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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2019-02946-01

Nulidad electoral: contra el acto de elección de concejal municipal

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
89 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2019-02946-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Problema jurídico

  1. ¿Debe excluirse como prueba ilícita la videograbación de respaldo político tomada y publicada sin el consentimiento del demandado?

  2. ¿Puede configurarse la doble militancia en la modalidad de apoyo el día de la elección?

  3. ¿Se configuró la doble militancia por apoyo del concejal a un candidato distinto al inscrito por su partido?

  4. ¿Prospera la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil?

Reglas

  1. La modalidad de apoyo de la doble militancia proscribe cualquier ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento a un candidato distinto al avalado por la organización política del acusado.

    «no cabe duda de que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida»
  2. El elemento temporal de la doble militancia por apoyo se extiende hasta el día de la elección, incluido este, de modo que el apoyo puede configurarse también ese día.

    «puede igualmente tener lugar el día de la elección, cuando el desconocimiento de la previsión se produce allí»
  3. Las plataformas digitales son campos en los que pueden desarrollarse apoyos políticos, y los mensajes de datos y capturas de pantalla pueden constituir actos de respaldo proscritos.

    «la Sala estima que las plataformas digitales son campos en los que pueden desarrollarse apoyos políticos»
  4. Un video de respaldo político grabado en un espacio semipúblico puede valorarse como prueba aunque falte el consentimiento de quien aparece, porque su expectativa de privacidad se reduce.

    «los actos registrados en espacios públicos o semi–públicos tienen valía probatoria –sin importar la existencia de consentimiento»
  5. El titular de una cuenta de redes sociales responde por el contenido publicado por su administrador delegado, porque la delegación no le exime de responsabilidad.

    «la delegación en la gerencia y gobierno de las plataformas digitales y, por ende, del contenido subido a ellas, no exime de responsabilidad a sus titulares»
  6. La Registraduría Nacional del Estado Civil no responde por la doble militancia, porque el poder sancionatorio sobre esa conducta reposa en el Consejo Nacional Electoral.

    «el poder sancionatorio administrativo en punto de la configuración de la doble militancia reposa en el Consejo Nacional Electoral»

Decisión

Declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y confirma la sentencia que accedió a las pretensiones de nulidad electoral contra la elección del concejal.

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con fundamento en los planteamientos plasmados en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de marzo de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído. TERCERO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2019-02946-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

26 de agosto de 2021

NULIDAD ELECTORAL - Contra el acto de elección de concejal municipal / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Probada respecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil

La revisión detallada de los antecedentes que gobiernan esta causa judicial, permite a la Sección Quinta advertir que en el desarrollo de la primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió decidir la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la RNEC. (…). Bajo ese panorama, la Sala destaca que en el marco de los juicios de nulidad electoral la ubicación procesal de la RNEC resulta ser especial, de conformidad con el artículo 277.2 del C.P.A.C.A., y se vincula a la relevancia de sus actuaciones en el procedimiento de adopción del acto enjuiciado, así como a la imputabilidad que le corresponde en relación con los cuestionamientos de ilegalidad que se ventilan en cada proceso. (…). En efecto, ninguna de las situaciones fácticas y jurídicas propuestas por los demandantes busca desvirtuar la juridicidad de la conducta pública de este órgano electoral, centrando su inconformidad en el desconocimiento de los artículos 107 constitucional y 2.2 de la Ley 1475 de 2011, producto de los apoyos indebidos otorgados por el accionado en beneficio de un candidato a la Gobernación de Antioquia inscrito por una agrupación política distinta al Partido Conservador, que avaló su candidatura. De esta manera, la Sala resalta que las acusaciones que cimientan las demandas sobrepasan las competencias constitucionales y legales de la RNEC (…), teniendo en cuenta que el poder sancionatorio administrativo en punto de la configuración de la doble militancia reposa en el Consejo Nacional Electoral, a la luz de las prescripciones normativas del inciso final del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, en armonía con el artículo 265.12 de la Constitución. (…). Así las cosas, se declarará probada la excepción propuesta por esa entidad, a la manera como se plasma en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con aclaración de voto presentada por el Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. Sobre la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil a los procesos de nulidad electoral, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 19 de noviembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 05001-23-33-000-2019-03317-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de 1° de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 05001-23-33-000-2020-00006-01.

COMPETENCIA FUNCIONAL – Aspecto ya resuelto por el juez de primera instancia

[E]n consideración de esta Judicatura, los reclamos de la incompetencia funcional de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia no deben ser objeto de revisión al desatar el recurso propuesto contra el fallo de 23 de marzo de 2021, por tratarse de aspectos que han sido zanjados en el desarrollo del trámite incidental de nulidad iniciado por el demandado con fundamento en estos motivos, mediante decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. De esta manera, se recuerda que con auto de 26 de abril de 2021, el fallador de primera instancia resolvió negar los cuestionamientos de invalidez presentados por el accionado contra la sentencia, explicando, entre otros, que para el momento de su adopción, la Sala disponía de quorum decisorio –ante la designación de la doctora Velásquez Bedoya por parte de la Sala Plena de esta Corporación–, sin que se identificaran circunstancias que hubieren vulnerado el derecho al debido proceso de las partes. La decisión de 26 de abril fue confirmada al resolver la reposición presentada en su contra, adquiriendo inmutabilidad luego del rechazo del recurso de apelación. (…). Dicho ello, esta Sección excluye cualquier tipo de pronunciamiento en ese sentido, al corresponder a una discusión que cuenta con una determinación judicial definitiva, debidamente ejecutoriada.

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Generalidades / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Modalidades / FINALIDAD DE LA DOBLE MILITANCIA POLÍTICA

[E]l ordenamiento jurídico [numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011], prevé una consecuencia clara y expresa cuando el candidato incurra en la prohibición de doble militancia la cual, vale la pena aclarar, ha sido definida por esta Sección como una prohibición que no puede leerse de forma aislada, pues para determinar cuándo una persona está inmersa o no en la causal de inelegibilidad es necesario recurrir al texto del artículo 107 Superior y al artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, que se alegan vulnerados en este caso. (…). De la transcripción de la norma Superior [artículo 107] se desprende con claridad que está prohibido: (i) a los ciudadanos, pertenecer de manera simultánea a dos o más partidos o movimientos políticos y, (ii) a quienes aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Por su parte, la ley estatutaria citada [Ley 1475 de 2011], en su artículo 2º, no solo replica las modalidades de doble militancia previstas en la norma constitucional, sino que además incluye otros eventos en los cuales la prohibición se materializa. Bajo tal marco, la Sección Quinta del Consejo de Estado, haciendo un análisis armónico de las normas en cita, ha entendido que en la actualidad existen cinco modalidades en las que se puede materializar la prohibición de doble militancia, a saber: “i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011). ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política). iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011). iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011). v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)”,. (…). [S]e ha definido que estas modalidades apuntan a la consecución del propósito común, de “crear un régimen severo de bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político”, pues su finalidad es, precisamente, dar preponderancia a los partidos y movimientos políticos sobre los intereses personales de los candidatos.

Finalmente, es de anotar que se ha entendido que la figura de doble militancia incluye a todas las agrupaciones políticas sin importar que aquellas tengan o no personería jurídica. Sin embargo, no se puede perder de vista que esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en su parágrafo una excepción en esta materia, que es aplicable a cualquiera de los eventos en los que ésta pueda presentarse.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con las generalidades de la doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de diciembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 19001-23-33-003-2019-00368-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1° de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2020-00018-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1° de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate (E), radicación 05001-23-33-000-2020-00006-01. Con respecto a la doble militancia y las modalidades existentes, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de noviembre de 2016, CP. Alberto Yepes Barreiro, radicación 52001-23-33-000-2015-00841-01. Sobre las cinco modalidades en las que se puede materializar la prohibición de doble militancia, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de septiembre de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 63001-23-3-000-2015-00361-01 (acumulado); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 730001-23-33-000-2015-00806-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 52001-23-33-000-2015-00841-01. En cuanto al propósito de la definición de la prohibición de doble militancia, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En cuanto a que la figura de doble militancia incluye a todas las agrupaciones políticas sin importar que aquellas tengan o no personería jurídica, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Presupuestos para su configuración en la modalidad de apoyo / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Elementos que configuran la causal en la modalidad de apoyo / DERECHOS DEL ELECTOR

En atención a que en el caso de autos se invoca la configuración de la modalidad consistente en miembros de organizaciones políticas que apoyan a candidatos de otra organización, se estima pertinente reiterar los elementos que la configuran, que han sido destacados en varias oportunidades por la Sección: “i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular. ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente. Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio. Así las cosas, no cabe duda de que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política. iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas.”. En cuanto el elemento de la conducta prohibitiva, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del 3 de diciembre de 2020 de esta Sala de Decisión, a través de las cuales a partir de la jurisprudencia de la Sección, se precisaron aspectos tales como: (i) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político. (ii) Los actos de acompañamiento político pueden provenir de una sola actuación, de una sola manifestación de apoyo o de actividades concatenadas; (ii) El apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido. (iv) La probanza del comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable. (v) El actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato. (…). De otra parte, se estima pertinente reiterar que la doble militancia en nuestro ordenamiento jurídico es tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático en materias de decisión. (…). En el caso de autos tiene especial importancia la protección de los derechos constitucionales del elector, respecto de la cual vale la pena destacar que desde 1991 el Estado colombiano optó por estructurarse como un Estado Social de Derecho. (…). En efecto, a la democracia representativa se le suma de manera trascendente la democracia directa o participativa.

En este contexto, el pueblo en calidad de soberano adquiere un mayor realce, a partir del conjunto de derechos que hace posible la participación. En esa medida, la Constitución Política advierte que todo ciudadano tiene derecho a participar de la conformación, ejercicio y control del poder político; para tal efecto cuenta con la posibilidad de “elegir y tomar parte en elecciones participando políticamente” y en los escenarios civiles, como puede ser los mecanismos de democracia participativa y en todos los asuntos, de cualquier índole, que les afecte. (…). Se establece que la organización electoral debe suministrar a los votantes instrumentos que les permitan identificar con claridad los movimientos, partidos políticos y candidatos. En consecuencia, la ley puede implantar mecanismos de votación que tiendan siempre a “garantizar” el libre ejercicio del derecho del elector. (…). En consecuencia, en un Estado Social y Democrático de Derecho la libertad del elector debe ser amparada con el fin de poder hacer válida la democracia; de allí que se rechace de manera enfática la manipulación del elector, propia de los regímenes autoritarios, y se dirija el accionar del Estado a fin de garantizar “la correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía”. (…). En este orden de ideas, hace parte de esas reglas de protección de la “libertad del elector” la pretensión consistente en que en el proceso electoral, el que sea, se comporte bajo la “doble exigencia de lealtad y claridad”. (…). De tal suerte, que en las elecciones unipersonales, por ejemplo, el elector debe gozar de la claridad del programa político expuesto por el candidato, así como de su lealtad en que dicho contenido ideológico y programático no será alterado ni cambiado por otro, ni por circunstancias electorales meramente coyunturales y con miras a transformar un resultado electoral. (…). En consecuencia, la “doble exigencia” proporciona legitimidad a los procesos electorales y permite sostener el sistema democrático. (…). Una de las formas que garantizan constitucionalmente la salvaguarda y protección de la libertad del elector, es la prohibición de doble militancia. En efecto, en variada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado que la prohibición a los ciudadanos de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político tiene origen constitucional. En consecuencia, no es una determinación que provenga solamente del legislador, sino que este la desarrolla por devenir directamente de la Constitución. Así pues, la prohibición constitucional de doble militancia surge de la confianza depositada por el elector en un determinado y específico plan de acción política. Confianza que no puede verse estropeada y arruinada, por la decisión personalista y egoísta del candidato o elegido de no honrar el acuerdo tácito –tanto programático como ideológico– con su elector.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a los presupuestos para la configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1° de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate (E), radicación 05001-23-33-000-2020-00006-01. Sobre los elementos que configuran la doble militancia en la modalidad consistente en que miembros de organizaciones políticas apoyan a candidatos de otra organización, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de agosto de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 63001-23-33-000-2016-00008-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2016, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 68001-23-33-000-2016-00043-01.Sobre los elementos que configuran la doble militancia en su modalidad de apoyo, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 730001-23-33-000-2015-00806-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 50001-23-33-000-2016-00077-01. Sobre consideraciones relacionadas con el elemento de la conducta prohibitiva en la doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de agosto de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2019-00088-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00. En cuanto que la doble militancia en nuestro ordenamiento jurídico es tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático en materias de decisión, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de diciembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 19001-23-33-003-2019-00368-01. Sobre la democracia participativa y que los elegidos son verdaderos voceros de la voluntad popular y están sometidos al mandato de los electores, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el ejercicio libre del derecho y el derecho fundamental al voto, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sobre la finalidad del Estado de garantizar la correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-551 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Del concepto moderno de democracia, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-141 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo; Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre la protección a la libertad del elector bajo la doble exigencia de lealtad y claridad que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de decisión, consultar, entre otras: Corte Constitucional, sentencia C-551 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; Corte Constitucional, sentencia C-397 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; Corte Constitucional, sentencia C-784 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa; Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. En cuanto a que la doble exigencia proporciona legitimidad a los procesos electorales y permite sostener el sistema democrático, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-890 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sobre la prohibición de doble militancia, que garantiza la salvaguarda y protección de la libertad del elector, consultar, entre otras: Corte Constitucional, sentencia C-342 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; Corte Constitucional, sentencia C-334 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

MEDIOS DE PRUEBA - Sobre las supuestas falencias halladas en el informe técnico presentado por el demandante

[L]a Sala resalta que no asiste razón al impugnante, pues ninguna de las irregularidades erigidas desvanece las conclusiones del informe, de cara al material probatorio practicado dentro del trámite judicial acumulado –y en particular del testimonio del señor Nicolás Ruiz Gaviria–, que permite claramente entender que las videograbaciones capturadas en el dispositivo móvil de la señora Daniela Martínez Gaviria guardaban identidad con el video publicado en Twitter por el administrador de las redes sociales del accionado durante su campaña al Concejo de Medellín para el periodo 2020-2023. En efecto, con el propósito de preservar la prueba –y previendo su futura supresión de la web–, el informe técnico allegado por el demandante Cañas Jaramillo tuvo como objeto proteger la integridad del video descrito, a partir del estudio del dispositivo celular en que había sido capturado en aras de ser presentado ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo. (…). [E]l informe ratificó la existencia de la prueba en el teléfono escrutado, así como su fuente relacionada con la cuenta personal de Twitter @carlosazuluaga. (…). Para la Sección Quinta, la certeza en cuanto a la identidad entre la prueba localizada en el teléfono y lo subido efectivamente a la red del accionado no se encuentra sujeto a hesitación alguna, comoquiera que las declaraciones rendidas por algunos testigos (…) permiten entrever que el registro fílmico (…) fue aquel posteado en el Twitter del demandado el 27 de octubre de 2019, aceptando que el medio de convicción que da origen a este debate fue publicado en la página del hoy demandado. (…). Así las cosas, para esta Judicatura es claro que para el día de las elecciones territoriales de 2019, en el perfil personal de Twitter del demandado, fue publicada la videograbación a la base de esta causa judicial acumulada, que acto seguido fue descargada y capturada en el dispositivo celular de la señora Martínez Arias, sometido al examen técnico del Laboratorio de Informática Forense DPHIR S.A.S., resultando de esa valoración la existencia del registro fílmico. (…). Lo anterior significa que si bien los análisis se desarrollaron días después a la publicación del registro fílmico, el video (…) fue subido al espacio digital algunas horas antes al cierre de las urnas en las justas de 2019, esto es, durante el desarrollo de la etapa electoral, sin que el desarrollo ulterior de las experticias pueda conllevar comprender que la videograbación no tuvo lugar en el marco de las referidas elecciones territoriales, como buscan hacerlo entender el accionando y su coadyuvante. Finalmente, la Sección Quinta del Consejo de Estado destaca que el vacío respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la reunión filmada el 26 de octubre de 2019 –y difundida un día después– no supone una inconsistencia del informe radicado por el señor Lucas Cañas Jaramillo, si se toma en cuenta que los detalles que caracterizaron este acto político no fueron objeto del referido medio de convicción, que limitó su alcance a la identificación del video en el teléfono en que previamente había sido capturado. (…). Ahora bien, la Sala no pasa por alto que el contexto de la reunión de 26 de octubre de 2019 es un asunto suplido mediante otras pruebas practicadas en el expediente, y cuya efectividad probatoria se establecerá en acápites posteriores, sin que sobre las condiciones modales del acto filmado exista alguna ausencia, pues, se itera, se trata de aspectos que son ratificados a través de otros medios de convicción.

En suma, el cargo no prospera, puesto que nada impedía que el Tribunal Administrativo de Antioquia ofreciera mérito probatorio al informe técnico inicial arrimado con la demanda radicada bajo el número 2019-03113-01 por parte del demandante Lucas Cañas Jaramillo, con la que se persiguió –y se persigue aún– la nulidad del acto declarativo de la elección del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz como concejal de Medellín por el Partido Conservador, y que fuera acumulada con los trámites que hoy son conocidos por esta Judicatura.

NOTA DE RELATORÍA: Respecto del análisis de la fecha de la publicación del registro fílmico o video durante el desarrollo de la etapa electoral, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de abril de 2014, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 76001-23-31-000-2011-01791-02.

MEDIOS DE PRUEBA - Sobre la licitud de la videograbación que sustenta los libelos introductorios / DERECHO A LA INTIMIDAD / MERA EXPECTATIVA DE DERECHOS DE LA PERSONA - Expectativa de privacidad / VALORACIÓN PROBATORIA – De actos en espacios públicos o semipúblicos sin importar la existencia de consentimiento / REDES SOCIALES – Titularidad de la información subida a plataformas digitales

[E]l accionado solicita la aplicación de la regla de exclusión de una presunta prueba ilícita. (…). En ese orden, la Sala se interesará en determinar si la elaboración y divulgación de la reproducción de voz e imagen del [demandado] (…) –que soportó el fallo de 23 de marzo de 2021– vulneró los derechos fundamentales alegados por este y, en especial, el de la intimidad, como situación que deba llevar a la exclusión de esta prueba en el contexto del proceso acumulado que se adelanta en su contra. Pues bien, en lo que respecta al derecho a la intimidad, como sustrato esencial de los Estados Democráticos en la actualidad, su transgresión se presenta como un asunto que no puede ser diagnosticado “ex ante”, pues pende del análisis de los rasgos definitorios de los casos puestos en consideración de la Judicatura y, por consiguiente, del despliegue de exámenes casuísticos que tomen en cuenta si, de cara a las particularidades, el solicitante de la protección “…en realidad podía suponer o confiar que las informaciones o contenidos [que lo conciernen] no podrían circular”. (…). [L]a “expectativa de privacidad” busca establecer si las condiciones de injerencia en los diferentes planos de la vida de las personas pueden ser tenidas como constitucionales o, si por el contrario, deben ser descartadas de pleno derecho por irrumpir ilegalmente en su órbita más íntima, conectada con el principio fundante de la dignidad humana. En su concreción práctica, el parámetro que se comenta [expectativa de privacidad] se distingue por la realización de 2 fases de estudio. En un primer momento, los análisis se centrarán en conocer si el ciudadano que depreca la salvaguarda de la intimidad “…puede considerar válidamente que su actividad se encuentra resguardada de la interferencia de otros”, para, posteriormente, juzgar si dicha valoración resulta o no oponible a los terceros que pretenden acceder a la información o a difundirla. (…). De esta manera, se ha comprendido que los sucesos ocurridos en ubicaciones espaciales privadas o semi–privadas –cuando han sido retratados en fotografías, grabados o puestos en forma de mensaje de datos– requieren para su elaboración y divulgación de la autorización expresa de quienes aparecen allí, requisito sin el cual las pruebas deben ser desestimadas en los procedimientos administrativos y procesos judiciales de acuerdo a las prescripciones normativas plasmadas en el inciso final del artículo 29 la Carta Política de 1991. (…). [L]a jurisprudencia construida por la Sala especializada en asuntos electorales de esta Corporación ha admitido que los actos registrados en espacios públicos o semi–públicos tienen valía probatoria –sin importar la existencia de consentimiento–, producto de que bajo estas circunstancias la “expectativa de privacidad” de quienes se ven involucrados se reduce, de cara a la situación a la que se encuentran expuestos. (…). De ello se desprende que la toma y difusión de videos que muestran el desarrollo de actos políticos en lugares públicos o semi–públicos se tienen como válidas y no desconocedoras del derecho a la intimidad, pues, se itera, no comprenden, en principio, manifestaciones de la vida privada de quienes se encuentran concernidos. (…). Pero además de lo anterior, la “expectativa de privacidad” ha sido igualmente sometida al carácter público o privado de la información que se registra en los videos, siendo menor la protección ofrecida por el derecho a la intimidad en tanto más se aleja de asuntos pertenecientes a la órbita privada de las personas. (…). Para la Sala, la descripción del escenario en el que tuvo lugar el evento permite concluir que, lejos de tratarse de un sitio privado o semi–privado, el marco en el que fuera tomado el registro foto–fílmico correspondió a un espacio semi–público en el que un grupo de personas se dio cita con el propósito de dialogar asuntos relativos a la campaña electoral que rodeó la elección territorial de 2019 en el Departamento de Antioquia.

En efecto, del análisis de la videograbación no se advierte que su elaboración hubiere sido efectuada en un recinto que permitiera al demandado desarrollar plena o parcialmente su vida íntima sin la interferencia de terceros –rasgo indeleble de la privacidad de un lugar–, pues, por el contrario, su intervención se inscribió en el ambiente de un encuentro plural de ciudadanos pertenecientes al Partido Conservador Colombiano que, coyunturalmente, fueron convocados para sondear aspectos políticos de la jornada electoral del día siguiente. (…). En este punto, se resalta que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los lugares semi–privados reúnen comúnmente a personas cuyos comportamientos y conductas están reguladas por códigos de convivencia y reglas preestablecidas –v. gr., sedes de trabajo, establecimientos educativos y religiosos–, diferenciándose de los espacios semi–públicos por la vocación de permanencia de las labores, pues para el caso de estos últimos la confluencia se produce para la puesta en marcha de una actividad puntual y no de actividades cotidianas como sucede con los primeros. (…). [L]a Sala debe tener por acreditado que el registro fílmico examinado fue grabado en un espacio semi–público en el cual, el demandado no podía considerar válidamente que su actividad estuviere completamente resguardada del escrutinio ajeno, puesto que el grado de exposición al que estuvo sometido reducía paralelamente su “expectativa de privacidad” y, por consiguiente, el amparo de su derecho a la intimidad frente a las intromisiones experimentadas que, para el caso particular, provinieron del interior de su campaña. De esta manera, esta Judicatura considera que, contrario a lo defendido por el recurrente, el contexto en el que fuera recobrada la videograbación impide que su valoración probatoria se supedite a la existencia o no de un consentimiento para su elaboración y/o difusión, al no haber sido ejecutada en el ámbito privado o semi–privado del accionado, sino tan solo en su esfera semi–pública, dando constancia de declaraciones dirigidas a un conjunto nutrido de personas. (…). Ahora bien, en segundo lugar, (…) la Sala resalta que una observación detenida del registro analizado conlleva concluir que el [demandado] (…) conoció de primera mano su elaboración durante el desarrollo del acto político filmado, como consecuencia de la cercanía de la cámara empleada, que incluso motivó a muchos de sus acompañantes a fijar la mirada en ella –(…)–, sin que dentro de la toma se pueda corroborar la desaprobación del demandado al gesto desplegado por su administrador de comunicaciones. (…). Ahora bien, y aunque el testigo refiere igualmente que el accionado no percibió que estaba siendo grabado, la Sala desestima el dicho, pues un análisis detenido del medio de convicción referenciado –video subido a Twitter– permite corroborar que, habida cuenta de la aproximación de la cámara y el espacio en el que se estaba desarrollando el acto–, el acusado debió percibir la grabación, a la manera como lo hicieron sus demás acompañantes. (…). En ese sentido, y más allá de lo referido por el testigo, lo cierto es que para la Sala, con base en las reglas de la sana crítica, el registro fílmico sí fue conocido en ese momento por el accionado que no se opuso a él, como se colige también de la cinta que no muestra una actitud negacionista atribuible al accionado. (…).

