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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00868-02

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00868-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 13 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada que negó las pretensiones de nulidad de la elección de José Fernando Sánchez Carvajal como alcalde de Floridablanca, período 2024-2027. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00868-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

15 de mayo de 2025

Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Principal)
68001-23-33-000-2023-00870-00
68001-23-33-000-2024-00039-00
68001-23-33-000-2024-00053-00 (Acumulados)
Demandantes: VIDAL MARTÍNEZ SEGURA Y OTROS
Demandado: JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ CARVAJAL – ALCALDE DE
FLORIDABLANCA 2024 - 2027

Tema: Financiación prohibida de las campañas electorales.
Infracción de las normas en que el acto debería fundarse como
causal de nulidad electoral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los demandantes
Vidal Martínez Segura, Jazmín Gómez Lizcano, Jesús Orlando Tangarife Alzate
y Andrés Eduardo Castellanos Acevedo y el tercero José Gualdrón Guerrero,
contra la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de las demandas.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

Los señores Vidal Martínez Segura, Andrés Eduardo Castellanos Acevedo,
Yasmín Gómez Lizcano y Jesús Orlando Tangarife, instauraron demandas en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, conforme a lo establecido en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto de elección de José Fernando Sánchez Carvajal como alcalde del
Municipio de Floridablanca (Santander) período 2024-2027 contenido en el
formulario E-26ALC del 6 de noviembre de 2023.

En consecuencia, solicitaron que se cancelara la respectiva credencial y que se
ordenara a la Organización Electoral realizar nuevos comicios para elegir alcalde
en ese municipio.

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Además, remitir copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría
General de la Nación para lo de su competencia.

1.2. Hechos

Las demandas acumuladas comparten los siguientes supuestos fácticos, que
resultan relevantes para resolver el recurso de apelación:

Relataron que el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones
territoriales para las alcaldías, gobernaciones y demás corporaciones públicas
departamentales y locales en Colombia.

Indicaron que el señor José Fernando Sánchez Carvajal, resultó elegido alcalde
de Floridablanca (Santander), para el periodo constitucional 2024- 2027,
mediante Acta General de Escrutinio Municipal de alcalde E-26 del 6 de
noviembre de 2023.

Explicaron que en el formato 8.1 código 101 del Consejo Nacional Electoral, el
cual se puede consultar en el portal de cuentas claras de esa autoridad, es posible
revisar la financiación de la campaña del entonces candidato José Fernando
Sánchez Carvajal; en el formulario aparecen tres aportes, dos hechos por el
aspirante a alcalde y uno realizado por su tío, así: i) dos (2) provenientes de
recursos propios, cada uno por $24.000.000 y ii) aporte de su pariente (tío) César
Augusto Sánchez Quintero por $21.500.000.

Destacaron que el demandado se encuentra vinculado a un proceso penal con
formulación de imputación, medida de aseguramiento y acusado formalmente por
el delito de prevaricato por acción, ante el Juzgado 15 Penal Municipal,
identificado con radicado 68001-60-088-28-2016-00155-00, posterior radicado
68001-60-088-28-2016-00626-00, con diligencias adelantadas por la Fiscalía 40
Especializada de Administración Pública; ello, con fundamento en su actuación
en el marco de la elección del personero municipal de Floridablanca (Santander)
para el periodo 2016-2019.

Mencionaron que, asimismo, el tío del demandado, el señor César Augusto
Sánchez Quintero, aportante a la campaña política en cuestión, se encuentra
imputado con escrito de acusación en el proceso penal con el radicado 68001-
6000-000-2015-00313-00 (NI104463), el cual cursa en el Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Bucaramanga, con funciones de conocimiento, procedente de la
Fiscalía 5° Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, por los delitos
de peculado por apropiación y prevaricato por acción.

Señalaron que existe formulación de imputación del 11 y 12 de julio de 2017 y

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

acusación del 8 de noviembre siguiente por parte de la Fiscalía General de la
Nación en contra del demandado, por el punible de prevaricato por acción
consagrado en el artículo 413, Título XV del Código Penal, que corresponde a los
delitos contra la administración pública.

Explicaron que el origen del proceso penal en contra de aquel fue la elección del
personero municipal de Floridablanca 2016-2019.

Agregaron que, en contra de su tío, el señor César Augusto Sánchez Quintero
también existe imputación y acusación por ese mismo punible y, además, por
peculado por apropiación.

Expusieron que la cónyuge del demandado, Natalia Sánchez Silva, obtuvo más
del 50% de sus ingresos de contratos estatales, según su declaración de renta
del año anterior.

Agregaron que hubo indicios de prácticas corruptas el día de las elecciones por
cuanto estaban pagando a los ciudadanos por «haber trabajado» ese día.

Comentaron que, por lo tanto, el proceso elección del demandado está viciado de
nulidad, por las irregularidades que se detallarán a continuación y por infracción
de normas superiores.

1.3. Normas vulneradas y concepto de la violación

En las demandas con radicados 68001-23-33-000-2024-00039-00, 68001-23-33-
000-2024-00053-00 y 68001-23-33-000-2023-00868-00, los actores
argumentaron que el acto elección demandando desconoció lo establecido en el
numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 20111, por cuanto la campaña política
del señor José Fernando Sánchez Carvajal estuvo financiada con aportes
provenientes del mismo candidato y de su tío César Augusto Sánchez Quintero,
quienes son actualmente investigados por delitos contra la administración pública.
Por tal motivo, señalaron que el acto acusado se torna en irregular, al vulnerar las
normas en que debería fundarse.

Además, en el radicado 68001-23-33-000-2023-00868-00 se invocó la
vulneración del artículo 40 numeral 1 de la Constitución Política, por cuanto en
criterio de la parte actora, la persona que aspire a ser elegido en un cargo de

1 ARTÍCULO 27. FINANCIACIÓN PROHIBIDA. Se prohíben las siguientes fuentes de
financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:
5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en
un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos
armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de
participación democrática y de lesa humanidad.

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Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

elección popular debe cumplir unas reglas claras como, por ejemplo, la regulación
relacionada a las fuentes de financiación prohibida.

Adujeron que, financiar las campañas con ese tipo de recursos torna en ilegal el
acto de elección por cuanto se trata de prácticas corruptas y antidemocráticas.

Por su parte, en el escrito inicial con radicado 68001-23-33-000-2023-00870-00,
el accionante planteó que el acto demandando contraría el numeral 7 del artículo
27 de la Ley 1475 de 2011 por cuanto, la campaña electoral del señor José
Fernando Sánchez Carvajal estuvo financiada con aportes provenientes de su
cónyuge Natalia Sánchez Silva, de quien afirma el actor, obtuvo ingresos de más
del 50% provenientes de contratos estatales, según su declaración de renta del
año anterior a la elección. En consecuencia, sostuvo que el acto que declaró la
elección demandada debe anularse, por vulnerar las normas en que debería
fundarse.

Reiteraron que el demandado financió su campaña política con recursos
prohibidos, por cuanto cursa en su contra y en la de su tío financiador, César
Augusto Sánchez Quintero, investigaciones por la presunta comisión de los
punibles de prevaricato por acción y por apropiación, los cuales se enmarcan en
el Título XV del Código Penal como delitos contra la administración pública.

Explicaron que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475
de 2011, si el candidato o cualquier otra persona natural son objeto de formulación
de imputación o acusación por delitos contra la administración pública y pese a
ello realizan un aporte a una campaña con sus recursos, incurren en financiación
prohibida.

Indicaron que José Fernando Sánchez Carvajal no reportó la totalidad de aportes
que recibió en su campaña en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional
Electoral.

Recordaron que, según lo establecido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en sentencia del 16 de mayo de 2019 dentro del expediente 11001-03-28-
000-2018-00084-00, toda práctica corrupta deriva en la nulidad de la elección de
que se trate.

Concluyeron que, al haberse trasgredido las normas de financiación de campañas
políticas, hay lugar a declarar la nulidad de la elección demandada y acceder a
las demás pretensiones de las demandas.

1.3. Reforma de las demandas

En los radicados 68001-23-33-000-2023-00870-00 y 68001-23-33-000-2024-

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

00053-00 se presentó reforma en la demanda y se aclaró el contenido de los
hechos en relación con la causal de nulidad alegada y de la prueba
correspondiente a «ANEXO 8.1 CODIGO 101 CREDITOS O APORTES QUE
PROVENGAN DEL PATRIMONIO DEL CANDIDATO, DE SUS CONYUGUES O
COMPAÑEROS PERMANENTES O SUS PARIENTES». Además, la parte actora
solicitó nuevas pruebas.

En el radicado 68001-23-33-000-2024-00039-00 se solicitaron nuevas pruebas.

1.5 Contestaciones de las demandas

1.5.1 Demandado

Por conducto de apoderado judicial, el demandado contestó las demandas en los
siguientes términos:

Sostuvo que los hechos narrados por los actores no revisten el alcance que se
les pretende dar, por cuanto no configuran una causal de nulidad electoral.

Explicó que las normas invocadas por los demandantes regulan la organización y
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y la financiación de
campañas, pero no las calidades o requisitos que deben confluir en los candidatos
a cargos de elección popular.

Formuló las excepciones previas de inepta demanda por falta de requisitos
formales, pues consideró que no se desarrolló el concepto de violación de las
normas invocadas como desconocidas y falta de vinculación de personas que por
ley debían ser citadas al proceso, concretamente al Consejo Nacional Electoral
como autoridad que participó en la expedición del acto acusado2.

Agregó que la manifestación incluida en algunas de las reformas de la demanda
relacionada con la presunta vulneración del numeral 7 del artículo 27 de la Ley
1475 de 2011 es un cargo nuevo que fue presentado por fuera del término de
caducidad de la demanda por lo que solicitó que así se declare.

Afirmó que, de ninguna manera, el consabido reproche formulado frente al acto
atacado, de la que se dice financiación prohibida, reviste el alcance que desvirtúe
la presunción de legalidad que le ampara.

Alegó que los ciudadanos de Floridablanca (Santander) expresaron en las urnas
su decisión en un voto libre, sin engaños y, por supuesto, sin la existencia de

2 Dicha situación fue subsanada a través de auto del 18 de marzo de 2024 en el que se dispuso

la vinculación de dicha entidad al proceso acumulado.

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

práctica corrupta alguna, contrario a lo que insinúan los demandantes.

Recordó el carácter autónomo de la función electoral, que privilegia antes que el
derecho del elegido, la protección del derecho del elector, como sustento del
carácter democrático de nuestras instituciones.

Expuso el objetivo y forma de funcionamiento del aplicativo Cuentas Claras y las
personas encargadas de diligenciarlo en una campaña electoral que cuenta con
gerente y contador, como la suya a la Alcaldía de Floridablanca (Santander).

Destacó que en los informes de Cuentas Claras no se relaciona ningún aporte de
la señora Natalia Sánchez Silva, razón por la cual no le asiste razón a la parte
actora frente a ese punto.

