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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03177-00

Fecha
13 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03177-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del municipio de Bucaramanga, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Concejo Municipal de Bucaramanga, el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Pablo Vergel en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03177-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03177-00
Demandante: Pablo Vergel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Debido proceso / Impulso procesal en medio de control de nulidad
electoral
Decisión: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Pablo Vergel, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Pablo Vergel promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, el cual consideró vulnerado con
ocasión de la mora en que ha podido incurrir el Consejo de Estado, Sección Quinta,
para proferir sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad electoral
identificado con el radicado 68001233300020230082002.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral se presentó demanda
en contra de Jaime Andrés Beltrán Martínez, con la finalidad de cuestionar la
legalidad del acto administrativo mediante el cual se declaró su elección como
alcalde de Bucaramanga, para el periodo 2024-2027, por la causal de doble
militancia.

2.2. Se vulneraron sus derechos fundamentales debido a la falta de impulso
procesal en el referido proceso ya que a la fecha no se ha proferido sentencia de

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03177-00
Demandante: Pablo Vergel

segunda instancia, lo cual, además, permitió que continuara la negativa del alcalde
a dar cumplimiento al Acuerdo Municipal 026 de 2022, que permite izar la bandera
LGBTIQ+.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Que se conceda la tutela para proteger mi derecho fundamental a la administración
de justicia pronta y efectiva, ordenando al Consejo de Estado la emisión inmediata del fallo
definitivo sobre el proceso de doble militancia contra Jaime Andrés Beltrán.

2. Que, en virtud de la conexión directa entre la demora en el fallo y la vulneración de mis
derechos fundamentales (igualdad, dignidad y no discriminación) por la negativa reiterada
del alcalde a izar la bandera LGBTIQ+, se reconozca dicha vulneración y se adopten las
medidas necesarias para su reparación.

3. Que se ordene al Consejo de Estado informar públicamente los tiempos y avance del
trámite del proceso para garantizar transparencia y acceso a la justicia.

4. Que se tomen medidas provisionales para proteger mis derechos fundamentales mientras
se resuelve el proceso judicial, en especial, garantizar el respeto a la diversidad y evitar
actos discriminatorios en la administración municipal […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo Nacional Electoral2 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no es la autoridad encargada de
satisfacer las pretensiones del demandante ni tuvo participación directa ni indirecta en
la configuración de los hechos materia de la petición constitucional.

4.1. El Concejo Municipal de Bucaramanga3 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, ya que el demandante dirigió su solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, es decir, no existió una conducta
atribuible a esta dependencia; sin contar, con que la tutela no es el mecanismo
adecuado para acelerar decisiones judiciales en curso, salvo que se demuestre un
perjuicio irremediable, lo cual no ocurrió, al contrario, el acuerdo que se mencionó en el
escrito inicial no hizo referencia al tema tratado en el escrito inicial, esto es, la presunta
negativa del alcalde a izar la bandera LGBTIQ+.

5. El Consejo de Estado, Sección Quinta4 luego de hacer un recuento de las
actuaciones jurídico-procedimentales surtidas en el expediente cuyo impulso se
pretendió, solicitó se declarara la falta de legitimación en la causa por activa, toda vez
que el demandante no ostenta ninguna relación con aquel o, en su defecto, se negara
el amparo porque no explicó ni justificó cómo la decisión de nulidad electoral que se
adoptará podría afectar los derechos fundamentales invocados, por cuanto, insistió en

2 Ver índice 8 de Samai, actuación denominada «7_MemorialWeb_Respuesta-
RespuestaAccionCon(.pdf) NroActua 8».
3 Ver índice 9 de Samai, actuación denominada «8_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 9».
4 Ver índice 9 de Samai, actuación denominada
«11CONTESTACIONDE_RINDEINFO_20250317700Contestac(.pdf) NroActua 10».
2

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Demandante: Pablo Vergel

el incumplimiento del Acuerdo 026 de 2022 del Concejo de Bucaramanga. lo cual es
ajeno al trámite procesal.

6. Carlos Arturo Duarte Martínez5 luego de hacer un recuento de las actuaciones
jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, indicó que, pese
a que no se configuró la mora judicial dentro del proceso en cuestión, este ya debió
concluir hace un mes con sentencia favorable al alcalde Jaime Andrés Beltrán, fundada
en la ausencia de certeza del elemento modal.

