Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00103-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00103-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00103-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
3 de abril de 2025
Demandante: César Daniel Castro Muñoz
Demandado: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00103-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00103-00
Demandante: CÉSAR DANIEL CASTRO MUÑOZ
Demandado: NICOLÁS IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ – GOBERNADOR DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 2024-2027
Tema: Doble militancia por apoyo
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Corresponde a la Sala decidir la demanda presentada contra el acto de elección del
señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. A través de apoderado, el señor César Daniel Castro Muñoz, instauró demanda
en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de
2011, con la que pretende la nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez como gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina periodo
2024-2027.
2. Como pretensiones se presentaron las siguientes:
Que se declare la nulidad del Acta del escrutinio general-formulario E-26 GOB de
noviembre 3 de 2023, por la cual se declaró al candidato Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.123.629.987, como
gobernador electo del departamento de San Andrés para el periodo 2024-2027, y
como consecuencia, que se cancele su credencial, porque al momento de la
elección el candidato incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad
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Demandante: César Daniel Castro Muñoz
Demandado: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
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de apoyo, configurándose la causal de anulación electoral prevista en el numeral 8º
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
2.1.1. Hechos
3. Indicó que, mediante Resolución 5547 del 8 de mayo de 2019, el Partido Liberal
Colombiano avaló al señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como candidato a la
gobernación del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el
periodo 2020-2023, bajo la coalición denominada «La Oportunidad de Avanzar
Unidos».
4. Adujo que el demandado, siendo militante del Partido Liberal, fungió como
diputado en la Asamblea Departamental de ese ente territorial para el periodo 2020-
2023, por obtener la segunda votación en las elecciones para gobernador
celebradas el 27 de octubre de 2019.
5. Anotó que el 29 de julio de 2023, el señor Gallardo Vásquez nuevamente inscribió
su candidatura a la gobernación del departamento para el periodo 2024-2027 con
el aval del Partido Liberal, bajo la coalición «Avanzar es posible», integrada por esa
colectividad y los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador
Colombiano.
6. Recalcó que el demandado fue declarado gobernador electo del departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo 2024-2027 a través
del formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023.
1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
7. Afirmó que con el acto acusado se desconocieron los artículos 107 de la
Constitución y 2 y 29 de la Ley 1475 de 2011 por cuanto el demandado incurrió en
doble militancia bajo la modalidad de apoyo.
8. Mencionó que el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez apoyó, ayudó, asistió,
respaldó y acompañó mediante actos positivos y concretos materializados en
mensajes directos, alusiones públicas y publicidad compartida, para favorecer a los
siguientes aspirantes inscritos por otras colectividades a la Asamblea
Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina:
• Carlos Arturo Carvajal Jiménez, Abdu Adnan Handaus Handaus, María del
Pilar Celis Código y Lisa Castro, todos militantes del Partido del Partido
Cambio Radical.
• Delford Brackman Ortíz de la coalición de los partidos Nuevo Liberalismo,
Conservador Colombiano y Colombia Justa Libres.
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9. Indicó que el Partido Liberal Colombiano inscribió lista de candidatos a la
Asamblea del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2024-
2027, sin formar ninguna coalición con otras agrupaciones políticas para esa
corporación.
10. Adujo que los apoyos fueron otorgados por el señor Gallardo Vásquez dentro
del contexto de las campañas políticas a la gobernación y a la asamblea para el
periodo 2024-2027 y se materializaron entre la fecha de inscripción de la
candidatura y las elecciones del 29 de octubre de 2023.
11. Asimismo, presentó dos escritos dentro del término de caducidad1, en los que
allegó pruebas y además indicó que el demandado también apoyó al señor Luis
Torres James a la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina avalado por el partido Nuevo Liberalismo.
2. Contestaciones de las demandas
2.1. Nicolás Iván Gallardo Vásquez - demandado
12. La apoderada del demandado se opuso a la nulidad de la elección impugnada.
Señaló que el demandado en ningún momento emitió actos de solidaridad a los
candidatos a los que se refiere la demanda, y contrario a ello, compartió varios
espacios con personas que si bien pertenecían a agrupaciones diferentes a la suya,
se hizo en términos de amabilidad, amistad o cordialidad, para recibir el apoyo de
los ciudadanos.
13. Aseguró que los mensajes de datos aportados con la demanda no cumplen con
los requisitos de la Ley 527 de 1999, en especial los videos, y por tanto solicitó no
tenerlos como prueba dentro del proceso, puesto que no se acreditó su autenticidad,
originalidad, se desconoce el iniciador, se encuentran editados y alterados, las
voces no coinciden con los movimientos de la boca del supuesto locutor, se
desconoce la fecha y lugar de grabación y además no fueron publicados por el
demandado, ni consentidos o autorizados por él.
Supuesto apoyo a Carlos Arturo Carvajal Jiménez:
14. Adujo que el actor cuestiona hechos ocurridos en el año 2022, situación que
esta por fuera del lapso de la prohibición. Frente a lo sucedido en el año 2023,
comentó que los links ya no están disponibles y respecto de las fotos aportadas,
explicó que compartir un mismo escenario, incluso con publicidad de candidatos de
otros partidos, no es óbice para entender que hubo actos de apoyo, sino que solo
1 Radicadas el 24 y 27 de noviembre de 2023.
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evidencian que el demandado estuvo presente en un mismo escenario con Carlos
Arturo Carvajal Jiménez.
15. Indicó que algunas de las fotos solo muestran al demandado frente al público,
realizando una intervención y a Carlos Arturo Carvajal en ese mismo espacio,
también dirigiéndose a los presentes, pero no se puede ni siquiera apreciar que sea
al mismo tiempo.
16. En cuanto a los links2 explicó que remiten a un video publicado desde una
cuenta de Facebook llamada «SOP informativo» del 11 de agosto de 2023, llamado
lanzamiento de la campaña de Carlos Carvajal, y no evidencia actos de apoyo
concretos de parte del demandado, pues recalcó que el hecho de compartir un
mismo escenario, incluso dentro de la campaña de otro candidato, no significa una
ayuda, y por el contrario enfatizó que se refiere a lo agradable que se siente con
ese gran recibimiento.
17. De otra parte, aseguró que si bien es cierto que el gobernador dijo que el
diputado Carlos Carvajal es una persona idónea para seguir en la duma, eso no
puede entenderse como un acto de apoyo, pues no es una expresión concreta, clara
o inequívoca de respaldo a otro candidato, sino que representa admiración,
agradecimiento y respeto.
Del presunto apoyo a Abdu Adnan Handaus Handaus:
18. Aseguró que los tres links que aportó el demandante para demostrar los
presuntos actos de apoyo del demandado en favor de Abdu Adnan Handaus
Handaus, no arrojan ningún contenido que pueda ser analizado, porque al ser
consultados aparece un mensaje que dice que «su contenido no está disponible en
este momento».
19. Anotó que ninguna de las 8 imágenes aportadas por el accionante para
demostrar los presuntos actos de apoyo a Abdu Adnan Handaus Handaus,
demuestran la conducta endilgada, puesto que solo apuntan a que compartieron
espacio en un mismo escenario, del que no se puede extraer la fecha en que esto
ocurrió y tampoco cuáles fueron los actos externos, concretos, ciertos e inequívocos
con los cuales el demando incurrió en la conducta prohibida.
