Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02347-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02347-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02347-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02347-01
Demandante: Yeny Yomaira Garzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02347-01
Demandante: YENY YOMAIRA GARZÓN
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplieron los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional /
SUBSIDIARIEDAD – Los reproches formulados en la solicitud de amparo no fueron planteados
como vicios del acto de elección en la demanda ni a lo largo del proceso de nulidad electoral /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica
suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 28
de mayo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 23 de abril de la presente anualidad, la señora Yeny Yomaira Garzón interpuso
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
cargos públicos, con ocasión de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025, en el
marco del proceso de nulidad electoral con radicado 25000-23-41-000-2024-00167-012.
Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores
incluidos):
PRIMERO: Ruego tutelar mis derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO y a
la IGUALDAD en el ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, toda vez que
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta,
mediante sentencia de segunda instancia proferida el 6 de marzo de 2024 con
ponencia del Consejero ponente Luis Alberto Álvarez Parra en proceso de nulidad
electoral No 25000-23-41-000-2024-00167-01 (principal) 25000-23-41-000-2024-
00091-00 (acumulado) 25000-23-41-000-2024-00095-00 (acumulado) confirmo la
1 Se advierte que el 5 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Proceso acumulado con los radicados 25000-23-41-000-2024-00091-00 y 25000-23-41-000-2024-00095-
00.
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Demandante: Yeny Yomaira Garzón
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, sección primera del 29 de noviembre de 2024 mediante las cuales se
dispuso negar las pretensiones de la demanda, consistente en la nulidad electoral
del acto que declaro electo al señor VICTOR JULIAN SANCHEZ ACOSTA como
Alcalde del municipio de Soacha-Cundinamarca repitiendo los mismos defectos
sustantivos al desconocer el valor de las pruebas aportadas durante el debate
procesal y omitir pronunciamiento debido frente a los artículos 51-1 subnumeral 1.1.
ley 2200/22 en concordancia con el art. 43 literal a) del CDU.
SEGUNDO: Tutelados mis derechos, se deje sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida el 6 de marzo de 2024 por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección quinta con ponencia del Consejero ponente Luis
Alberto Álvarez Parra en proceso de nulidad electoral No 25000-23-41-000-2024-
00167-01 (principal) 25000-23-41-000-2024-00091-00 (acumulado) 25000-23-41-
000-2024-00095-00 (acumulado) por medio de la cual confirmo la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
primera del 29 de noviembre de 2024 y que dispuso negar las pretensiones de la
demanda.
TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
sección quinta que, en el término de la decisión tutelar en este proceso profiera una
nueva sentencia dentro de la nulidad electoral No 25000-23-41-000-2024-00167-01
(principal) 25000-23-41- 000-2024-00091-00 (acumulado) 25000-23-41-000-2024-
00095-00 (acumulado), teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la
Constitución política y la ley que versa sobre la presente acción, de conformidad a
las pruebas obrantes y las que se aportan sobre dicha actuación.
CUARTO: Los demás consecuentes y que determine este alto Tribunal.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la señora Yeny Yomaira Garzón
demandó el acto de elección del señor Víctor Julián Sánchez Acosta como alcalde del
municipio de Soacha (Cundinamarca), para el periodo 2024-2027, por violación del
régimen de incompatibilidades, previsto en numeral 1° del artículo 50 de la Ley 2200 de
2022, en concordancia con los literales a) y b) del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019.
4. Según la demanda, el señor Sánchez Acosta fue elegido diputado de la Asamblea de
Cundinamarca para el periodo 2020-2023; sin embargo, el 28 de julio de 2023, con el
aval del partido de la U, presentó su candidatura a la Alcaldía de Soacha, sin haber
renunciado a su condición de asambleísta y ocultando su calidad de servidor público.
5. El 8 de noviembre de 2023, el señor Sánchez Acosta participó en los comicios y fue
elegido alcalde del municipio de Soacha. No obstante, para esa fecha y hasta el 31 de
diciembre de 2023, siguió ocupando su curul en la Asamblea, devengando honorarios,
utilizando oficinas públicas, la camioneta oficial, y requirió personal de apoyo. Además
de que participó activamente en las sesiones de la corporación a la que pertenecía.
6. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-41-000-2024-00095-01; sin embargo,
dado que el señor Juan Sebastián Bernal Bernal y la Red Nacional de Veedurías
Ciudadanas también demandaron la nulidad del acto de elección del señor Sánchez
Acosta, se acumuló y se adelantó bajo el radicado 25000-23-41-000-2024-00167-01, el
cual correspondió, por reparto, a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que, en sentencia del 29 de noviembre de 2024,
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declaró configurada la cosa juzgada material y ordenó estarse a lo resuelto por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 9 de mayo de 2024, en el marco de
un proceso de pérdida de investidura que se adelantó contra el demandante con
fundamento en los mismos hechos.
7. En relación con la violación al régimen de incompatibilidades, argumentó que la Sala
Plena de ese mismo tribunal se pronunció al respecto en un proceso de pérdida de
investidura adelantado contra el señor Sánchez Acosta, y concluyó que su condición de
diputado no era incompatible con su candidatura a la Alcaldía de Soacha; de ahí que no
estaba en la obligación de renunciar a su curul, ni podía reprochársele no haberlo hecho.
Agregó que dicha decisión fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 9 de mayo de 2024.
8. En ese sentido, concluyó que como existía una providencia judicial que ya se había
pronunciado sobre la legalidad de la elección censurada, se configuraba la cosa juzgada
material.
9. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Allí
alegó que la decisión del 9 de mayo de 2024, proferida por la Sección Primera de esta
corporación, en el marco del proceso de pérdida de investidura —en virtud de la cual se
fundamentó la declaratoria de cosa juzgada—, adolecía de una serie de defectos
relacionados con la apreciación probatoria y la interpretación normativa.
10. Por otro lado, destacó las diferencias existentes entre los procesos de pérdida de
investidura y de nulidad electoral, especialmente, en cuanto a su naturaleza y objeto, a
partir de lo cual afirmó que la decisión que se adopte en uno de estos, de ninguna manera
puede determinar el sentido del fallo en el otro. Así, explicó que el a quo no tenía
permitido trasladar los errores de fundamentación de la sentencia dictada en el proceso
de pérdida de investidura al trámite de nulidad electoral, pues tenía el deber de ajustar
la interpretación al verdadero sentido normativo.
11. Mediante sentencia del 6 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó la sentencia de primera instancia. Explicó que, de conformidad con el parágrafo
del artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de
2019, cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción de pérdida de
investidura y a un proceso de nulidad electoral, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada
respecto del otro proceso en todos los aspectos juzgados, menos en lo relativo a la
culpabilidad del congresista, porque dicho juicio es exclusivo del proceso de pérdida de
investidura.
12. Aseveró que el juicio de desinvestidura supone el análisis de los componentes
subjetivo y objetivo de la causal; mientras que el de nulidad electoral es exclusivamente
objetivo, en tanto se restringe a un estudio de legalidad del acto de elección, sin analizar
la conducta del accionado respecto de la misma.
13. En cuanto al caso en concreto, empezó aclarando que en el proceso de pérdida de
investidura la demandante fundamentó los cargos en la transgresión de los artículos 48
de la Ley 617 de 2003 y 50.1 y 51.1 (numerales 1.1. y 1.2.) de la Ley 2200 de 2022, y
que fueron justamente estos últimos los invocados como desconocidos en el proceso de
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nulidad, frente a las cuales se pronunció la Sección Primera de esta Corporación en el
trámite de desinvestidura, indicando que los señalamientos de la demanda no
encuadraban en los supuestos de hecho previstos en las referidas disposiciones
normativas.
14. Argumentó que, pese a que en el recurso de apelación la demandante alegó que la
garantía del non bis in idem no excluía la posibilidad de que el juez resolviera sobre
aspectos no juzgados, lo cierto es que, más allá de dicha afirmación, no se ocupó de
identificar cuáles fueron los asuntos cuyo análisis supuestamente se omitió en el proceso
de pérdida de investidura, y que debieron estudiarse en el trámite de la nulidad electoral.
