Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06749-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06749-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06749-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06749-00
Demandante: Harold Bush Howard
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otros
Temas: Debido proceso / Ausencia de ejecutoria de sentencia proferida
en medio de control de nulidad electoral
Decisión: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Harold Bush Howard, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Harold Bush Howard2 promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales «al acceso a la administración de
justicia por mora judicial, en conexidad con la violación del principio y derecho a la moralidad
administrativa» (sic), los cuales consideró vulnerados con ocasión de la falta de
ejecutoria de la sentencia proferida el 3 de abril de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, en el medio de control de nulidad electoral identificado con el
radicado 11001032800020230010300.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. El 28 de julio de 2025 radicó, a través de los correos
secr@consejodeestado.gov.co, ces5secr@consejodeestado.gov.co y
presidencia@consejodeestado.gov.co, escrito en el que advirtió acerca de
«maniobras dilatorias, abuso del derecho y mala fe procesal en el marco del proceso de
nulidad electoral del señor Nicolás Gallardo Vásquez, gobernador de San Andrés y
Providencia, fallado el 3 de marzo de 2025 (11001032800020230010300) anulando la
1 Ver ítem 2 de Samai, archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
2 Quien se identificó como «ciudadano colombiano, miembro del grupo étnico raizal del
Departamento de San Andrés, […]».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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referida elección [… ]», dirigidas a evitar su ejecución, y la realización de las nuevas
elecciones.
2.2. Lo anterior, toda vez que:
«[…] Lejos de dar ejecutoria a su propio fallo emitido desde el 3 de abril de 2025, el
Consejo de Estado ha habilitado una SEGUNDA INSTANCIA para un proceso de UNICA
INSTANCIA, a partir de una solicitud de ACLARACION DE FALLO, que ni siquiera
ameritaría el tiempo que se ha tomado para resolverlo, por cuanto al tenor del Artículo
285del Código General del Proceso no ameritaba tal aclaración porque solo es
procedente cuando éste contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de
duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en
ella, el fallo era claro únicamente en “declarar la nulidad de la elección como gobernador
del Departamento Archipiélago, del señor NICOLAS GALLARDO VASQUEZ para el
periodo 2024-2027”. Y además la sentencia no es revocable ni reformable por el juez
que la pronunció.
[…] Contrario a ello, el CONSEJO DE ESTADO ha realizado más de 135 actuaciones
entre autos, constancias, notificaciones, estados, etc. para resolver recusaciones,
recursos, tutelas, aclaraciones, consultas, peticiones, las cuales en su mayoría
corresponden a memoriales interpuestos por el señor NICOLAS GALLARDO VASQUEZ,
sus abogados, el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, sus asesores jurídicos, el señor
RICHARD MARTINEZ OLIVERA y su fundación MISION ARCHIPIELAGO, y de terceros
coadyuvantes de la defensa del gobernador, dilatando la ejecutoria de la sentencia de
nulidad mientras agotan el presupuesto del DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, con contratación leonina, ante la
expectativa de su inminente salida del cargo.
[…] En virtud de esta actuación dilatoria promovida por el gobernador NICOLAS
GALLARDO VASQUEZ a instancias de su partido político, sus abogados, su colaborador
y sus coadyuvantes, tanto el abogado demandante CARLOS ALFARO FONSECA, como
el suscrito veedor ciudadano HAROLD BUSH HOWARD, hemos tenido que solicitar al
CONSEJO DE ESTADO, que imprima la ejecutoria del fallo y que además compulse
copias a las autoridades correspondientes para que se investiguen las reiteradas y
recurrentes conductas dilatorias con las que han impedido el cumplimiento del fallo, y
con lo cual se le ha permitido, creado y tolerado una nueva instancia que no concede la
Ley para este tipo de procesos de NULIDAD ELECTORAL tramitados en este tribunal
de cierre. […]». (sic)
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Se ordene al accionado CONSEJO DE ESTADO, SECCIONES PRIMERA,
TERCERA Y QUINTA que resuelva la CONSULTA interpuesta por el demandado
gobernador NICOLAS GALLARDO VASQUEZ, en su nombre y con la representación de
sus abogados, de su PARTIDO LIBERAL, PARTIDO NUEVO LIBERALISMO y demás
coadyuvantes que elevaron SOLICITUD DE ACLARACION contra la sentencia fallada el
03/04/2025, debidamente notificada, declarando la nulidad electoral del gobernador del
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA ISLAS, para el periodo 2024-2027 dentro de un término perentorio e
improrrogable. Y en consecuencia se ordene la ejecutoria de la providencia bajo
expediente 11001032800020230010300.
