Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00076-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00076-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00076-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00076-00
Demandante: Luz Helena Forero Sierra
Demandado: John Edgar Pérez Rojas
Representante a la Cámara por Quindío
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00076-00
Demandante: LUZ HELENA FORERO SIERRA
Demandado: JOHN EDGAR PÉREZ ROJAS como Representante a la
Cámara por la circunscripción departamental de Quindío
para el periodo 2022–2026
Temas: Prácticas corruptas para incidir en el electorado – compra de
votos
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Decide la Sala la demanda de nulidad electoral interpuesta por la señora Luz
Helena Forero Sierra en contra del acto de elección del señor John Edgar Pérez
Rojas como representante a la Cámara por la circunscripción departamental del
Quindío, para el periodo 2022–2026.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La señora Luz Helena Forero Sierra, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, previsto en el
artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, tendiente a obtener la nulidad del acto que declaró la elección
del señor John Edgar Pérez Rojas como representante a la Cámara por la
circunscripción departamental del Quindío, para el periodo 2022–2026. Por lo
que, solicitó lo siguiente:
“1) Que se declare nulo el acto de elección, por medio del cual la Comisión
Escrutadora Departamental del Quindío declaró la elección de John Edgar Pérez
Rojas, como Representante a la Cámara por el Departamento del Quindío para el
periodo 2022-2026 por el partido Cambio Radical, como consta en las Actas de
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Demandante: Luz Helena Forero Sierra
Demandado: John Edgar Pérez Rojas
Representante a la Cámara por Quindío
Escrutinio General y parcial que se encuentran en poder de la Organización
Electoral.
2) Que se declare que son nulos los autos de trámite de la elección a la cámara
(sic) de representantes (sic) del Quindío periodo 2022-2026 del 20 de octubre de
2022, proferidos por la comisión escrutadora departamental del Quindío y demás
autoridades electorales competentes, con el cual se negaron los derechos de
solicitud de saneamiento de nulidad, reclamaciones y recursos formulados por la
candidata LUZ ELENA FORERO SIERRA, con el propósito de agotar el requisito
de procedibilidad, el cual no fue decidido con observancia del ordenamiento
jurídico, con lo cual se afectó el resultado que finalmente sirvió para la
declaratoria de elección de los candidatos aspirantes a la cámara de
representantes del Quindío para el período constitucional 2022 - 2026.”
2. Hechos
Señaló la demandante que el pasado 12 de marzo (sic) 1, se llevaron a cabo las
elecciones para Congreso de la República en las cuales fueron elegidos como
representantes a la Cámara por el Departamento del Quindío, los ciudadanos
Piedad Correal Rubiano, Sandra Bibiana Aristizabal Saleg y John Edgar Pérez
Rojas, inscritos en nombre de los partidos Liberal y Cambio Radical.
Informó que, en su condición de candidata, por medio de apoderado, presentó
reclamación ante la comisión escrutadora del municipio de Armenia al encontrar
que en varias mesas2 no se registraron votos por la Coalición Pacto Histórico,
para la Cámara de Representantes, en la misma proporción que para el Senado
de la República. A este respecto recalcó que “resulta injustificado que la totalidad
de los sufragantes manifiesten su afinidad política por esta COALICIÓN PACTO
HISTORICO, tan solo voten por una de las dos (2) corporaciones”.
Agregó que este resultado, genera una duda razonable sobre la materialización
de un error voluntario o involuntario al consolidar los resultados electorales, por
lo que estimó que, para salvaguardar el principio de transparencia y objetividad,
resulta razonable acceder al recuento de los votos.
Explicó que, presentó reclamación fundada en el artículo 164 del Código
Electoral, en el que se establece que cuando hay una diferencia igual o superior
al 10% entre las corporaciones de un mismo partido, procede el recuento de
votos, sin embargo, la Comisión Escrutadora Departamental le negó dicho
recuento. En tal sentido, trajo a colación la sentencia del 11 de marzo de 2021,
con radicado 11001032800020180008100 y el fallo del 8 de febrero de 2018,
(sin especificar radicado), para señalar que, a pesar de los cuestionamientos
1 Las elecciones de Congreso de la República se efectuaron el domingo 13 de marzo de 2022
2 Sin especificar cuáles
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que ha tenido esta causal de reclamación, por no encontrarse armonizado con
el actual sistema electoral, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dejado
claro su vigencia y obligatoriedad.
Así mismo, mencionó que también presentó “solicitudes de saneamiento” de
nulidad del proceso de escrutinio por duda razonable y fallas en el reporte de
los datos contenidos en el E14, errores de transmisión, falta de tarjetas para la
consulta del Pacto Histórico y demás causales, las cuales fueron rechazadas
por la comisión escrutadora departamental al no encontrarse dentro de las
causales taxativas del Código Electoral Colombiano, situación que estima, va
en contravía de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en cuyos
pronunciamientos ha indicado que las solicitudes de saneamiento de nulidades
electorales no están sometidas al principio de preclusión y, por tanto, se pueden
presentar en cualquiera de sus etapas, en virtud de lo dispuesto en el artículo
237, parágrafo de la Constitución Política, hasta antes de la declaratoria de
elección.
De otro lado, afirmó que se generó un presunto fraude en el reporte de los
datos de los Formularios E14, con errores de transmisión, pues, en su sentir, “el
software la Registraduría podría haber prestado para multiplicidad de formas de fraude
en los reportes con la transmisión de los datos, (…), parece que hubo fraude electoral
en el software”.