Que, por el contrario, en el recurso de apelación la actora se limitó a cuestionar la
sentencia dictada en el marco del proceso de pérdida de investidura, sin reparar en que
la alzada no está concebida para oponerse a la ejecutoria de providencias dictadas en
otras causas judiciales.
15. Así, adujo que los cargos no estaban llamados a prosperar, pues en el recurso de
alzada no se formularon reparos concretos contra la sentencia de primera instancia.
16. En el escrito de tutela, la señora Yeny Yomaira Garzón aseguró que la providencia
del 6 de marzo de 2025, dictada por la Sección Quinta de esta Corporación, adolece de
los siguientes defectos: (i) fáctico, por omisión de valoración probatoria; y (ii)
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
17. Sobre el defecto fáctico argumentó que en la sentencia censurada se omitió apreciar
el acta 0006 de aceptación y posesión en el cargo de alcalde de Soacha, suscrita ante
el Notario Segundo de ese municipio, el 31 de diciembre de 2023, es decir, cuando aún
ostentaba su calidad de diputado de la Asamblea de Cundinamarca. Para la accionante,
la autoridad judicial demandada desconoció el valor probatorio de dicho documento,
olvidando, además, que existe prohibición legal para que un diputado se vincule como
empleado público o suscriba un contrato estatal con una entidad pública hasta que
termine el respectivo periodo constitucional.
18. En lo que concierne al desconocimiento del precedente jurisprudencial, reiteró que el
documento arriba mencionado daba cuenta de que el señor Sánchez Acosta estaba
incurso en una causal de incompatibilidad que nulitaba su elección como alcalde del
municipio de Soacha y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional (se refirió en
concreto a la sentencia T–003 de 1992) se ha pronunciado sobre el proceso de
aceptación y posesión de un ciudadano en un cargo público y sus efectos jurídicos, lo
que, a su juicio, corrobora la irregularidad en el acto electoral acusado.
19. Por otro lado, aseguró que también se pasaron por alto conceptos de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que «no permiten ninguna duda»
respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En particular, identificó el
concepto del 5 de enero de 2024, emitido en el radicado 20249000012882, y señaló que,
de acuerdo con lo que allí se conceptuó, existe prohibición para que un diputado en
ejercicio se vincule como servidor público o suscriba un contrato estatal hasta que
termine formalmente el respectivo periodo constitucional.
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20. Por último, señaló que ni el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera
instancia, ni la Sección Quinta de esta corporación, en segunda, motivaron la decisión
en el sentido de explicar «¿cómo puede un funcionario público (diputado en ejercicio)
aceptar posesionarse en otro cargo público (alcalde municipal), sin haber renunciado
previamente y no incurrir en la incompatibilidad del artículo 51 de la ley 2200/22».
21. En su criterio, no resulta aceptable que los jueces de la causa hubieran acogido la
«teoría errada y facilista» de que el señor Sánchez Acosta ostentó su calidad de diputado
hasta el 31 de diciembre de 2023 y adquirió la de alcalde el 1° de enero de 2024, sin que
concurrieran, pues dicha interpretación constituye una «justificación indebida que hace
el operador judicial para despachar el proceso sin mayor análisis serio y justo».
B. Trámite impartido e intervenciones
22. Mediante auto del 28 de abril de 20253, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la acción de tutela promovida por la señora Yeny Yomaira
Garzón contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, y, en calidad de terceros con
interés, vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A; al Consejo Nacional Electoral; a la Registraduría Nacional del Estado Civil;
a la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas; y a los señores Víctor Julián Sánchez
Acosta y Juan Sebastián Bernal Bernal. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
23. La Sección Quinta del Consejo de Estado4, a través del magistrado ponente de la
decisión censurada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por
considerar que no satisface el requisito de relevancia constitucional. Para el efecto,
advirtió que el accionante censuró la supuesta omisión de valoración de un documento,
que no tuvo lugar en el proceso de nulidad electoral, pues allí la decisión se fundamentó
en que la sentencia dictada en el trámite de pérdida de investidura hizo tránsito a cosa
juzgada material; y, respecto del precedente, aseveró que este ni siquiera contaba con
una carga argumentativa mínima para cuestionar la decisión.
