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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00226-00

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00226-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: En firme este proveído, ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2026-00226-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00226-00
Demandante: JULIÁN ALBERTO PARODYS CAMARGO
Demandada: CAROL STEFANNY BORDA ACEVEDO – REPRESENTANTE
A LA CÁMARA POR BOGOTÁ, PERIODO CONSTITUCIONAL
2026 – 2030

Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala dicta sentencia dentro del proceso de nulidad electoral de la referencia, promovido
contra el acto de elección de la señora Carol Stefanny Borda Acevedo como representante a
la Cámara por Bogotá D. C. para el periodo constitucional 2026-2030.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El ciudadano Julián Alberto Parodys Camargo, en nombre propio y en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del CPACA, presentó demanda el
24 de abril de 20261, en contra de la elección de la señora Carol Stefanny Borda Acevedo,
como representante a la Cámara por Bogotá D. C., periodo constitucional (2026-2030).

1.1. Pretensiones

El demandante solicitó lo siguiente:

Se declare la nulidad del acto contenido en el Formulario E-26 Cámara mediante el cual se
declaró elegida la ciudadana CAROL BORDA ACEVEDO como Representante a la Cámara por
la circunscripción Bogotá D.C., avalada por el Salvación Nacional (sic), por haber incurrido en
doble militancia en modalidad de apoyo al aparecer en las plataformas votocristiano.com.co y
unidosporlavida.com junto con candidatos de otras colectividades políticas durante el período de
campaña electoral 2026, en violación del artículo 107 de la Constitución Política, el artículo 2 de
la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y el artículo 275 numeral 8 del C.P.A.C.A. Las consecuencias de
la nulidad se determinarán conforme al artículo 288 del C.P.A.C.A.

1.2. Hechos

La parte actora indicó que la demandada aspiró en representación del Movimiento Salvación
Nacional a la Cámara de Representantes por Bogotá D. C., con el número 101, en las
elecciones del 8 de marzo de 2026. Según afirmó, obtuvo una votación que le permitió ser
elegida congresista.

1
Índice Samai 2.

Demandante: Julián Alberto Parodys Camargo
Demandados: Carol Stefanny Borda Acevedo
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00226-00

Comentó que, en febrero de este último año, se crearon dos sitios web denominados:
www.votocristiano.com.co y www.unidosporlavida.com, en los cuales aparecía la demandada
con propaganda política de ella, en conjunto con la de varios candidatos en las que se incluían
fotos, datos relacionados con la agrupación avalante, los números de lista, el tipo de
colectividad, el cargo o investidura al que aspiraban y la circunscripción.

En línea con lo anterior, manifestó que la accionada de manera voluntaria y con conocimiento
pleno de dicha difusión, materializó «compromisos ideológicos públicos con la plataforma
[cuyos] actos son positivos, deliberados y concretos, y satisfacen plenamente el elemento
modal exigido por la jurisprudencia de la Sección Quinta2 para configurar la doble militancia en
modalidad de apoyo».

Aseveró, conforme a lo detallado en precedencia, que las «tarimas públicas» hoy día no solo
son físicas, sino que corresponden a canales digitales que sirven como plataformas de
comunicación y, de este modo, tal como lo ha precisado el Consejo Nacional Electoral3 la
propaganda electoral, va más allá de los espacios presenciales tradicionales.

Conforme a lo anterior, puso de presente que los cinco elementos constitutivos de la conducta
prohibitiva se concretaron en el presente caso.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

El demandante formuló reparos de nulidad en contra del formulario E – 26 CAM emitido por la
Comisión Escrutadora de Bogotá D. C., el 27 de marzo de 2026, con fundamento en la violación
de los artículos 107 de la Constitución Política; 2 de la Ley 1475 de 2011; 5, 6 y 7 de la Ley
527 de 1999, aunado a lo expuesto por el precepto 275 numeral 8 del CPACA.

Para dar sentido a su censura, reiteró que la accionada «apareció en las plataformas»
aludidas, participando en tarima digital con candidatos de otras organizaciones políticas,
siendo prohibido tal proceder a la luz de las normas referidas.

Puso de presente que ese apoyo se materializó en el hecho que la demandada compartió
espacios digitales con aspirantes de las siguientes colectividades: Cambio Radical - ALMA,
Verde Oxígeno, Conservador, Liberal, Creemos, Ahora Colombia, La U, Centro Democrático y
el GSC Ciudadanos Renovemos4.

