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… la financiación prohibida no constituye una causal de nulidad electoral; no obstante
existen en la legislación inhabilidades, entre otras, la condena penal por sentencia
judicial a pena privativa de la libertad, de allí que el verbo rector que define la
inhabilidad es “condena en firme” situación que no se acompasa con el asunto objeto
de la prohibición que refiere a la prohibición de financiación de campañas de personas
que estén siendo investigadas por punibles cometidos contra la administración
pública, situación que no se presenta en el sub judice.

(…)

Es decir que, la prohibición sobre el uso de recursos indebidos en una campaña
electoral no es causal de nulidad electoral [ni genérica ni específica], toda vez que se
trata de una disposición de naturaleza sancionatoria en materia de financiación
electoral, cuyas consecuencias pueden recaer sobre los recursos utilizados o generar
responsabilidades administrativas o penales para el candidato, pero no comprometen
automáticamente la validez del acto de elección, ni puede considerarse causal de
nulidad electoral.

Se reitera que esta Sección en sentencia del 8 de mayo de 2025 [2024-00031-01], en
relación con la financiación prohibida, señaló que: «… De las disposiciones de la Ley
1475 de 2011 no se desprenden consecuencias jurídicas que afecten la legalidad del
acto de elección. De hecho, se trata de una serie de prohibiciones para las campañas
electorales con repercusiones para las agrupaciones políticas, pero, en manera
alguna puede afirmarse que se trate de una causal que afecte la elección por voto
popular de los candidatos a un cargo de ese tipo».

En ese orden, la Sala considera pertinente acotar que, por ende, las resultas de las
denuncias son independientes de la decisión que se adopta en el juicio de nulidad
electoral, pues, se recaba que es necesario, que los supuestos que conforman la
causal de nulidad se prueben y que, al estructurarse dentro de la censura de
violación a la norma superior lleve al juez a la convicción de que se transgredieron
principios democráticos o derechos fundamentales, como se indicó en precedencia.

Esto para indicar que por sorprendente que pueda considerarse no toda imputación
punitiva constituye per se una causal de nulidad electoral, como tampoco
indefectiblemente impone al operador judicial de lo electoral el expulsar al acto
definitivo del ordenamiento jurídico.

b) La regla de previsión en el ordenamiento jurídico en la que el legislador o el
constituyente han otorgado al supuesto fáctico que prevé la norma, la consecuencia
jurídica expresa de la anulación electoral.

Al juez de la legalidad del acto, en este caso declaratorio de elección, le
corresponde en la causal invocada, simplemente comparar de manera objetiva si
la norma que se invoca fue violada o no y si esta transgresión, resulta sustancial
para lograr romper la presunción de legalidad del acto, en los eventos en los que
se transgredan valores o principios constitucionales o un derecho fundamental o en
los que el bloque de legalidad haya otorgado la consecuencia jurídica anulatoria del
acto de elección por voto popular.

De tal suerte que, cuando el sustrato fáctico de la hipótesis que se judicializa no
tiene la potencialidad suficiente para encuadrarse en la censura de la violación del

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ordenamiento superior en que debía fundamentarse la decisión, conforme a las
voces y entendimiento de las causales del artículo 137 del CPACA, no será de
recibo expulsar del ordenamiento jurídico, el acto de elección.

Así las cosas, el supuesto de hecho de la financiación prohibida, por carecer de los
presupuestos indicados, queda en el ámbito de una sanción administrativa
electoral, sin poder afectar la presunción de legalidad del acto electoral. Esto, sin
demeritar ni ingresar al ámbito de las competencias y decisiones del juez penal que
no es materia de la nulidad electoral. De lo contrario, se desdibujan los propósitos
de la Constitución y la Ley Estatutaria en los artículos 109 Superior y 27.5 de la Ley
1475 de 2011, que previeron las causales que configuran la financiación indebida,
no generadoras de nulidad electoral.