En tercer lugar, la Sala no pasa por alto que la videograbación arrimada con las demandas de nulidad electoral formuladas contra el accionando no contiene declaraciones vinculadas a informaciones del ámbito privado de éste, comoquiera que éstas se relacionan con aspectos de trascendencia democrática. (…). [L]a videograbación no plasmó datos personalísimos del acusado –que por ese hecho hubieren requerido de autorización para su tratamiento– comoquiera que correspondieron a informaciones con una relevancia colectiva, expresadas por quien postuló su nombre en el certamen democrático, proyectándose en el ámbito territorial como una figura pública, susceptible de ser grabada en su voz e imagen, particularmente en aquellos pronunciamientos hechos por fuera de su propia intimidad. En cuarto lugar, esta Judicatura considera que si bien, de acuerdo con el testimonio del señor Nicolás Ruiz Gaviria, la administración de la red social Twitter fue completamente delegada por la parte accionada a él, ello no obsta para entender que la titularidad siempre reposó en el demandado –comoquiera que las funciones eran desarrolladas en su nombre– y que cualquier tipo de falencia en el control del manejo responde a un asunto interno de su campaña que no puede ser utilizado para justificar el quebrantamiento del ordenamiento jurídico electoral. (…). Así, se entiende que la delegación en la gerencia y gobierno de las plataformas digitales y, por ende, del contenido subido a ellas, no exime de responsabilidad a sus titulares, toda vez que les resulta siempre imputable, al emplear su identidad, por lo que la información posteada no puede ser reprochada bajo el argumento de la no administración de la red social en la que se genera o por la ausencia de su consentimiento, comoquiera que es obligación del delegante velar por el adecuado uso de sus redes sin desprenderse completamente de la gestión de éstas. (…). En otras palabras, el encargo ofrecido imponía al accionado un correcto seguimiento “ex ante” y “ex post” al contenido publicado por su administrador digital, por lo que, en principio, las deficiencias ocurridas en este actuar no puedan servir como eximente de responsabilidad para desconocer el imperio normativo del instituto de la doble militancia política. En ese mismo orden, y frente a la cadena de autorizaciones que regían el vínculo contractual entre el demandado y el señor Ruiz Gaviria, la Sala encuentra que, más allá de sus dichos, en el expediente no reposa prueba que los valide, siendo de su carga probatoria demostrar a través de los medios pertinentes –contratos– las condiciones a las que estaba sujeto ese pacto obligacional. En quinto lugar, se destaca que la decisión de no excluir la videograbación de 26 de octubre de 2019, adoptada por el fallador de primera instancia y esta Sección, no vulnera el precedente judicial establecido en la sentencia de 6 de octubre de 2016, dictada por esta Sala en la radicación 50001-23-33-000-2016-00077-01, puesto que, por el contrario, lo ratifica. (…). En ese orden, se colige que, lejos de transgredir la regla jurisprudencial decantada, esta providencia la respeta, aduciendo que, por tratarse de un video tomado en un escenario semi–público, este merece ser valorado, a la manera como lo afirmó el Tribunal Administrativo de Antioquia en su fallo de 23 de marzo de 2021. (…). La Sala manifiesta que la diferenciación en el tratamiento responde al escenario en el que recayó cada uno de los referidos medios probatorios, pues mientras para el caso de la señora Martínez Arias el objeto del informe comprendía el estudio de su celular –ámbito personalísimo de su existencia–, la videograbación del demandado fue tomada en un espacio semi–público en el que su “expectativa de privacidad” era reducida por las anotaciones previamente hechas.

Finalmente, esta Judicatura manifiesta que, más allá de las discusiones que rodean la existencia del consentimiento para la toma y publicación del video referido, lo cierto es que el mensaje de respaldo existió en la realidad y fue dirigido a lo menos a los 20 acompañantes que en el marco de la reunión de 26 de octubre de 2019, se hicieron presentes en el sector de San Juan de la Comuna 13 de la ciudad antioqueña. En términos simples, los actos de apoyo fueron puestos en marcha en la realidad sin que las elucubraciones jurídicas en punto del consentimiento puedan ocultar lo sucedido. En suma, y en respuesta al segundo de los interrogantes erigido en el marco de esta sentencia, esta Sección afirma que, en contravía del accionado, el video de 26 de octubre de 2019, posteado el 27 siguiente en su cuenta oficial de Twitter, no debe ser excluida de este trámite judicial.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la aplicación de la regla de exclusión de una presunta prueba ilícita, consultar: Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En lo que respecta al derecho a la intimidad, consultar: Corte Constitucional, sentencia T-574 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Sobre el concepto de la “expectativa de privacidad”, con base en las nociones del derecho norteamericano, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-094 de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo; Corte Constitucional, sentencia C-881 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. De la aplicación del criterio relevante asociado al concepto de la “expectativa de privacidad”, consultar: Corte Constitucional, sentencia T-574 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Sobre la expectativa de privacidad y el principio de la dignidad humana, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-143 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre la validez de la expectativa de privacidad, consultar: Corte Constitucional, sentencia T-574 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo; Corte Constitucional, sentencia T-276 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2014-00030-00. En cuanto a que conforme a la ubicación espacial que tienen ciertos elementos y conductas, estos reciben una mayor o menor protección en términos de derecho a la intimidad, consultar: Corte Constitucional, sentencia T-276 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa. Respecto de los medios de convicción recobrados en ámbitos privados del individuo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 66001-23-33-000-2019-00777-01. Del ámbito privado y público en la campaña electoral, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 31 de octubre de 2018, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de diciembre de 2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 52001-23-33-000-2020-00015-02; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 66001-23-33-000-2019-00777-01. Sobre el desarrollo pleno o parcial de la vida íntima sin la interferencia de terceros como rasgo indeleble de la privacidad de un lugar, consultar: Corte Constitucional, sentencia T-407 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo. Del consentimiento como requisito “sine qua non” para la apreciación de una prueba, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00.

MEDIOS DE PRUEBA - Sobre la debida valoración de la videograbación / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - En la modalidad de apoyo

La Sección destaca que se trata de una prueba [el video] sobre la que no existen discusiones relativas a su autenticidad, toda vez que su autoría está ciertamente acreditada dentro del plenario, siendo atribuida al señor Nicolás Ruiz Gaviria en su calidad de administrador de las redes sociales del accionado en el desarrollo de la campaña política que precedió su elección como concejal de Medellín para el periodo 2020-2023. Una lectura detenida de la declaración permite sostener que, tal y como fuera concluido por el fallador de primera instancia, en las justas electorales de 27 de octubre de 2019, el demandado acompañó, en reunión adelantada con miembros del grupo “Conservadores de vida”, la aspiración política del señor Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia, a pesar de que su colectividad, esto es, el Partido Conservador Colombiano, había inscrito un candidato propio a la referida elección uninominal. En efecto, la visualización de la candidatura de Gaviria Correa como la “propia, la única…” y la convicción en el apoyo ofrecido, motivó al Tribunal Administrativo de Antioquia a establecer que, en el asunto de autos, el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz había incurrido en la conducta prohibida por el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, que proscribe la ayuda y, en general el respaldo, de aspiraciones no avaladas por el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos al cual se pertenece. Bajo este panorama, la Sala encuentra que ninguna de las alegaciones erigidas en el recurso de apelación –(…)– enervan las conclusiones a las cuales arribó el a quo. (…). Para la Sala, revisado el expediente se tiene que como lo señala el demandado la aspiración de Juan Camilo Restrepo Gómez fue objeto de una solicitud de revocatoria de inscripción ante el CNE, identificada con el número 17274-19, que fuera negada mediante Resolución N°. 5096 de 24 de septiembre de 2019, confirmada a través de decisión N°. 1181 de 3 de marzo de 2020. (…). [L]a Sección Quinta del Consejo de Estado considera que la simple existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción no permitía al demandado apoyar la candidatura –mediante el pronunciamiento de un mensaje de respaldo–avalada por una agrupación política distinta a la suya, máxime si se comprende que, tal y como ocurrió en el caso particular, la decisión que denegó primigeniamente la revocatoria fue adoptada con más de un mes de anticipación a la realización de las elecciones de 27 de octubre de 2019, dando claras muestras de certidumbre respecto de la solidez de la aspiración de Juan Camilo Restrepo Gómez por el Partido Conservador.

La coyuntura política vivida en el Departamento de Antioquia –como consecuencia de la no participación de las autoridades políticas regionales en la designación del candidato único del conservatismo a la Gobernación (Juan Camilo Restrepo Gómez)– no puede servir de excusa para desconocer los mandatos imperativos de una norma de orden público –artículo 2.2. de la Ley 1475 de 2011– que, de manera contundente, exige el respeto de la disciplina partidista como sustrato del principio democrático acogido en la Carta Política de 1991, como en otras oportunidades lo ha sostenido esta Sección, cuando la prohibición ha querido ser exceptuada mediante determinaciones adoptadas al interior de los partidos. (…). [E]sta Judicatura esgrime que esta circunstancia –apoyo dado a Juan Camilo Restrepo Gómez, candidato a la Gobernación de Antioquia por el Partido Conservador– no dispone de la prosperidad para neutralizar las conclusiones de respaldo halladas por el fallador de primera instancia, toda vez que lo cierto es que, además de los presuntos apoyos que se pretendieron dar al candidato oficial del Partido Conservador, el demandado declaró su respaldo a la aspiración del señor Aníbal Gaviria Correa, mediante un mensaje contundente que lo presentó frente a su electorado –por lo menos a sus seguidores en la red de Twitter– como su fórmula política a la Gobernación del Departamento de Antioquia. En términos llanos, la ayuda ofrecida a un candidato extraño no se desvanece por los apoyos paralelos que se conceden al propio. (…). El acto de publicación se constituye (…) un gesto de auxilio político que es reprochado a la luz de las previsiones del ordenamiento jurídico electoral. (…). Si bien la manifestación expresada por el demandado no se constituye en una invitación directa a votar por el señor Aníbal Gaviria Correa, esta Sección reconoce que el favorecimiento –exigido por la jurisprudencia de esta Sala– se deriva en esta oportunidad de un respaldo o adhesión que catapultó esta aspiración como aquella que representaba los intereses del accionado de cara a sus seguidores en Twitter, sin importar que de forma explícita no solicitara ejercer el derecho al sufragio activo en beneficio de ese candidato0. En ese orden, se itera, cualquier acto positivo y concreto que denote apoyo –lo que trasciende el hecho de invitar a votar por una aspiración determinada– (v. gr., la demostración de un respaldo económico), transgrede la prescripción constitucional y estatutaria que impone la disciplina de partido en este contexto. (…). Para la Sala basta con remitirse al testimonio del señor Nicolás Ruiz Gaviria para despachar negativamente este alegato, puesto que, en su condición de testigo y autor del video, ratificó el contenido del mismo, pretendiéndolo justificar en los argumentos que en la actualidad se estudian. En este punto, se indica que la declaración de este testigo –lejos de estar circunscrita a demostrar la autenticidad del video–, fue solicitado por los demandantes para que depusiera sobre todas aquellas circunstancias que le constaren en relación con los hechos de los libelos genitores. (…). En ese orden, no es cierto que las imágenes y reproducciones de la documental analizada no cuenten con refrendación probatoria adicional en el expediente. (…). La Sección estima que esta premisa resulta desconocedora de los avances tecnológicos y de la manera como se han empleado para efectuar proselitismo partidista. En consonancia, la Sala estima que las plataformas digitales son campos en los que pueden desarrollarse apoyos políticos, a la manera como lo ha reconocido entre otros asuntos en decisiones de 3 de diciembre de 2020, 1° de julio de 2021 y 29 de julio de la presente anualidad, en las que los mensajes de datos y capturas de pantalla desprendidas de las redes sociales adquieren la valía de actos susceptibles del respaldo que censura la doble militancia en su modalidad de apoyo. (…).

Esta Judicatura recuerda que la causal de prohibición estudiada no se supedita a la potencialidad de las voluntades que pudieron ser convencidas a través del acto de respaldo, toda vez que no se trata de un requisito exigido por la normatividad electoral; requiriéndose tan solo la existencia del apoyo. En este punto, se esgrime que la nulidad electoral busca proteger desde una órbita objetiva las prescripciones normativas que hacen parte de este subsistema jurídico, sin interesarse en aspectos como la antijuridicidad de la conducta que desconocen la esencia misma de este medio de control, como punto nodal que lo diferencia de otros mecanismos judiciales. Finalmente, la Sala resalta que el apoyo brindado por el accionado a la candidatura de Aníbal Gaviria Correa está igualmente acreditado mediante una captura de pantalla que, además de la videograbación de 26 de octubre de 2019, fue posteada en su cuenta oficial de Twitter el 27 de octubre de 2019 –sin que exista en su contra tacha de falsedad. (…). De todo lo anterior, se desprende que para las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019, el [demandado] (…) acompañó una aspiración distinta a la inscrita por el Partido Conservador a la Gobernación de Antioquia, que había avalado su postulación democrática al Concejo de Medellín para el periodo constitucional 2020-2023.

NOTA DE RELATORÍA: Del respeto de la disciplina partidista como sustrato del principio democrático acogido en la Carta Política de 1991, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre casos en que la prohibición de doble militancia ha querido ser exceptuada mediante determinaciones adoptadas al interior de los partidos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de marzo de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 19001-23-33-001-2019-00369-01. Del apoyo proscrito por el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011 que puede consistir en: “…diversas manifestaciones como el acompañamiento en la aspiración política, la ayuda prestada en la actividad política, la asistencia en varias modalidades y cualquier otra conducta que pueda favorecer los intereses del otro candidato en el debate electoral”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00. Sobre el hecho que las plataformas digitales son campos en los que pueden desarrollarse apoyos políticos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 3 de diciembre de 2020, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1° de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2020-00018-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1° de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate (E), radicación 05001-23-33-000-2020-00006-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de julio de 2021, radicación 47001-23-33-000-2019-00819-01, M.P. Rocío Araújo Oñate (E). En cuanto a que la nulidad electoral busca proteger desde una órbita objetiva las prescripciones normativas que hacen parte de este subsistema jurídico, sin interesarse en aspectos como la antijuridicidad de la conducta que desconocen la esencia misma de este medio de control, como punto nodal que lo diferencia de otros mecanismos judiciales, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2018-00051-00.

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Sobre el elemento temporal de la conducta censurada / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Su configuración en la modalidad de apoyo puede tener lugar el mismo día de la elección

Desde la perspectiva de este cuestionamiento, la doble militancia por apoyo no puede tener lugar el día de las elecciones, al tratarse de una fecha en la que el ordenamiento –específicamente el artículo 10° de la Ley 163 de 1994– prohíbe la puesta en marcha de actos de propaganda política, únicos comportamientos a través de los cuales puede llegarse a incurrir en esa causal de nulidad. (…). Pues bien, bajo el contexto descrito, la Sala expresa que no asiste razón al accionado por las razones que puntualmente se explican. (…). Un estudio de la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado permite aseverar que el día de las elecciones se constituye en el extremo final en que puede tener lugar la conducta prohibida que se pretende evitar mediante la institucionalización constitucional y estatutaria de la doble militancia en su modalidad de apoyo. (…). Se decanta de lo reproducido que si bien el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva aceptar que la configuración de la asistencia indebida debe suceder en el contexto de la campaña política, toda vez que “…solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra”; término que se extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración y hasta la fecha de la elección. Lejos de corresponder a una hermenéutica caprichosa, la extensión del elemento temporal hasta la fecha de la elección, incluido este día, responde a una filosofía que respeta la finalidad para la cual fue estatuida esta proscripción por parte del legislador de 2011, consistente en salvaguardar la disciplina partidista durante todo el procedimiento eleccionario, que supone no solo honrar las candidaturas inscritas por su partido o movimiento durante el desarrollo de la campaña, sino a la vez, respetarlas el día de la elección, cuando los ciudadanos acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto. Una interpretación distinta llevaría a contradicciones insalvables, que admitirían que aunque a los candidatos les está vedado con anterioridad a la elección apoyar o respaldar aspiraciones inscritas por colectividades políticas diferentes a las suyas, dicha prohibición desaparecería el día de la elección, en el clímax mismo del trámite democrático, habilitando los acompañamientos ilegítimos que busca depurar el sistema jurídico electoral a través de esta causal de nulidad. En ese orden, la Sección se ha decantado por construir una regla que comprende toda la actuación democrática –desde la inscripción del candidato y hasta la fecha en que tiene lugar la elección, incluida esta– con el propósito de velar por la teleología de la prohibición comentada y la coherencia del orden jurídico interno que para su eficacia exige la supresión de intelecciones discordantes que lleven a vaciar de contenido las normas que lo componen. (…). De ello se deriva que una hermenéutica armónica entre el dicho de la Corte [Constitucional] y las reglas erigidas por esta Judicatura, lleva a comprender que la doble militancia en su modalidad de apoyo –además de cristalizarse durante la campaña electoral (“ratio decidendi” de la sentencia del alto Tribunal constitucional)– puede igualmente tener lugar el día de la elección, cuando el desconocimiento de la previsión se produce allí, beneficiando mediante la puesta en marcha de actos positivos y concretos –como sucede en esta oportunidad– empresas proselitistas avaladas por otras corrientes políticas.

Establecido ello, resta a la Sala esclarecer que, como se ha sostenido hasta aquí, la conducta cristalizadora de la doble militancia podrá consistir en cualquier comportamiento con el que se favorezca “…los intereses del otro candidato en el debate electoral”, postulando un concepto jurídico indeterminado que deberá ser completado en cada caso sometido al estudio de los jueces electorales. Así, la doble militancia puede materializarse en acompañamientos, auxilios, promociones, ayudas, ventajas que, sin importar la naturaleza –dineraria o no, de dar o hacer– se dirigen a apoyar candidaturas ajenas a las del partido del que se es militante. Por consiguiente, trascendiendo la discusión de si la grabación y publicación del video se presentan como actos de propaganda electoral –proscritos el día de la elección, a las voces del artículo 10° de la Ley 193 de 1994–, dichos actos se constituyen en suma en actos de respaldo que buscaron posicionar la aspiración del señor Aníbal Gaviria Correa por la coalición “Es el momento de Antioquia”, como la fórmula política del demandado a falta de algunas horas para el cierre de las urnas en contravía de los intereses del Partido Conservador Colombiano, adhiriendo a una candidatura ajena a la auxiliada por esa colectividad. En otros términos, no solo la propaganda electoral conlleva doble militancia, sino cualquier conducta que se muestre como provechosa de candidatos extraños a la agrupación matriz del acusado. Precisado lo anterior, el cargo se niega.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que el día de las elecciones se constituye en el extremo final en que puede tener lugar la conducta prohibida que se pretende evitar mediante la institucionalización constitucional y estatutaria de la doble militancia en su modalidad de apoyo, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 24 de noviembre de 2016, radicación 52001-23-33-000-2015-00841-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00. Sobre la configuración de la asistencia indebida y que esta debe suceder en el contexto de la campaña política, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 52001-23-33-000-2015-00841-01. Respecto de la conducta cristalizadora de la doble militancia y que ésta podrá consistir en cualquier comportamiento con el que se favorezca “…los intereses del otro candidato en el debate electoral”, postulando un concepto jurídico indeterminado que deberá ser completado en cada caso sometido al estudio de los jueces electorales, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00.

EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – Solicitud desestimada / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Configurada en la modalidad de apoyo

La Sección no accederá a la inaplicación de los postulados del artículo 328 del C.G.P., rector de la competencia de los operadores judiciales en segunda instancia, teniendo en cuenta la fuerza normativa del principio de la justicia rogada que orienta el funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa –que impone que las partes esbocen las razones por las cuales debe desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos administrativos (para este caso de los actos electorales)– y porque no se advierte que con la aplicación de esa norma se transgredan previsiones de orden constitucional que hagan necesaria su entrada en el presente escenario contencioso. Así las cosas, la petición será desestimada. (…). De acuerdo con lo expuesto, para la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado la decisión de 23 de marzo de 2021 debe ser confirmada, al configurarse la totalidad de los presupuestos de la doble militancia por apoyo contenida en el artículo 2.2. de la Ley 1475 de 2011, al encontrarse demostrado que: (i) el demandado fue un candidato avalado por el Partido Conservador Colombiano al Concejo de Medellín en el contexto de las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019 –elemento subjetivo, acreditado con los formularios E-6 CON obrantes en el expediente–. (ii) el Partido Conservador Colombiano inscribió la candidatura de Juan Camilo Restrepo a la Gobernación de Antioquia –elemento modal de la conducta probado a través de los formularios E26 allegados al trámite–. (iii) el demandado apoyó la candidatura de un aspirante distinto al inscrito por el Partido Conservador en el marco de la contienda electoral que caracterizó la designación del Gobernador de Antioquia para el periodo 2020-2023, a saber, la del señor Aníbal Gaviria Correa a través de la grabación y publicación de un video de adherencia a su candidatura el 27 de octubre de 2019, a través de su red social Twitter como se vio.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 107 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 243 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 328 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 292 / LEY 1475 DE 2011 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 2 / LEY 527 DE 1999 - ARTÍCULO 16

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-33-000-2019-02946-01 (2019-03113-01, 2019-03268-01, 2019-03296-01, 2019-03004-01)

Actor: LUIS HUMBERTO GUIDALES GARCÍA Y OTROS

Demandado: CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ - CONCEJAL DE MEDELLÍN, PERÍODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Doble militancia en modalidad de apoyo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación propuesto por el demandado contra la sentencia de 23 de marzo de 2021, por medio de la cual la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de las demandas electorales formuladas contra el acto declarativo de la elección del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, como concejal del Municipio de Medellín para el periodo constitucional 2020-2023.

ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

1. Los señores Luis Humberto Guidales García, Luis Cañas Jaramillo, Julián Esteban Cárdenas Goez, Marco Antonio Herrera Suárez, Juan Carlos Restrepo Salazar y Carlos Emilio Ceballos Orozco presentaron de forma independiente demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 –en adelante C.P.A.C.A.– contra el acto de elección del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz como concejal del Municipio de Medellín para el periodo 2020-2023, contenido en el formulario E-26 de 6 de noviembre de 2019.

Hechos

2. Por tratarse de procesos acumulados que comparten los mismos supuestos fácticos, la Sala los narrará de forma conjunta, así:

3. El 26 de julio de 2019, el Partido Conservador Colombiano inscribió una lista de candidatos por voto preferente para el Concejo de Medellín integrada, entre otros, por el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, identificado con el número 1 en la tarjeta electoral.

4. En el contexto de estas mismas elecciones territoriales, el Partido Conservador registró la candidatura del señor Juan Camilo Restrepo Gómez a la Gobernación de Antioquia.

5. Igualmente, en estas justas, la coalición “Es el momento de Antioquia” postuló al señor Aníbal Gaviria Correa como su candidato a la Gobernación de ese departamento.

6. En el desarrollo de la campaña electoral que precedió a su elección como concejal de Medellín, los actores afirmaron que el demandado promovió la candidatura del señor Gaviria Correa a la Gobernación, como lo corroboraban algunas publicaciones posteadas por el accionado en su cuenta oficial de Twitter.

7. En particular, los accionantes refirieron al video de 26 de octubre de 2019 –subido a la web al día siguiente–, en el que el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, en reunión pública adelantada en la comuna 13 del Municipio de Medellín, manifestó abiertamente el respaldo a la candidatura del señor Gaviria Correa.

8. Asimismo, expresaron que el 27 de octubre de 2019 el accionado divulgó en esa misma red social mensaje de apoyo al candidato a la Gobernación inscrito por la coalición “Es el momento de Antioquia” en los siguientes términos:

"Carlos Zuluaga: 27 oct. Todos respaldando a @anibalgaviria a la @GobAntioquia #SomosConservadoresDeVida. #PresenteEnMiCiudad. #ConcejoC1.”

9. Los hechos de doble militancia fueron puestos en conocimiento de la Comisión Escrutadora Municipal de Medellín, autoridad electoral a la que se le solicitó abstenerse de declarar la elección del demandado.

10. En desmedro de ello, el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz fue elegido concejal de Medellín para el periodo constitucional 2020-2023.

Concepto de violación

11. Bajo una misma cuerda argumental, los demandantes de los 5 procesos electorales sostuvieron que el acto de la declaratoria de elección del demandado era nulo, con fundamento en las previsiones normativas contenidas en el artículo 275.8 del C.P.A.C.A., en concordancia con los artículos 107 constitucional y 2° inciso 2° de la Ley 1475 de 2011, al incurrir en doble militancia política, producto de los respaldos ofrecidos a la candidatura de coalición del señor Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia en el marco de la campaña política en la que resultó electo como concejal del Municipio de Medellín.

12. Ello, expusieron los accionantes, en contravía de los intereses del Partido Conservador, agrupación proselitista que disponía de aspirante propio a la Gobernación de ese departamento, vulnerando, por consiguiente, las normas internas de la mencionada colectividad, plasmadas en la Resolución N°. 578 de 21 de abril de 2015, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral había aprobado sus estatutos.

13. Para asegurar las pruebas extraídas de la red social del acusado–particularmente el video del apoyo indebido posteado en la red social de Twitter del demandado–, el demandante Lucas Cañas Jaramillo aportó informe de análisis forense a evidencia digital de 12 de noviembre de 2019, suscrito por el Laboratorio de Informática Forense DPHIR S.A.S. y, en especial, por los profesionales John Jairo Echeverry Aristizábal y Milton Alejandro Valencia Alonso.

14. En el referido informe se adelantó estudio de la videograbación contenida en el teléfono celular de la señora Daniela Martínez Arias –asesora del demandante Lucas Cañas Jaramillo– móvil en el que fue capturada el medio de convicción publicado en Twitter para impedir que su supresión en la web borrara cualquier tipo de evidencia. El informe corroboró que en el dispositivo inspeccionado existían diversos videos descargados de la cuenta oficial de Twitter del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz.

1.4. Admisión de las demandas y traslado para contestarlas

15. Las demandas fueron admitidas por los despachos sustanciadores del Tribunal Administrativo de Antioquia en las fechas que se relacionan en la siguiente tabla:

Proceso
Día de la admisión
2019-02946-01
Auto de 18 de noviembre de 2019.
2019-03113-01
Auto de 28 de noviembre de 2019.
2019-03296-01
Auto de 28 de noviembre de 2019.
2019-03004-01
Auto de 12 de diciembre de 2019.
2019-03268-01
Auto de 13 de diciembre de 2019.