24. En cuanto al defecto fáctico, precisó que en la demanda de nulidad electoral la
señora Yeny Yomaira Garzón no cuestionó el hecho de que el demandado hubiera
tomado posesión del cargo de alcalde cuando aún ostentaba la calidad de diputado
departamental; sino que su reproche se limitó a censurar la inscripción de su candidatura
y al hecho de haberse hecho elegir como alcalde, sin haber renunciado a su curul en
dicho cuerpo colegiado. De ahí que a la Sala no le correspondía resolver aspectos no
debatidos en el proceso, so pena de desconocer el principio de congruencia de la
sentencia.
25. De otro lado, indicó que en la sentencia cuestionada se dejó claridad sobre los
motivos que condujeron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a declarar la cosa
juzgada material y resaltó que en el recurso de apelación la demandante no expuso un
reparo concreto tendiente a cuestionar dicha decisión o los puntos de derecho que no
fueron analizados en esa providencia y, por ende, correspondía pronunciarse en en el
marco del proceso de nulidad electoral.
3 Samai, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia.
4 Samai, índice 13 del expediente de tutela en de primera instancia.
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26. En lo relativo al cargo por desconocimiento del precedente, manifestó que carece de
una carga argumentativa mínima que permita abordar su análisis, en la medida en que
el concepto supuestamente desconocido no constituye un precedente y en su demanda
de nulidad electoral no se ocupó de controvertir la simultaneidad en el desempeño de
cargos públicos, es decir, la tesis que la demandante invocó no era aplicable al asunto.
27. Respecto de la sentencia T-003 de 1992, en la que según la parte actora la Corte
Constitucional explicó el proceso de selección, nombramiento y posesión en un cargo
público, insistió en que la presunta irregularidad en la posesión del demandado no se
puso de presente en la demanda de nulidad electoral y señaló que, en todo caso, los
efectos de las acciones de tutela son inter partes.
28. Por último, estimó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues
la decisión cuestionada se adoptó con observancia de todas las garantías procesales,
legislación y jurisprudencia aplicables al caso concreto.
29. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca5, a través del magistrado ponente de
la sentencia de nulidad electoral de primera instancia, aseguró que no le asiste razón a
la accionante, al afirmar que las causales invocadas en el proceso de nulidad electoral
no fueron las mismas que fundamentaron la solicitud de pérdida de investidura, porque
precisamente en esos dos procesos se analizó la supuesta incompatibilidad del señor
Sánchez Acosta para desempeñar el cargo como alcalde en relación con la curul de
ostentaba como diputado de la Asamblea de Cundinamarca.
30. En cuanto al acta de posesión suscrita el 31 de diciembre de 2023, aclaró que el
alcalde electo solo asumió sus funciones hasta el 1° de enero de 2024. De ahí que no
existió concurrencia de dignidades y, por ende, tampoco se materializó incompatibilidad
o inhabilidad alguna que pudiera viciar el acto de elección.
31. Con fundamento en lo anterior, pidió que se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva, al no haber vulnerado los derechos fundamentales de la demandante.
32. El Consejo Nacional Electoral6 solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva, en tanto la parte actora atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las actuaciones judiciales que se surtieron en el trámite del proceso de
nulidad electoral con radicado 25000-23-41-000-2024-00167-01, por lo que los hechos y
las pretensiones no están relacionadas con sus competencias legales y constitucionales.
33. La Registraduría Nacional del Estado Civil7 sostuvo que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, en la medida en que la demandante pretende
convertir este mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales en uno
principal, convirtiéndolo en una tercera instancia del proceso de origen. También pidió
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues los reparos expuestos
en el escrito de tutela están encaminados a cuestionar las decisiones judiciales
adoptadas en el marco del trámite de nulidad electoral.