Esto resulta un criterio razonado cuando se advierte que el contenido del artículo
27 numeral 5 ejusdem, solo exige que se haya formulado acusación o imputación
en un proceso penal por los delitos especificados por el legislador estatutario,
contrastando así con los mencionados eventos de inhabilidad por decisión penal en
firme.

Dentro de esta línea argumentativa, valga recordar que, son muchas las normas
que generan una consecuencia sancionatoria, que no encajan ni constituyen causal
de nulidad contra los actos electorales, dentro del abanico de causales genéricas
que prevé la Ley 1437 de 2011, en concreto, por la violación de las normas en que
debería fundarse.

Ciertamente, ese eje temático fue abordado en sentencias de 13 de mayo de
202144, en el caso del entonces gobernador del Meta, en el que se negó la demanda
de nulidad electoral, que buscaba anular el acto declaratorio de elección, desde la
censura de al transgredir la norma superior, el artículo 34 de la Ley 1475 de 2011,
que fijaba el inicio de la campaña electoral con la inscripción de la candidatura, por
lo cual se acusó que estaban prohibidos los actos previos o de prelanzamiento
político y de 27 de mayo de 202145, que negó la nulidad de la elección de una
magistrada de alta corte, que se sustentó en que se requería de convocatoria
pública y del desarrollo de un concurso público de méritos.

En la primera de las decisiones mencionadas, la Sala conoció, dentro del ámbito
de la causal general de violación a la normativa en que el acto debería fundarse
(art. 137 CPACA), del presunto desconocimiento de las reglas democráticas,
atinentes al inicio temporal de la etapa de campaña electoral, toda vez que se le
atribuyó al entonces candidato a la gobernación del Meta, haber desplegado actos
de proselitismo político de manera anticipada, con lo cual transgredió el artículo 34
de la Ley 1475 de 2011.

Realizado el estudio, se concluyó que la norma en cita, si bien, consagraba un
mandato prohibitivo sobre el límite temporal, se consideró que este no era
generador de la nulidad del acto declaratorio de elección, pues solo trascendía a la

44 Radicado 11001-03-25-000-2020-00034-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
45 Radicado 11001-03-28-000-2021-00009-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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facultad sancionatoria en cabeza del Consejo Nacional Electoral. En la literalidad,
se consideró:

Infracción de norma superior —artículo 34 de la Ley 1475 de 2011—
consecuencias de su desconocimiento

La norma transcrita establece un límite para el ejercicio de actos de campaña
electoral. Entonces, contiene un mandato general de prohibición de actividades
proselitistas por fuera del lapso legal, que revela unos fines mediatos relacionados
con lograr la probidad y la transparencia y la igualdad en las condiciones para el
ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación del poder político
consagrado en el artículo 40 Superior.

No obstante, ello, la norma que se aduce desconocida no establece en su
redacción un mandato prohibitivo que afecte alguno de los actos preparatorios
(inscripción) del proceso electoral, por el contrario, de las normas que rigen la
materia, se establece que corresponde al Consejo Nacional Electoral investigar
y sancionar aquellas conductas contrarias a las disposiciones electorales, al
respecto se tiene:

ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. El
Consejo Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones, además de las que
le confiere la Constitución, el Código Electoral y la legislación vigente. a)
Adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento
de las normas contenidas en la presente ley y sancionar a los partidos,
movimientos y candidatos con multas cuyo valor no será inferior a dos millones
de pesos ($2.000.000), ni superar a veinte millones de pesos ($20.000.000),
según la gravedad de la falta cometida (…)”

Una muestra de ello, es la consecuencia prevista en los artículos 109 de la
Constitución Política46 y 26 de la Ley 1475 de 201147, que establecieron las sanciones
de pérdida de investidura para los miembros de las corporaciones públicas y de
pérdida del cargo para quienes ocupen las dignidades de alcalde o gobernador, por
la violación de los topes máximos fijados para la financiación de las campañas de
partidos y movimientos políticos.