16. Efectuadas las notificaciones pertinentes en cada uno de los trámites judiciales, se recibieron las siguientes contestaciones e intervenciones:

1.5. Contestaciones e intervenciones

1.5.1. Del demandado

17. El señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz se opuso a las pretensiones de los diferentes libelos genitores incoados en su contra, de conformidad con los argumentos que se sintetizan a continuación:

18. Explicó que por los hechos sometidos a escrutinio judicial no existían sanciones impuestas por parte del Partido Conservador, única autoridad competente para establecer las transgresiones a sus estatutos.

19. Expuso que la administración de su cuenta oficial de Twitter correspondía a un tercero –señor Nicolás Ruiz Gaviria, administrador de sus redes sociales durante la campaña al Concejo de Medellín– que sin su autorización había tomado y publicado la videograbación sobre la que se cimentaban las diferentes demandas de nulidad electoral, constituyéndose en una prueba ilegal ante la ausencia del consentimiento requerido para ello. Precisó que el manejo de la imagen exigía siempre de autorización expresa, al tenor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

20. Aseveró que el video presentado por los actores fue grabado en una reunión privada a la que habían asistido miembros del grupo “Conservadores de Vida”, en la que se debatía el contexto político al que se enfrentaba el conservatismo en Antioquia como consecuencia de la solicitud de revocatoria de inscripción formulada contra la candidatura del aspirante por ese partido a la Gobernación –señor Juan Camilo Restrepo Gómez–, y en la que el demandado expresó su apoyo a éste de cara a la inexistencia de decisión administrativa que hubiere revocado su participación en el certamen.

21. En ese sentido, el accionado adujo que el contenido del video había sido descontextualizado y allegado de forma parcial por los actores; ciudadanos que no habían participado en la reunión cuestionada.

22. En todo caso, indicó que los respaldos endilgados por los accionantes se habrían materializado el día de las elecciones territoriales, esto era, el 27 de octubre de 2019, día en el que no podía configurarse la doble militancia por apoyo, a la manera como lo había enseñado la Corte Constitucional en su sentencia C-334 de 2014, al efectuar el estudio de constitucionalidad del ordinal 8° del artículo 275 del C.P.A.C.A.

23. El demandado aseguró que las palabras pronunciadas en el video no podían ser tenidas como actos de campaña política, sino como simples manifestaciones espontáneas emitidas en el desarrollo de una reunión privada ocurrida entre integrantes del grupo “Conservadores de Vida”, teniendo en cuenta que el día de las elecciones estaba prohibido adelantar propaganda electoral, a las voces de los artículos 10° de la Ley 163 de 1994 y 2° del Decreto N°. 1916 de 2019.

24. Recordó que el Consejo Nacional Electoral en concepto N°. 6099 de 2011 señaló que los actos y manifestaciones subidos a las redes sociales no constituían proselitismo político comoquiera que, lejos de impactar al público en general, irradiaban solo a aquellos ciudadanos que aceptaban seguir la página desde la cual se había originado el mensaje, impidiendo la materialización de la doble militancia, entendida como la puesta en marcha de actos de campaña política en favor de terceros.

25. Con base en las previsiones del artículo 272 de la Ley 1564 de 2012 –en adelante C.G.P.–, el accionado desconoció la grabación arrimada con las demandas, “…por cuanto esta fue realizada sin el consentimiento del Dr. Carlos Zuluaga, sacada de contexto y publicada sin su autorización en la página personal de Twitter…”.

26. De otro lado, pidió al Tribunal Administrativo de Antioquia no tener por dictamen pericial el informe técnico presentado por el demandante Cañas Jaramillo, al advertir que no cumplía con las previsiones normativas del artículo 226 del C.G.P., ya que los peritos (i) no habían declarado que la opinión plasmada era independiente y correspondía a su convicción profesional; (ii) no habían documentado su trayectoria académica; (iii) no informaron sobre la lista de publicaciones en las que habían trabajado durante los últimos 10 años, entre otras falencias.

27. Solicitó al a quo un término prudencial de 2 meses para la presentación de un dictamen pericial de oposición, plazo que fue concedido a través de auto de 25 de marzo de 2020.

1.5.2. Del Consejo Nacional Electoral –en adelante CNE–

28. Dentro de los diferentes trámites procesales, intervino proponiendo los fundamentos que se esbozan enseguida:

29. Resaltó que en el ordenamiento jurídico colombiano era la autoridad competente para conocer de las solicitudes de revocatoria de la inscripción de los aspirantes a cargos de elección popular, como lo preveía el artículo 265 de la Constitución Política.

30. Dijo que en desarrollo de esta facultad no conoció de procedimientos contra el demandado por los hechos que se ventilan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

31. Destacó que en el plenario no existía plena prueba respecto de los respaldos que posiblemente había ofrecido el demandado en beneficio de la campaña política del señor Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia, puesto que no se tenía “…certeza que la persona que aparece en las fotografías allegadas al expediente sea el ciudadano contra quien se presenta la demanda de nulidad.”

32. Pidió su desvinculación de los procesos –al formular la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva–, al considerar que no intervino en la formación del acto demandado, comoquiera que no hizo parte, ni designó la comisión escrutadora que declaró la elección del accionado, ni mucho menos era el órgano encargado de la organización y dirección de las elecciones; atribuyendo esa función a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

1.5.3. De la coadyuvante, señora Laura Marcela Patiño Ramírez

33. En el marco de los procesos acumulados, deprecó la nulidad de la elección del demandado, al considerar que se cristalizaban los presupuestos de la doble militancia por apoyo –consagrada en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011–, recalcando que en el estado actual de las comunicaciones los mensajes y datos posteados en redes sociales como Twitter permitían “…en tiempo récord y real expandir información a gran escala…”, con influencia directa sobre las personas que hacían uso de esas plataformas.

1.5.4. Del impugnador, señor Mateo Rodríguez Sañudo

34. El señor Rodríguez Sañudo solicitó denegar las pretensiones de las demandas electorales –en particular la formulada por el demandante Lucas Cañas Jaramillo–, aduciendo que, contrario a lo alegado en ellas, el evento registrado en el video arrimado al expediente correspondía a una reunión privada, y no a una pública como se sostuvo.

35. Indicó que si el propósito del acusado era promocionar la campaña política del señor Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia, no se entendía el porqué el video había sido publicado unas horas antes al cierre de la jornada de votación –12:22 pm del 27 de octubre de 2019–, cuando su impacto sobre el electorado era mínimo.

36. Subrayó que la publicación de la videograbación pudo estar supeditada al hecho de que el Consejo Nacional Electoral revocara la inscripción del candidato conservador a la Gobernación de Antioquia y que, ante la ausencia de una decisión en ese sentido, jamás debió aparecer. En ese orden, reflexionó sobre la posibilidad de que el video hubiere sido extraído ilegalmente y posteado en las redes para perjudicar la elección del demandado.

37. Añadió que no se tenía idea alguna sobre la fecha de creación, ni la autoría y el lugar en que fueron tomadas las pruebas que sustentaban los escritos genitores.

38. Para el caso de la demanda presentada por el señor Lucas Cañas Jaramillo sostuvo que el video objeto de la litis fue detectado en la web por su secretaria, señora Daniela Martínez Arias, constituyéndose entonces en una prueba sospechosa habida cuenta de su cercanía con el accionante de ese proceso.

1.5.5. Del impugnador, señor Óscar Giraldo Torres

39. Pidió negar prosperidad a las súplicas de las demandas, bajo el argumento de que la videograbación posteada en la cuenta oficial de Twitter del demandado no fue consentida por éste. En consonancia, esgrimió las circunstancias fácticas que rodearon la elección territorial de 27 de octubre de 2019, y explicó que la dirigencia regional del Partido Conservador estuvo en desacuerdo con la designación del señor Juan Camilo Restrepo Gómez como candidato a la Gobernación de ese departamento, al ser impuesta de forma unilateral por las directivas nacionales.

40. Esbozó que para el 26 de octubre de 2019, se esperaba la renuncia del aspirante Restrepo Gómez, situación que “aparentemente” motivó la idea de crear un video respaldando la candidatura del señor Aníbal Gaviria Correa, publicable solo si se producía ese evento.

41. De esta manera, se preguntó: “¿Se acepta entonces el video? No, de ninguna manera. Aparentemente se grabó un mensaje ante un eventual acuerdo político que nunca llegó. Entonces, ¿Por qué se publicó ese video en las redes sociales? Se trató de una publicación sin la autorización del Concejal Zuluaga”; siendo esta prueba ilegal por vulneración del derecho a la intimidad del demandado.

42. Recabó en la premisa de que las redes sociales no eran campos adecuados para la realización de proselitismo político, ya que los mensajes puestos en conocimiento de la ciudadanía solo se dirigían a los usuarios de la cuenta en la que se generaba la información, y no a la comunidad en general.

1.6. Acumulación de procesos

43. Con auto de 5 de diciembre de 2019, el magistrado ponente del proceso 2019-02946-00 del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó acumularlo con los trámites identificados con los radicados 2019-03004-00 y 2019-03113-00.

44. Posteriormente, el 3 de febrero de 2020, siguieron esta misma suerte las causas judiciales 2019-03268-00 y 2019-03296-00.

1.7. Audiencia inicial y de pruebas

45. El 2 de octubre de 2020, el Despacho ponente de los procesos en el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó la audiencia inicial, a la luz de las previsiones normativas plasmadas en el artículo 283 del C.P.A.C.A; actuación procesal en la que, además de fijar el litigio, decretó la práctica de los testimonios de los señores Nicolás Ruiz Gaviria, Omar Yepes –presidente del Partido Conservador– y Daniela Martínez Arias.

46. Por otro lado, en dicha etapa del proceso, el magistrado sustanciador de la causa determinó que el informe allegado por el demandante Lucas Cañas Jaramillo no disponía de la connotación de un dictamen ante el incumplimiento de los requisitos erigidos en el artículo 220 de la Ley 1437 de 2011, debiendo ser valorado como una prueba documental.

47. En ese mismo sentido, precisó que el dictamen pericial de oposición que pretendía ser aportado en el desarrollo de la audiencia por el demandado, tampoco podía ser admitido como tal, teniendo en cuenta que el accionado había sobrepasado los términos dados por esa Judicatura para su radicación –2 meses–. Así, lo tuvo como prueba documental dentro del trámite.

48. En punto de estos informes, el Tribunal prescribió recibir los testimonios técnicos de sus autores, a saber, los señores John Jairo Echeverry Aristizábal –en tratándose del documento arrimado por uno de los accionantes– y Efrén Arcesio Sánchez Javela –en lo que se relacionó con el aportado por el acusado–.

49. Igualmente, ordenó los interrogatorios de parte de los señores Zuluaga Díaz –accionado– y Juan Carlos Restrepo Salazar –accionante–.

50. La audiencia de pruebas tuvo lugar los días 6, 9, 11 y 18 de noviembre de 2020, en la que los testigos y deponentes rindieron sus manifestaciones en torno de los hechos que rodeaban el sub-judice.

1.8. Actuaciones posteriores a las audiencias

51. Mediante auto de 25 de noviembre de 2020, la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó la manifestación de impedimento del magistrado sustanciador del proceso acumulado –quien dirigió por ende las audiencias inicial y de pruebas–, “teniendo como fundamento la relación y trato que en ámbito laboral (sic) se dio del Magistrado Jairo Jiménez Aristizábal con el accionado Carlos Alberto Zuluaga de los años 1986 y 1987”, situación que trastocaba la apariencia de imparcialidad que debía acompañar al trámite.

52. De esta manera, la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal quedó conformada por los magistrados doctores Yolanda Obando Montes y Andrew Julián Martínez Martínez, este último designado como el nuevo ponente.

1.9. Alegatos de conclusión en primera instancia

1.9.1. Del CNE

53. Descorrió el traslado otorgado, reproduciendo los argumentos sobre los cuales solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no hizo parte de la comisión escrutadora que declaró la elección del acusado.

1.9.2. De los demandantes

54. En escritos separados, pero con fundamento en un mismo derrotero argumentativo, los accionantes de los diversos procesos acumulados alegaron que, de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas en el plenario, se habían acreditado los presupuestos de configuración de la doble militancia por apoyo atribuida al demandado.

55. Así, los demandantes explicaron que en el trámite judicial pudo corroborarse que el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, candidato al Concejo de Medellín por el Partido Conservador para el periodo constitucional 2020-2023 –sujeto activo de la conducta–, auxilió la empresa proselitista de Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia –comportamiento prohibido–, en el desarrollo de la campaña que precedió a su elección –elemento temporal–, a pesar de que el conservatismo contaba con un candidato propio para ese cargo de elección popular.

56. La parte actora defendió que, contrario a lo expresado por el accionado, la doble militancia podía tener lugar el día de las elecciones, a la manera como pacíficamente lo había aceptado la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

1.9.3. Del demandado

57. Destacó que los testimonios practicados y, en particular, el del señor Nicolás Ruiz Gaviria, coordinador de comunicaciones de su campaña al Concejo de Medellín, daban cuenta que la videograbación –punto nodal de los libelos introductorios propuestos en su contra– había sido publicada por éste sin su consentimiento, extralimitando sus funciones y en abierto desconocimiento de la cadena de autorizaciones que se exigían para ello.

58. En consonancia, ratificó el argumento según el cual, esta prueba se constituía en ilegal por el uso indebido de su imagen, que vulneraba su derecho a la intimidad y al habeas data.

1.9.4. De la Registraduría Nacional del Estado Civil –en adelante RNEC–

59. Deprecó su desvinculación del proceso, al señalar que las censuras de la demanda no guardaban correspondencia con las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento le asignaba a dicha entidad, consistentes en “organizar la logística para el evento de las elecciones”, pero no en la identificación de actos de doble militancia.

1.10. Concepto del Ministerio Público en primera instancia

60. Con concepto de 12 de enero de 2021, el Procurador 32 Judicial II de Medellín solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia acceder a las pretensiones de las demandas acumuladas, al estimar que:

61. El video aportado por la parte actora se constituía en una prueba auténtica, comoquiera que en el proceso había logrado determinarse su autoría –atribuida al señor Nicolás Ruiz Gaviria– y el demandado en su interrogatorio de parte aceptó ser el sujeto que se veía en él.

62. La ausencia de consentimiento en la publicación de la videograbación en el Twitter del accionado no invalidaba la prueba, por cuanto: (i) se había subido a una cuenta que era propiedad del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz; (ii) los posibles inconvenientes surgidos entre éste y el administrador de la red eran asuntos internos de la campaña que no disponían de trascendencia en el trámite; (iii) la videograbación no invadía la órbita personal del acusado, comoquiera que mostraba un acto político de la campaña del acusado, realizado en recinto cerrado como consecuencia de las restricciones existentes para ese momento.

63. Del contenido de la prueba se derivaba la existencia de un acto de apoyo certero en favor de la candidatura a la Gobernación del señor Aníbal Gaviria Correa, sin que las posibles circunstancias que llevaron a grabar el video –solicitud de revocatoria de la inscripción del aspirante Conservador a ese cargo– enervaran su valía.

1.11. Actuaciones previas al fallo de primera instancia

64. De forma previa a la adopción del fallo, la magistrada Yolanda Obando Montes presentó renuncia a su cargo, aceptada por la Sala Plena del Consejo de Estado a través de Acuerdo N°. 002 de 19 de enero de 2021.

65. La recomposición de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia se produjo el 9 de marzo de esta misma anualidad, mediante el nombramiento en provisionalidad de la magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya. Una vez sucedido ello, se procedió a dictar sentencia de primera instancia en el proceso de la referencia.

1.12. Sentencia de primera instancia

66. Con providencia de 23 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la elección del accionado como concejal de Medellín. Para el efecto, desarrolló la cuerda argumental que se resume enseguida:

67. El fallador de primera instancia estableció que de cara al yerro que se debatía en el caso de autos la vinculación del CNE no era necesaria, ya que las demandas no cuestionaban las funciones desplegadas por ese ente en las elecciones de 27 de octubre de 2019. Por lo anterior, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por ese órgano electoral.

68. El a quo sostuvo que el aseguramiento del video con el que se pretendía acreditar los actos constitutivos de doble militancia era legal, pues el informe del análisis forense presentado por el señor Lucas Cañas Jaramillo, ejecutado al teléfono celular de la señora Daniela Martínez Arias –pieza digital en la que se había capturado la videograbación–, contó con el consentimiento de la propietaria del aparato y fue demostrativo de la autenticidad de la prueba, de su integridad, confidencialidad y disponibilidad, como exigencias efectuadas por la Ley 527 de 1999, cuando en los procesos judiciales se aducían mensajes de datos como medios de convicción.

69. Resaltó que esta conclusión no se desvanecía con el informe radicado en la audiencia inicial por parte del demandado, teniendo en cuenta que en el trámite existía certeza de que el video había sido grabado por Nicolás Ruiz Gaviria, asistente de la campaña del accionado, y que en él podía verse, entre otros, al señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, a la manera como éste lo había aceptado en su interrogatorio de parte.

70. De otra parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia estimó que la autenticidad del video debía presumirse, comoquiera que no fue tachada, y manifestó que el desconocimiento propuesto por el accionado en su contestación no resultaba procedente, si se atendían las voces del artículo 272 del C.G.P. que prescribía que dicha figura procesal –el desconocimiento de los documentos– no podía ser empleada respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen.

71. Aseveró que, contrario a lo defendido por el accionado, la videograbación no vulneraba su derecho a la imagen y a la intimidad, por cuanto: (i) la reunión que allí se percibía era de carácter político y no trascendía a la esfera personal del acusado; (ii) las manifestaciones pronunciadas no guardaban vínculo con su ámbito privado; (iii) el demandado sabía que estaba siendo filmado, por lo que no se trataba de una grabación desprevenida de su imagen.

72. Aseguró que la publicación del video sin su consentimiento era un asunto interno de su campaña y que, en todo caso, la persona que lo había subido a la web era el encargado de sus comunicaciones durante las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019.

73. Por último, agregó que de las pruebas obrantes en el plenario se desprendía claramente que en acto político de 26 de octubre de 2019 –ocurrido en la Comuna 13 de Medellín–, el señor Zuluaga Díaz promocionó y acompañó la candidatura de Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia, mensaje que fue publicado al día siguiente –27 de octubre de 2019– en su cuenta personal de Twitter, junto a otras manifestaciones que daban razón de la conducta prohibida por el ordenamiento electoral.

1.13. Recurso de apelación

74. Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandado formuló recurso de apelación con el que deprecó revocar la sentencia impugnada con fundamento en las consideraciones que se sintetizan a continuación:

75. En primer lugar, el accionado sostuvo que la providencia de 23 de marzo de 2021 fue adoptada por “…un juez colegiado que no era competente para ello.” En ese sentido, refirió que la renuncia de la doctora Yolanda Obando Montes –como integrante de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia– imponía al magistrado ponente de la causa –como único miembro de esa Judicatura– la recomposición de una sala de tres integrantes, mediante la designación de otros magistrados pertenecientes al Tribunal o la selección de conjueces.

76. No obstante, adujo que la decisión censurada fue tomada tan solo por dos magistrados a partir del nombramiento en provisionalidad de la doctora Martha Nury Velásquez Bedoya, efectuado por la Sala Plena del Consejo de Estado.

77. El accionando informó que estos mismos hechos habían dado lugar a un incidente de nulidad que estaba a la espera de ser resuelto por parte del fallador de primera instancia.

78. En segundo lugar, señaló que la providencia acusada se fundó en una única prueba que era nula de pleno derecho, por cuanto:

La videograbación de 27 de octubre de 2019 fue filmada sin la autorización del demandado y en desmedro de su esfera privada.

La publicación del video fue desconocedora del derecho a la intimidad y al habeas data –artículo 12 de la Ley 1581 de 2012– del accionado ante la ausencia de consentimiento para ello.

Esta regla –la necesidad de consentimiento para la valoración de videos– ha sido requerida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en decisiones precedentes.

79. Indicó que el fallo del a quo adolecía de contradicciones, pues había exigido el consentimiento de la señora Daniela Martínez Arias para determinar la legalidad del informe técnico sobre el celular en el que se había capturado el video de Twitter, y desestimado que este mismo requisito resultaba necesario para el manejo de su imagen y datos en las redes sociales.

80. En tercer lugar, el acusado precisó que la providencia de 23 de marzo de 2021 recayó en una indebida valoración probatoria, teniendo en cuenta que la decisión no se cimentó en la totalidad de los medios de convicción aducidos y practicados en el trámite y, especialmente, en las declaraciones rendidas por él y el señor Nicolás Ruiz Gaviria, de las cuales se desprendía que:

(i) la reunión grabada fue desarrollada en un recinto privado; (ii) Nicolás Ruiz Gaviria no fue invitado; (iii) el material fílmico no estuvo autorizado por el demandado y su publicación respondió a un acto deliberado del referido comunicador social; (iv) el accionado no administraba su cuenta de Twitter, ni sabía que estaba siendo grabado durante la realización del video, pues nunca miró a la cámara; (v) el video fue producido ante las confusiones que generaba la solicitud de revocatoria del candidato conservador a la Gobernación de Antioquia; (vi) las conclusiones de la reunión estuvieron dirigidas a reafirmar el apoyo al señor Juan Camilo Restrepo Gómez –aspirante a la Gobernación por el Partido Conservador– ante la ausencia de una decisión definitiva por parte del CNE; (vii) la cuenta de Twitter no era pública.

81. En cuarto lugar, el acusado replicó los argumentos propuestos en su contestación de las demandas de acuerdo con los cuales, los apoyos para la configuración de la doble militancia erigida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011 no podían tener lugar el día de las elecciones, al estar prohibido el desarrollo de actos de propaganda política al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 163 de 1994 y la jurisprudencia fijada por la Corte Constitucional en sentencia C-334 de 2014.

82. En quinto lugar, afirmó que el fallador de primera instancia hizo un análisis parcializado del informe técnico de contradicción presentado en el marco de la audiencia inicial, por cuanto omitió que el estudio realizado por el Laboratorio de Informática Forense DPHIR S.A.S. y radicado por el demandante Lucas Cañas Jaramillo (i) fue ejecutado sobre un teléfono celular y no directamente sobre la cuenta oficial de Twitter del demandado; (ii) no se efectuó el mismo día en que fue publicada la videograbación; (iii) no demostraba las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la reunión filmada, ni que la autoría del mensaje analizado fuese atribuible al accionado.

83. En sexto lugar, solicitó la inaplicación de las normas que regulaban el marco de competencia del juez en segunda instancia –con fundamento en el instituto de la excepción de inconstitucionalidad– con el propósito de que se revisara “la sentencia en lo desfavorable al apelante, en el evento en que se evidencie un error judicial protuberante en la sentencia y este no haya sido propuesto como reparo en el recurso de alzada…”.

84. Concluyó que en el asunto de autos no se acreditaron los presupuestos de la doble militancia, toda vez que “…no se probó que fuera el concejal Carlos Alberto Zuluaga quien grabó, ni publicó el vídeo”, ni “…se probó la materialización de la conducta prohibitiva, en tanto las palabras proferidas fueron proferidas (sic) en una reunión privada y sacadas de su contexto original…”, ni mucho menos se refrendó “…el elemento temporal en tanto la publicación fue realizada en el momento de la elección…”.

1.15. Resolución del incidente de nulidad elevado contra la sentencia

85. A través de auto de 26 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia despachó negativamente la solicitud de nulidad formulada por el demandado contra el fallo de 23 de marzo de 2021, al establecer que, contrario a lo prohijado por el accionado, la sentencia había sido proferida por una Sala de Decisión competente.

86. El 10 de mayo de 2021 fue resuelto el recurso de reposición interpuesto contra la anterior providencia, en el sentido de confirmar la denegatoria de la nulidad procesal.

87. Con auto de 24 de mayo de 2021, el a quo concedió el recurso de apelación incoado contra el auto de 26 de abril de esa misma anualidad. El 23 de junio siguiente, la Sección Quinta de esta Corporación rechazó la alzada, bajo el argumento de que en los procesos de nulidad electoral el auto que resolvía peticiones de nulidad no era pasible de ese recurso.

1.16. Trámite procesal del recurso de apelación contra el fallo

88. Mediante providencia de 24 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió igualmente el recurso de apelación contra la sentencia de 23 de marzo de ese mismo año, luego de corroborar su presentación oportuna.

89. Mediante providencia de 9 de julio de 2021, el Despacho Sustanciador en el Consejo de Estado admitió la alzada y ordenó correr traslado de la misma.

1.17. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.17.1. Demandantes

90. Los señores Luis Humberto Guidales García, Luis Cañas Jaramillo, Juan Carlos Restrepo Salazar y Carlos Emilio Ceballos Orozco radicaron oportunamente alegatos de conclusión en los que deprecaron la confirmación de la sentencia impugnada.

91. En consonancia, defendieron que en el fallo de 23 de marzo de 2021, el a quo efectuó un debido análisis probatorio de los medios de convicción recaudados durante el trámite, al valorar integralmente las pruebas aportadas y practicadas, solicitando la aplicación del precedente dictado por la Sección Quinta en sentencia de 10 de diciembre de 2020, radicación 19001-23-33-003-2019-00368-01. Estimaron que la videograbación no invadía la esfera personal del accionado, pues fue publicada en su cuenta de Twitter, trascendiendo a la órbita de lo público.