5 Samai, índice 12 del expediente de tutela de primera instancia.
6 Samai, índice 11 del expediente de tutela de primera instancia.
7 Samai, índice 14 del expediente de tutela de primera instancia.
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34. La señora Yeny Yomaira Garzón8 allegó las direcciones de notificación de los
señores Juan Sebastian Bernal Bernal y Víctor Julián Sánchez Acosta, vinculados en
calidad de terceros con interés.
35. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca9 y la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado10
allegaron copia digitalizada del expediente acumulado del proceso de nulidad electoral
con radicado 25000-23-41-000-2024-00167-00.
36. Mediante memorial radicado el 9 de junio de 202511, la señora Yeny Yomaira Garzón
informó al despacho que ya había cumplido con el requerimiento, relativo a la dirección
de notificación de los señores Juan Sebastián Bernal Bernal y Víctor Julián Sánchez
Acosta, y pidió que se continuara con el trámite de la acción constitucional.
37. Mediante escrito radicado el 8 de octubre del año en curso, el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez manifestó impedimento para conocer el presente asunto, por amistad
íntima con el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta
de esta Corporación y suscriptor de la sentencia de segunda instancia aquí cuestionada.
38. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados en
calidad de terceros con interés no intervinieron, pese a que fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la demanda.
C. Fallo impugnado
39. En sentencia del 28 de mayo de 202512, la Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no
satisface el requisito de subsidiariedad.
40. Para fundamentar su decisión, el a quo indicó que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela no coinciden con los que presentó en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el 29 de noviembre de 2024. Que, de hecho, en la alzada la actora se centró en
cuestionar la decisión dictada en el proceso de pérdida de investidura, pero se abstuvo
de proponer un debate sobre la supuesta falta de valoración del acta del 31 de diciembre
de 2023, por lo que el juez de segunda instancia no tenía competencia para pronunciarse
al respecto.
41. De ahí que no podía exigírsele que apreciara el acta 0006 de 31 de diciembre de
2023, suscrita ante la Notaría Segunda de Soacha, en la que Víctor Julián Sánchez
Acosta aceptó y se posesionó como alcalde de ese municipio, y, menos aún, que valorara
los efectos jurídicos de dicha aceptación, cuando tal argumento no fue expuesto en el
respectivo recurso de apelación.
42. En ese sentido, insistió en que no resulta procedente que el juez de tutela se
pronuncie respecto de cargos que no fueron planteados en el proceso de nulidad
8 Samai, índices 18 y 19 del expediente de tutela de primera instancia.
9 Samai, índice 9 del expediente de tutela de primera instancia.
10 Samai, índice 10 del expediente de tutela de primera instancia.
11 Samai, índices 25 y 26 del expediente de tutela de primera instancia.
12 Samai, índice 27 de expediente de tutela de primera instancia.
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electoral, mismos que, además, resultan imprecisos de cara a la motivación que condujo
al juez de segunda instancia a confirmar la decisión del Tribunal a quo, que declaró la
cosa juzgada en los términos del artículo 1º de la Ley 1881 de 2018.
D. Impugnación
43. En la impugnación, la señora Yeny Yomaira Garzón afirmó que la sentencia de
primera instancia omitió realizar un análisis «serio, motivado y objetivo» sobre la
subsidiariedad en el caso en concreto.
44. Al respecto, sostuvo que la Sala de conocimiento de primera instancia fundamentó
su decisión en si se había incorporado o no la prueba o si esta se había alegado en el
proceso ordinario, olvidando el tema que realmente originó la vulneración, con el fin de
justificar la falta de subsidiariedad y de manera totalmente incongruente con las
consideraciones, en las que no se mencionó tal requisito.
45. Señaló que, pese a que la sentencia impugnada concluyó que la falta de evaluación
del acta de posesión no fue alegada en el recurso de apelación, dicha decisión pasó por
alto que el referido documento sí se incorporó y debatió en el proceso de nulidad
electoral.
