Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06518-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06518-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06518-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
3 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., tres (03) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00
Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros1
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: MORA JUDICIAL – Decidir solicitudes de aclaración y adición frente a
sentencia de nulidad electoral / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de legitimación
en la causa por activa. Tutelantes no participaron en el proceso en el que se alega
la presunta mora judicial
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 16 de octubre de 2025 los señores Jacques Larsen Garrido, Sidney Lesly
Cristopher Thyme, Isabela Hudgson Ballesteros y Leyzer Eyllan Myles Mcnish
promovieron acción de tutela3 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con
la pretensión de que se ordenara a la autoridad judicial resolver las solicitudes de
aclaración presentadas frente a la sentencia de 3 de abril de 2025, mediante la cual,
en el marco del proceso de nulidad electoral4 instaurado por el señor César Daniel
Castro Muñoz y otros, se anuló el acto de elección del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, en su condición de gobernador de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, para el período 2024-2027, por doble militancia en la modalidad de apoyo.
2.
La parte actora sostuvo que el 9 de abril de 2025 se presentaron las mencionadas
solicitudes de aclaración y posteriormente han acaecido una serie de dilaciones por
parte de algunos de los intervinientes en ese asunto, con el objeto de impedir que la
1 Sidney Lesly Cristopher Thyme, Isabela Hudgson Ballesteros y Leyzer Eyllan Myles Mcnish.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Invocaron sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
“sufragio universal” y a elegir y ser elegido.
4 Expediente 11001-03-28-000-2023-00103-00.
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Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros
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sentencia adquiera firmeza. Entre estas, un sinnúmero de memoriales, tutelas,
recursos de reposición, nulidades, escritos y solicitudes sin fundamentos, incluso han
solicitado que toda la sentencia y autos sean traducidos al “idioma San Andresano
CREOLE”, lo cual se ha efectuado.
3.
Con dichas dilaciones procesales están perjudicando al departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, dado que en la actualidad no hay
gobernabilidad, pues no se cuenta con una persona que tome decisiones serias en
pro de la comunidad.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
4.
Mediante auto de 23 de octubre de 20255, se aceptó el impedimento manifestado
por el consejero Fernando Pardo Flórez, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al Consejo Nacional Electoral, a los
señores César Daniel Castro Muñoz y Nicolás Iván Gallardo Vásquez, así como a
todos los sujetos reconocidos como terceros dentro del proceso de nulidad electoral
11001-03-28-000-2023-00103-00. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
5.
Posteriormente, a través de auto de 13 de noviembre de 2024 6 , se dispuso
vincular como accionada a la Sección Primera de esta Corporación.
(i) Consejo de Estado – Sección Quinta
6.
Relacionó las diferentes actuaciones judiciales acaecidas en el proceso de nulidad
electoral desde la fecha en que se emitió la sentencia de 3 de abril de 2025. Con
base en ello, indicó que no ha realizado ninguna actuación que pueda vulnerar los
derechos fundamentales de los actores. Por el contrario, ha impartido trámite
oportuno y diligente al asunto, en aras de garantizar que los intervinientes y partes
cuenten con todos los recursos judiciales y las herramientas procesales procedentes
y reciban una respuesta eficaz a sus solicitudes y recursos.
7.
Informó que en la actualidad el expediente se encuentra en la Sección Primera de
la Corporación con el fin de que se resuelva sobre las solicitudes de recusación
instauradas nuevamente en su contra, lo cual impide que emita algún
pronunciamiento o realice actuación en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del
CGP.
8.
Agregó que en la manifestación de rechazo frente a la última solicitud de
recusación, se solicitó que se diera aplicación a lo dispuesto en el artículo 147 del
CGP, que preceptúa que cuando una recusación se declare no probada y se
disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, se imponga al recusante
5 Notificado el 29 de octubre de 2025.
6 Notificado el 19 de noviembre de 2025.
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y su apoderado, una multa, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya
lugar.
(ii) Consejo de Estado – Sección Primera
9.
Informó que en relación con la recusación del 23 de octubre de 2025 se registrará
proyecto para la siguiente sala que tendría lugar el 27 de noviembre y frente a la
recusación radicada el 30 de octubre de la presente anualidad, por auto de 18 de
noviembre del año en curso, se puso en conocimiento de los magistrados de la
Sección Quinta aquella, lo cual fue comunicado el 19 del mismo mes y año.
10.
En ese sentido, no se han afectado los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, puesto que su competencia en el proceso de nulidad electoral respecto
del que se alega la mora judicial se ha limitado a resolver sobre las recusaciones
formuladas contra los magistrados de la Sección Quinta de esta Corporación y los
trámites derivados de estas, a las cuales se les ha dado curso, con la celeridad que
ha posibilitado los diversos memoriales y solicitudes procesales impulsadas por
quienes han actuado en el asunto. Por tanto, se debe negar el amparo reclamado.
(iii) Consejo Nacional Electoral
11.