Del presunto apoyo a María del Pilar Celis:
20. En relación con el primer video, señaló que la candidata María del Pilar Celis, le
2 https://www.facebook.com/santanderortizpinto68/videos/282679477698037
https://fb.watch/ojBlVafGI1/
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da las gracias al demandado, porque estaba ahí presente y, si bien le muestra
gratitud, no puede entenderse que él haya cometido actos de apoyo, sino que, por
el contrario, le pide ayuda, y él simplemente guardó silencio en señal de respeto y
para hacerle entender que no se lo daba, y se dan un abrazo.
21. En el segundo video, comentó que aparece el gobernador en medio de dos
personas, entre ellas una mujer y la señora María del Pilar Celis. En este escenario,
el demando no emite ninguna expresión que pueda ser catalogada concretamente
como apoyo, pues si bien los tres alargan sus brazos con la mano abierta, esto no
puede entenderse como que el candidato esté diciendo “voten por el 55” como lo
pretende hacer ver el demandante. Insistió en que en modo alguno una mano
abierta puede definirse como una expresión del número 55, máxime cuando toda
su participación y actitud frente a la candidata fue de agradecimiento.
22. Especificó que en el tercer video aparece el gobernador en dos ocasiones, una
en la que hace un gesto de «todo bien» con la mano y otra en la que le da un abrazo
a la candidata Celis, estas situaciones tampoco pueden ser catalogadas como actos
de apoyo, porque el demandado se expresa de forma genuina y cordial frente a
otros candidatos y personas sin invitar de forma expresa a que voten por un
determinado candidato y los gestos en sí mismos no son representativos de apoyo,
como lo ha señalado la Sala Electoral.
23. En cuanto a las cinco imágenes aportadas, adujo que no evidencian ninguna
expresión que pueda ser catalogada como apoyo, pues si bien los dos candidatos
alargan sus brazos con la mano abierta, esto no puede entenderse como que el
candidato esté diciendo «voten por el 55», recalcó que en modo alguno una mano
abierta puede definirse como una expresión del número 55 y, en general, los gestos
no son significativos de apoyo en sí mismos, sino que requieren de otros elementos
para concluir tal circunstancia y en el caso particular no existen otros elementos,
pues no hubo apoyo del gobernador a la candidata.
24. Adicionalmente, no hay evidencia de la fecha de la publicación, tampoco de
cuándo fueron realizadas las tomas.
25. Aseguró que los videos tienen muestras de adulteración respecto del que pudo
ser el original, lo que no permite tenerlos como pruebas y menos aún, de
considerarlos como representativos de una doble militancia que jamás existió.
Del presunto apoyo a Lisa Castro:
26. Sostuvo que el link que aportó el demandante para demostrar los presuntos
actos de apoyo del demandado en favor de Lisa Castro no arroja ningún contenido
que pueda ser analizado, porque al ser consultado aparece un mensaje que dice
que su contenido no está disponible en este momento.
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27. Además anotó que las 3 imágenes allegadas por el actor para demostrar los
presuntos actos de apoyo del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez en favor de Lisa
Castro, conllevan a concluir que simplemente ellos dos compartieron en un mismo
escenario, del que no se puede extraer la fecha en que esto ocurrió y tampoco
cuáles fueron los actos externos, concretos, cierto e inequívocos con los cuales el
demandado incurrió en la supuesta conducta prohibitiva.
Apoyo a Delford Brackman:
28. Sostuvo que en relación con el link aportado con la demanda de un video
publicado el 29 de septiembre en Facebook de la cuenta Delford Brackman Ortiz,
expresó que el demandado agradece por la oportunidad que le brindan, «por abrirles
las puertas, abrirle la puerta a nuestro Diputado Delford Brackman, que necesita de
verdad el apoyo para poder tomar la juventud las riendas de este Departamento,
desde la Duma Departamental y por supuesto también en la Gobernación».
29. Indicó que esa frase se refiere al apoyo que necesita cualquier candidato, pero
no se lo está dando el gobernador y tampoco lo está pidiendo a la ciudadanía, sino
que solo señaló que tendría las puertas abiertas en la Gobernación, al igual que las
tendría cualquier otro candidato que resultara electo.
30. En cuanto a las fotos, mencionó que en las mismas solo se ve que compartieron
en un mismo escenario, del que no se puede extraer la fecha en que esto ocurrió y
tampoco cuáles fueron los actos externos, concretos, ciertos e inequívocos con los
cuales el demandado incurrió en la conducta prohibitiva.
Apoyo a los candidatos a la asamblea:
31. Indicó que las imágenes no son concluyentes porque solo aparece el
gobernador acompañado de otras personas y solo se ve la exteriorización de una
disposición de compañerismo y cordialidad, pero no la concreción de actos de
apoyo.
Supuesto apoyo a Luis Torres James:
32. Sostuvo que los links no abren, y los videos en formato mp4 Whatsapp video
2023-11-27 at 1.07.47 y 2023-11-27 at 1.07.44 carecen de todos los requisitos para
ser tenidos como prueba por su autenticidad y originalidad, y hay inconsistencias tal
como se pone de presente en el dictamen pericial.
33. Aseguró que en cuanto al video 2023-11-07 at 1.07.45 se desconoce su
proveniencia, tampoco puede ser valorado porque no es posible certificar el
cumplimiento del requisito de originalidad del artículo 8 de la Ley 527 de 1999.
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34. Indicó que el análisis de algunos fotogramas con el filtro de compresión Ghost
muestra regiones blancas, verdes claras o azules y claras consistentes sobre un
fondo negro que pueden corresponder a rastros de manipulación.
35. Además, explicó que en los metadatos mostrados se puede observar
inconsistencias en las fechas de creación y en las fechas de modificación, tanto del
video como de las pistas del video y de audio, lo que indica una posible manipulación
que oculta la verdadera línea de tiempo de producción del video.
36. Dijo que del análisis del video se puede apreciar que corresponde al recorte de
un registro fílmico de más amplia duración en el cual no se garantizó la integridad
del contenido.
37. Respecto del video 2023-11-27 at 1-07.44, indicó que frente al mismo tampoco
es posible certificar el cumplimiento del requisito de originalidad del artículo 8 de la
Ley 527 de 1999. El mismo fue grabado mediante la funcionalidad de screen
recorded a partir de la reproducción de un video supuestamente publicado en la
cuenta de Facebook de Luis Fernando Llamas Pereira el 6 de septiembre de 2023,
por lo que no corresponde al video original.
38. Aclaró que la grabación fue hecha con la herramienta Movavi, usada para la
grabación de pantalla lo que denota que fue hecha desde un computador. En cuanto
a su descomposición en fotogramas dijo que el análisis con el filtro de compresión
GHOST muestra regiones blancas, verdes claras o azules consistentes sobre un
fondo negro que puede corresponder a rastros de manipulación. Y respecto del filtro
de compresión Block muestra regiones coherentes con un color diferente al de su
entorno que pueden corresponder a manipulación.
39. Aseguró que en los metadatos mostrados se pueden observar inconsistencias
en las fechas de creación y de modificación, tanto del video, como de las pistas de
video y de audio. La falta de datos sobre la fecha y hora de creación y modificación
del archivo indica una posible manipulación.
40. En cuanto al anexo 15 de Samai explicó que las fechas de creación y de
modificación fueron eliminadas lo que sugiere que el archivo ha sido editado o
procesado para ocultar información. En el archivo de video se indica que tiene una
duración de 01:59 y el análisis revela que la duración es de 0:02:00, lo que puede
indicar que el video ha sido editado, recortado o se le ha agregado contenido.
