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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00118-00

Fecha
11 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00118-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

11 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: requisito de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la fundación Misión Archipiélago de San
Andrés contra la Sección Quinta de esta corporación.

1. Síntesis del caso

La fundación Misión Archipiélago de San Andrés, por conducto de su representante
legal, el señor Richard Martínez Olivera, presentó escrito con la pretensión de
amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, que consideró vulnerado por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro del proceso con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor César Daniel Castro Muñoz presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral el 22 de noviembre de 2023, por conducto de su

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 2, certificado 74523B8B479EB672
78987C7D9DC4B0A9 682FBB9FD7DE932D B3D48B8FD9959478.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

apoderado judicial Carlos Manuel Alfaro Fonseca, ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado2, con la pretensión de que se anulara el formulario E-26 GOB
del 3 de noviembre de 2023 que declaró la elección del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez como gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, al considerarlo incurso en la prohibición de doble
militancia, en la modalidad de apoyo, prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la
Ley 1437 de 20113.

3. Agotado el proceso, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de única instancia el 3 de abril de 20254, en la que resolvió declarar la
nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
contenida en el formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023, al encontrarlo
incurso en la causal de inhabilidad de doble militancia, en la modalidad de apoyo.

4. Como fundamento de su decisión, la Sala electoral analizó los dictámenes
periciales aportados por el demandado respecto de los videos relacionados con el
apoyo brindado al señor Luis Torres James y explicó que, de acuerdo con la
jurisprudencia de esa sección5, no resultaba indispensable conocer quién grabó el
video, ya que lo relevante de las pruebas era que no tuvieran signos de alteraciones
o manipulaciones que trastornaran la veracidad de los hechos representados en las
imágenes y declaraciones del archivo. En concreto, expuso lo siguiente:

149. En este caso los videos no tienen signos de alteración que lleven a concluir que
han sido alterados y que cambian o modifican lo que ellos contienen, toda vez que
entre las conclusiones a las que se llega, se indica que se hicieron grabaciones de la
pantalla, que pudo ser más corta que el video original, o afirmaciones genéricas de
que pudo haber sido editado, sin embargo no se alega alguna en concreto en cuanto
a su contenido, esto es, no se indicó alguna posible alteración respecto a las
manifestaciones que allí se hacen.
[…]
152. Precisado lo anterior, y dado que se insiste, en este caso no se alegó de manera
concreta una edición en cuanto al contenido de los videos, se procederá a valorarlos6.

5. Luego, revisó los videos y encontró que el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez apoyó de manera inequívoca al candidato Luis Torres James, quien fue
avalado por el Nuevo Liberalismo para la Asamblea Departamental. Agregó que, al
analizar las palabras usadas por el demandado, resultaba evidente que:

[M]anifiest[ó] un apoyo claro al decir necesitamos marcar a la asamblea por un amigo,
y acto seguido afirma que necesitaba que fuera parte de la duma departamental el

2
Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 3, certificado núm. BFE018D6CF09FC71
5B644695FF2133C7 0B36AC3A54D0C2C9 8AAD5BE6EC25F683.
3 Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los

eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[…]
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 176.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-28-000-

2023-00106-00.
6 Se transcribe incluso con errores de texto.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

candidato número 51 de la alianza del Nuevo Liberalismo, Conservador y Colombia
Justas Libres, que corresponde al señor Luis Torres James7.

6. Posteriormente, debido a unas recusaciones, recursos y nulidades que fueron
presentadas en el proceso ordinario para dejar sin efectos la sentencia del 3 de abril
de 2025, la Sección Primera de esta corporación dictó autos el 5 de junio, 7 y 24 de
julio, 3 y 26 de septiembre, 14 de octubre y 27 de noviembre de 2025, de manera
desfavorable a los peticionarios.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La fundación Misión Archipiélago de San Andrés solicitó en el escrito de tutela8
que se ampare el derecho fundamental al debido proceso del señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez y, en consecuencia, que se ordene lo siguiente:

2. La nulidad de todas las actuaciones subsiguientes a la presentación de la demanda
en el proceso con radicado 11001032800020230010300, incluyendo la sentencia de
nulidad, debido a la falta de personería del demandante principal.