Aclaró que, en todo caso, los ingresos de aquella por concepto de contratos de
prestación de servicios con entidades públicas no superan el 50% aludido en la
norma invocada por los demandantes.

Señaló que no incurrió en una práctica corrupta al autofinanciar su campaña
electoral, toda vez que no acudió a la financiación externa ilícita al recibir aportes
de su tío César Augusto Sánchez, ni propios.

Adujo que la prohibición consagrada en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475
de 2011 no aplica para la financiación propia de las compañas electorales sino a
aquella que proviene de terceros.

Reiteró que las pretensiones de las demandas carecen de fundamentos fácticos,
probatorios y jurídicos.

Manifestó su oposición a la totalidad de las pretensiones de las demandas y, por
ende, solicitó denegarlas.

1.5.2 Consejo Nacional Electoral:

A través de apoderado formuló la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.

Adujo que el Consejo Nacional Electoral no es el llamado a demostrar si el
candidato elegido está o no está inhabilitado, pues sobre este particular nunca se
solicitó la revocatoria de inscripción de dicha candidatura. Por ende, esa
corporación nunca se pronunció sobre la estructuración o no del fundamento de
las demandas.

1.5.3 Registraduría Nacional del Estado Civil

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Su intervención en los procesos acumulados se limitó a proponer la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6 Terceros

El señor José Gualdrón Guerrero, quien solicitó ser tenido como coadyuvante en
el proceso, pidió que se anule el acto atacado por cuanto actualmente el
demandado se encuentra investigado formalmente por el punible de prevaricato
por acción, es decir, por un delito contra la administración pública.

1.7 Actuaciones relevantes de primera instancia

Mediante autos del 16 de enero3; 24, 55 y 166 de febrero de enero de 2024 se
admitieron las demandas y se ordenó realizar las notificaciones de rigor.7

El 18 de marzo de 2024 se acumularon los procesos con radicados 68001-23-33-
000-2023-00868-00, 68001-23-33-000-2023-00870-00, 68001-23-33-000-2024-
00039-00 y 68001-23-33-000-2024-00053-00.

A través de auto del 31 de mayo de 2024 se dispuso aplicar la figura de sentencia
anticipada al presente asunto, además, se resolvieron las excepciones de: i) falta
de legitimación en la causa por pasiva formuladas por la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral; ii) ineptitud sustantiva de la
demanda por falta de requisitos formales formulada por el demandado y iii) falta
de vinculación de personas que por ley se deben vincular al proceso, igualmente
propuesta por la parte pasiva. Todas las excepciones fueron declaradas como no
probadas y, en consecuencia, se negó su prosperidad.

Asimismo, se fijó el litigio en los siguientes términos:

Determinar si la elección del señor José Fernando Sánchez Carvajal como alcalde
del municipio de Floridablanca debe ser anulada por ir en contravía de lo
establecido en los numerales 5 y 7 del artículo 27 de la ley 1475 de 2011, que
disponen las siguientes prohibiciones:

«Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de
financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:

3 Expediente 68001233300020230086800
4 Expediente 68001233300020230087000
5 Expediente 68001233300020240003900
6 Expediente 68001233300020240005300
7 En el radicado 68001-23-33-000-2023-00868-00 en la misma fecha que se admitió la demanda,

se dispuso correr traslado de la medida cautelar solicitada, en los demás, el traslado se surtió de
manera previa a admitir las demandas.

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

5. Las de personas naturales contra las cuáles se hubiere formulado
acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la
financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico,
delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de
participación democrática y de lesa humanidad.

7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en
el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de
contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o
parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios
estatales o juegos de suerte y azar.» Negrillas fuera del texto.

Para tal efecto resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:

PJ. 1 ¿Es nulo el acto de elección del señor José Fernando Sánchez Carvajal
como alcalde del municipio de Floridablanca debido a la presunta violación del
artículo 27, numeral 5 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la financiación de
campañas electorales por parte de personas naturales que estén acusadas o
imputadas en un proceso penal por delitos contra la administración pública?

PJ. 2. ¿Es nulo el acto de elección del señor José Fernando Sánchez Carvajal
como alcalde del municipio de Floridablanca debido a la presunta violación del
artículo 27, numeral 7 de la ley 1475 de 2011, que prohíbe la financiación de
campañas electorales por parte de personas naturales cuyos ingresos en el año
anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento en contratos
estatales?

De igual forma, se decretaron las pruebas solicitadas y aportadas por las partes
y demás sujetos procesales.

Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por
esta Sección el 18 de diciembre de 2024 en el sentido de confirmar la providencia
recurrida.

1.8 La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander a través de sentencia del 13 de diciembre
de 2024 negó las pretensiones de nulidad de la elección de José Fernando
Sánchez Carvajal como alcalde de Floridablanca (Santander), período 2024-
2027, con base en los siguientes argumentos:

Adujo que se encuentra probado que la financiación de la campaña electoral del
demandado se realizó en parte, con recursos propios como se evidencia en el
formulario Anexo 8.1 Código 101 del formulario 8B, reportado ante el Consejo
Nacional Electoral.

Agregó que, asimismo se evidencia que el demandado está siendo investigado
por los delitos de prevaricato por acción y por omisión, y fraude a resolución
judicial, como se desprende de la información que reposa en el proceso penal con

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radicado 680016008828201600155, el cual surgió de una denuncia por presuntas
irregularidades en la elección del contralor y personero de Floridablanca para el
periodo 2016-2019.

Explicó que el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011 establece la
configuración de una conducta prohibitiva, siempre y cuando las campañas
electorales tengan como fuente de financiación, los recursos provenientes de una
persona natural a quien se le hubiera realizado imputación o acusación en el
marco de un proceso penal seguido por delitos relacionados con la financiación,
pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra
la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y
de lesa humanidad.

Puso de presente que, en la prohibición bajo análisis, el legislador no hizo la
diferenciación que propone la parte demandada, en cuanto considera que debe
excluirse de la prohibición al propio candidato que, conforme al artículo 20 de la
Ley 1475 de 2011, financia su campaña electoral con recursos propios.

Expuso que la referencia a la persona natural abarca a todos los individuos de la
especie humana y, por ende, no asiste razón al demandado al pretender excluir
de la prohibición al candidato en cuestión.

Aclaró que los recursos propios de un candidato que se encuentra siendo
investigado por delitos contra la administración pública, no pueden hacer parte de
los aportes a su campaña electoral, comoquiera que incurre en la prohibición
analizada anteriormente.

Manifestó que, no obstante, no es posible afirmar que el acto demandado fue
expedido con infracción de la norma superior, pues la conducta reprochada y que
se contempla como prohibida, trae consigo consecuencias a la luz del
ordenamiento penal, pero no en materia electoral.

Agregó que el legislador no previó la violación de las normas sobre financiación
de campañas electorales como causal de nulidad electoral (artículos 137 y 275
del CAPCA) sino que para ello estipuló otro tipo de sanciones, que se ventilan a
la luz de la justicia ordinaria penal e incluso con la pérdida de investidura, para
quienes incurran en esta conducta prohibitiva respecto de las fuentes de
financiación de las campañas electorales.

Afirmó que, pese a que está probada la conducta prohibida en la que incurrió el
demandado, dada la existencia y acusación en proceso penal por delitos contra
la administración pública, y la autofinanciación de su campaña electoral, no se
advierte que aquella dé lugar a la nulidad electoral que se propone, pues aquella

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no está establecida como inhabilidad, ni implica que el candidato no reúna las
calidades y requisitos constitucionales o legales para su inscripción y elegibilidad.

Adujo que al revisar el contenido de la ley 1475 de 2011, no se establece una
consecuencia específica para los eventos de financiación prohibida a la luz de la
nulidad electoral, como sí ocurre en los casos de violación de los límites al monto
de gastos de las campañas electorales (art. 26 ibidem).

Acotó que, a diferencia de los topes o límites máximos, donde el legislador
estatutario sí establece unos efectos expresos a título de sanción, como lo es la
pérdida del empleo por su vulneración, no ocurre lo mismo para el caso de las
prohibiciones del artículo 27 de la ley 1475 de 2011, en tanto que la ley estatutaria
no establece una consecuencia expresa para ello.

Mencionó que, aunque es claro que los actos de elección, conforme al
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Consejo de Estado, pueden estar
también viciados por cualquiera de las causales genéricas de nulidad de los actos
administrativos que enuncia el artículo 137 de la ley 1437 de 2011, dentro de las
cuales se encuentra la infracción de normas en que debería fundarse, desde la
normativa constitucional que desarrolla el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011
(artículo 109 de la Carta Política), se establece que el legislador debe determinar
las sanciones que conlleva la infracción de las prohibiciones sobre financiación
de campañas, por lo que no es posible por interpretación extensiva, derivar una
causal de nulidad electoral de ello.

Manifestó que con la conducta prohibida no se ve comprometido el ejercicio de la
libre participación ciudadana en los comicios, como tampoco la inscripción a las
candidaturas de cargos públicos electos por voto popular, por lo que no se
evidencia ninguna violación del artículo 40 constitucional invocado por los actores.

Afirmó que, en casos similares, el Consejo de Estado8 ha establecido, sobre la
infracción de la norma superior, que a través del medio de control electoral solo
es posible abordar el estudio de aquellas conductas que deriven en una nulidad
del acto de elección -si así lo ha señalado la norma expresamente-. Por ende,
siempre que se estudie la eventual nulidad de un acto de elección, se deben tener
en cuenta las consecuencias de su desconocimiento, conforme ha sido señalado
por el legislador.

Recordó que el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo también ha
indicado que las conductas que se describen en el artículo 27 de la Ley 1475 de
2011, no implican un desconocimiento de las normas en que el acto debería

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrada Ponente:

Rocío Araújo Oñate Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021 Radicación:
11001-03-28-000-2020-00034-00.

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

fundarse, pues las causales de nulidad del acto administrativo enlistadas en el
artículo 137 del CPACA, deben estar contenidas en aquel y en el trámite de su
elaboración, lo que no ocurre en este evento.

Reiteró que no se encuentra que el acto demandado haya sido proferido con
violación de las normas en que debía fundarse, toda vez que la conducta descrita
en el artículo 27 numeral 5º de la Ley 1475 de 2011, no implica la nulidad electoral,
por cuanto se trata de una prohibición a cargo de la autoridad electoral, esto es,
el Consejo Nacional Electoral, así como la justicia penal ordinaria, en el marco de
sus competencias legales.

Puso de presente que, en reciente pronunciamiento y en un caso similar a este,
una Sala de Decisión de ese tribunal9 resolvió declarar la nulidad del acto
demandado, al considerar, en síntesis, que la configuración de la prohibición del
numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, conlleva inexorablemente a la
invalidación del acto administrativo de elección.

Señaló que, no obstante, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial,
se aparta de dicha tesis, teniendo en cuenta, que la Constitución Política y la ley
no establecen expresamente una consecuencia específica para los eventos de
financiación prohibida, razón por la cual no es posible por interpretación extensiva,
incluirla como causal de nulidad electoral.