Por último, indicó que según información de la Fiscalía General: “ Una fiscal de la
Unidad de Administración Pública de la Seccional Quindío de la Fiscalía General de la
Nación logró que un juez de control de garantías de Armenia legalizara la captura de
un concejal de Calarcá (Quindío)”. En relación con dicha investigación se refirió en
los siguientes términos: “Al parecer el concejal Gustavo Adolfo Herrera Zapata por el
partido Alianza Social Independiente que fue capturado en Calarcá se encontraba
comprando votos (corrupción al sufragante) para beneficiar al candidato JHON EDGAR
PEREZ ROJAS de la lista del partido Cambio Radical en el departamento del Quindío,
lo que habría provocado un objeto ilícito y una causa ilícita de la elección de este
representante, provocando una posible nulidad electoral por presuntos sufragios
ilegales situación fáctica conforme a la causal de nulidad del numeral 2º del artículo
275 del CPACA esto es sabotaje que habría beneficiado al umbral para el mencionado
partido político”.
3. Concepto de violación
Como concepto de violación señaló; que el Consejo de Estado de forma
reiterada, ha definido que para la configuración de la corrupción al electorado:
“se requiere que se acredite que la voluntad del elector hubiera sido viciada por un
daño, deterioro, obstrucción u oposición, realizado por medio de prácticas disimuladas,
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Demandante: Luz Helena Forero Sierra
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sutiles, artificiosas, engañosas, subrepticias y demás, sobre las cosas que en conjunto
permiten materializar el proceso y que alteran la verdad electoral.” Por lo que, en su
criterio en este caso la concreción de la causal se generó por la intervención de
políticos presuntamente compraron votos a favor del demandado, comprobando
la existencia de corrupción al sufragante y configurándose la causal 2º del
artículo 275 del CPACA.
Por un lado, indicó que el Consejo de Estado en el fallo de 29 de abril de 2021 3,
precisó que existen varios mecanismos de contradicción que proceden contra
las decisiones que adoptan las autoridades escrutadoras, las cuales garantizan
el debido proceso, el ejercicio del derecho de defensa y tienen como finalidad
enmendar los errores en que ellas puedan incurrir y controlar la legalidad de sus
actuaciones con el fin de asegurar que los resultados de los comicios se
correspondan con la realidad, salvaguardando la eficacia del voto.
Señaló que el número de votos de una mesa nunca puede exceder al número
de votantes que se registraron para votar en ella. En tanto ello sucede,
podemos afirmar que el resultado registrado, ya sea en el E-14, en el E-24 y/o
en los sistemas de consolidación y escrutinio, son contrarios a la verdad, hecho
que se subsume dentro del supuesto fáctico del numeral 3 del artículo 275-3 del
CPACA en tanto que los documentos electorales contienen “datos contrarios a
la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados
electorales”.
Recordó que el mecanismo ideal para la nivelación de una mesa cuando su
resultado contiene más votos que votantes registrados es, en primer lugar, el
recuento de las tarjetas electorales que permite verificar el origen de la
inconsistencia; es decir, si realmente en la urna había más votos que votantes o
si la irregularidad deviene de las anotaciones hechas con posterioridad en el
formulario E-14 o en los sistemas de consolidación y escrutinios. En caso de
verificarse la irregularidad en la urna habrá de seguirse el procedimiento
previsto en el artículo 135 del Código Electoral, destruyendo al azar un número
de sufragantes equivalentes al excedente de las mismas. Si la irregularidad no
existiese en las tarjetas, sencillamente se consignarán en los documentos
electorales los resultados reales de la urna. Sin embargo, hay ocasiones en que
el recuento no es posible, bien porque ya se hizo uno o porque en la etapa
procesal no resulta procedente, o no se tiene a disposición las tarjetas
electorales depositadas en la respectiva urna.
3 Sin indicar el radicado
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Demandante: Luz Helena Forero Sierra
Demandado: John Edgar Pérez Rojas
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Mencionó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que en
ningún caso puede validarse un resultado que consolide más votos que
votantes; y, que, no teniendo posibilidad de acceder a las tarjetas los
escrutadores deben: i) realizar la destrucción electrónica y al azar de un número
votos equivalentes al excedente de los mismos; o, ii) realizar un descuento
proporcional de los votos excedentes entre todos los candidatos, trayendo a
colación lo señalado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en los fallos
del 11 de marzo de 2021, dictado dentro del radicado 11001-03-28-000-2018-
00081-00 y en el del 8 de febrero de 2018, en el radicado 11001-03-28-00-
2014- 00117-00.
Por otro lado, indicó que se requirieron más tests para asegurarse que todo
funcionara bien, aclaró que para tal fin, existente de todo tipo que se le pueden
aplicar al software: functional testing, performance testing, white-box testing,
black-box testing, stress testing, boundary testing, unit testing, system-
integration testing, y ya al final, cuando el software ha pasado por todos estos
tipos de tests, se migra el código a unos ambientes especiales de producción
en donde lo ponen a correr como si estuviera en producción, pero en un
ambiente controlado. Aclaró que cuando el software corre en un ambiente
controlado, restringido a unos cuantos usuarios escogidos con el propósito de
determinar su funcionamiento, a este test se le conoce como “alfa” testing, o
pruebas “alfa”, mientras que cuando dicho test se hace en un ambiente real,
con condiciones reales, usuarios reales, y en producción, a ese test se le
conoce como “Beta” testing.
