Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00095-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00095-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2019-00095-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 47001 23 33 000 2019 00095 01 (3592-2022)
Demandante: Ibeth Vega Almanza
Demandado: Nación - Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1 y otro2
Tema: Cesantías anuales y sanción moratoria
Decisión: Confirma sentencia. No hay lugar a modificar la condena impuesta al
municipio de Pedraza respecto del reconocimiento y pago del auxilio
de cesantías.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Pedraza contra la
sentencia de primera instancia del 24 de noviembre de 2021 expedida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto
negativo que se configuró ante la omisión de respuesta por parte del municipio de
Pedraza y del Fomag, respecto de las peticiones radicadas el 13 de julio de 2018, por
medio de las cuales solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías causadas en los
años 1993 a 1995 y la sanción moratoria por el incumplimiento en su consignación.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió condenar a las accionadas a pagar
los conceptos reclamados, los intereses moratorios que se causen entre la ejecutoria de
la sentencia y el cumplimiento de lo ordenado en ella, y las costas procesales.
3. Señaló que se ha desempeñado como docente en el municipio de Pedraza
desde el año 1993 y actualmente continúa en el ejercicio de su labor en el departamento
del Magdalena. Agregó que la entidad territorial no consignó sus cesantías durante los
años que se reclaman, motivo por el cual formuló las peticiones mencionadas, pero no
obtuvo respuesta.
Contestación de la demanda.
1 En adelante, Fomag.
2 Municipio de Pedraza (Magdalena).
Radicación: 47001 23 33 000 2019 00095 01 (3592-2022)
Demandante: Ibeth Vega Almanza
4. El Fomag y el municipio de Pedraza guardaron silencio en esta etapa procesal.3
Sentencia apelada. 4
5. El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda; por un lado, declaró probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa del Fomag y prescripción extintiva de la sanción moratoria por la
consignación inoportuna del auxilio de cesantías de los años 1993 a 1995 y, por otro lado,
anuló el acto acusado. En consecuencia, ordenó al municipio de Pedraza reconocer y
pagar a favor de la demandante el auxilio de cesantías de tales años.
6. Adujo que en la Resolución 0602 del 6 de julio de 2012 se reconocieron unas
cesantías parciales a la actora, pero en ella solo se registran reportes a partir de 1996,
de donde infirió que los periodos objeto de controversia no habían sido cancelados,
máxime cuando la constancia laboral allegada al expediente demostró que labora al
servicio de la entidad desde el 1 de diciembre de 1993. Agregó que en el expediente no
existe prueba que acredite que el ente territorial ha trasladado al Fondo las sumas
correspondientes a las cesantías de los años reclamados.
7. Precisó que a través de las peticiones del 13 de «julio»5 y 20 de junio de 2018,
la actora solicitó las cesantías por los años cuestionados, pero la administración no emitió
pronunciamiento. Planteó que «por lo menos»6 a la fecha de interposición de la demanda
el vínculo laboral de la accionante permanecía vigente, por lo cual la prestación tenía el
carácter de imprescriptible.
8. Por último, en lo concerniente a la sanción moratoria, aplicó el criterio de
favorabilidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para
estudiar el derecho. No obstante, declaró su prescripción.
Recurso de apelación.7
9. Inconforme con la decisión, el municipio de Pedraza interpuso recurso de
apelación alegando que no existe prueba de que la entidad hubiese recibido la petición
que dio lugar al acto demandado.
10. Expuso que la actora no aportó la guía original N°00284805 del 13 de junio de
2018 para acreditar la configuración del silencio administrativo negativo. Refirió que,
aunque se allegó el número de la guía, no es posible verificar su contenido para
establecer si correspondía a la solicitud de cesantías que aduce.
3 Según el informe secretarial del 24 de julio de 2020, visible en el folio 93 el expediente digitalizado y
conforme a la constancia que se dejó en la página 5 de la sentencia apelada.
4 Archivo ED_DDA_ONEDRIVE_20220708(.zip) del expediente digital visible en el índice 2 de Samai.
5 Así se indicó en el último párrafo de la página 31 de la sentencia; sin embargo, se precisa que la petición
en realidad se presentó en el mes de junio.
6 Concretamente en la página 24 de la sentencia.
7 Archivo ED_DDA_ONEDRIVE_20220708(.zip) del expediente digital visible en el índice 2 de Samai.
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Radicación: 47001 23 33 000 2019 00095 01 (3592-2022)
Demandante: Ibeth Vega Almanza
11. Consideró que el Tribunal dio por cierto un documento que no se incorporó en
el expediente y sostuvo que existe una denuncia penal que demuestra que «son varias
las solicitudes administrativas ficticias con las cuales se ha querido probar que se llevaron
a cabo estas reclamaciones».