Sobre esta base, comentó que la accionada «suministró» datos de su campaña y firmó un
manifiesto denominado – Compromiso por la Vida – en el que daba autorización para aparecer
en dicha plataforma, con lo cual, su anuencia concretó el reparo presentado, al compartir en
conjunto con otros aspirantes. Así mismo, dijo que los espacios digitales son equivalentes
funcionales de los sitios físicos, según lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 527 de
1999 y la sentencia C-831 de 2001.

2
Citó las siguientes: Sentencias del 4 de marzo de 2021 (Rad. 19001-23-33-001-2019-00369-01), del 23 de junio de 2022 (Rad. 70001-23-
33-000-2020-00004-03) y del 8 de mayo de 2025 (Rad. 11001-03-28-000-20240005700).
3
Sin precisar concepto o decisión al respecto.
4
Sin precisar acto puntual de apoyo de la accionada hacia uno o más aspirantes a las diferentes corporaciones públicas de elección popular
que aparecieron en esas plataformas tecnológicas.
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Demandante: Julián Alberto Parodys Camargo
Demandados: Carol Stefanny Borda Acevedo
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00226-00

2. Contestación de la demanda

2.1. La accionada5

Por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones bajo los siguientes bloques
temáticos, a saber:

Como argumento central, mencionó que no se estructuraron los cinco elementos que exige la
jurisprudencia contenciosa y, por lo tanto, deben prosperar las excepciones de: i) inexistencia
de nulidad por ausencia del elemento objetivo, ii) del volitivo o intencional de apoyo, iii) del
modal, iv) indebida aplicación analógica de las causales de expulsión electoral y, v) las
genéricas.

Para justificar lo anterior, dijo en primer lugar, que no resulta acertado calificar las plataformas
virtuales aludidas en el escrito inicial como espacios de propaganda electoral, en la medida
que, solo se trató de «guías de orientación ciudadana que no llamaron a votar por candidato
alguno».

Bajo esta óptica manifestó que, si bien aparece el perfil de la accionada, no es menos cierto
que no hay prueba del apoyo por ella brindado a otras candidaturas y, por el contrario, se trata
de un espacio de competencia entre los que aparecen allí.

Refirió que la firma del «Compromiso por la Vida» no se trató del respaldo a otras aspiraciones,
correspondió a la promoción de la propia campaña, perfil, logo y número a la Cámara de
Representantes por Bogotá de Carol Stefanny Borda Acevedo.

En segundo lugar, comentó que la equivalencia digital que pretende hacer ver el accionante
en relación con tarimas físicas, resulta ser una argumentación subjetiva pues, el solo hecho de
aparecer en estos espacios virtuales, no consolida el elemento objetivo de la conducta de la
doble militancia en la modalidad de apoyo.

A partir de lo dicho, manifestó que la mera asistencia digital a esa plataforma no prueba que
se haya emitido una declaración pública de carácter positivo y concreto de la demandada en
favor de otro u otros aspirantes allí presentes, por el contrario, lo único que se evidencia son
las hojas de vida y las propuestas de varios candidatos a fin de que la ciudadanía interesada
conozca la mejor opción para votar.

Para soportar lo anterior, citó el antecedente judicial de esta Sala Electoral en el que se
negaron las pretensiones en contra del gobernador de Córdoba 6, para insistir en que la sola
presencia del demandado en espacios virtuales de campaña política, no consolida por sí
mismo el apoyo que sanciona la normativa vigente.

Aunado a lo anterior, indicó que la demanda erróneamente considera que esas dos
plataformas son espacios de propaganda política con lo cual, desconoce los límites y alcance
por el que fueron creados, esto es: «no representan, [ni obedecen a] partidos políticos.
[Tampoco] promueven caudillos [ni] candidaturas. [La] guía no te dice por quién votar. Te
muestra cómo discernir».

5
Índice 20 de Samai.
6
Radicado: 2023-00156-00.
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Demandante: Julián Alberto Parodys Camargo
Demandados: Carol Stefanny Borda Acevedo
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00226-00

Dijo que, el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 es claro en definir qué se entiende por
propaganda política y, por lo tanto, lo documentado en las plataformas virtuales no acredita
una petición expresa de apoyo de la demandada en favor de otros aspirantes, solo se trata de
un directorio de evaluación ciudadana de candidatos para ser analizada por los sufragantes.

Finalmente, mencionó que las pretensiones parten de argumentos erróneos que pretenden
aplicar analógica y extensivamente supuestos que no tienen cabida en el sub judice, pues
advierte que cuando se juzga la conducta prohibitiva de la doble militancia, solo cabe una
hermenéutica restrictiva.