Por lo que afirmó, que el “beta testing” no es otra cosa que testear un software
en condiciones reales, pero bajo observación, por lo que, solicitó la revisión del
“beta testing” del software la Registraduría pues se podría haber prestado para:
“multiplicidad de formas de fraude en los reportes con la transmisión de los datos ,
facilitando las 29 mil mesas sin votos para el PH, que votantes que aparecen como si
ya hubieran votado, que mesas en donde escondieron los tarjetones de las consultas,
de cámara, de senado; que votos no contabilizados a la hora de entrar al sistema; que
votos físicos que no concuerdan con los votos en el sistema sugiriendo la existencia de
un código malware que reduce los votos del PH, en fin, parece que el fraude electoral
fue el software”.
4. Trámite relevante
Revisada la demanda, el suscrito magistrado resolvió inadmitirla mediante auto
proferido el 18 de mayo de 2022, para que la actora aportara copia del acto
acusado y precisara las zonas, puestos y mesas en las que presuntamente se
presentaron las diferentes irregularidades en la votación o el escrutinio En este
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orden, el actor allegó escrito de subsanación el 24 de mayo del año en curso,
en el que aportó el acto demandado y señaló unas mesas sin precisar a cuál
irregularidad pertenecían.
Mediante auto del 17 de junio de 2022, el Despacho rechazó la demanda al
considerar que no fue subsanada en los términos señalados en la providencia
inadmisoria, contemplado en el artículo 139 del CPACA, con relación de la
carga de señalar con total precisión en qué lugar y en cuáles registros se
presentaron las mencionadas irregularidades y al desconocer el deber que le
impone el numeral 8 del artículo 162 del CPACA de enviar el escrito de
subsanación.
La anterior providencia fue suplicada por la parte actora y revocada por la
Sección Quinta con el auto del 28 de julio de 2022 al considerar que en el auto
inadmisorio no se explicó con claridad cuáles son los elementos mínimos que
se requieren para considerar que existe un reproche susceptible de analizarse
de fondo, por lo que, concluyó que le asistía razón a la parte accionante al
señalar que en el auto del 17 de junio de 2022 se pusieron de presente
circunstancias que no fueron advertidas al inadmitirse el escrito introductorio,
las cuales no pueden ser el fundamento para rechazar la demanda.
5. Inadmisión de la demanda
Revisada la demanda, el Despecho ponente, en cumplimiento de lo decidido
por la Sección Quinta en el auto del 28 de julio de 2022, resolvió inadmitirla
nuevamente mediante auto proferido el 1° de septiembre de 2022, por falta de
requisitos formales y en virtud del artículo 276 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), procedió a
conceder el término de tres (3) días para que el actor la subsanara los
siguientes aspectos:
a) Suprima las alegaciones de carácter subjetivo o presente un nuevo escrito
con un solo tipo de causal y b) de continuar en este proceso solo con las
causales objetivas, subsane los errores advertidos con anterioridad, resumidos
así:
i) Integre el contradictorio con todos los elegidos en el acto de
elección, para lo cual deberá informar el lugar, la dirección y el canal
digital en el que recibirán notificaciones personales según lo prescribe el
numeral 7 del artículo 162 del CPACA, sin perder de vista que el numeral
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8 de la misma norma exige que se remita al demandado copia de la
demanda y y de sus anexos,
ii) individualice los actos de trámite, proferidos por la organización
electoral, que requiere en la pretensión dos que se declaren nulos
iii) frente al cargo de que “la coalición Pacto Histórico obtuvo un
número significativo de sufragios en el departamento del Quindío, para
ocupar curules en el Senado de la República, por lo que, de manera
sorpresiva, se advirtió que para la Cámara de Representantes por la
entidad territorial antes señalada no se reportó votación en favor de la
coalición” señalar las zonas, puestos, mesas y diferencias numéricas entre
corporaciones en las que sustenta el cargo.
iv) en el concepto de violación señalar por qué el acto que resolvió la
solicitud de reclamación presentada por “diferencia igual o superior al 10%
entre las corporaciones de un mismo partido”, no fue dictado “con
observancia del ordenamiento jurídico” como señala en la pretensión
segunda.
v) en cuanto al motivo de inconformidad relativo a la manipulación de
la transmisión de los datos electorales y del software, explicar en qué
consistió, cómo se desarrolló, cuál fue el material electoral que se
manipuló, cuáles fueron las consecuencias de tal conducta, cómo se vio
afectada con tal circunstancia la jornada electoral, por qué la misma alteró
y/o incidió en el resultado de la designación controvertida,
vi) frente al cargo de suplantación, individualizar con nombre y
documento de identidad a los presuntos suplantados y suplantadores, e
indicar frente a cada caso las zonas, puestos y mesas en los que tuvo
lugar la irregularidad, teniendo en cuenta las enunciadas de manera
general en la demanda.
vii) indicar zona, puestos y mesas en donde “escondieron los
tarjetones de las consultas, de cámara, de senado” y de “votos no
contabilizados a la hora de entrar al sistema” así como el número de
tarjetones de consulta y votos que no fueron tenidos en cuenta, así como
la incidencia en la elección demandada,
viii) precisar la zona, puesto y mesas en las que se realizaron las
solicitudes de saneamiento, los documentos electorales sobre las que
versaron estas peticiones, los actos que las resolvieron y la incidencia que
tienen en el acto de elección demandado.
ix) sobre la irregularidad consistente en más votos que votantes,
señalar en qué zonas, puestos y mesas se presentó dicha irregularidad y
los guarismos que ilustren ésta.