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
12. Mediante auto del 13 de octubre de 2022 se admitió el recurso de apelación.8
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa procesal.
13. A través de auto del 3 de agosto de 20239 se negaron las pruebas solicitadas
por la entidad demandada en el recurso de apelación.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
14. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
15. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, procederá la Sala
a determinar si el Tribunal realizó una indebida valoración probatoria al declarar
configurado el acto ficto administrativo.
Análisis del problema jurídico.
16. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, por las razones que se exponen a continuación.
17. Con el fin de resolver el problema jurídico, es preciso mencionar que la entidad
recurrente sostiene que la guía de envío 00284805 del 13 de junio de 2018 no fue
aportada con la demanda. Asimismo, objetó la autenticidad de tal documento y la firma
de recibido que pudiera contener, señalando que se presentó una denuncia penal ante la
Fiscalía General de la Nación por una posible falsedad.
18. En ese escenario, la Sala estima necesario reparar en las pruebas que reposan
en el expediente y de las que se valió el Tribunal para emitir la sentencia de primera
instancia:
8 Índice 4 de Samai.
9 Índice 10 de Samai.
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Demandante: Ibeth Vega Almanza
• Oficio sin fecha y sello de recibido dirigido a la Alcaldía de Pedraza por parte de
una de las abogadas de la firma que representa a la demandante, en el que
«[relaciona] reclamaciones administrativas referentes a las Cesantías no
consignadas por [el] municipio al Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio,
de los siguientes docentes» [en la tabla incorporada aparece el nombre y cédula
de la demandante y de tres personas más, así como el número de guía 00284805
con fecha de entrega 13-06-2018].10
• Copia de la reclamación administrativa dirigida al municipio de Pedraza en la que
la firma de abogados que representa a la demandante solicitó las cesantías de los
años 1993 a 1995 y la sanción moratoria por la tardanza en su consignación. La
petición comprende 4 folios seguidos del poder conferido por la accionante, con
diligencia de reconocimiento ante la Notaría Única de Pedraza de fecha el 22 de
septiembre de 201711, en la que no figura ningún sello o constancia de recibido
por parte de la autoridad territorial.
• Copia de idéntica la reclamación administrativa dirigida a la Nación (Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio). El
documento consta de 4 folios y el poder conferido, con la respectiva presentación
personal y fue radicado en la Gobernación del Magdalena (Secretaría de
Educación) el 20 de junio de 2018, según sellos impuestos en su primer folio12.
• Copia de la Resolución 0602 del 6 de julio de 2012 mediante la cual se
reconocieron las cesantías parciales a favor de la demandante con destino a
compra de vivienda, en 3 folios, incluyendo la constancia de notificación personal,
que se produjo el 9 de julio de 2012.13 En ella se reflejan reportes de cesantías
desde el año 1996.
• Certificación del 23 de diciembre de 2011 expedida por la Coordinadora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en la que se refiere que «la
docente Ibeth Vega Almanza […] con tipo de vinculación MUNICIPAL y Fuente de
Recursos COFINANCIADO, se encuentra afiliado al [Fondo] y tiene reportes de
[…] cesantía [desde] 1996 [a] 2010»14.
• Constancia emitida por el liquidador del respectivo Fondo, que da cuenta del
histórico de aportes de cesantías de la demandante a partir de 1996 a 2011.15
19. Establecido lo anterior, se observa que en el auto que admitió la demanda se
requirió a la accionada para que con la contestación aportara el expediente administrativo
que contuviera los antecedentes de la actuación. El municipio de Pedraza no contestó la
10 Folio 34 del expediente digital.
11 Folios 35 a 39 ibidem.
12 Folios 44 a 47 ibidem.
13 Folios 40 a 43 ibidem.
14 Folio 16 del archivo 30.2. Ibeth Vega Almanza.pdf del expediente digital.
15 Folio 15 archivo ibidem.
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Radicación: 47001 23 33 000 2019 00095 01 (3592-2022)
Demandante: Ibeth Vega Almanza
demanda y no aportó antecedentes, pese al requerimiento que en torno a esto último se
ordenó durante la audiencia inicial16.
20. En ese escenario, el acervo probatorio atrás relacionado constituye el
fundamento a partir del cual le era posible al Tribunal definir si el municipio de Pedraza
había incurrido en silencio administrativo frente a la petición formulada por la demandante
de manera tal que, a juicio de la Sala, el a quo no contaba con elementos adicionales
para considerar que dicho silencio no se había configurado o que la petición en realidad
no se había presentado ante esa entidad territorial.
21. En efecto, el oficio remitido a la Alcaldía de Pedraza por parte de la firma de
abogados indica que a través de la guía «00284805 [con] fecha de entrega 13-06-2018»
se dirigió la petición de cesantías al municipio.
