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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02691-01

Fecha
6 de marzo de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02691-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 22 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, para, en su lugar: (i) DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Efrain Alberto Ángel González; (ii) DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Kimberly Torres Saltos, en lo relativo a los cuestionamientos asociados a las decisiones adoptadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre las intervenciones presentadas en lenguaje de señas y creole en el proceso de nulidad electoral 11001- 03-28-000-2023-00103-00; y (ii) DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la señora Kimberly Torres Saltos, en lo relativo a los demás cuestionamientos presentados contra la sentencia del 3 de abril de 2025, emitida dentro del referido proceso de nulidad electoral, por no acreditar los presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02691-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

6 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A – SALA DE CONJUECES

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01 (acumulado con el expediente
11001-03-15-000-2025-03527-011)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro2
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección de gobernador del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina / MODIFICA – Se declara
falta de legitimación en la causa por activa e improcedencia.

Procede la Sala a decidir las impugnaciones presentadas por Misión Archipiélago
San Andrés, el Partido Liberal Colombiano, Dagoberto Bowie Mcnish, Nicolás Iván
Gallardo Vásquez, Kimberly Torres Saltos y Trujillo Nelson Duffis contra la sentencia
proferida el 22 de octubre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente el trámite constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

(i) Tutela 11001-03-15-000-2025-02691-00
1.
El 7 de mayo de 2025, la señora Kimberly Torres Saltos promovió acción de tutela
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración
de justicia, tutela efectiva y elegir y ser elegido3, así como los del señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez (en su condición de gobernador de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, período 2024-2027) y los más de 20.363 votantes que apoyaron su
candidatura incluidos los de partidos y movimientos políticos que aunaron esfuerzos
para ese propósito.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 3 de abril de esa anualidad,
emitida dentro del proceso de nulidad electoral4 contra el acto de elección de dicha

1 Mediante auto de 18 de junio de 2025.
2 Efraín Alberto Ángel González.
3 También invocó la protección del principio de seguridad jurídica.
4 Expediente 11001-03-28-000-2023-00103-00, en el que la tutelante actuó como tercera con interés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

autoridad departamental, en el que se discutió haber incurrido en doble militancia en
la modalidad de apoyo5.

3.
En la providencia acusada se anuló el acto de elección objeto de enjuiciamiento.
A juicio de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se demostró que el demandado
apoyó la candidatura del señor Luis Torres James a la Asamblea del Departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quien fue inscrito por la coalición entre
los partidos Nuevo Liberalismo, Conservador y Colombia Justas Libres, pese a que
a él lo avaló el partido Liberal Colombiano 6 , el cual tenía lista propia para esa
corporación.

4.
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial permitió, de manera indebida, que
se aportaran nuevas pruebas (formularios y videos) y otro argumento, incluido en la
fijación del litigio, para fundamentar la ilegalidad del acto acusado, consistente en el
presunto apoyo al señor Luis Torres James como candidato a la asamblea
departamental por el partido Nuevo Liberalismo, lo que irrespeta las normas
procesales que regulan el derecho electoral, pues no había sido planteado en la
demanda ordinaria.

5.
Además, se validaron unos videos espurios que fueron atacados con pruebas
sólidas legales y oportunas como el dictamen pericial, el cual fue desechado.
Registros fílmicos que fundamentaron la declaratoria de nulidad.

6.
Asimismo, se indicó que la decisión atacada contiene argumentos que contrarían
los precedentes judiciales y las normas, tanto procesales como sustanciales, lo cual
genera graves vulneraciones de los derechos no solo de los isleños y el gobernador,
sino también de los terceros intervinientes que participaron en el proceso y de los
electores que votaron por esa autoridad departamental.