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Por otro lado, se le recordó a la parte actora que debía remitir al correo de los
demandados la subsanación de la demanda, de lo contrario estaría
desconociendo el deber que le impone el numeral 8 del artículo 162 del
CPACA4.
6. Subsanación de la demanda
Dentro del plazo otorgado5, la demandante remitió memorial de subsanación de
la demanda, en el que señaló que optaba únicamente por la causal de nulidad
subjetiva:
“haciendo referencia a las conductas (aspecto subjetivo) que el ciudadano John
Edgar Pérez Rojas presunta e indirectamente desplegó para conseguir que se le
eligiera representante a la cámara por el departamento del Quindío con un actuar
contrario a los principios democráticos, lo que considera violatorio, entre otros,
del artículo 137 ídem, el cual establece dentro de varias causas de nulidad de los
actos administrativos, y por ende de los de elección popular, la infracción de las
normas en que deberían fundarse o su expedición irregular promoviendo
supuestas prácticas contrarias a la libertad del elector.
Presuntamente existieron posibles actos de corrupción adelantados
indirectamente por el señor Pérez Rojas o con su anuencia, que incluyen,
aparentemente, compra de votos, actuaciones que en criterio de la parte actora
constituyen una clara vulneración de las normas en que debe fundarse el acto
electoral, lo que supone la aplicación de la teoría del árbol envenenado: “el
ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinada a las reglas
propias del debido proceso. El Constituyen de 1991 hizo extensivo el debido
proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, por lo que las
garantías mínimas del debido proceso penal resultan aplicables a las actuaciones
administrativas”6
Por este motivo se solicitó en el escrito de la demanda la copia de las
actuaciones adelantadas en el proceso penal y disciplinario adelantado contra el
concejal capturado del municipio de Calarcá Gustavo Adolfo Herrera Zapata
concejal del partido Alianza Social Independiente, ASI de Calarcá, Quindío como
prueba trasladada.
Al parecer mediante una estructura a cargo del señor Pérez Rojas y los
candidatos del partido Cambio Radical en el Quindío con la ejecución del
concejal del municipio de Calarcá - Quindío, se realizaron prácticas que atentaron
contra la libertad del sufragio, que significaron la coacción, violencia y vulneración
de la libertad de los electores, al ofrecerles dádivas mediante pagos en efectivo y
prebendas en especie a cambio de su voto. Esta causal se encuentra conforme a
como un vicio de carácter de subjetivo según lo indicado en la Sentencia del 16
4 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 18 de febrero de 2022.
MP Carlos Enrique Moreno Rubio
5 Recibido el 9 de septiembre de 2022, conforme a la actuación No. 40 del aplicativo SAMAI.
6 Corte Constitucional, sentencia de fecha 27 de julio de 2010, No. C-595/10.
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de mayo de 2019 Consejo de Estado: [las prácticas corruptas y antidemocráticas
de candidatos que busquen coartar por cualquier medio la libertad de los
votantes para obtener beneficios en los resultados electorales, constituye un
causal subjetiva de nulidad electoral para cuya prosperidad se debe demostrar
que el candidato ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de
ella y con su anuencia se adelantó]”
Por lo anterior, y ante la escogencia de la causal de corrupción al electorado,
modificó las pretensiones en el siguiente sentido:
“1) Reconocer que los votos obtenidos por el Partido Cambio Radical en la
elección de representante a la cámara para el periodo 2022-2026 fueron
conseguidos con un actuar contrario a los principios democráticos, del artículo
137 ídem de la ley 1437 de 2011 y con la infracción de las normas en que
deberían fundarse o su expedición irregular con prácticas contrarias a la libertad
del elector.
2) Que se declare nulo el acto de elección, por medio del cual la Comisión
Escrutadora Departamental del Quindío declaró la elección de John Edgar Pérez
Rojas, como Representante a la Cámara por el Departamento del Quindío para el
periodo 2022-2026 por el partido Cambio Radical, como consta en las Actas de
Escrutinio General y parcial que se encuentran en poder de la Organización
Electoral.
3) Recomponer el umbral en la elección a la cámara de representantes para el
departamento del Quindío periodo 2022-2026 excluyendo los votos obtenidos por
el partido Cambio Radical y otorgar la curul a la coalición Pacto Histórico.”
7. Contestaciones de la demanda
7.1. El demandado, por intermedio de su apoderado, solicitó negar las
pretensiones de la demanda al considerar que la nulidad alegada no se
configuró, pues revisados los antecedentes del proceso penal contra el señor
Gustavo Adolfo Herrera Zapata, se encuentra que la Fiscalía determinó no
imputar cargos, al no encontrar mérito para iniciar una investigación penal por la
comisión de algún delito.
Consideró que no se puede afirmar por un hecho aislado, que además no está
probado, que la votación obtenida por el Partido Cambio Radical es espuria en
su totalidad. Al revisar los resultados electorales en el municipio de Calarcá,
precisó lo siguiente:
“• No es posible invalidar la totalidad de los votos obtenidos por la lista de
Cambio Radical a la Cámara de Representantes, en una cantidad de 33.907
votos por una suposición de compra de votos, fundada en un titular de prensa sin
sustento probatorio.
• En el municipio de Calarcá, el Partido Cambio Radical obtuvo 2.981 votos, de
los cuales no se puede afirmar irresponsablemente como hace el actor que
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fueron fruto de corrupción al sufragante, por una supuesta conducta de compra
de votos de un concejal que ni siquiera hace parte del partido Cambio Radical.