Respecto de la segunda causal invocada por uno de los demandantes, referente
al numeral 7 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, sostuvo que, aunque fue
incluido como hecho en la demanda con radicado 2023-00870-00, lo cierto es que
su desarrollo se incluyó en la reforma de aquella, razón por la cual el fundamento
del cargo se presentó fuera del término de caducidad del medio de control.

Precisó que, conforme la fecha de expedición del acto atacado, es decir el 6 de
noviembre de 2023, el término de 30 días para la interposición de la demanda
conforme a lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, ordinal a) del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resulta vencido
frente a la fecha de presentación de la reforma de la demanda, lo cual ocurrió el
8 de febrero de 2024.

Por lo tanto, declaró probada la caducidad respecto de la reforma a la demanda
y en relación con la causal de nulidad invocada, contenida en el numeral 7 del
artículo 27 de la ley 1475 de 2011.

9 Proceso radicado No. 68001233300020240002100 M.P. Dr. Iván Fernando Prada Macias, se

encuentra en el H. Consejo de Estado para surtir el recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia.

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

1.9 Los recursos de apelación

Inconformes con esta decisión, los demandantes y su coadyuvante interpusieron
recursos de apelación en su contra, con fundamento en los siguientes
argumentos:

1.9.1 Demandante Vidal Martínez Segura

Adujo que la sentencia recurrida incurrió en una interpretación restrictiva y
formalista de las normas sobre financiación prohibida de campañas electorales,
desconociendo principios constitucionales de transparencia y moralidad pública.

Reiteró que la prohibición consagrada en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley
1475 de 2011 incluye a todas las personas, por lo que es claro que en ella también
se encuentran comprendidos los candidatos que, con recursos propios financian
sus campañas políticas.

Acotó que la norma debe interpretarse de manera teleológica, bajo el entendido
de que lo que busca es preservar la transparencia y legitimidad de las elecciones,
proteger la moralidad pública, el interés general y evitar que actividades ilícitas o
de corrupción influyan en el proceso democrático.

Puso de presente que la Corte Constitucional en sentencia C-490 de 2011 explicó
que el propósito del numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 es garantizar
la transparencia y moralidad en el proceso electoral.

Destacó que la moralidad electoral constituye una garantía de la legitimidad
democrática y la transparencia, una base del derecho a tener elecciones justas
con igualdad entre los candidatos.

Reiteró que las causales consagradas en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también resultan
aplicables a los actos que se estudian a través del medio de control de nulidad
electoral.

Agregó que el 29 de octubre de 2023, luego de las elecciones, se pagó a las
personas que apoyaron la campaña tal y como se evidencia en algunas notas
periodísticas, cuyo enlace web aportó como pruebas en ese escrito.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a
las pretensiones de las demandas.

1.8.2 Demandante Jazmín Gómez Lizcano

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Invocó el pronunciamiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 16 de
mayo de 2019 en el expediente 11001-03-28-000-2018-00084-00 en la que se
declaró la nulidad de la elección de Aida Merlano Rebolledo como senadora de la
República por incurrir en prácticas antidemocráticas.

Sostuvo que igual consecuencia se debe derivar de la vulneración de las
disposiciones sobre financiación prohibida de que trata el numeral 5 del artículo
27 de la Ley 1475 de 2011.

Agregó que la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de la norma
destacó la importancia de aquella y cuál era su propósito en materia electoral.

Afirmó que el a quo no se pronunció sobre la financiación prohibida hecha por el
señor César Sánchez, tío del demandado, a la campaña de este último a la
Alcaldía de Floridablanca (Santander).

Con base en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para,
en su lugar, declarar la nulidad de la elección demandada.

1.8.3 Demandante Jesús Orlando Tangarife Alzate

Señaló que está probado que el demandado financió su campaña con recursos
propios y de su tío César Augusto Sánchez Quintero, pese a que ambos se
encuentran siendo investigados por delitos contra la administración pública y pesa
en su contra escrito de imputación y acusación formal por parte de la Fiscalía
General de la Nación.

Indicó que de lo anterior es clara la vulneración del numeral 5 del artículo 27 de
la Ley 1475 de 2011, razón por la cual se encuentra demostrado que el acto
demandado fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse.

Recordó que dicha causal consagrada en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo resulta aplicable
a los actos electorales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 del
mismo estatuto procesal.

Adujo que la pérdida de investidura y la pérdida del cargo son consecuencias por
violación de topes de financiación de campañas electorales según lo dispuesto en
la misma Ley 1475 de 2011, por lo que no tiene sentido que incurrir en financiación
prohibida no tenga consecuencia de tipo electoral.

Sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Quinta declaró la nulidad de la
elección de Aida Merlano Rebolledo por haber incurrido en prácticas
antidemocráticas, antecedente que debe tenerse en cuenta a la hora de resolver

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

la presente controversia.

Destacó que el mismo Tribunal Administrativo de Santander ha declarado la
nulidad de la elección de los concejales Édgar Gómez Silva y Liliana Mendoza
Rodríguez por haber incurrido en la violación del numeral 5 del artículo 27 de la
Ley 1475 de 2011, es decir, la misma conducta ahora endilgada al demandado.

Solicitó tener en cuenta el antecedente de Aida Merlano Rebolledo y, además, la
providencia del 22 de septiembre de 2022 dentro del expediente
11001032800020220012700 en la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado
reiteró que el desconocimiento de las normas en que debía fundarse deriva en
nulidad electoral.

Agregó que la financiación con fuentes prohibidas constituye una práctica
antidemocrática que vulnera además los artículos 109 y 258 de la Constitución
Política.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia.

1.8.4 Demandante Andrés Eduardo Castellanos Acevedo

Señaló que la presunta vulneración del numeral 7 del artículo 27 de la Ley 1475
de 2011 fue invocada desde la demanda inicial con radicado 2023-00870-00 y no
en su reforma como equivocadamente lo sostuvo el a quo.

Indicó que, por lo tanto, respecto de ese cargo no hubo caducidad y, por ende,
debió haberse emitido un pronunciamiento al respecto.

Reiteró los demás argumentos esgrimidos por los demás demandantes como
fundamento de los recursos de apelación.

1.8.5 Coadyuvante José Gualdrón Guerrero

Adujo que las elecciones por voto popular deben ceñirse a todos los postulados
del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, pues esa norma hace parte del fundamento
normativo para la expedición del formulario E-26-ALC ahora demandado.

Recordó que las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo aplican a los
actos electorales por disposición expresa del artículo 275 del mismo estatuto.

Acotó que la vulneración del numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011
solo tenga consecuencias de índole administrativo, pues se trata de una norma
en que el acto electoral debe fundarse y, por tanto, su desconocimiento se traduce

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

en la nulidad de aquel.

Puso de presente que la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de la
disposición y resaltó su importancia en la sentencia C-490 de 2011.

Sostuvo que con la vulneración de dicha norma se afecta también el derecho
fundamental a elegir y ser elegido consagrado en el numeral 1 del artículo 40 de
la Constitución Política y el principio de igualdad entre los candidatos a cargos de
elección popular.

Invocó el antecedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado en el que se
declaró la nulidad de la elección de Aida Merlano Rebolledo como senadora de la
República por incurrir en prácticas antidemocráticas10 con el fin de corroborar que
ese tipo de conductas sí tienen consecuencias electorales.

Solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declara la nulidad de la
elección demandada.

1.9 Actuaciones de segunda instancia

Mediante auto del 17 de febrero de 202511 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por los actores y su coadyuvante en contra de la sentencia de
primera instancia.

El 20 de marzo de 202512 se rechazó por extemporánea la intervención
presentada por el señor Harvin Uriel Espinosa Jaimes el 3 de marzo de 2025.

A través de proveído del 6 de mayo de 2025 se negó el decreto de pruebas
solicitadas en segunda instancia.

1.10 Alegatos de conclusión

1.10.1. Demandante Jesús Orlando Tangarife Alzate13

Reafirmó lo expuesto en el trámite de la primera instancia y el recurso de
apelación.

Agregó que, no obstante estar probada la autofinanciación por parte del

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-

03-28-000-2018-00084-00. Providencia del 16 de mayo de 2019. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
11 Anotación 5 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
12 Anotación 18 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
13 Anotación 12 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai

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Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

demandado, es necesario que se requiera de oficio al Consejo Nacional Electoral
con el fin de que se allegue al expediente el formato original donde consta el
aporte en especie parcial que hicieron él y su tío a su campaña a la Alcaldía de
Floridablanca.

1.10.2. Tercero José Gualdrón Guerrero14

Reiteró lo argumentos esgrimidos en el escrito de apelación.

1.10.3. Demandado15

Destacó que según se demostró con los documentos aportados por el Consejo
Nacional Electoral ni el candidato, ni su esposa ni su tío financiaron su campaña
electoral a la Alcaldía de Floridablanca (Santander).

Negó que se hubiera modificado el reporte efectuado en el aplicativo Cuentas
Claras.

Aclaró que no hay prueba que demuestre que el 50% de los ingresos de Natalia
Sánchez Silva haya sido obtenidos por la celebración de contratos estatales.

Sostuvo que las normas referentes a campañas electorales no influyen en el acto
definitivo y, específicamente, la financiación prohibida no produce la anulación del
acto electoral.

Manifestó que no todo desconocimiento de normas superiores deriva en la nulidad
del acto de elección.

Insistió que la prohibición consagrada en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley
1475 de 2011 no aplica para el candidato sino para terceros.

Solicitó, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia.

1.11 Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia impugnada16. Como fundamento de su solicitud, expresó, en resumen,
lo siguiente:

14 Anotación 9 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
15 Anotación 10 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
16 Anotación 15 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Recordó el alcance de la causal genérica de nulidad referente a la violación de
las normas en que el acto debe fundarse.

Puso de presente que, (i) las causales de nulidad electoral no son únicamente las
enlistadas en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; (ii) resultan aplicables las causales genéricas
consagradas en el artículo 137 ibídem, según la misma norma lo establece; (iii)
para que la referente a la violación de las normas de orden superior prospere, se
requiere que el acto acusado haya debido fundarse en la norma invocada; por
cuanto, (iv) no cualquier desconocimiento de norma conlleva la nulidad del acto
electoral o de nombramiento.

Señaló que el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, no contempla
una consecuencia específica asociada la nulidad electoral, como sí lo relaciona
de manera explícita el artículo 26 del mismo compilado estatutario: La violación
de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se sancionará con
la pérdida del cargo. Por lo que es preciso considerar la aplicación del principio
constitucional, tratamiento diferente a situación diferente.

Indicó que las prohibiciones del artículo 27 en mención se constituyen en objeto
de sanción como acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos
y movimientos políticos en virtud de los dispuesto en el artículo 10 de la misma
normativa.

Mencionó que el legislador estatutario contempló que la trasgresión a las
prohibiciones sobre financiaciones prohibidas es objeto de sanción como
acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos
políticos.

