Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02691-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02691-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02691-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00
Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00
Accionantes: Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González
Accionada: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución
Política. Subtema 3: legitimación en la causa por activa, coadyuvancia y agencia
oficiosa. Subtema 4: requisitos de subsidiariedad y de suficiencia argumentativa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por los señores Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel
González, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González presentaron
acción de tutela, de forma separada, con las pretensiones de amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y a elegir y ser elegido, que consideraron vulnerados
por la Sección Quinta del Consejo de Estado con ocasión de la sentencia del 3 de abril
de 2025, emitida dentro del proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-28-
000-2023-00103-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor César Daniel Castro Muñoz presentó escrito en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral1 ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, con la
1 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 3, certificado núm. BFE018D6CF09FC71
5B644695FF2133C7 0B36AC3A54D0C2C9 8AAD5BE6EC25F683.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00
Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
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pretensión de que se anulara el formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023 que
declaró la elección del señor Nicolás Gallardo Vásquez como gobernador de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, al considerarlo incurso en la prohibición de doble
militancia, en la modalidad de apoyo, causal prevista en el numeral 8 del artículo 275
de la Ley 1437 de 20112. Además, como medida cautelar, pidió la suspensión del acto
acusado. Luego, presentó reforma de la demanda.
3. El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado corrió traslado
de la solicitud de suspensión provisional en auto el 27 de noviembre de 20233, y
admitió la demanda en única instancia y ordenó las notificaciones de rigor en auto del
1 de febrero de 20244.
4. El señor Nicolás Gallardo Vásquez5 y el Partido Liberal Colombiano6 contestaron
la demanda. Por su parte el señor Marvin Alfredo Edén, junto con otros 171
ciudadanos, presentaron un único documento en el que solicitaron ser reconocidos
como terceros con interés en el proceso, y que se negaran las pretensiones de
nulidad7. Fundamentaron su solicitud en que, según manifestaron, la anulación de la
elección les afectaría sus derechos políticos y desconocería la votación obtenida por
el gobernador en el departamento. Afirmaron que se trata de una persona honesta,
que realizó una campaña limpia y basada en propuestas favorables para la población.
Agregaron que:
Además, desde nuestra ignorancia en temas de derecho, vemos que la situación por la
que se le juzga no está prohibida en ninguna norma que es por el hecho de haber
apoyado a candidatos de otros partidos, pero, además, sin que ello hubiera sido así.
Todos los isleños sabemos que Nicolás en cada evento al que asistió, estuvo apoyado
por la mayoría de los ciudadanos, quienes siempre manifestamos nuestro respaldo y
deseo que ocupara el máximo cargo de la isla, como igualmente lo hicieron varios
candidatos que se adhirieron o apoyaron su campaña y con quienes Nicolás en todo
momento fue muy cordial.
Nicolás jamás nos invitó a votar por alguien más diferente a él y siempre se refirió con
mucho respeto a todos y cada uno de los demás candidatos, incluso a los de la oposición
y, muy especialmente, a todos aquellos que nos invitaron a votar por él a la
Gobernación8.
5. Los señores Jill Lucía Palacio González, Kimberly Torres Saltos, Luz Dary
Rodríguez Cardona, Suany Sofía Torres Saltos, Saul Valencia de la Cruz, José Manuel
Cañate Márquez y Vanesa Ruiz Gueto, en representación de sus hijos menores, y el
señor Carlos Serkis De Alba Padilla, en representación de su nieto, en memoriales
separados y escritos en español, pero en formatos similares, también pidieron ser
2 ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nulos
en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[…].
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
3 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 9, certificado núm. C1BCD67B29850FB9
32C38AF6CF90427C 866050B07D472544 B2D3125CAA74574A.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 26, certificado núm. 262180B0842AC2CC
243DE419A07FCC2E 245989C3B96092A0 3DEEC46A35DFDF84.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 41.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 44.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 45.
8 Se transcribe incluso con errores de texto.
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tenidos como coadyuvantes del gobernador9, para lo cual expresaron que el señor
Nicolás Gallardo Vásquez fue elegido legítimamente y que es trabajador, decente y
honesto.
6. Por otra parte, el Partido Liberal Colombiano10 requirió que se declarara el
abandono del proceso y que se ordenara el archivo definitivo, toda vez que, pese a
que el auto admisorio dispuso que se realizaran los avisos de que trata el literal b) del
numeral 1 del artículo 27711 de la Ley 1437 de 2011, el demandante no cumplió con
dicha carga procesal, sin que pudiera entenderse satisfecha con la notificación
dispuesta en el numeral 512 ibidem.
7. En consecuencia, el despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de
Estado profirió auto, el 4 de abril de 202413, en el que negó la petición de terminación
del proceso por abandono14 y aceptó la intervención de los señores Vanesa Ruiz
Gueto, Saul Valencia de la Cruz, Suany Sofía Torres Saltos, Carlos Serkis De Alba
Padilla, Luz Dary Rodríguez Cardona, Kimberly Torres Saltos, Jill Lucía Palacio
González y José Manuel Cañate Márquez.
8. Posteriormente, la señora Rosario González James y el partido Cambio Radical15
solicitaron ser tenidos en cuenta como intervinientes a favor del demandado 16; por su
parte, el Partido Liberal Colombiano interpuso recursos de reposición y súplica17 contra
el auto del 4 de abril de 2024, los cuales fueron coadyuvados por el señor Nicolás
Gallardo Vásquez18 a través de su apoderada judicial.
9. Al respecto, el despacho sustanciador, en providencia dictada el 6 de mayo de
202419, se abstuvo de resolver el recurso de reposición interpuesto por el Partido
9 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índices 52 y 54.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 50.
11 ARTÍCULO 277. CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y FORMAS DE PRACTICAR SU
NOTIFICACIÓN. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:
1. Que se notifique personalmente al elegido o nombrado, con sujeción a las siguientes reglas:
[…].
b) Si no se puede hacer la notificación personal de la providencia dentro de los dos (2) días siguientes a su
expedición en la dirección informada por el demandante o este manifiesta que la ignora, se notificará al elegido o
nombrado, sin necesidad de orden especial, mediante aviso que se publicará por una vez en dos (2) periódicos de
amplia circulación en el territorio de la respectiva circunscripción electoral.
[…].
12 «5. Que se informe a la comunidad la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo o, en su defecto, a través de otros medios eficaces de comunicación, tales como radio
o televisión institucional, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto de elección demandado».
13 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 55.
14 En el auto del 4 de abril de 2024, el despacho ponente indicó lo siguiente:
«13. En este caso, en el numeral 1 del auto admisorio de la demanda, se dispuso la notificación personal al
demandado y, de no ser posible esta se debía proceder de conformidad con lo previsto en los literales b) y c)
numeral 1 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.
14. Asimismo, en el numeral 6 de la providencia se dispuso «infórmese a la comunidad la existencia de este proceso
en la forma prevista en el numeral 5 del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, de lo cual se dejará constancia en el expediente.
15. Entonces como la notificación personal del demandado, se pudo hacer sin ningún problema en el término que
consagra la norma, y la demanda que se tramite es por doble militancia por apoyo, es claro que no había lugar a
que se realizara la publicación de los avisos.
16. Por lo anterior, no hay lugar a declarar la terminación del proceso por abandono».
15 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 70.
16 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 58.
17 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 61.
18 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 66.
19 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 72.
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Liberal Colombiano20, aceptó las intervenciones de la señora Rosario González James
y del partido Cambio Radical y ordenó remitir el expediente al magistrado en turno para
lo de su competencia. Adelantado el proceso electoral, entre otras, se efectuaron las
siguientes actuaciones:
• El Partido Liberal Colombiano insistió en sus argumentos del escrito de súplica
y solicitó que el asunto fuera conocido por la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Estado21.
• La señora Doralba Matilda Newball presentó un video en lenguaje de señas22.
• La magistrada de la Sección Quinta de esta corporación, siguiente en turno al
ponente, dictó auto el 11 de junio de 202423 en el que resolvió rechazar el
referido recurso y la petición de conocimiento del asunto ante Sala Plena.
• El apoderado de la parte demandante solicitó impulso procesal y que se dictara
sentencia anticipada24.
• El señor Dagoberto Bowie Mcnish radicó memorial25, en lenguaje creole26, en
el que manifestó lo siguiente:
Dagoberto Bowie Mcnish aidentifai wid ID No. 18.001.943, as wa memba
fi di Raizal Comiunity of San Andrés, Providence and Ketlina, da wa co-
defendant ina di dimand we Cesar Daniel Castro Muñoz de present gens
Nicolás Gallardo Vásquez current govanah a San Andrés.
Please cansida me as part a dis process.
10.El 11 de julio de 202427, el despacho ponente incorporó al expediente los
documentos aportados con la demanda, los traslados y la contestación; negó el
decreto del dictamen solicitado por el Partido Liberal Colombiano; requirió al Consejo
Nacional Electoral los antecedentes administrativos del acto acusado; fijó el litigo y
20 En el auto del 6 de mayo de 2024 el despacho ponente expuso lo siguiente:
«17. En este caso, el Despacho advierte que la parte demandada dentro de la oportunidad legal no interpuso
recurso de reposición contra la providencia que no accedió a la terminación del proceso por abandono, de manera
que el Partido Liberal carece de facultad legal para interponerlo, pues tal como lo ha dicho la Sección en varias
oportunidades, los terceros intervinientes no pueden ejercer actos independientes a los de las partes a las que
coadyuvan.
18. Ahora bien, en este caso la apoderada de la parte demandante intervino solo en el traslado del recurso de
reposición, oportunidad en la que «coadyuvó la solicitud de reponer la decisión que negó la pretensión de terminar
el proceso», sin embargo, se precisa que no le es dable a las partes coadyuvar los recursos que presenten los
terceros intervinientes, sino que tienen la carga de presentar los recursos en las oportunidades que establece el
ordenamiento.
19. Entonces, como en este caso, la parte a la que coadyuva el Partido Liberal no presentó recurso de reposición
dentro de la oportunidad correspondiente, este Despacho se abstendrá de pronunciarse sobre el recurso de
reposición interpuesto por el Partido Liberal por carecer de facultad legal para interponerlo».
21 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 82.
22 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 84.
23
Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 85.
24 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 94.
25 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 96.
26 De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 47 de 1993, modificado por la Ley 2471 de 2025, el creole o kriol es la
lengua materna del pueblo étnico raizal del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
27 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 97.
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dispuso que, ejecutoriadas esas decisiones, se corriera traslado para alegar de
conclusión y se emitiera sentencia anticipada.
11. Además, aceptó la intervención de Marvin Alfredo Edén y otros 171 ciudadanos
contenida en el índice 45 del expediente; y les indicó a los señores Doralba Matilda
Newball y Dagoberto Bowie Mcnish que, si lo deseaban, podían intervenir en el
proceso mediante un memorial «en idioma castellano»28.