Nótese como en el caso del desconocimiento de los límites de financiación por parte
de los mandatarios de elección popular, las normas electorales previeron una
consecuencia a su actuar, la cual es la sanción de desinvestidura por incurrir en
conductas incompatibles con la dignidad que detentan.

En este caso, las citadas disposiciones, contienen unas limitantes para los candidatos
en el ejercicio de actos de campaña o para desarrollar prácticas proselitistas en un
determinado lapso, omisión sancionable por el Consejo Nacional Electoral en la forma
prevista en la Ley 130 de 1994 en sus artículos 39 y 40.

Teniendo en cuenta que el desconocimiento del artículo 34 de la Ley 1475 de
2011 no se erige como causal de nulidad, la Sala se releva del estudio de este
reproche contra el acto de elección…

En el segundo antecedente referido, se negaron las pretensiones de nulidad
electoral contra el acto declaratorio de la elección de una magistrada de la Corte
Constitucional, que se sustentaban en la violación de la regulación aplicable, pues

46 “[…] la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será

sancionada con la pérdida de investidura o del cargo […]”.
47 “[…] [l]a violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se sancionará con la pérdida

del cargo, así: […] 1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el procedimiento
de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley […]”.

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Demandantes: Yolanda Romero Trujillo y otros
Demandado: Édgar Enrique Gómez Silva
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Radicado: 68001-23-33-000-2024-00021-01 (Acum)

a juicio del demandante la terna de candidatos postulada por el presidente de la
República requería convocatoria pública previa. En esta oportunidad se explicó cuál
debía ser el contenido de la causal de violación de las normas superiores en que el
acto debía fundarse y se acotó el marco legal regente la decisión demandada:

… no se trata de cualquier manifestación del poder ordenador de la voluntad del
Estado el que tiene la vocación de constituir un vicio atentatorio de la legalidad
que debe revestir todo acto administrativo, sino de una que se dé en una relación
bidireccional y asimétrica en la que el objeto de examen judicial recaiga sobre el
dispositivo de menor rango visto en perspectiva con la singularidad o el conjunto
de elementos, según se trate, reflejada en locaciones jerárquicas que lo
sobrepasen. De ahí que sea inadmisible enfrentar en examen de legalidad dos
normas de igual jerarquía, o pretender la nulidad de un acto que se opone a
previsiones de una preceptiva situada en un nivel inferior…

Por otra parte, resulta indispensable para la prosperidad de este cargo que se
acredite la no avenencia del acto bajo censura a las normas que constituyen su
marco jurídico de referencia. De allí que se deba probar que la prescripción jurídica
que integra el concepto de la violación alegado debía imbuir la expedición y
contenido del acto, y que, contrario a ello, el acto terminó constituyendo oposición
directa o indirecta de aquel…

Reitera la Sala Electoral que el vicio de infracción de norma superior impone la
revisión de la literalidad de los preceptos que se dicen vulnerados, a fin de
determinar la aplicabilidad al procedimiento adelantado que terminó con el acto
que se cuestiona o su vulneración por inaplicación, aplicación indebida o
interpretación errónea….

… la norma constitucional [invocada con la demanda como violada, art. 126
Superior] si bien… alude a la exigencia previa de convocatoria pública… no
refiere, ni tiene como destinatarios a los magistrados de la Corte Constitucional.

A lo anterior debe agregarse que la elección que se pide anular cuenta con
regulación propia dictada por el Constituyente y el legislador, la cual no impone la
convocatoria como requisito para la conformación de la terna de candidatos a
magistrados de la Corte Constitucional, lo que demuestra que se trata de una
norma no aplicable al asunto objeto de debate, pues claramente busca
reglamentar una elección completamente diferente a la que se cuestiona en este
proceso electoral….