41. Dijo que la ausencia de metadatos sobre la autoría, origen o procesamiento del
video puede indicar que se han eliminado o manipulado. Se evidencia recorte en el
formato original de video, ya que es la grabación de un live o en vivo de la red social
Facebook lo que indica que el formato es de 9:16 mientras que en las propiedades
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Demandante: César Daniel Castro Muñoz
Demandado: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
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se evidencia que el formato de video es de 480x784 lo que a simple vista permite
observar un recorte durante todo el video. El análisis del sonido en el archivo de
video revela que el audio está en un formato estándar de alta calidad y parece ser
coherente con un archivo de video convencional. Sin embargo, la ausencia de
metadatos detallados sobre la fuente y el origen del audio limita la capacidad de
verificar su autenticidad y refleja dudas sobre la integridad del archivo en su
conjunto.
42. En cuanto al anexo 16 de samai explicó que las fechas de creación y de
modificación fueron eliminadas lo que sugiere que el archivo ha sido editado o
procesado para ocultar información. La presencia del codificador Lavf58.12.100
sugiere que el video pudo haber sido procesado o codificado utilizando este
software, lo que puede indicar una posible manipulación. A simple vista se observa
que el video es una grabación de pantalla de un video de Facebook lo que genera
dudas acerca de la autenticidad del video. Esta grabación fue hecha con la
herramienta Movavi, que es usada para grabación de pantalla, en este caso se
denota que la grabación fue hecha desde un computador dado que en el minuto
00:00 se alcanza a ver el cursor del mouse. A partir de los metadatos relacionados
con el audio del archivo de video, se evidencia que no hay indicios evidentes de que
el sonido haya sido editado ya que los parámetros del audio, como el formato, los
canales, los bits por muestra y la tasa de muestreo, son consistentes con un archivo
de audio estándar sin manipulación significativa; no obstante, los metadatos por sí
solos pueden no proporcionar una imagen completa, y ponen en duda su integridad.
43. Por lo anterior propuso la tacha de falsedad.
44. Adujo que los videos no se tratan de publicaciones hechas por el ahora
gobernador, y no se acreditó que su publicación fuera autorizada por él, por lo que
precisó que las grabaciones realizadas, con destino a ser publicadas o sin ese
propósito, sin el consentimiento de las personas involucradas, constituye violación
al derecho a la intimidad y, para fines electorales no puede tenerse en cuenta si no
se cuenta con el consentimiento.
45. Finalmente, propuso las excepciones de mérito: (i) ausencia absoluta de la
violación endilgada, (ii) insuficiencia del acervo para dar por probada la conducta
prohibitiva, y (iii) la excepción genérica.
2.2. Consejo Nacional Electoral
46. A través de apoderado, la entidad manifestó que ante el Consejo Nacional
Electoral no se presentó solicitud de revocatoria de la inscripción del demandado,
de manera que esa entidad no tuvo conocimiento en sede administrativa del asunto
bajo estudio, y por tanto solicitó que se declarara probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
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2.3 Partido Liberal
47. Actuó a través de su director jurídico, y aseguró que las pretensiones de la
demanda no deben prosperar.
48. En primer lugar, sostuvo que los memoriales del 24 y 27 de noviembre de 2023
no son reformatorios de la demanda, por no haber sido presentados dentro del
término establecido en el artículo 278 del CPACA.
49. Indicó que allegó al expediente un informe forense realizado por los señores
Juan Carlos Angarita Cruz y Mauricio Javier Vargas Sánchez, cuyas conclusiones
evidencian la poca confianza que generan las pruebas documentales aportadas al
proceso, y la inutilidad del material fotográfico allegado con la demanda.
50. Aseguró que respecto de los videos a los cuales se pueda acceder, para que
puedan ser tenidos en cuenta como prueba dentro del plenario, se debe probar
dentro del curso de la actuación procesal, el origen, la autenticidad, la fidelidad,
integralidad, inalterabilidad, inmutabilidad, rastreabilidad y los demás requisitos de
la Ley 527 de 1999 y 1564 de 2012 y demás nomas concordantes.
51. Sostuvo que dentro del proceso obran unas declaraciones extrajuicio, con las
que se evidencia que de los 11 diputados, se eligieron 5 de la lista del Partido
Liberal, quedando demostrado el respaldo de esa lista por parte del demandado,
así mismo los candidatos a la Asamblea Departamental declararon que conocieron
el acuerdo de coalición suscrito por los partidos y movimientos donde militan y que
apoyaron al demandado, y que el demandado solo pedía votos por los candidatos
del partido Liberal.
52. Sostuvo que en este caso se plantea una colisión de principios y derechos en
la aplicación de la norma, porque no puede decirse que el candidato de la coalición
es único de los partidos y movimientos que suscribieron ese acuerdo, generando
derechos y obligaciones, y de otra parte, que el candidato solo puede apoyar
candidatos que militen en su partido, imponiendo una carga al constituyente
primario, cuyos resultados electorales provienen del ejercicio del derecho al voto.
53. Insistió en que la idea de suscribir un acuerdo de coalición o recibir la adhesión,
es sumar respaldos de quienes esperan una contraprestación, esto es, que se
apoyen a sus candidatos avalados e inscritos.
54. Explicó que el Partido Liberal obtuvo una mayoría a la Asamblea, logrando la
mitad de las curules a proveer, lo que evidencia la carencia de deslealtad e
infidelidad del demandado, lo cual fue corroborado por los miembros directivos del
Partido Liberal y candidatos inscritos para esa duma.
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55. Además de lo anterior, insistió en que están las declaraciones extraproceso en
la que los candidatos avalados por otros partidos y movimientos políticos
presuntamente apoyados, manifiestan no haber recibido apoyo y que eran
conscientes del respaldo que el candidato a la Gobernación, pese al acuerdo de la
coalición, dio a los candidatos del Partido Liberal.
56. Finalmente dijo que el demandado es raizal de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y que el Tribunal de Cundinamarca en el expediente 2021-216 profirió un
fallo que protegió el derecho a la participación política y a la integridad cultural de la
comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ordenando al
Estado expedir tarjetas electorales y material electoral en la lengua nativa de los
raizales, y afirmó que sería interesante conocer las actuaciones que el Consejo de
Estado ha realizado con la finalidad de dar a conocer las líneas jurisprudenciales
trazadas y si le ha dado la publicidad en la lengua nativa de los raizales
sanandresanos.
57. Sostuvo que el demandado es miembro de una minoría étnica y lingüística que
requiere de un tratamiento diferenciado, y de accederse a las pretensiones se
vulneraría el mandato popular y democrático, generando la carga de librar un nuevo
proceso electoral en momentos en donde los recursos se pueden destinar a otros
fines.
3. Trámite procesal
58. Mediante auto del 1° de febrero de 2024 se admitió la demanda y se negó la
suspensión provisional del acto acusado.
59. Por auto del 4 de abril de 2024 no se accedió a la solicitud de terminación por
abandono y se aceptó la intervención de unos terceros.
60. A través de proveído del 6 de mayo de 2024 se abstuvo de pronunciarse del
recurso de reposición interpuesto por el Partido Liberal contra el auto que negó la
solicitud de terminación del proceso por abandono y se aceptó la intervención de
unos terceros.
61. Mediante auto de 11 de junio de 2024 se rechazó el recurso de súplica
interpuesto por el Partido Liberal, y se rechazó la solicitud para que la Sala Plena
conociera del presente asunto.