• Restados los votos obtenidos por el Partido Cambio Radical en el Puesto 10 de
la zona 99 del municipio de Calarcá, Quindío, conserva el umbral, además que el
Pacto Histórico no supera el umbral, con lo cual se muestra que la causal
anulatoria alegada no sólo no está probada, sino que no tiene incidencia alguna
en el resultado electoral.”
Indicó que es después de analizar las pruebas y los hechos que conforman el
proceso es posible alegar que existe una temeridad de la demanda, toda vez
que “se sustrae de la realidad, afectando con ello la administración de justicia y
[al demandado], sometiéndolo al desgaste de un proceso judicial carente de
sustrato fáctico”.
Por lo que, concluyó que hubo un pobre ejercicio probatorio de la demandante y
que el hecho alegado no existió, por ende, solicitó se declare que la demanda
fue temeraria y se condene en costas a la demandante por su conducta
defraudatoria de la administración de justicia.
7.2. Por su parte el Consejo Nacional Electoral guardó silencio pese a haber
sido notificado en debida forma.
8. Fijación del litigio
A través de providencia del 1º de febrero de 2023, el despacho sustanciador
advirtió que en este caso es posible dictar sentencia anticipada de conformidad
con lo establecido en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011.
Por lo anterior, procedió a fijar el litigio en los siguientes términos:
“Determinar si es nulo o no el acto mediante el cual se declaró la elección del
señor John Edgar Pérez Rojas, como representante a la Cámara por el
departamento de Quindío.
Para el efecto, se debe determinar si el demandado ofreció personalmente o por
intermedio del señor Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal de Calarcá –
Quindío- por el partido Alianza Social Independiente –ASI-, dádivas a cambio de
votos en su campaña política como representante a la Cámara del Quindío y, por
tanto, si incurrió en prácticas corruptas que impliquen la nulidad de su elección. “
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9. Alegatos de conclusión
9.1. El demandado, por intermedio de apoderado, manifestó que no existe
elemento de conocimiento en el expediente que permita colegir su participación
en alguna maniobra de corrupción al sufragante y mucho menos que el señor
Gustavo Adolfo Herrera Zapata haya contado con su anuencia para ejecutar
cualquier tipo de actuación ilegal. Indicó que, de los documentos que reposan
en la investigación penal en contra del señor Herrera Zapata no se desprende
siquiera la existencia de la compra de votos. Por lo anterior, solicitó negar las
pretensiones y condenar en costas a la parte demandante por temeridad.
9.2. La actora, por intermedio de apoderado, solicitó que se profiriera fallo
inhibitorio al considerar que
“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación al presente
proceso, eran: 1) imposible para el demandante que fueran conocidas sin iniciar
la acción de nulidad por tener el carácter de reservadas, y 2) no son
determinantes para probar si el demandado ofreció personalmente o por
intermedio del señor Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal de Calarcá –
Quindío- por el partido Alianza Social Independiente –ASI-, dádivas a cambio de
votos en su campaña política como representante a la Cámara del Quindío y por
tanto, si incurrió en prácticas corruptas que impliquen la nulidad de su elección,
puesto que no se ha surtido audiencia de preclusión conforme a la ley 906 de
2004.
(…)
Tenemos que la aludida causal de nulidad no es posible probarse en esta línea
de tiempo, pero siguen vigentes los siguientes supuestos: 1) Que se deniegue la
preclusión y el proceso penal sea recobrado. Es decir, no se refiere a pruebas
nuevas y posteriores, sino que se pruebe que esos elementos probatorios al
momento de los hechos (proceso electoral) mediante prueba recobrada puedan
incidir en la causal de nulidad. 2) Que la prueba recobrada (cambio del curso del
proceso penal) "sea tan relevante que la decisión sería otra, de manera que no
es cualquier prueba, sino que debe tener la capacidad de influir en el sentido de
la decisión la causal establece que se trate de una prueba documental y que
tenga el carácter de recobrada" sentencia 2014 - 00510 de 2021 Consejo de
Estado. Para lo cual se tendrían eventualmente otro tipo de acciones o recursos
como el extraordinario de revisión.”
9.3. El CNE se opuso a la prosperidad de las pretensiones solicitadas por la
parte demandante, lo anterior por cuanto concluyó que, de las pruebas
aportadas al proceso no es posible demostrar que se cumplen con los
parámetros exigidos para que se configure la causal de nulidad de corrupción al
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electorado.
10. Concepto del Ministerio Público
La procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
en el que señaló que no existe fundamento probatorio alguno que dé cuenta de
un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico por parte del accionado
John Edgar Pérez Rojas en las elecciones del 13 de marzo de 2022.
De igual forma, a juicio del Ministerio Público, tampoco se estructuró la
tipificación de “corrupción al sufragante”, establecida como conducta punible en
el artículo 390 del Código Penal, en cabeza del concejal capturado Gustavo
Adolfo Herrera Zapata, pues según la investigación realizada por la Fiscalía
General de la Nación, no existe evidencia o medios de prueba que den cuenta
de una empresa criminal asociada con menoscabar el ejercicio democrático del
13 de marzo de 2022, en tratándose de la compra de votos para favorecer al
demandado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda
promovida contra el acto de elección del señor John Edgar Pérez Rojas como
representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Quindío,
para el periodo 2022–2026, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3°7
del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 20198.
7 “3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del
Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la
Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor
de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas
del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de
regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta
ley.”