12. En contra de la anterior providencia, el Partido Liberal Colombiano presentó
recurso de reposición y, en subsidio, súplica29 (el cual fue desistido30) en relación con
la negativa de la prueba pericial y la decisión de emitir sentencia anticipada. Por su
parte, la apoderada del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez31 interpuso los recursos
de reposición y, en subsidio, de súplica, en lo concerniente a la inadmisión de las
intervenciones en lenguaje de señas de una persona sordomuda y en creole de un
raizal y a la prueba no decretada, e insistió en que el asunto sea conocido por la Sala
Plena del Consejo de Estado.
13. La señora Kimberly Torres Saltos interpuso los recursos de reposición y, en
subsidio, súplica, contra el auto del 11 de julio de 2024, al considerarlo violatorio de
los derechos fundamentales de la señora Doralba Matilda Newball, persona
discapacitada en su condición de sordomuda32; y el señor Saúl Valencia de la Cruz
presentó memorial en nombre del señor Dagoberto Bowie, puesto que, aunque
manifestó que no lo conocía, no tenía su contacto y no dominaba el creole, comprendía
que buscaba ser reconocido como coadyuvante, de manera que exigirle que su
intervención fuera en castellano cercenaba sus garantías constitucionales33.
14. Por otro lado, los señores Ricardo Brown, Vilinia Bryan, Diana María Salgado Díaz,
María Mery Díaz Ángel, Claudia Henry Bent, Efraín Pusey Henry, Julián Henry Bent,
Ernesto II Henry Livingston, Glessy Bent Forbes, Karlen Dilbert Martínez Debora, José
Ignacio Olave Archibold, Marvin Elena Edn Henry, Aura Elena Henry Cabarcas,
Dayana Michael Olave Henry, Yanira Henry Chistopher, Lourdes Baldonado, Engy
Díaz Parra, Judy Morillo Wilches, Daniel Torres Londoño, Dwigth Graham Archbold
Francis, Dexter Xavier Drake Puello, Gibran Osorio Bayuelo, Doene Edeltrudis Mitchell
Archbold, Edword Pomore M, Alberto Chow, Erick Biscano, Luz Estela Ballestas León,
Rocío López, Giovanny Marciano Myles Williams, Zamira Juana Forves Hoy, Leidy
Cota Forbes, Rodrigo Cota Forbes, Enrique Pájaro Ortiz, Serly Fuentes Franco, Belkis
Díaz Parra, Elvin Mercado Ortiz, Yekira Patricia Yepes Valdeblanquez, Elizabeth del
Socorro Yepes Valdeblanquez, María Doris Yepes Valdeblanquez, Leidy Milena
28 En el auto del 11 de julio de 2024, el despacho sustanciador explicó lo siguiente:
«33. Finalmente, se encuentra que la señora Doralba Matilda Newball allegó un video, en donde aparece ella
haciendo una serie de gestos y movimientos con las manos. Al respecto debe decirse que el video allegado es
ininteligible y además no se advierte que el mismo se haya presentado en lenguaje de señas.
34. Dado que la cédula presentada por ella está suscrita, se evidencia que está en capacidad de escribir, se instará
para que, si así lo quiere, dentro de la ejecutoria de esta providencia allegue un memorial escrito con lo que
corresponda.
35. Lo mismo ocurre con el escrito presentado por el señor Dagoberto Bowie que al parecer está escrito en raizal,
al respecto se indica que, si así lo quiere, dentro de la ejecutoria de la presente providencia podrá presentarlo en
idioma castellano, tal como indica el artículo 104 del CGP que señala que en el proceso deberá emplearse el idioma
castellano».
29 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 105.
30 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 109.
31 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 107.
32 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 110.
33 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 111.
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Salgado Díaz, Ingrid Ana Britton Archibold, Vashnie Martínez Quinn, Yadira Hudson
Tiempo, Gary Humphries Forbes, Danias Carolina Olave Henry, Melisa Mendoza,
Jonathan Moreno Torres, Job Jordan Hawkins Coronado, Jannelly Jerrilyn Hawkins
Coronado y más de 19o personas manifestaron coadyuvar a la parte demandada y
pidieron la defensa de los raizales que intentaron intervenir en lenguaje de señas y en
creole34.
15. El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 22
de agosto de 202435, rechazó la solicitud de remitir el proceso a la Sala Plena de la
corporación; confirmó la providencia del 11 de julio de 2024; declaró la falta de
legitimación en la causa en relación con los recursos interpuestos contra la decisión
adoptada frente a las intervenciones de los señores Doralba Matilda Newball y
Dagoberto Bowie; reconoció como tercero al señor Richard Nicolás Martínez Olivera;
y, aceptó el desistimiento del recurso presentado por el Partido Liberal Colombiano.
16. La apoderada de la parte demandada allegó al expediente ordinario electoral las
traducciones de los memoriales que presentaron los señores Doralba Matilda Newball
y Dagoberto Bowie36, los cuales corresponden a los siguientes textos:
Soy la señora Doralba Matilda Newball, nacida en San Andrés Islas, mayor de edad con
cédula de ciudadanía número 23.249.079, para expresar mi intención y ánimo de
coadyuvar al señor gobernador NICOLÁS IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ en la demanda
que presentó el señor CÉSAR DANIEL CASTRO MUÑOZ contra él, con el número
11001032800020230010300 y que conoce la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Mi intención es poder colaborar en lo que pueda al señor gobernador ya que estuve
pendiente en todo su proceso de elección y aquí en San Andrés Islas conocemos de él
como una persona leal, respetuosa, que quiere lo mejor para la ciudadanía y nuestra
Isla, por eso lo apoyo, animadamente, para que salga bien de esta situación que afecta
la elección de mi gobernador.
Soy una persona sordomuda de nacimiento, lo que no me impide participar en estos
escenarios porque sé que estamos en una Colombia multicultural que respeta y
garantiza los derechos de todos los colombianos que tenemos condiciones
desfavorables, pero que no impide que podamos actuar en estos momentos importantes
de la vida política de la sociedad Sanandresana porque estamos comprometidos con
nuestro pueblo y por supuesto con nuestro líder político que lo que hace es preocuparse
por el bienestar de la comunidad.
También dejo copia de mi cédula.
Agradezco se me permita contribuir para apoyar en esta demanda tan importante en la
vida política de mi Isla.
[…]
Dagoberto Bowie Mcnish, identificado con número de identificación 18.001.943, miembro
de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina coadyuvo el proceso
presentado por Cesar Daniel Castro Muñoz, en contra de Nicolás Gallardo Vásquez,
actual gobernador de la isla de San Andrés.
34 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índices 112 y 115.
35 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 120.
36 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 131.
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Reconózcaseme como parte37.
17. Luego de otras actuaciones, la magistrada siguiente en turno, en auto del 16 de
octubre de 202438 rechazó el recurso de súplica radicado por el demandado39. El
despacho ponente, en auto del 21 de noviembre de 202440, entre otras decisiones,
aceptó la intervención del Partido Nuevo Liberalismo; no incorporó las traducciones
aportadas por el demandado41; y negó la tacha de videos y el decreto de pruebas.
18. Aportadas al expediente ordinario otras intervenciones y algunos alegatos de
conclusión y agotado el debate probatorio, la Sección Quinta del Consejo de Estado
profirió sentencia de única instancia el 3 de abril de 2025, en la que resolvió declarar
la nulidad de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del
departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
contenida en el formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023, al encontrarlo
incurso en la causal de inhabilidad de doble militancia, en la modalidad de apoyo 42.
19. En auto del 30 de abril de 202543, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó
la solicitud del señor Richard Nicolás Martínez Oliver de que la sentencia fuera
traducida al idioma creole. Con ocasión de las recusaciones presentadas contra los
magistrados integrantes de esa Sala de decisión, la Sección Primera de esta
corporación expidió las siguientes providencias:
37 Se transcribe incluso con errores de texto.
38 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 137.
39 En las consideraciones del auto del 16 de octubre de 2024, el despacho indicó lo siguiente:
«50. Dicha decisión no está enlistada en el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011 o en los numerales 1 a 8 del artículo
243 íd., pues en el auto objeto de súplica, el magistrado conductor del proceso no negó la intervención de los
terceros, sino que simplemente los conminó para que dentro del término de ejecutoria de la providencia aportaran
sus memoriales en castellano o por escrito, si era su intención continuar participando del proceso; es decir, que la
determinación sobre su participación no fue adoptada en dicha oportunidad.
51. Por otra parte, el recurso de súplica contra la providencia controvertida fue interpuesto por la apoderada de la
parte demandada, no por los señores Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball, destinatarios de los efectos de
la determinación antes mencionada, siendo éstos los legitimados para cuestionar la decisión.
52. En este aspecto vale la pena subrayar que, la Corte Constitucional define la legitimación en la causa como «una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso» y, por lo mismo,
la reconoce como un presupuesto que sustenta el derecho de las partes a que el juez se pronuncie sobre las
pretensiones y los argumentos de defensa de forma favorable o desfavorable.
53. En ese orden de ideas, si el numeral octavo del auto del 11 de julio de 2024 sólo tiene efectos frente a Dagoberto
Bowie y Doralba Matilda Newball, únicamente ellos estaban legitimados para controvertir la decisión, siempre que
lo hicieran dentro del plazo legalmente establecido.
54. Por lo tanto, el demandado no se encontraba legitimado para controvertir una decisión que afectaba a los
señores Bowie y Newball y, por ende, el recurso de súplica interpuesto es improcedente en este aspecto; es decir
que se debe rechazar.
55. Se destaca que, mediante escrito del 4 de septiembre de 2024, la apoderada del demandado aportó las
traducciones al castellano de las intervenciones de los señores Bowie y Newball, memorial cuyo análisis
corresponde al ponente del asunto, a quien le compete analizar su admisión o no, conforme a la orden impartida
en el auto del 11 de julio de 2024, en el cual los instó para que allegaran su pronunciamiento en castellano.
40 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 147.
41 Frente a este asunto, el auto del 21 de noviembre de 2024 expuso lo siguiente:
«4. La apoderada del demandado, allegó las traducciones5 de las intervenciones de los señores Doralba Matilda
Newball y Dagoberto Bowie, por haber quedado sujeta su admisión al envío de los escritos en castellano.
4.1. Al respecto adujo que, si bien no son traducciones oficiales, deben aceptarse por cuanto lo que pretende es
que se brinde las garantías necesarias para que todos los interesados puedan ser partícipes del proceso de nulidad
electoral.
4.2. Frente a esta petición debe tenerse en cuenta, que tal como lo indicó la apoderada de la parte demandada, no
se trata de traducciones oficiales. Además, lo único que se allegó fue una traducción incorporada al memorial, sin
indicarse quien la hizo, razón, por la que el despacho no tiene certeza sobre quién las realizó y si en efecto
corresponde a lo que se indica en el video de señas y en el memorial escrito en raizal».
42 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 147.
43 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 199.
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
• Auto del 5 de junio de 2025, que rechazó de plano la recusación planteada por
el señor Richard Nicolás Martínez Oliver contra los magistrados de esa sección
y declaró infundada la formulada contra los integrantes de la Sección Quinta de
esta corporación44.