3. A la Sección Quinta del Consejo de Estado que estudie y valore la prueba del
dictamen pericial aportado por la defensa, que concluye la falta de confiabilidad de la
prueba digital presentada por la parte actora.

4. Que se investigue la falta de quórum en la sesión de decisión del 3 de marzo de
2025 y se determinen las consecuencias procesales de dicha irregularidad9.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la fundación manifestó que fue
coadyuvante de la parte demandada en el proceso electoral, lo que la «embiste de
facultades para defender los intereses del doctor Gallardo Vásquez». Indicó que
puso en conocimiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado «hallazgos (EMP
y EF Legal) […] que hacen parte de investigaciones a cargo de la Fiscalía General
de la Nación y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes».

9. Adujo que el poder que otorgó el señor César Daniel Castro Muñoz al abogado
Carlos Manuel Alfaro Fonseca dentro del proceso judicial electoral contiene
inconsistencias y no cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 17 y 18 del
Decreto 19 de 2012, «comoquiera que la identificación estampada en la firma del
otorgante y supuesto demandante […] no concuerda con la identificación del
indiciado».

10. Afirmó que se cometió un fraude procesal y falsedad en documento porque el
poder no tiene soporte de su existencia en la Superintendencia de Notariado y
Registro, no se concedió con el uso de la biometría y no hay constancia de que el
señor César Daniel Castro Muñoz se encontraba en el archipiélago para el 15 de
noviembre de 2023, fecha en que supuestamente se autenticó el poder. En tal

7 Se transcribe incluso con errores de texto.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 2, certificado 74523B8B479EB672
78987C7D9DC4B0A9 682FBB9FD7DE932D B3D48B8FD9959478.
9 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

sentido, alegó que la falta de personería es un vicio que afectó la capacidad de
postulación en el proceso ordinario desde la demanda.

11. Por otro lado, sostuvo que «denunció» que el quorum de la Sala que decidió
la sentencia del 3 de abril de 2025 estuvo afectado con la ausencia de uno de los
magistrados, de manera que el demandado no tuvo la posibilidad de ser juzgado
por la totalidad de jueces naturales.

12. Además, argumentó que al proceso ordinario fueron aportados varios
dictámenes periciales que concluyeron que los videos del demandante no
garantizaban la integridad, inalterabilidad ni rastreabilidad de su contenido. Agregó
lo siguiente:

La omisión del Consejo de Estado de valorar este dictamen pericial, que desvirtúa la
prueba fundamental de la doble militancia, constituye una violación del derecho a la
prueba y a la defensa y es la causa para interponer la presente acción de tutela, para
evitar un PERJUICIO IRREPARABLE Y EVITAR PONER EN RIESGO OTROS
DERECHOS A MI COSYUDVADO Y VICTIMA EN LA ACCION PENAL, ante el CASO
OMISO que ha hecho la ACCIONADA, a las informaciones y avisos de este
accionante y que han hecho igualmente la FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y
LA COMISION DE ACUSACIONES, a la Accionada, sección quinta, de que hay
investigaciones en curso, por hechos que revisten la calidad de delito, realizadas por
la parte actora y por los togados juzgadores acá accionados10.

13. Por lo expuesto, alegó que se configuraron los defectos procedimental
absoluto, fáctico y sustantivo con ocasión de las irregularidades con el mandato
judicial, la valoración probatoria y el quorum de la Sala electoral.

2.3. Trámite procesal

14. La tutela fue radicada ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, autoridad que, en auto del 13 de enero de 202611, ordenó remitir el asunto
al Consejo de Estado. La accionante formuló solicitud de nulidad contra esta
decisión.

15. En esta corporación, correspondió al despacho del magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez de la Subsección A de la Sección Tercera, no obstante, aquel
manifestó su impedimento para conocer el asunto con fundamento en la causal 5
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, dada su amistad estrecha con
uno de los magistrados que integran la Sala accionada12.