2. Que se oficie al Ministerio del Interior, Presidencia de la República y Registraduría
Nacional del Estado Civil, para los fines pertinentes y lo de su competencia en cuanto a
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la convocatoria, preparación y realización de nuevas elecciones de Gobernador del
Departamento Archipiélago, tal como se desprende de la consecuente nulidad electoral.
3. Se declare la vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia por mora judicial, en conexidad con la violación del principio y derecho a la
moralidad administrativa.
4. Se ordene al accionado tomar las medidas necesarias para evitar futuras dilaciones
injustificadas en el trámite de procesos judiciales de esta naturaleza. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C3 informó que se
abstenía de rendir informe, ya que, «[a]ctualmente, el Despacho del que soy titular se
encuentra a cargo de conocer la acción de tutela n.° 11001-03-15-000-2025-06392-00,
interpuesta por Francisco Bent Santana en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado y de la Subsección B de la Sección Segunda de la misma corporación, pues, en su
concepto, no se ha garantizado la ejecución de la sentencia de nulidad electoral emitida el
3 de abril de 2025, en el marco del proceso n.° 11001-03-28-000-2023 00103-00; [autoridad
esta última,] que, […] también ha sido responsable de la violación de su garantía
constitucional, debido a que, dentro del radicado n.° 11001-03-15-000-2025-02691 002,
mediante providencia del 8 de agosto de 2025, decretó, como medida cautelar, la
suspensión provisional de los efectos del fallo que resolvió el medio de control mencionado.
[…]».
5. El Consejo de Estado, Sección Quinta4 solicitó la desvinculación del
asunto, en razón a que no realizó ninguna actuación que pueda ser generadora de
la vulneración alegada, de acuerdo con las actuaciones adelantadas en el medio de
control de nulidad electoral objeto de litis, así:
• Con sentencia del 3 de abril de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta
declaró la nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, como
gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Decisión respecto de la
cual, los partidos Liberal Colombiano y Nuevo Liberalismo; Glessy Bent Forbes y el
demandado presentaron solicitudes de aclaración y adición.
• El 25 de abril de 2025, Richard Nicolas Martínez Olivera requirió la traducción
de la providencia, lo cual fue negado con auto del 30 de abril siguiente. Decisión
contra la cual, el peticionario interpuso recurso de reposición y, en subsidio, súplica.
En la misma fecha, Nicolás Iván Gallardo Vásquez formuló recusación contra los
integrantes de la sala de decisión, de conformidad con el artículo 130 del Código
Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo5.
3 Ver ítem 8 de Samai, en actuación denominada «
16CONTESTACIONDE_20250674900contestac(.pdf) NroActua 8 ».
4 Ver ítem 13 de Samai, en actuación denominada
«23CONTESTACIONDE_ContestacionTutela11(.pdf) NroActua 13».
5 En adelante CPACA.
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• Manifestación reiterada y complementada por Richard Nicolás Martínez
Olivera, en el sentido de que los consejeros también se encontraban incursos en la
causal contenida en el numeral 9.° del artículo 141 del CGP.
• El 9 y 12 de mayo de 2025, los consejeros de la Sección Quinta manifestaron
no aceptar las aludidas recusaciones. El 13 de mayo siguiente, el expediente fue
remitido a la Sección Primera para resolver lo pertinente.
• El 28 de mayo de 2025, Richard Nicolás Martínez Olivera presentó
recusación contra los magistrados que la integraron. Por auto del 5 de junio de 2025,
esa Sección declaró infundadas las recusaciones interpuestas contra los
magistrados de la Sección Quinta y rechazó de plano la formulada en contra de los
magistrados que la integraron.