62. Mediante auto de 11 de julio de 2024, el magistrado ponente aplicó la figura de
sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A, numeral 1 de la Ley 1437
de 2011. Consecuente con esta decisión, negó la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral. Además, la
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providencia fijó el litigio en los siguientes términos:
En este caso, se debe determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto
de elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador de San
Andrés, por infringir lo establecido en el artículo 107 de la Constitución y 29 de
la Ley 1475 de 2011 por presuntamente haber incurrido en doble militancia por
apoyo a los candidatos Carlos Arturo Carvajal Jiménez, Abdu Adnan Handaus
Handaus, María del Pilar Celis, Lisa Castro, Delford Brackman Ortiz y Luis
Torres James.
63. En ese mismo auto, se decretaron y negaron pruebas y se indicó que los
cuestionamientos propuestos frente a los videos que sustentan las acusaciones
frente al supuesto apoyo ofrecido a Luis Torres James no se tramitarían como tacha
de falsedad. Finalmente se aceptó la intervención de unos terceros.
64. A través de auto de 22 de agosto de 2024 se rechazó la solicitud de remitir el
expediente a la Sala Plena del Consejo de Estado, se confirmó el auto del 11 de
julio de 2024, y se aceptó un desistimiento de súplica.
65. Mediante auto del 16 de octubre de 2024 se rechazó un recurso de súplica
presentado por el demandado.
66. El 21 de noviembre de 2024 se aceptó la intervención de un tercero, se rechazó
una solicitud de tacha de unos videos, frente a la solicitud de terminación del
proceso se ordenó estarse a lo resuelto en providencias de 4 de abril y 22 de agosto
de 2024, se aceptó el desistimiento de solicitud de conocimiento por la Sala Plena
de la Corporación, se concedió el término de 5 días para que el perito respondiera
unas preguntas frente al dictamen pericial, solicitadas por la parte demandada y el
Partido Liberal y se rechazó la solicitud de un nuevo dictamen pericial.
67. El 4 de diciembre de 2024 se concedió plazo adicional al perito.
68. El 27 de enero de 2025 entró al despacho para sentencia.
4. Alegatos de conclusión
4.1. Demandante: no presentó alegatos de conclusión
4.2. Demandado: a través de apoderado, presentó escrito de alegatos de
conclusión en el que de manera general reiteró lo planteado en las contestaciones
de las demandas.
69. Además, adujo que en este caso se debe inaplicar el artículo 2 de la Ley 1475
de 2011 a los casos de coalición, puesto que la norma no los cobija y además por
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no haber quedado en la fijación del litigio.
4.3 Cambio Radical: en términos generales reiteró lo dicho por la parte demandada
en la contestación de la demanda.
70. Indicó que las pruebas aportadas por el demandante no cumplen con los
requisitos de la Ley 527 de 1999 para ser tenidos como pruebas, ni para ser
valoradas como mensajes de datos, porque no se logró acreditar su autenticidad,
originalidad, cadena de custodia, se desconoce el iniciador del mensaje y se
encuentran editados y alterados.
71. Sostuvo que en este caso, los supuestos eventos nunca se dieron en contextos
públicos sino privados, por lo que se le debe dar el mismo tratamiento que se dio al
de la Gobernadora del Tolima 2024-2027.
72. Adujo que el dictamen allegado por la defensa no fue tachado ni cuestionado,
razón por la que se entiende aceptado por la contraparte, tiene plena validez y
desvirtúa las pretensiones de la demanda.
73. Indicó que aun cuando el ingeniero de sistemas en su informe no afirma
expresamente que los videos fueron alterados, si asegura de manera técnica que
no es posible dictaminar que no lo hubieran sido, por las trazas de manipulación
que reflejan luego de analizarlos con los diferentes aplicativos, por lo que esa duda
impide considerarlos, y hay lugar a resolverla a favor de la elección.
74. Reiteró que los escritos del 24 y 27 de noviembre de 2023 no pueden ser
estudiados, y que además la demanda solo puede reformase por una sola vez,
razón por la cual no se pueden tener en cuenta los videos del 27 de noviembre.
75. Indicó que el demandado podía apoyar a los candidatos de su coalición, puesto
que esa es la finalidad de las coaliciones.
76. Finalmente mencionó que la comunidad raizal cuenta con especial protección a
nivel interno e internacional.
4.4 Partido Liberal: reiteró lo dicho en la contestación de la demanda.
77. Insistió en la petición del archivo del proceso por abandono, porque considera
que no ha sido resuelta.
78. Adujo que este caso debe analizarse desde el contexto del artículo 29 de la Ley
1475 de 2011, por ser un candidato inscrito en coalición y no desde el artículo 2, por
cuanto no es un candidato inscrito por un solo partido o movimiento político.
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79. Reiteró que el demandado fue el candidato único de los partidos coaligados y
adheridos, a quienes por conducto del acuerdo político y programático suscrito por
los directivos de esas organizaciones políticas, les debía lealtad a todos y no solo a
uno, como lo pretende el demandante.
80. Asimismo, comentó que el Partido Nuevo Liberalismo, Conservador
Colombiano y Colombia Justas Libres firmaron una adhesión en donde se
comprometieron, que ante la ausencia de candidato propio, apoyarían al
demandado.
81. Adujo que no se pueden tener en cuenta los memoriales por medio de los cuales
se reformó la demanda, ya que, a pesar de haberse presentado dentro de la
caducidad de la acción, no cumplen con los requisitos de ley.
4.5 Glesy Bent Forbes3: solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda y
se tenga en cuenta la especial protección a esa comunidad.
82. Indicó que los tratados internacionales suscritos por Colombia han sido
enfáticos en señalar que la comunidad raizal es autónoma en sus decisiones, dentro
de las que se encuentra la decisión de elegir a sus gobernantes bajo las normas
especiales de la comunidad. Además, reiteró lo dicho en las contestaciones de la
demanda.
4.6 Partido Nuevo Liberalismo: Reiteró lo dicho en los alegatos de conclusión
mencionados con antelación.
5. Concepto del Ministerio Público
83. No rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
84. La Sala es competente para decidir en única instancia el proceso de la
referencia, de conformidad con el numeral 34 del artículo 149 de la Ley 1437 de
3 Reconocida como impugnadora en auto del 11 de julio de 2024.
4 Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia: 3. De la nulidad del acto de
elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la
República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al
Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta
directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos
del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral
7, literal a), del artículo 152 de esta ley.
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20115, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación6.
2. El acto acusado
85. Las pretensiones de nulidad de la parte actora están dirigidas contra el acto de
elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina para el periodo 2024-2027.
3. Problema jurídico
86. Según la fijación del litigio en este caso corresponde establecer si hay lugar o
no a declarar la nulidad del acto de elección del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez como gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por
infringir lo establecido en el artículo 107 de la Constitución y 29 de la Ley 1475 de
2011 por presuntamente haber incurrido en doble militancia por apoyo a los
candidatos Carlos Arturo Carvajal Jiménez, Abdu Adnan Handaus Handaus, María
del Pilar Celis, Lisa Castro, Delford Brackman Ortiz y Luis Torres James.
87. Al respecto se precisa que, si bien en la fijación del litigio no quedó incluido el
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, lo cierto es que está claro que lo que se va a
estudiar es la doble militancia por apoyo, razón por la cual necesariamente su
estudio incluirá tal disposición.