46. Además, indicó que el a quo omitió realizar un análisis ponderado sobre la existencia
de otros mecanismos judiciales actuales y eficaces para procurar la protección de sus
derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
47. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Cuestión previa: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez
48. Previo a pronunciarse respecto de la solicitud de amparo, la Sala estima necesario
referirse al impedimento manifestado por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez,
quien informó que desde hace ya varios años sostiene una amistad estrecha con el
también consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta de
esta Corporación y suscriptor de la sentencia que aquí se cuestiona. Para ello, puso de
presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus respectivas familias, y el
acompañamiento mutuo y permanente «en momentos significativos de [sus] vidas (logros
e infortunios personales)». Que, por consiguiente, se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal:
«que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial».
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49. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales
del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si
fuere el caso.
50. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá
declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de
Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 2 del artículo 56 del CPP,
dispone:
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del
denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero
permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad.
51. Dado que las circunstancias fácticas descritas en el escrito analizado dan cuenta de
una amistad estrecha y prolongada, al punto que se ha mantenido durante más de ocho
años, periodo en el cual han compartido innumerables espacios académicos y
personales, es claro que se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, a fin de garantizar la imparcialidad e
independencia que se requieren para conocer y tramitar la acción de tutela, se declarará
fundado el impedimento manifestado por el mencionado consejero de Estado, y, como
consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente asunto.
G. Problema jurídico
52. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 28
de mayo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, que declaró improcedente la petición de amparo, por considerar que no
satisface el requisito de subsidiariedad.
H. Análisis de la Sala
Incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
53. De entrada, la Sala advierte que, tal como lo planteó el juez de tutela de primera
instancia, la solicitud de amparo que se analiza no satisface el requisito de subsidiariedad
y, por ende, se confirmará la sentencia impugnada. Aún más, tampoco supera la
exigencia de relevancia constitucional, por cuanto la carga argumentativa de la petición
de amparo se aprecia absolutamente incongruente, de cara a los argumentos que
condujeron a la Sección Quinta del Consejo de Estado a confirmar la decisión de declarar
configurada la cosa juzgada en el marco del proceso de nulidad electoral que se adelantó
contra el señor Víctor Julián Sánchez Acosta.
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Demandante: Yeny Yomaira Garzón
54. En primer lugar, valga destacar que, como acertadamente lo informó la Sección
Quinta de esta Corporación en la contestación de la demanda, en la demanda de nulidad
electoral la señora Yeny Yomaira Garzón cuestionó directa y exclusivamente el hecho
de que el señor Sánchez Acosta hubiera inscrito su candidatura para aspirar al cargo de
alcalde cuando aún ostentaba su calidad de diputado en la Asamblea de Cundinamarca.
De ahí que le asiste absoluta razón a la autoridad judicial demandada en cuanto a que
no tenía competencia ni obligación para pronunciarse respecto de la supuesta
concurrencia de dignidades que nulitaban la elección.
55. Ciertamente, dicho reproche no se puso de presente en el proceso de nulidad
electoral ni en la demanda ni en el recurso de apelación, sino que solo se vino a formular
en esta instancia judicial, variando claramente la causa petendi de la demanda sin
ninguna justificación aparente. Antes, por el contrario, en el recurso de impugnación la
demandante sostuvo que dicha alteración no resultaba relevante, asumiendo que el juez
de la nulidad electoral estaba obligado a analizar la supuesta irregularidad sin haberla
alegado, y por el simple hecho de que el acta 0006 de 31 de diciembre de 2023 fue
incorporada al acervo probatorio.
56. Así, de entrada, el razonamiento de la parte demandante tendiente a reprochar que
la Sección Quinta de esta Corporación no analizó la concurrencia de dignidades al
momento de suscripción del acta de aceptación del cargo de alcalde resulta
absolutamente inaceptable, pues con ello se pretende introducir, por medio de la acción
de tutela, un cargo de nulidad que no fue alegado en el proceso ordinario.