• El 7 de julio de 2025, la Sección Primera rechazó de plano los incidentes de
nulidad formulados contra el auto del 5 de junio de 2025. Con auto del 24 de julio
siguiente, se tuvo por denegada una nueva solicitud de nulidad interpuesta también
contra el auto de 5 de junio de 2025. A través de autos del 3 de septiembre del
mismo año, resolvió desfavorablemente el recurso de reposición presentado contra
dicha decisión. Decisión en la que, conforme con el artículo 295 del CPACA, se
señaló que, «(…) [l]a presentación de peticiones impertinentes, así como la interposición
de recursos y nulidades improcedentes serán considerados como formas de dilatar el
proceso y se sancionarán con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales
legales vigentes (…)».
• El 9 de septiembre de 2025, Richard Nicolás Martínez Olivera solicitó la
nulidad del auto de 3 de septiembre de 2025, al insistir en que «[…] el señor
magistrado se ha dedicado a negar apartarse de la presente demanda, no obstante ser
consciente de esta situación y estar inmerso en las causales de recusación anotadas […]».
El día 10 siguiente, Nicolás Iván Gallardo Vásquez también promovió la nulidad de
dicho auto.
• En auto del 26 de septiembre de 2025, la Sección Primera rechazó de plano
las solicitudes de nulidad interpuestas y ordenó a la secretaría que, «cualquier
solicitud relativa a insistir sobre la recusación de los magistrados de las Secciones Quinta
y Primera del Consejo de Estado o la nulidad del proceso por estos mismos hechos, no
fuese remitida al despacho».
• Posteriormente, en el trámite de tutela instaurada por Kimberly Torres Saltos
contra la sentencia del 3 de abril de 20256, el magistrado Jorge Edison Portocarrero
Banguera, a través de auto de ponente del 8 de agosto de 2025, decretó como
medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la sentencia
cuestionada. Decisión revocada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 22 de octubre de 2025, en la que, además, se
declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional.
6 Expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00 (acumulado 11001-03-15 000-2025-02691-00).
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• En la misma fecha, el asunto fue remitido nuevamente a la Sección Quinta
para continuar con el trámite correspondiente. Encontrándose el proceso para
continuar con el trámite correspondiente, Gallardo Vásquez y el Partido Liberal
presentaron una nueva solicitud de recusación fundamentada en las causales de
los numerales 1.° y 12 del artículo 141 del CGP.
• Mediante escrito del 27 de octubre de 2025, los magistrados de la Sección
Quinta rechazaron las recusaciones formuladas, y solicitaron que fueran negadas y
se aplicaran las consecuencias contenidas en el artículo 147 del CGP. De forma
inmediata el expediente fue remitido a la Sección Primera de la corporación, para lo
pertinente. Encontrándose a la fecha para decidir lo pertinente.
6. La Sociedad Misión Archipiélago de San Andrés7 solicitó la nulidad de
todo lo actuado, inclusive, desde el auto admisorio de la tutela, toda vez que, pese
a su condición de coadyuvante de Nicolás Iván Gallardo Vásquez, en el proceso
contencioso-administrativo, no fue vinculado al trámite de tutela bajo estudio.
6.1. Sin perjuicio de la anterior, con escrito del 20 de noviembre de 20258, se
opuso frente a la solicitud de amparo al considerar que, no se vulneraron los
derechos fundamentales cuya protección se invocó, pues, no existiría una sentencia
judicial en firme, en razón a los requerimientos que se encontraban en curso. Sin
contar, con los pleitos pendientes de resolución en torno al proceso contencioso en
cuestión, como la denuncia que se presentó en contra de Cesar Daniel Castro
Múñoz y su abogado, por interponer «dos demandas con pruebas falsificadas»; y las
quejas presentadas ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de
Representantes.
6.2. El demandante electoral no tuvo coadyuvantes en el proceso contencioso,
por lo que los argumentos traídos por Harold Bush Howard «no están basados en
hechos cierto, sino, en [su] imaginación […], pues no fue parte dentro del desarrollo de la
demanda y pudo haber intervenido y ser parte del desarrollo del proceso y oponerse o
apoyar las decisiones del Juez de Conocimiento […] (sic)».