• Auto del 7 de julio de 2025, en el que rechazó de plano las solicitudes de nulidad
del Partido Liberal Colombiano y del señor Richard Nicolás Martínez Oliver45.
• Auto del 24 de julio de 2025, que ordenó estarse a lo resuelto en la providencia
del 7 de julio que antecedió46.
• Auto del 3 de septiembre de 2025, en el que decidió no reponer el auto del 24
de julio anterior y rechazar el recurso interpuesto por el señor Richard Nicolás
Martínez Oliver47.
• Auto del 26 de septiembre de 2025, que rechazó de plano las nulidades
formuladas contra el auto del 3 de septiembre de 2025 y ordenó a la Secretaría
de la Sección que cualquier nulidad y recusación formulada por los mismos
cargos antes decididos no fuera tramitada48.
• Auto del 14 de octubre de 2025, que rechazó de plano la solicitud de traducción
de la sentencia del 3 de abril de 202549.
2.2. Expediente de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00
20. La señora Kimberly Torres Saltos solicitó al juez constitucional que ampare los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y
a elegir y ser elegido, de los cuales es titular; que deje sin efectos la sentencia del 3
de abril de 2025 emitida dentro del trámite electoral con radicado núm. 11001-03-28-
000-2023-00103-00; y en consecuencia, que ordene a la Sección Quinta del Consejo
de Estado que emita una nueva decisión que restablezca sus derechos, los del
gobernador y los de más de 20.363 votantes.
21. De manera subsidiaria, pidió que la Sección Quinta de esta corporación «regrese
al estado anterior el trámite judicial relacionado con la elección» del gobernador, y que
los «jueces de tutela adopten las medidas necesarias» que garanticen los derechos
dentro del proceso de nulidad electoral. Cómo medida provisional, requirió que se
ordenara la suspensión de los efectos de la sentencia cuestionada.
22. Como fundamento de sus pretensiones, la señora Kimberly Torres Saltos sintetizó
las actuaciones del proceso ordinario y afirmó que tiene legitimación en la causa por
activa porque participó en dicho trámite judicial, como tercera con interés, condición
reconocida en el auto del 4 de abril de 2024. Argumentó que el requisito de relevancia
constitucional está superado debido a que no se realizó un análisis juicioso de las
garantías de los intervinientes, de los terceros con interés y del pueblo isleño, así como
44 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 246.
45 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 272.
46 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 301.
47 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 353.
48 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 375.
49 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 394.
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de las personas que votaron por el candidato Nicolás Iván Gallardo Vásquez al cargo
de gobernador.
23. En el acápite de fundamentos fácticos, la accionante refirió que, con posterioridad
a la radicación de la demanda, el señor César Daniel Castro Muñoz aportó otras
pruebas y formuló un nuevo cargo, y que la Sección Quinta del Consejo de Estado
«irrespetando las normas procesales que regulan el derecho electoral [y] con una tesis
bastante simplista y con falta de motivación y argumentación jurídica validó los videos
espurios», los cuales luego sirvieron de fundamento para declarar la nulidad del acto
de elección del gobernador.
24. En el acápite de requisitos específicos de procedencia de la tutela, sostuvo que se
configuró la causal de violación directa de la Constitución Política, para lo cual expuso
que los derechos y el respeto del pueblo raizal están previstos en el ámbito nacional e
internacional en las leyes 21 de 1991, que aprobó el convenio 169 de la OIT y 47 de
1993. Citó las sentencias C-027 de 1993, T-043 de 2007 y T-196 de 2015 y el artículo
10 superior y afirmó que en el proceso electoral se les afectó sus derechos porque la
Sección Quinta de esta corporación no tradujo sus decisiones al idioma nativo.
25. Destacó que el artículo 4 de la Ley 1381 de 2010, que desarrolló los artículos 7, 8,
10 y 70 de la Constitución y 4, 5, y 28 de la Ley 21 de 1991, establecen la no
discriminación en razón al idioma, de manera que el ordenamiento jurídico permite que
la intervención en otros procesos se realice en lenguas nativas, raizal y en lenguaje de
señas. Además, que el Código de Procedimiento Penal admite que las personas que
no entienden el castellano sean asistidas por un traductor o intérprete reconocido por
el respectivo juez.
26. Arguyó que la participación en lenguas distintas al castellano resulta crucial para
asegurar los derechos políticos de todas las comunidades, por lo que el juez del
proceso electoral debió permitir la presentación de documentos en lenguas maternas
o de señas. En ese orden, consideró lo siguiente:
Por lo discurrido y ante la falta de oportunidad y la negativa de acceso a la justicia de la
comunidad raizal para participar de manera activa y efectiva en el proceso de nulidad
electoral que anuló el acto de elección del gobernador de la isla, la providencia que se
ataca en sede constitucional no es proporcional a las disposiciones transcritas y, por lo
mismo, conlleva implícitos actos de discriminación respecto de quienes se han
comunicado dentro del proceso en lenguaje diferente, sin que ello sea causal para no
aceptar o, de alguna manera inadmitir su participación, sin, al menos, manifestarlo en el
mismo lenguaje para que la decisión sea comprensible por sus receptores50.
27. Alegó que en el proceso de nulidad «se intentó hacer creer que se había seguido
la normativa para obtener el apoyo de los auxiliares de la justicia», sin embargo, «fue
un intento fallido», toda vez que, como se evidenció en los índices 95 y 118 del
expediente en el aplicativo Samai, se solicitó ayuda para la traducción, transcripción o
interpretación de documentos en lenguas distintas al español, como el sistema braille
o de señas, pero no se obtuvo respuesta positiva de parte del Centro de Documentos
Judicial o el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
50 Se transcribe incluso con errores de texto.
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28. En tal sentido, manifestó que el trámite judicial electoral no aseguró la participación
adecuada de la comunidad raizal y de los hablantes en diferentes lenguas, por lo que
la autoridad accionada no realizó un esfuerzo suficiente para garantizar sus derechos.
29. Agregó que la exigencia de que la intervención fuera realizada en español
constituyó una carga injusta, con mayor razón, al tener en cuenta que la defensa de la
parte demandada aportó las traducciones de los afectados.
2.2. Expediente de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-03527-00
30. El señor Efraín Alberto Ángel González solicitó al juez constitucional que ampare
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva
y a elegir y ser elegido, de los «titulares que fueron desconocidos» por la Sección
Quinta del Consejo de Estado; que deje sin efectos la sentencia del 3 de abril de 2025
emitida dentro del expediente con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00; y,
en consecuencia, que se emita una nueva sentencia en la que se nieguen las
pretensiones de la demanda electoral.
31. Lo anterior, para restablecer los derechos fundamentales de la colectividad política
Centro Democrático, así como de los demás partidos que unieron fuerzas para apoyar
la candidatura del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez a la gobernación del
departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el
periodo 2024-2027.
32. De forma subsidiaria, pidió que, debido a los protuberantes errores
procedimentales que ocurrieron en el trámite judicial electoral, se ordene a la Sección
Quinta del Consejo de Estado retrotraerlo para subsanar las irregularidades, como
medidas de protección del partido político Centro Democrático y los demás partidos
y/o movimientos que participaron de la colación.
33. Como fundamento de su pedimento, resumió las actuaciones surtidas dentro del
proceso electoral y judicial y afirmó que la reforma de la demanda ordinaria desconoció
lo previsto en el artículo 278 de la Ley 1437 de 2011; que el auto del 11 de julio de
2024 incumplió lo dispuesto en el artículo 182 ibidem en relación con la procedencia
para emitir sentencia anticipada; y que se realizó una indebida valoración probatoria.
34. Destacó la importancia del derecho fundamental al voto, adujo su vulneración con
la sentencia del 3 de abril de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y
sostuvo que el requisito de relevancia constitucional en el caso concreto se
fundamenta en la transgresión de las garantías del movimiento político Centro
Democrático.
35. Como causales específicas de procedencia, manifestó que la autoridad accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 277 de la Ley 1437
de 2011. En particular, argumentó que la demanda ordinaria no fue debidamente
notificada mediante aviso a los partidos y movimientos políticos que tenían interés,
motivo por el que otro tipo de notificaciones no subsanaban dicha irregularidad y que,
en consecuencia, se debió declarar la terminación del proceso por abandono. Por lo
tanto, expuso lo siguiente:
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Se tiene entonces, que, el señor NICOLÁS IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ se inscribió
como candidato a la Gobernación del departamento de San Andrés para el periodo
constitucional 2024-2027, por la coalición denominada “Avanzar es Posible” integrada
por los partidos políticos: Liberal Colombiano, Cambio Radical, Centro Democrático y
Conservador Colombiano, a los cuales, conforme con la norma señalada, se les debió
notificar de la demanda en los términos preceptuados en el literal e) del artículo 277 de
la Ley 1437 de 2011 a cargo de la parte demandante, sin que se hubiera cumplido con
tal mandato legal […].
[…]
Por todo lo anterior, se concluye que existe una violación directa de la Constitución con
el contenido del fallo del 3 de abril de 2025, por cuanto en él se efectuó un análisis formal,
que no se compadece con la naturaleza de los asuntos electorales, en los que por su
naturaleza, no solo están de por medio los derechos del elegido popularmente, sino
también los de los 20.363 electores, así como el de los partidos y movimientos políticos
que acompañamos el proyecto político, lo cual debe llevar a determinar cuál ha sido el
peso de la anomalía para la democracia en Colombia, y en los casos como este, existía
autorización expresa y libertad total para apoyar a los aspirantes de los partidos de
coalición y de adhesión, siendo una directriz clara y precisa, dada por la organización
política durante el desarrollo de la contienda electoral en la que fue elegido el legítimo
Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el periodo constitucional
2024-202751.
2.3. Trámite procesal impartido a las solicitudes de amparo
36. El escrito de amparo con radicado núm. 2025-02691-00 correspondió al despacho
del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, autoridad que, en auto del 12 de mayo de 202552,
admitió la acción, vinculó a los señores Nicolás Iván Gallardo Vásquez, César Daniel
Casto Muñoz, Vanesa Ruiz Gueto, Saúl Valencia de la Cruz, Suany Sofía Torres
Saltos, Carlos de Alba Padilla, Luz Dary Rodríguez Cardona, Jill Lucia Palacio
Gonzales, José Manuel Cañate Márquez, Richard Nicolás Martínez Olivera, al Partido
Colombia Renaciente, Partido Nuevo Liberalismo, Partido Liberal Colombiano, Glesy
Bent Forbes, Partido Cambio Radical y al Consejo Nacional Electoral; negó la medida
provisional solicitada; y requirió el expediente ordinario.
37. En particular, consideró que no se demostró que negar la medida cautelar
generara un perjuicio irremediable que hiciera indispensable su concesión antes de
que se decidiera la tutela de fondo, y que, «concederla equivaldría a anticipar el
resultado»53.