Señaló que si bien es parte del proceso en el que se adoptó la sentencia, no
intervino al momento de proferirse esa providencia, por cuanto se acusa de una
inadecuada valoración probatoria por parte del juez natural de la causa. Por ende, al
no tener incidencia en ello, carece de la competencia para pronunciarse de fondo
sobre los argumentos expuestos por los tutelantes.
12.
Advirtió que la parte actora no cumplió el requisito consistente en señalar
claramente el yerro que cometió la administración de justicia al momento de dictar el
fallo. Se enunciaron unas situaciones presuntamente suscitadas dentro del proceso
electoral, sin establecer un nexo causal entre los hechos de la demanda, el proceso
surtido y cómo el juez al momento de proferir fallo desfavorable cometió el error en
la valoración probatoria, así como tampoco identifica las pruebas que se valoraron
de manera errada.
(iv) Partido Liberal Colombiano
13.
Indicó que las actuaciones adelantadas dentro del proceso de nulidad electoral se
han desarrollado con plena observancia de las normas que rigen el trámite y bajo el
principio de legalidad procesal. Asimismo, las decisiones cuestionadas se profirieron
por la autoridad competente, en ejercicio legítimo de su función jurisdiccional y con
respeto de las etapas procesales, los términos legales y las garantías de
contradicción y defensa. No existe evidencia de actuaciones arbitrarias, desviaciones
procedimentales o desconocimiento de las formas propias del juicio que permitan
concluir la transgresión del debido proceso.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
14.
Adicionalmente, las demoras derivadas del estudio o resolución de solicitudes
presentadas por las partes no pueden calificarse como una mora judicial injustificada,
pues encuentran justificación en la complejidad del asunto, así como en el respeto
del derecho de contradicción de los intervinientes.
15.
Además, la parte actora no acredita la legitimación en la causa por activa, en tanto
no prueba un interés directo, real y actual en la protección de los derechos
fundamentales que invoca. Los accionantes no fueron sujetos procesales ni
intervinientes en el medio de control de nulidad electoral.
16.
Por último, adujo que no se presenta la presunta falta de gobernabilidad en el
departamento, comoquiera que la sentencia de 3 de abril de 2025 no se encuentra
ejecutoriada, no ha producido efectos jurídicos frente a la titularidad del cargo del
actual gobernador, por tanto, conserva plenamente el ejercicio de sus funciones
hasta cuando la decisión judicial adquiera firmeza y sea formalmente ejecutada.
(v) Misión Archipiélago de San Andrés
17.
Advirtió que, además de la presente acción, se han promovido otros trámites
constitucionales 7 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y contra
providencias judiciales sin ejecutar, por estar en trámite solicitudes ante dicha
autoridad judicial. Dichos asuntos se instauraron en forma masiva y se repartieron a
diferentes despachos, dentro de los cuales se recaudaron pruebas y se recibieron
respuestas de la accionada y demás intervinientes, lo cual vulnera el derecho al
debido proceso del gobernador del Archipiélago de San Andrés, puesto que no es
solo una autoridad judicial que conoce la controversia constitucional, en atención al
Decreto 1834 de 2015.
18.
Sin embargo, como no se dio cumplimiento al mencionado Decreto, no resulta
viable acumular las mencionadas acciones de tutela, al no ser puestas en
conocimiento de un solo juez desde el momento en que fueron repartidas. En la
medida en que se efectuaron estudios simultáneos, se recibieron respuestas, se
anexaron documentos y se recibieron solicitudes en forma separada, lo que implica
que las demandas estén contaminadas con otros elementos de prueba y, por ende,
ya no guarden similitud.
19.
Posteriormente, informó que sobre la actuación judicial objeto de la presente
acción de tutela se han iniciado por parte de las autoridades penales, procesos
judiciales contra la parte actora, señor César Daniel Castro Muñoz y su
representante, al igual que contra los magistrados de la Sección Quinta del Consejo
de Estado por transgredir el artículo 453 de la Ley 599 de 2000 (fraude procesal).
7 Expedientes 11001-03-15-000-2025-06392-00 y 11001-03-15-000-2025-06749-00.
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20.
Asimismo, señaló que la recusación en curso contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado, que ubicó el expediente en la Sección Primera de esta Corporación,
corresponde a un procedimiento enmarcado en el artículo 141 (numerales 7 y 8) del
CGP, por cuanto aquella Sección se encuentra inmersa en conductas que revisten
la condición de delito, por hechos ajenos a estas diligencias.
21.
En ese sentido, la mora en resolver el asunto obedece a la negativa de la Sección
Quinta de apartarse del proceso de nulidad electoral, pese a estar inmersa en las
causales de ley para hacerlo.
22.
Además, no existe vulneración de derechos fundamentales ni la posible
configuración de un perjuicio irremediable, máxime cuando la administración del
actual gobernador del departamento ha desarrollado y entregado obras de interés
público y de inversión dentro de su programa de gobierno y ejecutado algunas obras
que quedaron pendientes de entregar en gobiernos anteriores.
23.
Por último, advirtió que las únicas personas habilitadas para exigir la ejecución de
una decisión judicial son quienes intervinieron en el proceso en el que fue dictada,
condición que no cumplen los tutelantes, por lo que se debe declarar la
improcedencia de este asunto.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
24. La Sala declarará la improcedencia de esta acción, al advertir que los tutelantes
carecen de legitimación en la causa por activa.