8 Acuerdo 80 de 2019. Artículo 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS
SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo
Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.”
12
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2. Problema jurídico
En este caso debe determinarse si hay lugar o no a declarar la nulidad de la
elección del señor John Edgar Pérez Rojas como representante a la Cámara
por la circunscripción departamental del Quindío. De manera concreta debe
determinarse: si el demandado ofreció personalmente o por intermedio del
señor Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal de Calarcá –Quindío-, dádivas a
cambio de votos en su campaña política como representante a la Cámara del
Quindío y, por tanto, si incurrió en prácticas corruptas que impliquen la nulidad
de su elección.
3. Cuestión previa
Respecto a la solicitud de la parte actora, de emitir fallo inhibitorio, la misma no
tiene vocación de prosperidad, pues dentro del caso en estudio no hay motivos
para que la Sala se abstenga de entrar a estudiar el fondo del asunto, esto
sumado que esta Sección9, señaló que el CPACA consagra al principio de
eficacia como elemento rector de las actuaciones contencioso administrativas,
del cual se deriva la obligación de remover todos los obstáculos meramente
formales y evitar decisiones inhibitorias, ello con el fin de que los
procedimientos logren su finalidad.
En igual sentido, se señaló que, conforme a razonamientos de la Corte
Constitucional, los fallos inhibitorios son la antítesis de la función judicial 10, por
lo que en aplicación de los artículos 228 y 229 constitucionales, existe la
obligación de adoptar la sentencia de fondo respecto de los asuntos que se
deciden en sede jurisdiccional, y de manera excepcional, sólo cuando no exista
otra alternativa, procede una decisión inhibitoria.
Precisado lo anterior, y al no observar que a la fecha falte alguno de los
presupuestos de orden procesal o que se presente alguna irregularidad que
impida entrar a resolver la fijación del litigio, se pasará a resolver el fondo del
asunto.
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicado 11001-
03-28-000-2019-00038-00, auto del 14 de noviembre del 2019. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
Providencia que acogió los criterios expuestos por la Sección Segunda, Subsección A.
Radicado 050012331000200301739 01 (1634-2013), providencia del 11 de marzo de 2016,
M.P. Dr. William Hernández Gómez,
10 Corte Constitucional. Sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996. M.P. José Gregorio
Hernández.
13
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4. De la corrupción al electorado
La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 16 de mayo de
201911 precisó el alcance de la causal de nulidad electoral de comisión de
prácticas corruptas adelantadas por los candidatos de elección popular, en el
sentido de señalar que el voto debe ejercerse de manera libre, informada y
responsable, sin que los electores se vean obligados directa o indirectamente a
depositarlo en favor de determinada opción política, sino de acuerdo con sus
convicciones.
Pues bien, en aquella oportunidad, la Sala examinó la viabilidad de declarar la
nulidad del acto de elección de la exsenadora Aida Merlano Rebolledo por la
ocurrencia de prácticas de corrupción a partir de la causal genérica de
infracción de norma superior consagrada en el artículo 137 del CPACA, en
contraposición a las causales objetivas contempladas en el artículo 275 ibidem,
dando una respuesta afirmativa a tal interrogante, así:
“Conforme lo anterior, puede afirmarse que la corrupción de las prácticas
electorales constituye una clara violación de los artículos 40 y 258
Constitucionales anteriormente desarrollados, toda vez que se afecta el voto
libre y secreto y el derecho a elegir y ser elegido sin coacción alguna, lo cual
redunda, se insiste en orden democrático que debe regir un Estado Social de
Derecho como el colombiano.
Es claro que la alteración indebida de la voluntad de los electores a través de
presiones de cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto, como, por
ejemplo, la corrupción a través de coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o
entrega de dádivas para que acudan a las urnas en un sentido determinado,
desconocen principios democráticos fundantes.
Adicionalmente se advierte que las prácticas relacionadas con la compra de
votos han sido catalogadas clásicamente por la jurisprudencia de esta Sección
como violencia sicológica contra el elector y se han analizado como una causal
objetiva a la luz de lo establecido en el numeral 1 del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011 que establece como una causal específica de nulidad electoral el haber
“ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las
autoridades electorales”.
Para la prosperidad de dicha casual jurisprudencialmente se ha exigido la
demostración algunos elementos específicos, a saber:
i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió
la violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los
constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, 16 de mayo de
2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00084-00, demandado: Aida Merlano Rebolledo.
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Demandante: Luz Helena Forero Sierra
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un factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las
dádivas ofrecidas y/o recibidas;
ii) Que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los
demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir, para
constreñir la voluntad del elector,
iii) Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una
promesa de dádiva; y
iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado
electoral.12
No obstante, con base en las consideraciones anteriormente expuestas
considera la Sala que el análisis de la incidencia de las prácticas relacionadas
con corrupción que afecten la libertad del elector deben ser estudiadas no desde
la óptica de la causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista
subjetivo caso en el cual no se requeriría de la demostración taxativa de los
requisitos en cita.
Lo anterior, por cuanto, como se expuso, la conducta de un candidato que
deliberadamente afecte la pureza del voto y que a través de prácticas
corruptas obtenga un resultado favorable en las urnas, vulnera las normas
de rango superior en que el acto electoral debe fundarse.
Tal es la relevancia de estas conductas, que recientemente el legislador introdujo
una reforma al Código Penal con el fin de proteger los mecanismos electorales
en el país a través de la modificación de algunas conductas típicas, sus penas y
la incorporación de otras, en la Ley 1864 de 2017.