16. El expediente fue remitido al despacho del magistrado José Roberto Sáchica
Méndez de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien

10 Se transcribe incluso con errores de texto.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 2, certificado C43178F34E82A55C
FB9FB43856795529 72C2089D08839DCC D8D0A5CB415956F0.
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 5, certificado 3AFD5F1935988D60

38A9FC3D63E15D80 F9AF4CECB3D1512A 8965211B83226605.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
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con auto del 26 de enero de 202613 aceptó el mencionado impedimento, avocó el
conocimiento, rechazó de plano la solicitud de nulidad y ordenó remitir el expediente
al despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, dado que había
admitió la tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00 que tiene
«similitud fáctica y jurídica» con la nueva acción.

17. Posteriormente, la fundación Misión Archipiélago de San Andrés presentó
memorial14 en el que aclaró el «alcance y finalidad constitucional» del amparo, al
tener en cuenta el trámite con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, en
el sentido de que no persigue un «fallo contradictorio», «abrir etapas ya surtidas» ni
desconocer la «prevalencia de la tutela», sino poner en conocimiento hechos
concretos y vicios específicos, «algunos de los cuales no habían sido objeto de
análisis previo».

18. El Partido Liberal Colombiano requirió ser tenido como tercero con interés en
el presente asunto y que se le concediera acceso al expediente de tutela15.

19. El señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez pidió16 que se le reconociera en este
trámite como tercero con legítimo interés y que se decretara de forma inmediata la
medida cautelar de suspensión de las actuaciones que se adelanten por las
secciones Primera y Quinta dentro del proceso ordinario núm. 11001-03-28-000-
2023-00103-00 para que se «acate la decisión del juez penal», con el propósito de
«que se evite la continuidad de la vulneración de [sus] derechos fundamentales y la
consolidación de un perjuicio irremediable».

20. Informó que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías y Conocimiento de San Andrés Islas, dentro del expediente con radicado
núm. 880016001208202510610, ordenó en audiencia del 30 de enero de 2026 el
«cese y suspensión de la utilización de estos EMP hasta tanto el Ente acusador […]
determine de manera fehaciente que los mismos son falsos y que el juez de
conocimiento adopte una decisión definitiva en esta investigación».

21. Afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado fue «asaltada en su buena
fe» e inducida a error al emitir una sentencia con fundamento en «pruebas falsas»
y «clandestinamente adulteradas». Agregó que era «evidente» que el demandante
de la nulidad electoral logró «defraudar la presunción y los postulados de la buena
fe». En concreto, sostuvo lo siguiente:

La providencia cuestionada incurrió en un vicio grave del debido proceso, al haber
sustentado su decisión en un video adulterado, se asumió como auténtica una prueba
carente de validez jurídica y construyó su razonamiento fáctico sobre un supuesto
inexistente, lo cual vicia de manera estructural la decisión adoptada. Hoy el Juez
Penal investiga los hechos y ha emitido orden para suspender inmediatamente los

13 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 10, certificado 46B78DC849673696
FCAE9515B1929532 C3471F5DF255114A 8420799DC1A8841E.
14 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 15, certificado C73ACBB0B4951269

E73DECAFCFC6AC34 33F49B960E909693 F963560731C43AAD.
15 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 17, certificado EC576D0380FC4F84

F35AD530A7EEEE62 0E6FF113A72FB0BD CE7DAC3FD9FA5699.
16 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 18, certificado 536AE19DFF902BF8

E49088E41388EE5C 640375AEF46605B9 A420EF30CD6C28B7.

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efectos de esa prueba, restableciendo el derecho del suscrito, que acudió en calidad
de víctima, razón suficiente para que el Juez Constitucional se manifieste de la misma
manera, decretando la solicitada medida cautelar, entre tanto resuelve de fondo la
presente acción de tutela17.

22. Misión Archipiélago de San Andrés radicó memorial18 en el que requirió la
adopción de una medida cautelar de urgencia, pues un juez penal avanzaba en la
investigación de los delitos de fraude procesal y falsedad de documento. Así, pidió
la suspensión inmediata de cualquier trámite o decisión de fondo que deban
adelantar las secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso
electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, hasta tanto se
resuelva la situación penal del abogado Carlos Manuel Alfaro Fonseca y la validez
de las pruebas.

23. Además, informó que puso en conocimiento de la Sección Quinta de esta
corporación la solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra
el abogado Carlos Manuel Alfaro Fonseca.