Explicó que el competente para investigar y sancionar las conductas relacionadas
con financiación prohibida es el Consejo Nacional Electoral, según su marco de
competencias por cuanto el numeral 6° del artículo 265 modificado por el Acto
Legislativo 001 de 2009, de la Constitución Política, confirió competencia a esa
Corporación para velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y
movimientos políticos.

Adujo que no existe un vacío normativo sobre la financiación prohibida, solo que
la decisión se enmarca en unas consecuencias diferentes a las de la nulidad
electoral y tiene como claro regente al Consejo Nacional Electoral, máxima
autoridad electoral de nivel administrativo, el cual, también tiene la vocación de
proteger los principios de la transparencia, igualdad, pluralismo político y
moralidad pública de las campañas electorales.

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Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Acotó que, el legislador al establecer una consecuencia sancionatoria diferente
de la nulidad electoral, según la interpretación sistemática de los artículos 26, 27-
5 y 10-3 de la Ley 1475 de 2011, es claro que no resulta consecuente con que se
tenga la norma de la autofinanciación prohibida como una disposición en la que
el acto acusado haya debido fundarse y, por ende, conlleve la infracción de
normas de orden superior, según el artículo 137 del CPACA.

Manifestó que la interpretación aplicada por la primera instancia no resulta
restrictiva y formalista, sino, consonante con la división de funciones dentro del
diseño institucional, en lo que hace a casos diferentes con efectos desiguales.

Afirmó que, al existir un tratamiento diferente a las conductas relacionadas con
financiación prohibida, lo que para el caso en particular se traduce en
autofinanciación restringida, no se vislumbra la consumación del desconocimiento
de norma superior como criterio genérico de nulidad, siendo imperativo relacionar
que los argumentos allegados por los recurrentes sobre este punto no están
llamados a prosperar.

En lo referente a la no mención del tío del accionado César Augusto Sánchez
Quintero dentro de la sentencia, quien también ostentó la calidad de aportante y
de imputado, precisó que, es claro que se relaciona de manera genérica, tanto en
normas violadas y concepto de violación como en la contestación de la demanda
y, además, encarna la vulneración del artículo 27-5, en el concepto personas
naturales.

Indicó que, aunque el fallo de primer grado no decantó claramente la participación
de Sánchez Quintero como aportante e imputado a la campaña electoral del
encausado y lo que ello comportaba; también es claro que esa consideración
fáctica debe ser valorada a la luz de lo que prescribe el artículo 10-3 de la Ley
1475 de 2011, en el marco de un proceso sancionatorio, por lo cual, no comporta
trascendencia alguna en la evaluación sobre nulidad electoral.

Señaló que no acaeció el fenómeno de la caducidad sobre el cargo relacionado
con el desconocimiento del artículo 27-7 de la Ley 1475 de 2011, habida cuenta
de que sí fue contemplado en la demanda original dentro del relato factual y en el
concepto de violación.

Adujo que, no obstante, esa situación sigue la suerte de lo relacionado con la
financiación de las campañas y la inexistencia de infracción a norma superior en
los términos del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, como criterio genérico de
anulación electoral.

Concluyó que la autofinanciación prohibida no se puede tener como una
disposición en la que el acto acusado haya debido fundarse y, por lo tanto,

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

conlleve la infracción de normas de orden superior, según el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos por los demandantes y su coadyuvante contra
la sentencia de 13 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos 15017 y 152
numeral 7.a del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo18.

2.2. Cuestión previa

Verificados los presupuestos procesales en el asunto de la referencia, se advierte
que la declaratoria de la elección del señor José Fernando Sánchez Carvajal tuvo
lugar el 6 de noviembre de 2023, según consta en el respectivo formulario E-
26ALC.

En tales condiciones, el término de 30 días previsto en el literal a) del numeral 2
del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para demandar dicho acto en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, empezó a contar al día hábil siguiente, esto es, el 7 de
noviembre de 2023 y venció el 11 de enero de 2024; no obstante, se advierte que
en el radicado 68001-23-33-000-2024-00039-00 la demanda fue radicada ese
mismo día, pero a las 16:19 como se evidencia en la siguiente imagen visible en
la anotación 3 del expediente de primera instancia visible en Samai:

17 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
18 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.

Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de
los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios
y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier
orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de
jueces de paz y jueces de reconsideración;…»

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Al respecto, debe tenerse en cuenta que tal como se advirtió por la Sala en
providencia del 8 de mayo de 2025 dentro del radicado 68001-23-33-000-2024-
00036-0119 el horario de atención al público en los despachos judiciales de
Bucaramanga y otras dependencias del departamento fue fijado por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander, en el Acuerdo 2306 de 11 de febrero de
2004, así:

Artículo primero. - A partir del día primero (1°) de marzo de dos mil cuatro (2004), en
los despachos judiciales de Bucaramanga, incluyendo el Consejo Seccional de
Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y su área
metropolitana, que comprende los municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón y
Barrancabermeja, se laborará de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con
horario de atención al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente: 68001-

23-33-000-2024-00036-01. Providencia del 8 de mayo de 2025. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
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En ese sentido, de acuerdo con la norma citada, el horario de atención al público
de los despachos judiciales de Bucaramanga, entre ellos, los del Tribunal
Administrativo de Santander es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Así las cosas, dado que la demanda se radicó a las 4:19 pm del 11 de enero de
2025, es decir, 19 minutos después del horario de atención al público, previsto en
el Acuerdo 2306 de 11 de febrero de 2004 del Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander, debe entenderse radicada el día hábil siguiente, es decir, el 12 de
enero de 2024, es decir por fuera del término procesal.

Con base en lo anterior, se declarará de oficio la caducidad del medio de control
bajo el radicado 68001233300020240003900.

2.3. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 13 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones de las demandas presentadas con el fin de
obtener la nulidad de la elección del señor José Fernando Sánchez Carvajal como
alcalde de Floridablanca, período 2024-2027.

Para el efecto, se debe establecer si el desconocimiento del numeral 5 del artículo
27 de la Ley 1475 de 2011 referente a la financiación prohibida de las campañas
electorales conlleva a no a la nulidad de la elección de que se trate. Esto es, si
dicha norma constituye un postulado en el que el acto acusado debía fundarse o
no.

En caso afirmativo, hay lugar a determinar si en este caso se acreditaron los
supuestos de dicha prohibición respecto de la financiación de la campaña del
demandado a la Alcaldía de Floridablanca (Santander) por su parte y respecto de
su tío, César Augusto Sánchez Quintero.

Además, se debe resolver si operó o no el fenómeno jurídico de la caducidad
respecto del cargo relacionado con la presunta vulneración del numeral 7 del
artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

2.4. De la violación de las normas en que debía fundarse el acto como causal
de nulidad electoral

Bien es sabido que el medio de control de nulidad electoral está diseñado como
instrumento de control de la legalidad objetivo de los actos de elección,
nombramiento y llamamiento, según lo establecido en el artículo 139 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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21

Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Sobre el particular, se ha dicho de manera pacífica por parte de la Sección Quinta
del Consejo de Estado20:

El medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo está diseñado
para estudiar la legalidad de los actos de elección, nombramiento o llamamiento.

A través de la nulidad electoral se busca mantener y preservar el ordenamiento
jurídico bajo la óptica democrática, es decir, con prevalencia de la voluntad del
electorado.

Se trata entonces de un juicio de legalidad objetivo en el que se contrasta el acto
demandado con las normas invocadas como fundamento de la demanda, con
base en los argumentos esgrimidos con el concepto de violación y teniendo en
cuenta las pruebas obrantes en el expediente, por lo que no hay lugar a estudiar
aspectos subjetivos de la conducta de los demandados tales como la culpabilidad,
toda vez que para declarar la nulidad del acto electoral basta con que se
encuentren acreditados los elementos de la causal endilgada independientemente
de que ésta se haya cometido a título de dolo o culpa, por ejemplo.

Con base en lo anterior, las consecuencias de la decisión de la nulidad electoral
se limitan a la expulsión del acto electoral del ordenamiento jurídico, sin que ello
conlleve una inhabilidad para que el afectado pueda volver a participar en otra
contienda electoral para el mismo cargo.

Además, que se tramita a través de un procedimiento especial consagrado en el
Título VIII de la Segunda Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

Dentro de dicho procedimiento se incluyen unas causales específicas para su
procedencia, consagradas en el artículo 275 de esa misma codificación, las
cuales se dividen en objetivas o subjetivas según se relacionen con el elegido,
llamado o nombrado o con el proceso de elección propiamente dicho.

Sin embargo, esa misma disposición remite a las causales genéricas de nulidad
de los actos administrativos consagradas en el artículo 137 del CPACA.

Al respecto, vale la pena recordar que el artículo 223 del antiguo Código
Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, consagraba causales
específicas de nulidad electoral, sin mencionar la procedencia de las causales
generales de nulidad del acto administrativo respecto de actos de elección,
nombramiento o llamamiento, por lo que, en su vigencia, se suscitó una discusión

20Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente:
11001032800020180008400. Sentencia del 16 de mayo de 2019. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

interesante sobre la aplicación o no de las genéricas de nulidad consagradas en
el artículo 84 de ese estatuto21.

Con la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011 se zanjó la discusión en el sentido
de precisar que el acto electoral es anulable no sólo por las causales específicas
consagradas en la norma especial, sino que además por las generales.

Frente al punto, la jurisprudencia de esta Sección ha dicho:

…[L]as pretensiones de la demanda pueden fundamentarse tanto en las
causales generales de nulidad a que se refiere el artículo 137 del CPACA, como
en las específicas de ese tipo de actos, que se exponen en el artículo 275 del
mismo Código.

La anterior situación ha sido zanjada por esta Sala de decisión incluso con
antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, antecedente que
resulta aplicable al caso sub judice, así:

“Cuando se ejerce [la acción de nulidad] contra actos electorales producto de la
voluntad popular puede formularse no sólo por las causales genéricas de nulidad
establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, sino por
las especiales a las que se refieren los artículos 223, 227 y 228 ibídem.
Tal como lo tiene dicho la Sala:

‘En ejercicio de la acción electoral puede controvertirse la validez de actos por
los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento, según lo
establecido, principalmente, en los artículos 128, numeral 4, 131, numeral 3, y
132, numeral 4, del Código Contencioso Administrativo y, después de la reforma
introducida mediante los artículos 36, 40, 42 y 44 de la ley 446 de 1.998, en los
artículos 128, numeral 3, 132, numeral 8, 134A, numeral 9, y 136, numeral 12,
del mismo Código, y también en los artículos 223, 227, 228, 229, 230 y 231, que
no fueron reformados.

Según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en que se encuentra
establecida la acción de nulidad, son nulos los actos administrativos, entre otras
causas, cuando infrinjan normas en que deberían fundarse, y entre estas, sin
duda y principalmente, las normas constitucionales. Y la acción electoral es
modalidad de la acción de nulidad, solo que en su ejercicio se controvierte
únicamente la validez de actos por los cuales se declara una elección o se hace
un nombramiento, ya se dijo, de manera que, en general, son causas de nulidad
de los actos de elección y de nombramiento, como lo son de la generalidad de
los actos administrativos, las establecidas en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo, bien que hay causas de nulidad especiales,
referidas a la materia electoral’22.”