Esta acotación a fin de recabar que se requiere transgredir un principio fundante
del estado democrático o un derecho fundamental o que el supuesto que sustenta
la censura contra una elección por voto popular esté expresamente indicada como
constitutivo de causal de nulidad electoral para que pueda ser encuadrada en
algunos de los supuestos fácticos respectivos, comoquiera que aún, cuando no se
juzga la causa penal, por serle ajeno a las atribuciones del juez de lo electoral, si le
corresponde resolver sobre la legalidad del acto declaratorio de elección
demandado.

De manera similar, en contraste sí existen normas que determinaron de manera
expresa sanciones como la pérdida de investidura, para los miembros de
corporaciones públicas de elección popular o, la del cargo, para las dignidades
uninominales, en eventos como la transgresión a los topes para la financiación de
campañas, definición del efecto claro y expreso, que se echa de menos en los
recursos calificados de prohibidos.

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4.4. Caso concreto

Para la Sala resulta necesario pronunciarse sobre las censuras concretas de las
apelaciones, dentro de un contexto genérico de la causal invocada por los
demandantes que versó sobre el desconocimiento de norma superior, que es viable
a partir de la remisión expresa que el artículo 275 del CPACA hizo al dispositivo
137 ejusdem.

Ese panorama focal de las apelaciones tuvo como ejes temáticos los siguientes:

i) El fallo de primera instancia anuló la elección sin pruebas suficientes de la
supuesta financiación prohibida. Esto por cuanto la violación a la norma sobre
financiación prohibida de campañas, prevista en el artículo 27 de la Ley 1475 de
2011 no fue analizada como se hace con su homóloga del artículo 40.1 de la
Constitución Política, que impone que no basta transgredir las fuentes de
financiación, sino debe ir aparejada con la demostración de la existencia de una
práctica corrupta, que se ejerce directamente por el candidato o por lo menos con
su anuencia o conocimiento, con la finalidad de coartar la libertad del electorado y
obtener beneficios en los resultados de los comicios.

En esa línea, el otro recurrente calificó de escasas las probanzas, comoquiera que
el accionado no ha sido condenado por los delitos que se le imputan, por lo cual no
transgredió el régimen de inhabilidades.

ii) No se tuvo en cuenta que la autofinanciación de la campaña está permitida en el
artículo 20 de la Ley 1475 de 2011 y que, en el caso del accionado Gómez Silva,
los recursos económicos empleados no provienen de una práctica corrupta ni
antidemocrática, aunado a que en la sentencia C-490 de 2011, la Corte
Constitucional interpreta que la prohibición se refiere a recibir financiación de
terceros y no a los propios.

iii) La decisión anulatoria vulnera el principio de igualdad, porque a los demás
candidatos sí les es permitido autofinanciarse.

iv) El efecto útil del artículo 27 de la Ley Estatutaria mencionado se logra mediante
sanciones administrativas del CNE y no con la declaratoria judicial de nulidad de la
elección y

v) La sentencia transgrede el debido proceso consagrado en el artículo 8 de la
CADH, por cuanto el accionado aún no ha sido juzgado penalmente.

En este punto coincide el Ministerio Público, al encontrar la falta de condena penal,
para indicar que el derecho a ser elegido no puede ser restringido, sino por razones
contempladas expresamente por la ley o la Constitución Política o por fallo punitivo
en firme, pero no por una medida transitoria no definitiva, conforme al artículo 23
de la CADH.

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v) Los antecedentes jurisprudenciales citados en la sentencia apelada48 no son
aplicables a este vocativo, se refirió expresamente a los casos de los señores Aída
Merlano (senadora con organización criminal de compra de votos); Eduardo Cortés
(alcalde que ganó la elección luego de dar dinero y otorgar prebendas); Diego
Caicedo (congresista elegido por el supuesto otorgamiento de contratos por
entidades públicas), comoquiera que se sustentaban en la causal 2 del artículo 27
de la Ley citada que expresamente dispone que tienen que ver con el despliegue
de actividades ilícitas o que tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o
atentatorios contra el orden público. Este supuesto no se acompasa con el debate
que ocupa la atención de la sala, porque el concejal Gómez Silva es juzgado por el
voto emitido en ejercicio de sus funciones como cabildante, pero no porque los
recursos de la campaña provengan de una actividad delictiva o de constreñimiento
y, el caso de John Pérez, a quien en su aspiración a la Cámara de Representantes
se le atribuyó el ofrecimiento, por interpuesta persona, de dádivas a cambio de
votos.