4. Cuestión previa
88. En los alegatos de conclusión la parte demandada y el Partido Liberal insistieron
en que no se tengan en cuenta los memoriales radicados por la parte actora los días
24 y 27 de noviembre de 2023 -adicionales a la demanda-, por considerar que no
cumplen los supuestos del artículo 278 de la Ley 1437 de 2011.
89. Al respecto debe precisarse que dichos memoriales por haber sido presentados
dentro del término de la caducidad de la acción, y con antelación al auto admisorio
de la demanda7, esto es, de manera previa a que se hubiera trabado la litis, se
tuvieron como parte de la demanda, razón por la que fueron incluidos en el auto
admisorio de la misma y se corrió traslado a la parte demandada, para que ejerciera
el derecho de defensa y contradicción.
90. Así las cosas, es claro que, en aras de garantizar el acceso a la administración
5 Modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021.
6 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
7 El cual se profirió el 1° de febrero de 2024.
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de justicia, al no haberse avocado conocimiento del presente asunto, la parte actora,
podía adecuar, adicionar o aclarar la demanda, según sus intereses, por estar
dentro del término de caducidad y no haberse trabado la litis.
91. Además, la parte demandada pudo ejercer su derecho de defensa de manera
integral, sobre estos escritos, ya que, como se dijo en el auto admisorio, fueron
debidamente identificados e incluidos.
92. Por lo anterior, fueron oportunamente incorporados al expediente, y frente a los
mismos, no solo se corrió el traslado de la demanda, sino que fueron incorporados
en la fijación del litigio.
93. En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandada de que sea excluidos
del presente estudio.
94. De otra parte, también insisten en que debe resolverse la solicitud de archivo
del proceso por abandono, al respecto se insiste en que dichas peticiones fueron
debidamente resueltas a través de los autos del 4 de abril y 22 de agosto de 2024,
razón por la cual no hay lugar a hacer algún pronunciamiento adicional.
5. De la prohibición de doble militancia
95. La prohibición de doble militancia fue introducida en el ordenamiento jurídico
colombiano con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas para evitar que sus militantes desplegaran conductas
contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos.
96. Sobre el particular, el artículo 107 de la Constitución Política dispone:
Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley.
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En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen
para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o
movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el
mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio (…).
97. Asimismo, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 establece:
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a
más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un
partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el
ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá
establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a
los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o
movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses
antes del primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la
nueva designación o ser inscritos como candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la
revocatoria de la inscripción.
PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los
miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de
sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones
previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con
personería jurídica sin incurrir en doble militancia. (Se resalta)
98. Conforme con lo anterior, es claro que la doble militancia tiene varias
manifestaciones, algunas de ellas consagradas en la misma Carta Política, otras
introducidas por la Ley 1475 de 2011, las cuales han sido consolidadas por la
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jurisprudencia de esta Sección en cinco modalidades, según sus destinatarios, así8:
i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo
2 de la Ley 1475 de 2011).
ii) Quienes participen en consultas: «Quien participe en las consultas de un partido
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en
el mismo proceso electoral.» (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)
iii) Miembros de una corporación pública9: «Quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido
distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día
de inscripciones». (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º
del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra
organización: «Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan
sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no
podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político
al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que
fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los
inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la
siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a
la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.» (Inciso 2º
del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: «Los directivos de los partidos y
movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de
8 Ver entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 29 de septiembre del 2016, expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
9 Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido
o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva
organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el
cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los
partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento
político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren
inscritos por un mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente
elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce
(12) meses antes del primer día de inscripciones.
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ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar
al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser
inscritos como candidatos» (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).
99. De igual forma, resulta del caso reiterar que a partir de la entrada en vigor de la
Ley 1437 de 2011, la doble militancia constituye una causal autónoma de nulidad
electoral, consagrada expresamente en el numeral 8 del artículo 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los siguientes
términos:
Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos
en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:
(…)
8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia
política.10
5.1 De la doble militancia bajo la modalidad de apoyo
100. Frente a la configuración de la modalidad de apoyo en materia de doble
militancia, esta Sección ha sido clara al identificar los elementos para su
configuración, así:
a. Elemento subjetivo
101. El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia
en su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.
102. Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige
que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
b. Elemento objetivo
103. La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos que difieren de aquél al que pertenece el accionado.
104. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por esta sala como la ayuda,
asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o medida a un candidato
10 Al momento de su inscripción según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-334
de 2014.
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distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.
105. En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, se ha reconocido que la asistencia
censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos
que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización.
106. Asimismo, la Sección Quinta ha hecho referencia a la frecuencia con la que
deben producirse las acciones que denotan asistencia, afirmando que los actos de
acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino
instantáneos, de donde se colige que la configuración de esta modalidad de la doble
militancia puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el
contexto de la campaña política.
107. Finalmente, la sala ha expresado que la probanza del comportamiento
prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción
que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de
un actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista de una
candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que
hace parte el accionado.
c. Elemento temporal
108. Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 1475
de 2011, no hace referencia expresa al período o plazo en el que deben producirse
los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva a
aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el contexto
de la campaña política, toda vez que «…solo durante ese lapso se puede hablar de
candidatos en el sentido estricto de la palabra»; término que se extiende desde el
momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración y va hasta la fecha
de la elección.
d. Elemento modal de la conducta
109. La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo
exige que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en este evento puede reprocharse la defraudación a la lealtad
partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad electoral.
110. Entonces, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa
por la demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura
política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones
explícitas, mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la candidatura
postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a respetar sus
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directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de la colectividad.
e. Elemento territorial
111. De los precedentes de la Sección es posible advertir que el respaldo
recriminado por el legislador estatutario de 2011 puede producirse en el seno de
una misma circunscripción electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un
candidato al Concejo a la aspiración proselitista de un candidato a la Alcaldía de la
misma municipalidad–, pero también en el escenario de circunscripciones
territoriales diversas.
112. De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la
coincidencia o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través
de actos positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado
por una organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a
un cargo de elección popular.
6. Caso concreto
113. Precisado lo anterior, le corresponde a esta Sala estudiar los elementos de la
doble militancia en cada uno de los casos en los que se asevera el presunto apoyo
por parte del demandado.
114. En este punto se precisa que, dado que en este caso hay varias intervenciones
de terceros, los planteamientos que se hagan en los mismos, se analizarán siempre
y cuando no excedan los argumentos de las partes a las que coadyuvan.
115. De la fijación del litigio se tiene que la parte actora, alegó la doble militancia
por apoyo frente a las siguientes personas:
• Carlos Arturo Carvajal Jiménez, Abdu Adnan Handaus Handaus, María del
Pilar Celis, Lisa Castro inscritos a la Asamblea de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina por el partido Cambio Radical.
• Delford Brackman Ortiz y Luis Manuel Torres James inscritos a la Asamblea
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por la coalición Nuevo
Liberalismo – Conservador – Colombia Justa Libres en donde se ven como
candidatos inscritos, con aval de origen del partido Nuevo Liberalismo.
116. Dado que los primeros fueron inscritos por el Partido Cambio Radical, que fue
miembro de la coalición que inscribió al demandado a la Gobernación de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, el estudio en este caso comenzará por los
segundos, por estar avalados por el partido Nuevo Liberalismo.