24. Luego, presentó otro memorial19 dirigido al despacho del doctor Jorge Edison
Portocarrero Banguera, en su condición de ponente, en el que le expresó su
«reconocimiento a su labor» y la confianza que le «inspiró» la decisión del «8 de
agosto de 2025» emitida en el trámite con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-
02691-00. Insistió en que denunció formalmente al demandante del proceso
electoral y a su apoderado por fabricar, editar y recortar videos, audios y fotografías.

25. Reiteró que puso en conocimiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado
las actuaciones adelantadas en materia penal, pero que los magistrados guardaron
silencio pese a que persiste la amenaza de que se ejecute la sentencia del 3 de abril
de 2025. Adicionó que el pueblo raizal veía en ese «despacho» la última frontera
contra la injusticia técnica.

26. Por último, el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera profirió auto el
9 de marzo de 202620 en el que ordenó remitir el expediente al despacho de la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, con fundamento en el artículo 2.2.3.1.3.1.
del Decreto núm. 1069 de 2015.

27. Explicó que, si bien en principio le fue asignada la acción de tutela con radicado
núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, lo cierto es que el proyecto de sentencia
que presentó no alcanzó los votos requeridos para ser aprobado, motivo por el que
remitió el expediente al despacho siguiente en turno, quien elaboró la ponencia que
finalmente fue aprobada. Así las cosas, consideró lo siguiente:

En consecuencia, y sin perjuicio del análisis que la autoridad judicial competente deba
hacer respecto de la remisión efectuada por el consejero de Estado José Roberto

17 Se transcribe incluso con errores de texto.
18 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 20, certificado 63E76182D14BD560
14D391CDF72F7850 90E16C7927EDB76E 75346715FEA7F49D.
19 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 24, certificado A1584E18368137A6

E5BA65A7AD751C52 39E6CB7647E38AA4 DE0D3782674D58F1.
20 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 25, certificado CC515DD4A581DC78

9C50BCF8D514D3A5 F4C6BFBF0F954DB1 8FFD74CDE670334D.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Sáchica Méndez, este Despacho considera que, dicha decisión debe ser adoptada
por el Despacho de la consejera de Estado Elizabeth Becerra Cornejo, quien fungió
como ponente de la sentencia de primera instancia proferida el 22 de octubre de 2025
dentro del expediente 11001-03-15-000-2025-02691-00.

28. El expediente fue remitido al despacho ponente que, en auto del 9 de abril de
202621, admitió la acción de tutela que presentó la fundación Misión Archipiélago de
San Andrés contra la Sección Quinta del Consejo de Estado; vinculó como terceros
con interés a los señores César Daniel Castro Muñoz, Carlos Manuel Alfaro
Fonseca y Nicolás Gallardo Vásquez, al Partido Liberal Colombiano, a la Sección
Primera de esta corporación y a todas las personas naturales y jurídicas que
participaron en el proceso electoral; tuvo como pruebas las aportadas con la tutela;
negó la medida cautelar solicitada; suspendió los términos judiciales y ordenó las
notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

29. La Sección Quinta del Consejo de Estado22 refirió múltiples actuaciones que
ha realizado el señor Richard Martínez Olivera en nombre propio y como
representante legal de la fundación Misión Archipiélago de San Andrés dentro del
proceso electoral, como reiteradas recusaciones, nulidades, solicitudes de
prejudicialidad, recursos, adiciones y aclaraciones, así como las distintas acciones
de tutela que ha iniciado este, junto con el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez,
para cuestionar la sentencia del 3 de abril de 2025.

30. Afirmó que la tutela no supera el requisito de subsidiariedad toda vez que los
cargos en que se sustenta coinciden con los formulados en el proceso ordinario y
que se encuentran pendientes de ser resueltos, o que ya fueron decididos en otros
trámites constitucionales, concretamente en los radicados núms. 11001-03-15-000-
2025-06646-00 y 11001-03-15-000-2025-07397-00.

31. Por los motivos expuestos, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela o que se estudie la posible configuración de temeridad por parte del señor
Richard Martínez Olivera. Además, en su defecto, que se nieguen las pretensiones
de amparo.