Vistos los extremos de los escritos de alzada, la Sala encuentra que, si bien, existe
en el ordenamiento jurídico la prohibición contenida en el artículo 27 en su numeral
5 de la Ley 1475 de 2011, lo cierto es que el punto de inflexión del asunto está en
que su potencialidad normativa no constituye causal anulatoria por infringir las
normas superiores, precisamente, porque no se advierte la incursión en la
transgresión a los principios democráticos o a algún derecho fundamental o que
haya sido prevista como causal de anulabilidad electoral.

Y siguiendo la posición de la Sala, en los referentes jurisprudenciales de 2021, en
los casos que estudió la censura de violación de regulación superior, en realidad, la
norma en estudio (art. 27.5 Ley 1475 de 2011), no establece un mandato prohibitivo
que afecte, en este caso, el acto preparatorio de la inscripción y, por ende, tampoco
el declaratorio de elección, precisamente, porque para la nulidad electoral, el
legislador estatutario, en caso de comprobarse el supuesto fáctico previsto, no fijó
la consecuencia de la anulabilidad de aquel.

Es más, la Sala en fallo de 20 de mayo de 202149, en un caso de nulidad electoral
en el que se negaron las pretensiones contra la elección del alcalde municipal de
Acacías (Meta), en el que se hacían imputaciones sobre financiación prohibida,
precisamente en alusión al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, se hizo claridad
entre los argumentos que dan lugar a sanciones administrativas y aquellos que
tienen la potencialidad de generar la anulación del acto definitivo.

113. Con todo, se estima pertinente aclarar, como recientemente lo precisó esta
Sección50, que el desconocimiento de las normas relativas al financiamiento de las
campañas electorales, más que erigirse como causal de nulidad electoral,
corresponde a conductas que pueden dar lugar a la imposición de sanciones por el
Consejo Nacional Electoral, a la pérdida de la investidura o del cargo, según se

48 Las referencias exactas se citaron en los antecedentes de este fallo.
49 Consejo de Estado, Sección Quinta. Radicado 50001-23-33-000-2019-00473-01. Demandantes: Carlos Julio

Plata Becerra y otros. M.P. Rocío Araújo Oñate.
50 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de mayo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.

11001-03-28-000-2020-00034-00.

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desprende de los artículos 39 de la Ley 130 de 1994, 109 de la Constitución Política
y 26 de la Ley 1475 de 2011.

Y finalmente, la posición de la Sección Quinta se encuentra reforzada con los
antecedentes jurisprudenciales recientemente proferidos de 8 y 15 de mayo de
2025 citados en precedencia.

Así las cosas, la Sala considera que la incursión en la prohibición prevista en el
artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011, en este caso que se ha analizado,
no implica el desconocimiento del ordenamiento superior en que debería fundarse
el acto declaratorio de elección, por cuanto la prescripción jurídica se acompasa
con el artículo 34 ejusdem, que pone en cabeza del CNE, la competencia de
adelantar las investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento
de las normas contenidas en la presente ley y de sancionar, tanto a colectividades,
como a los candidatos con multas, mas no la constitución de una causal de nulidad
electoral, de aquellas posibles en la generalidad de las censuras que posibilita el
artículo 137 del CPACA, con la que se pudiera invalidar el acto declaratorio de
elección, en concreto, la violación de normas superiores fundamento de este.