51 Se transcribe incluso con errores de texto.
52 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 4, certificado 99FB6F5A269B3355
30BBDF57DA89E13 388133D231202FD7 58CA2B1D9AD92322.
53 En el auto del 12 de mayo de 2025, el magistrado ponente expuso las siguientes consideraciones para negar la
medida provisional solicitada por la parte tutelante:
«Si bien, la parte actora invoca la afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, de elegir y ser elegido e igualdad, es importante destacar que, no se ha demostrado que
la negativa de la medida provisional genere un perjuicio irremediable que haga indispensable su concesión antes
de resolver el asunto de fondo. En efecto, la solicitud de suspensión del fallo emitido por el Consejo de Estado,
Sección Quinta en el medio de control de nulidad electoral persigue el mismo propósito que la pretensión principal
de la acción de tutela, lo que desvirtúa el requisito del periculum in mora. En consecuencia, concederla equivaldría
a anticipar el resultado del proceso sin un análisis de fondo sobre los defectos alegados.
Se resalta que, la medida provisional no es el escenario procesal para resolver de manera anticipada el asunto de
fondo, pues, el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se
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38. Por su parte, el escrito de tutela con radicado núm. 2025-03527-00 fue asignado
al despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, de la Sección Primera del
Consejo de Estado, autoridad que remitió el expediente al despacho del magistrado
Jorge Edison Portocarrero Banguera, en auto del 10 de junio de 202554, para su posible
acumulación al expediente núm. 2025-02691-00.
39. En consecuencia, el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera dictó auto el
18 de junio de 202555, en el que acumuló la acción de tutela con radicado núm. 2025-
03527-00 al trámite con radicado núm. 2025-02691-00, puesto que encontró que había
identidad de objeto, causa y parte pasiva entre ambos escritos de amparo.
2.4. Intervenciones
40. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del magistrado ponente
de la sentencia reprochada, informó de la existencia de la tutela con radicado núm.
11001-03-15-000-2025-02206-00 en la que, según afirmó, se discuten hechos
similares a los expuestos en el escrito de amparo que presentó la señora Kimberly
Torres Saltos.
41. Por otra parte, explicó que el proceso de nulidad electoral es un juicio de legalidad
objetivo que se realiza para mantener el ordenamiento jurídico y materializar los
principios democráticos y participativos en el Estado social de derecho, de manera que
a aquel trámite comparece como demandado la persona elegida, para que defienda
su elección, y como terceros intervinientes los habitantes que estén interesados en
respaldar a las partes.
42. En tal sentido, adujo que, en el caso concreto, la comunidad raizal no es el
demandado y, aunque tenga interés, en el proceso electoral no se debaten sus
derechos como en las acciones populares. Ahora bien, destacó que el señor Nicolás
Gallardo Vásquez compareció a través de su apoderado en lenguaje castellano, de
modo que no se advierte la vulneración del acceso a la administración de justicia.
43. En relación con la señora Doralba Matilda Newball, expuso que, dado que la cédula
que presentó estaba «suscrita», evidenció que tenía la capacidad de escribir, razón
por la que le indicó que, si lo quería, podía presentar un memorial en esa forma. Frente
al señor Dagoberto Bowie, reiteró que el artículo 104 del Código General del Proceso
establecía que las intervenciones debían ser en idioma castellano. Aseguró que la
anterior determinación la tomó, no con el ánimo de realizar alguna discriminación, sino
en atención a que el demandado no era la comunidad raizal.
44. Agregó que los señores Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie en todo caso
no recurrieron el auto del 11 de julio de 2024 y no intervinieron con posterioridad en el
proceso judicial electoral. En cuanto a la traducción aportada al expediente por la
requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un
derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final10.
Es oportuno precisar que, la medida cautelar no fue establecida para obtener una decisión anticipada sobre el
derecho fundamental que se pretende amparar, sino que, por el contrario, fue instituida con la finalidad de
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la posible sentencia de amparo».
54 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-03527-00, índice 4, certificado 505928E4C5520EF8
938BA2956BE1A03A 9F4C5AF552485AFF 73472137E9CE7B6B.
55 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-03527-00, índice 10 certificado 505928E4C5520EF8
938BA2956BE1A03A 9F4C5AF552485AFF 73472137E9CE7B6B.
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apoderada de la parte demandada, refirió que no se trató de un documento
independiente ni registró quién lo suscribió, razón por la que no tenía certeza de su
autoría, de que el video fue en lenguaje de señas y de que el respectivo memorial fuera
escrito en creole.
45. Destacó que en el índice 95 del expediente en la plataforma Samai, obra oficio del
Cendoj en el que comunicó que no contaba con profesionales especializados en
lenguaje de señas o nativas, y que, ante la inactividad de los interesados, no requirió
la traducción de memoriales.
46. Frente a los videos aportados por la parte demandante al proceso ordinario, afirmó
que fueron incorporados de manera oportuna y que rechazó los reparos relacionados
con la tacha de falsedad, en particular, dado que no se cumplió con el requisito de que
se explicara en qué consistió dicha falsedad y porque no se desacreditó que la imagen
y la voz correspondiera a las del demandado. Por último, aseguró que valoró bajo la
sana crítica las referidas pruebas, en conjunto con el restante material probatorio. Pidió
que se declarara la improcedencia de la acción, o, en su defecto, se negara, pues no
incurrió en los defectos alegados56.
47. El Consejo Nacional Electoral afirmó que no tiene legitimación en la causa por
pasiva, puesto que los hechos y las pretensiones de la tutela no guardan relación con
sus competencias sino con las de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por esta
razón, se opuso a la solicitud de amparo y pidió que se declare su desvinculación del
trámite constitucional57.
48. El partido político Nuevo Liberalismo respondió que, en los términos expuestos
en el escrito de tutela de la señora Kimberly Torres Saltos, la autoridad accionada
transgredió derechos procedimentales, toda vez que admitió las reformas de la
demanda electoral pese a que el artículo 93 del Código General del Proceso permite
esta modificación por una sola vez, y tuvo dentro de las pruebas un video que no
existió. Cuestionó el debate probatorio efectuado en el proceso ordinario y otras
decisiones dictadas por el juez natural58.
49.Indicó que la sentencia del 3 de abril de 2025 fue emitida sin la totalidad de los
magistrados necesarios para debatir el asunto y con la aclaración de uno de ellos,
motivo por el que fue inconstitucional. Aseguró que se configuró un defecto fáctico y
que el fallo viola, no solo derechos fundamentales del gobernador elegido, sino de la
comunidad raizal.
50. La Misión Archipiélago de San Andrés afirmó que la sentencia objeto de reparos
vulneró los derechos fundamentales del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como
gobernador electo, por lo que pidió que se concedan las pretensiones de amparo.
Expuso que la demanda ordinaria no debió prosperar porque no se demostró que el
56 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 9, certificado 0CCFAC04A507DCF0
D540348690E3CDA7 C184B2B5869B68F3 5C4B7960597E746A.
57 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 12, certificado 24691A8AC6D6D5DB
920E188393FF69F7 C8413621C8246DA0 280DD2CF7056B778.
58 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 13, certificado 40D248CA62D880F6
8D5E021C2FE272A6 37DF8A1E71F2708F 0AFDF2D8451ABB70.
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Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
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candidato hubiera incurrido en falta a la ley que hubiera justificado la anulación de su
elección59.
51. Sostuvo que para la comunidad raizal fue una sorpresa la decisión de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, ya que las dudas debían ser resueltas a favor del
demandado, con mayor razón, al tener en cuenta que no se recaudó una «prueba
extra» o experticia técnica que permitiera comprobar la autenticidad de aquellas
aportadas al proceso judicial electoral. Pidió que se accedan a las pretensiones de
amparo para evitar un perjuicio irremediable con el nombramiento de un gobernador
por parte del presidente de la República que no conozca los problemas de la región.
52. Posteriormente, presentó memorial en el que desistió de su intervención60.
53. El Partido Liberal Colombiano indicó61 que le asiste razón a la señora Kimberly
Torres Saltos en cuanto a que la comunidad raizal del archipiélago son sujetos de
especial protección, razón por la cual consideró que el magistrado ponente de la
Sección Quinta de esta corporación debió dar aplicación a la abundante normativa que
reconoce la lengua nativa.
54. Citó las leyes 74 de 1968, 22 de 1981, 12 de 1991, 22 de 1991, 115 de 1994, 397
de 1997 y 1381 de 2010, los decretos 804 de 1995 y 1166 de 2016 y sentencias de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado en las que se estudiaron casos sobre la
importancia del idioma materno de los involucrados.
55. Insistió en la importancia constitucional de la no discriminación y el respeto por la
diferencia en el lenguaje, asunto que concierne a los derechos de toda la comunidad
raizal, motivo por el que la autoridad accionada debió permitir la intervención de
terceros en creole.
56. Por otro lado, controvirtió el debate probatorio relacionado con las pruebas
periciales, la tacha de falsedad y el material videográfico y aseguró que la Sección
Quinta de esta corporación impuso cargas desproporcionadas al demandado, realizó
una indebida valoración de dicho material e incurrió en un yerro, por lo que las
pretensiones de amparo estaban llamadas a prosperar.
57. El señor Trujillo Nelson Duffis, por conducto de apoderado judicial, miembro de
la comunidad raizal que solo se comunica en su lengua creole, presentó memorial (en
castellano) en el que se adhirió a los argumentos de la tutela interpuesta por la señora
Kimberly Torres Saltos. Cuestionó que el proceso electoral se haya adelantado solo
en lenguaje castellano pese a que es de trascendencia para el pueblo nativo, lo cual
constituyó una barrera insuperable para los interesados que no dominan el español.
58. Invocó los derechos a la participación y al respeto del idioma raizal como legado
cultural, a elegir y ser elegido, a la no discriminación como derecho humano y al debido
proceso, en sus dimensiones a la publicidad, a la defensa y a la contradicción. Destacó
59 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 14, certificado 36179090CAFCD989
D80D96F5D01B335C A5708BEF75E82EB2 BA6284225741D463.
60 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 16, certificado 60F9E704CF751258
AFBF1A88EA6093ED 510A2064A8E443A2 54257730AD649271.
61 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 18, certificado 97FC3EBD76B3BAA5
2AC99B00DD32AA3E 3B6505355154C55F 9B6E47FFC0A25C99.
14
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02691-00
Acumulado: 11001-03-15-000-2025-03527-00
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
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la importancia del lenguaje creole y sostuvo que en el proceso de nulidad electoral no
solo está en discusión las garantías del gobernador sino de todos sus votantes.
59. Solicitó que se amparen de sus derechos y los de la comunidad raizal, que se
ordene a las autoridades judiciales y administrativas que adopten las medidas
necesarias para garantizar el lenguaje del archipiélago, entre ellas, un protocolo
lingüístico por parte del Consejo Superior de la Judicatura en el que se reconozca un
enfoque intercultural, y que se regrese el proceso ordinario con radicado núm. 2023-
00103-00 a la etapa de admisión62.