32. La Sección Primera del Consejo de Estado23 sintetizó las actuaciones que
consideró relevantes del proceso electoral y del trámite de recusación que presentó
el señor Richard Martínez Olivera contra los magistrados de la Sección Quinta.
Adujo que la acción no cuestionó sus decisiones y que su vinculación fue en su
condición de tercero. Informó que se encontraba pendiente de abrir incidente
sancionatorio debido a las insistentes y reiteradas solicitudes, recursos y
recusaciones interpuestas.

21 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 34, certificado F39D6BBE19C1FBB5
799BE5B96F6B55BA 36385BC43C63BBA6 E20CFC6124E848B4.
22 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 41, certificado D80183C047676C27

DB0EB10810093CF1 F18A4BCFD4E7ACBF FD780515E612C310.
23 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 43, certificado BE5BE9C385057651

1AC74DAF5360CCE4 93F112CC94BAAF12 048AD12827796D76.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

33. Refirió que no tiene legitimación en la causa por pasiva porque no es el
responsable del supuesto menoscabo de derechos fundamentales, motivo por el
que requirió su desvinculación del trámite constitucional.

34. La Misión Archipiélago de San Andrés24, en nuevo memorial, formuló
«recusación formal» contra los magistrados integrantes de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, puesto que se encuentran vinculados a «múltiples actuaciones
penales por delitos que cuestionan directamente su probidad y el ejercicio de su
función judicial».

35. Invocó como causales de recusación los numerales 7 y 9 del artículo 141 del
Código General del Proceso (CGP), por las investigaciones penal y disciplinaria
llevadas contra los referidos magistrados y por enemistad grave. Alegó que están
rompiendo el principio de apariencia de imparcialidad y que incurrieron en fraude a
la ley y advirtió que cualquier actuación que estos realicen está viciada de nulidad.

36. Solicitó que los magistrados de la Sección Quinta de esta corporación
«acepten la recusación» y que se abstengan de «realizar cualquier otra
consideración de fondo, so pena de incurrir en nuevas faltas penales y
disciplinarias». Pidió que se «compulsaran copias» a la Fiscalía General de la
Nación para que se investiguen los delitos de falsedad ideológica en documento
público, constreñimiento ilegal y fraude procesal.

37. El Partido Liberal Colombiano manifestó25 que coadyuvaba las pretensiones
de la acción de tutela ante la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de elegir y ser
elegido de Nicolás Iván Gallardo Vásquez. Requirió que se declare la nulidad de
todas las actuaciones subsiguientes a la presentación de la demanda con radicado
núm. 2023-00103-00, incluida la sentencia del 5 de abril de 2025, y que se ordene
a la Sección Quinta de esta corporación que estudie y valore la prueba pericial.
También, que se investigue la falta de quorum de la sala de decisión que profirió el
referido fallo.

38. El señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, en otro memorial26, en su condición
de tercero con interés legítimo y con el fin de coadyuvar las pretensiones elevadas
de la parte accionante, expuso que su intervención se fundamentaba en que es el
titular del derecho al debido proceso cuya protección se invoca, pues la tutela
cuestiona la validez de la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

39. Reiteró las inconformidades relacionadas con la valoración probatoria del
proceso electoral, el mandato judicial otorgado por el demandante al apoderado y
la falta de quorum de la sala de decisión del 3 de abril de 2025.

24 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 44, certificado EEC7CC0A4717F153
BF00C459C233BB8F CE4089C9C9735831 0F34ABCCB3BF5FB0.
25 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 47, certificado EEC7CC0A4717F153

BF00C459C233BB8F CE4089C9C9735831 0F34ABCCB3BF5FB0.
26 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 50, certificado 97FA819D047E8F82

2C6EA5F374B33C94 0AFDE10BAEF76F11 C6281EA0AD6F62E4.

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Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

40. Solicitó que se decretara como medida cautelar de urgencia, la suspensión
inmediata de los efectos del mencionado fallo y de cualquier otra actuación
tendiente a su ejecución, pues la consideró necesaria para evitar la consolidación
de un perjuicio irremediable, consistente en la afectación del mandato conferido
mediante elección popular, la estabilidad del ente territorial y sus derechos políticos,
así como los de los ciudadanos.