2.2. Consejo Nacional Electoral7

Por conducto de apoderado, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva aseverando
que «la demanda no atribuye a esta Corporación una actuación administrativa concreta,
irregular u omisiva que constituya la causa directa de la nulidad electoral invocada».
Adicionalmente, precisó que «no existe una decisión administrativa previa del CNE que pueda
ser considerada causa directa de la controversia, ni una actuación u omisión atribuible a esta
entidad que permita endilgarle responsabilidad material dentro del presente asunto».

3. Actuación procesal

A través de auto del 2 de junio de 20268, se admitió la demanda y en proveído del 14 de julio
de 2026, el magistrado ponente de este asunto resolvió aplicar la figura de la sentencia
anticipada, conforme con la causal prevista en el literal c) del numeral 1 del artículo 182A de
la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

Igualmente, de conformidad con la citada disposición, en el auto en referencia se declaró no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo
Nacional Electoral y se fijó el litigio. También se tuvo como pruebas los documentos allegados
por las partes y se negaron algunos medios demostrativos9 solicitados por el accionante y el
accionado. Así mismo, se corrió traslado para alegar y recibir el concepto del Ministerio Público.

4. Alegatos de conclusión

4.1 Demandante10

Reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de la demanda.

4.2 Demandada11

Insistió en las excepciones propuestas y solicitó que se califique la conducta procesal del
accionante, teniendo en cuenta la multiplicidad de demandas por él radicadas, de conformidad
con los artículos 79 y el inciso final del 280 del CGP.

7
Índice 21 de Samai.
8
Índice 11 de Samai.
9
Prueba pericial informática, inspección judicial, oficiar al CNE para obtener una certificación del reporte de financiación del aplicativo Cuentas
Claras de la accionada, declaración de parte y una certificación de la RNEC.
10
Índice 35 de Samai.
11
Índice 36 de Samai.
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Demandante: Julián Alberto Parodys Camargo
Demandados: Carol Stefanny Borda Acevedo
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00226-00

4.3. Consejo Nacional Electoral

Aseveró que se atiene a la decisión que se emita y pide que no se emita reproche,
responsabilidad o declaración de irregularidad alguna en contra de esa entidad 12.

5. Concepto del Ministerio Público13

La procuradora séptima delegada ante esta Corporación pidió negar las pretensiones de la
demanda, teniendo en cuenta que en dichas plataformas sociales no hubo apoyo de manera
fehaciente a candidatos inscritos o respaldados por partidos y movimientos políticos distintos
de aquel al que pertenece la accionada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para proferir sentencia en el caso concreto, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080
de 12 de marzo de 2019 modificado por el Acuerdo 434 de 2024, por el cual se expide el
reglamento interno de la corporación.

2. Problema jurídico

De acuerdo con la fijación del litigio, el debate en este asunto consiste en:

[D]eterminar si la accionada, en su condición de candidata por el Movimiento Salvación Nacional
en las elecciones del 8 de marzo de 2026, incurrió en la causal de nulidad electoral prevista en el
numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la prohibición de doble militancia
política en la modalidad de apoyo, en tanto se afirma que, contrariando las disposiciones legales
y jurisprudenciales, ofreció respaldo indebido a los aspirantes de las agrupaciones políticas:
Cambio Radical – ALMA, Verde Oxígeno, Conservador, Liberal, Creemos, Ahora Colombia, La
U, Centro Democrático y el GSC Ciudadanos Renovemos que aparecen en las plataformas web:
www.votocristiano.com.co y www.unidosporlavida.com. Aunado a ello, se analizará si existió una
suscripción por parte de la accionada del denominado – Compromiso por la Vida –, y si tal acto
debe considerarse como un respaldo prohibitivo que materializa esa modalidad de doble
militancia.

3. Doble militancia por apoyo a candidato de un partido distinto

Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en las últimas
dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina partidista, que persigue, a su
vez, contribuir al funcionamiento de colectividades y bancadas sólidas, consistentes y con
vocación de permanencia. Así lo demuestran los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009,
por medio de los cuales se introdujo y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble
militancia.

En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, ningún ciudadano
podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político. En consonancia, la misma

12
Índice 37 de Samai.
13
Índice 38 de Samai.
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Demandante: Julián Alberto Parodys Camargo
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norma dispone que los miembros de corporaciones públicas que decidan cambiar de partido
para aspirar a una próxima elección están compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12
meses antes de la fecha en que inician las inscripciones de candidatos de los comicios
respectivos.

Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento, desarrollada por la
Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de nulidad electoral por la Ley 1437
del mismo año (artículo 275, numeral 8).

A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha esquematizado
de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se manifiesta la doble militancia
política, según sus destinatarios y las conductas proscritas14:

a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento político o grupos
significativo de ciudadanos.

b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta, en el mismo
proceso electoral.

c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción como candidato
para la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto de aquel que lo avaló, con
dos excepciones, primera, que renuncie a la curul antes de los 12 meses que preceden al primer
día de inscripciones y segunda, que la colectividad sea disuelta o pierda la personería jurídica
por causas diferentes a una sanción.

d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a candidatos de
organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les otorgó aval, según el caso, salvo
que la respectiva organización no esté participando con aspirantes para la correspondiente
elección ni haya manifestado su apoyo expreso a determinada campaña de otro partido o
movimiento.

e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos o designación
como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo que medie renuncia a la respectiva
dignidad 12 meses antes de uno u otro hecho.

En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un candidato inscrito
por un partido distinto al de la propia afiliación, relacionada en el literal d) anterior, está prevista
en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en los términos que se transcriben enseguida:

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de
los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el
partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.

Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección 15 ha reconocido que la
configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta de la acreditación
conjunta de 5 presupuestos o elementos, a saber:

14
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia
de 10 de marzo de 2022, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
15
Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido distinto, por ejemplo: Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia de 26 de agosto de 2021, Radicado 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia
de 21 de octubre de 2021, Radicado 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 6 de octubre de
2016, Radicado 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, Radicado 52001-23-33-000-2015-00841-01, MP. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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Demandante: Julián Alberto Parodys Camargo
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a. Elemento subjetivo

El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en su modalidad
de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección, gobierno, administración o
control en los partidos y movimientos políticos, a los miembros de las organizaciones políticas
que han sido elegidos o aspiran a serlo en cargos o corporaciones de elección popular. Por lo
anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige que el demandado
ostente cualquiera de las calidades referidas.

b. Elemento objetivo

La conducta proscrita consiste en apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados que difieren de aquel al que pertenece el
accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por esta Sala Electoral como «…la
ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un
candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.»16

Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en el tratamiento
jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta modalidad de doble militancia, en el
sentido de delimitar no solo la naturaleza de los actos que pueden revelar la existencia del
respaldo sancionado, sino a la vez el grado de convicción que debe derivarse de las pruebas
para acreditar la presencia del apoyo ilegal.

En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la asistencia censurada
debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que demuestren el
favorecimiento político al candidato de otra organización. En ese orden, en decisión de 31 de
octubre de 201817, esta Judicatura explicó que «la estructuración de dicha prohibición exige
necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato
perteneciente a otro partido político».

Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de 201618 que las
abstenciones atribuidas por la parte actora al acusado «–cimentadas en la realización de
reuniones políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía inscrito por el partido que lo
avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble militancia por apoyo de cara a
la ausencia de actos positivos y concretos que permitieran materializarla». En ese punto, la
Sección expuso:

Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución de actos positivos de
apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el partido al cual pertenece el concejal
demandado. (…) Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones no
contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la decisión de llevar a cabo
actos políticos sin el acompañamiento del candidato del partido, en este caso a la alcaldía, como
señaló el actor.

En ese mismo sentido, la Sala ha pregonado que no pueden, en principio, considerarse como
actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico de la noción, la
impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se omitió probar su socialización y

16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
17
Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
18
Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
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Demandante: Julián Alberto Parodys Camargo
Demandados: Carol Stefanny Borda Acevedo
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distribución para el fortalecimiento de la campaña política de un candidato afiliado a otro
movimiento; las palabras de agradecimiento entre aspirantes políticos; así como la existencia
de publicidad perteneciente a un aspirante avalado por otra organización, cuando los medios
de convicción allegados no permiten aseverar que su presencia responde a la voluntad del
accionado, como una manifestación de apoyo.

En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019 19, que «de las
imágenes aportadas, no se evidencian elementos que, por ejemplo, permitan definir cuándo
fueron realizadas las reuniones respectivas y, entre otras cosas, si fue el demandado quien
dispuso, autorizó, convino o consintió tales actividades proselitistas y menos que de ellas se
derive el cuestionado apoyo».

Pero no solo estos aspectos20 del respaldo proscrito han sido modelados por la jurisprudencia
de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a la frecuencia con la que
deben producirse las acciones que denotan asistencia, por lo que los actos de
acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino
instantáneos, de donde se colige que la configuración de esta modalidad de la doble militancia
puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña
política21.