Por lo tanto, las prácticas corruptas y antidemocráticas de candidatos que
busquen coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para
obtener beneficios en los resultados electorales, constituye un causal
subjetiva de nulidad electoral para cuya prosperidad se debe demostrar que
el candidato ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía
de ella y con su anuencia se adelantó.
Conforme lo expuesto, es claro que la causal de nulidad electoral endilgada y
analizada en el caso concreto difiere la causal de violencia tradicionalmente
abordada por la Sala, toda vez que en este evento lo que se censura es la
conducta de la demandada desde el punto de vista de la corrupción, por cuanto
las prácticas corruptas que afecten la libertad del elector y la pureza que debe
caracterizar el voto, atentan no sólo contra los principios democráticos del Estado
Social de Derecho sino además, contra normas de rango constitucional.
Es esta entonces la oportunidad para precisar por parte de la Sala que la
corrupción o las prácticas corruptas que se adelanten directa o indirectamente
por un candidato a cualquier elección popular constituyen una causal de nulidad
12 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Expedientes 2012-00011-01 y 2014-00030-00 Providencias del 26 de febrero de 2014 y del 21
de enero de 2016, respectivamente. M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandante: Luz Helena Forero Sierra
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electoral de naturaleza subjetiva, independiente a la clásica violencia que ha sido
estudiada por la Sección, toda vez que ésta se basa no en las causales
específicas consagradas en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 sino en las
genéricas de que trata el artículo 137 de la misma ley, concretamente, porque
vulneran las normas en que el acto electoral debe fundarse” (Negrillas propias).
Se recordó que la compra de votos había sido considerada como una forma de
violencia psicológica y que, en ese caso en particular, no se debía mirar el tema
desde el análisis de las “causales objetivas” de nulidad, sino desde el “punto de
vista subjetivo” al estar probada la directa vinculación de la candidata con los
hechos censurados, que trasciende a la directa violación del orden jurídico bajo
las causales genéricas contempladas en el artículo 137 del CPACA (y no las del
275 ibídem). Bajo ese entendido, la Sala en la mentada sentencia advirtió que:
“se sienta jurisprudencia en el sentido de precisar que las prácticas corruptas
adelantadas directa o indirectamente por candidatos a cargos de elección que
afecten la pureza y libertad del voto de los electores, constituyen una causal de
nulidad electoral independiente y diferente a la de violencia consagrada en el
numeral 1 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto con ellas se
desconocen los postulados y principios democráticos que deben regir el Estado
Social de Derecho como el colombiano, concretamente desconoce los artículos
40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política, normas de orden superior en que
este tipo de actos deben fundarse”.
Finalmente, se demostró que la entonces accionada lideraba una organización
criminal que procuraba la compra de votos y posterior verificación del mismo
para satisfacer sus aspiraciones políticas, con lo cual se afectó la libertad de los
electores y el secreto del voto, principalmente en la ciudad de Barranquilla, lo
cual afectó la legalidad del respectivo acto de elección.
Es oportuno precisar que se han descrito los principales aspectos del fallo del
16 de mayo de 2019 de esta Sección, porque a partir de lo considerado en él la
demandante alegó que existieron prácticas corruptas relacionadas con la
compra de votos para lograr la elección, perspectiva de análisis que también se
evidencia al momento de fijar el litigo, en el que se hizo énfasis en la supuesta
existencia de conductas contra la libertad del sufragio que cambiaron la
voluntad democrática.
Por lo tanto, será en el marco de la referida causal de nulidad electoral, que se
analizarán los argumentos y pruebas expuestos por los sujetos procesales,
causal de nulidad de carácter subjetivo distinta a la violencia contra las
personas, y que tiene como fundamento principal los artículos 40 numeral 1 y
258 de la Constitución Política, en cuanto consagran el voto libre y secreto y el
derecho a elegir y ser elegido sin coacción alguna.
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5. Caso concreto
El único cargo formulado por la demandante en el escrito de subsanación y
teniendo en cuenta la fijación del litigio, consiste en que el demandado ofreció
por intermedio del señor Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal de Calarcá –
Quindío-, dádivas a cambio de votos en su campaña política como
representante a la Cámara del Quindío y, por tanto, incurrió en prácticas
corruptas que implican la nulidad de su elección.
Con el propósito de confirmar o desvirtuar las irregularidades alegadas por la
demandante, se procederá a analizar los medios de prueba que fueron
decretados y aportados; esto es, el proceso penal iniciado contra el señor
Gustavo Adolfo Herrera Zapata, así como, la certificación sobre si existió un
proceso penal en contra del señor John Edgar Pérez Rojas por corrupción al
sufragante, aportados por la Fiscalía General de la Nación13.
En este punto se aclara que, en lo que tiene que ver con la acción penal, es
oportuno advertir que ésta es completamente independiente al proceso
electoral, por lo que no hay prejudicialidad, toda vez que las decisiones que se
adopten en uno, no incide en los otros. Al respecto, esta Sala ha señalado que:
“en lo que tiene que ver con la acción penal, resulta del caso advertir que ésta
también es completamente independiente a las figuras de nulidad electoral y
pérdida de investidura toda vez que tiene un objeto diferente cuál es la
investigación y sanción de las conductas punibles que resulten ser típicas,
antijurídicas y culpables que se pongan en su conocimiento.