6.3. En un tercer escrito9, solicitó rechazar de plano la solicitud de tutela por
configurarse temeridad procesal y cosa juzgada constitucional, de cara al trámite de
tutela identificado con el radicado 11001031500020250674900, así mismo, que se
impongan las sanciones a que hubiera lugar de conformidad con el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 y se compulsara copias ante la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
7 Ver ítem 15 de Samai, en actuación denominada «23_MemorialWeb_Alegatos-
SOLICITUDNULIDADpd(.pdf) NroActua 15».
8 Ver ítem 31 de Samai, en actuación denominada «50_MemorialWeb_PeticiOn-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 31».
9 Ver ítem 55 de Samai, en actuación denominada «77_MemorialWeb_PeticiOn-
8767solicitudtutel(.pdf) NroActua 55».
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7. El Partido Liberal10 solicitó declarar la improcedencia de la tutela, por
ausencia del requisito de la subsidiariedad y la carencia de legitimación en la causa
por activa de Harold Bush Howard, toda vez que no fue parte en el proceso de
nulidad electoral en el que se profirió la sentencia cuya ejecutoria pretendió. Así
mismo, requirió la traducción integral del expediente en idioma «creole».
8. La Presidencia de la República11 y la Registraduría Nacional del Estado
Civil12 pretendieron que se declarara la improcedencia de la solicitud de tutela en
lo que a esas entidades se refirió por falta de legitimación en la causa por pasiva y
ausencia de vulneración alguna que les pudiera ser atribuibles.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de
legitimación en la causa por pasiva y de la solicitud de nulidad presentada por la
sociedad Misión Archipiélago de San Andrés; iii) determinación del problema
jurídico; iv) legitimación en causa por activa en la acción de tutela; y v) análisis de
la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333
del 6 de abril de 202113 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y otros.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva
11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
10 Ver ítem 18 de Samai, en actuación denominada «30_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
0TRASLADOTUTELA(.pdf) NroActua 18».
11 Ver ítem 58 de Samai, en actuación denominada
«84RECIBEMEMORIAL_OFI2600011123GFPU(.pdf) NroActua 58».
12 Ver ítem 60 de Samai, en actuación denominada «91_MemorialWeb_Respuesta-
41RESPUESTA(.pdf) NroActua 60».
13 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela.
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dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
12. La Corte Constitucional14 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental15. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”16, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”17 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
13. La Presidencia de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitaron su desvinculación del asunto al considerar que carecen de legitimación
en la causa por pasiva y ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales que les fuera atribuida.
14. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto
fue en calidad de terceros con interés, al ser las entidades vinculadas dentro del
expediente contencioso-administrativo en cuestión, y en aras de salvaguardar sus
derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.2.2. De la solicitud de nulidad presentada por la sociedad Misión
Archipiélago de San Andrés
15. La sociedad referida solicitó la nulidad de lo actuado por la ausencia de
vinculación al trámite de tutela, pese a su condición de coadyuvantes en el proceso
de nulidad electoral objeto de litis.
16.En atención a que el artículo 86 de la Constitución Política ni el Decreto Ley
2591 de 1991 establecen el procedimiento que debe seguirse para decidir las
14 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
15 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
16 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
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solicitudes de nulidad durante el trámite de la tutela, la Sala encuentra ajustado
remitirse al artículo 4 del Decreto 306 de 1992 con el objeto de aplicar las
disposiciones contenidas en el Código General del Proceso18, en concordancia con
el artículo 29 Constitucional.
17. Al respecto, el artículo 133 del CGP establece, entre otras, como causal de
nulidad:
ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda
a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder
en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se
corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que
dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en
este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no
se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.
18. Ahora, en cuanto a la oportunidad y trámite de las nulidades los artículos 134
y 135 ibidem regulan:
ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en
cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si
ocurrieren en ella.
[…]
El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas
que fueren necesarias.
La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a
quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido
sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio.
ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una
nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los
hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió
alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de
ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.
18 En adelante CGP.
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La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo
podrá ser alegada por la persona afectada.
El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las
determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones
previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.