41. Formuló como pretensiones, que se ampare el derecho fundamental al debido
proceso de la Misión Archipiélago de San Andrés «que conlleva a los propios del
suscrito»; que se deje sin efectos la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida en el
proceso núm. 2023-00103-00, por incurrir en un defecto fáctico; y que se ordene a
la Sección Quinta de la corporación que emita una nueva decisión en la que valore
de manera integral el material probatorio.

42. Misión Archipiélago de San Andrés presentó recurso de reposición parcial
contra el auto del 9 de abril de 2026, para cuestionar la decisión que negó la solicitud
de medida cautelar. Argumentó que la Sección Quinta de esta corporación debió
verificar la autenticidad de la orden judicial penal que advirtió sobre «el fraude en
los metadatos de 1903 [sic]» y aplicar el principio de in dubio pro reo. Reiteró la
recusación que formuló y adujo la configuración de un «fallo inocuo». Insistió en la
medida provisional de suspensión de la sentencia del 3 de abril de 202527.

43. El Partido Liberal Colombiano, en un nuevo escrito, advirtió de la existencia de
cuestionamientos serios, objetivos y técnicamente sustentados que afectaban la
validez de los elementos probatorios que motivaron la sentencia del 3 de abril de
2025. Pidió como medida cautelar la suspensión de los efectos de la mencionada
providencia con el fin de evitar repercusiones en la elección popular, en la
estabilidad de las instituciones territoriales, en la continuidad de las funciones
públicas y en la confianza ciudadana en los resultados de los comicios28.

44. La Misión Archipiélago de San Andrés interpuso nuevo escrito de «reiteración
de realidad jurídica y rechazo a la presunción de mala fe». Alegó un perjuicio
irreparable para la comunidad raizal y una vía de hecho cometida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. Reiteró la solicitud de medida cautelar de suspensión
inmediata29. Posteriormente, radicó memoriales de insistencia.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

45. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por Misión Archipiélago de San Andrés contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

27 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 51, certificado 935AE32B08344684
92200722BCF44D49 B52BFC32BC37EAB6 F2D93E31701D2426.
28 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 53, certificado 95004C9B8EC926C6

096471ECB5BE5540 42387982011F5005 4A8399F67FA9F7CD.
29 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00118-00, índice 55, certificado D11A51EEB6566DA2

2584EBADFEBA482C 3F72BE7719AD4114 05EFEBA8B41EFA9D.

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3.2. Legitimación en la causa, agencia oficiosa y coadyuvancia

46. La legitimación por activa en el trámite constitucional tiene fundamento en el
artículo 86 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran
amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los
particulares, podrá interponer acción de tutela a través de un representante o en
nombre propio30.

47. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé que
la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por la
persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo cual
se debe presentar el respectivo poder31.

48. Para la Corte Constitucional, la legitimación en la causa es el primer requisito
que debe estar cumplido para que se pueda emitir fallo en el que se resuelva la
controversia32. Además, para el alto tribunal, «los titulares de los derechos
comprometidos son quienes tienen legitimación por activa para reclamar la
protección del juez de tutela directa o indirectamente»33.

49. En cuanto a la agencia oficiosa, es preciso destacar que está cimentada en
los principios de eficacia de los derechos fundamentales, de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas y de solidaridad, y que tiene como requisitos para su
procedencia excepcional: i) la manifestación o inferencia de que el agente actúa en
tal condición; y ii) la imposibilidad del agenciado de acudir de manera directa ante
la administración de justicia34.

50. Respecto del segundo requisito, el juez de tutela debe ser flexible al momento
de analizar la prueba de la imposibilidad, lo que implica que existe libertad
probatoria, que la imposibilidad puede inferirse de los hechos narrados y que la
autoridad judicial debe desplegar sus facultades constitucionales para establecer la
certeza de las afirmaciones en relación con la capacidad del titular para defender
sus derechos35.

51. De acuerdo con la Corte Constitucional, la imposibilidad puede presentarse,
entre otros escenarios, «por “circunstancias físicas, como la enfermedad”, “razones
síquicas” que hubieren afectado el estado mental del accionante, o un “estado de
indefensión que le impida acudir a la justicia”»36.