1.17.2. Del demandado

92. Por conducto de su apoderado judicial, replicó el planteamiento expuesto en la apelación, insistiendo en que: (i) los únicos testigos presenciales del evento realizado el 26 de octubre de 2019 en la comuna 13 de Medellín eran el señor Nicolás Ruiz Gaviria y el demandado, por lo que sus aseveraciones disponían de un mayor peso probatorio que aquellas utilizadas por los demandantes; (ii) en el proceso obra copia del procedimiento de revocatoria de inscripción del señor Juan Camilo Restrepo Gómez, lo que demostraba que la disciplina partidista al interior del Partido Conservador estuvo menguada en las elecciones territoriales adelantadas en Antioquia para 2019.

93 Añadió que de acuerdo con la parte resolutiva del auto de 26 de abril de 2021, por medio del cual se resolvió la petición de nulidad procesal elevada contra la sentencia de 23 de marzo de 2021, el recurso de apelación era procedente a la luz de las disposiciones del C.G.P., por lo que recabó en la incompetencia de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia para dictar la providencia impugnada.

1.17.3. Del impugnador, señor Óscar Giraldo Torres

94. Pidió la revocación del fallo recurrido, al exponer que el mensaje atribuido al demandado no disponía de la vocación para configurar la doble militancia por apoyo político, comoquiera que la manifestación pronunciada por éste resaltaba la existencia de una “adhesión política”, pero no una invitación directa a votar por el señor Aníbal Gaviria Correa, diferenciando el sub–judice del asunto definido por la Sección Quinta en sentencia de 31 de octubre de 2018.

95. Estimó que el video era una prueba representativa que exigía para acreditar los hechos contenidos en él de otros medios probatorios –testimonios etc.,– que dieran cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en se realizó la reunión privada, lo que no se había logrado con el informe técnico presentado por el accionante Lucas Cañas Jaramillo. Sostuvo en este punto que la autenticidad de la grabación no pendía simplemente de conocer el autor de este medio de convicción.

96. Destacó que la sentencia de 23 de marzo de 2021 no tuvo en cuenta la problemática política que surgió en torno de la candidatura de Juan Camilo Restrepo Gómez como candidato a la Gobernación de Antioquia por el Partido Conservador –su imposición por el Directorio Nacional, sin consultar los intereses regionales– y que explicaría la existencia de las pruebas enrostradas contra el accionado; acusando la providencia de falta de realismo político.

97. Defendió que la conducta del demandado no era antijurídica, pues en el marco de ese contexto político, no había transgredido los lineamientos de su partido para apoyar otros, sino que su conducta se había adecuado a las particularidades de esa contienda electoral en el seno de su colectividad.

98. Aseguró que la publicación del video sin el consentimiento del demandado había transgredido el derecho a la intimidad del señor Zuluaga Díaz y que en las redes sociales no resultaba posible efectuar propaganda electoral, a la manera como lo había conceptuado el CNE en la Resolución N°. 1924 de 23 de octubre de 2019.

99. Reseñó que en el proceso tampoco se probó que la publicación del video hubiere tenido destinatarios efectivos, toda vez que su duración en la web fue de pocas horas.

1.18. Concepto del Ministerio Público en segunda instancia

100. Con memorial de 30 de julio de 2021, la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto, con el que pidió confirmar la sentencia de 23 de marzo de la presente anualidad, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al estimar que las pruebas arrimadas al expediente permitían dar por configurada la causal de anulación de la doble militancia en su modalidad de apoyo.

101. En ese orden, manifestó que el video sobre el que se soportaban las demandas era auténtico, comoquiera que se conocía su autor y el demandado había admitido aparecer en él. Defendió que el carácter objetivo de la nulidad electoral excluía cualquier tipo de discusión en torno a reclamaciones de índole laboral –como el no consentimiento a la hora de publicar videos en redes sociales–, pues para este proceso los interrogantes se limitaban a establecer si el demandado había apoyado o no a un candidato distinto al de la agrupación política a la cual pertenecía, sin importar las circunstancias en que dicho respaldo se hubiere producido.

102. Enlistó los medios de convicción allegados al expediente y concluyó que “en el plenario se demostró fehacientemente con las pruebas legalmente incorporadas, la configuración de los presupuestos de la doble militancia en la sub-modalidad de apoyo, por parte de CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ, avalado al concejo municipal del Medellín- Antioquia por el partido Conservador Colombiano, hacia un candidato a la gobernación de ese departamento, distinto al avalado por la colectividad a la cual pertenece.”

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

103. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación propuesto por el señor Carlos Alberto Zuluaga Diaz, en su calidad de accionado, contra la sentencia de 23 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual accedió a las pretensiones de las demandas de nulidad electoral formuladas contra el acto declarativo de su elección como concejal del Municipio de Medellín para el periodo constitucional 2020-2023, de conformidad con los artículos 150 y 152.8 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo N°. 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Oportunidad de la interposición y sustentación del recurso

104. En el asunto de marras, la Sección Quinta encuentra que la alzada incoada por la parte demandada contra la providencia impugnada fue oportuna, al tenor de lo dispuesto en el artículo 292 del C.P.A.C.A, si se tiene en cuenta que la notificación del fallo de primera instancia se produjo el 26 de marzo de 2021 y el recurso fue presentado y sustentado el 7 de abril siguiente, tras la finalización de los días de vacancia judicial de Semana Santa, que para este año transcurrieron entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2021.

2.3. Cuestiones previas

105. Previo a establecer los problemas jurídicos que deben orientar la resolución del recurso de apelación interpuesto por el accionado, la Sala se pronunciará en torno de temáticas de total trascendencia, así:

2.3.1. Pronunciamiento respecto de la solicitud de desvinculación procesal elevada por la RNEC

106. La revisión detallada de los antecedentes que gobiernan esta causa judicial, permite a la Sección Quinta advertir que en el desarrollo de la primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió decidir la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la RNEC en el memorial de los alegatos de conclusión radicados ante esa autoridad judicial.

107. En ese sentido, el ente electoral resaltó que, habida cuenta de sus facultades constitucionales y legales –relacionadas con la organización y vigilancia de los procesos democráticos e inscripción de candidatos, entre otras–, el debate jurídico que gravita alrededor de la presunta doble militancia en que habría podido incurrir el demandado trasciende los contornos de su espectro competencial, motivo por el cual debe ser desvinculado de este trámite.

108. Bajo ese panorama, la Sala destaca que en el marco de los juicios de nulidad electoral la ubicación procesal de la RNEC resulta ser especial, de conformidad con el artículo 277.2 del C.P.A.C.A., y se vincula a la relevancia de sus actuaciones en el procedimiento de adopción del acto enjuiciado, así como a la imputabilidad que le corresponde en relación con los cuestionamientos de ilegalidad que se ventilan en cada proceso.

109. En consonancia, esta Sección ha sostenido:

“86. Resulta relevante señalar, que la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y su consecuente ubicación procesal en los juicios electorales, es especial conforme la regla establecida en el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, y por ello, resulta importante establecer en cada caso concreto si las actuaciones de la autoridad pública que se ordena vincular fueron relevantes frente al acto que se demande, así como también que los cargos invocados por los demandantes apunten a cuestionar la legalidad de su actuación.” (Negrilla fuera de texto)

110. En el caso que convoca en esta oportunidad a la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado, las pretensiones de nulidad electoral se fundan en la posible ocurrencia de actos de respaldo constitutivos de doble militancia atribuidos al señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz en el contexto de la campaña política que precedió su elección como concejal de Medellín, periodo 2020-2023, sin que con los escritos genitores de este proceso se censuren las actuaciones administrativas desplegadas allí por parte de la RNEC.

111. En efecto, ninguna de las situaciones fácticas y jurídicas propuestas por los demandantes busca desvirtuar la juridicidad de la conducta pública de este órgano electoral, centrando su inconformidad en el desconocimiento de los artículos 107 constitucional y 2.2 de la Ley 1475 de 2011, producto de los apoyos indebidos otorgados por el accionado en beneficio de un candidato a la Gobernación de Antioquia inscrito por una agrupación política distinta al Partido Conservador, que avaló su candidatura.

112. De esta manera, la Sala resalta que las acusaciones que cimientan las demandas sobrepasan las competencias constitucionales y legales de la RNEC –que de conformidad con el artículo 266 de la Carta Política de 1991 se circunscriben a “…la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas”–, teniendo en cuenta que el poder sancionatorio administrativo en punto de la configuración de la doble militancia reposa en el Consejo Nacional Electoral, a la luz de las prescripciones normativas del inciso final del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, en armonía con el artículo 265.12 de la Constitución:

“El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.” (Negrilla fuera de texto)

113. Así las cosas, se declarará probada la excepción propuesta por esa entidad, a la manera como se plasma en la parte resolutiva de esta providencia.

2.3.2. Pronunciamiento frente a los reparos de nulidad procesal contenidos en la alzada

114. En este punto, la Sección Quinta manifiesta que con su recurso de apelación y los alegatos de conclusión radicados en esta instancia, el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz propone la nulidad procesal de la sentencia de 23 de marzo de 2021, como consecuencia de las falencias ocurridas en la integración de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, luego de la renuncia de la magistrada Yolanda Obando Montes, aceptada por la Sala Plena del Consejo de Estado con Acuerdo N°. 002 de 19 de enero de 2021.

115. Para el recurrente, la dimisión de la funcionaria judicial debía llevar a que la Sala de Oralidad del a quo se reconformara con tres magistrados –mediante el uso de las figuras concebidas en el artículo 115 de la Ley 1437 de 2011–, y no a su recomposición dual a través del nombramiento en provisionalidad de la doctora Martha Nury Velásquez Bedoya, producto de la declaración de impedimento formulada por el doctor Jairo Jiménez Aristizábal, magistrado ponente del proceso acumulado hasta la finalización de la audiencia de pruebas.

116. Pues bien, en consideración de esta Judicatura, los reclamos de la incompetencia funcional de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia no deben ser objeto de revisión al desatar el recurso propuesto contra el fallo de 23 de marzo de 2021, por tratarse de aspectos que han sido zanjados en el desarrollo del trámite incidental de nulidad iniciado por el demandado con fundamento en estos motivos, mediante decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada.

117. De esta manera, se recuerda que con auto de 26 de abril de 2021, el fallador de primera instancia resolvió negar los cuestionamientos de invalidez presentados por el accionado contra la sentencia, explicando, entre otros, que para el momento de su adopción, la Sala disponía de quorum decisorio –ante la designación de la doctora Velásquez Bedoya por parte de la Sala Plena de esta Corporación–, sin que se identificaran circunstancias que hubieren vulnerado el derecho al debido proceso de las partes.

118. La decisión de 26 de abril fue confirmada al resolver la reposición presentada en su contra, adquiriendo inmutabilidad luego del rechazo del recurso de apelación que en subsidio había sido igualmente presentado, a través de auto de 23 de junio de 2021, dictado por la magistrada ponente en el marco de la segunda instancia.

119. Dicho ello, esta Sección excluye cualquier tipo de pronunciamiento en ese sentido, al corresponder a una discusión que cuenta con una determinación judicial definitiva, debidamente ejecutoriada.

120. Sentado lo anterior, la Sala abordará los problemas jurídicos que rigen esta causa.

2.3. Problemas jurídicos

121. La Sección Quinta fijará si la sentencia de 23 de marzo de 2021 debe ser revocada, modificada o confirmada, a la luz de los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, que conllevan establecer:

–Si las deficiencias identificadas por el demandado en el informe técnico de oposición sobre evidencia digital obrante en el plenario permiten contrariar las conclusiones plasmadas en el estudio presentado por el señor Lucas Cañas Jaramillo, demandante en el proceso 2019-03113-01, tenidas en cuenta por el fallador de primera instancia.

–Si el video sobre el que el Tribunal Administrativo de Antioquia soporta el fallo de 23 de marzo de 2021 debe ser excluido del trámite judicial, al ser nulo de pleno derecho, pues su grabación y publicación en las redes sociales se efectuó sin el consentimiento del accionado, violando sus derechos a la imagen, intimidad y habeas data, tal y como esta Sección lo ha estimado, entre otras, en decisión de 6 de octubre de 2016, rad. 05001-23-33-000-2016-00077-01.

–Si en la sentencia impugnada, el a quo valoró indebidamente el testimonio de Nicolás Ruiz Gaviria y la declaración de parte del acusado, pruebas de las que se desprenderían las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló la reunión de 26 de octubre de 2019, que analizadas en conjunto impiden la configuración de la causal de nulidad atribuida al demandado.

–Si los actos de respaldo indebidos que censura la doble militancia por apoyo pueden tener lugar el día de las elecciones habida cuenta de la imposibilidad de realizar proselitismo y, en general, campaña política para esa fecha.

–Si procede la solicitud de excepción de inconstitucionalidad respecto de las normas que regulan la competencia de los jueces en segunda instancia, con el propósito de buscar de forma oficiosa inconsistencias que lleven a desvirtuar la presunción de corrección del fallo de primera instancia.

122. La absolución de estos cuestionamientos supone abordar el estudio pormenorizado de (i) las generalidades de la doble militancia como causal de nulidad electoral; así como el examen de (ii) los presupuestos para la acreditación de la doble militancia en su modalidad de apoyo, con el propósito de emprender el camino que lleve a (iii) la resolución de los reparos propuestos en la alzada –caso concreto–.

2.3.1. Generalidades de la doble militancia

123. En relación con la causal de nulidad que podría verse materializada en el caso concreto, debemos remitirnos al numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla:

“Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política al momento de la inscripción.”

124. Así las cosas, puede observarse que el ordenamiento jurídico, prevé una consecuencia clara y expresa cuando el candidato incurra en la prohibición de doble militancia la cual, vale la pena aclarar, ha sido definida por esta Sección como una prohibición que no puede leerse de forma aislada, pues para determinar cuándo una persona está inmersa o no en la causal de inelegibilidad es necesario recurrir al texto del artículo 107 Superior y al artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, que se alegan vulnerados en este caso, y que señalan:

“Artículo 107 Constitucional: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. (…)

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (…)”

125. Por su parte, el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 contempla en lo pertinente, lo siguiente:

“Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

/…/ El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.

PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.”

126. De la transcripción de la norma Superior se desprende con claridad que está prohibido: (i) a los ciudadanos, pertenecer de manera simultánea a dos o más partidos o movimientos políticos y, (ii) a quienes aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.

127. Por su parte, la ley estatutaria citada, en su artículo 2º, no solo replica las modalidades de doble militancia previstas en la norma constitucional, sino que además incluye otros eventos en los cuales la prohibición se materializa.

128. Bajo tal marco, la Sección Quinta del Consejo de Estado, haciendo un análisis armónico de las normas en cita, ha entendido que en la actualidad existen cinco modalidades en las que se puede materializar la prohibición de doble militancia, a saber:
“i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).
ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)
iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)” ,.

129. Conforme con lo anterior, se ha definido que estas modalidades apuntan a la consecución del propósito común, de “crear un régimen severo de bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político”, pues su finalidad es, precisamente, dar preponderancia a los partidos y movimientos políticos sobre los intereses personales de los candidatos. Finalmente, es de anotar que se ha entendido que la figura de doble militancia incluye a todas las agrupaciones políticas sin importar que aquellas tengan o no personería jurídica. Sin embargo, no se puede perder de vista que esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en su parágrafo una excepción en esta materia, que es aplicable a cualquiera de los eventos en los que ésta pueda presentarse.

2.3.2. Presupuestos para la configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo

130. En atención a que en el caso de autos se invoca la configuración de la modalidad consistente en miembros de organizaciones políticas que apoyan a candidatos de otra organización, se estima pertinente reiterar los elementos que la configuran, que han sido destacados en varias oportunidades por la Sección:

“i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.

ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente.

Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio.

Así las cosas, no cabe duda de que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.

iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas.”

131. En cuanto el elemento de la conducta prohibitiva, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del 3 de diciembre de 2020 de esta Sala de Decisión, a través de las cuales a partir de la jurisprudencia de la Sección, se precisaron aspectos tales como: (i) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político. (ii) Los actos de acompañamiento político pueden provenir de una sola actuación, de una sola manifestación de apoyo o de actividades concatenadas; (ii) El apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido. (iv) La probanza del comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable. (v) El actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:

“En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, esta Judicatura explicó al respecto:

“Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo atrás la Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido político.”

De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –presupuesto teleológico–.

Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la parte actora al Concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble militancia por apoyo de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:(…)

Pero no solo estos aspectos del respaldo proscrito han sido modelados por la jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a la frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia, afirmando que los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política.

De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que “…el apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni limitó sus alcances a este tipo de factores.”

Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado.

Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:

“De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta, debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en el caso en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y de esa forma advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado.”

Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación al electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del Tolima, cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde a la Asamblea departamental, en el marco de programas radiales.

Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en reciente providencia de 20 de agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:

“Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo de agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo de elección popular.””.

132. De otra parte, se estima pertinente reiterar que la doble militancia en nuestro ordenamiento jurídico es tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático en materias de decisión de las bancadas por ejemplo .

133. En el caso de autos tiene especial importancia la protección de los derechos constitucionales del elector, respecto de la cual vale la pena destacar que desde 1991 el Estado colombiano optó por estructurarse como un Estado Social de Derecho. Este principio fundante tiene múltiples implicaciones relacionadas con las decisiones que se toman en su interior. En efecto, a la democracia representativa se le suma de manera trascendente la democracia directa o participativa. En este contexto, el pueblo en calidad de soberano adquiere un mayor realce, a partir del conjunto de derechos que hace posible la participación. En esa medida, la Constitución Política advierte que todo ciudadano tiene derecho a participar de la conformación, ejercicio y control del poder político; para tal efecto cuenta con la posibilidad de “elegir y tomar parte en elecciones participando políticamente” y en los escenarios civiles, como puede ser los mecanismos de democracia participativa y en todos los asuntos, de cualquier índole, que les afecte.

134. Téngase presente que en una democracia participativa los elegidos son verdaderos voceros de la voluntad popular y están sometidos al mandato de los electores, de allí que – a diferencia de la democracia representativa, “el ciudadano conserva en todo momento sus derechos políticos para controlar a su representante, porque dicha elección no supone la transferencia de la soberanía popular, sino que lo inviste de legitimidad para actuar como un delegado del Pueblo”.

135. La misma Constitución señala la manera en la cual deben salvaguardarse los derechos del elector. Ciertamente, corresponde al aparato estatal velar por que dicho derecho se desarrolle sin mácula alguna. Se establece que la organización electoral debe suministrar a los votantes instrumentos que les permitan identificar con claridad los movimientos, partidos políticos y candidatos. En consecuencia, la ley puede implantar mecanismos de votación que tiendan siempre a “garantizar” el libre ejercicio del derecho del elector. “Libertad y garantía” igualmente respaldadas por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

136. La base de los derechos constitucionales del elector, radica en el ejercicio libre del derecho, forjándose de esta manera en el núcleo esencial del derecho fundamental al voto. Así pues, es la “libertad” del sufragante y su protección lo que permite hablar de “democracia”; por ende, sin dicha “libertad” y sin la salvaguarda de la misma, no puede estarse en presencia de un Estado Democrático. Al respecto se indicó:

"El voto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales de la democracia. No podría comprenderse la democracia sin la existencia de elecciones, en las cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos.

(....)

En el Estado de Derecho, el ejercicio individual y colectivo del derecho al voto, está sujeto a condiciones normativas que establecen las condiciones de validez, tanto del voto individual, como de la actividad electoral en sí considerada. La democracia precisa de tales condiciones, a fin de garantizar que la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona. Se busca rodear de garantías, pues, el ejercicio libre del voto apunta a alcanzar condiciones de transparencia máxima en el proceso electoral." (Negrilla fuera de texto)

137. En consecuencia, en un Estado Social y Democrático de Derecho la libertad del elector debe ser amparada con el fin de poder hacer válida la democracia; de allí que se rechace de manera enfática la manipulación del elector, propia de los regímenes autoritarios, y se dirija el accionar del Estado a fin de garantizar “la correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía”.

138. Por tal razón, es que el concepto de democracia moderno denota actualmente unos contenidos diferentes de los que se concebían anteriormente. Así pues, la democracia consistiría en un conjunto de “reglas de procedimiento para la adopción de decisiones colectivas que no dice nada sobre el contenido o resultado de las mismas, de donde su carácter reglado se constituye en una característica distintiva del modelo democrático y se manifiesta desde la elección de sus representantes hasta el producto final de la actuación de éstos, siendo inherentes a la democracia: reglas sobre las mayorías y minorías, reglas sobre las elecciones y la actuación de los parlamentos, reglas sobre las condiciones de ejercicio de la libertad política y, sobre todo, reglas sobre la protección de ciertos intereses básicos de todos los seres humanos”.

139. Como pilar fundamental del Estado Colombiano y de la democracia, se erige el pluralismo político, contrario en esencia al “unanimismo”. En el juego democrático se parte de la base de la existencia de diferentes tendencias ideológicas, claramente diferenciables; en consecuencia se “desconfía de la homogeneidad porque reconoce la heterogeneidad de las sociedad, así como la existencia de los grupos a los que pertenecen los individuos; rechaza el carácter absoluto de las opiniones o tendencias, ya que le otorga legitimidad a los distintos puntos de vista; promueve la participación política en la medida en que da oportunidad de expresarse a diversas propuestas y grupos sociales y supone la aceptación de las reglas fijadas para tornar viable esa expresión y hacerla accesible a todos”.

140. En este orden de ideas, hace parte de esas reglas de protección de la “libertad del elector” la pretensión consistente en que en el proceso electoral, el que sea, se comporte bajo la “doble exigencia de lealtad y claridad”. La Corte Constitucional, al fijar los parámetros anotados en punto de los referendos, sentó las bases aplicables a cualquier proceso democrático respecto de la “lealtad y claridad” que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de decisión. Por eso la necesidad imperiosa que en momento alguno se induzca al elector a engaños, manipulaciones, artilugios o equívocos, que alteren su convencimiento al momento de ejercer su derecho fundamental.

141. De tal suerte, que en las elecciones unipersonales, por ejemplo, el elector debe gozar de la claridad del programa político expuesto por el candidato, así como de su lealtad en que dicho contenido ideológico y programático no será alterado ni cambiado por otro, ni por circunstancias electorales meramente coyunturales y con miras a transformar un resultado electoral. Precisamente es dicha “doble exigencia” la que permite radicar la “confianza democrática” en cabeza del elector, como director soberano del Estado. En consecuencia, la “doble exigencia” proporciona legitimidad a los procesos electorales y permite sostener el sistema democrático.

142. Por ende, como lo indica la Corte Constitucional, no tendría sentido que el ordenamiento constitucional y legal colombiano propendiera por la “libertad del elector” y al mismo tiempo aceptara la validez de procesos electorales que violenten o defrauden la voluntad de este, que lo conduzcan a equívocos, que los engañen en su consentimiento o que, por consiguientes, no sean “claros” ni “leales”. De este modo, se puede aseverar que la “libertad” del sufragio se debe constituir en una constatación mínima previa a su ejercicio.

143. Una de las formas que garantizan constitucionalmente la salvaguarda y protección de la libertad del elector, es la prohibición de doble militancia. En efecto, en variada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado que la prohibición a los ciudadanos de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político tiene origen constitucional. En consecuencia, no es una determinación que provenga solamente del legislador, sino que este la desarrolla por devenir directamente de la Constitución.

144. Así pues, la prohibición constitucional de doble militancia surge de la confianza depositada por el elector en un determinado y específico plan de acción política. Confianza que no puede verse estropeada y arruinada, por la decisión personalista y egoísta del candidato o elegido de no honrar el acuerdo tácito –tanto programático como ideológico– con su elector.

145. Precisados los presupuestos de configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo, esta Judicatura se apresta a resolver los interrogantes erigidos en acápites previos, como sigue:

2.3.3. Caso concreto

146. Una lectura pormenorizada de los antecedentes y, en particular, de los cargos propuestos en el escrito de apelación, lleva fácilmente a identificar la “piedra angular” de los reparos elevados contra la sentencia de 23 de marzo de 2021, centrados principalmente en la videograbación con fundamento en la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia estimó que el demandado había apoyado la campaña política del señor Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de ese departamento, en desmedro de la candidatura del señor Juan Camilo Restrepo Gómez inscrita por el Partido Conservador, al que pertenecía.

147. En ese sentido, las acusaciones no solo cuestionan las apreciaciones probatorias desplegadas por el fallador de primera instancia en torno al video que soportó las pretensiones anulatorias de las demandas acumuladas, sino a la vez su carácter lícito y la manera como fue acreditada su existencia dentro del proceso, de cara a los yerros detectados en el informe técnico presentado por el señor Lucas Cañas Jaramillo, demandante en el trámite 2019-03113-01.

148. De allí que la absolución de estos interrogantes pase por el conocimiento objetivo de ese medio probatorio, estableciendo sus características y las manifestaciones plasmadas en él, como preludio para desatar la alzada que ocupa en la actualidad a esta Sala de Sección.