De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera independiente
al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter autónomo del patrocinio–
razón por la que no se hace necesario que «…el apoyo tenga incidencia real en el resultado
de la elección, pues al regular la doble militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna
condición de este carácter, ni limitó sus alcances a este tipo de factores.»22

Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido en la
legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de cualquier
duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a través del cual se persigue el
impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político
del que hace parte el accionado.

Así, respecto de la acreditación probatoria del apoyo esta Sala ha dicho que el presunto apoyo
de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta, debe aflorar de
manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio
que permita superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en el caso en
concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y de esa forma advertir
que el candidato traicionó la voluntad de su electorado.

Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20 de agosto de
2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el
recibimiento de respaldos por parte de un candidato23.

19
Rad. 11001-03-28-000-2018-00008-00. MP. Rocío Araújo Oñate.
20
La naturaleza del apoyo.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
22
Ibidem.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandante: Julián Alberto Parodys Camargo
Demandados: Carol Stefanny Borda Acevedo
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00226-00

c. Elemento temporal

Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no
hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse los apoyos, una
interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva aceptar que la materialización
de la asistencia indebida debe suceder en el contexto de la campaña política, toda vez que
«solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra» 24;
término que se extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su
aspiración y hasta la fecha de la elección.

d) Elemento modal de la conducta

La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige que el partido
o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura
propia al cargo de elección popular de que se trate, comoquiera que solo en estos eventos
puede reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al
medio de control de nulidad electoral.

Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo en cuenta
que, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o un movimiento político
a una causa proselitista distinta de la suya, –aunque no exista registro de una aspiración
particular–, pueden llevar a cristalizar igualmente la causal de inelegibilidad erigida en el
artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.

Así, en sentencia de 24 de noviembre de 201625, la Sala concluyó en relación con este aspecto,
lo siguiente:

[L]a modalidad de doble militancia proscribe es el apoyo a un candidato diferente al inscrito o
apoyado por una determinada colectividad política, lo cual necesariamente presupone que el
partido o movimiento político bien haya inscrito un candidato propio para determinado cargo de
elección popular o en su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un candidato de
otra organización política.

Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la demostración
de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura política de la que hace parte el
accionado o a la existencia de manifestaciones explícitas, mediante las cuales su partido se
compromete de lleno con la candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al
demandado a respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos
de la colectividad.

e. Elemento territorial

El examen construido por la Sección Electoral del Consejo de Estado permite advertir que el
respaldo recriminado por el legislador estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una
misma circunscripción electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al
Concejo a la aspiración proselitista de un candidato a la Alcaldía de la misma municipalidad–,
pero también en el escenario de circunscripciones territoriales diversas.

24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
25
Ibidem.
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En palabras de esta Sala de Decisión, se ha dicho que: «la circunstancia de que el apoyo haya
sido brindado a un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por una
circunscripción territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la configuración de la doble
militancia política26».

De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia o no de
circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos positivos y concretos
las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una organización distinta de la suya,
fomentando sus posibilidades de acceso a un cargo de elección popular.

En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble militancia por apoyo a
un candidato está condicionada a los presupuestos consagrados en la norma e interpretados
en sede judicial, atendiendo al propósito del legislador, al efecto útil de la disposición que
consagra la prohibición e integrando el principio de capacidad electoral, que debe orientar al
operador jurídico al resolver las controversias de esta naturaleza.

4. Caso concreto

El demandante aduce que la demandada incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo
por cuanto, pese a haber sido avalada por el Movimiento Salvación Nacional como candidata
a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá D. C., el haber aparecido en
dos plataformas virtuales junto a candidatos de otras colectividades, llevan per se a declarar
la nulidad de su elección. Aunado a ello, considera que la accionada al haber suscrito un
acuerdo de voluntades denominado – Compromiso por la Vida –, constituyó una muestra de
respaldo a otras candidaturas lo cual está prohibido a la luz del orden jurídico.

Pues bien, como se dijo en precedencia, según la jurisprudencia reiterada de esta Sección,
para que se configure la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo es necesario
acreditar de manera concurrente los (5) elementos exigidos.

En este evento, el elemento subjetivo se encuentra demostrado, por cuanto obra en el
expediente el formulario E – 26 CAM27, del cual se desprende que la demandada fue avalada,
inscrita y posteriormente elegida como representante a la Cámara por Bogotá D. C. para el
período constitucional 2026-2030 por el Movimiento Salvación Nacional.