60. Finalmente, al expediente fueron aportados más de 120 memoriales, que
corresponden, en términos generales, a dos tipos de formatos escritos en lenguaje
creole. En el primero63, personas que afirmaron ser raizales, entre ellos la señora
Doralba Matilda Newball, solicitaron ser tenidos como coadyuvantes de la parte
tutelante y formularon las siguientes pretensiones:
1. ADMITIR esta solicitud de adhesión como actores directamente afectados, por las
decisiones adoptadas por la entidad accionada dentro del proceso de Nulidad de la
elección del Gobernador del Departamento, el cual cursa bajo el número de radicado
11001-03-28-000-2023-00103-00.
2. AMPARAR la vulneración de nuestros derechos fundamentales de acceso a la justicia,
identidad cultural, igualdad, participación política, todos consagrados en la Constitución
Política de Colombia.
3. ORDENAR que la presente acción de tutela se adelante en nuestro idioma Creole,
para garantizar que todos los adherentes a esta tutela comprendan el alcance y sentido
de lo que aquí se debate y se resuelva64.
61. En el segundo formato, quienes lo presentaron, indicaron ser perjudicados con la
decisión de anulación de la elección del gobernador y reclamaron la protección de sus
derechos como raizales65.
2.5. Trámite posterior impartido dentro del expediente de tutela
62. El despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera emitió auto, el
13 de junio de 2025, en el que designó al Instituto de Estudios Caribeños de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, traductor en el presente trámite de
tutela66.
63. En ese sentido, le ordenó al instituto que tradujera al español los escritos radicados
en lenguaje creole, para lo cual otorgó un término de 3 días contados a partir del recibo
de los respectivos documentos. Además, requirió a la Secretaría General del Consejo
de Estado para que aportara «copia digital o el hipervínculo» del expediente núm. con
radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02206-00.
62 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 73, certificado ACD0BCD116F7211F
7323CC5E2F425ADD BAF67B5B6F1FA317 9C8A12719FBA5BD3.
63
A modo de ejemplo, ver traducción de este tipo de formatos en Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-
02691-00, índice 100,
64 Se transcribe incluso con errores de texto.
65 A modo de ejemplo, ver traducción de este tipo de formatos en Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-
02691-00, índice 256,
66 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 76, certificado 99F98854DEDAD626
3293BC8F67336F78 D430BC5863F2F52A 031DC00CC8EC2E42.
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64. El señor Trujillo Nelson Duffis, a través de un segundo escrito de intervención,
mediante su apoderado, solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de
los efectos de la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, hasta que se adoptara una decisión definitiva en el trámite
constitucional, con fundamento en que dicha providencia podría conducir a la
alteración de la voluntad popular expresada en las urnas y debido a la falta de acceso
lingüístico en el proceso ordinario67.
65. El Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Caribe, informó que no cuenta con personal certificado para la traducción de
documentos en lengua creole, por lo que tendría que iniciar un proceso de contratación
para tal fin que excedería los términos de la tutela68.
66. El despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera profirió auto el 8
de julio de 2025 en el que, en atención a la comunicación del Instituto de Estudios
Caribeños, designó al Comité Lingüístico de la Secretaría de Educación del
departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como
traductor en el presente trámite, con el fin de que convirtiera al español los escritos
radicados en lenguaje creole69 y, al lenguaje creole, las providencia dictadas y que
serían emitidas en el presente asunto.
67.En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de Educación del
departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aportó los
documentos contenidos en el expediente de tutela en lenguaje creole, traducidos al
español70.
68. El despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera accedió a la
solicitud de medida cautelar, en auto del 8 de agosto de 202571, por lo que decretó
la suspensión provisional de los efectos de la sentencia del 3 de abril de 2025, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
69. Sustentó su decisión en que, según indicó, encontró acreditados los requisitos
exigidos para su procedencia. En particular, afirmó que en el proceso ordinario
electoral no se realizaron acciones afirmativas para garantizar la participación de los
miembros de la población raizal, lo que podría suponer un desconocimiento del
derecho a la identidad y el pluralismo. Agregó que:
[L]a omisión de traducir al Creole el proceso de nulidad electoral del Gobernador de San
Andrés trasciende la esfera de un simple asunto procesal para erigirse como una posible
vulneración sustantiva del derecho fundamental a la identidad cultural del pueblo raizal.
[…]
67 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 83, certificado CF287B60683405FB
64B39ABE0757055E 9DC0E455B40EC3BA 551708DA66BA2BD7.
68
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 88, certificado 9181E7451EE5DD3F
455F3B2EC04969F9 04004A99115750BD 829C0CDADFC4032E.
69 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 91, certificado 64A8553B6FDA5B6B
B4174C86CA59EF09 742F900E33F4DDE8 E2FA07F1AA83AA0C.
70 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índices 100 y 103.
71 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 108, certificado B6198F8245529DE4
C191D89588B50500 8B320DFAE32C99F5 54DC0C8A247670B7.
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[E]s necesario considerar que, entre la presentación de la solicitud de medida cautelar y
la notificación de la decisión definitiva de este trámite, es posible que acontezca una
afectación de las garantías superiores anteriormente indicadas, derivadas de la
imposibilidad que el Gobernador electo por el pueblo raizal, pueda ejercer el mandato
para el que fue elegido, pues se advierte que, el procedimiento de aprobación en Sala
de las providencias de primera y segunda instancia de tutelas, junto con sus respectivas
notificaciones, puede trascurrir un tiempo considerable (entendido dentro del contexto
de la inmediatez del mandato popular y la garantía de la identidad cultural del pueblo
raizal), de manera que, es factible que se materialice el supuesto que origina la acción
de tutela72.
70. Adujo que la medida decretada era proporcional porque buscaba evitar un perjuicio
irremediable en los derechos a elegir y ser elegido de la comunidad raizal, sin que se
ocasionara una afectación desmedida en el interés general, ni definía el resultado del
proceso electoral.
71. La Asociación Nacional de Abogados Litigantes intervino en el trámite de tutela
para manifestar que, en su concepto, la decisión proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado respetó los derechos fundamentales con una decisión motivada en
derecho y como resultado del análisis probatorio.
72. Indicó que las pretensiones de amparo debían ser rechazadas, pero que, en todo
caso, se debía ordenar la traducción de la sentencia del 3 de abril de 2025 al lenguaje
nativo del pueblo raizal, por cuanto el vicio alegado está relacionado con el principio
de publicidad de las actuaciones judiciales73.
73. El señor César Daniel Castro Muñoz se opuso a las pretensiones de amparo,
para lo cual adujo que el escrito de tutela no sustenta qué causal específica de
procedencia la acción contra providencia judicial se configuró en la sentencia del 3 de
abril de 2025, lo que implica que no esté satisfecho el requisito de una carga
argumentativa requerida, y que tampoco evidencia la vulneración de derechos
fundamentales. Indicó que la discusión de este trámite constitucional ya había sido
objeto de pronunciamiento dentro del proceso ordinario74.
74. Pidió que se declarara la improcedencia de las pretensiones de amparo, al estimar
que la tutela era utilizada para agotar una instancia adicional para reabrir el debate
resuelto por el juez natural electoral. Argumentó que se configuró una causal de
nulidad porque el auto admisorio de la tutela no le fue debidamente notificado, y que
la señora Kimberly Torres Saltos no tiene legitimación en la causa por activa dado que
no acreditó haber ejercido el derecho al voto el 29 de octubre de 2023.
75. Finalmente, arguyó que no observa de forma clara, directa y precisa la presunta
amenaza de derechos fundamentales que conllevara a la necesidad o urgencia de que
se adoptara una medida provisional.
76. Los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado
solicitaron la nulidad de la medida provisional adoptada en auto del 8 de agosto de
72 Se transcribe incluso con errores de texto.
73 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 120, certificado 35002F643072D830
A67B603EEB22B8A5 0BC2BD7AE7109F28 2254A741CF8FF17B.
74 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 124, certificado DA96F8CAC1C7629A
6845627CA4F17681 2A7881390F84F4D9 5AC5E8AC25502C41.
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2025, en razón a que el señor Trujillo Nelson Duffis no fue parte ni interviniente en el
proceso de nulidad electoral, tampoco fue reconocido en el trámite de tutela como
accionante o tercero, ni se ha precisado si actúa como representante de la comunidad
raizal o en nombre propio. Para ello, citaron la sentencia SU-329 de 2024 de la Corte
Constitucional que definió que quienes no hayan sido partes o terceros en el proceso
ordinario electoral no tienen legitimación en la causa para presentar acciones de tutela.
77. Además, argumentaron lo siguiente:
La acción de tutela fue repartida al despacho del magistrado ponente el 8 de mayo de
2025. A su vez, se surtieron otra serie de actuaciones y solamente en providencia del 8
de agosto, pero que se registra en SAMAI hasta el 26 de agosto de 2025 a las 19:17:34,
se decreta la medida provisional que ahora se cuestiona.
Bajo esta consideración, es de señalar que han transcurrido cerca de cuatro (4) meses
desde la presentación del escrito hasta la fecha.
[…]
En conclusión, la urgencia planteada se desvirtúa con la mora en el trámite de la tutela
que es de casi cuatro meses, sin contar la demora entre la fecha del auto que decreta la
medida cautelar (8 de agosto del 2025) y los veinte días transcurridos hasta su
notificación75.
78. Por otra parte, los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de
Estado explicaron que, como se observa en el expediente ordinario en la plataforma
Samai, el proceso electoral se encuentra ante la Sección Primera de esta corporación
desde el 14 de mayo de 2025 pendiente de que sea resuelta la recusación presentada
contra estos, de manera que no se configura un perjuicio irremediable y actual que
requiera la intervención inmediata del juez constitucional en la medida en que el fallo
del 3 de abril de 2025 no está surtiendo efectos para que sea objeto de suspensión.
79. Por último, solicitaron que se adoptara «prontamente» sentencia dentro del trámite
constitucional de tutela, al tener en cuenta el término perentorio de 10 días previsto en
el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 para tal fin76.
80. El señor Dagoberto Bowie Mcnish intervino en el presente trámite77, mediante
memorial escrito en lenguaje creole que fue traducido al español por la Secretaría de
Educación del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en el que manifestó que sus derechos fundamentales a la participación
efectiva, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia fueron vulnerados
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
81. Afirmó que el proceso de nulidad electoral del gobernador fue tramitado por
completo en lenguaje castellano, lo cual constituyó un impedimento para ejercer su
derecho a la participación, pues presentó un memorial en su lengua materna y oficial
del archipiélago, con fundamento en el artículo 13 constitucional, que reconoce y
75 Se transcribe incluso con errores de texto.
76 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 126, certificado 63D9D6F3BC2430AD
9386DD7A977D4B9E CAFED51F7C7CA8B5 CB48DB80B51CF59A.
77 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 131, certificado A0522B62684FD876
E9FE769C5EE6D0D2 898E554904C7FCC0 143A100DFB4F33B1, escrito traducido al español contenido en el
índice 152.