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117. Ahora, si bien en la intervención, el partido Nuevo Liberalismo indica que se
adhirió a la campaña del demandado, en este punto se precisa que la coalición y la
adhesión son figuras diferentes. Frente a la segunda, el Consejo de Estado, en
providencia del 27 de octubre de 202111, indicó:
(…) el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 simplemente indica que los candidatos de
coalición, es decir, respecto de los que fueron inscritos en nombre de una colectividad,
en asocio con otras agrupaciones políticas, luego de cumplir las exigencias
constitucional y legalmente establecidas, también serán los candidatos de los partidos
y movimientos con personería jurídica que, aunque no participaron en la coalición,
decidan apoyar o adherirse a éstos.
132. Es decir, del tenor de la norma estatutaria, se puede colegir que la adhesión se
presenta durante la campaña electoral pero con posterioridad a una candidatura
formalizada, y se materializa con el hecho de que un partido o movimiento
político manifieste su apoyo a un candidato de otra colectividad para un cargo
de elección popular en el que no tiene aspirante propio, sin que se establezca
que tal declaración debe ser por escrito o de manera verbal, que requiera la
aceptación por la colectividad de origen y/o la coalición del aspirante inscrito, y
muchos menos presentada, revisada y/o aceptada para su validez ante las
autoridades electorales.
133. A juicio de la Sala, la ausencia de regulación en materia de adhesión
obedece no a una omisión legislativa, sino a que hace parte del margen de
autonomía con el que gozan las colectividades políticas, y por ende, a la
alternativa que tienen durante la campaña electoral de apoyar o no determinada
candidatura (dentro de los límites legalmente establecidos, verbigracia no
incurrir en la prohibición de doble militancia), de establecer de qué forma
procederán frente a las contiendas que se llevan a cabo para los cargos de
elección popular en el país, sin que se exija a las agrupaciones involucradas el
cumplimiento de alguna carga administrativa ante las autoridades electorales y
mucho menos alguna validación de estas.
(…). (Negrillas fuera de texto).
118. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la adhesión es válida para
demostrar el apoyo a determinada candidatura dentro de los procesos electorales y
para acreditar ante el electorado la afinidad de ideologías entre partidos y
movimientos políticos; esta se presenta durante la campaña electoral, pero con
posterioridad a la formalización de la inscripción y no tiene mayores ritualidades.
119. En este contexto, dado que en principio la adhesión solo tiene como finalidad
acompañar determinada candidatura, por parte de un partido o movimiento político,
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 76001-23-33000-
2020-00002-02, demandado: Jhon Jairo Santamaría Perdomo – alcalde de Yumbo periodo 2020-
2023, magistrada ponente Rocío Araújo Oñate.
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es predicable la aplicación de la doble militancia.
120. Precisado lo anterior, dentro del expediente obran las siguientes pruebas
allegadas dentro de las oportunidades legales:
• Formulario E-6 GO en donde se puede ver que el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez fue inscrito para la gobernación del departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina por la coalición «Avanzar es posible»
conformada por los partidos Liberal Colombiano (quien dio el aval de origen),
Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador Colombiano.
• Formulario E-6 AS presentado por la coalición Nuevo Liberalismo –
Conservador – Colombia Justa Libres en donde se ve como candidatos
inscritos a los señores Delford Brackman Ortiz y Luis Manuel Torres James,
con aval de origen del partido Nuevo Liberalismo.
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Demandante: César Daniel Castro Muñoz
Demandado: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00103-00
• Formulario E-6 AS presentado por el Partido Liberal Colombiano, en donde
se pueden ver los candidatos que inscribió a la Asamblea del departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
121. Revisados los anteriores requisitos, se procederá a analizar las pruebas que
obran en el expediente.
122. En relación con el valor probatorio de las fotografías, videos e impresiones de
pantalla, el artículo 243 del Código General del Proceso dispone:
Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
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Demandado: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
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en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y
las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares…
123. De acuerdo con esta norma las fotografías, videograbaciones y capturas de
pantalla son documentos. Frente a la autenticidad de los documentos, el artículo
244 ibid. establece:
Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen
parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen
disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos
para ser título ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con
ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su
falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las
jurisdicciones.
124. De acuerdo con esta disposición, los documentos se presumen auténticos
siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos o desconocidos. No obstante,
deben analizarse en contexto, conforme con las reglas de la sana crítica.
125. Precisado lo anterior, se tiene que respecto al apoyo a Delford Brackman Ortiz
en la demanda se allegaron las siguientes pruebas:
https://www.facebook.com/reel/830464618705311
126. Frente a este video, debe decirse que al tratar de consultarse sale la siguiente
información:
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127. Asimismo, se allegaron las siguientes fotografías y videos:
128. Como lo ha dicho en varias oportunidades esta Corporación, las fotos deben
valorarse según lo establece el artículo 243 del CGP, aplicable por remisión de los
artículos 296 y 211 del CPACA.
129. Al revisarlas, la Sala no encuentra que con ellas se haya demostrado la doble
militancia, toda vez que de ninguna de ellas puede concluirse el apoyo del
demandado a Delford Brackamn Ortiz.
130. En estas imágenes solo se observa al señor Gallardo Vásquez parado al lado
de Delford Brackman o hablando en la tarima, sin que se advierta algún tipo de
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apoyo.
131. En cuanto al apoyo a Luis Manuel Torres James, debe decirse que se
acompañaron 2 videos en formato mp4.
132. Frente a estos videos en la contestación de la demanda se formuló tacha de
falsedad, la cual se basó en incorrecciones técnicas que permiten dudar de la
autenticidad de su contenido por posibles alteraciones y modificaciones, fundadas
en los dictámenes de peritos especializados.
133. Esta tacha se resolvió en el auto del 11 de julio de 2024 12 en el cual se dijo
que no se cumplió con el requisito de indicar en qué consistía, puesto que la parte
demandada se limitó a decir que los videos adolecen de unas incorrecciones
técnicas por posibles alteraciones y modificaciones, sin embargo en ningún
momento se señaló que la imagen o la voz no correspondía a la del demandado.
134. Así las cosas, es claro que en este caso la parte demandada cuestiona los
videos por unas «posibles alteraciones o modificaciones», es decir, cuestiona que
los videos pudieron ser editados, pero en ningún momento indica que la imagen o
la voz no corresponden a las suyas.
135. Entonces, dado que los videos se cuestionan porque no se puede certificar su
integralidad, inalterabilidad y origen, y pudieron ser editados, más no, porque quien
aparece en los mismos no corresponda al demandado, se presumen auténticos y
por tanto procederán a ser analizados junto con los dictámenes periciales.
136. Sobre la presunción de autenticidad de los videos, esta Corporación ha
dicho13:
140. En efecto, para la situación en estudio se debe tener en cuenta que el
artículo 243 del CGP regula los distintos tipos de documentos que se pueden
aportar o solicitar como prueba al proceso judicial. Dentro de ellos, están las
fotografías y las videograbaciones, las cuales son definidas como una grabación
hecha en video, conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua.14
141. En un caso con contornos similares al presente, en donde se aportó un
video en el mismo formato en que se allegaron al presente expediente, esta
12 Auto por medio del cual se dispuso el trámite de sentencia anticipada.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12 de diciembre de2024. Expediente 11001-
03-28-000-2023-00127. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
14 Enlace: https://dle.rae.es/videograbaci%C3%B3n?m=form
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Sección15 explicó que cuando se aporta una prueba en formato de video MP4 o
imágenes, esta puede ser valorada «conforme con el artículo 244 del Código
General del Proceso, dado que no fue objeto de tacha comoquiera que el
demandado no realizó manifestación alguna al respecto, más allá de
condicionar su valor probatorio por la edición realizada por su propio equipo de
campaña»16. Ello, por cuanto, el inciso segundo de dicha disposición procesal
establece:
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros,
en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan
la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no
hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. [Énfasis de la
Sala].17
137. Precisado lo anterior, se tiene que en los dictámenes aportados con la
contestación de la demanda se indicó lo siguiente:
Video WhatsApp de 03:10:
138. Corresponde a un video de WhastApp descargado el 27 de noviembre de
2023, y se desconoce su procedencia, el tamaño del archivo es 43.7 MB y la
duración es de 00:03:09. No se encontró que el archivo electrónico estuviera
acompañado por un código algorítmico hash que haya garantizado su
inalterabilidad, ni certificación de la fecha y hora en que el archivo fue recolectado,
por lo que no existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad
de la información contenida en la videograbación, a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva, por lo que no es posible certificar el
cumplimiento del requisito de originalidad contenido en el artículo 8 de la Ley 527
de 1999.