Bajo esta perspectiva, no resulta procedente en estos casos la aplicación de la
figura de la prejudicialidad, toda vez que las decisiones que se adopten en uno y
otro caso en nada influyen en los demás, lo cual no impide que las pruebas que
se practiquen válidamente en alguno de ellos puedan ser trasladadas a los
demás y sirvan de base para su decisión.”14
Pues bien, descendiendo al estudio probatorio, se cuenta entonces con la
siguiente certificación:
13Documentos aportados el 7 de febrero de 2023. Visibles en las actuaciones 62, 63 y 64 del
sistema Samai.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, 16 de mayo de
2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00084-00, demandado: Aida Merlano Rebolledo.
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De la anterior es posible conlcuir que si bien, se inició indagación en contra del
demandado por el delito de corrupción al sufragante, el proceso fue archivado el
31 de octubre de 2017, mucho antes de su eleción como representante a la
Cámara por el departamento del Quindío y, por ende, en certamen electoral
diferente al acá cuestionado.
Con relación a las eleciones realizadas el 13 de marzo de 2022, se tiene que la
Fiscalía 14 Seccional, Unidad de Adminsitración Pública, aseveró lo siguiente:
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Se tiene entonces que, existe un proceso penal activo por corrupción al
sufragante, del cual la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación y se
encuentra a la espera de la respectiva audiencia, el mismo no tiene como
indiciado al demandado, quien goza de fuero constitucional al haber sido
elegido como representante a la Cámara, sino que figura como procesado es el
concejal Gustavo Adolfo Herrera Zapata, según se detalla en los hechos
descritos en el informe ejecutivo, adjuntado al oficio reseñado con antelación,
quien fue detenido en flagrancia por el delito de corrupción al sufragante, lo
anterior se fundó en versiones de algunos ciudadanos y el material que fue
encontrado en su poder; esto es, dinero en efectivo y propaganda electoral del
entonces candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio
Radical John Edgar Pérez Rojas.
De lo anterior, se desprende que no existen medios de prueba que den cuenta
de que el señor John Edgar Pérez Rojas haya conocido y dado consentimiento
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para menoscabar el ejercicio democrático del 13 de marzo de 2022, enfocada
en la compra de votos para favorecer al entonces candidato a la Cámara por el
Departamento del Quindío.
Pues, si bien al señor Gustavo Adolfo Herrera Zapata al momento de su
captura le encontraron siete tarjetas de propaganda del candidato a la Cámara
de Representantes por el partido Cambio Radical John Edgar Pérez Rojas;
esta única prueba no demuestra con suficiencia la relación de los dos políticos,
su naturaleza y, menos, que ese material tuviera correlación con la corrupción
al sufragante.
En este punto, recuerda la Sala que para la configuración de la corrupción como
causal subjetiva de nulidad electoral fincada en la infracción de los artículos 40
y 258 de la Constitución Política se requiere la concurrencia de varios
elementos, a saber: (i) la existencia de una práctica corrupta y antidemocrática,
(ii) la finalidad de coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para
obtener beneficios electorales y (iii) el ejercicio directo o indirecto de la práctica
irregular o su conocimiento acompañado por la anuencia del candidato.
Dichos elementos no fueron probados en el caso que nos ocupa, puesto que
salvo el proceso penal iniciado en contra del señor Gustavo Adolfo Herrera
Zapata por el delito de corrupción al sufragante, no se evidencian en el
presente proceso elementos probatorios adicionales que respalden las
acusaciones realizadas, por lo que la sola denuncia en contra del señor Herrera
Zapata, en sí mismas es insuficiente para dar por probada la configuración de
la causal de nulidad de comisión de práctica corruptas, y aún más, para
predicar la participación directa o indirecta del señor John Edgar Pérez Rojas.
De conformidad con lo anterior, la no demostración de la concurrencia de los
requisitos decantados en el pronunciamiento del 16 de mayo de 2019 15 impide
que las pretensiones de la demanda prosperen, razón por la que las mismas
serán negadas.
5.1. Sobre la condena en costas
Finalmente, sobre la solicitud de la parte demandada de condenar en costas a
la señora Luz Helena Forero Sierra, es pertinente advertir que el artículo 188
del CPACA regula que, tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre
dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés
15 Ibidem.
20
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Demandante: Luz Helena Forero Sierra
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público. Como lo ha sostenido la Sala “en los procesos que se adelantan en
ejercicio de las acciones públicas, no podrá condenarse en costas a la parte vencida
en el proceso; y como la acción de nulidad de carácter electoral es pública, es fácil
concluir que el Tribunal no podía condenar en costas al demandante”16, por anterior y
al no advertir que la demanda haya sido presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal, no se accederá a esta petición.
Por consiguiente, comoquiera que no se desvirtuó la presunción de legalidad
que reviste al acto de elección acusado, se impone desestimar las pretensiones
de las demandas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales, que en contra de la presente
decisión no procede recurso alguno.
TERCERO: NEGAR la petición de condena en costas que formuló la parte
demandada.
CUARTO: RECONOCER personería para actuar al abogado Carlos Andrés
Salazar Galindo, identificado con la Cédula de Ciudadanía número
1.051.661.371 expedida en Mompós - Bolívar-, titular de la tarjeta profesional
198.860 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Consejo
Nacional Electoral, acorde con el poder obrante en la actuación 68 del sistema
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, Radicado 11001-
03-28-000-2020-00056-00, sentencia del 25 de noviembre del 2021. MP Dr. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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Demandante: Luz Helena Forero Sierra
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Representante a la Cámara por Quindío
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
22
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