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protege la diversidad étnica y cultural al que no se le dio trámite. Arguyó que el auto
del 11 de julio de 2024 no se le notificó en creole, por lo que «apenas [se] entera de
dicha actuación».
82. Destacó que los procesos electorales reconocen la realidad cultural porque los
tarjetones electorales son impresos en creole, por orden del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; no obstante, en sede judicial se exigió a la comunidad lo contrario y se
les obligó a presentar documentos en castellano, situación que desconoció la Ley 2471
de 202578. Para lo anterior, citó y abordó normas constitucionales sobre la protección
de la diversidad cultural y la no discriminación. Por las razones expuestas, formuló las
siguientes pretensiones:
1. Admitir su adhesión a la tutela al trámite como directamente afectado, en
particular, con el auto del 11 de julio de 2024.
2. Amparar sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, a la identidad cultural, a la igualdad y a la participación política.
3. Ordenar que el trámite de tutela sea adelantado en idioma creole.
4. Disponer que la Sección Quinta del Consejo de Estado reciba, tramite y
responda escritos en creole y provea la traducción oficial sin imponer el
ciudadano cargas adicionales, para lo cual deberá retrotraer el proceso con
radicado núm. 2023-00103-00 hasta antes de la etapa de admisión.
5. Ordenar que sean adoptadas medidas estructurales con el fin de garantizar la
participación efectiva de la comunidad raizal en procesos judiciales79.
83.En atención a los escritos presentados en lenguaje creole, el despacho del
magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera emitió auto el 17 de septiembre de
202580 en el que remitió, por Secretaría General de esta corporación, los respectivos
documentos a la Secretaría de Educación del departamento del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina para que los tradujera.
84. Los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado
reiteraron la solicitud de anulación de la medida cautelar decretada y de impulso
procesal, dada la importancia en el caso particular de que el juez constitucional se
pronuncie de fondo para garantizar la naturaleza sumaria y preferente de la acción de
tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales y el interés de todas
las partes involucradas81. En concreto, expuso lo siguiente:
Ante la dilación excesiva, nos preocupa que se desnaturalice la acción de tutela, por lo
que solicitamos se prescinda de trámites innecesarios para la definición de la
legitimación en la causa propuesta en los precisos términos previstos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-329 del 2024; además, que se resuelva prontamente
78
Por medio del cual se establece la cátedra de la afroraizalidad en el departamento archipiélago de San Andrés,
providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones.
79 Se transcribe incluso con errores de texto.
80 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 146, certificado A3985D04435E4C71
7BE438A82072194E AFE45C4DEF53196F E11343280ED08E55.
81 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 210, certificado BE6CC316F2608176
A6B0E105FA34148D 81AE4612AA8BC20D 394D82D057518BAF.
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para evitar que la duración de esta acción, que se insiste, es preferente y sumaria, resulte
incluso superior a la fijada por la Constitución Política para la nulidad electoral82.
85. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera dirigió oficio a la secretaria
general del Consejo de Estado, el 1 de octubre de 2025, en el que le solicitó que
rindiera un informe detallado sobre el trámite surtido en el expediente de tutela 83. En
cumplimiento de esta orden, se allegó el informe requerido en la misma fecha84.
86. Al respecto, los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado
presentaron memorial85 en el que manifestaron que el informe requerido a la Secretaría
General de esta corporación «reposa en el sistema SAMAI en el link que obra a pie de
página1 donde además se aprecia que los documentos pedidos ya fueron
incorporados al trámite constitucional», por lo que consideraron innecesario el
mencionado informe ya que no se enfocaba en resolver oportunamente las peticiones
formuladas de nulidad de la medida cautelar y de impulso procesal.
87. Reiteraron que el estudio de la legitimación en la causa de las partes constituye
un deber de los jueces que no puede estar supeditado a trámites dilatorios que «solo
contribuyen» a mantener vigente una medida cautelar dictada «a instancias de quien
no está facultado para solicitarla».
88. En esos términos, insistieron en la necesidad de que se adoptara una decisión que
en derecho corresponda, al tener en cuenta que la tutela fue instaurada el 8 de mayo
de 2025, esto es, «ad portas de cumplir cinco meses en trámite», lapso alejado del
previsto en las normas sobre la materia para este mecanismo constitucional que
termina desnaturalizándolo.
89. El despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero dictó auto el 3 de octubre
de 202586, en el que negó las solicitudes de nulidad presentadas por el señor César
Daniel Castro Muñoz y por la Sección Quinta del Consejo de Estado; negó la petición
de aclaración formulada por el señor Trujillo Nelson Duffis del auto del 17 de
septiembre de 2025; y ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado que
remitiera copia de la providencia al Comité Lingüístico de la Secretaría de Educación
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para su
traducción.
90. Como sustento de su decisión, la autoridad judicial adujo respecto de la falta de
notificación del auto admisorio al señor César Daniel Castro Muñoz, que esa situación
se superó desde el momento en que presentó la solicitud de nulidad, además de que,
en todo caso, contestó la demanda de tutela y propuso argumentos y excepciones que
serán resueltos en la sentencia de primera instancia.
82 Se transcribe incluso con errores de texto.
83 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 220, certificado 76D3455F16C7C00E
24E60F39EC0928ED 696FF13A5426CDE2 A7CE349021A37ED8.
84 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 225, certificado BCCBD71E8B0145DE
FB127A36570BBF47 1A5B25A5FB32B78C FFE0E3D3F7CCD248.
85 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 233, certificado 5C1C35B6C0884687
B23424B5CE52E984 56A7DF5414FFEBDD B32E4D2F5DDC9382.
86 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 238, certificado E19A78DF28B06E73
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91. Por otra parte, indicó que el análisis de legitimación para intervenir en acciones de
tutela no puede ser rígido ni descontextualizado cuando se involucran comunidades
étnicas minoritarias que han enfrentado barreras lingüísticas y culturales que
históricamente han limitado el acceso a escenarios judiciales.
92. Consideró que la rigidez en la aplicación de la sentencia SU-329 de 2024
desconoce los mandatos constitucionales sobre la igualdad y la obligación de adoptar
un enfoque diferencial a comunidades excluidas históricamente, en especial, al tener
en cuenta que la falta de participación en el proceso electoral se debió a una barrera
estructural. En ese orden, refirió lo siguiente:
Por lo tanto, aplicar en este caso la regla de unificación allí definida, resulta
desproporcionado y en contra del ordenamiento jurídico superior, toda vez que,
precisamente, la medida cautelar adoptada se orienta a garantizar los derechos del
pueblo raizal a su identidad cultural, participación política y de elección de sus
representantes y gobernantes, evitando la materialización del riesgo antes de la emisión
del fallo que ponga fin a la acción.
[…]
Lo anterior, comoquiera que, el peso específico de las garantías culturales y lingüísticas
del pueblo raizal prevalece, y debe predominar, sobre la aplicación rígida de la regla de
legitimación en la causa por activa en acciones de tutela. Negar a los raizales la
posibilidad de cuestionar, ante el juez de amparo constitucional, una decisión que
presuntamente fue adoptada en un escenario caracterizado por barreras de acceso y
que, se acusa, tiende a afectar sus derechos a la identidad cultural, igualdad material y
de representación política, equivaldría a mantener, en sede de tutela, una exclusión
histórica injustificada87.
93. Frente al argumento de ausencia del requisito de urgencia, el despacho afirmó que
honra los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991 y que no estaba de acuerdo
en que la tutela tuviera una dilación excesiva, puesto que, en su criterio, se desconocía
la realidad judicial y las «patentes y robustas complejidades» que caracterizan el
ejercicio del mecanismo de amparo por parte de múltiples integrantes del pueblo raizal.
94. Sintetizó las actuaciones surtidas en el expediente de tutela, citó parte del informe
rendido por la Secretaría General de esta corporación y abordó principios contenidos
en la Ley 270 de 1996, y sostuvo que no se observaba una dilación injustificada, pues
todas las gestiones adelantadas encuentran su finalidad en el cabal cumplimiento de
normas de derecho sustancial que privilegian y aseguran la efectividad del derecho al
acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, expresó lo siguiente:
Ergo, si bien en este caso se ha hecho necesario ordenar la traducción de múltiples
memoriales y, ese ejercicio, que no resulta sencillo ni de fácil consecución, ha alterado
el curso normal de la acción, dicha situación no resulta caprichosa ni arbitraria, pues,
precisamente, se encamina a posibilitar que los raizales intervinientes puedan concurrir
a este proceso en igualdad material de condiciones que la autoridad judicial accionada.
La preservación de ese equilibrio resulta inexorable y comprende la atribución de dictar
medidas cautelares como dispensada en el auto de 8 de agosto de 2025, y, contrario a
lo manifestado por la Sección Quinta de esta Corporación, su necesidad se encuentra
justificada por el mayor tiempo que tomó adelantar el trámite con todas las garantías, y,
87 Se transcribe incluso con errores de texto.
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resulta urgente, dadas las particulares calidades del pueblo raizal del Departamento de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la potencialidad de aplicación de la sentencia
suspendida, una vez quede ejecutoriada, asunto que no corresponde vigilar a este
Despacho88.
95.Por último, indicó que el auto del 17 de septiembre de 2025 no contiene apartes
que ofrezcan duda y que ameriten ser aclarados.
96. El despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera registró proyecto
de fallo para ser discutido por la Sala el 15 de octubre de 2025, como consta en el
índice 268 del expediente de tutela en la plataforma Samai.
97. Así, una vez discutido el asunto, el 20 de octubre 2025 los demás integrantes de
la Sala rindieron informe por escrito ante el despacho del ponente, sin embargo, en
atención a que el proyecto no alcanzó la mayoría de los votos necesarios para ser
aprobado, el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera dictó auto de cúmplase
de la misma fecha, en el que ordenó a la Secretaría General que remitiera el
expediente de tutela a la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo para lo de su
competencia.
98.Finalmente, el expediente ingresó formalmente al despacho de la magistrada
ponente, el 20 de octubre de 2025, a las 16:53 p. m. (índice 276 en Samai).
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
99. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de las solicitudes de
amparo interpuestas por los señores Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel
González contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Cuestión preliminar
100. Antes de estudiar el cumplimiento de los requisitos generales en el caso concreto,
es preciso advertir que el auto del 18 de junio de 2025 acumuló el expediente de tutela
con radicado núm. 2025-03527-00 al trámite constitucional con radicado núm. 2025-
02691-00; no obstante, no resolvió sobre la admisión del escrito de amparo interpuesto
por el señor Efraín Alberto Ángel González.
101. Al respecto, la Sala considera que dicha situación no impide emitir sentencia de
primera instancia, toda vez que las partes y los terceros involucrados con ambos
escritos de amparo son los mismos, pues comparten la pretensión de dejar sin efecto
la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en el proceso electoral, y todos estos fueron vinculados al trámite de tutela con
radicado núm. 2025-02691-00 con el auto admisorio dictado el 12 de mayo de 2025.