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente:
11001032800020180008400. Sentencia del 16 de mayo de 2019. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
22 Sección Quinta del Consejo de Estado. M. P.: Mauricio Torres Cuervo. Radicación número:

11001-03-28-000-2010-00086-00 del 01 de noviembre de 2012.

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Esta posición jurisprudencial fue objeto de positivización en el texto del artículo
275 del CPACA23.

En orden a lo anterior, se tiene que el medio de control de nulidad electoral es
una acción pública, por cuanto permite a cualquier persona demandar la nulidad
del acto de elección producto, entre otros, del voto popular; pero que, a
diferencia de las acciones o medios de control de estirpe público, se encuentra
sometida a un término de caducidad de 30 días y, su ejercicio implica cargas
para el demandante, toda vez que en algunos asuntos la acción debe dirigirse
contra el acto de elección y los actos previos que resuelven las reclamaciones o
irregularidades planteadas frente a la votación o los escrutinios y, el sustento de
la anulación puede versar en las causales generales de todos los actos
administrativos (artículo 137 del CPACA) o en las específicas de los actos de
elección del referido artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.24

Conforme con lo anterior, actualmente es claro que las causales de nulidad del
acto electoral son: i) las generales consagradas en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ii) las
específicas enumeradas en el artículo 275 de esa misma codificación

Dentro de las causales generales de nulidad se encuentran la infracción de las
normas en que debe fundarse el acto; la falta de competencia; la expedición
irregular; el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa; la falsa
motivación y la desviación de poder.

Por lo tanto, no hay duda de que los actos de elección, nombramiento y
llamamiento pueden ser controvertidos vía judicial a través de las causales
genéricas del precitado artículo 137 o por conducto de las específicas
relacionadas en el artículo 275 de la misma codificación.

Ahora bien, la mencionada norma al respecto dispone: «…procederá cuando
hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y de defensa o mediante falta motivación, o con desviación de las
atribuciones de quien los profirió.»

Nótese que la causal genérica de nulidad electoral se refiere a la infracción de las
normas en que el acto debería fundarse y no, de manera genérica al
desconocimiento de cualquier norma superior.

Esta precisión resulta cardinal en cualquier estudio de legalidad, pero cobra
especial importancia en tratándose de actos electorales por voto popular, toda vez

23 “Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137

de este Código y, además, cuando:…”
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-

03-28-000-2018-00034-00. Providencia del 29 de noviembre de 2019. M.P. Dra. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.

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que aquellos son el reflejo y materialización de la voluntad del pueblo como
elemento primigenio del principio democrático fundante en un Estado Social de
Derecho como el colombiano.

Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho25:

En relación con la causal de nulidad de los actos administrativos consistente en
la infracción de las normas en que debían fundarse –también conocida
genéricamente como “violación de norma superior”–, en el que se sustenta el
único cargo de la demanda que da lugar al vocativo de la referencia, es menester
precisar, tal y como lo señaló la Sala en sentencia del 27 de octubre de 201626,
que consiste en el desconocimiento de las disposiciones normativas que
componen el marco jurídico del acto administrativo-electoral.

Dicho de otro modo, el cargo de nulidad se estructura en los eventos en que el
acto enjuiciado se aparta de las normas superiores a las cuales “debía respeto y
acatamiento en la medida en que éstas le imponen (…) su objeto y finalidad”27.

De allí que se admita por parte de esta Sala Electoral la existencia de dos
elementos de configuración en relación con el mentado motivo de anulación.
Por una parte, es preciso demostrar que los preceptos normativos que se aducen
como vulnerados hacen parte del grupo de prescripciones normativas que reglan
“la materia que es objeto de decisión administrativa.”28

En este orden, en tratándose del medio de control de nulidad electoral, dicha
causal puede fundar la solicitud de anulación de un acto de elección o
nombramiento cuando los preceptos normativos presuntamente infringidos
pertenecen “a la regulación aplicable a esa elección o nombramiento.”29

(…)

Así las cosas, no se trata de cualquier manifestación del poder ordenador de
la voluntad del Estado el que tiene la vocación de constituir un vicio
atentatorio de la legalidad que debe revestir todo acto administrativo, sino
de una que se de en una relación bidireccional y asimétrica en la que el
objeto del examen judicial recaiga sobre el dispositivo de menor rango visto
en perspectiva con la singularidad o el conjunto de elementos, según se
trate, reflejada en locaciones jerárquicas que lo sobrepasen. De ahí que sea
inadmisible enfrentar en examen de legalidad dos normas de igual jerarquía, o
pretender la nulidad de un acto que se opone a previsiones de una preceptiva
situada en un nivel inferior.

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente: 11001-

03-28-000-2020-00058-00. Providencia del 18 de febrero de 2021. M.P. Dra. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúez.
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 27 de octubre

de 2016, rad. 11001-03-28-000-2016-00038-00, demandado: magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
27 Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Tratado de Derecho Administrativo. Acto administrativo:

Procedimiento, eficacia y validez. Universidad Externado de Colombia. 4ª ed. Bogotá. Pág. 375.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. Nº. 08001-23-31-000-2007-00972-01. C.P. Filemón

Jiménez Ochoa. Actor: Lourdes del Rosario López Flórez.
29 Ibidem.

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25

Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

(…)

Por otra parte, resulta indispensable para la prosperidad de este cargo que se
acredite la no avenencia del acto bajo censura a las normas que constituyen su
marco jurídico de referencia. De allí que se deba probar que la prescripción
jurídica que integra el concepto de violación alegado debía imbuir la expedición y
contenido del acto, y que, contrario a ello, el acto terminó constituyendo una
oposición directa o indirecta de aquel; disconformidad que puede tener lugar en
las siguientes hipótesis:

(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que
la autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto
normativo, o conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa;

(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las
reglas jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se
conforman a la situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de
una equivocación en la valoración y escogencia de la disposición normativa;

(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento
desatinado del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver30.

De lo anterior se decanta que su materialización resulta del cotejo entre las
normas invocadas como infringidas y el acto electoral acusado31; peculiaridad
propia de los vicios contenidos en el artículo 137 del CPACA, “metodología
compuesta por dos momentos, a saber, (a) la determinación de la pertinencia y
aplicabilidad de las normas invocadas respecto del procedimiento administrativo
cuestionado; (b) su quebrantamiento por inaplicación, aplicación indebida o
interpretación errónea”32. (Se resalta).

En ese orden de ideas, se reitera, la causal de infracción de normas en que el
acto debería fundarse no se configura con el desconocimiento de cualquier
disposición del ordenamiento jurídico, sino que se requiere que se trate de una
regulación específica que se relacione directa e inescindiblemente con el acto
enjuiciado, para el caso de las elecciones por voto popular, normas que se
refieran a la configuración de la voluntad del pueblo como elemento fundante del
principio democrático, por ejemplo.

Además, por supuesto de aquellas disposiciones en que el legislador
expresamente consagró la consecuencia de la nulidad electoral.

Al respecto, debe recordarse que en este tipo de análisis debe prevalecer la
voluntad popular y que, en tratándose de limitación a derechos políticos debe
aplicarse la interpretación restrictiva de las disposiciones que pueden conllevar a

30 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. Nº. 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660). M.P.

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Actor: ACCENTURE LTDA.
31 Ibidem.
32Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-24-000-2017-00173-00, M. P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Demandados: Consejo Nacional Electoral y otro.

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su afectación, so pena de desconocer y afectar principios constitucionales
indispensables en un estado democrático.

2.5. Caso concreto

Como viene de explicarse, en este asunto el acto acusado es el de elección del
señor José Fernando Sánchez Carvajal como alcalde de Floridablanca
(Santander), para el período 2024-2027. El fundamento de las demandas es que
dicho acto se encuentra viciado de nulidad, por cuanto el demandado incurrió en
las prohibiciones consagradas en los numerales 5 y 7 del artículo 27 de la Ley
1475 de 2011 referidas a las fuentes prohibidas de financiación de las campañas
electorales.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó las
pretensiones de la demanda al establecer que la disposición de dichas normas no
acarrea como consecuencia la nulidad electoral.

Inconformes con la decisión, los demandantes y su coadyuvante la apelaron con
base en los mismos argumentos expuestos durante la primera instancia, esto es,
que la infracción de las disposiciones invocadas resulta suficiente para declarar
la nulidad de la elección acusada.

Además, cuestionaron que el a quo haya declarado la ocurrencia del fenómeno
jurídico de la caducidad respecto del cargo relacionado con la presunta
vulneración del numeral 7 del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.

Al respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso33 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del

33 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el

superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
lo tanto, la Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos
concretos formulados por los recurrentes.

Según se tiene, no se cuestiona en este asunto y, por tanto, se tiene como
probado en esta instancia que el señor José Fernando Sánchez fue elegido
alcalde de Floridablanca (Santander) período 2024-2027. Además, que, en su
contra, existe un proceso penal por el delito de prevaricato por acción relacionado
con su participación en la elección del personero y el contralor de ese municipio
en el período 2016-2019, por lo que se profirió en su contra escrito de imputación
y posteriormente acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, que su tío César Augusto Sánchez Quintero también tiene un
proceso penal en su contra por delitos contra la administración pública,
específicamente prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Precisado lo anterior, y con el fin de realizar un análisis conjunto de los
argumentos de los recursos de apelación iniciará la Sala por establecer si
efectivamente operó el fenómeno de la caducidad respecto del cargo relacionado
con la presunta vulneración del numeral 7 del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.

De conformidad con lo expuesto en la sentencia apelada, dicho argumento sólo
fue introducido el demandante dentro del expediente 68001-23-33-000-2023-
00870-00 en la reforma de la demanda radicada fuera del término de caducidad.

En criterio del recurrente, el a quo se equivocó por cuanto el referido argumento
fue ventilado desde la demanda inicial.

Revisado el expediente con radicado 68001-23-33-000-2023-00870-00 se
advierte que en el escrito de demanda34 presentado el 18 de diciembre de 2023
se incluyeron los siguientes argumentos relacionados con la presunta vulneración
del numeral 7 del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011:

5. En el aplicativo cuentas claras consultas ciudadanas link,
https://app.cne.gov.co/fondo/public/informes/cne#/; “ consulta de ingresos y
gastos organizaciones políticas y candidatos” se prueba que la financiación de
JOSE (sic) FERNANDO SANCHEZ (sic) CARVAJAL identificado con C.C.
91.534.211 formato 6.1B CREDITOS (sic) O APORTES QUE PROVENGAN DEL
PATRIMONIO EL CANDIDATO, DE SUS CONYUGES (sic) O DE SUS
COMPAÑEROS PERMANENTES, O DE SUS PARIENTES, al entrar se ve el
FORMATO 8.1 código 101, se hizo con dineros de su conyugue la señora
NATALIA SANCHEZ (sic) SILVA.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

34 Anotación 3 del expediente de primera instancia visible en Samai.

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6. La señora NATALIA SILVA SANCHEZ (sic) suscribió contratas con la
gobernación de Santander así (sic):

A. El contrato número 984 por un valor de dieciocho millones de pesos suscrito el
28 de enero de 2022 cuyo objeto es prestar el servicio de apoyo especializado en
la secretaria (sic) administrativa del departamento de Santander dentro del marco
del proyecto servicio de asesoría profesional, apoyo a la gestión y asistencia
técnica para el fortalecimiento institucional en el departamento de Santander.