7.
Precisó que se incurrió en violación directa de la Constitución. En el proceso
ordinario se vulneraron las prerrogativas superiores del pueblo raizal, protegidos con
normas nacionales e internacionales (Ley 21 de 1991), al no contar con una
verdadera intervención. No se garantizó que las providencias de la autoridad judicial
accionada fueran traducidas en el idioma nativo de los raizales, en armonía con los
artículos 7 y 10 superiores, y en especial, el artículo 42 de la Ley 47 de 1993, así
como con la jurisprudencia de la Corte Constitucional7.

5 Al apoyar a los candidatos a la Asamblea de ese departamento Carlos Arturo Carvajal Jiménez, Abdu Adnan

Handaus, María del Pilar Celis (militantes del partido Cambio Radical) y Delford Brackman Ortiz (de la coalición
de los partidos Nuevo Liberalismo, Conservador Colombiano y Colombia Justa Libres), avalados por
colectividades distintas a la del partido al que pertenecía, el cual inscribió lista de candidatos a esa corporación
sin formar coalición con otras agrupaciones. Posteriormente, se indicó que también había apoyado al señor Luis
Torres James a la Asamblea avalado por el partido Nuevo Liberalismo.
6 Bajo la coalición “Avanzar el posible”, conformada por los partidos políticos Liberal Colombiano (partido

principal), Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador Colombiano.
7 Sentencias C-027 de 1993, C-086 de 1994, T-043 de 2007 y T-196 de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

8.
La anterior situación se opone a la no discriminación, contenida en el artículo 4 de
la Ley 1381 de 2010, pues se desconoció el derecho de uso de las lenguas nativas
prevista en el artículo 5 ibidem.

9.
En criterio de la accionante, el ordenamiento jurídico previó la posibilidad de que
las intervenciones se realicen en otros idiomas -incluso en el ámbito probatorio se ha
permitido allegar material en idioma extranjero- de ahí que se también se debería
permitir emplear lenguas nativas o utilizadas y autorizadas en Colombia, como lo es
la lengua raizal y el lenguaje de señas.

10.
Por tanto, el reconocimiento de la importancia de permitir la participación en
lenguas distintas al castellano es crucial para asegurar los derechos políticos de
todas las comunidades, lo cual se aplica también en el ámbito electoral, donde se
debe aceptar que las personas presenten documentos en su lengua materna o en
lenguaje de señas.

11.
En ese sentido, la decisión judicial acusada lleva implícitos actos de discriminación
respecto de quienes se han comunicado dentro del proceso en lenguaje diferente,
sin que ello sea causal para no aceptar o, de alguna manera, inadmitir su
participación, sin manifestarlo en el mismo lenguaje para que la decisión sea
comprensible por sus receptores.

12.
Informó que en el proceso se intentó obtener ayuda de auxiliares de la justicia, el
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Centro de Documentación
Judicial -CENDOJ-, sin que esta fuera efectiva, dado que no aseguraron la
participación adecuada de la comunidad y otros hablantes de diferentes lenguas en
el proceso. Además, se exigió responder en español, lo que añadió una carga injusta,
y la defensa del gobernador presentó traducciones no oficiales, pero la autoridad
judicial ignoró la participación de personas de la comunidad raizal que hablan otros
idiomas.

(ii) Tutela 11001-03-15-000-2025-03527-00
13.
El 9 de junio de 2025, el señor Efrain Alberto Ángel González presentó escrito de
tutela también contra la Sección Quinta de esta Corporación, con el fin de que se
ampararan sus garantías superiores a la igualdad, debido proceso, tutela efectiva y
elegir y ser elegido y las del partido político Centro Democrático, así como las de las
demás agrupaciones que unieron fuerzas para apoyar la candidatura del señor
Nicolás Iván Gallardo Vásquez a la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina; pidió, entonces, se dejara sin efectos la providencia a la que se refirió la
tutelante Torres Saltos.

14.
Expuso en similares términos los reproches planteados por la accionante, relativos
a las presuntas reformas a la demanda ordinaria para allegar pruebas e incluir el

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

indebido apoyo al señor Luis Torres James, y a que se tuvieron en cuenta unos
videos que no eran válidos.