25.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona
puede acudir a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un
representante, para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad y, excepcionalmente de los particulares.
Mandato constitucional que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
26. De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela
podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover
su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
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personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado8.
27. Conforme a lo expuesto, se tiene que el ejercicio de la tutela está sujeto a unos
requisitos mínimos de procedibilidad, entre estos, el de la legitimación en la causa
por activa, que implica que la persona que acude a este mecanismo tenga un interés
particular y directo en la protección constitucional que pretende, con el fin de tener
certeza que lo que reclama es la salvaguarda de un derecho fundamental suyo y no
de un tercero.
28. Ahora bien, cuando se controvierte una decisión emitida en un proceso, lo cual
se aplica también a una presunta mora judicial, la legitimación recae en quienes
integraron las partes. La Corte Constitucional, en sentencia SU-329 de 2024, unificó
el criterio relacionado con dicha legitimación frente a un proceso de nulidad electoral,
en el sentido de indicar que, en este evento, “quienes no hayan sido partes o terceros
en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión cuestionada, no tienen
legitimación por activa para presentar la acción de tutela. En consecuencia, los
tutelantes deben acreditar que participaron en el respectivo proceso en calidad de
demandados, demandantes o terceros y que, por ende, les asiste un interés
legítimo”.
29. Lo anterior, por cuanto (i) una providencia judicial que resuelve un caso concreto
surte efectos entre las partes, por lo que, en principio, solo quienes participaron en
las respectivas diligencias estarían habilitados para reclamar la vulneración de sus
garantías superiores como consecuencia de dicha decisión judicial; y (ii) conforme
al artículo 228 del CPACA, en el proceso electoral cualquier persona puede pedir
que se le tenga como impugnador o coadyuvante, por ende, los ciudadanos cuentan
con la posibilidad de solicitar su participación en este tipo de asuntos en los que
tengan interés y poner en conocimiento del juez natural los argumentos que
consideren relevantes.
30. En el proceso de nulidad electoral dentro del que se alega la mora obra como
demandante el señor César Daniel Castro Muñoz y como demandado el señor
Nicolás Iván Gallardo Vásquez, en su condición de gobernador de San Andrés para
el período 2024-2027. Trámite dentro del cual se vinculó al Consejo Nacional
Electoral por haber expedido el acto de elección acusado y se aceptó la intervención
del Partido Liberal como impugnador9. Asimismo, se aceptaron las intervenciones,
en condición de impugnadores, de los señores Vanesa Ruiz Gueto, Saúl Valencia
de la Cruz, Suany Sofía Torres Saltos, Carlos de Alba Padilla, Luz Dary Rodríguez
8 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción
de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
9 Auto de 1º de febrero de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00
Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Cardona, Kimberly Torres Saltos, Jill Lucía Palacio González y José Manuel Cañate
Márquez10; Rosario González James y el Partido Cambio Radical11; Marvin Alfredo
Edén Henry y otras 171 personas12 (identificadas13 en el memorial allegado en el
índice 45 de Samai); Richard Nicolás Martínez Olivera14 (en nombre propio y en
representación de Misión Archipiélago de San Andrés); y Partido Nuevo
Liberalismo15.
31. Por consiguiente, las personas habilitadas para alegar la aludida mora judicial a
través de este mecanismo constitucional son quienes participaron en el referido
proceso de nulidad electoral, pues la facultad para acudir a esta acción está
supeditada a la titularidad de los derechos fundamentales cuya protección se invoca,
que, bajo dicha perspectiva, está en cabeza únicamente de quienes intervinieron en
el proceso, en razón a que es a ellos a quienes afecta la presunta tardanza.
32. En el sub lite se tiene que presentaron el escrito de tutela los señores Jacques
Larsen Garrido, Sidney Lesly Cristopher Thyme, Isabela Hudgson Ballesteros y
Leyzer Eyllan Myles Mcnish, quienes no participaron en el aludido asunto judicial,
por tanto, carecen de legitimación en la causa por activa. Conforme al criterio
jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional, el cual acogió esta Sala en un
asunto con similares contornos fácticos, “cualquier vulneración atribuida a la Sección
Quinta del Consejo de Estado solo puede ser alegada por quienes conformaron los
extremos activo o pasivo de aquel proceso, o intervinieron en él como terceros”16.
33.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de legitimación
en la causa por activa, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo.
34.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
10 Mediante auto de 4 de abril de 2024.
11 Por medio de auto de 6 de mayo de 2024.
12 A través de auto de 11 de julio de 2024.
13 Dentro de las que no aparecen relacionados los tutelantes.
14 Mediante auto de 22 de agosto de 2024.
15 Por medio de auto de 21 de noviembre de 2024.
16 Sentencia de 25 de noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-05945-00 (acumulado con los
radicados 11001-03-15-000-2025-06164-00 y 11001-03-15-000-2025-05960-00) C. P. María Adriana Marín.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00
Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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