139. Asimismo, se dijo que, el video fue grabado mediante la funcionalidad de
screen recorder, a partir de la reproducción de un video supuestamente publicado
en la cuenta de Facebook Luis Fernando Llamas Pereira el 6 de septiembre de
2023, por lo que no corresponde al video original.
140. Fue hecho por la herramienta Movavi, usada para la grabación de pantalla.
141. El análisis con el filtro de Comprensión GHOST muestra regiones blancas,
verdes claras o azules y claras consistentes sobre un fondo negro que puede
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de
junio de 2024, expediente 68001-23-33-000-2023-00758 M.M. Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Énfasis de la Sala.
17 Criterio reiterado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 5 de septiembre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00010-01 (principal) M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
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corresponder a rastros de manipulación. El análisis con el filtro de Comprensión
BLOCK muestra regiones coherentes con un color diferente al del su entorno que
pueden corresponder a manipulación, aunque los blancos y verdes claros sobre un
fondo oscuro son la indicación más típica de manipulación.
142. En los metadatos mostrados se puede observar inconsistencias en las fechas
de creación y en las fechas de modificación, tanto del video, como de las pistas de
video y de audio. La falta de datos sobre la fecha y hora de creación y modificación
del archivo indica una posible manipulación que oculta la verdadera línea de tiempo
de producción del video.
Video WhastApp de 1:59:
143. Se observa que corresponde a un video de WhatsApp descargado el 27 de
noviembre de 2023, desconociéndose su procedencia. El tamaño del archivo es de
20-2 MB y la duración del video es 00:01:59. No se encontró que el archivo
electrónico estuviera acompañado por un código algorítmico hash que haya
garantizado su inalterabilidad, ni certificación de la fecha y hora en que el archivo
fue recolectado, por lo que no existe alguna garantía confiable de que se ha
conservado la integridad de la información contenida en la videograbación, a partir
del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, por lo que no
es posible certificar el cumplimiento del requisito de originalidad contenido en el
artículo 8 de la Ley 527 de 1999.
144. El análisis con el filtro de Comprensión GHOST muestra regiones blancas,
verdes claras o azules y claras consistentes sobre un fondo negro que puede
corresponder a rastros de manipulación. El análisis con el filtro de Comprensión
BLOCK muestra regiones coherentes con un color diferente al del su entorno que
pueden corresponder a manipulación, aunque los blancos y verdes claros sobre un
fondo oscuro son la indicación más típica de manipulación.
145. En los metadatos mostrados se puede observar inconsistencias en las fechas
de creación y en las fechas de modificación, tanto del video, como de las pistas de
video y de audio. La falta de datos sobre la fecha y hora de creación y modificación
del archivo indica una posible manipulación que oculta la verdadera línea de tiempo
de producción del video.
146. En cuanto al formato del video se evidencia un recorte en el formato original,
por lo que no se puede saber su originalidad ni asegurar su autenticidad. Se denota
que el video es una grabación de un live o en vivo de la red social Facebook lo que
indicaría que el formato es de 9:16 mientras que en las propiedades se denota que
el formato de video es de 480x784 lo que indica edición y/o recorte del video.
147. En la aclaración de estos dictámenes se insistió sobre las conclusiones
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allegadas en los escritos antes mencionados.
148. Sobre este tipo de afirmaciones en los dictámenes periciales, esta sala ha
dicho18 que conocer quién grabó el video no resulta indispensable, en la medida que
lo relevante de la prueba es que no contenga signos de alteración o
manipulación que trastornen la veracidad de los hechos representados en las
imágenes del archivo, especialmente frente a las declaraciones contenidas en
aquel.
149. En este caso los videos no tienen signos de alteración que lleven a concluir
que han sido alterados y que cambian o modifican lo que ellos contienen, toda vez
que entre las conclusiones a las que se llega, se indica que se hicieron grabaciones
de la pantalla, que pudo ser más corta que el video original, o afirmaciones
genéricas de que pudo haber sido editado, sin embargo no se alega alguna en
concreto en cuanto a su contenido, esto es, no se indicó alguna posible alteración
respecto a las manifestaciones que allí se hacen.
150. En cuanto a las posibles ediciones que tengan los videos, esta Corporación en
varias ocasiones ha enfatizado en que eso no lleva automáticamente a proclamar
su falsedad, por lo que mientras no se desvirtúe su autenticidad, debe valorarse a
la luz de la sana crítica y en conjunto con las demás pruebas que obren en el
expediente. De manera concreta se ha dicho:
143. En la providencia en cita19 se dejó claro que cuando se aporta al proceso
una videograbación no resultan aplicables los parámetros de los artículos 247
del CGP, relacionados con la valoración de mensaje de datos ni los establecidos
en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley 527 de 1999, pues los audios y videos
en formato MP4 constituyen una de las tipologías de documentos a que hace
referencia el artículo 243 del CGP, como se enunció en precedencia.
144. En ese orden, se encuentra que para probar la doble militancia en la
modalidad de apoyo se aportaron al proceso varios videos MP4. Así pues,
revisados los argumentos de la parte demandada y los informes periciales
allegados, no se advierte que se haya planteado la tacha de falsedad, es decir,
no se cuestionó que la reproducción de la voz o la imagen no sean las del señor
Carlos Andrés Amaya Rodríguez. De hecho, como se explicará más adelante,
frente al caso del concejal de Cómbita, en declaración juramentada el
demandado manifestó que «accedía a grabar dicho video».
145. Asimismo, como se puede extraer de las conclusiones del experto de la
parte accionada, se sostuvo que tal probanza fue editada, lo que fue
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de septiembre de 2024. Expediente 11001-
03-28-000-2023-00106-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de mayo de 2023, expediente 11001-03-28-
000-2022-00034-00 (principal) M.P. Rocío Araújo Oñate
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corroborado por el señor Óscar Julián Correa Hernández en su declaración
juramentada, en la que explicó que, al video realizado con el demandado, lo
editó, como se observa en el aportado.
146. Por las razones expuestas, se concluye que, en aquellos casos en que se
aporten fotografías (imágenes o capturas de pantalla), audios o videos en algún
tipo de formato que permita su reproducción, se presumen auténticos (artículos
243 y 244 del CGP) mientras no prospere la tacha de falsedad.
151. De igual forma, sobre las posibles ediciones, en otra ocasión esta Corporación
dijo20:
118. Al respecto, la Sala observa que el perito concluyó que respecto de los
videos existe una posibilidad de manipulación o edición. Sin embargo, no
expresa con claridad cuáles podrían ser las consecuencias de esta
situación y menos aún, se precisa si las manifestaciones alegadas
tuvieron alguna modificación. Es decir, se trata de apreciaciones
generales al respecto.