30 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad.
31 Corte Constitucional, sentencia T-194 del 2012:

«Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado
titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado
en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
32 Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2024.
33 Ibidem.
34 Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2021.
35 Corte Constitucional, sentencias T-720 de 2016 y T-729 de 2017.
36 Ibidem.

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52. Por último, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la persona
que tuviere un interés legítimo con el resultado del trámite de tutela podrá intervenir
como coadyuvante del actor37 o de la persona o autoridad a quien se le atribuya la
vulneración38.

53. En tal sentido, los coadyuvantes son terceros que no reclaman un derecho
propio para que sea definido por el juez constitucional, sino un interés personal en
la suerte de la pretensión de alguna de las partes por tener con esta una relación
sustancial «ajena a los efectos de la sentencia, pero que indirectamente puede
verse afectada si la parte coadyuvada obtiene un fallo desfavorable» 39.

54. La Corte Constitucional indicó, en la sentencia SU-067 de 2022, que el
coadyuvante no puede formular pretensiones propias o argumentos nuevos o
distintos de la parte que ayuda:

Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que
se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la
coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando
este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en
contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del
proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la
parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia
de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer
pretensiones propias» De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del
Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que
«impliquen disposición del derecho en litigio». De lo anterior resulta que las facultades
del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia
naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la causa judicial.

[…]
Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los
siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo
esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta
tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante
[…], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de
Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se
pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta».

55. En los términos expuestos, resulta claro que en trámites de tutela es
procedente la coadyuvancia de terceros con interés, siempre y cuando sus
intervenciones no estén fundadas en pretensiones propias o argumentos nuevos o
distintos de los expuestos por la parte que coadyuvan.

37
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2012.
38 ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo
que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor
o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
39 Corte Constitucional, sentencia SU-326 de 2022.

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3.3. Problema jurídico

56. La Sala debe determinar si ¿la tutela cumple con los presupuestos generales
de procedibilidad, en particular el de legitimación en la causa por activa? En caso
afirmativo, corresponderá establecer si ¿la Sección accionada vulneró el derecho
fundamental invocado?

3.4. Caso concreto

57. En el asunto bajo estudio, la fundación Misión Archipiélago de San Andrés
presentó tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues consideró
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez dentro del proceso electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-
00103-00. En concreto, la pretensión principal de la accionante fue la siguiente:

Conceder la protección del derecho fundamental al debido proceso del señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez.

58. Pues bien, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el acápite 3.2.
de esta providencia, la fundación Misión Archipiélago de San Andrés no tiene
legitimación en la causa por activa, en la medida en que el titular del derecho
fundamental al debido proceso que adujo vulnerado es el señor Nicolás Iván
Gallardo Vázquez.

59. Además, la fundación Misión Archipiélago de San Andrés no aportó poder
conferido para iniciar en nombre y representación del señor Nicolás Iván Gallardo
Vázquez la presente acción constitucional. Tampoco argumentó que el titular del
derecho se encontrara en alguna condición especial que lo imposibilitara para
ejercer su propia defensa judicial y que justificara la intervención de un agente
oficioso.

60. Por otro lado, si bien el señor Nicolás Iván Gallardo Vázquez fue vinculado al
presente trámite como tercero con interés y manifestó coadyuvar a la fundación, lo
cierto es que no es posible tenerlo como coadyuvante porque, en este caso
particular, que apoye las pretensiones de la tutelante implica permitirle que respalde
la solicitud de amparo de su derecho fundamental al debido proceso, lo que se
traduce en una pretensión propia.

61. Es decir, en el asunto bajo estudio, la coadyuvancia del señor Nicolás Iván
Gallardo Vázquez no busca respaldar la protección de los derechos de la fundación,
sino defender sus propios derechos; no es un apoyo a un tercero, es una
reclamación propia, pues la pretensión del escrito de tutela es que se ampare la
garantía fundamental «del debido proceso del señor Nicolás Iván».