15.
Agregó que se debe armonizar el alcance de la doble militancia con las
adhesiones políticas, que surgen como manifestaciones de la libertad de asociación
de la que gozan los partidos y movimientos políticos y a través de las cuales se
persigue aumentar sus posibilidades de éxito en el desarrollo de las contiendas
electorales.

16.
Asimismo, se debe contrastar el alcance de la prohibición de la doble militancia
con los derechos de autodeterminación política del pueblo raizal y afrodescendiente
asentado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y protegido en múltiples
sentencias de la Corte Constitucional.

17.
Por otro lado, indicó que el fallo acusado incurrió en defecto sustantivo pues
inobservó el artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), por falta de la notificación por aviso a los
partidos políticos, esto es, a través de la respectiva publicación del aviso en dos
periódicos de amplia circulación en el territorio (lo cual no puede ser suplido con un
informe a la comunidad) y la omisión de aplicar la consecuencia legal de la
terminación del proceso de nulidad electoral por abandono (numeral 2, letra g).

18.
De igual modo, como el demandado en el proceso de nulidad electoral se inscribió
como candidato a la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por
la coalición denominada “Avanzar es posible”, integrada por los partidos políticos
Liberal Colombiano, Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador
Colombiano, a estas agrupaciones se les debió notificar de dicha demanda, lo cual
no se realizó.

19.
Anotó que durante los aludidos comicios el partido Liberal Colombiano habilitó a
todos sus candidatos inscritos a través de la figura de la coalición a apoyar, sin límite
alguno, a todos los aspirantes pertenecientes a los partidos coaligados,
extendiéndose la directriz a los candidatos de los partidos adheridos, habida cuenta
de la cercanía entre las instituciones de la coalición y la adhesión política.

20.
En ese sentido, en razón a que el partido Nuevo Liberalismo era una de las
agrupaciones adherentes a la candidatura del demandado a la gobernación, con
fundamento en el acuerdo firmado por los partidos el 31 de julio de 2023, los
hipotéticos acercamientos que hubiese podido tener aquel con aspirantes de ese
movimiento político no podían ser tomados como actos que perjudicaran los
intereses del Partido Liberal, como tampoco del Centro Democrático, pues se
contaba con la autorización expresa para el efecto, situación que generó en el
demandado la confianza legítima para avanzar en sus aspiraciones.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

21.
Advirtió que también se configuró una violación directa de la Constitución. Indicó
que se efectuó un análisis formal que no se compadece con la naturaleza de los
asuntos electorales, en los cuales no solo están de por medio los derechos del
elegido popularmente, sino también los de los 20.363 electores, así como el de los
partidos y movimientos políticos que acompañaron el proyecto político, lo que impone
que se determine cuál ha sido el peso de la anomalía para la democracia en
Colombia, máxime cuando en este caso existía autorización expresa y libertad total
para apoyar a los aspirantes de los partidos de coalición y de adhesión, siendo una
directriz clara y precisa impartida por la organización política durante el desarrollo de
la contienda electoral en la que fue elegido el allí demandado.

B. Sentencia de primera instancia

22.
Mediante sentencia de 22 de octubre de 20258, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente el trámite constitucional de la
referencia y dispuso levantar la medida cautelar, consistente en la suspensión de los
efectos de la providencia judicial objeto de censura, decretada mediante auto de 8
de agosto de esa anualidad.

23.
Frente a la tutelante Torres Saltos, se precisó que participó en el proceso de
nulidad electoral en condición de coadyuvante, cuya intervención fue aceptada a
través de auto de 4 de abril de 2024, junto con las realizadas por los señores Vanesa
Ruiz Gueto, Saúl Valencia de la Cruz, Suany Sofía Torres Saltos, Carlos Serkis De
Alba Padilla, Luz Dary Rodríguez Cardona, Jill Lucía Palacio González y José
Manuel Cañate Márquez. En dicha calidad interpuso recurso de reposición contra el
proveído de 11 de julio de 2024, por medio del cual se indicó que si los señores
Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie Mcnish lo deseaban, podrían intervenir
en ese asunto mediante memorial en idioma castellano. Recurso respecto del cual,
con auto de 22 de agosto de 2024, le fue declarada la falta de legitimación.