7. la declaración de renta presentada ante la DIAN de la señora NATALIA
SANCHES (sic) SILVA, muestra que ella obtuvo ingresos brutos en el año anterior
por la suma de $22. 667.000 lo que indica que obtuvo en mas (sic) de un 50%
ingresos de contratos con entidades estatales violando de esta forma la ley
electoral colombiana.

Al analizar el acto de declaratoria de la elección de alcalde, con el art 27 numeral
7 de la ley 1475 de 2011 sobre financiación prohibida de campañas políticas,
donde se observa en el aplicativo cuentas claras (formato 8.1 código 100
https://www.cnecuentasclaras.gov.co/) que la señora NATALIA SANCHEZ (sic)
SILVA, identificada con cedula (sic) de ciudadanía numero 1095700217 realizo
(sic) aportes en total por La suma de 37 millones de pesos, , la declaratoria de la
elección del señor JOSE (sic) FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL se torna en
irregular, por vulnerar las normas en que debería fundarse.

Además, se aportaron las pruebas relacionadas en dichos apartes de lo que se
deriva que la parte actora no sólo invocó la norma como desconocida, sino que
explicó el concepto de su violación y, adicionalmente aportó y solicitó las pruebas
para corroborar su dicho.

Así las cosas, es claro para la Sala que, contrario a lo afirmado por el a quo el
cuestionamiento relacionado con la presunta vulneración del numeral 7 del
artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 sí fue incluido pro la parte actora desde la
demanda inicial y no, en su reforma.

Por lo tanto, como el acto de elección cuestionado en este caso data del 6 de
noviembre de 2023, el término de 30 días de caducidad del medio de control
venció el 11 de enero de 2024 y la demanda fue presentada el 18 de diciembre
del año anterior35, es evidente que el cargo fue invocado de manera oportuna y,
por ende, resultó equivocada la decisión de rechazarlo por extemporáneo.

En consecuencia, hay lugar a revocar el numeral segundo de la sentencia del 13
de diciembre de 2024 que declaró probada la excepción de caducidad formulada
por la demandada respecto del cargo relacionado con la presunta vulneración del
numeral 7 del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.

35 Anotación 1 del expediente de primera instancia visible en Samai.

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Resuelto lo anterior, corresponde a la Sala establecer si el desconocimiento de
las disposiciones normativas invocadas como fundamento de las demandas y los
recursos de apelación conllevan o no la nulidad de la elección demandada.

Al respecto, es necesario tener presente que un mandato general de prohibición
previsto en normas sobre el ejercicio de la democracia no implica, per se, que su
desconocimiento constituya un vicio del proceso de formación de la voluntad
popular, salvo que el precepto que establece la conducta proscrita disponga dicha
consecuencia.

Según se tiene, el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 dispone:

ARTÍCULO 27. FINANCIACIÓN PROHIBIDA. Se prohíben las siguientes fuentes
de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:

1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas
naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de
cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas
electorales.

2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines
antidemocráticos o atentatorios del orden público.

3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real,
personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales
se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.

4. Las contribuciones anónimas.

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado
acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con
la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales,
narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los
mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.

6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto
de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán
realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan,
con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales
en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos
en el artículo 25 de la presente ley.

7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en
el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de
contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o
parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios
estatales o juegos de suerte y azar. (Se resalta).

De conformidad con la norma en lo que atañe a este proceso, está prohibida la
financiación de campañas políticas con recursos de personas naturales en contra

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de las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal
por, entre otros, delitos contra la administración pública.

Asimismo, por personas cuyos ingresos se hayan originado en más de un 50% el
año anterior en contratos o subsidios estatales.

Dicha disposición desarrolla los postulados constitucionales sobre la materia,
específicamente el artículo 109 superior que establece:

Artículo 109. Mod. Art. 3 A.L. 1 de 2009. El Estado concurrirá a la financiación
política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica,
de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y
movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos,
serán financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha
financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos,
grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las
campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones
privadas, de acuerdo con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con
Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que
avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las
condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo
Nacional Electoral.

Las campañas para elegir presidente de la República dispondrán de acceso a un
máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión
costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y
grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de
seriedad que, para el efecto, determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto
legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas,
debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del
cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.
Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos
deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus
ingresos.

Es prohibido a los partidos y movimientos políticos y a grupos significativos
de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas
naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá
tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público… (Se resalta)

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Al respecto, la Corte Constitucional al realizar el control previo de
constitucionalidad del entonces proyecto de Ley Estatutaria 1475 de 2011, sobre
la materia dijo36:

38.2. El numeral 3º del artículo 10 tipifica como falta de los directivos permitir
la financiación de la organización y/o las campañas electorales, con fuentes
de financiación prohibidas. En este caso, la Sala encuentra que este tipo
obedece a la sanción correlativa exigible a la prohibición constitucional prevista
en el inciso noveno del artículo 109 C.P., que proscribe que las agrupaciones
políticas reciban las formas de financiación allí estipuladas y que son
pormenorizadas por el legislador estatutario, como se expondrá a propósito del
análisis de constitucionalidad del artículo 27 del Proyecto.

(…)

88.2 Estas disposiciones relativas a la financiación prohibida para partidos,
movimientos políticos con personería jurídica, y grupos significativos de
ciudadanos, no solo no son contrarias a la Constitución Política sino que en
cambio disponen un claro desarrollo de las disposiciones contenidas en el artículo
109 Superior, mandato superior del cual se deriva (i) la expresa prohibición para
los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, de recibir
financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas
extranjeras; y (ii) la proscripción de fines antidemocráticos o atentatorios del orden
público para cualquier tipo de financiación privada.

(…)

88.5. Por su parte, en relación con la prohibición contenida en el numeral quinto,
relativa a las contribuciones de personas naturales contra las cuales se hubiere
formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados
con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales,
narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de
participación democrática y de lesa humanidad; considera la Sala que no vulnera
el principio de presunción de inocencia, ni del debido proceso, consagrado en el
artículo 29 Superior, como erróneamente lo estima uno de los intervinientes. Lo
anterior, por cuanto esta norma no implica de ninguna manera efecto jurídico
alguno en materia penal, respecto de la determinación de responsabilidad penal
individual en los hechos que se acusan o se imputan dentro de los debidos
procesos penales, sino que solo tiene efectos jurídicos en materia de restricciones
a posibilidad de financiación privada para los partidos, movimientos políticos,
candidatos y campañas electorales, en cuanto se les prohíbe que reciban
contribuciones de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado
acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionas con la
financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico,
delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación
democrática y de lesa humanidad.

Estima la Corte por tanto, que esta prohibición encuentra un claro sustento
constitucional, en los mandatos superiores de los artículos 107 y 109 C.P.,
dirigidos a garantizar la transparencia, igualdad, pluralidad política y moralidad
pública en la financiación de los partidos, movimientos, grupos políticos y
campañas electorales, así como en el mandato particular del artículo 109

36 Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

C.P. referido a las prohibiciones sobre financiaciones que tengan fines
antidemocráticos o atentatorios del orden público, dada la gravedad de los
delitos de que trata la norma, que se acusan o se imputan dentro de un
proceso penal. Igualmente, considera la Corte, con fundamento en estos
mismos argumentos y razones, que la prohibición de financiación privada
contenida este numeral debe aplicarse y hacerse extensivo igualmente para las
personas que estén siendo juzgadas o hayan sido condenadas por los mismos
delitos de que trata la norma. Esto debido a que no resulta razonable que el
legislador estatutario disponga la prohibición de financiación respecto de los
acusados o imputados por los delitos antes descritos y no haga lo mismo cuando
la autoridad judicial ha declarado la responsabilidad penal por su comisión. (Se
resalta).

Nótese que el máximo tribunal constitucional al estudiar la exequibilidad de la
disposición fue enfático en señalar las consecuencias de la prohibición bajo
estudio sin incluir dentro de aquellas la nulidad electoral.

Frente al punto, resulta del caso precisar que dicha norma no contempla ninguna
consecuencia de nulidad electoral. De hecho, tal como lo expuso el juzgador de
primera instancia, se trata de una serie de prohibiciones para las campañas
electorales con consecuencias para las agrupaciones políticas, pero, en manera
alguna puede afirmarse que se trate de una causal que afecte la elección por voto
popular de los candidatos a un cargo de ese tipo.

Además, debe tenerse en cuenta que el mismo legislador estatutario consagró en
el artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 las consecuencias de la violación o
desconocimiento de ese tipo de disposiciones y lo hizo exclusivamente para los
partidos políticos así:

Artículo 10. Faltas. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u
omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos:
(…)

3. Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales,
con fuentes de financiación prohibidas…

Es decir, el hecho de que una campaña política permita la financiación con fuentes
prohibidas por la ley, constituye una falta sancionable para los partidos políticos
por parte del Consejo Nacional Electoral, autoridad que de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 265 de la Carta Política y 13 de la misma Ley 1475 de
2011 es la titular del «ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para
imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos.»

Ello en consonancia y desarrollo de los postulados de la Constitución Política que
en su artículo 107 establece:

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Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

…Los partidos o movimientos políticos deberán responder por toda violación o
contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o
financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o
corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren
condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia
ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la
vinculación a grupos armados ilegales y actividades de narcotráfico o de delitos
contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad…

El mandato superior transcrito fue desarrollado a través de la Ley 1475 de 2011 37,
que entre otras disposiciones estableció el régimen sancionatorio de los partidos
y movimientos políticos. Para el efecto, definió sus principales elementos, como
sus destinatarios, las conductas pasibles de reproche legal y el plexo de las
sanciones derivadas de las infracciones al régimen de las organizaciones
políticas.

Así, el artículo 8° dispone que «[l]os partidos y movimientos políticos deberán
responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su
organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de
sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley»
(Negrillas fuera de texto).

En criterio de la Corte Constitucional38, «[e]sta previsión reitera idéntica redacción
a la prevista en el inciso séptimo del artículo 107 C.P., por lo que no plantea
debate en cuanto a su constitucionalidad. Además, la previsión que remite la
aplicación del régimen sancionatorio a las faltas previstas para los directivos es
desarrollo propio de los principios de legalidad y reserva de ley antes explicados».