149. En consonancia, esta Judicatura describe en el siguiente recuadro el medio de convicción que ha generado los debates posicionales al interior de esta causa judicial, consistente en el video publicado en la cuenta oficial de Twitter del demandado, así como las declaraciones expuestas en el mismo, precisando que el texto transcrito es la manifestación pronunciada en la videograbación, y no un mensaje escrito posteado en esa red social, sujeto a un límite de caracteres:

Videograbación y declaración contenida
Soporte
"Soy el 1 en el tarjetón del Partido Conservador. Nuestro respaldo al doctor Aníbal Gaviria, toda la Comuna 13, toda esta estructura del equipo no tiene sino un solo candidato a la Gobernación que es nuestro Gobernador Aníbal Gaviria, que siempre ha trabajado en equipo con el doctor Juan Diego, con el doctor Nicolás Albeiro y nosotros aquí sentimos esta candidatura como la propia, la única y la que va a ganar contundentemente las elecciones el día de mañana. O sea, todo este equipo reitera, y ha reiterado, y siempre lo ha hecho, disciplina de partido, disciplina como conservadores de vida y estamos también por convicción con Aníbal Gaviria nuestro Gobernador "

150. La prueba documental –de acuerdo con las precisiones del artículo 243 del C.G.P., aplicable a los procesos contencioso–administrativos por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A., las videograbaciones o videos se constituyen en medios de esencia documental, al contener la reproducción de imagen y voz de quienes se ven reflejados allí– muestra al accionado portando en su mano derecha un micrófono, acompañado de 14 personas que, en su gran mayoría, llevan en sus atuendos publicidad política de su campaña al Concejo de Medellín. La reproducción de 44 segundos es recreada en un recinto cerrado, en el que además pueden verse –como marco de la reunión– pendones relacionados con las empresas proselitistas de los señores Carlos Alberto Zuluaga Díaz y Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia.

151. Las palabras pronunciadas por el demandado aluden al respaldo que se ofrece a la aspiración del señor Gaviria Correa y al número que distingue al accionado en la tarjeta electoral de las justas desarrolladas el 27 de octubre de 2019, en la lista avalada por el Partido Conservador al Concejo de la capital de Antioquia –C1–.

152. Asimismo, en el registro fílmico se observa la presencia del senador conservador Juan Diego Gómez Jiménez –ubicado a la derecha del accionado–, cuya asistencia al evento es confirmada por los testimonios rendidos durante el trámite, como se establecerá con posterioridad.

153. Precisadas las particularidades del “punto nodal” sobre el que se construye primordialmente la alzada formulada contra el fallo de 23 de marzo de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado examinará uno a uno los problemas jurídicos que surgen de estos planteamientos, anticipando que la sentencia impugnada debe ser confirmada.

2.3.3.1. De la discusión sobre las falencias halladas en el informe técnico presentado por el demandante Lucas Cañas Jaramillo

154. Bajo esta censura de naturaleza probatoria, el demandado critica la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de haber tomado como ciertas las conclusiones plasmadas en el informe técnico presentado con la demanda radicada por el señor Lucas Cañas Jaramillo, sin escudriñar en las anomalías de las que padecía, registradas en el documento de contradicción aducido por el accionado en el contexto de la audiencia inicial de 2 de octubre de 2020.

155. En punto de la valía del informe radicado por el señor Cañas Jaramillo, el fallador de primera instancia adujo en la sentencia recurrida:

“Por lo tanto se concluye que el informe técnico aportado por la parte actora [señor Lucas Cañas Jaramillo] no puede ser desconocido pues no se evidencia que para la obtención del material probatorio se hallan vulnerado (sic) derechos fundamentales de las personas, –la propietaria del equipo celular otorgó su consentimiento y autorización para el análisis– y no se observa ninguna irregularidad en la producción o práctica de la prueba que permitan inferir su ilicitud o ilegalidad, además porque existe correspondencia e identidad de la prueba –la del Twitter del demandado, la del equipo del celular de la testigo Daniela Martínez y lo observado por los técnicos que realizaron el informe– por lo tanto no prospera el desconocimiento de la prueba que hace la parte opositora, en consecuencia no será excluido y se le reconocerá la respectiva eficacia probatoria.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

156. En ese orden, para el a quo, el reconocimiento del valor probatorio del informe técnico aportado por la parte actora del proceso 2019-03113-01 se fundamentó en la ausencia de irregularidades constitucionales y legales que viciaran su realización, así como en la correspondencia de la prueba observada en el teléfono celular analizado –de propiedad de la señora Daniela Martínez Arias– con la publicación aparecida en la red social de Twitter del demandado.

157. Por su parte, en su recurso de apelación, el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz indica que el informe técnico arrimado por el señor Lucas Cañas Jaramillo no podía ser tenido como un medio de convicción idóneo, habida cuenta de las falencias cometidas por los expertos adscritos al Laboratorio de Informática Forense DPHIR S.A.S. en el procedimiento para su elaboración.

158. En consonancia, destaca el accionado que los análisis desarrollados son espurios, toda vez que (i) fueron ejecutados sobre un dispositivo móvil, y no directamente sobre el contenido de la página web de su cuenta de Twitter; (ii) no demostraban las circunstancias modales de la filmación, ni su autoría; (iii) no fueron puestos en marcha el día de la publicación; restándole por estos motivos mérito probatorio al informe forense.

159. Bajo el contexto dialéctico esbozado, la Sala resalta que no asiste razón al impugnante, pues ninguna de las irregularidades erigidas desvanece las conclusiones del informe, de cara al material probatorio practicado dentro del trámite judicial acumulado –y en particular del testimonio del señor Nicolás Ruiz Gaviria–, que permite claramente entender que las videograbaciones capturadas en el dispositivo móvil de la señora Daniela Martínez Gaviria guardaban identidad con el video publicado en Twitter por el administrador de las redes sociales del accionado durante su campaña al Concejo de Medellín para el periodo 2020-2023.

160. En efecto, con el propósito de preservar la prueba –y previendo su futura supresión de la web–, el informe técnico allegado por el demandante Cañas Jaramillo tuvo como objeto proteger la integridad del video descrito, a partir del estudio del dispositivo celular en que había sido capturado en aras de ser presentado ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo.

161. En su literalidad, el informe estableció como eje central:

“Realizar análisis especializado en el laboratorio de informática forense de DPHIR, cumpliendo con estándares internacionales frente a la administración de evidencia digital, cadena de custodia, y con los preceptos de la Ley 527 de 1999, esto, frente a la información contenida en un (1) Smartphone, en donde particularmente se solicita: "(…) Realizar un estudio de tipo forense sobre un (1) teléfono celular Huawei Mate 10 Pro, Identificado con el numero serial GAB7N18207002613, con la finalidad de realizar aseguramiento de Información (archivos multimedia) relacionados con un tuit publicado en la red social Twitter, el día 27 de octubre del año 2019, desde la cuenta de Twitter @carlosazuluaga.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

162. De esta manera, el estudio se concentró en determinar si en la memoria del teléfono celular perteneciente a Daniela Martínez Arias reposaban registros fílmicos vinculados a una publicación realizada el 27 de octubre de 2019 en la página personal de Twitter del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz.

163. En relación con ello, el informe técnico expresó:

“Como quiera que la orden dada tiene relación con la identificación y recolección de información del dispositivo celular, en la cual se encuentran diversos videos que contienen la visualización de un video publicado en la red social Twitter, el día 27 de octubre del año 2019, desde la cuenta de Twitter @carlosazuluaga, se procedió a realizar la búsqueda del contenido en el cual se encuentra visualizado dicho tuit, esto, sobre la imagen forense realizada al dispositivo.

El resultado fue positivo en el sentido de que fueron hallados diversos videos correspondientes, tanto a descargas directas del video publicado en el tuit (infiriendo el uso de una aplicación llamada TweeterDownLoader), y, por otro lado, videos de grabación (captura) de la pantalla del dispositivo celular motivo de estudio, en los cuales se puede observar que, desde la aplicación Twitter (instalada en el dispositivo), se evidenció la visualización de dicho tuit y del video inmerso en este.” (Negrilla y subraya fuera de texto)

164. Se desprende de lo anterior que, analizado el contenido del celular, los miembros del Laboratorio de Informática Forense DPHIR S.A.S. concluyeron que el dispositivo incluía videograbaciones enlazadas al tuit en el que se habían basado las demandas de nulidad electoral en contra del demandado, aparecidas como consecuencia de su descarga directa a través del aplicativo “TweeterDownLoader” o la captura de la pantalla del celular.

165. En otros términos, el informe ratificó la existencia de la prueba en el teléfono escrutado, así como su fuente relacionada con la cuenta personal de Twitter @carlosazuluaga.

166. En contraposición de los resultados de la experticia, el demandado sostiene que esta incurrió en desatinos metodológicos, puesto que, lejos de recaer directamente en su cuenta oficial de Twitter, los exámenes se interesaron en un dispositivo móvil, generando con ello “dudas” respecto de la correspondencia entre lo publicado y lo hallado en el celular.

167. Para la Sección Quinta, la certeza en cuanto a la identidad entre la prueba localizada en el teléfono y lo subido efectivamente a la red del accionado no se encuentra sujeto a hesitación alguna, comoquiera que las declaraciones rendidas por algunos testigos –fundamentalmente la de Nicolás Ruiz Gaviria– permiten entrever que el registro fílmico de 44 segundos descubierto en el celular de Daniela Martínez Arias fue aquel posteado en el Twitter del demandado el 27 de octubre de 2019, aceptando que el medio de convicción que da origen a este debate fue publicado en la página del hoy demandado.

168. En ese sentido, expuso el testigo Nicolás Ruiz Gaviria en la sesión de la audiencia de pruebas adelantada el 11 de noviembre de 2020, lo siguiente:

“…y yo como les narraba ahorita igual que el señor Lucas cañas y que muchas personas tenían ya posicionada en su mente que el candidato que iba a quedar era el señor Aníbal Gaviria sentí algo que se llama como dice temor de quedar aislado y yo tomo la opción de subir ese video, subo ese video que el concejal es ajeno a todo lo que tiene que ver el tema de red el concejal es una época que no tiene nada que ver con temas de internet con temas digitales…”. (Negrilla y subrayas fuera de texto)

169. Así las cosas, para esta Judicatura es claro que para el día de las elecciones territoriales de 2019, en el perfil personal de Twitter del demandado, fue publicada la videograbación a la base de esta causa judicial acumulada, que acto seguido fue descargada y capturada en el dispositivo celular de la señora Martínez Arias, sometido al examen técnico del Laboratorio de Informática Forense DPHIR S.A.S., resultando de esa valoración la existencia del registro fílmico.

170. La ausencia del estudio directo de la página web del accionado no hace entonces desaparecer las premisas contenidas en el informe, conclusivas de la existencia de un video en el que el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz se muestra pronunciando un discurso de respaldo a la candidatura de Aníbal Gaviria Correa, aspirante a la Gobernación por la coalición “Es el momento de Antioquia”.

171. Tampoco lo logran las acusaciones que pretenden demostrar que la fuerza del documento técnico debe ser diezmada como consecuencia de que no fue elaborado el mismo día de su divulgación, pues vistas sus determinaciones, y puestas en contexto con los demás elementos de prueba obrantes en el plenario, se tiene que la videograbación fue difundida el 27 de octubre de 2019 a las 12:22 p.m. que, de hecho, ha servido de fundamente al apelante en este recurso para censurar la materialización del elemento temporal de la prohibición en el asunto de autos, como se verá mas adelante.

172. Lo anterior significa que si bien los análisis se desarrollaron días después a la publicación del registro fílmico, el video –como lo acepta incluso el testigo Nicolás Ruiz Gaviria– fue subido al espacio digital algunas horas antes al cierre de las urnas en las justas de 2019, esto es, durante el desarrollo de la etapa electoral, sin que el desarrollo ulterior de las experticias pueda conllevar comprender que la videograbación no tuvo lugar en el marco de las referidas elecciones territoriales, como buscan hacerlo entender el accionando y su coadyuvante.

173. Finalmente, la Sección Quinta del Consejo de Estado destaca que el vacío respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la reunión filmada el 26 de octubre de 2019 –y difundida un día después– no supone una inconsistencia del informe radicado por el señor Lucas Cañas Jaramillo, si se toma en cuenta que los detalles que caracterizaron este acto político no fueron objeto del referido medio de convicción, que limitó su alcance a la identificación del video en el teléfono en que previamente había sido capturado.

174. Interrogado por el apoderado del accionado en la audiencia de pruebas el 11 de noviembre de 2020 sobre las circunstancias que pudo conocer con anterioridad al recibimiento del dispositivo móvil –6 de noviembre de 2019–, el testigo técnico John Jairo Echeverry Aristizábal –suscriptor del informe– declaró:

“Para dar claridad frente al tema desconozco todo lo que pasó antes del celular haber llegado a mi laboratorio (sic)”

175. Ello, producto de que su análisis técnico tan solo buscó corroborar la existencia de videograbaciones descargadas desde la cuenta oficial de Twitter del accionado, pero no recrear las circunstancias modales del acto político en el que se tomó el registro allegado con las demandas, motivo por el que supeditar su valor probatorio a aspectos no tratados implicaría desconocer la causa eficiente que rigió su preparación.

176. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que el contexto de la reunión de 26 de octubre de 2019 es un asunto suplido mediante otras pruebas practicadas en el expediente, y cuya efectividad probatoria se establecerá en acápites posteriores, sin que sobre las condiciones modales del acto filmado exista alguna ausencia, pues, se itera, se trata de aspectos que son ratificados a través de otros medios de convicción.

177. En suma, el cargo no prospera, puesto que nada impedía que el Tribunal Administrativo de Antioquia ofreciera mérito probatorio al informe técnico inicial arrimado con la demanda radicada bajo el número 2019-03113-01 por parte del demandante Lucas Cañas Jaramillo, con la que se persiguió –y se persigue aún– la nulidad del acto declarativo de la elección del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz como concejal de Medellín por el Partido Conservador, y que fuera acumulada con los trámites que hoy son conocidos por esta Judicatura.

2.3.3.2. De la discusión sobre la licitud de la videograbación que sustenta los libelos introductorios

178. El demandado considera que la sentencia de 23 de marzo de 2021 fue fundada por el fallador de primera instancia sobre una prueba ilícita, comoquiera que la videograbación tenida en cuenta por el Tribunal fue tomada y publicada sin su consentimiento por parte del administrador de sus redes sociales durante la campaña al Concejo de la capital antioqueña.

179. De esta manera, el acusado asegura que el registro foto–fílmico que cimentó ese fallo debió ser descartado con fundamento en las previsiones del inciso 2° del artículo 29 de la Constitución Política de 1991, al presentarse como un medio de convicción con el que se vulneraron sus derechos fundamentales a la imagen, intimidad y habeas data.

180. En otros términos, el accionado solicita la aplicación de la regla de exclusión de una presunta prueba ilícita que, en palabras de la Corte Constitucional, se constituye en “el remedio (…) para evitar que los derechos de quienes participan en actuaciones judiciales o administrativas sean afectados por la admisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido proceso”.

181. En cuanto a las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se habría filmado y publicado la videograbación objeto de debate, el comunicador social Nicolás Ruiz Gaviria –encargado del manejo de las plataformas digitales del acusado– narró en declaración rendida el 11 de noviembre de 2020:

“PREGUNTADO: El señor Carlos Zuluaga ha sido convocado a este proceso en razón a que se le acusa de doble militancia en las elecciones efectuadas en el mes de octubre del año 2019. Básicamente pues, el cargo que se le formula es el hecho de haber apoyado a un candidato diferente al de su partido. Dentro de las pruebas que se aportan al proceso existe un video en el que al parecer usted tuvo participación. Quisiera entonces que nos hiciera una narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que dicho video fue tomado. RESPONDE: Señor magistrado el día viernes 25 de octubre del año 2019, me enteré de que varios líderes aspirantes a las diferentes JALES habían citado al señor concejal Carlos Zuluaga –quien también estaba aspirando para el Concejo de Medellín– a un salón privado de reuniones en San Juan. Yo normalmente asisto pues a la eucaristía en ese templo que está contiguo a ese salón donde sucede esa reunión convocada por estos líderes. Asisto por la mañana a la misa y luego tomo la decisión no porque me hubieran hecho la invitación, sino como lo dije, me enteré el día antes que se iba hacer una reunión, y toqué el timbre –porque el sitio tiene una reja y es cerrada–. Bajó uno de los líderes. Yo le dije que si tenía o no una reunión con el concejal, eso fue el día sábado 26, y me permitieron ingresar, cuando yo ingresé sábado se estaba comentando la noticia que había sido revocada en ese momento el aval del entonces candidato a la gobernación de Antioquia el señor Juan Camilo Restrepo (…) Entonces me detengo ahí para narrar los hechos, ya que antes de que llegara el concejal invitado esa era la noticia [la revocatoria de la inscripción del candidato conservador a la Gobernación de Antioquia]. El concejal llega, eso fue en horas de la mañana, más o menos cerca de las 9 de la mañana, eso pudo haber sido una reunión que duró tres horas. El concejal llega está ahí de pie estaba con unos líderes y los líderes de inmediato pues le hacen tomar el micrófono y se da el pronunciamiento y yo tomo la acción de grabar el video. Este vídeo no fue ordenado por el concejal Carlos Zuluaga. De hecho si tenemos la oportunidad de ver el video nuevamente ustedes se darán cuenta que la cámara está a un extremo más o menos, al extremo izquierdo, si ustedes miran y hacen el ejercicio señor magistrado podrá ver con evidencia que en ningún momento el entonces candidato y concejal Carlos Zuluaga está observando la cámara. ¿Por qué tomo yo la decisión de grabar? yo tomo la decisión de grabar porque como lo narré yo fui el comunicador del concejal Carlos Zuluaga, fui su comunicador hasta el 2019, como comunicador yo normalmente cuando él hablaba tomaba y graba y luego esperaba si el daba alguna autorización (…) en esa ocasión como lo dije yo en ningún momento fui ordenado por el concejal de subir ningún vídeo, que ya voy a narrar cómo fue que subí el video (…) Cuando el concejal está hablando en ese momento pues llega también invitado el senador Juan Diego Gómez de inmediato los líderes lo llevan al lado del concejal Carlos Zuluaga y por eso él aparece ahí en el video. ¿Qué pasa? yo no estuve en toda la reunión porque como dije yo asisto ahí a misa entonces me mantengo por ese sector, también tenía que ir preparando las personas que iban a ir a votar al otro día entonces yo entraba y salía (…) Entonces yo salgo después, vuelvo a entrar al rato (…) me fui ya luego entonces para la casa.

Me entero en horas de la tarde que el senador Juan Diego había corregido esa revocatoria [de la candidatura inscrita por el Partido Conservador a la Gobernación de Antioquia] nunca existió o sea que esa noticia que inicialmente habían dado estos líderes fue una noticia falsa pero yo no estuve en el momento que se hizo ese retracto en el momento en que el senador había dicho había informado que esa noticia era falsa era algo que se estaba esperando pero que no estaba en ese momento como tal confirmado (…) ¿Qué pasa? Llega el día de elecciones, yo asisto formalmente como lo dije al templo de Mi Señora de los Dolores, escucho la misa, luego me voy a votar y ya todo el día yo me desprendo para estar con las personas que van a votar de una u otra manera por el concejal Carlos Zuluaga (…) ¿Qué pasa? llega el medio día del 27 de octubre, yo manejaba la cuenta de Twitter (…) y yo como les narraba ahorita igual que el señor Lucas cañas y que muchas personas tenían ya posicionada en su mente que el candidato que iba a quedar era el señor Aníbal Gaviria, sentí algo que se llama como dice temor de quedar aislado y yo tomo la opción de subir ese video; subo ese video que el concejal es ajeno a todo lo que tiene que ver con el tema de redes. El concejal es de una época que no tiene nada que ver con temas de internet, con temas digitales…”. (Negrilla y subrayas fuera de texto)

182. Se colige de lo anterior que, a la manera como lo ha defendido el apelante, el señor Ruiz Gaviria admite que, lejos de corresponder a actos autorizados por el demandado, la grabación y publicación del video respondió a conductas propias y deliberadas que no contaron con auspicio del accionado, el cual era requerido en los eventos en los que la información producida por él debía ser subida a la red.

183. En ese orden, la Sala se interesará en determinar si la elaboración y divulgación de la reproducción de voz e imagen del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz –que soportó el fallo de 23 de marzo de 2021– vulneró los derechos fundamentales alegados por este y, en especial, el de la intimidad, como situación que deba llevar a la exclusión de esta prueba en el contexto del proceso acumulado que se adelanta en su contra.

184. Pues bien, en lo que respecta al derecho a la intimidad, como sustrato esencial de los Estados Democráticos en la actualidad, su transgresión se presenta como un asunto que no puede ser diagnosticado “ex ante”, pues pende del análisis de los rasgos definitorios de los casos puestos en consideración de la Judicatura y, por consiguiente, del despliegue de exámenes casuísticos que tomen en cuenta si, de cara a las particularidades, el solicitante de la protección “…en realidad podía suponer o confiar que las informaciones o contenidos [que lo conciernen] no podrían circular”.

185. En consonancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha edificado el concepto de la “expectativa de privacidad” –con base en las nociones extraídas del derecho norteamericano– definiéndolo como “un criterio relevante para establecer si determinadas expresiones o manifestaciones de la vida de las personas se encuentran comprendidas por el ámbito de protección del derecho a la intimidad o si, por el contrario, pueden ser conocidas o interferidas por otros.”(Negrilla y subrayas fuera de texto)

186. Entonces, la “expectativa de privacidad” busca establecer si las condiciones de injerencia en los diferentes planos de la vida de las personas pueden ser tenidas como constitucionales o, si por el contrario, deben ser descartadas de pleno derecho por irrumpir ilegalmente en su órbita más íntima, conectada con el principio fundante de la dignidad humana.

187. En su concreción práctica, el parámetro que se comenta se distingue por la realización de 2 fases de estudio. En un primer momento, los análisis se centrarán en conocer si el ciudadano que depreca la salvaguarda de la intimidad “…puede considerar válidamente que su actividad se encuentra resguardada de la interferencia de otros”, para, posteriormente, juzgar si dicha valoración resulta o no oponible a los terceros que pretenden acceder a la información o a difundirla.

188. La validez de la “expectativa de privacidad” que ostenta quien ha sido registrado en su voz y/o imagen ha sido sometida al examen de diversas circunstancias por parte del derecho pretor de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así:

189. El lugar en el que se efectúa el comportamiento grabado o filmado: En ese sentido, las decisiones del alto Tribunal constitucional han defendido que la intensidad de la protección del derecho a la intimidad se sujeta al carácter público o privado en que tiene lugar una determinada conducta, fijando que la salvaguarda será mayor en ámbitos personalísimos, que luego de que los comportamientos son ejecutados en espacios públicos o semi–públicos.

190. Así, la jurisprudencia constitucional ha enseñado que:

“5.5. En la jurisprudencia se ha sostenido que de acuerdo a la ubicación espacial que tienen ciertos elementos y conductas, estos reciben una mayor o menor protección en términos de derecho a la intimidad. En el espacio público, por ejemplo, al ser un lugar de libre acceso y donde se concretan múltiples garantías individuales, la intimidad personal puede ser limitada. Por el contrario, en espacios de naturaleza privada, que son aquellos donde la persona desarrolla su vida privada y personalidad, solo de forma excepcional puede limitarse el mencionado interés. En medio de los espacios públicos y privados, se ha aceptado la existencia de zonas que pueden considerarse como semi-privadas, que incluirían lugares como las oficinas, centros de enseñanza y entidades con atención al público, donde el derecho a la intimidad resulta protegible en distinta medida, atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso”. (Negrilla y subrayas fuera de texto)

191. De esta manera, se ha comprendido que los sucesos ocurridos en ubicaciones espaciales privadas o semi–privadas –cuando han sido retratados en fotografías, grabados o puestos en forma de mensaje de datos– requieren para su elaboración y divulgación de la autorización expresa de quienes aparecen allí, requisito sin el cual las pruebas deben ser desestimadas en los procedimientos administrativos y procesos judiciales de acuerdo a las prescripciones normativas plasmadas en el inciso final del artículo 29 la Carta Política de 1991.

192. A la luz de este parámetro –aplicable a los medios de convicción recobrados en ámbitos privados del individuo–, la Sección Quinta del Consejo de Estado en decisión de 21 de enero de 2021 señaló:

“Bajo esas consideraciones, una grabación obtenida sin consentimiento de uno de los implicados, en lo que supone es el espacio semi-privado del despacho del entonces alcalde, en el ámbito de una conversación presuntamente reservada, no podría traerse como prueba a este proceso de nulidad electoral; mucho menos cuando la calidad del audio y el contexto del diálogo parcialmente transcrito, si bien podría –en criterio de algunos- merecer ciertos reproches, no revela con claridad la existencia de una conducta punible que ameritara sobrepasar los límites del derecho a la intimidad de quien fue grabado sin mediar su autorización o la de una autoridad judicial, cuestión ius fundamental que debe ser precavida por el operador jurídico, de ser el caso, incluso de oficio.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

193. Por el contrario, la jurisprudencia construida por la Sala especializada en asuntos electorales de esta Corporación ha admitido que los actos registrados en espacios públicos o semi–públicos tienen valía probatoria –sin importar la existencia de consentimiento–, producto de que bajo estas circunstancias la “expectativa de privacidad” de quienes se ven involucrados se reduce, de cara a la situación a la que se encuentran expuestos.

194. En consonancia, esta Judicatura explicó en providencia de 31 de octubre de 2018, en el marco de una demanda de nulidad electoral propuesta contra el representante a la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tovar Bello:

“Respecto de la prueba, puede verse que en el alegato de conclusión el apoderado del actor insistió en que el video desconoció el derecho a la intimidad del señor Tovar Bello y el principio de libertad porque no contó con su consentimiento, por lo cual, a su juicio, es nulo.