24.
En virtud de lo anterior, si bien, en principio, se podría afirmar que la señora
Kimberly Torres Saltos tiene legitimación en la causa por activa en el presente
asunto, lo cierto es que no reúne las dos condiciones para que sea titular de los
derechos fundamentales que adujo fueron vulnerados, a saber: (i) que haya
intervenido en lenguaje creole dentro del proceso ordinario, y (ii) que no se le haya
permitido participar en razón a que la intervención no fue realizada en español.

25.
Ello es así porque el reproche a la autoridad judicial accionada consiste en que no
permitió la participación de integrantes de la comunidad raizal, dado que sus
memoriales fueron presentados en lenguaje creole. Sin embargo, la tutelante

8 Frente a la cual presentó salvamento de voto el consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera, con

fundamento en que se debió conceder la protección constitucional, con el fin de salvaguardar las prerrogativas
superiores de los miembros de la comunidad raizal del departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, bajo el amparo de un enfoque diferencial en el caso concreto, para eliminar las barreras de lenguaje y
así emplear esta acción como mecanismo de inclusión cultural y lingüística.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
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intervino en el proceso en el idioma español y sus objeciones fueron tenidas en
cuenta por el juez natural de la causa. En esa medida, al no encontrarse en las
condiciones fácticas de la situación que aseguró vulneró derechos fundamentales,
carece de legitimación en la causa por activa.

26.
Advirtió que las únicas personas a las que la autoridad judicial no les permitió
intervenir por acudir en un idioma distinto al castellano fueron los señores Dagoberto
Bowie y Doralba Matilda Newball, pues lo hicieron en creole y en lenguaje de señas,
respectivamente.

27.
Aquellas personas acudieron a este trámite constitucional en apoyo de la tutelante
con argumentos similares a los que ella expuso. No obstante, plantearon
pretensiones propias en sus escritos de intervención, lo cual excede los límites y las
facultades que tienen en su condición de coadyuvantes, de manera que no es posible
pronunciarse sobre la pretensión de amparo de los derechos fundamentales de
quienes no son tutelantes.

28.
Adicional, la accionante no manifestó actuar como agente oficioso de las
mencionadas personas y tampoco se observa alguna circunstancia que les hubiera
impedido reclamar la defensa de sus prerrogativas superiores mediante el ejercicio
del mecanismo de tutela, cuanto más si ellos intervinieron directamente en estas
diligencias. De igual modo ocurre frente al amparo solicitado para el señor Nicolás
Gallardo Vásquez, pues la actora no es su representante ni agente oficiosa.

29.
Tampoco está habilitada la accionante para solicitar la defensa de los derechos
fundamentales de la comunidad raizal. Aunque no se desconoce la especial
protección constitucional de este grupo como minoría étnica y de sus integrantes y
la importancia que tiene el lenguaje creole para su desarrollo, en el presente caso no
se evidencia una conducta que pudiera atentar contra sus garantías superiores y que
legitime en la causa por activa a la accionante para actuar en su representación.

30.
En cuanto a las presuntas irregularidades procesales, se precisó que no se hallan
superados los presupuestos generales de la tutela contra providencia judicial de
subsidiariedad y de suficiencia argumentativa, puesto que la accionante (i) no
controvirtió los autos que agotaron la etapa probatoria y que fijaron el litigio en el
proceso ordinario; y (ii) el reproche en este aspecto se limitó a efectuar una
consideración general que no explica en concreto por qué el juez natural pudo incurrir
en la configuración de un defecto específico de procedencia de la tutela al aceptar y
abordar las pruebas y argumentos formulados con las reformas de la demanda.