De este modo, la Corte no encontró reparos acerca de la constitucionalidad de la
disposición que se analiza, puesto que los elementos del régimen de
responsabilidad de los partidos y movimientos políticos, definidos por el legislador
estatutario, coinciden con los que determinó el texto del artículo 107 superior, a
saber, i) sus destinatarios, ii) las infracciones y iii) las sanciones.

Así las cosas, es claro que fue el mismo constituyente el que estableció que las
consecuencias de permitir fuentes prohibidas de financiación en las campañas
políticas para los partidos, movimientos o agrupaciones políticas y candidatos no
son de tipo electoral, sino que dichas actuaciones podrán ser sancionadas en el
ámbito ético, disciplinario, administrativo o penal, según corresponda 39.

37 «Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos

políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones».
38 Sentencia C-490 de 2011.
39 Conviene aclarar que la Ley 130 de 1994 «[p]or la cual se dicta el estatuto básico de los partidos

y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales
y se dictan otras disposiciones», en materia de financiación de campañas electorales consagra un
régimen de responsabilidad que recae en los candidatos, cuando invierten sumas que superan el
monto que para el efecto fija el Consejo Nacional Electoral. El artículo 14 de la referida ley

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Es decir, ni en la Constitución Política, ni en la Ley Estatutaria 1475 de 2011 ni en
ninguna otra disposición se consagra como consecuencia de incurrir en fuentes
prohibidas de financiación la nulidad electoral o la afectación de los derechos
políticos para quienes son elegidos popularmente.

En tales condiciones, es claro que ni el constituyente ni legislador contemplaron
el efecto que los demandantes pretenden derivar de la vulneración o
desconocimiento de los numerales 5 y 7 del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
por lo que no le es dable al intérprete de la disposición interpretarla
extensivamente y mucho menos con el fin de restringir derechos políticos.

Ahora bien, como se expuso con antelación, es claro que para que prospere la
causal genérica de nulidad de violación de las normas en que el acto debería
fundarse, resulta indispensable que las disposiciones invocadas constituyan
verdadera e inescindiblemente fundamento del acto, es decir, no cualquier
desconocimiento normativo conlleva per se la nulidad del acto electoral.

Al resolver un problema jurídico similar al ahora estudiado, a propósito del
planteamiento de infracción de norma superior por el desconocimiento de los
límites temporales de la campaña electoral, definidos en el artículo 34 de la Ley
1475 de 2011, hizo claridad acerca del alcance de las repercusiones jurídicas de
dicha conducta, precisando que la redacción del precepto no contiene
prohibiciones que afectan el proceso electoral, sino consecuencias
sancionatorias, la Sala dijo40:

93. La causal de nulidad invocada, referida a la infracción de las normas en las que
ha debido fundarse o también conocida como violación de una norma superior, se
centra en la contravención del acto electoral con las disposiciones normativas que
componen su marco jurídico41.

(…)

consagra sanciones al candidato consistentes en que «no podrá recibir dineros provenientes de
fondos estatales, sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar de acuerdo con el literal a) del
artículo 39 de la presente ley».
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13

de mayo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicado 11001032500020200003400.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11

de marzo de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado No.
11001032800020180008100 (acumulado), Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Rad. nº. 11001-03-28-000-2016-00038-00. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.

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108. Una muestra de ello, es la consecuencia prevista en los artículos 109 de la
Constitución Política42 y 26 de la Ley 1475 de 201143, que establecieron las sanciones
de pérdida de investidura para los miembros de las corporaciones públicas y de
pérdida del cargo para quienes ocupen las dignidades de alcalde o gobernador, por la
violación de los topes máximos fijados para la financiación de las campañas de
partidos y movimientos políticos.

109. Nótese como en el caso del desconocimiento de los límites de financiación por
parte de los mandatarios de elección popular, las normas electorales previeron una
consecuencia a su actuar, la cual es la sanción de desinvestidura por incurrir en
conductas incompatibles con la dignidad que detentan.

110. En este caso, las citadas disposiciones, contienen unas limitantes para los
candidatos en el ejercicio de actos de campaña o para desarrollar prácticas
proselitistas en un determinado lapso, omisión sancionable por el Consejo Nacional
Electoral en la forma prevista en la Ley 130 de 1994 en sus artículos 39 y 40.

111. Teniendo en cuenta que el desconocimiento del artículo 34 de la Ley 1475 de
2011 no se erige como causal de nulidad, la Sala se releva del estudio de este
reproche contra el acto de elección del señor Juan Guillermo Zuluaga Cardona.

A partir de este pronunciamiento, es posible concluir que las consecuencias
legales de la comisión de conductas proscritas por la ley se circunscriben a las
que define el legislador.

La línea interpretativa expuesta corresponde con la que decantó la Corte
Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, al referirse al régimen de
responsabilidad definido en la Ley 1475 de 2011, en cuanto precisó que las
expresiones dirigidas a la imposición de sanciones, agrupadas bajo el derecho
sancionador, deben cumplir con determinados principios y valores derivados del
derecho al debido proceso, entre ellos los de legalidad, tipicidad y reserva legal44:

El segundo principio constitucional predicable del derecho sancionador es el de
legalidad. De acuerdo con este, corresponde a la ley determinar tanto las
conductas sujetas a sanción, como el contenido de esa sanción y el
procedimiento aplicable para su imposición. A este respecto, la jurisprudencia
contempla que este deber es un postulado necesario del derecho fundamental
al debido proceso, que exige que la prescripción de sanciones esté precedido
de una ley cierta que las determinen. Sin embargo, el grado de definición de
tipos y sanciones no es uniforme para todas las modalidades del derecho
sancionador, sino que ha sido aceptado que la legalidad estricta es predicable del
derecho penal, atenuándose para otras formas de responsabilidad. Sin embargo,
en cualquier caso debe ser el legislador el que determine, al menos en sus
aspectos esenciales, las conductas susceptibles de sanción y el procedimiento
aplicable.

42 “[…] la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente
comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo […]”.
43 “[…] [l]a violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se sancionará

con la pérdida del cargo, así: […] 1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas
se seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley […]”.

44 Sentencia C-490 de 2011.

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(…)

El mismo precedente señala que el principio de legalidad cobra carácter
concreto en los principios de tipicidad y reserva de ley. De acuerdo con el
primero, "el legislador debe establecer expresamente los elementos
fundamentales del tipo, lo que implica que se efectúe: (i) la descripción de la
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la
determinación de la sanción, lo que implica la descripción de todos los
aspectos relativos a ella, esto es, el tipo de sanción a imponer, el término o la
cuantía de la misma, la autoridad competente para aplicarla y (iii) el procedimiento
que debe seguirse para proceder a su imposición"[102]. A su vez, el principio de
reserva de ley en el derecho sancionador implica que el Estado tiene la obligación
de "... someter a la ley el desarrollo de determinadas materias o de ciertos asuntos
jurídicos, o al menos, de tener como fundamento la preexistencia de la misma.
(Negrillas fuera de texto)

En ese orden, por virtud del principio de legalidad, así como los de tipicidad y
reserva legal, es el legislador quien se encarga de definir el contenido y alcance
de las infracciones normativas, por lo que las consecuencias legales de su
imposición se restringen a los precisos términos que señala la ley.

Así las cosas, se insiste, no cualquier infracción a disposiciones del ordenamiento
jurídico relacionadas con el tema electoral devienen en la nulidad de un acto de
elección popular, máxime si el legislador se ha encargado de establecer los
destinatarios y consecuencias de la norma en sí, como ocurre en el caso concreto.

En el evento bajo estudio, se advierte que las disposiciones consagradas en los
numerales 5 y 7 del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 no constituyen directa ni
indirectamente el fundamento del acto demandado. Ello por cuanto, si bien
regulan el régimen de financiación de las campañas electorales no se relacionan
directamente con la expresión de la voluntad popular ni la afectan.

Es decir, el hecho de que en una campaña política se incurra en financiación
prohibida no conlleva la afectación directa del principio democrático ni
responsabilidad automática del candidato, máxime si se tiene en cuenta que, tal
como lo expresó el demandado en sus intervenciones durante la primera
instancia, la campaña electoral constituye toda una empresa en la que intervienen
diferentes agentes como el gerente y el contador, entre otros, todos con deberes
y responsabilidades definidas y cuyas acciones no tienen la entidad para afectar
directamente los derechos políticos del elegido ni de sus electores.

Además, debe tenerse en cuenta que el legislador estatutario si bien consagró
como fuentes prohibidas de financiación y la Corte Constitucional lo avaló, ello no
se hizo con efectos de nulidad electoral ni afectación de los derechos políticos a
elegir y ser elegido, por lo que, se insiste, vía interpretación no puede atribuírsele
una consecuencia diferente y menos, una tan gravosa como la de anulación de la
decisión popular.

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En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por los recurrentes el a quo no
incurrió en una visión formalista de las normas sobre financiación prohibida de
campañas electorales, simplemente aplicó acertadamente la interpretación
restrictiva que debe operar a la hora de definir sobre una posible afectación de
derechos políticos tan relevantes como el de elegir y ser elegido.

El hecho de que con una campaña electoral se financie con fuentes prohibidas
efectivamente puede afectar varios principios como el de transparencia y
moralidad; sin embargo, para ese evento, se reitera, el legislador consagró
consecuencias diferentes a la de nulidad de la elección de que se trate, por lo que
no es posible por extensión o analogía imprimirle un resultado diferente como lo
pretenden los apelantes.

Frente a este punto específico, en reciente pronunciamiento de esta Sección se
precisó45:

De las disposiciones de la Ley 1475 de 2011 no se desprenden consecuencias
jurídicas que afecten la legalidad del acto de elección. De hecho, se trata de una
serie de prohibiciones para las campañas electorales con repercusiones para las
agrupaciones políticas, pero, en manera alguna puede afirmarse que se trate de
una causal que afecte la elección por voto popular de los candidatos a un cargo
de ese tipo.

Es decir, el hecho de que una campaña política permita la financiación con fuentes
prohibidas por la ley, constituye una falta sancionable para los partidos políticos
por parte del Consejo Nacional Electoral, autoridad que de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 265 de la Carta Política y 13 de la misma Ley 1475 de
2011 es la titular del «ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para
imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos».

Así las cosas, es claro que fue el mismo constituyente el que estableció unas
consecuencias sancionatorias en el escenario administrativo, por permitir fuentes
prohibidas de financiación en las campañas políticas, las cuales corresponde
asumir a los partidos y movimientos políticos, así como a sus directivos, sin que
el ingreso de esos recursos proscritos constituya un vicio del proceso de
formación del acto de elección.

El reproche a la conducta de los candidatos, tendiente a establecer su
responsabilidad por el uso de fuentes prohibidas de financiación en sus
campañas, corresponde a otros escenarios, bien sea el que concierne al régimen
ético y disciplinario de las propias agrupaciones políticas, o en el ámbito de
protección del derecho penal cuyo ordenamiento punitivo, valga anotar, tipificó
como delito «la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la

45Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente:
680001-23-33-000-2024-00031-01. Sentencia del 8 de mayo de 2025. M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.