22. Sin embargo, no es menos cierto que en la providencia recurrida no se advierte
que el Tribunal haya verificado o consultado en la página web de la empresa postal 17 el
contenido del envío. En todo caso, se precisa que al intentar corroborar esa información
en esta instancia no se pudo hacer tal verificación, lo cual obedece a que tales
documentos deben guardarse por un periodo no menor de 3 años (según el artículo 35
de la Ley 1369 de 2009), luego es razonable que para la época en que se emite esta
sentencia, casi 8 años después del envío del correo postal, se haya eliminado el reporte.
23. A juicio de la Sala, no puede perderse de vista que las etapas del proceso
ordinario ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son preclusivas,18 tal como
se desprende del artículo 20719 de la Ley 1437 de 2011, por manera que, una vez
admitida la demanda teniendo como válida la petición del 13 de junio de 2018 para
demostrar la configuración del acto ficto o presunto negativo por parte del municipio de
Pedraza, la oportunidad para que dicha entidad territorial cuestionara la veracidad de esta
era en la contestación de la demanda20 y no lo hizo, pues, se reitera, no emitió
pronunciamiento.
16 El 5 de octubre de 2020 el Tribunal libró oficio No. 1098 con tal propósito.
17 Aunque la demandante omitió señalar la empresa de correos, en los alegatos de conclusión de primera
instancia presentados por el municipio se refirió que dicho trámite se surtió por conducto de
CERTIPOSTAL.
18 En sentencia del 23 de septiembre de 2021, la sección Quinta del Consejo de Estado, radicado: 05001
23-33-000-2019-02946-01 (2019-03113-01, 2019-03268-01, 2019-03296-01, 2019-03004-01) en torno a
ese principio, consideró: «[…] el ordenamiento positivo determina las fases de cada actuación, indicando
las actuaciones que deben de adelantarse en cada una de ellas, así como fija unos mecanismos y
oportunidades para su interposición, que deben ser atendidas por las partes, so pena de la pérdida de
tal facultad. […] las partes e intervinientes, […] deben acatar los términos procesales para actuar ante el
juez a efectos de garantizar la debida oportunidad en ello […]. Ello implica entonces el principio de la
preclusividad de las etapas del proceso».
19 Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear
los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán
alegar en las etapas siguientes. [Se destaca].
20 Tal como lo exige el artículo 175 del CPACA, según el cual es en la contestación de la demanda cuando
la parte accionada se debe pronunciar sobre las pretensiones y hechos de la demanda —para el caso
concreto, oponiéndose a la pretensión de declaratoria de nulidad de un acto ficto, que a su juicio no se
configuró—, también puede formular excepciones —como por ejemplo la de ineptitud de la demanda que
ahora pretende plantear en el recurso de apelación— de igual manera, debe relacionar y aportar todas las
pruebas que tenga en su poder y que pretende hacer valer para demostrar su dicho.
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Radicación: 47001 23 33 000 2019 00095 01 (3592-2022)
Demandante: Ibeth Vega Almanza
24. Ahora bien, lo expuesto en el recurso de apelación acerca de la presunta
existencia de actos irregulares por parte de la empresa de abogados que representa a la
demandante, que habrían llevado a formular una denuncia penal en contra de aquella, se
debe señalar que dicha circunstancia no se encuentra acreditada en vista de que las
pruebas que tenían por objeto demostrar tal circunstancia fueron aportadas por fuera de
las oportunidades que para efecto consigna el estatuto procesal contencioso
administrativo.
25. Sin perjuicio de lo anterior, entre los documentos aportados
extemporáneamente se observa la copia de una denuncia penal en la que se hace
referencia a la presunta falsedad en documento que se habría configurado en las guías
de envío 00285503, 00284924 y 00285064, de las cuales se adjunta copia, 21 que no
corresponden al número de la guía con la cual se habría enviado a dicha entidad territorial
la petición objeto de este proceso, esto es, el 00284805. Por consiguiente, no prosperan
los argumentos de la parte recurrente22.
Condena en costas.
26. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
27. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
28. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
29. En consecuencia, se impondrán costas al municipio de Pedraza, por cuanto se
niegan las peticiones de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Magdalena.
21 Adjuntadas con el recurso de apelación.
22 A igual conclusión llegó la Sala ante una situación similar a la que se examinó en este proceso, sentencia
del 17 de julio de 2025, radicado 47001 23 33 000 2019 00503 01 (3970-2022).
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Radicación: 47001 23 33 000 2019 00095 01 (3592-2022)
Demandante: Ibeth Vega Almanza
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 24 de noviembre de 2021, por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, según lo expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al municipio de Pedraza.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP.
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