31.
Respecto del tutelante Efraín Alberto Ángel González se advirtió que no participó
en el proceso ordinario; por ende, no tiene legitimación en la causa por activa.
Situación que impide que se tenga por satisfecho el presupuesto de subsidiariedad,
en la medida en que los reparos aquí planteados debió discutirlos en ese asunto
electoral. Tampoco se supera la legitimación en la causa por activa para pretender
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

la protección de los derechos fundamentales del partido político Centro Democrático,
de los cuales no es titular, sin aportar poder que le permitiera actuar como apoderado
judicial de dicha colectividad ni justificó ser agente oficioso.

C. Las impugnaciones

(i) Misión Archipiélago de San Andrés9

32.
Sostuvo que el fallo impugnado contiene una incongruencia entre la motivación y
la resolución y el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional.

33.
Además, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al negársele un
proceso justo, materializado en la negativa de la traducción de las actuaciones
judiciales. En ese sentido, la autoridad accionada no diferenció la característica
especial de la comunidad nativa, de donde resultó elegido el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez. Es decir, no existe ninguna garantía constitucional en su favor.

34.
Por tanto, se quebrantaron derechos constitucionales, legales y otros
consagrados en acuerdos de Colombia en el ámbito internacional al demandado y a
su comunidad, al no haber tramitado el proceso ordinario en su contra en el idioma
oficial de la comunidad raizal, tal como fue solicitado.

35.
También se desampara el derecho a que los raizales se les haya hecho partícipes
de la demanda de nulidad electoral desde su inicio en su idioma nativo, lo cual no se
subsanó.

(ii) Partido Liberal Colombiano

36.
Indicó que la decisión impugnada desconoce el alcance constitucional, legal e
internacional de los derechos lingüísticos y culturales del pueblo raizal, al no advertir
que el proceso de nulidad electoral que culminó con la anulación de la elección del
gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debió adelantarse en los
dos idiomas oficiales del territorio: el castellano y el creole (kriol), de conformidad con
el artículo 42 de la Ley 47 de 1993, modificado por la Ley 2471 de 2025, y con la
obligación reforzada de protección hacia las comunidades étnico-lingüísticas
consagrada en el marco jurídico colombiano e internacional (Leyes 12 y 21 de 1991,
115 de 1994, 397 de 1997, 1381 de 2010 y 2471 de 2025 y Decreto 1166 de 2016).

37.
La autoridad judicial accionada, al restringir la intervención de los coadyuvantes
raizales que presentaron escritos en idioma creole, bajo el argumento de que las
actuaciones judiciales debían realizarse únicamente en castellano, desconoce que
la función jurisdiccional está sujeta al principio de multiculturalismo y pluralismo
jurídico, de acuerdo con las sentencias T-514 de 2009, T-196 de 2015 y SU-510 de

9 Tercero con interés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

2021 de la Corte Constitucional. Es decir, no resulta jurídicamente admisible exigir a
los intervinientes raizales traducir sus escritos al castellano, pues esa carga recae
sobre el Estado colombiano.

38.
Por tanto, negar el uso del idioma creole en un proceso que afecta directamente
la representación política de la comunidad raizal, como la nulidad del gobernador
electo por voto popular, implica una forma de exclusión estructural y discriminación
institucional, contraria a los artículos 7, 70 y 93 de la Constitución Política y a los
estándares de protección internacional contenidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (artículo 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (artículo 27). En ese sentido, el proceso de nulidad electoral debió
tramitarse en castellano y creole, no solo como un acto de formalidad lingüística, sino
como una obligación constitucional, legal e internacional dirigida a garantizar el
debido proceso con enfoque étnico-lingüístico.