En lo que tiene que ver con el presupuesto temporal, este no tiene mayor controversia si se
tiene en cuenta que la parte actora adujo que las publicaciones difundidas a través de los dos
enlaces web se realizaron en el mes de febrero de 2026 y, para este efecto, aportó dos videos
en formato MP428 en los que se logra detallar que los candidatos que allí aparecen, aspiran a
ser elegidos en las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo de ese año29.

Aunado a ello, según las imágenes30 allegadas por el interesado, la candidatura se presenta
en la época donde los inscritos ya contaban con número en la tarjeta, agrupación y modalidad

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
27
Índice 9 de Samai.
28
Https://Drive.Usercontent.Google.Com/Download?Id=1tsr5pmgzr2n-P9jhxz2eqgqq-Odbanpw&Export=Download&Authuser=0
29
Video denominado así: «anexo de la plataforma de voto». evidencia que se da en el segundo cincuenta y ocho.
30
Páginas: 114, 136 y 137 de la demanda.
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de voto (preferente o lista cerrada), lo cual permite colegir que su difusión se hizo durante la
campaña electoral31. Finalmente, la accionada no se opuso a este supuesto fáctico.

En lo que tiene que ver con la exigencia territorial, y al tenor de lo expuesto por esta Sección,
el respaldo recriminado puede producirse en el seno de una misma circunscripción electoral o
de diferentes. En este sentido, las partes no plantearon controversia alguna respecto de este
presupuesto.

Respecto del requisito modal, la parte actora esgrimió que está demostrado en la medida que
la demandada: «suministr[ó] activ[amente] datos de campaña en votocristiano.com.co y firma
activa del Compromiso por la Vida en unidosporlavida.com».

A este respecto, debe aclararse, tal como se refirió en precedencia, que este parámetro se
configura cuando la colectividad política a la que pertenece el elegido32: i) inscriba un candidato
propio a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra organización política, o
bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas específicas»33. De esta
forma, en el plenario se encuentra el formulario E – 26 CAM34 el cual acredita que el
Movimiento Salvación Nacional inscribió una serie de aspirantes a la circunscripción electoral
de Bogotá D. C.

Por lo tanto, este aspecto está demostrado, sin que ello implique acoger la comprensión que
la parte actora propone del elemento modal, pues este no deriva de los actos individualmente
atribuidos a la demandada, sino de la inscripción de candidatura propia por parte de la
colectividad que avaló su postulación.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el presupuesto objetivo de la conducta prohibida este
no se acreditó y, por lo tanto, se negarán las pretensiones formuladas por la parte actora, tal
como pasa a exponerse:

En primer lugar, debe decirse que la jurisprudencia de esta Sección ha sido enfática en definir
que lo realmente censurable es la exteriorización de actos positivos, concretos e inequívocos
de respaldo a candidatos o colectividades diferentes del partido que otorgó el aval.

Conforme a lo anterior, el accionante expone que la aparición de manera libre y voluntaria de
la accionada en dichas plataformas web, retratan por sí solas el cumplimento de los
presupuestos «modal y objetivo» de la conducta reprochada; sin embargo, tal como se viene
analizando, no resulta acorde con el fundamento del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, ni lo
discernido por esta sala especializada, que la mera aparición en portales virtuales configure el
elemento objetivo.

31
Aparte de la existencia del formulario E – 26 CAM de la circunscripción de Bogotá D. C., en sentencia: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Gloria María Gómez Montoya, del 27 de febrero de 2025. Rad 11001-03-28-000-2024-
00008-00, se precisó que: «con todo, que no se logre determinar esta circunstancia con exactitud, la sala concluye que los registros fílmicos
presentan hechos ocurridos en período de campaña, especialmente, por cuanto (i) se observa publicidad política en la que se indican logos
y números de candidatos, así como, (ii) en el archivo 1, quien habla refiere a las elecciones del «29 de octubre», lo que coincide con la fecha
en que se llevaron los comicios territoriales del año 2023, de conformidad con el calendario electoral adoptado para ello».
32
De igual modo, con soporte en el formulario E – 26 CAM de la circunscripción de Bogotá D. C., la Sala pudo evidenciar que los aspirantes
a la Cámara de Representantes inscritos que a su vez aparecen en los dos links referidos por el accionante son, entre otros, los siguientes:
Briceño Montes Daniel Felipe y Uscátegui Pastrana José Jaime elegidos del Centro Democrático a esa corporación popular; no electos:
Angélica Narváez, Jonathan Silva del Movimiento Salvación Nacional y Ricardo Macías de Colombia Justas Libres.
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 1° de agosto de 2024. Rad. 63001-23-33-000-
2023-00103-01.
34
Página 4 de dicho formulario.
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A este respecto, la simple presencia en un portal web no permite concluir por sí sola, que el
elemento objetivo quede acreditado, habida cuenta que el juez electoral debe analizar
concretamente si hubo una conducta de la accionada orientada a favorecer aspiraciones de
otras colectividades. Sobre esta base resulta oportuno recordar algunos razonamientos que la
Sala Electoral ha esbozado frente a lo que aquí se controvierte:

[L]as capturas de pantalla allegadas por el actor no demuestran la realización de actos positivos
de apoyo por parte del demandado en favor [de otra agremiación], por tanto, no se acreditó (…)
que diera un discurso o manifestación de promoción o respaldo a esa candidatura. En este orden,
las pruebas aportadas no acreditan más allá de cualquier duda razonable, que el demandado
efectuó manifestaciones, discursos, campañas o acompañamiento (…), es decir, acciones
concretas con las cuales buscara ayudar e impulsar a un candidato (…) inscrito por una
colectividad distinta a la que pertenece35.

Con base en lo anterior, es procedente insistir por parte de esta Sala Electoral en que el
sustento de la demanda, se basa en la publicación de los datos personales, número de la
tarjeta, agrupación que la avaló y un breve relato de las propuestas que presentó la accionada
en esos enlaces web; empero, al ser valorados probatoriamente, no obra manifestación de
Carol Stefanny Borda Acevedo en favor de algún candidato allí registrado.

Las evidencias documentales muestran lo siguiente36:

Como observa la Sala, la sola presencia conjunta con otros candidatos y las 10 respuestas
que da la demandada a un cuestionario, no acreditan ningún acto positivo, real y concreto en
favor de otros aspirantes.

35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Omar Joaquín Barreto Suárez. Sentencia del 13 de febrero
de 2025 Rad. 08001-23-33-000-2023-00444-01.
36
Https://Votocristiano.Com.Co/Candidatos/Carol-Borda-Camara-Por-Bogota/
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Antes bien, lo que se desprende del propio contenido de los escenarios digitales es que estas
cumplen una función de difusión ciudadana —dar a conocer a los usuarios aspiraciones que
resultan afines a los valores e ideas que promueve cada plataforma—, y no un ejercicio de
patrocinio o respaldo electoral por parte de los candidatos allí relacionados, quienes se limitan
a ser objeto de esa sistematización de perfiles, sin que conste manifestación alguna de su
parte dirigida a promover a los demás allí listados.

En este punto, la Sala debe precisar que los escenarios de tipo digital podrían acreditar los
elementos de una respectiva modalidad de doble militancia, lo que sucede, a contrario sentido
de las pretensiones del accionante, es que la presunta promoción indebida de la accionada
respecto de otras candidaturas no se demostró.

Con base en lo dicho, resulta oportuno recordar lo siguiente:

Con todo, esta judicatura ha reiterado que la asistencia o concurrencia en actos de proselitismo
político de aspirantes de diferentes colectividades no son potencialmente actividades que
generen la incursión en la doble militancia en la modalidad de apoyo. Resulta normal y, sin
discordancia con el principio democrático de participación, interactuar en las reuniones de
proselitismo político, de lo contrario, incluso, se dificultaría para el electorado el poder comparar
y depurar la opción de voto y, por demás, obstaculizaría el campo dialéctico y dialógico de la
democracia. Así las cosas, con las solas imágenes de pantalla resulta alejado de la normativa
imputar a la demandada actos de apoyo, pues su mera presencia e incluso su lenguaje simbólico
y corporal tampoco alcanza los niveles de actos positivos que se requieren en estos casos.37

Aunado a lo anterior, se puede ver que la propia plataforma virtual precisa los límites y alcances
que tienen los aspirantes en su aparición, lo cual se traduce, en que ninguno de los que allí se
ven pueden pedir respaldo político alguno:

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia 30 de enero de 2025.
Rad. 70001-23-33-000-2024-00030-01.
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Aparte de lo documentado, el accionante puso de presente una serie de enlaces virtuales que
no permiten su acceso38.