62. En tal sentido, legitimar por activa a la fundación Misión Archipiélago de San
Andrés, incluso bajo la figura de la coadyuvancia, pese a las irregularidades
advertidas, sería admitir que el señor Nicolás Iván Gallardo Vázquez ejerza
mecanismos constitucionales de defensa judicial de manera indirecta, esto es, por

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Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
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interpuesta persona, sin perjuicio de que también pueda presentar acciones de
tutelas de forma directa, lo que puede llegar a constituir abuso del derecho.

63. Las anteriores razones resultan suficientes para declarar la improcedencia de
la solicitud de amparo, ante la falta de legitimación en la causa por activa de la
fundación Misión Archipiélago San Andrés.

64. En todo caso, para la Sala es preciso destacar que el señor Nicolás Iván
Gallardo Vázquez presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva
y a elegir y ser elegido, que consideró vulnerados por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 3 de abril de 2025 dentro del
proceso identificado con el núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00.

65. El asunto correspondió bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-06646-
00 a esta Subsección que, en sentencia del 5 de diciembre de 2025, resolvió lo
siguiente:

• Declaró improcedente la tutela frente a los siguientes cargos: i) no acceder
a la participación en el proceso electoral en lenguaje de señas y creole; ii)
desconocimiento de las normas convencionales; y iii) falta de notificación
de los partidos políticos y de terminación del proceso por abandono.

• Negó las pretensiones de amparo relacionadas con los reparos por: i)
desconocimiento de los artículos 180, 182A y 278 de la Ley 1437 de 2011;
ii) desconocimiento del precedente judicial sobre coaliciones y adhesiones
políticas de cara a la causal de doble militancia por apoyo; y iii) indebida
valoración del dictamen pericial y de los videos aportados por el
demandante.

66. Además, presentó otra acción de tutela, con radicado núm. 11001-03-15-000-
2026-02809-00, con similares hechos y argumentos a los contenidos en el escrito
de amparo que interpuso la fundación Misión Archipiélago de San Andrés en esta
oportunidad.

67. Por su parte, el señor Richard Martínez Olivera, en nombre propio y como
representante de la fundación Misión Archipiélago de San Andrés, ha adelantado
otros trámites de tutela con la finalidad de cuestionar las actuaciones de las
secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso electoral con
radicado núm. 2023-00103-00, como a continuación se evidencia de la plataforma
Samai:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

68. De lo expuesto, la Sala advierte que los señores Richard Martínez Olivera y
Nicolás Iván Gallardo Vázquez podrían estar haciendo un uso desproporcionado del
mecanismo constitucional de tutela para insistir en sus inconformidades con la
sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 3 de abril de 2025, la
cual declaró la nulidad de la elección del gobernador del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

69. Dicha conducta, de encontrarse probada, constituiría actuación temeraria que
podría ser objeto de sanciones. En tal sentido, se prevendrá a la fundación Misión
Archipiélago de San Andrés para que se abstenga de efectuar un ejercicio
desmedido de la acción constitucional de tutela, so pena de los correctivos a los que
haya lugar.

70. En este punto, valga decir que la Constitución Política dispone, en su artículo
95, que los ciudadanos deben «[r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios» y «[c]olaborar para el buen funcionamiento de la administración de la
justicia».

71. En cuanto a las solicitudes de medida cautelar y las «recusaciones»
formuladas en el presente trámite constitucional contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado, no hay lugar a emitir una decisión de fondo, por sustracción de
materia, toda vez que la falta de cumplimiento del requisito de legitimación por activa
impide continuar con el análisis de los demás aspectos objeto de discusión.

4. Conclusión

72. Por las razones expuestas en esta providencia, la Sala rechazará la solicitud
de coadyuvancia que presentó el señor Nicolás Iván Gallardo Vázquez, al margen
de que tenga la condición de tercero con interés.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00118-00 (147)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

73. Asimismo, declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la
fundación Misión Archipiélago de San Andrés para interponer la acción de tutela con
la pretensión de amparo del derecho al debido proceso del señor Nicolás Iván
Gallardo Vázquez.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Rechazar la coadyuvancia que presentó el señor Nicolás Iván Gallardo
Vázquez en el presente asunto, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la fundación
Misión Archipiélago de San Andrés, para presentar la tutela con la pretensión de
amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor el Nicolás Iván
Gallardo Vázquez.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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