[…]
19. De acuerdo con la normativa transcrita, es importante precisar que las nulidades
procesales deben ser alegadas en tiempo y con plena legitimación para ello, según
la causal que se invoque; sin que pueda convertirse en un instrumento para lograr
un nuevo pronunciamiento ante la adversidad del primero proferido.
20. En el caso concreto, se observa que, en efecto, la sociedad Misión
Archipiélago de San Andrés actuó en calidad de coadyuvante en el proceso
contencioso-administrativo en el que se profirió la sentencia judicial cuya ejecutoria
se pretende, sin embargo, en razón a la puntual pretensión de amparo elevada, la
cual no cuestionó trámite ni decisión judicial alguna, en su momento, el despacho
ponente no encontró mérito para ordenar su vinculación, en atención a la naturaleza
sumaria de la solicitud de tutela.
21. Lo anterior, en este momento procesal, de ninguna manera es óbice para
desestimar su vinculación en calidad de tercero con interés en el presente asunto,
y más, cuando sin perjuicio de la nulidad planteada, lo cierto es que, se notificó en
debida forma del auto admisorio de la tutela a través de conducta concluyente19, y
presentó escrito de defensa y contradicción respecto de la motivación que sustentó
el amparo pretendido.
22. Razón por la cual, se aceptará la vinculación de la sociedad Misión
Archipiélago de San Andrés al presente asunto, en calidad de tercero con interés, y
se negará su solicitud de nulidad.
2.3. Problema jurídico
23. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si Harold
Bush Howard cuenta con legitimación en la causa por activa en la presente solicitud
de tutela?
2.4. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela
24. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
19 Artículo 301 del CGP. Notificación por conducta concluyente. La notificación por conducta
concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal. Cuando una parte o un tercero
manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o
verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada
por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la
manifestación verbal. […]
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fundamentales; en el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 1991 20, que
dispuso:
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
25. La Corte Constitucional21 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:
«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 199722, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de
tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 201023, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).
Asimismo, en la sentencia T-176 de 201124, este Tribunal indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 201625, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre
que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio,
a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 201626, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.
20 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
21 Sentencia T-511 de 2017. MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
22 MP Antonio Barrera Carbonell.
23 MP Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
24 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
26 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Harold Bush Howard
6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-
452 de 200127, T-372 de 201028, y la T-968 de 201429, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que,
en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado
de solicitar el amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201530, reiterada en la T-
467 de 201531, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de
especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la
prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».
26. Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías
procesales para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado, ii) a
través de representante legal o de apoderado judicial, iii) por medio de agente
oficioso y iv) por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.
2.5. Análisis de la Sala
27. Harold Bush Howard acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara la ejecutoria
inmediata de la sentencia proferida el 3 de abril de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, en el medio de control de nulidad electoral identificado con el
radicado 11001032800020230010300.
28. Con relación a lo anterior, entonces, es necesario evaluar si Harold Bush
Howard tiene la titularidad para reclamar sobre el amparo de sus derechos
fundamentales con fundamento en la sentencia proferida en un medio de control de
nulidad electoral que le es ajeno, según se pudo corroborar de la revisión del
expediente cuestionado, y del que no acreditó interés alguno, el cual de ninguna
manera se acredita con la sola manifestación de su condición de «ciudadano
colombiano, miembro del grupo étnico raizal del Departamento de San Andrés, […]».
29. Según lo manifestado en el escrito de tutela, la Sala aclara que, en el
presente proceso de tutela Harold Bush Howard no cuenta con legitimación para
actuar en nombre propio y tampoco en representación de algún sujeto procesal del
trámite de tutela en cuestión, pues, no alegó ni acreditó un motivo por el que estos
27 MP Manuel José Cepeda Espinosa.
28 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
29 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
30 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
31 MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Demandante: Harold Bush Howard
últimos no estén en condiciones de actuar de forma directa en defensa de sus
derechos fundamentales.