De igual modo, en la demanda se cita la plataforma de Unidos por la Vida39 la cual, no precisa
cómo la demandada está incursa en la causal de doble militancia. Frente a este último portal,
solo se tiene lo siguiente:

En consideración de lo dicho, resulta oportuno recordar lo que ha esbozado pacíficamente esta
Sección para insistir en que la mera aparición en estos espacios no acredita de manera
definitiva la conducta prohibitiva enrostrada:

38
Se encuentran escritos en las páginas 107 a 111 y 158 a 170 de la demanda.
39
https://unidosporlavida.com/candidatos-a-la-camara-de-representantes-comprometidos-con-la-vida-2026/
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Ha sido postura de esta judicatura que la coincidencia en reuniones o eventos políticos con un
candidato de una colectividad distinta a la suya no logra configurar la prohibición alegada, dado
que, para ello, es necesario que se acrediten actos inequívocos de apoyo por el accionado hacia
el respectivo aspirante. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto por esta Sección, en
providencia del 29 de julio del 2021, según la cual: «En lo que respecta a la existencia de
reuniones conjuntas entre el demandado y otros candidatos: esta Judicatura expuso en acápites
previos, que no se constituyen, en principio, en situaciones que acrediten la existencia de
respaldos indebidos, toda vez que en el desarrollo de los debates electorales de la actualidad, la
concurrencia de aspirantes avalados por diferentes colectividades políticas en los actos de
campaña responde a actividades propias de la dinámica proselitista, en las que las convocatorias
democráticas conllevan, por regla general, la concomitancia de candidatos con el propósito de
que, en una misma plaza, difundan sus programas de gobierno, sostengan debates y presenten
las razones por las cuales deben ser designados como representantes de la ciudadanía. (…). De
conformidad con lo transcrito, la doble militancia en su modalidad de apoyo no excluye, prima
facie, la convergencia espacial de postulaciones proselitistas avaladas por movimientos políticos
diversos a los del demandado (…)40.

Así las cosas, el acervo probatorio que reposa en la actuación judicial, no demuestra más allá
de toda duda razonable, que se presentó un favorecimiento efectivo en favor de las
aspiraciones de otras colectividades políticas, con lo cual, la mera coincidencia en un mismo
espacio es insuficiente a efectos de establecer la configuración de la conducta prohibida de
doble militancia41.

Finalmente, una de las censuras propuestas por la parte actora se relaciona con la firma del –
Compromiso por la Vida –. El aludido documento es del siguiente tenor:

Como puede verse, el citado documento no fue suscrito por la demandada que, aunque
aparece en el video denominado: unidos por la vida.mp4, este no puede tener el alcance que
da el accionante cuando manifestó, lo siguiente: «Las capturas de pantalla de
unidosporlavida.com muestran en el perfil de Carol Borda la pestaña "Firma del Compromiso
por la Vida", que acredita la suscripción de un manifiesto público ideológico con la plataforma.
Ese acto de suscripción requiere voluntad expresa y no puede realizarse pasivamente. El
despacho lo incluyó expresamente en la fijación del litigio, lo que indica que lo considera
relevante para la calificación jurídica».

40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 47001-23-33-000-2019-00819-01. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Sentencia del 29 de julio del 2021.
41
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Para la Sala, aun suponiendo que la accionada hubiera firmado el compromiso, dicho acto no
constituye por sí mismo respaldo electoral a candidatos específicos; es decir, no acredita per
se, que el elemento objetivo se haya demostrado. En ese orden de ideas, al no concurrir todos
los presupuestos estructurales de la doble militancia en la modalidad de apoyo, la causal de
nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA no se configura, razón por la cual
las pretensiones de la demanda están llamadas a desestimarse.

5. Otras consideraciones

El apoderado de la demandada en los alegatos de conclusión manifestó que se debe calificar
la conducta procesal del accionante, teniendo en cuenta la multiplicidad de demandas por él
radicadas, según lo informan los artículos 79 y el inciso final del 280 del CGP.

Al respecto, la Sala debe mencionar que, mediante auto del 22 de mayo de 2026, el magistrado
Omar Joaquín Barreto Suárez, en el radicado: 2026-00123-00, decidió conservar la demanda
en contra de Sara Jimena Castellanos como senadora de la república, periodo 2026-2030 y
ordenar que, por Secretaría, se asignara número independiente a la actuación promovida
contra la aquí accionada42, con el fin de someter cada una al reparto correspondiente.
Acometido lo anterior, el ponente adelantó todas las etapas con lo cual, no existe mérito para
iniciar algún tipo de trámite sancionatorio en contra de la parte actora, teniendo en cuenta que,
hasta este momento, no se observa una conducta que afecte los deberes y responsabilidades
como sujetos procesales.

Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: En firme este proveído, ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

42
Y los congresistas: Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, David Cote y Luis Miguel López Aristizábal.
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