La Sala reitera los argumentos expuestos por el consejero ponente en la audiencia inicial en la que dicho documento fue tenido como prueba y negó la nulidad de la misma y la exclusión del proceso, ya que “[…] Al revisar los videos que se aportaron con la demanda se tiene que el demandado aparece hablando ante un gran grupo de personas, en donde el demandado deponía sobre diferentes aspectos de su campaña electoral, así mismo en el salón se ven pancartas con el nombre del demandado, razón por la que se advierte que no se trataba de un ámbito privado, sino por el contrario, de un ámbito público de campaña electoral. De acuerdo con lo anterior, no se evidencia vulneración alguna al derecho a la intimidad del demandado y por tanto, la prueba no está viciada de nulidad […]”.”

195. De ello se desprende que la toma y difusión de videos que muestran el desarrollo de actos políticos en lugares públicos o semi–públicos se tienen como válidas y no desconocedoras del derecho a la intimidad, pues, se itera, no comprenden, en principio, manifestaciones de la vida privada de quienes se encuentran concernidos.

196. En ese punto, la citada sentencia de 21 de enero de 2021 expuso:

“Desde luego que lo anterior debe ser contrastado con el hecho de que hay registros que se logran en el ámbito de relaciones o espacios públicos o semi-públicos –que no es lo que ocurre en el sub lite– en los que cabe la posibilidad de admitir ese tipo de medios de prueba, atendiendo a los diferentes grados de protección que la jurisprudencia constitucional confiere al derecho a la intimidad en relación con los espacios en los que pretenden hacerse oponibles, pues a mayor grado de publicidad de las actuaciones, por su naturaleza o propósito, menores los límites o restricciones oponibles de una eventual esfera reservada. Así, por ejemplo, guardadas las proporciones, no podría decirse que se vulnera el derecho a la intimidad de un político grabado durante un discurso de campaña, lo cual, claramente no es lo que ocurre en el presente caso, en el que se examina una grabación que, al parecer, solo involucra al exalcalde Gallo y al testigo Rúa.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

197. Pero además de lo anterior, la “expectativa de privacidad” ha sido igualmente sometida al carácter público o privado de la información que se registra en los videos, siendo menor la protección ofrecida por el derecho a la intimidad en tanto más se aleja de asuntos pertenecientes a la órbita privada de las personas.

198. Bajo la égida de las glosas que preceden, la Sala expresa a continuación las razones que permiten desestimar la exclusión de la videograbación sobre la que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la elección de Carlos Alberto Zuluaga Díaz, como concejal de Medellín para el periodo constitucional 2020-2023:

199. En primer lugar, esta Judicatura destaca el entorno en el que fuera desarrollada la reunión registrada a través del material fílmico aportado al expediente, en el que de acuerdo con el testimonio del señor Nicolás Ruiz Gaviria, el demandado estuvo acompañado de otras 20 personas, dentro de las cuales figuraba el senador conservador Juan Diego Gómez Jiménez.

200. En torno de la relación existente entre el accionado y el señor Ruiz Gaviria, el acusado expresó en su declaración de parte:

“PREGUNTADO: ¿Manifieste sí o no la cuenta de Twitter @Carloszuluaga es de su propiedad, uso y dominio? RESPONDE: Es de mi propiedad pero el uso es de mi comunicador en el concejo de la ciudad de Medellín para la candidatura. (…) PREGUNTADO: ¿Manifiéstenos quién era ese comunicador para su candidatura y cuál relación tenía en su momento con la campaña señor concejal? RESPONDE: Se llama Nicolás Ruiz comunicador mío y era funcionario de la UTN en el concejo de la ciudad de Medellín.”

201. De lo anterior se desprende que durante el desarrollo de la campaña política que precedió a la elección territorial de 27 de octubre de 2019, la cuenta oficial de Twitter de Carlos Alberto Zuluaga Díaz fue administrada por el señor Nicolás Ruiz Gaviria, quien se desempeñaba, de acuerdo con su manifestación, como su comunicador en el Concejo de la ciudad de Medellín.

202. En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fue adelantada la reunión de 26 de octubre de 2019, el antiguo jefe de comunicaciones del accionado afirmó en el marco de este proceso judicial:

“PREGUNTADO: Él habló frente a un micrófono y que básicamente el micrófono se utilizó porque el ruido en la calle y no permitía digámoslo así escuchar a las personas, lo cierto del caso es que en el video se observan 14 personas detrás del micrófono a un lado del líder y pues básicamente lo que uno podría pensar es que no había público por el hecho de estar todas las 14 personas detrás del candidato y detrás del micrófono La pregunta es si fuera de esos líderes había alguna persona más dentro del público. RESPONDE: Si es que era una reunión más o menos de 20 personas. Ahí podía haber 15 personas y otras personas ahí sentadas, de hecho, si usted logra observar es una especie de mesa pequeña donde está, porque el espacio es reducido.”

203. De lo anterior se tiene que, además de los ciudadanos asentados en el primer plano del video –que pueden ser observados a simple vista y cuyo número se eleva a 14–, en el acto político de 26 de octubre de 2019 –ocurrido en el sector de San Juan de la Comuna 13 de Medellín– participaron otros asistentes a manera de público, en lo que fuera una reunión organizada por integrantes del movimiento “Conservadores de Vida”, del que hacía parte el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz.

204. Para la Sala, la descripción del escenario en el que tuvo lugar el evento permite concluir que, lejos de tratarse de un sitio privado o semi–privado, el marco en el que fuera tomado el registro foto–fílmico correspondió a un espacio semi–público en el que un grupo de personas se dio cita con el propósito de dialogar asuntos relativos a la campaña electoral que rodeó la elección territorial de 2019 en el Departamento de Antioquia.

205. En efecto, del análisis de la videograbación no se advierte que su elaboración hubiere sido efectuada en un recinto que permitiera al demandado desarrollar plena o parcialmente su vida íntima sin la interferencia de terceros –rasgo indeleble de la privacidad de un lugar–, pues, por el contrario, su intervención se inscribió en el ambiente de un encuentro plural de ciudadanos pertenecientes al Partido Conservador Colombiano que, coyunturalmente, fueron convocados para sondear aspectos políticos de la jornada electoral del día siguiente.

206. En este punto, se resalta que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los lugares semi–privados reúnen comúnmente a personas cuyos comportamientos y conductas están reguladas por códigos de convivencia y reglas preestablecidas –v. gr., sedes de trabajo, establecimientos educativos y religiosos–, diferenciándose de los espacios semi–públicos por la vocación de permanencia de las labores, pues para el caso de estos últimos la confluencia se produce para la puesta en marcha de una actividad puntual y no de actividades cotidianas como sucede con los primeros.

207. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado:

“De otro lado, los espacios semi–públicos, son lugares de acceso relativamente abierto en los que diferentes personas se encuentran en determinado momento para realizar cierta actividad puntual dentro de un espacio compartido: un cine, un centro comercial, un estadio. A diferencia de los espacios públicos, en estos lugares puede exigirse determinada conducta a las personas y eventualmente requerirse condiciones para la entrada: por ejemplo la compra de una boleta para ingresar a un teatro, la necesidad de apagar los celulares en un cine y de guardar silencio, etc. Sin embargo, algunos requisitos no son tan estrictos como en los lugares semi–privados: para entrar a un centro comercial no es necesario que las personas tengan uniforme, como sí puede suceder en un colegio o en una oficina, ni tampoco se exige que las personas permanezcan en dicho espacio, a diferencia de los colegios u oficinas donde se debe cumplir con una jornada laboral.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

208. En ese orden, se tiene que, habida cuenta del número de ciudadanos participantes en el evento político –alrededor de 20 de acuerdo con el testimonio rendido por Nicolás Ruiz Gaviria–, como al hecho del carácter coyuntural de la reunión –sin la vocación de permanencia que se distingue en los espacios semi–privados–, la Sala debe tener por acreditado que el registro fílmico examinado fue grabado en un espacio semi–público en el cual, el demandado no podía considerar válidamente que su actividad estuviere completamente resguardada del escrutinio ajeno, puesto que el grado de exposición al que estuvo sometido reducía paralelamente su “expectativa de privacidad” y, por consiguiente, el amparo de su derecho a la intimidad frente a las intromisiones experimentadas que, para el caso particular, provinieron del interior de su campaña.

209. De esta manera, esta Judicatura considera que, contrario a lo defendido por el recurrente, el contexto en el que fuera recobrada la videograbación impide que su valoración probatoria se supedite a la existencia o no de un consentimiento para su elaboración y/o difusión, al no haber sido ejecutada en el ámbito privado o semi–privado del accionado, sino tan solo en su esfera semi–pública, dando constancia de declaraciones dirigidas a un conjunto nutrido de personas.

210. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado aseveró en fallo de 31 de octubre de 2018, en el que igualmente desechó el cargo del consentimiento como requisito “sine qua non” para la apreciación de una prueba:

“A partir del análisis que ofrecen los videos obrantes en el expediente, estima la Sala que el sitio en el que fue realizada la reunión política no puede catalogarse como un lugar privado sino como un espacio semi–público en el cual gran cantidad de personas acudió para el desarrollo de una actividad específica en aquel recinto compartido, donde el señor Tovar Bello alcanzó un grado de exposición que trascendió de su esfera estrictamente privada” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

211. Así, ni la toma de la grabación, ni la publicación del video pueden ser tenidos como actos desconocedores del derecho a la imagen y a la intimidad del accionado, pues, se itera, el registro no comprometió su privacidad, al haber sido elaborado en un espacio en el que la injerencia a la apariencia del demandado se encontraba permitida, como consecuencia del espectro en el que sucedieron los acontecimientos, que no pierden su naturaleza semi–pública por haber ocurrido en un salón cerrado –como pretende hacerlo ver el apelante–, producto de una intervención plural y circunstancial de ciudadanos el 26 de octubre de 2019.

212. Ahora bien, en segundo lugar, y sin perjuicio de lo sostenido hasta aquí, la Sala resalta que una observación detenida del registro analizado conlleva concluir que el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz conoció de primera mano su elaboración durante el desarrollo del acto político filmado, como consecuencia de la cercanía de la cámara empleada, que incluso motivó a muchos de sus acompañantes a fijar la mirada en ella –v. gr. la del senador Juan Diego Gómez Jiménez–, sin que dentro de la toma se pueda corroborar la desaprobación del demandado al gesto desplegado por su administrador de comunicaciones, señor Nicolás Ruiz Gaviria.

213. Y es que un examen consciente de la declaración judicial de este testigo permite afirmar que este tipo de acciones se constituían en el denominador común del trabajo junto al accionado, ya que en su condición de jefe de comunicaciones de su campaña al Concejo de Medellín, siempre grabó sus intervenciones, esperando tan solo una autorización para saber qué se debía hacer con su contenido.

214. Así, el señor Ruiz Gaviria explicó en la audiencia de pruebas de 11 de noviembre de 2020:

“…este vídeo no fue ordenado por el concejal Carlos Zuluaga de hecho si tenemos la oportunidad de ver el vídeo nuevamente ustedes se darán cuenta que en la cámara está a un extremo más o menos al extremo izquierdo lo que ustedes si ustedes miran y hacen el ejercicio señor magistrado podrá ver con evidencia que en ningún momento él entonces candidato y concejal Carlos Zuluaga está observando la cámara ¿por qué tomó yo la decisión de grabar? yo tomó la decisión de grabar porque como lo narre yo fui el comunicador del concejal Carlos Zuluaga, fui su comunicador hasta el 2019 como comunicador yo normalmente cuando él hablaba tomaba y grababa y luego esperaba si el daba alguna autorización…”. (Negrilla y subrayas fuera de texto)

215. De este relato se desprende entonces que el comunicador social tenía la autorización para registrar los actos políticos en los que tenía participación Zuluaga Díaz, mostrándose como contradictorio el argumento del recurrente, en el sentido de que para ese evento en particular no ofreció su consentimiento, pues su actitud visible en la videograbación y la práctica comentada por su gestor de plataformas digitales lleva a comprender una situación distinta, que hoy busca ser desconocida mediante la alzada que decide esta Corporación.

216. Ahora bien, y aunque el testigo refiere igualmente que el accionado no percibió que estaba siendo grabado, la Sala desestima el dicho, pues un análisis detenido del medio de convicción referenciado –video subido a Twitter– permite corroborar que, habida cuenta de la aproximación de la cámara y el espacio en el que se estaba desarrollando el acto–, el acusado debió percibir la grabación, a la manera como lo hicieron sus demás acompañantes.

217. Y es que, a decir verdad, la separación entre el lugar en el que fue hecha la toma y aquel en el que el señor Zuluaga Díaz fue tan solo de algunos metros –2 máximo–, que hacían imposible que éste no hubiere sabido que su declaración estaba siendo grabada, de la misma forma que sus acompañantes lo tenían presente para el momento en que ello ocurrió, como se devela de una mirada objetiva del video.

218. En ese sentido, y más allá de lo referido por el testigo, lo cierto es que para la Sala, con base en las reglas de la sana crítica, el registro fílmico sí fue conocido en ese momento por el accionado que no se opuso a él, como se colige también de la cinta que no muestra una actitud negacionista atribuible al accionado.

219. En tercer lugar, la Sala no pasa por alto que la videograbación arrimada con las demandas de nulidad electoral formuladas contra el accionando no contiene declaraciones vinculadas a informaciones del ámbito privado de éste, comoquiera que éstas se relacionan con aspectos de trascendencia democrática, referidos al respaldo que concedió el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, en su calidad de aspirante al Concejo de Medellín por el Partido Conservador, de cara a las candidaturas inscritas a la Gobernación del Departamento de Antioquia.

220. En ese sentido, el video tan solo muestra al demandado –en su condición de figura política del conservatismo– expresar su posición política en el marco de las elecciones uninominales que caracterizaron la carrera a la Gobernación en el año 2019, destacando sus inclinaciones y los respaldos que ofrecería en el universo proselitista en el que registró su aspiración, mediante aseveraciones que por su rol al interior de las justas electorales sobrepasaban el plano de lo individual para venir a retumbar en el desarrollo mismo de la elección.

221. En términos llanos, la videograbación no plasmó datos personalísimos del acusado –que por ese hecho hubieren requerido de autorización para su tratamiento– comoquiera que correspondieron a informaciones con una relevancia colectiva, expresadas por quien postuló su nombre en el certamen democrático, proyectándose en el ámbito territorial como una figura pública, susceptible de ser grabada en su voz e imagen, particularmente en aquellos pronunciamientos hechos por fuera de su propia intimidad.

222. En cuarto lugar, esta Judicatura considera que si bien, de acuerdo con el testimonio del señor Nicolás Ruiz Gaviria, la administración de la red social Twitter fue completamente delegada por la parte accionada a él, ello no obsta para entender que la titularidad siempre reposó en el demandado –comoquiera que las funciones eran desarrolladas en su nombre– y que cualquier tipo de falencia en el control del manejo responde a un asunto interno de su campaña que no puede ser utilizado para justificar el quebrantamiento del ordenamiento jurídico electoral.

223. En consonancia, la Sala resalta que en materia de mensaje de datos, el artículo 16 de la Ley 527 de 1999 prescribe que su atribución se vincula al titular de la cuenta:

“…cuando este ha sido enviado por:

“1. El propio iniciador.

2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese mensaje, o

3. Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que opere automáticamente.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

224. Así, se entiende que la delegación en la gerencia y gobierno de las plataformas digitales y, por ende, del contenido subido a ellas, no exime de responsabilidad a sus titulares, toda vez que les resulta siempre imputable, al emplear su identidad, por lo que la información posteada no puede ser reprochada bajo el argumento de la no administración de la red social en la que se genera o por la ausencia de su consentimiento, comoquiera que es obligación del delegante velar por el adecuado uso de sus redes sin desprenderse completamente de la gestión de éstas.

225. En ese orden, el principio de no repudio –como referente axiológico de la seguridad informática– enseña:

“El no repudio o irrenunciabilidad provee garantía al receptor de una comunicación en cuanto que el mensaje fue originado por el emisor y no por alguien que se hizo pasar por este. Además, previene que el remitente o emisor del mensaje afirme que él no envió el mensaje.”

226. Así, y con el propósito de velar por la transparencia del tráfico de información que se produce en el campo digital, se ha comprendido que quienes se presentan como titulares de cuentas en plataformas digitales como Twitter, no pueden renunciar a los datos allí posteados, bajo argumentos de administración delegada sometida a autorizaciones posteriores.

227. Se tiene así que quien ofrece el uso y empleo de sus contraseñas e identificaciones en las plataformas digitales entrega completamente su titularidad, sin que pueda negar la existencia de la información publicada en ellas.
228. En otras palabras, el encargo ofrecido imponía al accionado un correcto seguimiento “ex ante” y “ex post” al contenido publicado por su administrador digital, por lo que, en principio, las deficiencias ocurridas en este actuar no puedan servir como eximente de responsabilidad para desconocer el imperio normativo del instituto de la doble militancia política.

229. En ese mismo orden, y frente a la cadena de autorizaciones que regían el vínculo contractual entre el demandado y el señor Ruiz Gaviria, la Sala encuentra que, más allá de sus dichos, en el expediente no reposa prueba que los valide, siendo de su carga probatoria demostrar a través de los medios pertinentes –contratos– las condiciones a las que estaba sujeto ese pacto obligacional.

230. En quinto lugar, se destaca que la decisión de no excluir la videograbación de 26 de octubre de 2019, adoptada por el fallador de primera instancia y esta Sección, no vulnera el precedente judicial establecido en la sentencia de 6 de octubre de 2016, dictada por esta Sala en la radicación 50001-23-33-000-2016-00077-01, puesto que, por el contrario, lo ratifica.

231. En aquella oportunidad, la Sección conoció del recurso de apelación incoado contra la sentencia de 24 de junio de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral propuesta contra el acto declarativo de la elección de la señora Lucy Fernanda Tamayo Ferro en su calidad de diputada de ese departamento, fundada en el cargo de la doble militancia en su modalidad de apoyo.

232. Dentro de las elucubraciones prohijadas por este corporativo para confirmar la providencia proferida por el a quo, se estudió la licitud de las videograbaciones que acompañaron la demanda, de las cuales se deducían presuntamente la existencia de los respaldos proscritos por el sistema jurídico electoral. En ese sentido, la Sala sostuvo que, teniendo en cuenta que uno de los videos acompañados al libelo genitor retrataba conversaciones personales de la demandada, dicha prueba no podía ser apreciada por transgresión del inciso final del artículo 29 de la Carta Política.

233. No obstante, dio validez a otro registro fílmico que, tomado el mismo día del primero, mostraba a la accionada dirigiéndose al público asistente al evento. Al respecto, esta Judicatura señaló:

“En relación con los videos, encuentra la Sala que el llamado “video No. 1”, como bien lo expresó el Ministerio Público, no podía ser valorado como prueba porque no está acreditado que la demandada hubiere manifestado su consentimiento para ser grabada y menos con fines judiciales.

(…)

En este caso, contrario a lo evidenciado en el “video 2”, la demandada sostiene una conversación espontánea con dos personas que no se identificaron plenamente en la grabación –cuya duración no supera los 2 minutos 15 segundos–, sin dirigirse al micrófono que se encuentra próximo a ella, como sí lo hace en el “video 2” en el que en lugar de conversar desprevenidamente, dirige su voz al micrófono y responde preguntas concretas.

(…)

Ante ese panorama es claro que el llamado “video 1” resulta violatorio del debido proceso y del derecho a la intimidad de la encartada, razón por la cual no puede ser considerado como prueba dentro de este proceso.

De otra suerte, en lo que concierne al “video 2” frente al cual la Sala ya se ha pronunciado, cabe decir que tampoco resulta demostrativo de que la señora LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO hubiese brindado su apoyo, en época de campaña, a la candidatura de la señora Claudia Marcela Amaya García, gobernadora electa por la coalición entre los partidos Liberal y Verde.”

234. De conformidad con lo reproducido, la Sección Quinta del Consejo de Estado excluyó la prueba que invadía la órbita privada de la acusada sin que mediara su consentimiento para ello –conversación con dos asistentes a un mitin político– y dio valor probatorio a una videograbación en la que, fuera de ese ámbito, expresaba sus posiciones frente a algunos cuestionamientos, estableciendo que de sus respuestas no se derivaba la materialización de la prohibición enrostrada a la accionada.

235. En ese orden, se colige que, lejos de transgredir la regla jurisprudencial decantada, esta providencia la respeta, aduciendo que, por tratarse de un video tomado en un escenario semi–público, este merece ser valorado, a la manera como lo afirmó el Tribunal Administrativo de Antioquia en su fallo de 23 de marzo de 2021.

236. En sexto lugar, esta Judicatura pone de relieve que la decisión de primera instancia no adolece de contradicciones al exigir para la valoración del informe técnico allegado por el demandante Lucas Cañas Jaramillo el consentimiento de la señora Daniela Martínez Arias y negar este mismo requisito en lo que correspondía al video analizado.

237. La Sala manifiesta que la diferenciación en el tratamiento responde al escenario en el que recayó cada uno de los referidos medios probatorios, pues mientras para el caso de la señora Martínez Arias el objeto del informe comprendía el estudio de su celular –ámbito personalísimo de su existencia–, la videograbación del demandado fue tomada en un espacio semi–público en el que su “expectativa de privacidad” era reducida por las anotaciones previamente hechas.

238. Finalmente, esta Judicatura manifiesta que, más allá de las discusiones que rodean la existencia del consentimiento para la toma y publicación del video referido, lo cierto es que el mensaje de respaldo existió en la realidad y fue dirigido a lo menos a los 20 acompañantes que en el marco de la reunión de 26 de octubre de 2019, se hicieron presentes en el sector de San Juan de la Comuna 13 de la ciudad antioqueña.

239. En términos simples, los actos de apoyo fueron puestos en marcha en la realidad sin que las elucubraciones jurídicas en punto del consentimiento puedan ocultar lo sucedido.

240. En suma, y en respuesta al segundo de los interrogantes erigido en el marco de esta sentencia, esta Sección afirma que, en contravía del accionado, el video de 26 de octubre de 2019, posteado el 27 siguiente en su cuenta oficial de Twitter, no debe ser excluida de este trámite judicial.

2.3.3.3. De la discusión sobre la debida valoración de la videograbación de 26 de octubre de 2019

241. En este punto, las acusaciones planteadas por el accionado se circunscriben a advertir que el fallo de 23 de marzo de 2021 no examinó la totalidad de pruebas practicadas en el proceso, particularmente su declaración de parte y el testimonio ofrecido por el señor Nicolás Ruiz Gaviria que, de haber sido analizados, habrían permitido enervar el mérito probatorio concedido por el a quo a la videograbación de 26 de octubre de 2019.

242. Ello, por cuanto, de acuerdo con el demandado y su coadyuvante –señor Óscar Giraldo Torres–, las pruebas omitidas demostrarían, grosso modo, que (i) el video fue registrado en un ambiente de confusión en torno de la estabilidad de la candidatura del aspirante conservador a la Gobernación de Antioquia –como consecuencia de una solicitud de revocatoria de inscripción elevada en su contra– y (ii) las declaraciones pronunciadas no disponían de la fuerza necesaria para constituirse en verdaderos respaldos en favor de la campaña política de Aníbal Gaviria Correa por la coalición “Es el momento de Antioquia.”

243. En consonancia, la Sala estudiará si las afirmaciones defendidas por el recurrente y el testigo Ruiz Gaviria cuentan con la vocación de neutralizar los apoyos indebidos detectados por el Tribunal en la prueba videográfica, tal y como sigue:

244. En lo que respecta al video, como pudo comentarse en acápites previos de esta providencia, el demandado –en el marco de una reunión sostenida en el sector de San Juan de la Comuna 13 de Medellín– manifestó:

"Soy el 1 en el tarjetón del Partido Conservador. Nuestro respaldo al doctor Aníbal Gaviria, toda la Comuna 13, toda esta estructura del equipo no tiene sino un solo candidato a la Gobernación que es nuestro Gobernador Aníbal Gaviria, que siempre ha trabajado en equipo con el doctor Juan Diego, con el doctor Nicolás Albeiro y nosotros aquí sentimos esta candidatura como la propia, la única y la que va a ganar contundentemente las elecciones el día de mañana. O sea, todo este equipo reitera, y ha reiterado, y siempre lo ha hecho, disciplina de partido, disciplina como conservadores de vida y estamos también por convicción con Aníbal Gaviria nuestro Gobernador." (Negrilla y subrayas fuera de texto)

245. La Sección destaca que se trata de una prueba sobre la que no existen discusiones relativas a su autenticidad, toda vez que su autoría está ciertamente acreditada dentro del plenario, siendo atribuida al señor Nicolás Ruiz Gaviria en su calidad de administrador de las redes sociales del accionado en el desarrollo de la campaña política que precedió su elección como concejal de Medellín para el periodo 2020-2023.

246. Una lectura detenida de la declaración permite sostener que, tal y como fuera concluido por el fallador de primera instancia, en las justas electorales de 27 de octubre de 2019, el demandado acompañó, en reunión adelantada con miembros del grupo “Conservadores de vida”, la aspiración política del señor Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia, a pesar de que su colectividad, esto es, el Partido Conservador Colombiano, había inscrito un candidato propio a la referida elección uninominal.

247. En efecto, la visualización de la candidatura de Gaviria Correa como la “propia, la única…” y la convicción en el apoyo ofrecido, motivó al Tribunal Administrativo de Antioquia a establecer que, en el asunto de autos, el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz había incurrido en la conducta prohibida por el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, que proscribe la ayuda y, en general el respaldo, de aspiraciones no avaladas por el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos al cual se pertenece.