39.
En cuanto a la legitimación en la causa por activa, adujo que este presupuesto se
verifica al momento de admitir la acción, conforme al artículo 17 del Decreto 2591 de
1991. Por tanto, declararla en la sentencia se torna incongruente, contraria al debido
proceso e inobserva los principios de congruencia procesal, seguridad jurídica y
confianza legítima, al alterar intempestivamente una situación jurídica ya consolidada
por el auto admisorio y la medida cautelar, máxime cuando no se otorgó oportunidad
alguna para subsanar la presunta deficiencia o pronunciarse sobre aquella en la fase
inicial.

40.
En todo caso, la tutelante tenía legitimación material y procesal. Fue reconocida
como coadyuvante en el proceso de nulidad electoral, mediante auto de 4 de abril de
2024, condición que le otorgaba el interés jurídico directo y actual en la preservación
de los derechos políticos, culturales y de participación de la comunidad raizal frente
a la decisión judicial que anuló la elección del mencionado gobernador. Además, ella
es miembro activa del pueblo raizal, titular de los derechos colectivos que fueron
objeto de vulneración, lo que le otorga legitimación, no solo individual sino también
representativa, conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y al principio de
agencia oficiosa cultural, desarrollado por la Corte Constitucional10, en cuanto a que
los miembros de comunidades étnicas pueden ejercer la defensa de sus derechos
colectivos y culturales sin necesidad de mandato expreso, dada la naturaleza
solidaria de la afectación.

41.
Indica, además, que resulta contradictorio que el juez constitucional haya admitido
la acción, tramitado pruebas, recibido múltiples intervenciones y decretado una
medida cautelar, todo en el idioma creole, para concluir que la tutelante carece de
legitimación en la causa por activa. Ello comporta un déficit de motivación y una
ruptura del principio de coherencia judicial. El mismo juez de tutela que reconoció la
procedencia formal de la acción y la gravedad de los hechos que ameritaban una

10 Sentencias T-372 de 2021 y T-541 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
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suspensión de efectos, termina desestimándola por una causa que debió examinar,
y eventualmente subsanar, al momento de su admisión.

42.
Precisó que el desconocimiento del idioma creole en el trámite de un proceso
judicial, que afecta de manera directa a la comunidad raizal, trasciende la esfera
individual de los intervinientes y configura una violación colectiva del debido proceso
y excluye a todo un grupo étnico-lingüístico de la comprensión y participación efectiva
en un debate judicial que compromete su representación política y su autonomía
cultural, situación que representa una barrera estructural de acceso a la justicia.

43.
Se menciona, igualmente, que se debe aplicar un enfoque diferencial, al
enfrentarse a una controversia que involucra una comunidad étnica. No se
circunscribe a restablecer derechos individuales, sino a remover las causas
estructurales de exclusión que perpetúan la marginalización histórica de los pueblos
minoritarios.

44.
Advirtió que la autoridad judicial accionada ha intervenido en tres oportunidades
para solicitar la nulidad de la medida cautelar decretada y presionar el desarrollo del
trámite constitucional para obtener una pronta resolución del asunto constitucional.
Ello ha excedido el marco del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, que limita la
participación de la autoridad accionada a rendir el informe o contestar la tutela una
sola vez. Por ende, dicha conducta configura una indebida interferencia y atenta
contra la independencia judicial del juez de tutela.

45.
Por último, agregó que en casos que involucran comunidades étnicas, lingüísticas
o culturales, la omisión de tener en cuenta su contexto diferencial y las barreras
estructurales de acceso a la justicia configura una forma agravada de defecto fáctico
negativo, pues el juez desconoce hechos sociales y culturales determinantes para el
entendimiento del conflicto, como lo ocurrido en este caso.

46.
En este caso, se desatendieron hechos relevantes como la oficialidad del idioma
creole, las barreras lingüísticas, la condición étnica del pueblo raizal y de derecho a
la representación política diferenciada y el contexto étnico y cultural del proceso
(realidad multicultural y el marco legal que exige actuaciones bilingües). Además, se
omitió la práctica y valoración de pruebas lingüísticas y culturales (solicitudes de
traducción y acreditación de impacto cultural y participación efectiva en lengua
nativa).