102. En ese orden, cabe destacar que, con la notificación de los autos del 8 de julio, 8
de agosto y 1, 3 y 20 de octubre de 2025, las partes y los terceros vinculados tuvieron
88 Se transcribe incluso con errores de texto.
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conocimiento del escrito de tutela que presentó el señor Efraín Alberto Ángel González,
puesto que, en esas providencias, que incluso fueron traducidas al creole, se hizo
referencia textual a la acumulación de expedientes en el encabezado de cada una, sin
que manifestaran inconformidad alguna.
103. Lo anterior también es posible evidenciarlo con los memoriales presentados por
algunas de las partes y de los terceros intervinientes, como la Sección Quinta del
Consejo de Estado en su condición de autoridad accionada, que reconocieron
expresamente la acumulación de tutelas y la existencia de Efraín Alberto Ángel
González como demandante.
3.3. Problema jurídico
104. En atención a los argumentos expuestos por algunos de los intervinientes en el
trámite de la tutela y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, corresponde a la
Sala analizar, por un lado, si los señores Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel
González tienen legitimación en la causa por activa, y por otro, si la tutela supera los
requisitos generales de procedibilidad definidos por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional al pretenderse controvertir una providencia judicial.
105. En caso afirmativo, la Sala deberá estudiar si la Sección Quinta del Consejo de
Estado incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y en violación directa de la
Constitución Política durante el trámite del proceso con radicado núm. 11001-03-28-
000-2023-00103-00 y, en consecuencia, si vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y a elegir y ser elegido.
106. Para ello, primero, expondrá consideraciones atinentes a la legitimación en la
causa por activa, a las facultades de los coadyuvantes y a los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela interpuesta contra providencia judicial. Luego, resolverá lo
pertinente sobre las solicitudes de amparo presentadas por los señores Kimberly
Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González, de manera separada, ya que, aunque
comparten la pretensión de dejar sin efecto la sentencia del 3 de abril de 2025, lo cierto
es que contienen argumentos disímiles.
3.3.1. Legitimación en la causa por activa
107. La legitimación por activa en este trámite constitucional tiene fundamento en el
artículo 86 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran
amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los
particulares, podrá interponer acción de tutela a través de un representante o en
nombre propio89.
108. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que
la acción de tutela es un mecanismo al que puede acudir directamente la persona que
considera vulnerado un derecho del cual es titular, o a través de apoderado judicial,
89 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad.
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para lo cual se debe presentar el respectivo poder90. Además, prevé la posibilidad de
que terceros agencien derechos ajenos, cuando «el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa».
109. En lo que respecta a la legitimación por activa cuando se invocan los derechos
fundamentales a la representación política y a elegir y ser elegido vulnerados por
autoridades distintas a las judiciales, la Corte Constitucional indicó en la sentencia T-
1337 de 2001 que basta con que se cumplieran dos condiciones: i) que se haya
ejercido el derecho al voto; y ii) que se haya ejercido en la respectiva circunscripción
electoral; postura reiterada en sentencias T-358 de 2002, T-516 de 2014 y T-066 de
2015.
110. La anterior regla sobre la legitimación en la causa por activa en trámites de tutela,
el alto tribunal la aplicó en la sentencia SU-213 de 2022, en la que estudió la posible
vulneración de derechos con ocasión de la sentencia del 3 de diciembre de 2020
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la
elección del entonces alcalde del municipio de Girón (Santander).
111. Sin embargo, la Corte Constitucional rectificó su jurisprudencia en la sentencia SU-
329 de 2024, para precisar que la regla establecida en el fallo T-1337 de 2001 rige
para tutelas interpuestas para la protección de los derechos fundamentales a la
representación política y a elegir y ser elegido vulnerados por parte de una entidad
distinta a las autoridades judiciales. También determinó lo siguiente:
[L]a acción de tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional. Esto quiere
decir que, en lo que a la legitimación en la causa por activa se refiere, el estudio que
debe realizar el juez de tutela es estricto, en el sentido de que, en principio, una
providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes. Esto
implica que, en principio, sólo quienes participaron dentro del correspondiente proceso
judicial, o aquellos que debiendo haber sido llamados al trámite no lo fueron, estarían
legitimados para reclamar la vulneración de sus garantías fundamentales a causa de
una decisión judicial.
[…]
Quinto, quienes participaron en el proceso de nulidad electoral en calidad de
demandados, demandantes o de terceros, son los titulares de los derechos que
eventualmente se puedan ver conculcados en ese proceso. En consecuencia, son ellos
quienes tienen legitimación en la causa para presentar la acción de tutela contra la
decisión adoptada por el juez.
112. En ese orden, resulta claro que, en virtud de lo previsto por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, por regla general, tienen legitimación en la causa por activa para
controvertir en tutela una decisión judicial proferida en un proceso de nulidad electoral,
los que hayan sido demandantes, demandados o terceros en el referido proceso
judicial.
113. Ahora bien, es preciso recordar que la anterior regla debe ser interpretada en el
entendido de que la legitimación en la causa por activa es un requisito de procedibilidad
90 Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de
tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender
hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
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necesario y esencial para decidir de fondo los cargos de un escrito de amparo, que
exige, en todo caso, que quien acuda al juez constitucional sea el titular de los
derechos fundamentales que se aducen como vulnerados, lo cual debe quedar
acreditado, incluso, si el accionante fue parte o tercero dentro del proceso ordinario en
el que se emitió la providencia acusada91.
114. En cuanto a la agencia oficiosa, es preciso destacar que está cimentada en los
principios de eficacia de los derechos fundamentales, de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas y de solidaridad, y que tiene como requisitos para su
procedencia excepcional: i) la manifestación o inferencia de que el agente actúa en tal
condición; y ii) la imposibilidad del agenciado de acudir de manera directa ante la
administración de justicia92.
115. Respecto del segundo requisito, el juez de tutela debe ser flexible al momento de
analizar la prueba de la imposibilidad, lo que implica que existe libertad probatoria, que
la imposibilidad puede inferirse de los hechos narrados y que la autoridad judicial debe
desplegar sus atribuciones constitucionales para establecer la certeza de las
afirmaciones en relación con la capacidad del titular para defender sus derechos93.
116. De acuerdo con la Corte Constitucional, la imposibilidad puede presentarse, entre
otros escenarios, «por “circunstancias físicas, como la enfermedad”, “razones
síquicas” que hubieren afectado el estado mental del accionante, o un “estado de
indefensión que le impida acudir a la justicia”»94.
3.3.2. De la coadyuvancia en asuntos de tutela
117. En los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la persona que tuviere
un interés legítimo con el resultado del trámite de tutela podrá intervenir como
coadyuvante del actor95 o de la persona o autoridad a quien se le atribuya la
vulneración96.
118. En tal sentido, los coadyuvantes son terceros que no reclaman un derecho propio
para que sea definido por el juez constitucional, sino un interés personal en la suerte
de la pretensión de alguna de las partes por tener con esta una relación sustancial
«ajena a los efectos de la sentencia, pero que indirectamente puede verse afectada si
la parte coadyuvada obtiene un fallo desfavorable»97.
91 Corte Constitucional, sentencia T-461 de 2021.
92 Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2021.
93 Corte Constitucional, sentencias T-720 de 2016 y T-729 de 2017.
94 Ibidem.
95 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2012.
96 ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que
se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
97 Corte Constitucional, sentencia SU-326 de 2022.
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119.La Corte Constitucional indicó frente a este asunto en la sentencia SU-067 de
2022 que el coadyuvante no puede formular pretensiones propias o argumentos
nuevos o distintos de la parte que ayuda:
Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que se
transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la
coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando este
título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra
de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las
facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la
esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de
segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»
De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que
el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del
derecho en litigio». De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se
encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución
procesal que permite su intervención en la causa judicial.
[…]
Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los
siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa
calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela,
se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […],
razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión,
se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará
respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta».
120. En los términos expuestos, resulta claro que en trámites de tutela es procedente
la coadyuvancia de terceros con interés, siempre y cuando sus intervenciones no estén
fundadas en pretensiones propias o argumentos nuevos o distintos de los expuestos
por la parte que coadyuvan.
3.3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
121. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado98 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso indebido de este
mecanismo constitucional99.
122. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
98 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
99 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
123. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales100 y, por lo tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras,
estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad
de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
124. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución101.
3.4. Análisis del cumplimiento de los presupuestos generales de la acción de
tutela interpuesta por la señora Kimberly Torres Saltos
125. En el asunto bajo estudio, la Sala observa que la señora Kimberly Torres Saltos
presentó tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues consideró
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y a elegir y ser elegido dentro del proceso ordinario identificado con el
radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00.
126. En concreto, en el acápite del escrito de amparo denominado «requisitos
específicos de procedencia», la señora Kimberly Torres Saltos argumentó que la
autoridad accionada no permitió que integrantes de la comunidad raizal del
departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
intervinieran en el mencionado proceso judicial en el idioma creole.
127. En consecuencia, el alegato de la tutelante se traduce en la eventual vulneración
de derechos fundamentales de los que son titulares quienes cumplen las siguientes
dos condiciones: i) que hayan intervenido en lenguaje creole dentro del proceso
ordinario; y ii) que no se les haya permitido participar en razón a que la intervención
no fue realizada en español.
128. Para lo anterior citó normas constitucionales y de derecho internacional, así como
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la protección del lenguaje creole como
identidad cultural.
129. En ese orden, es preciso mencionar que, una vez fue revisado el expediente
ordinario objeto de reparos, la Sala encontró que la señora Kimberly Torres Saltos
100 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
101 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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presentó memorial dentro del proceso ordinario con radicado núm. 11001-03-28-000-
2023-00103-00, visible en el índice 52 en la plataforma Samai, en los siguientes
términos:
130. La intervención presentada por la señora Kimberly Torres Saltos fue aceptada por
la Sección Quinta del Consejo de Estado en auto del 4 de abril de 2024, junto con las
realizadas por los señores Vanesa Ruiz Gueto, Saul Valencia de la Cruz, Suany Sofía
Torres Saltos, Carlos Serkis De Alba Padilla, Luz Dary Rodríguez Cardona, Jill Lucía
Palacio González y José Manuel Cañate Márquez.
131. Asimismo, la señora Kimberly Torres Saltos interpuso reposición contra el auto del
11 de julio de 2024 en relación con la manifestación que realizó la Sección Quinta del
Consejo de Estado en el sentido de que, si los señores Doralba Matilda Newball y
Dagoberto Bowie Mcnish lo deseaban, podían intervenir en el proceso mediante un
memorial «en idioma castellano». Recurso frente al cual, en auto del 22 de agosto de
2024, le fue declarada la falta de legitimación.