248. Bajo este panorama, la Sala encuentra que ninguna de las alegaciones erigidas en el recurso de apelación –fundadas en el testimonio de Nicolás Ruiz Gaviria y en la declaración de parte del accionado– enervan las conclusiones a las cuales arribó el a quo, como se explica de manera independiente frente a cada uno de los argumentos presentados por el recurrente y su coadyuvante, señor Óscar Giraldo Torres:

249. Alegación 1: el video fue filmado en un ambiente de confusión política

250. El demandado sostuvo que en la reunión de 26 de octubre de 2019, se comentaron entre otros aspectos la solicitud de revocatoria de la elección del señor Juan Camilo Restrepo Gómez como candidato conservador a la Gobernación de Antioquia. En ese orden, esgrimió que, habida cuenta de las noticias de la prosperidad del pedimento que había sido elevado ante el CNE, sus partidarios al Concejo de Medellín le deprecaron filmar un video en el que concediera el respaldo al señor Aníbal Gaviria Correa.

251. En su sentir, esta circunstancia justificó la existencia del registro foto–fílmico, sin que, a decir verdad, se hubiere transgredido la disciplina partidista, pues las declaraciones estuvieron inscritas en ese contexto coyuntural, que lleva a que en el presente caso se dé aplicación a un realismo político.

252. Para la Sala, revisado el expediente se tiene que como lo señala el demandado la aspiración de Juan Camilo Restrepo Gómez fue objeto de una solicitud de revocatoria de inscripción ante el CNE, identificada con el número 17274-19, que fuera negada mediante Resolución N°. 5096 de 24 de septiembre de 2019, confirmada a través de decisión N°. 1181 de 3 de marzo de 2020.

253. En consonancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado considera que la simple existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción no permitía al demandado apoyar la candidatura –mediante el pronunciamiento de un mensaje de respaldo–avalada por una agrupación política distinta a la suya, máxime si se comprende que, tal y como ocurrió en el caso particular, la decisión que denegó primigeniamente la revocatoria fue adoptada con más de un mes de anticipación a la realización de las elecciones de 27 de octubre de 2019, dando claras muestras de certidumbre respecto de la solidez de la aspiración de Juan Camilo Restrepo Gómez por el Partido Conservador.

254. La coyuntura política vivida en el Departamento de Antioquia –como consecuencia de la no participación de las autoridades políticas regionales en la designación del candidato único del conservatismo a la Gobernación (Juan Camilo Restrepo Gómez)– no puede servir de excusa para desconocer los mandatos imperativos de una norma de orden público –artículo 2.2. de la Ley 1475 de 2011– que, de manera contundente, exige el respeto de la disciplina partidista como sustrato del principio democrático acogido en la Carta Política de 1991, como en otras oportunidades lo ha sostenido esta Sección, cuando la prohibición ha querido ser exceptuada mediante determinaciones adoptadas al interior de los partidos:

“Hechas las anteriores precisiones, se debe señalar que comoquiera que la doble militancia es una prohibición consagrada en el artículo 107 constitucional y desarrollada en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, es claro que cualquier decisión, acto, o convenio emanado de la agrupación política que sea contrario a los postulados allí contenidos no puede ni debe ser considerado como un sustento válido para justificar comportamientos que atenten contra el principio democrático participativo y la soberanía popular.”

255. Alegación 2: En la reunión de 26 de octubre de 2019 existieron actos de apoyo en favor del aspirante conservador a la Gobernación de Antioquia

256. En este orden, la Sala observa que tanto de la declaración de parte del demandado como del testimonio del señor Nicolás Ruiz Gaviria se colige que en general la reunión de 26 de octubre de 2019 fue desarrollada con el propósito de organizar las actuaciones con las que se apoyaría la candidatura de Juan Camilo Restrepo Gómez a la Gobernación de Antioquia por el Partido Conservador.

257. Así, sostuvo el demandado en su declaración de parte:

“PREGUNTADO: ¿Díganos cuál fue usted más o menos el motivo por el cual se reunieron ese día pero yo quisiera que nos ampliarán el objetivo de esa reunión a través de la cual se aportó como prueba cuál era que usted como candidato y de los que estaban presentes? RESPONDE: Fue una reunión donde asistieron alrededor de 13 o 14 personas en esa reunión fue una reunión muy reservada privada una reunión donde invitamos al doctor Juan Diego Gómez como senador de la República integrante del partido conservador para efectos de organizar todo lo que era el día electoral en esa reunión se habló de muchos temas uno de los temas que se habló fue ese del video, ese video fue sacado del contexto de una reunión de 3 horas de 9:00 am a 12:00 del día y por eso creo yo que no riñe con la verdad de lo que fue la realidad de la reunión, donde fue claro y contundente la reunión tanto el senador como nosotros que el candidato único del partido era el doctor Juan Camilo Restrepo, por lo tanto, no fue autorizado ni nadie, no sé si otra gente grabó más pero nadie estaba autorizado de sacar una grabación de esa reunión privada, ese video es un pedacito de lo que fue el contexto de la reunión, una reunión privada su planificación y el tema es claro y contundente que la que las instrucciones ir a votar por Juan Camilo Restrepo.”

258. No obstante, a pesar de lo anterior, esta Judicatura esgrime que esta circunstancia –apoyo dado a Juan Camilo Restrepo Gómez, candidato a la Gobernación de Antioquia por el Partido Conservador– no dispone de la prosperidad para neutralizar las conclusiones de respaldo halladas por el fallador de primera instancia, toda vez que lo cierto es que, además de los presuntos apoyos que se pretendieron dar al candidato oficial del Partido Conservador, el demandado declaró su respaldo a la aspiración del señor Aníbal Gaviria Correa, mediante un mensaje contundente que lo presentó frente a su electorado –por lo menos a sus seguidores en la red de Twitter– como su fórmula política a la Gobernación del Departamento de Antioquia.

259. En términos llanos, la ayuda ofrecida a un candidato extraño no se desvanece por los apoyos paralelos que se conceden al propio.

260. Alegación 3: La cuenta de Twitter no era pública

261. No se trata de un argumento con viabilidad para enervar el acompañamiento dado por el accionado al candidato por la coalición “Es el momento de Antioquia”, comoquiera que, más allá de este debate, lo cierto es que la videograbación estuvo posteada en su red de Twitter y a lo menos tuvo la potencialidad de ser vista por los seguidores de su cuenta de tratarse de una cuenta privada.

262. El acto de publicación se constituye entonces como un gesto de auxilio político que es reprochado a la luz de las previsiones del ordenamiento jurídico electoral.

263. Alegación 4: La declaración no invita a votar por Aníbal Gaviria Correa

264. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta, el apoyo proscrito por el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011 puede consistir en: “…diversas manifestaciones como el acompañamiento en la aspiración política, la ayuda prestada en la actividad política, la asistencia en varias modalidades y cualquier otra conducta que pueda favorecer los intereses del otro candidato en el debate electoral.”

265. Si bien la manifestación expresada por el demandado no se constituye en una invitación directa a votar por el señor Aníbal Gaviria Correa, esta Sección reconoce que el favorecimiento –exigido por la jurisprudencia de esta Sala– se deriva en esta oportunidad de un respaldo o adhesión que catapultó esta aspiración como aquella que representaba los intereses del accionado de cara a sus seguidores en Twitter, sin importar que de forma explícita no solicitara ejercer el derecho al sufragio activo en beneficio de ese candidato.

266. En ese orden, se itera, cualquier acto positivo y concreto que denote apoyo –lo que trasciende el hecho de invitar a votar por una aspiración determinada– (v. gr., la demostración de un respaldo económico), transgrede la prescripción constitucional y estatutaria que impone la disciplina de partido en este contexto.

267. Alegación 5: Lo mostrado en el video no se acredita con otras pruebas

268. Para la Sala basta con remitirse al testimonio del señor Nicolás Ruiz Gaviria para despachar negativamente este alegato, puesto que, en su condición de testigo y autor del video, ratificó el contenido del mismo, pretendiéndolo justificar en los argumentos que en la actualidad se estudian.

269. En este punto, se indica que la declaración de este testigo –lejos de estar circunscrita a demostrar la autenticidad del video–, fue solicitado por los demandantes para que depusiera sobre todas aquellas circunstancias que le constaren en relación con los hechos de los libelos genitores. En ese orden, se esgrimió en la demanda con radicación número 2019-03296-01:

“Solicito que se cite a rendir testimonio al señor NICOLÁS RUIZ GAVIRIA, quien se desempeñó como jefe de prensa de la campaña al concejo de Medellín del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, al que se puede localizar en (…), para que en audiencia respondan las preguntas que les consten sobre los hechos contentivos de la demanda.” (Negrilla fuera de texto)

270. En ese orden, no es cierto que la imágenes y reproducciones de la documental analizada no cuenten con refrendación probatoria adicional en el expediente.

271. Alegación 6: En las redes no es posible adelantar apoyos políticos

272. La Sección estima que esta premisa resulta desconocedora de los avances tecnológicos y de la manera como se han empleado para efectuar proselitismo partidista. En consonancia, la Sala estima que las plataformas digitales son campos en los que pueden desarrollarse apoyos políticos, a la manera como lo ha reconocido entre otros asuntos en decisiones de 3 de diciembre de 2020, 1° de julio de 2021 y 29 de julio de la presente anualidad, en las que los mensajes de datos y capturas de pantalla desprendidas de las redes sociales adquieren la valía de actos susceptibles del respaldo que censura la doble militancia en su modalidad de apoyo.

273. Alegación 7: El video no tuvo destinatarios específicos

274. Esta Judicatura recuerda que la causal de prohibición estudiada no se supedita a la potencialidad de las voluntades que pudieron ser convencidas a través del acto de respaldo, toda vez que no se trata de un requisito exigido por la normatividad electoral; requiriéndose tan solo la existencia del apoyo. En este punto, se esgrime que la nulidad electoral busca proteger desde una órbita objetiva las prescripciones normativas que hacen parte de este subsistema jurídico, sin interesarse en aspectos como la antijuridicidad de la conducta que desconocen la esencia misma de este medio de control, como punto nodal que lo diferencia de otros mecanismos judiciales.

275. Finalmente, la Sala resalta que el apoyo brindado por el accionado a la candidatura de Aníbal Gaviria Correa está igualmente acreditado mediante una captura de pantalla que, además de la videograbación de 26 de octubre de 2019, fue posteada en su cuenta oficial de Twitter el 27 de octubre de 2019 –sin que exista en su contra tacha de falsedad. En su literalidad, el texto establece:

"Carlos Zuluaga: 27 oct. Todos respaldando a @anibalgaviria a la @GobAntioquia #SomosConservadoresDeVida. #PresenteEnMiCiudad. #ConcejoC1.”

276. De todo lo anterior, se desprende que para las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019, el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz acompañó una aspiración distinta a la inscrita por el Partido Conservador a la Gobernación de Antioquia, que había avalado su postulación democrática al Concejo de Medellín para el periodo constitucional 2020-2023.

2.3.3.4. De la discusión sobre el elemento temporal de la conducta censurada

277. Desde la perspectiva de este cuestionamiento, la doble militancia por apoyo no puede tener lugar el día de las elecciones, al tratarse de una fecha en la que el ordenamiento –específicamente el artículo 10° de la Ley 163 de 1994– prohíbe la puesta en marcha de actos de propaganda política, únicos comportamientos a través de los cuales puede llegarse a incurrir en esa causal de nulidad, a la manera como lo pregona igualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C-334 de 2014.

278. En consonancia, el demandado aduce que la publicación de un video en su perfil de Twitter el 27 de octubre de 2019 a las 12:22 p.m. –al no poder considerarse como un acto propagandístico– no conlleva la materialización de la prohibición endilgada, que solo se cristaliza mediante el despliegue de ese tipo de conductas.

268. Pues bien, bajo el contexto descrito, la Sala expresa que no asiste razón al accionado por las razones que puntualmente se explican a continuación:

279. Un estudio de la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado permite aseverar que el día de las elecciones se constituye en el extremo final en que puede tener lugar la conducta prohibida que se pretende evitar mediante la institucionalización constitucional y estatutaria de la doble militancia en su modalidad de apoyo.

280. En ese sentido, esta Judicatura se pronunció en providencia de 29 de septiembre de 2016, cuyas premisas fundantes han sido acogidas de forma pacífica en decisiones posteriores:

“De la norma transcrita [art. 2.2 de la Ley 1475 de 2011] se pueden extraer los siguientes elementos configurativos de la prohibición a saber:

i) Un sujeto activo,

(…)

ii) Una conducta prohibitiva,

(…)

iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

281. Se decanta de lo reproducido que si bien el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva aceptar que la configuración de la asistencia indebida debe suceder en el contexto de la campaña política, toda vez que “…solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra”; término que se extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración y hasta la fecha de la elección.

282. Lejos de corresponder a una hermenéutica caprichosa, la extensión del elemento temporal hasta la fecha de la elección, incluido este día, responde a una filosofía que respeta la finalidad para la cual fue estatuida esta proscripción por parte del legislador de 2011, consistente en salvaguardar la disciplina partidista durante todo el procedimiento eleccionario, que supone no solo honrar las candidaturas inscritas por su partido o movimiento durante el desarrollo de la campaña, sino a la vez, respetarlas el día de la elección, cuando los ciudadanos acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto.

283. Una interpretación distinta llevaría a contradicciones insalvables, que admitirían que aunque a los candidatos les está vedado con anterioridad a la elección apoyar o respaldar aspiraciones inscritas por colectividades políticas diferentes a las suyas, dicha prohibición desaparecería el día de la elección, en el clímax mismo del trámite democrático, habilitando los acompañamientos ilegítimos que busca depurar el sistema jurídico electoral a través de esta causal de nulidad.

284. En ese orden, la Sección se ha decantado por construir una regla que comprende toda la actuación democrática –desde la inscripción del candidato y hasta la fecha en que tiene lugar la elección, incluida esta– con el propósito de velar por la teleología de la prohibición comentada y la coherencia del orden jurídico interno que para su eficacia exige la supresión de intelecciones discordantes que lleven a vaciar de contenido las normas que lo componen.

285. Ahora bien, esta Judicatura afirma que, en contradicción a los argumentos del accionado, la regla que se esboza no se opone a las consideraciones de la sentencia C-334 de 2014, ni mucho menos al sustrato que la justificó, dirigido a efectivizar las diversas modalidades de la doble militancia, obstaculizadas por la expresión “al momento de la elección” contenida en la descripción original del artículo 275.8 de la Ley 1437 de 2011, en el que se plasman las causales de nulidad especial de los actos electorales.

286. En aquella oportunidad, la Corte Constitucional conoció de la demanda de inexequibilidad incoada por un ciudadano contra el aparte referido, al considerar que sujetar el carácter normativo de la doble militancia a ese extremo temporal –“al momento de la elección”– transgredía los preceptos constitucionales y estatutarios que enseñaban que la doble militancia podía tener lugar con anterioridad a esa fecha, v. gr. a la hora de inscripción, luego de que la simultaneidad en el registro a múltiples partidos se producía para ese momento, de conformidad con el artículo 107 de la Carta Política de 1991.

287. Cimentándose en la valoración de las diferentes manifestaciones de la doble militancia y, en particular, de las aplicadas a los candidatos inscritos en las justas electorales, el alto Tribunal Constitucional estimó que el mandato acusado vulneraba la Constitución y la Ley 1475 de 2011, comoquiera que las conductas que cristalizaban la causal de indisciplina política tenían en muchos casos ocurrencia de forma previa a la elección; por ejemplo, los apoyos políticos brindados a aspiraciones proselitistas respaldadas por colectividades democráticas a las que no se pertenecía.

288. De esta manera, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la locución “al momento de la elección”, al indicar:

“4.4.8. En vista de las anteriores circunstancias, para el análisis de la expresión demandada son relevantes dos hipótesis de doble militancia, las que corresponden a los candidatos y a los directivos de los partidos o movimientos políticos que se inscriban como candidatos. En ambas hipótesis se incurre en doble militancia con anterioridad a las elecciones y no en las elecciones o al momento de las elecciones. Por lo tanto, es evidente que el candidato no puede incurrir en doble militancia en el momento de la elección, sino antes, ni incurre en doble militancia al momento de la elección, sino dentro del proceso electoral en el que dicha elección tiene lugar, específicamente al momento de la inscripción. Así, pues, la expresión demandada resulta contraria a lo dispuesto en las antedichas reglas constitucionales y estatutarias y, por tanto, debe declararse inexequible.” (Negrilla fuera de texto)

289. La lectura desprevenida del considerando transcrito conllevaría aceptar –como lo defiende el demandado– que la doble militancia por apoyo no es posible el día de la elección, lo que no comparte esta Sala de Decisión por dos motivos fundantes, toda vez que la interpretación exegética del apartado olvida:

El sustrato ideológico de la propia sentencia C-334 de 2014, relacionado con ofrecer un entendimiento adecuado a la doble militancia a fin de que cumpla con sus funciones de prevenir el transfuguismo político mediante la prohibición de comportamientos ocurridos con anterioridad a la elección, pero sin prescindir de ésta cuando las conductas malsanas tuvieren lugar ese día;

El efecto útil de la norma plasmada en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011 que persigue que la obediencia partidista se imponga durante la campaña, pero todavía más en la fecha en que tiene lugar el certamen democrático, en el que no podría habilitarse la ejecución de comportamientos que han sido proscritos a lo largo de la contienda. En otros términos, los respaldos indebidos, cuya depuración es perseguida por el sistema electoral en el desarrollo del trámite electoral, no podrían habilitarse para el día de la elección, fecha en la que se refleja con mayor ahínco la expresión de la voluntad ciudadana.

290. De ello se deriva que una hermenéutica armónica entre el dicho de la Corte y las reglas erigidas por esta Judicatura, lleva a comprender que la doble militancia en su modalidad de apoyo –además de cristalizarse durante la campaña electoral (“ratio decidendi” de la sentencia del alto Tribunal constitucional)– puede igualmente tener lugar el día de la elección, cuando el desconocimiento de la previsión se produce allí, beneficiando mediante la puesta en marcha de actos positivos y concretos –como sucede en esta oportunidad– empresas proselitistas avaladas por otras corrientes políticas.

291. Establecido ello, resta a la Sala esclarecer que, como se ha sostenido hasta aquí, la conducta cristalizadora de la doble militancia podrá consistir en cualquier comportamiento con el que se favorezca “…los intereses del otro candidato en el debate electoral”, postulando un concepto jurídico indeterminado que deberá ser completado en cada caso sometido al estudio de los jueces electorales.

292. Así, la doble militancia puede materializarse en acompañamientos, auxilios, promociones, ayudas, ventajas que, sin importar la naturaleza –dineraria o no, de dar o hacer– se dirigen a apoyar candidaturas ajenas a las del partido del que se es militante.

293. Por consiguiente, trascendiendo la discusión de si la grabación y publicación del video se presentan como actos de propaganda electoral –proscritos el día de la elección, a las voces del artículo 10° de la Ley 193 de 1994–, dichos actos se constituyen en suma en actos de respaldo que buscaron posicionar la aspiración del señor Aníbal Gaviria Correa por la coalición “Es el momento de Antioquia”, como la fórmula política del demandado a falta de algunas horas para el cierre de las urnas en contravía de los intereses del Partido Conservador Colombiano, adhiriendo a una candidatura ajena a la auxiliada por esa colectividad.

294. En otros términos, no solo la propaganda electoral conlleva doble militancia, sino cualquier conducta que se muestre como provechosa de candidatos extraños a la agrupación matriz del acusado.

295. Precisado lo anterior, el cargo se niega.

2.3.3.5. De la discusión sobre la solicitud de excepción de inconstitucionalidad en el presente caso

296. La Sección no accederá a la inaplicación de los postulados del artículo 328 del C.G.P., rector de la competencia de los operadores judiciales en segunda instancia, teniendo en cuenta la fuerza normativa del principio de la justicia rogada que orienta el funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa –que impone que las partes esbocen las razones por las cuales debe desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos administrativos (para este caso de los actos electorales)– y porque no se advierte que con la aplicación de esa norma se transgredan previsiones de orden constitucional que hagan necesaria su entrada en el presente escenario contencioso.

297. Así las cosas, la petición será desestimada.

2.3.3.6. Conclusiones

298. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala especializada en asuntos electorales del Consejo de Estado la decisión de 23 de marzo de 2021 debe ser confirmada, al configurarse la totalidad de los presupuestos de la doble militancia por apoyo contenida en el artículo 2.2. de la Ley 1475 de 2011, al encontrarse demostrado que:

(i) el demandado fue un candidato avalado por el Partido Conservador Colombiano al Concejo de Medellín en el contexto de las elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019 –elemento subjetivo, acreditado con los formularios E-6 CON obrantes en el expediente–.

(ii) el Partido Conservador Colombiano inscribió la candidatura de Juan Camilo Restrepo a la Gobernación de Antioquia –elemento modal de la conducta probado a través de los formularios E26 allegados al trámite–

(iii) el demandado apoyó la candidatura de un aspirante distinto al inscrito por el Partido Conservador en el marco de la contienda electoral que caracterizó la designación del Gobernador de Antioquia para el periodo 2020-2023, a saber, la del señor Aníbal Gaviria Correa a través de la grabación y publicación de un video de adherencia a su candidatura el 27 de octubre de 2019, a través de su red social Twitter como se vio.

299. Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,

FALLA:

PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con fundamento en los planteamientos plasmados en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de marzo de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

NULIDAD ELECTORAL – Consideraciones innecesarias y ajenas a la causa

[S]i bien las conceptualizaciones ayudan a comprender el asunto objeto de debate, no puede abusarse de ella y traer a colación todas las materias colaterales, pues, se corre el riesgo de desarticular la sentencia y tornar ininteligible el fallo. (…). [L]a temática de este segmento son consideraciones que hacen referencia a los cargos uninominales por voto popular, a su sometimiento al voto programático, y a la manipulación del elector, todas situaciones ajenas a los supuestos fácticos que acompañan la causa de nulidad electoral contra la elección del [demandado]. Debe recordarse que conforme al artículo 280 del Código General del Proceso, la sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas, y a los razonamientos constituciones, legales, de equidad y doctrinarios “estrictamente necesarios” para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con “brevedad y precisión”, sin demeritar la justa y adecuada decisión.

NULIDAD ELECTORAL - Inoportunidad para pronunciarse sobre una excepción

Al respecto impera señalar que la sentencia de segundo grado, tiene unos límites claramente previstos en la ley procesal. En primer lugar, debe respetarse el principio de congruencia consagrado en el artículo 320 del CGP, aplicable por virtud del artículo 306 del CPACA, según el cual, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida “únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante” para que el superior revoque o reforme la decisión. En segundo lugar, en razón al principio de la no reformatio in pejus, el juez ad quem no puede hacer más gravosa la situación del apelante único, que se enmarca dentro de los principios procesales a que hace alusión el artículo 103 y la regla consignada en el artículo 187 del CPACA. De igual manera, hace parte de estos límites procesales, el principio de preclusión, descrito en el artículo 207 del CPACA que dispone que, agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá dicho control para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos no se pueden alegar en las etapas siguientes. Así, por ejemplo, según las voces del artículo 102 del CGP, los hechos que configuran excepciones previas, no pueden ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandando que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones. Estos postulados orientan la labor del juez ad quem, quien no puede arrogarse competencias adicionales, salvo que el legislador procesal así lo prevea, tal como lo dispone el artículo 328 inciso 1º del CGP. En el presente caso, está claro que la RNEC no propuso esta excepción en el momento oportuno, como lo señala el artículo 172 del CPACA, esto es, dentro del término para descorrer el traslado de la demanda, sino que presentó la excepción de “falta de legitimación en la causa”, en los alegatos de conclusión, durante el trámite de la primera instancia que, como bien se sabe, tiene por objeto que las partes se pronuncien sobre las pruebas recaudadas en el proceso y no para proponer excepciones. (…). [La] aclaración de voto, va dirigida únicamente a señalar que, en casos como el presente, el pronunciamiento del juez de segundo grado, debe entenderse como excepcional, dado que el trámite de la segunda instancia está sujeto a limitaciones procesales, como las que quedaron anteriormente reseñadas, especialmente la referida a que este asunto no fue propuesto en el recurso de apelación, por lo que esta decisión, debe entenderse, i) procedente ante la omisión del tribunal de instancia de pronunciarse al respecto, independientemente, de que se haya formulado en los alegatos de conclusión ii) como consecuencia del ejercicio del poder oficioso del juez previsto en el artículo 187 del CPACA y iii) en tanto, se encuentre demostrada su configuración en el proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 172 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 175 PARAGRAFO 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 180 NUMERAL 6 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 187 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 207 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 306 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 102 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 280 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 320 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 328 / DECRETO 806 DE 2020 – ARTÍCULO 12

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

ACLARACIÓN DE VOTO DE LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-33-000-2019-02946-01 (2019-03113-01, 2019-03268-01, 2019-03296-01, 2019-03004-01)

Actor: LUIS HUMBERTO GUIDALES GARCÍA Y OTROS

Demandado: CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ - CONCEJAL DE MEDELLÍN, PERÍODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL – Temáticas del fallo ajenas a la causa juzgada y aplicación del artículo 187 del CPACA

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto que se merecen los integrantes de la Sala mayoritaria, me permito expresar las razones por las cuales, si bien acompañé la decisión adoptada por la Sección, encuentro necesario aclarar mi voto, por las razones que expongo a continuación.