57. El presente asunto no supera el requisito de subsidiariedad, porque el mecanismo
judicial idóneo para cuestionar la legalidad del acto de elección del señor Sánchez Acosta
era justamente el medio de control de nulidad electoral, en el marco del cual la señora
Garzón debió identificar todas posibles causales de inhabilidad e incompatibilidad en las
que consideraba que se encontraba incurso el demandado; sin embargo, los cargos
formulados en la demanda se orientaron exclusivamente a reprochar el acto de
inscripción de la candidatura.
58. Entonces, como a lo largo del proceso de nulidad electoral la señora Garzón orientó
sus esfuerzos a argumentar que el demandado estaba incurso en una inhabilidad para
postular su candidatura a la alcaldía de Soacha, pero se abstuvo de alegar como causal
de nulidad la supuesta concurrencia de dignidades al momento de aceptación del cargo,
la Sala concluye que, en efecto, la presente acción de amparo no supera el requisito de
subsidiariedad.
59. Ahora bien, en la sentencia censurada, la Sección Quinta de esta Corporación
confirmó la decisión de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que declaró configurada la cosa juzgada, por considerar que en el
recurso de apelación la demandante se limitó a formular reproches contra la providencia
que definió la controversia de pérdida de investidura adelantada contra el señor Víctor
Julián Sánchez Acosta, sin exponer reparos tendientes a cuestionar la aplicación de la
institución de la cosa juzgada ni exponer cuáles fueron los puntos de derecho
supuestamente ignorados en el trámite de desinvestidura, y sobre los que debió
pronunciarse el a quo.
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Demandante: Yeny Yomaira Garzón
60. En suma, el recurso de alzada no contenía reproches concretos contra la sentencia
de primera instancia, lo que, en los términos del artículo 328 del Código General del
Proceso13, impidió a la Sección Quinta emitir un pronunciamiento de fondo adicional. Sin
embargo, en la providencia censurada sí se dejó claridad sobre la procedencia de la cosa
juzgada en el caso concreto, e incluso se hizo alusión específicamente a las causales de
inhabilidad en las que se fundaron los reproches en el proceso de nulidad electoral, las
cuales fueron analizadas y despachadas desfavorablemente en el proceso de pérdida
de investidura.
61. En efecto, la Sección Quinta destacó que las normas alegadas como transgredidas
en el proceso de nulidad electoral eran coincidentes con las que se invocaron en el de
pérdida de investidura, y precisó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
pronunció al respecto, aclarando que, en ese punto, los señalamientos de la demanda
no se encuadraban en el supuesto de hecho previsto en la norma presuntamente
transgredida (subnumeral 1.1 del numeral 1 del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022), pues
el hecho de que el alcalde hubiera aceptado el cargo sin haber renunciado previamente
a su curul como diputado no tenía nada que ver con la hipótesis fáctica de la norma, la
cual censura el despliegue de una actividad política que, según afirmó, no está proscrita
para el caso de los miembros electos de corporaciones públicas.
62. Sin embargo, en el escrito de tutela y a lo largo de este trámite, la señora Garzón se
ha empeñado en cuestionar un supuesto yerro por omisión de valoración probatoria y
por desconocimiento del precedente, cargos tendientes a insistir en que estaba probada
la inhabilidad en que supuestamente incurrió el señor Víctor Julián Sánchez Acosta, al
aceptar el cargo como alcalde del municipio de Soacha; desconociendo por completo
que la razón que condujo a la Sección Quinta de esta Corporación a confirmar la
sentencia que declaró la cosa juzgada fue la falta de sustentación efectiva y coherente
del recurso de apelación.
63. En ese sentido, la postura de la demandante no solo carece del requisito de
subsidiariedad, por haber sido el proceso de nulidad electoral el medio idóneo para
proponer y sustentar las causales que según ella viciaban el acto de elección
demandado, sino, además, en la medida en que los cuestionamientos de la petición de
amparo se aprecian absolutamente incongruentes con la motivación de la decisión
contenida en la sentencia del 6 de marzo de 2025, dictada por la Sección Quinta de esta
Corporación.