30. Al respecto, la Sala en oportunidad anterior32, al resolver un asunto de
contornos similares, refirió:
«[…] 195. En lo que respecta a la legitimación por activa cuando se invocan los derechos
fundamentales a la representación política y a elegir y ser elegido vulnerados por
autoridades distintas a las judiciales, la Corte Constitucional indicó en la sentencia T-
1337 de 2001 que basta con que se cumplieran dos condiciones: i) que se haya ejercido
el derecho al voto; y ii) que se haya ejercido en la respectiva circunscripción electoral;
postura reiterada en sentencias T-358 de 2002, T-516 de 2014 y T-066 de 2015.
196. La anterior regla sobre la legitimación en la causa por activa en trámites de tutela,
el alto tribunal la aplicó en la sentencia SU-213 de 2022, en la que estudió la posible
vulneración de derechos con ocasión de la sentencia del 3 de diciembre de 2020
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la
elección del entonces alcalde del municipio de Girón (Santander).
197. Sin embargo, la Corte Constitucional rectificó su jurisprudencia en la sentencia SU
329 de 2024, para precisar que la regla establecida en el fallo T-1337 de 2001 rige para
tutelas interpuestas para la protección de los derechos fundamentales a la
representación política y a elegir y ser elegido vulnerados por parte de una entidad
distinta a las autoridades judiciales. También determinó lo siguiente:
[L]a acción de tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional. Esto
quiere decir que, en lo que a la legitimación en la causa por activa se refiere, el estudio
que debe realizar el juez de tutela es estricto, en el sentido de que, en principio, una
providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes. Esto
implica que, en principio, sólo quienes participaron dentro del correspondiente
proceso judicial, o aquellos que debiendo haber sido llamados al trámite no lo fueron,
estarían legitimados para reclamar la vulneración de sus garantías fundamentales a
causa de una decisión judicial.
[…]
Quinto, quienes participaron en el proceso de nulidad electoral en calidad de
demandados, demandantes o de terceros, son los titulares de los derechos que
eventualmente se puedan ver conculcados en ese proceso. En consecuencia, son
ellos quienes tienen legitimación en la causa para presentar la acción de tutela contra
la decisión adoptada por el juez.
198. En ese orden, resulta claro que, en virtud de lo previsto por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, por regla general, tienen legitimación en la causa por activa para
controvertir en tutela una decisión judicial proferida en un proceso de nulidad electoral,
los que hayan sido demandantes, demandados o terceros en el referido proceso judicial.
199. Ahora bien, es preciso recordar que la anterior regla debe ser interpretada en el
entendido de que la legitimación en la causa por activa es un requisito de procedibilidad
necesario y esencial para decidir de fondo los cargos de un escrito de amparo, que exige,
en todo caso, que quien acuda al juez constitucional sea el titular de los derechos
fundamentales que se aducen como vulnerados, lo cual debe quedar acreditado, incluso,
32 CP Elizabeth Becerra Cornejo. Expediente 11001031500020250664600. Demandante: Nicolás
Iván Gallardo Vásquez.
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Demandante: Harold Bush Howard
si el accionante fue parte o tercero dentro del proceso ordinario en el que se emitió la
providencia acusada[115]33. […]».
31. Observa esta Sala que, conforme a lo expuesto, en caso de haberse
vulnerado los derechos fundamentales de alguna de las partes o intervinientes en
el proceso contencioso objeto de litis, la titularidad de los derechos no corresponde
a Harold Bush Howard, por lo que no está llamado a discutir sobre el interés jurídico
ventilado en ese proceso, evidenciándose su carencia de legitimación en la causa
por activa.
32. Con fundamento en lo expuesto, la Sala se abstendrá de pronunciarse
respecto de la supuesta existencia de cosa juzgada constitucional y temeridad
alegada por Sociedad Misión Archipiélago de San Andrés.
3. Decisión
33. En este orden de ideas, la Sala declarará la falta de legitimación en causa
por activa, en la solicitud de tutela presentada por Harold Bush Howard, en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y otras.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Aceptar la vinculación de la sociedad Misión Archipiélago de San Andrés
al presente asunto, en calidad de tercero con interés, y negar su solicitud de nulidad.
Segundo. Negar las solicitudes de desvinculación de la Presidencia de la República
y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Tercero. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Harold Bush
Howard, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta y otras.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
33 Cita original: Corte Constitucional, sentencia T-461 de 2021.
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Demandante: Harold Bush Howard
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
14
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