En el sublite, la Sala, mediante fallo del 26 de agosto de la presente anualidad, confirmó la sentencia de 23 de marzo de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual accedió a las pretensiones de las demandas acumuladas formuladas contra el acto de elección del señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, como concejal del Municipio de Medellín para el período constitucional 2020-2023, al encontrarlo incurso en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo.

Mi aclaración va dirigida a dos aspectos concretos, uno de orden meramente formal y el otro relacionado con la oportunidad que tiene el juez para decidir las excepciones conforme a las voces del artículo 187 del CPACA.

1) Las consideraciones innecesarias y ajenas a la causa

En este aspecto, me refiero expresamente a los siguientes apartes, contenidos en el capítulo correspondiente al numeral “2.3.2. Presupuestos para la configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo”.

El fallo alude a aspectos propios de los mecanismos de participación ciudadana, que no responden al asunto que tuvo bajo análisis la Sala. Veamos:

“134. Téngase presente que en una democracia participativa los elegidos son verdaderos voceros de la voluntad popular y están sometidos al mandato de los electores, de allí que – a diferencia de la democracia representativa, “el ciudadano conserva en todo momento sus derechos políticos para controlar a su representante, porque dicha elección no supone la transferencia de la soberanía popular, sino que lo inviste de legitimidad para actuar como un delegado del Pueblo”.”

Esta mención, alude a los mecanismos de participación ciudadana, en concreto a lo que la Corte Constitucional refería frente al plebiscito, al abordar el estudio de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 94/15 Senado – 156/15 Cámara “por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.”. Si bien, las generalidades de un fallo pueden ser aplicables como ilustración o con propósitos pedagógicos a otros asuntos, lo cierto es que el eje temático transcrito no resulta conducente a la causa que se juzga en el asunto de la referencia, circunscrita a la doble militancia en la modalidad de apoyo.

En esa línea, también los siguientes apartes no resultan apropiados a la temática objeto de estudio, por cuanto se refieren a la libertad del sufragante y al diseño de los instrumentos para votar, cuando el caso sub judice trata de la doble militancia en la modalidad de apoyo, por lo que considero inadecuado e innecesario dichas referencias.

“135. La misma Constitución señala la manera en la cual deben salvaguardarse los derechos del elector. Ciertamente, corresponde al aparato estatal velar por que dicho derecho se desarrolle sin mácula alguna. Se establece que la organización electoral debe suministrar a los votantes instrumentos que les permitan identificar con claridad los movimientos, partidos políticos y candidatos. En consecuencia, la ley puede implantar mecanismos de votación que tiendan siempre a “garantizar” el libre ejercicio del derecho del elector. “Libertad y garantía” igualmente respaldadas por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.”

Luego, el contexto argumentativo se soporta en un cargo uninominal de elección popular y en la correcta y libre expresión de la voluntad popular, cuando en el presente caso, la censura se ubica en la conducta del candidato.

“136. La base de los derechos constitucionales del elector, radica en el ejercicio libre del derecho, forjándose de esta manera en el núcleo esencial del derecho fundamental al voto. Así pues, es la “libertad” del sufragante y su protección lo que permite hablar de “democracia”; por ende, sin dicha “libertad” y sin la salvaguarda de la misma, no puede estarse en presencia de un Estado Democrático. Al respecto se indicó:
"El voto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales de la democracia. No podría comprenderse la democracia sin la existencia de elecciones, en las cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos.

(....)

En el Estado de Derecho, el ejercicio individual y colectivo del derecho al voto, está sujeto a condiciones normativas que establecen las condiciones de validez, tanto del voto individual, como de la actividad electoral en sí considerada. La democracia precisa de tales condiciones, a fin de garantizar que la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona. Se busca rodear de garantías, pues, el ejercicio libre del voto apunta a alcanzar condiciones de transparencia máxima en el proceso electoral." (Negrilla fuera de texto)

137. En consecuencia, en un Estado Social y Democrático de Derecho la libertad del elector debe ser amparada con el fin de poder hacer válida la democracia; de allí que se rechace de manera enfática la manipulación del elector, propia de los regímenes autoritarios, y se dirija el accionar del Estado a fin de garantizar “la correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía”.

138. Por tal razón, es que el concepto de democracia moderno denota actualmente unos contenidos diferentes de los que se concebían anteriormente. Así pues, la democracia consistiría en un conjunto de “reglas de procedimiento para la adopción de decisiones colectivas que no dice nada sobre el contenido o resultado de las mismas, de donde su carácter reglado se constituye en una característica distintiva del modelo democrático y se manifiesta desde la elección de sus representantes hasta el producto final de la actuación de éstos, siendo inherentes a la democracia: reglas sobre las mayorías y minorías, reglas sobre las elecciones y la actuación de los parlamentos, reglas sobre las condiciones de ejercicio de la libertad política y, sobre todo, reglas sobre la protección de ciertos intereses básicos de todos los seres humanos”.

139. Como pilar fundamental del Estado Colombiano y de la democracia, se erige el pluralismo político, contrario en esencia al “unanimismo”. En el juego democrático se parte de la base de la existencia de diferentes tendencias ideológicas, claramente diferenciables; en consecuencia se “desconfía de la homogeneidad porque reconoce la heterogeneidad de las sociedad, así como la existencia de los grupos a los que pertenecen los individuos; rechaza el carácter absoluto de las opiniones o tendencias, ya que le otorga legitimidad a los distintos puntos de vista; promueve la participación política en la medida en que da oportunidad de expresarse a diversas propuestas y grupos sociales y supone la aceptación de las reglas fijadas para tornar viable esa expresión y hacerla accesible a todos”.

140. En este orden de ideas, hace parte de esas reglas de protección de la “libertad del elector” la pretensión consistente en que, en el proceso electoral, el que sea, se comporte bajo la “doble exigencia de lealtad y claridad”. La Corte Constitucional, al fijar los parámetros anotados en punto de los referendos, sentó las bases aplicables a cualquier proceso democrático respecto de la “lealtad y claridad” que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de decisión. Por eso la necesidad imperiosa que en momento alguno se induzca al elector a engaños, manipulaciones, artilugios o equívocos, que alteren su convencimiento al momento de ejercer su derecho fundamental.

141. De tal suerte, que en las elecciones unipersonales, por ejemplo, el elector debe gozar de la claridad del programa político expuesto por el candidato, así como de su lealtad en que dicho contenido ideológico y programático no será alterado ni cambiado por otro, ni por circunstancias electorales meramente coyunturales y con miras a transformar un resultado electoral. Precisamente es dicha “doble exigencia” la que permite radicar la “confianza democrática” en cabeza del elector, como director soberano del Estado. En consecuencia, la “doble exigencia” proporciona legitimidad a los procesos electorales y permite sostener el sistema democrático.”.

Una vez más, se insiste, si bien las conceptualizaciones ayudan a comprender el asunto objeto de debate, no puede abusarse de ella y traer a colación todas las materias colaterales, pues, se corre el riesgo de desarticular la sentencia y tornar ininteligible el fallo. Como se advierte del anterior párrafo transcrito, la temática de este segmento son consideraciones que hacen referencia a los cargos uninominales por voto popular, a su sometimiento al voto programático, y a la manipulación del elector, todas situaciones ajenas a los supuestos fácticos que acompañan la causa de nulidad electoral contra la elección del concejal Zuluaga Díaz.

Debe recordarse que conforme al artículo 280 del Código General del Proceso, la sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas, y a los razonamientos constituciones, legales, de equidad y doctrinarios “estrictamente necesarios” para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con “brevedad y precisión”, sin demeritar la justa y adecuada decisión.

2) La inoportunidad para pronunciarse sobre una excepción.

Hago referencia al capítulo 2.3. del fallo, intitulado “cuestiones previas”, en el que la Sala se pronunció sobre la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta en los alegatos de conclusión, durante el trámite de la primera instancia, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil –en lo sucesivo RNEC- con el fin de ser desvinculada del proceso.

Al respecto impera señalar que la sentencia de segundo grado, tiene unos límites claramente previstos en la ley procesal. En primer lugar, debe respetarse el principio de congruencia consagrado en el artículo 320 del CGP, aplicable por virtud del artículo 306 del CPACA, según el cual, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida “únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante” para que el superior revoque o reforme la decisión. En segundo lugar, en razón al principio de la no reformatio in pejus, el juez ad quem no puede hacer más gravosa la situación del apelante único, que se enmarca dentro de los principios procesales a que hace alusión el artículo 103 y la regla consignada en el artículo 187 del CPACA. De igual manera, hace parte de estos límites procesales, el principio de preclusión, descrito en el artículo 207 del CPACA que dispone que, agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá dicho control para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos no se pueden alegar en las etapas siguientes. Así, por ejemplo, según las voces del artículo 102 del CGP, los hechos que configuran excepciones previas, no pueden ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandando que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones. Estos postulados orientan la labor del juez ad quem, quien no puede arrogarse competencias adicionales, salvo que el legislador procesal así lo prevea, tal como lo dispone el artículo 328 inciso 1º del CGP.

En el presente caso, está claro que la RNEC no propuso esta excepción en el momento oportuno, como lo señala el artículo 172 del CPACA, esto es, dentro del término para descorrer el traslado de la demanda, sino que presentó la excepción de “falta de legitimación en la causa”, en los alegatos de conclusión, durante el trámite de la primera instancia que, como bien se sabe, tiene por objeto que las partes se pronuncien sobre las pruebas recaudadas en el proceso y no para proponer excepciones.

En este orden, cabe preguntarse si era procedente resolver esta excepción en el marco de la sentencia de primer grado o en la sentencia apelada objeto de aclaración. Estimo, en primer término, que era procedente este pronunciamiento por el juez de primer grado, no bajo la óptica de una solicitud de parte, dado que, como se indicó, esta solicitud fue presentada de forma extemporánea, sino bajo el poder oficioso que preceptúa el artículo 187 del CPACA en tanto señala que el juez debe pronunciarse “sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”, entiéndase cualquier otra excepción que esté demostrada en el trámite procesal, tal como se desprende de la redacción de la norma. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proveído de instancia, guardó silencio sobre la falta de legitimación en la causa propuesta en los alegatos de la RNEC, por lo que incurrió en un yerro, que era necesario subsanar en el trámite de la segunda instancia, como en efecto se hizo. En el presente caso, está claramente demostrado que la RNEC, no estaba llamada a concurrir a este proceso, en tanto, no hace parte de su ámbito competencial responder por la conducta irregular del candidato a quien se le censura haber incurrido en doble militancia.

Sin embargo, mi aclaración de voto, va dirigida únicamente a señalar que, en casos como el presente, el pronunciamiento del juez de segundo grado, debe entenderse como excepcional, dado que el trámite de la segunda instancia está sujeto a limitaciones procesales, como las que quedaron anteriormente reseñadas, especialmente la referida a que este asunto no fue propuesto en el recurso de apelación, por lo que esta decisión, debe entenderse, i) procedente ante la omisión del tribunal de instancia de pronunciarse al respecto, independientemente, de que se haya formulado en los alegatos de conclusión ii) como consecuencia del ejercicio del poder oficioso del juez previsto en el artículo 187 del CPACA y iii) en tanto, se encuentre demostrada su configuración en el proceso.

En efecto, el artículo 187 del CPACA, señala lo siguiente:

Art. 187 Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.(subrayado fuera de texto)

Conforme a la anterior disposición, el juez de primer grado, en la sentencia, tiene el deber de decidir “sobre las excepciones propuestas” que no pueden ser otras que las “excepciones de mérito”, en tanto, las excepciones previas y mixtas se resuelven, según el artículo 175 parágrafo 2º y 180. 6 del CPACA, en armonía con el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, antes de la audiencia inicial o en la audiencia inicial, según si deba o no practicarse pruebas necesarias para decidir. En este orden, debe tenerse presente que la expresión excepciones “propuestas” implica indefectiblemente la rogación oportuna del interesado y constituye una limitante para el juez en cuanto a la decisión a adoptar.

Ahora bien, el deber del juez de decidir “sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”, en mi sentir, debe entenderse referido a las excepciones mixtas, que son aquellas irregularidades de trámite, pero que por su naturaleza corresponden a una excepción de mérito y, por tanto, pueden originar la terminación del proceso. En este orden, corresponde a la cosa juzgada, caducidad, conciliación, transacción, prescripción y falta de legitimación en la causa, en tanto se “encuentre probada” y que, dentro del marco de la generalidad de los poderes del juez, constituye una de sus importantes manifestaciones oficiosas, previstas en el ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, concluyo esta aclaración dejando por sentado que la Sala sí se podía pronunciarse en el marco de la segunda instancia, sobre la falta de legitimación de la causa por pasiva de la RNEC, pero bajo los precisos términos anteriormente señalados.

Dejo así consignada mi aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

Demandante del proceso 2019-02946-01. Demanda radicada el 14 de noviembre de 2019. Demandante del proceso 2019-03113-01. Demanda radicada el 25 de noviembre de 2019. Demandante del proceso 2019-03268-01. Demanda radicada el 11 de diciembre de 2019. Demandante del proceso 2019-03296-01. Demanda radicada el 12 de diciembre de 2019. Demandantes del proceso 2019-03004-01. Demanda radicada el 14 de noviembre de 2019.
“Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.”
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
Conformada por los Partidos Liberal, Social de Unidad Nacional, Alianza Verde y Cambio Radical.
lnttps://twitter.com/corlosozuluogo. 27 de octubre de 2019. Twitter. En particular, hicieron referencia a los artículos 7° y 9° de los Estatutos del Partido Conservador. Fechas de las contestaciones: Procesos: (i) 2019-02946-01 (18 de diciembre de 2019); (ii) 2019-03113-01 (20 de enero de 2020); (iii) 2019-03296-01 (5 de febrero de 2020); (iv) 2019-03004-01 y 2019-03268-01 (28 de febrero de 2020). Trajo a colación las sentencias T-050 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-233 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En consonancia con los escritos de contestación, la solicitud de revocatoria de la inscripción tuvo como fundamento la inexistencia de consulta partidista para la escogencia de Juan Camilo Restrepo Gómez como candidato a la Gobernación de Antioquia. Videograbación. M.P Mauricio González Cuervo.
“Por el cual se adopta medidas de conservación del orden público para el desarrollo normal de las elecciones de: Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y miembros de juntas administradoras locales, del próximo domingo 27 de octubre”. De otro lado, mencionó las siguientes irregularidades atribuibles al informe técnico: “–No mencionan la lista de casos en los que hayan sido designados como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años, incluyendo el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de los partes y la materia sobre la cual versó el dictamen (numeral 5) –No indicaron los peritos si han sido designados en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de lo parte, indicando el objeto del dictamen, (numeral 6) –No declararon si se encuentran incursos en las causales contenidas en el artículo 50 del CGP, en lo pertinente (numeral 7). –No declararon si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que han utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias y en caso de que sea diferente, no explican la justificación de la variación (Numeral 8)”. Ordinal 12. En relación con este punto, relacionó las siguientes sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado en torno de la doble militancia por apoyo: 1. Sentencia de 28 de septiembre de 2015. Rad. 11001-03-28-000-2014-00057-00 (Acum.); 2. Sentencia de 6 de octubre de 2016. Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01. 3. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. 2019-03113-01.
“El despacho deberá determinar si el señor Carlos Alberto Zuluaga Díaz se encuentra inmerso en la causal de anulación electoral establecida en el numeral 8° del artículo 275 del CPACA, es decir, incurrir en la doble militancia por la prohibición expresa establecida en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011.”
Lucas Cañas Jaramillo, demandante en el proceso 2019-03113-01. Proceso 2019-03004-01.

En la manifestación de impedimento se señaló que el demandado fue el jefe directo del Magistrado durante los años 1986 y 1987 al interior de las Empresas Públicas de Medellín. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Acuerdo N°. 035 de 2021 de la Sala Plena del Consejo de Estado. Doble militancia por apoyo. Inc. Final del artículo 272 del C.G.P.: “El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien la alega.”
En su escrito de impugnación, nomina esta irregularidad con el nombre de: “Defecto y procedimental por falta de competencia de la Sala de decisión.”
Se recuerda que, además de la renuncia de la doctora Yolanda Obando Montes, el magistrado Jairo Jiménez Aristizábal fue excluido del trámite por impedimento aceptado con auto de 25 de noviembre de 2020. Como fundamento de su premisa, mencionó los artículos 115 y 132 del C.P.A.C.A. Informó el accionado: “Antes de formular los cargos del presente recurso de alzada, se procederá a resaltar el cúmulo de irregularidades que han acaecido en el presente medio de control, habida cuenta que producto de ellas se encuentra en trámite un incidente de nulidad pendiente de ser resuelto ya que afectó indudablemente el conocimiento de la verdad procesal en claro desmedro del debido proceso.”
Denominó el cuestionamiento como: “Fundamentar la decisión judicial en una prueba que se encuentra viciada de nulidad de pleno derecho por haber sido obtenida con violación de derechos fundamentales.”
“Deber de informar al titular. El Responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente: a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; c) Los derechos que le asisten como Titular; d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento.”
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.”
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33- 000-2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 6 de octubre de 2016. Llamó a esta censura: “Indebida valoración probatoria, al proferir una decisión judicial sin realizar una valoración en conjunto del acervo probatorio.”
M.P Mauricio González Cuervo. Denominó este cuestionamiento como: “Solicitud de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en el caso que se evidencia la vulneración de un derecho fundamental por la configuración de otros cargos de apelación diferentes a los propuestos.”
Llamó a esta irregularidad: “Considerar que existe una nulidad electoral sin que se configuren los supuestos de hecho de la conducta prohibitiva de la doble militancia en la modalidad de apoyo.”
El incidente fue tramitado con el número de radicado 05001-23-33-000-2019-02946-02. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P.

Carlos Enrique Moreno Rubio.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.”
“Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 8. De la nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las asambleas departamentales; de concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los alcaldes, personeros, contralores municipales y miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. La competencia por razón del territorio corresponde al Tribunal con jurisdicción en el respectivo departamento.” (Negrilla y subraya fuera de texto)
“El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.”
Menciona las contenidas en el artículo 26 del Código Electoral –Decreto N°. 2241 de 1986–.
“2. Que se notifique personalmente a la autoridad que expidió el acto y a la que intervino en su adopción, según el caso, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales, en los términos previstos en este Código.”
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2019-03317-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Tal consideración fue igualmente reproducida en fallo de 1° de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Esto es, a través de la designación de otros magistrados de la Corporación o, en el caso en que ello no resulte posible, mediante el sorteo y designación de conjueces. Con auto de 10 de mayo de 2021 de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. En este apartado, se reproducen las consideraciones expuestas en los fallos: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 19001-23-33-003-2019-00368-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 1° de julio de 2021. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E). Sentencia de 1° de julio de 2021. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. Sobre el tema pueden consultarse las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 20 de noviembre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00057-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 28 de septiembre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

Sentencia de 4 de agosto de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2015-00653-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 18 de agosto de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 63001-23-3-000-2015-00361-01 (Acum.). M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 8 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. Esto es así debido a que la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2011 definió la prohibición de doble militancia como una “limitación, de raigambre constitucional, al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones políticas (Art. 40-3 C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección popular.”
Así lo precisó la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que corresponde a la actual Ley 1475 de 2011, en la sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, asunto respecto del cual indicó: “De acuerdo a lo regulado por el inciso tercero y cuarto del artículo 108 C.P., tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella, están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas. En ese orden de ideas, si tanto una como otra clase de agrupaciones pueden presentar candidatos y, a su vez, uno de los ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia es la preservación del principio democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política. (…) Por último, como lo pone de presente uno de los intervinientes, predicar la prohibición de doble militancia a las agrupaciones políticas sin personería jurídica, no configura una afectación desproporcionada del derecho político a pertenecer a partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Ello en tanto la medida cumple una finalidad constitucionalmente legítima, como es la representatividad de dichas agrupaciones; es adecuada para cumplir con esa finalidad y no impide que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder político mediante tales grupos políticos, sino que solo limita esa participación a que guarda identidad con una plataforma ideológica particular.”
Parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011: “Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.” (Negrillas fuera de texto). En este apartado, se reproducen las consideraciones expuestas en el fallo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E). Sentencia de 1° de julio de 2021. Al respecto consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 63001-23- 33-000- 2016-00008- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

Sentencia de 4 de agosto de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 68001-23-33-000-2016-00043-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 27 de octubre de 2016. V.gr. por renuncia del candidato que inscribió; porque simplemente se abstuvo de inscribir alguna candidatura; por la revocatoria de la inscripción de su candidato, entre otros. En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 6 de octubre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. La naturaleza del apoyo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Ibidem. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020,
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 19001-23-33-003-2019-00368-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Art. 40. Corte Constitucional. Sentencia C-379 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Art. 258. Art. 23. Art. 25. Corte Constitucional. Sentencia C-142 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Ibidem. Corte Constitucional. Sentencia C-551de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional. Sentencias C-141 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. C-150 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. C-379 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ibidem. Corte Constitucional. Sentencias C-551 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. C-397 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. C-784 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. C-150 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional. Sentencia C-890 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ibidem. Corte Constitucional. Sentencias C-342 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. C-334 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras. Se refiere al video. El video es consultable en la anotación N°. 3 de SAMAI, bajo el nombre de 176_ED_VIDEOO1 (.MP4). La imagen reproducida corresponde a una foto del video. De acuerdo con el artículo 243 del C.G.P., las videograbaciones son pruebas documentales y se encuentran por consiguiente sometidas a su régimen de valoración. Quien porta una gorra negra. V. gr. El testimonio rendido por el señor Nicolás Ruiz Gaviria. Radicada, se itera, bajo el número 2019-03113-01. Ingenieros John Jairo Echeverry Aristizábal y Milton Alejandro Valencia Alonso. El informe refiere que el video subido al Twitter del demandado fue descargado en múltiples oportunidades en el celular de la señora Martínez Gaviria, generando varias copias en el teléfono. Por esta razón, se habla de “videograbaciones”, a pesar de que todas se refieran a un mismo video.

En su declaración rendida el 9 de noviembre de 2020, en el marco de la audiencia de pruebas, la señora Daniela Martínez Arias, llamada al proceso acumulado como testigo, sostuvo luego de ser interrogada por el magistrado conductor de la actuación sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el video había sido percibido en las redes por ella : "Luego lo que hicimos fue proteger la evidencia ante los peritos de Bogotá, quisimos protegerla allá en Bogotá por el mismo tema que sabíamos que la podían borrar y, efectivamente, apenas hicimos ese procedimiento, no pasó más de una hora o dos horas, y pues borraron el video…”. Información igualmente ratificada por el testigo técnico John Jairo Echeverry Aristizábal en su testimonio de 11 de noviembre de 2019. Diferenciable de sus homólogas preelectoral y postelectoral, como pacíficamente lo ha admitido la Sala en su jurisprudencia. Ver, en ese sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 76001-23-31-000-2011-01791-02. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 10 de abril de 2014.
“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
Corte Constitucional. SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Por el declarante señor Nicolás Ruiz Gaviria. Corte Constitucional. Sentencia T-574 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Corte Constitucional. Sentencia C-094 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Corte Constitucional. Sentencia C-881 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia T-574 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Corte Constitucional. Sentencia C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia T-574 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Ver, entre otras: Corte Constitucional. T-276 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. En ese sentido, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00030-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 21 de enero de 2016. Corte Constitucional. T-276 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 66001-23-33-000-2019-00777-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 21 de enero de 2021. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. En ese mismo sentido, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2020-00015-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 66001-23-33-000-2019-00777-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 21 de enero de 2021. Corte Constitucional. Sentencia T-407 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. Ibidem. Ibidem. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
HYPERLINK "https://www.unir.net/ingenieria/revista/no-repudio-seguridad-informatica/" https://www.unir.net/ingenieria/revista/no-repudio-seguridad-informatica/
Artículo 167 del C.G.P., aplicable en el contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A.: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”
El privado.

De acuerdo con el artículo 244 del C.G.P., los documentos –dentro de los cuales clasifican las reproducciones de voz e imagen– son auténticos cuando se conoce con total certidumbre su autor: “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.”
24 de septiembre de 2019. Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 19001-23-33-001-2019-00369-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 1° de julio de 2021. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E). Sentencia de 1° de julio de 2021. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 47001-23-33-000-2019-00819-01 . M.P. Rocío Araújo Oñate (E). Sentencia de 29 de julio de 2021. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00051-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Piénsese por ejemplo en la pérdida de investidura, en la que los componentes subjetivos de la conducta investigada son tomados por los operadores judiciales para el cumplimiento de sus tareas de juzgamiento. Ver, Ley 1881 de 2018. M.P. Mauricio González Cuervo. Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 7 de diciembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Por ejemplo y sin pretender la exhaustividad: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33- 000-2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 6 de octubre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00051-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. Utilizada en esa oportunidad como parámetro de control constitucional, sobre la base del concepto del bloque de constitucionalidad en sentido amplio que incluye también las normas estatutarias sancionadas. M.P Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Definida como “…toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.” Art. 35 de la Ley 1475 de 2011. Corte Constitucional. Sentencia C-379 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Art. 258. Art. 23.

Art. 25. Corte Constitucional. Sentencia C-142 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Ibidem. Corte Constitucional. Sentencia C-551de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional. Sentencias C-141 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. C-150 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. C-379 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ibidem. Corte Constitucional. Sentencias C-551 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. C-397 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. C-784 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. C-150 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional. Sentencia C-890 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Esta norma dispuso “el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión…”.

Radicados: 05001-23-33-000-2019-02946-01 (Acum.)
Demandantes: Luis Humberto Guidales García y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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