64. Por si fuera poco, en la impugnación la accionante censuró que el juez de tutela de
primera instancia no hubiera realizado un análisis ponderado sobre la existencia de otros
mecanismos judiciales idóneos y actuales, tratando de trasladarle al operador judicial su
propia negligencia en la estructuración de la demanda de nulidad electoral y del recurso
de apelación.
65. De suerte que, como acertadamente lo consideró la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación en la sentencia 28 de mayo de 2025, la presente acción
de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad.
13 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
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66. Ahora bien, con el ánimo de dar respuesta íntegra a los cargos propuestos por la
señora Yeny Yomaira Garzón en el escrito de tutela, y teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional14 ha explicado que, en materia de tutela, la impugnación es una
manifestación del derecho fundamental al debido proceso, cuyo objeto consiste en que
el superior jerárquico de la autoridad que profirió el fallo de primera instancia «evalúe
nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva» 15, esta Sala
estima pertinente pronunciarse respecto de los reproches por desconocimiento del
precedente y falta de motivación alegados por la actora.
67. Efectivamente, en el escrito de tutela la señora Garzón indicó que la providencia
cuestionada se apartó del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
T-003-1992 y en el concepto emitido el 5 de enero de 2024 por la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación, en el trámite con radicado 20249000012882. El
primero, porque describe el proceso de aceptación y posesión en un cargo público, así
como sus efectos jurídicos, y el segundo, en la medida en que allí se determinó que a la
posesión del cargo antecede su aceptación.
68. La jurisprudencia constitucional ha sido clara en indicar que la relevancia
constitucional, como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, requiere que el accionante exponga una carga argumentativa mínima para
cuestionar la validez y razonabilidad de la decisión censurada, lo que implica que se
identifique el defecto del que supuestamente adolece la providencia y que se sustente
en hechos y pruebas que sirvan para demostrar su ocurrencia.
69. Puntualmente, en los casos en los que se pretenda el amparo por desconocimiento
del precedente la Corte Constitucional16 ha dicho que «la existencia de un precedente
no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una
regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que
efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten
elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber
de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución
jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis.
También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
70. Sin embargo, en este caso, la demandante no identificó cómo y en qué consistió el
supuesto desconocimiento, pues se limitó a transcribir apartes de una sentencia de la
Corte Constitucional y de un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporación, los que, se insiste, son completamente incongruentes en relación con la
declaratoria de cosa juzgada. Además, cabe recordar que los conceptos de la Sala de
Servicio y Consulta Civil, si bien son importantes para orientar ciertas actuaciones o
decisiones de la Administración, no constituyen precedente vinculante, justamente
porque la función de dicha sala es consultiva y no jurisdiccional.
71. Por último, la demandante afirmó que ni el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en primera instancia, ni el Consejo de Estado, en segunda, argumentaron de manera
clara cómo puede un funcionario público (diputado en ejercicio) aceptar y posesionarse
14 Sentencia T-353 de 2018, reiterada en la sentencia de unificación 387 de 2022.
15 Énfasis añadido.
16 Sentencia T-482 de 2011.
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Demandante: Yeny Yomaira Garzón
en otro cargo público (alcalde municipal), sin haber renunciado previamente y no incurrir
en la incompatibilidad del artículo 51 de la Ley 2200 de 2022.
72. Frente a lo anterior, se reitera que dichas autoridades judiciales no estaban obligadas
a pronunciarse frente a la concurrencia de dignidades que ahora alega, porque dicha
circunstancia no fue puesta de presente en el proceso de nulidad electoral. A lo que se
suma el hecho de que su insistente reproche fue resuelto de manera directa por la
Sección Primera de esta Corporación en la sentencia que definió la controversia de
pérdida de investidura promovida contra el señor Víctor Julián Sánchez Acosta.
73. Todo lo anterior da cuenta de que la acción de tutela no reúne los requisitos de
relevancia constitucional ni de subsidiariedad, razón por la cual, como se anticipó, esta
Subsección confirmará el fallo impugnado.
74. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez, según las razones anotadas. Como consecuencia, queda separado
del conocimiento de la presente acción de tutela.
SEGUNDO. Confirmar la sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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