Con dicha consideración se zanja la controversia planteada por los recurrentes,
relacionada con que el supuesto de la financiación prohibida de campañas, prevista
en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, tuviera que ser analizada como se hace
con su homóloga del artículo 40.1 de la Constitución Política, es decir, que deba
tenerse prueba de la existencia de una práctica corrupta, que se ejerce
directamente por el candidato o por lo menos con su anuencia o conocimiento, con
la finalidad de coartar la libertad del electorado y obtener beneficios en los
resultados de los comicios y dentro de ese mismo contexto, porque resulta ajeno a
la nulidad electoral, por no ser causal generadora de esta, que el juez de la nulidad
electoral pueda indicar que se trata de una inhabilidad —mención de la agencia
fiscal— o que se requiera la condena penal en firme (arts. 8 y 23 de la CADH) —
anotación de ambas alzadas—.

En esa línea, se acusó la sentencia por transgredir el debido proceso, lo cual se
estructura en tanto el tipo de nulidad electoral es inexistente de base, razón por la
cual es ajeno detenerse, para los efectos de este medio de control, en el
juzgamiento penal en firme.

El segundo eje temático de los recursos consistente en que no se tuvo en cuenta
que la autofinanciación de la campaña está permitida en el artículo 20 de la Ley
1475 de 2011 y que, en el caso del accionado Gómez Silva, los recursos
económicos empleados no provienen de una práctica corrupta ni antidemocrática,
aunado a que en la sentencia C-490 de 2011, la Corte Constitucional interpreta que
la prohibición se refiere a recibir financiación de terceros y no a los propios, fue
resuelta consideraciones atrás, desde el derrotero que son normas
complementarias y que en el marco de la llamada financiación prohibida se utiliza
la proscripción desde la expresión persona natural, sin que se excluya a ninguna o
se condicione a excepciones.

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Lo cierto es que como el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011 no es un
dispositivo normativo que regule el caso concreto, no resulta del caso determinar si
cobija o no al candidato, dado que, no es la norma que pueda generar la nulidad.

Sobre si la decisión anulatoria vulnera el principio de igualdad, porque a los demás
candidatos sí les es permitido autofinanciarse, es un argumento que resulta de
recibo, pero devenido del hecho de que, al no ser causal de nulidad electoral,
expulsar del mundo jurídico el acto por un hecho que no es génesis de aquella,
constituiría una desigualdad evidente.

En relación con que el efecto útil del artículo 27 de la Ley Estatutaria mencionado
se logra mediante sanciones administrativas del CNE y no con la declaratoria
judicial de nulidad de la elección, la Sala Electoral considera que lo acontecido en
el caso de la financiación prohibida del artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de
2011 se sustrae el hecho de que ni el legislador ni el Constituyente afincaron en
esta prohibición el supuesto de causal de nulidad electoral propiamente dicha, ni
tampoco, como se analizó consideraciones atrás, encuadra dentro de las genéricas
del artículo 137 del CPACA, en la modalidad de violación de norma superior en la
que el acto debería fundarse. Se sustrae entonces con este planteamiento, la
discusión de cuál sería el efecto útil de la norma, dentro del contexto de la nulidad
electoral.

Ahora bien, en cuanto a la invocación de los antecedentes jurisprudenciales citados
en la sentencia apelada51, que la parte demandada calificó de inaplicables al caso
que ocupa la atención de esta judicatura, para la Sala es claro que, cae por su peso,
que si la prohibición que se atribuyó al accionado no conforma una censura que
anule el acto declaratorio de elección, los pronunciamientos judiciales relacionados
con la causal de nulidad electoral por actos de corrupción no resultaban de recibo
para el caso, pero nuevamente porque la transgresión al numeral 5 del artículo 27
de la Ley 1475 de 2011 no tiene la condición de constituirse en supuesto para la
anulación del acto declaratorio de la elección, bajo los derroteros del artículo 139
del CPACA.