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ley para financiar campañas electorales», y derivó en el contendor político la carga
de asumir las consecuencias por este comportamiento46.

Es decir, ni en la Constitución Política, ni en la Ley Estatutaria 1475 de 2011 o en
alguna otra disposición se consagra como consecuencia de incurrir en fuentes
prohibidas de financiación la nulidad electoral o la afectación de los derechos
políticos para los elegidos.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el antecedente de la Sección Quinta del
Consejo de Estado en el que se declaró la nulidad de la elección de Aida Merlano
Rebolledo como senadora de la República, período 2018-2022 por haber incurrido
en prácticas relacionadas con compra de votos, debe precisarse que, aunque
efectivamente la nulidad electoral se originó por la violación de normas en que el
acto acusado debía fundarse, concretamente los artículos 40 y 258 de la Carta
Política, ello obedeció precisamente a que las elecciones populares se basan en
el voto de los ciudadanos que expresan su voluntad en las urnas y, evidentemente
con la comisión de conductas tendientes a afectar cualquiera de sus elementos
se afecta el principio democrático pilar de un Estado Social de Derecho como el
colombiano.

De manera pedagógica en dicha providencia se explicó47:

En otras palabras, está acreditado que la demandada hizo a varias personas el
ofrecimiento y posterior entrega de dinero para obtener resultados favorables en
las urnas, afectando así el voto en su doble esfera: como derecho, al ser la
máxima expresión democrática y como deber, toda vez que dichas personas no
votaron a conciencia, ni de manera libre, por lo que no ejercieron su deber
democrático en los términos señalados para ello en la Carta Política, conducta
que resulta completamente contraria a los postulados legales, por cuanto es
contrario a derecho que alguien que pretende ser una representante del pueblo
en el órgano legislativo del Estado, compre su curul.

Al respecto, resulta del caso reiterar que según los postulados de la democracia
participativa que rigen el país, los representantes del pueblo deben ser elegidos
legítimamente en las urnas, por cuanto son elegidos por la ciudanía para

46 Código Penal: ARTÍCULO 396A. FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES CON
FUENTES PROHIBIDAS. <Artículo adicionado por el artículo 14 de la Ley 1864 de 2017. El nuevo
texto es el siguiente:> El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución
de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas
electorales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cuatrocientos (400) a
mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y
listas de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior.
En la misma pena incurrirá el candidato de lista de voto no preferente que intervenga en la
consecución de bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña
electoral.
En la misma pena incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a
campaña electoral.
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-

03-28-000-2018-00084-00. Providencia del 16 de mayo de 2019. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.

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representar los intereses no sólo de sus electores, sino también de la sociedad en
general, por lo tanto, todo acto que vicie esa legitimidad y aún más, que atente
contra el interés general para dar prevalencia al interés particular de dichos
representantes, merece todo el reproche legal y social.

Es decir, el hecho de que un candidato a una Corporación Pública incurra en una
conducta corrupta de tal relevancia, como la que se encuentra demostrada en
este caso, cual es la estructuración de una organización para la compra de votos,
tiene un impacto grave en la sociedad, colectivo que ve defraudados sus intereses
con la presencia de un representante ilegítimo del pueblo, para este caso, en el
órgano legislativo del Estado lo cual además, conlleva un traumatismo en la
conformación, organización y debida ejecución del Congreso que en últimas
afecta el debido funcionamiento del aparato estatal considerado en su conjunto.

Entonces, como se encuentra probado para la Sala que la demandada compró
votos, sin que a la fecha se cuente con una cifra exacta, lo cual en manera alguna
incide en la gravedad de la conducta por ella desplegada, por cuanto,
independientemente de que haya comprado uno, cien o millones de votos, lo
cierto es que la conducta irregular, atentatoria de los principios democráticos del
Estado, fue cometida por ella directamente o con su anuencia, por lo que dicha
conducta merece un severo reproche desde el punto de vista del medio de control
de nulidad electoral.

(…)

Así las cosas, al haberse falseado el voto de varios de los electores por parte de
la señora Aida Merlano Rebolledo a través de una estructura organizada liderada
por ella misma, se afectó su pureza y la libertad de los votantes, por lo que es
claro para la Sala que se han desconocido los artículos 40 numeral 1 y 258 de la
Constitución Política que consagran el derecho a elegir y ser elegido y a que el
voto sea libre y secreto, además, de todos los principios democráticos de orden
constitucional que rigen la materia electoral.

Así las cosas, en ese pronunciamiento la Sección Quinta del Consejo de Estado
explicó suficientemente que los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución
Política hacen parte del fundamento normativo de las elecciones populares en
Colombia y expuso las razones por la cuales irradian y afectan el sistema
democrático del país.

Es decir, en esa providencia se precisó que el acto de elección sí debía fundarse
en dichas normas y al encontrarlas afectadas se procedió a declarar la nulidad de
la elección demandado, contrario a lo que ocurre en el caso bajo estudio, en el
cual las disposiciones invocadas en la demanda no constituyen el fundamento
normativo del acto demandado y, aunque algunos de los actores citaron el artículo
40 Constitucional no lograron establecer la forma en que la presunta financiación
con fuentes prohibidas del demandado lo vulneraron.

Además, contrario a lo afirmado por la parte actora en el caso de la señora
Merlano Rebolledo no se hizo análisis alguno en lo referente a las fuentes de
financiación de su campaña, de hecho, sobre la temática se indicó:

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www.consejodeestado.gov.co
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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Corolario de lo anterior, no se hace necesario estudiar la presunta vulneración de
los artículos 24 y 27 de la Ley 1475 de 2011 invocados en la demanda, referentes
a las fuentes de financiación y a la violación de los topes económicos fijados para
la financiación de las campañas, por cuanto ello no hace parte del litigio fijado
dentro del presente asunto y además, ya fue estudiado dentro del proceso de
pérdida de investidura con radicado 11001031500020180129400 fallado en
primera instancia el 3 de septiembre de 2018 y cuyas pruebas soporte, coinciden
con las analizadas en este caso según se puede comprobar de la providencia
visible a folios 409 a 429 del expediente.

Al respecto, se precisa que en este evento no se censura si la campaña de la
demandada se financió con fuentes indebidas sino las prácticas contrarias a la
democracia adelantadas por ella con el fin de obtener su curul.

Y la regla de decisión que se sentó en ese evento fue la siguiente:

De igual forma, se sienta jurisprudencia en el sentido de precisar que las prácticas
corruptas adelantadas directa o indirectamente por candidatos a cargos de
elección que afecten la pureza y libertad del voto de los electores, constituyen una
causal de nulidad electoral independiente y diferente a la de violencia consagrada
en el numeral 1 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto con ellas se
desconocen los postulados y principios democráticos que deben regir el Estado
Social de Derecho como el colombiano, concretamente desconoce los artículos
40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política, normas de orden superior en que
este tipo de actos deben fundarse.

En ese orden de ideas, es evidente que el estudio que se realizó en ese evento
se centró en la violación de los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución
Política en lo que se refiere a la pureza y libertad del voto de los electores, no en
otro tipo de prácticas corruptas o delictivas y mucho menos en financiación
prohibida de campañas electorales, razón por la cual el alcance que le otorgan
los recurrentes a dicho pronunciamiento resulta equivocado.

De igual forma, la providencia del 22 de septiembre de 2022 en el expediente
11001032800020220012700 de la Sección Quinta de esta Corporación se hizo
referencia a la corrupción como causal genérica de nulidad electoral y a la causal
2 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, pero nunca se afirmó que el
desconocimiento de esta última derivara en nulidad de la elección, de hecho, el
análisis no llegó hasta ese punto, porque se consideró que los hechos objeto de
la demanda no estaban acreditados.

En este mismo sentido, se advierte que las acusaciones incluidas por algunos de
los recurrentes en el escrito de apelación según las cuales el 29 de octubre de
2023 se pagó a algunas personas que respaldaron la campaña del demandado y
la presunta vulneración de los artículos 109 y 258 de la Constitución Política
derivada de los hechos objeto de controversia, no fueron ventiladas en primera
instancia, sino que solo se hizo referencia en los recursos bajo estudio, razón por
la cual no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que no

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

hicieron parte de la fijación del litigio que quedó en firme en primera instancia y,
además, el demandado no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa
respecto de aquellas, por lo que cualquier decisión al respecto atentaría contra el
debido proceso.

Ahora bien, con base en lo expuesto, no hay necesidad de entrar a analizar si el
demandado, su tío César Augusto Sánchez Quintero o su cónyuge Natalia
Sánchez Silva financiaron o no su campaña a la Alcaldía de Floridablanca
(Santander) o si se encuentran en los supuestos de financiación prohibida
consagrados en los numerales 5 y 7 de la Ley 1475 de 2011, toda vez que es
claro que el desconocimiento de dichas disposiciones no conlleva a la nulidad de
la elección cuestionada.

Al margen de lo anterior, el hecho de que el mismo Tribunal Administrativo de
Santander en otra de sus salas haya declarado la nulidad de la elección de
algunos concejales de Floridablanca por los mismos hechos y por la vulneración
de las mismas normas invocadas en las demandas objeto de estudio, no tiene
nada que ver en el estudio que se efectúa en esta instancia, máxime que no se
tiene competencia para revisar ni emitir pronunciamiento alguno respecto de
controversias ajenas a las que se ventilan en este proceso vía recurso de
apelación.

Además, lo decidido en otros asuntos por esa corporación no tiene injerencia ni
resulta vinculante para el Consejo de Estado para la resolución del problema
jurídico puesto en su conocimiento vía impugnación.

Ahora, para el evento en que se produzcan decisiones contradictorias al interior
de una misma corporación, el legislador ha consagrado figuras como las de las
sentencias de unificación reguladas en los artículos 270 y 271 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, no
existe ninguna solicitud al respecto en este caso por lo que no hay lugar a hacer
ninguna manifestación adicional al respecto.

Conforme a lo expuesto, es claro que el único argumento de los apelantes que
tiene vocación de prosperidad es el referido a la no configuración del fenómeno
jurídico de la caducidad respecto del cargo relacionado con el desconocimiento
del numeral 7 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, por lo tanto, hay lugar a
revocar el numeral segundo de la sentencia recurrida frente a ese punto. No
obstante, como se concluyó con suficiencia que ni el desconocimiento de dicha
disposición ni del numeral 5 del mismo artículo conllevan a la nulidad de la
elección demandad, hay lugar a confirmar la sentencia del 13 de diciembre de
2024 del Tribunal Administrativo de Santander, en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

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Demandantes: Vidal Martínez Segura y otros
Demandado: José Fernando Sánchez Carvajal – alcalde de Floridablanca
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00868-02 (Acum).

Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 13 de diciembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de conformidad con
lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada que negó las
pretensiones de nulidad de la elección de José Fernando Sánchez Carvajal como
alcalde de Floridablanca, período 2024-2027.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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