132. De lo expuesto, la Sala advierte que, si bien en atención a las reglas
jurisprudenciales de la sentencia SU-329 de 2024 de la Corte Constitucional se podría
afirmar que la señora Kimberly Torres Saltos tiene legitimación en la causa por activa
en el presente asunto, en tanto participó como tercera dentro del proceso con radicado
núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00 objeto de reparos; lo cierto es que no reúne las
dos condiciones para que sea titular de los derechos fundamentales que adujo fueron
vulnerados.
133. Así, cabe recordar que el reproche del escrito de amparo consiste en que la
Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales debido a
que no permitió la participación de integrantes de la comunidad raizal porque sus
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memoriales fueron presentados en lenguaje creole; no obstante, la señora Kimberly
Torres Saltos sí intervino en el mencionado proceso judicial, en el idioma español y
sus objeciones fueron tenidas en cuenta por la autoridad accionada.
134. Lo anterior implica que la señora Kimberly Torres Saltos no se encuentra en las
condiciones fácticas de la situación que, aseguró, vulneró derechos fundamentales y,
en esa medida, la Sala concluye que no tiene legitimación en la causa por activa.
135. Ahora bien, aunque las consideraciones expuestas son suficientes para declarar
la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Kimberly Torres
Saltos, resulta importante advertir que, de acuerdo con las actuaciones surtidas en el
proceso ordinario, a las únicas personas a las que la Sección Quinta del Consejo de
Estado no les permitió intervenir por acudir en un idioma distinto al castellano fueron
los señores Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball, pues lo hicieron,
respectivamente, en creole y en lenguaje de señas.
136. Revisado el expediente constitucional, se observa que los señores Dagoberto
Bowie y Doralba Matilda Newball acudieron al trámite en apoyo de la tutelante con
argumentos similares a los que esta expuso, aunque la segunda lo hizo de manera
muy general.
137. Sin embargo, plantearon pretensiones propias dentro de sus escritos de
intervención, lo cual excede los límites y las facultades que tienen en su condición de
coadyuvantes en los términos expuestos por la Corte Constitucional, de manera que
no es posible para el juez constitucional pronunciarse sobre la pretensión de amparo
de los derechos fundamentales de quienes no son tutelantes.
138. Bajo esta línea argumentativa, la señora Kimberly Torres Saltos no manifestó
actuar como agente oficioso de los señores Dagoberto Bowie y Doralba Matilda
Newball y tampoco se advierte alguna circunstancia que les hubiera impedido reclamar
la defensa de sus derechos fundamentales mediante el ejercicio del mecanismo de
tutela, pues incluso, llama la atención de la Sala que ambos pudieron intervenir
directamente en esta oportunidad.
139. Igual situación ocurre frente a la defensa de los derechos fundamentales del señor
Nicolás Gallardo Vásquez, que invocó la tutelante en su escrito de amparo, pues no
es su representante ni agente oficioso.
140. Además, en atención a la traducción al español de los memoriales de intervención
presentados por los señores Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball en el proceso
ordinario, aportada por la apoderada del demandado, sin pretender darles validez ni
contrariar lo considerado al respecto por la Sección Quinta de la corporación, no sobra
referir que su contenido se limitó a manifestar apoyo al señor Nicolás Gallardo
Vásquez, sin que refirieran argumentos que contribuyeran al debate judicial sobre la
configuración o no de la inhabilidad por doble militancia endilgada, ni solicitaron
pruebas en favor de la parte que pretendían coadyuvar. Por lo tanto, carecen de la
entidad necesaria para modificar el sentido de la sentencia del 3 de abril de 2025.
141. Finalmente, y no menos importante, la Sala no desconoce que en algunos eventos
la Corte Constitucional acepta la legitimación en la causa por activa de sus integrantes
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para ejercer la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad étnica, raizal
o de especial protección constitucional a la que pertenecen102.
142. Sobre este preciso punto es necesario resaltar que el alegato del escrito de tutela
no permite inferir la vulneración de los derechos fundamentales de quienes no
acudieron al proceso ordinario electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-
00103-00, de manera que no es posible admitir que la señora Kimberly Torres Saltos
solicite, en esta sede judicial, la defensa de los derechos fundamentales de toda la
comunidad raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
143. Además, los memoriales aportados por Dagoberto Bowie y Doralba Matilda
Newball al proceso ordinario, tienen similares términos que las intervenciones
realizadas por más de 170 sujetos pertenecientes a dicha comunidad, las cuales sí
fueron tenidas en cuenta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, cuyo contenido
tampoco aportó mayores elementos al debate judicial sobre la configuración o no de
la inhabilidad por doble militancia.
144. Así, la Sala no desconoce la especial protección constitucional de la comunidad
raizal como minoría étnica y de sus integrantes y la importancia que tiene el lenguaje
creole para su desarrollo; cuestión distinta es que en el presente caso no se evidencie
una conducta que pudiera atentar contra sus derechos fundamentales, y que legitime
en la causa por activa a la señora Kimberly Torres Saltos para actuar en su
representación.
145. Por otro lado, la tutelante mencionó en su escrito que, con posterioridad a la
radicación de la demanda ordinaria, el señor César Daniel Castro Muñoz aportó otras
pruebas y formuló un cargo nuevo, y que la Sección Quinta del Consejo de Estado,
«irrespetando las normas procesales que regulan el derecho electoral [y] con una tesis
bastante simplista y con falta de motivación y argumentación jurídica validó los videos
espurios», material que luego sirvió de fundamento para declarar la nulidad del
gobernador.
146. Frente a este asunto, a pesar de que la señora Kimberly Torres Saltos podría tener
legitimación en la causa por activa, la Sala observa que no están superados los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial de subsidiariedad y de
suficiencia argumentativa, puesto que, por un lado, la accionante no controvirtió los
autos que agotaron la etapa probatoria y que fijaron el litigio en el proceso ordinario.
147. Por otro lado, el reparo se limitó a hacer una consideración general que no explica,
en concreto, por qué la Sección Quinta pudo incurrir en la configuración de un defecto
específico de procedencia de la tutela contra providencia judicial al aceptar y abordar
las pruebas y argumentos formulados con las reformas de la demanda.
148. Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la tutela
interpuesta por la señora Kimberly Torres Saltos en contra de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, toda vez que carece de legitimación en la causa por activa y no
supera los requisitos de subsidiaridad y de suficiencia argumentativa.
102 Corte Constitucional, sentencia T-115 de 2021.
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3.5. Análisis del cumplimiento de los presupuestos generales de la acción de
tutela interpuesta por el señor Efraín Alberto Ángel González
149. El señor Efraín Alberto Ángel González ejerció la acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, pues consideró que en el proceso electoral con radicado
núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00 la autoridad judicial incurrió en irregularidades
en la notificación, desconoció lo previsto en los artículos 277 y 278 de la Ley 1437 de
2011, incumplió los requisitos del artículo 182 ibidem para emitir sentencia anticipada,
y valoró indebidamente las pruebas aportadas por las partes.
150. Pues bien, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional, es preciso
advertir que el señor Efraín Alberto Ángel González no participó en el proceso electoral
con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00 como demandante, demandado
o tercero impugnador o coadyuvante, motivo por el cual no tiene legitimación en la
causa por activa.
151. Lo anterior, a su vez, impide que el requisito de subsidiariedad esté satisfecho en
el caso concreto, puesto que los reparos que el señor Efraín Alberto Ángel González
debió discutirlos dentro del proceso ordinario.
152. Tampoco se cumple el requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por
activa, porque el señor Efraín Alberto Ángel González pretendió la protección de los
derechos fundamentales del partido político Centro Democrático, es decir, de los
cuales no es titular, sin aportar poder que le permitiera actuar como apoderado judicial
de dicha colectividad ni justificó ser agente oficioso.
153. En ese orden, sin necesidad de exponer mayores motivaciones, la Sala encuentra
que la solicitud de amparo que presentó el señor Efraín Alberto Ángel González debe
ser declarada improcedente, habida cuenta de que no tiene legitimación en la causa
por activa para acudir al juez de tutela para la garantía de derechos fundamentales de
los que no es titular y tampoco está superado el requisito general de subsidiariedad.
3.6. De la medida de suspensión provisional de los efectos de la sentencia objeto
de tutela
154. El despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, en auto del 8 de
agosto de 2025103, accedió a la medida cautelar solicitada por el señor Trujillo Nelson
Duffis y decretó la suspensión provisional de los efectos de la sentencia del 3 de abril
de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso
electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00.
155. Al respecto, la Sala considera que, al margen de que, en efecto, le asistiera razón
a la Sección Quinta del Consejo de Estado en cuanto a que el señor Trujillo Nelson
Duffis no tuviera legitimación en la causa por activa porque no participó en el proceso
ordinario electoral, procede ordenar el levantamiento de la medida de suspensión
provisional de los efectos de la sentencia del 3 de abril de 2025, por sustracción de
materia, toda vez que las acciones de tutela presentadas por los señores Kimberly
Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González serán declaradas improcedentes.
103Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02691-00, índice 108, certificado B6198F8245529DE4
C191D89588B50500 8B320DFAE32C99F5 54DC0C8A247670B7.
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3.7. Sobre la traducción de la presente sentencia al lenguaje creole
156. Dado que el despacho sustanciador del presente trámite constitucional dispuso,
en auto del 8 de julio de 2025, que todas las decisiones fueran traducidas al lenguaje
creole, la Sala ordenará al Comité Lingüístico de la Secretaría de Educación del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la traducción
de esta sentencia en el mencionado lenguaje.
3.8. Solicitud de desvinculación e intervenciones
157. En el escrito de intervención, el Consejo Nacional Electoral solicitó la
desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no está llamado a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
158. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que
el Consejo Nacional Electoral participó dentro del proceso en el que fue emitida la
providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela
podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.
159. Finalmente, por ser procedentes y en atención al principio de informalidad que rige
este mecanismo constitucional, la Sala aceptará las solicitudes de intervención
presentadas por terceros dentro del presente trámite de tutela.
IV. CONCLUSIONES
Por las razones contenidas en esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de
las tutelas que presentaron los señores Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel
González en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, toda vez que no
superaron los requisitos generales de legitimación en la causa por activa, de
subsidiariedad ni de suficiencia argumentativa.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del trámite constitucional que
presentó el Consejo Nacional Electoral, por las consideraciones dadas en este fallo.
SEGUNDO: ACEPTAR todas las solicitudes de intervención presentadas a favor de
las partes dentro del presente trámite de tutela.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTES las tutelas que presentaron los señores
Kimberly Torres Saltos y Efraín Alberto Ángel González contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta sentencia.
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
CUARTO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión de los efectos de la
sentencia del 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro del proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-
00, por los motivos contenidos en esta providencia.
QUINTO: ORDENAR la traducción de este fallo al lenguaje creole, en cumplimiento
de lo dispuesto en auto del 8 de julio de 2025, por conducto del Comité Lingüístico de
la Secretaría de Educación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. Para lo anterior, la Secretaría General del Consejo de Estado librará
los oficios de rigor.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
DACJ/SEJV
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