7. La Registraduría Nacional del Estado Civil6 solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no es responsable de proteger
los derechos señalados por el demandante, ya que no fungió como juez natural dentro
del proceso administrativo en el que se profirieron las decisiones cuestionadas.
Además, la verdadera intención fue convertir el amparo en una tercera instancia.

8. El Tribunal Administrativo de Santander7 luego de hacer un recuento de las
actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso,
solicitó su desvinculación comoquiera que no ha realizado actuación alguna que
vulnerara los derechos invocados por la parte demandante, pues, profirió el fallo de
primera instancia, resolvió las solicitudes de aclaración y adición, y una vez en firme,
concedió el recurso de apelación.

9. La Alcaldía de Bucaramanga8 solicitó que se declarara improcedente la petición
de amparo, por no acreditar los requisitos generales de la procedibilidad de la
inmediatez y la subsidiariedad, ya que no se agotaron los mecanismos ordinarios ante
la administración municipal, al no haberse demandado el Acuerdo. 028 de 2022 y al
pretender intervenir en un proceso judicial en curso, el cual cuenta con sus propios
medios de impulso y defensa.

9.1. Además, no es la vía idónea para exigir al Consejo de Estado que emita un fallo
de forma inmediata en un proceso contencioso en trámite, ya que ello afectaría la
autonomía judicial y el debido proceso de las partes. En cuanto a los derechos
invocados, estos fueron garantizados con la expedición del Acuerdo 028 de 2022, sin
que izar o no la bandera LGBTIQ+ implique su desconocimiento.

9.2. Finalmente, requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

10. Los demás terceros con interés9 guardaron silencio.

5
Ver índice 12 de Samai, actuación denominada «11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
202503177Respuesta(.pdf) NroActua 12».
6
Ver índice 13 de Samai, actuación denominada «12_MemorialWeb_Respuesta-21RESPUESTA(.pdf)
NroActua 13».
7
Ver índice 14 de Samai, actuación denominada «13_MemorialWeb_Alegatos-Contestacionaccion(.pdf)
NroActua 14».
8
Ver índice 16 de Samai, actuación denominada «18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RTA_AT___Proceso(.pdf) NroActua 16».
9 Mediante auto del 28 de mayo de 2025 se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular a Édgar

Solier Millares Escamilla, Edwing Fabian Diaz Plata, Juan Nicolas Gómez Herrera, Sandra Cecilia
3

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Demandante: Pablo Vergel

2. Consideraciones

11. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) falta de legitimación
en la causa por pasiva; iv) determinación del problema jurídico; v) legitimación en causa
por activa en la solicitud de tutela, y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

12. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 del 6
de abril de 202110 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Cuestión previa

13. La Sala precisa que, el municipio de Bucaramanga alegó una presunta temeridad
con ocasión de las decisiones emitidas en los procesos constitucionales con radicados
68001-40-03-001-2025-00252-00, 68001-22-13-000-2025-00237-00 y 68001-3187-
004-2024-00014-00, 68-001-31-09-008-2025- 00048-00, tramitados ante el Juzgado
Primero Civil Municipal de Bucaramanga, la Sala Civil y la Sala Penal del Tribunal
Superior de ese distrito y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga con
Funciones de Conocimiento, respectivamente.

14. Al respecto, se evidencia que no se configura identidad de partes, causa petendi
ni objeto, pues, aunque no se cuenta con copia de los escritos de tutela, del contenido
de las decisiones es claro que ninguna aborda la presunta mora atribuida al Consejo
de Estado, Sección Quinta para dictar sentencia de segunda instancia en el proceso de
nulidad electoral radicado bajo el número 68001233300020230082002. En
consecuencia, no resulta procedente que esta Sala declare la existencia de temeridad.

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

15. La Constitución Política11 reconoce el derecho y mecanismo para reclamar ante
cualquier autoridad judicial la protección frente a la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o

Serrano Rodríguez, Jaime Andrés Beltrán Martínez, Carlos Augusto González Duarte, José Augusto
Tamara Garrido, José Gualdrón Guerrero y Mauricio Gómez Niño.
10 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela.
11 Artículo 86.