4.5. Conclusiones

Vistos todos los extremos indicados en precedencia, a fin de considerar un enfoque
jurisprudencial a las varias actividades o conductas en las que se deja entrever una
interpretación divergente desde el punto de vista de hasta donde encuadrarlas como
un supuesto constitutivo de la nulidad electoral, dentro de la modalidad de la
violación de norma superior en la que debería fundarse el acto demandado, la Sala
Electoral considera necesario fijar los siguientes derroteros hermenéuticos:

• El artículo 27, numeral 5 de la Ley 1475 de 2011 no establece un mandato
que afecte el acto de elección y que la sanción por la financiación prohibida
debe ser administrativa, no judicial dentro del campo de la nulidad electoral.

51 Las referencias exactas se citaron en los antecedentes de este fallo.

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Al respecto en el antecedente de la Sala de 15 de mayo de 2025 52, se
consideró lo siguiente:

… debe tenerse en cuenta que el mismo legislador estatutario consagró en el
artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, las consecuencias de la violación o
desconocimiento de ese tipo de disposiciones y lo hizo exclusivamente para los
partidos políticos así:

Artículo 10. Faltas. Constituyen faltas sancionables las siguientes
acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y
movimientos políticos:

(…)

3. Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas
electorales, con fuentes de financiación prohibidas…

Es decir, el hecho de que una campaña política permita la financiación con
fuentes prohibidas por la ley, constituye una falta sancionable para los partidos
políticos por parte del Consejo Nacional Electoral, autoridad que de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 265 de la Carta Política y 13 de la misma Ley
1475 de 2011 es la titular del «ejercicio preferente en la competencia y
procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y
grupos significativos de ciudadanos». Ello en consonancia y desarrollo de los
postulados de la Constitución Política… en su artículo 107.

• Esta norma en cita está redactada con un amplio espectro cuando indica que
la prohibición es para toda persona natural, en la que se incluye al candidato,
a su entorno familiar y a los terceros, comoquiera que no se hace excepción
o exclusión o se establece alguna condición. Además, que se observa como
un dispositivo armónico con el artículo 20 ejusdem.

• La proscripción de financiación con recursos propios prohibidos no constituye
causal de nulidad electoral, sino una infracción administrativa sancionable
por el CNE.

• Cuando se esté frente a un ingrediente normativo que establece un deber,
una prohibición, una condición para que algún supuesto emerja y se
requiera, para efectos de la nulidad electoral, revisarlo bajo el contenido de
las causales genéricas de nulidad del acto, concretamente, por la violación
en las normas superiores en que debería apoyarse o fundarse, deben
tenerse en cuenta dos reglas interpretativas, so pena de que el ingrediente
normativo no encuadre en cargos contra el acto declaratorio de elección:

• a) La regla cualitativa consistente en que la transgresión al
ordenamiento superior tiene que afincarse en el desconocimiento de un
valor o principio constitucional o legal de derecho o en la transgresión a
un derecho fundamental. Para así descartar que toda transgresión a
cualquiera norma tenga la potencialidad de anular el acto electoral y

52Radicados 68001-23-33-000-2023-00868-02 (ppal.), 68001-23-33-000-2023-00870-00, 68001-23-33-000-
2024-00039-00 y 68001-23-33-000-2024-00053-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Véase nota al pie 24.

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• b) La regla de previsión en el ordenamiento jurídico que consiste
en la que el legislador o el Constituyente hayan otorgado al supuesto
fáctico que prevé la norma, la consecuencia jurídica expresa de la
anulación electoral.

Con las consideraciones anteriores se deja claro que el desconocimiento de la
proscripción citada no es causal de nulidad electoral contra el acto declaratorio de
la designación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO. PRIMERO: NIÉGANSE las solicitudes de unificación jurisprudencial
pedidas por ambas partes.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual declaró la nulidad de la elección
del señor Édgar Enrique Gómez Silva, como concejal del municipio de Floridablanca
(Santander), para el periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26 CON de 6
de noviembre de 2023, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

TERCERO. En firme este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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