119. Dicha generalidad en las conclusiones no permite establecer, a juicio de la
Sala, que la pieza fuera acomodada o que se presente una situación de evidente
censura en contra del demandado, máxime cuando al revisar el video este
presenta continuidad y se aprecia con claridad a sus protagonistas.
120. Esta situación es relevante, pues a lo largo del proceso la parte demandada
no ha afirmado que Carlos Andrés Marroquín Luna no hubiera dicho las
palabras que se alegan respecto de la candidata Karina Ramírez Romero. Al
contrario, el reproche concreto consistió en mostrar que lo transcrito en la
demanda no corresponden a lo que él expuso en el evento, pues adujo que
fueron modificadas por la parte actora. Es decir, critica la transcripción y no su
declaración.
152. Precisado lo anterior, y dado que se insiste, en este caso no se alegó de
manera concreta una edición en cuanto al contenido de los videos, se procederá a
valorarlos.
153. En el video que dura 01:59, primero se enfoca al público y luego al demandado,
y quien graba está ubicado en la parte de abajo con el público, no en la tarima, muy
cerca del demandado hablando. El segundo video, que tiene una duración de 03:10,
que fue grabado de un perfil denominado “Luis Fernando Llamas Pereiras” de una
red social, contiene la misma grabación, solo que el video es más largo, porque
comienza desde antes.
20 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 26 de septiembre de 2024. Expediente 11001-
03-28-000-2023-00121-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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154. Analizados los mismos, se encuentra que corresponde a un evento público de
campaña en donde en la parte de atrás hay un pendón grande en el que se lee Luis
Torres James y Nicolás y se ve tanto la imagen de ese señor, como la del
demandado. Así mismo, se ve una tarima en donde hay una mesa con personas
sentadas, y al frente una gran cantidad de personas que asisten al evento. En la
tarima se encuentra el demandado usando una camisa roja y tiene un micrófono en
la mano, y dice lo siguiente21:
Necesitamos marcar la diferencia, necesitamos marcar primero por una
asamblea, con un amigo, con una persona que tiene todas las cualidades,
todo mi respaldo y por eso también es el primero de la lista, porque es
una persona doliente de este territorio, y que necesitamos que sea parte
de la duma departamental marcando Alianza del Nuevo Liberalismo,
Conservador, Colombia Justas Libres, numero 51, es muy fácil, es el
primero, entonces no nos podemos equivocar (…)
155. Para esta Sala es claro que de lo dicho por el demandado se advierte un apoyo
claro e inequívoco por parte de él al candidato Luis Torres James del Nuevo
Liberalismo para la Asamblea departamental, puesto que al verificar el pendón que
se ve en la parte de atrás del video, se advierte que el mismo tiene el número 51 de
la coalición formada por los partidos Nuevo Liberalismo, Conservador y Colombia
Justas Libres.
156. Al revisar con detenimiento las palabras del demandado es evidente que
manifiesta un apoyo claro al decir necesitamos marcar a la asamblea por un amigo,
y acto seguido afirma que necesitaba que fuera parte de la duma departamental el
candidato número 51 de la alianza del Nuevo Liberalismo, Conservador y Colombia
Justas Libres, que corresponde al señor Luis Torres James.
157. En este punto, debe leerse en contexto toda la intervención del demandado,
puesto que su acto de apoyo se evidencia de las frases que integran su discurso,
ya que (i) indica que necesitamos marcar por la asamblea, (ii) luego se refirió a un
amigo que tiene todas las cualidades para esa corporación y del cual manifestó
«tiene todo mi respaldo», para después (iii) señalar que es el primero de la lista, y
finalizar diciendo que necesita que sea parte de la duma departamental y referir, de
forma inequívoca, al partido y número en la tarjeta electoral del aspirante.
158. De manera que su intervención está dirigida a mandar un mensaje inequívoco
al electorado consistente en el sufragio a favor del señor Luis Torres James a la
Asamblea.
159. Finalmente, de la revisión del video, es claro que el evento se hizo durante la
campaña política, puesto que de la intervención del demandado, es clara su
21 Minutos 00:29 o minuto 01:29
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condición de candidato a la gobernación.
160. Ahora bien, la defensa de la parte accionada considera que los videos
allegados con el escrito inicial no pueden ser valorados, en razón a que no cuentan
con el consentimiento expreso del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez. Al
respecto, la Sala considera que esta autorización no se requiere al tratarse el
registro fílmico de un evento público de una campaña política, por lo que no le aplica
esa restricción22.
161. De manera que al haberse predicado dicho apoyo inequívoco y concreto, en
un evento público, con la asistencia de varias personas, es claro que no se requería
una autorización para su grabación y que además constituye un apoyo indebido.
162. Asimismo dentro del expediente obra una declaración extrajuicio rendida por
el señor Luis Manuel Torres James el 5 de diciembre de 2023, en la cual señala que
fue candidato por la coalición del partido Nuevo Liberalismo, partido Conservador
Colombiano y partido Colombia Justa Libres a la Asamblea Departamental 2024-
2027, ocupando el renglón número 01, correspondiente al número cincuenta y uno
(51) en la lista abierta que avaló la coalición. Indicó que su coalición tuvo como
candidato a la gobernación al demandado, a quien él apoyó, aún sabiendo que la
lista por la que el señor Gallardo Vásquez pedía el voto, era la del Partido Liberal.
163. Frente a esta prueba debe decirse que si bien el señor Luis Torres asegura
que el demandado apoyó la lista a la Asamblea del Partido Liberal, dicha afirmación
no indica de ninguna manera que no lo respaldó a él en su candidatura, tal como se
observa en los videos antes mencionados.
164. Precisado lo anterior, esta sala debe señalar que no le asiste razón a la parte
demandada cuando afirma que en este caso no se debe aplicar el artículo 2 de la
Ley 1475 de 2011, ya que es claro por todo lo explicado con antelación, que la doble
militancia aplica para los casos de la adhesión, y además está probado en el
expediente, que el partido Liberal tenía lista propia para la Asamblea departamental,
y que el demandado apoyó a una candidato del Nuevo Liberalismo.
165. De igual forma, se advierte que la parte demandada asegura que por ser raizal,
debe darse prevalencia a los derechos de las minorías étnicas, no obstante, debe
reiterarse que la prohibición de la doble militancia debe aplicarse sin distinción
alguna a las condiciones particulares de los candidatos, como pertenecer a una
comunidad raizal.
22 Al respecto, ver:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 8 de agosto de 2024. Rad. 11001-03-28-000-2024-00046-00 (acum.). M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
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166. De acuerdo con lo anterior, el demandado incurrió en la prohibición de la doble
militancia, toda vez que el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, claramente dispone
que quienes aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular,
no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento
político al cual se encuentren afiliado, y como en este caso está debidamente
demostrado que el Partido Liberal, al cual pertenece el demandado, tenía lista
propia para la asamblea departamental, su apoyo debía ser para estos candidatos,
sin que la adhesión que hizo el partido Nuevo Liberalismo lo excluya de tal
obligación.
167. Por consiguiente, en este caso, sin ninguna duda, se encuentra demostrada la
configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo, y por tanto se debe
declarar la nulidad de la elección acusada, razón por la que no hay lugar a hacer
estudios adicionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
FALLA:
PRIMERO: DECLARASE LA NULIDAD de la elección de Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, como gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, contenida
en el formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Ausente con excusa)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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