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Demandante: Pablo Vergel

amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

16. La Corte Constitucional12 en relación con la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de tutela, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental13. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”14, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los
de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar
primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar
el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones
plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”15 Ello obliga,
por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la
demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin
perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

17. El municipio de Bucaramanga, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Concejo Municipal de Bucaramanga, el Tribunal Administrativo de Santander y el
Consejo Nacional Electoral solicitaron su desvinculación del presente trámite
constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva comoquiera que no se
les atribuyó actuación alguna que vulnerara los derechos invocados por la parte
demandante.

18. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su llamado al presente asunto fue en
calidad de terceros con interés en razón a su vinculación y conocimiento en el proceso
contencioso-administrativo cuyo impulso se pretendió, y en aras de garantizarles su
derecho de defensa y contradicción, por lo que se negará tal solicitud.

2.4. Problema jurídico

19. La Sala deberá definir: ¿si Pablo Vergel cuenta con legitimación en la causa por
activa en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta?

2.5. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela

20. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho

12 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
13 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
14 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
15 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03177-00
Demandante: Pablo Vergel

a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales; en
el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 199116, así:

Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

21. La Corte Constitucional17 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:

«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 199718, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva
de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

Más adelante, la sentencia T-086 de 201019, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:

“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone
a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).

Asimismo, en la sentencia T-176 de 201120, este Tribunal indicó que la legitimación en la
causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de tutela
tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.

En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 201621, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre que
se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio, a través
de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y (ii)
procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.

Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 201622, esta Corporación reiteró que el estudio
de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y constituye un
presupuesto procesal de la demanda.

16 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
17 Sentencia T-511 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
19 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
20 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-452 de
200123, T-372 de 201024, y la T-968 de 201425, este Tribunal estableció que se encuentra
legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la manifestación
que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que, en efecto, el titular
del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para interponer la acción, ya
sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda deducirse del contenido de la
misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado de solicitar el amparo constitucional.

En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201526, reiterada en la T-467 de
201527, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de especial
protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la prueba del
estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.

En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una persona
se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando demuestra que
tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo que se revisa en
sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial pueda concluir que el
derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».

22. Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías procesales
para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado, ii) a través de
representante legal o de apoderado judicial, iii) por medio de agente oficioso y iv) por
conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.

2.6. Análisis de la Sala

23. Pablo Vergel promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara al Consejo de Estado,
Sección Quinta proferir sentencia de segunda instancia en el medio de control de
nulidad electoral identificado con el radicado 68001233300020230082002.

24. Con relación a lo anterior, entonces, es necesario evaluar si Pablo Vergel tiene
la titularidad para reclamar el amparo de sus derechos fundamentales con fundamentó
en la presunta mora en que se ha podido incurrir para proferir sentencia en un asunto
de nulidad electoral que le es ajeno, pues no hizo parte de aquel como bien lo refirió la
autoridad judicial demandada, ni tampoco se acreditó lo contrario.

25. En concordancia con lo manifestado en el escrito inicial, la Sala precisa que
Pablo Vergel carece de legitimación en la causa por activa, pues, pese a que invocó el
amparo de derechos fundamentales propios, lo hizo respecto de una actuación judicial
que le es totalmente ajena en la que no es parte ni coadyuvante, sin que acreditara o
alegara interés alguno.

26. Así, de evidenciarse que la mora alegada pudiera generar la amenaza o
vulneración de algún derecho fundamental, es claro que la titularidad sería de aquellos
que tuvieran la condición de partes o coadyuvantes en el correspondiente proceso
contencioso-administrativo, calidad que, se insiste, no tiene Pablo Vergel, por lo que no

23 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
25 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
26 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
27 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03177-00
Demandante: Pablo Vergel

está llamado a discutir sobre el interés jurídico allí ventilado, configurándose la carencia
de su legitimación en la causa por activa.

3. Decisión

27. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala declarará la falta de
legitimación en causa por activa de Pablo Vergel en la solicitud de tutela presentada
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del municipio de Bucaramanga, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Concejo Municipal de Bucaramanga, el
Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo Nacional Electoral, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Pablo Vergel en la
solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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