(iii) Nicolás Iván Gallardo Vásquez
47.
Advirtió que no se tuvieron en cuenta los escritos que presentó con antelación a
que se dictara el fallo de tutela de primera instancia, en los que solicitó se acumulara
la tutela11 que instauró contra la aquí accionada y también encaminada a dejar sin
efectos la sentencia objeto de censura constitucional en estas diligencias.

11 Expediente 11001-03-15-000-2025-06646-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

48.
Por la anterior omisión resulta indispensable que se verifiquen y validen los
tiempos y trámites procesales adelantados por la Sección Segunda, porque se
adoptó la decisión impugnada sin que se hubiere convocado la respectiva sala de
decisión. Después de la presentación de sus memoriales, se había convocado la
correspondiente sala de manera virtual para el 24 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m.
Día en el que se notificó el fallo impugnado después de las 7:00 p.m., hora que no
es judicial, solicitando participar en el proceso, de lo que se podría interpretar como
una actuación realizada con astucia para sustraerse de la obligación de resolver de
fondo o, tal vez, como reacción al intervencionismo de la Sección Quinta de esta
Corporación.

49.
De haberse acreditado su participación oportunamente, el a quo no hubiera tenido
razones para exponer el fundamento de dejar de resolver de fondo esta acción, por
lo que se solicita que en segunda instancia se decida de fondo el asunto.

50.
Por otro lado, aduce que la negación del uso del lenguaje creole o de señas
constituye una barrera estructural de discriminación y una violación flagrante de los
derechos fundamentales del pueblo raizal. Comunidad étnica de especial protección
cuyos derechos emanan del bloque de constitucionalidad.

51.
Bajo ese contexto, aquel vicio de procedimiento anula la sentencia ordinaria,
incluso el trámite procesal impartido, al no garantizar los derechos de su comunidad
y los propios. Asimismo, la sentencia de tutela le otorgó una dimensión negativa a
los hechos y pruebas puestos en consideración y no empleó sus facultades para
fallar extra y ultra petita, pese a que se desarrollaron los temas principales en el
trámite constitucional a través de los diferentes autos emitidos, e incluso en la misma
sentencia, lo que constituye una contradicción e incongruencia entre lo considerado
y lo resuelto.

52.
Por tanto, la autoridad judicial accionada al excluir la intervención de ciudadanos
interesados como Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball por no hablar en
castellano, impidió que los argumentos de la comunidad raizal fueran debidamente
escuchados en defensa de su voto y su representante. Dicha determinación anula la
voluntad popular, al ignorar de manera deliberada la voz de la comunidad afectada
y su derecho a la identidad cultural y a la justicia, por lo que no puede considerarse
legítima.

53.
De igual modo, el a quo, aunque adoptó una medida de inclusión a lo largo del
trámite constitucional, incurrió en una dimensión negativa al subordinar la protección
efectiva de un derecho fundamental colectivo a un requisito formal de procedencia
que, en un contexto de discriminación estructural contra un pueblo étnico, merecía
una flexibilización en aras de la primacía de los derechos inalienables, lo cual le
corresponde zanjar al juez de tutela de segunda instancia para darle prevalencia a
la protección de derechos sustanciales sobre ritualidades procesales.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

(iv) La tutelante Kimberly Torres Saltos
54.
Indicó que el fallo impugnado desconoció el alcance a los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa,
igualdad, participación política e identidad cultural del pueblo raizal, así como las
obligaciones estatales en materia de diversidad lingüística y protección especial a
las minorías étnicas reconocidas en la Constitución y en el bloque de
constitucionalidad.

55.
Lo anterior, por cuanto no se garantizó el derecho al debido proceso lingüístico y
cultural, lo que vulnera el artículo 10 de la Constitución Política, el Convenio 169 de
la OIT (Ley 21 de 1991) y las Leyes 1381 de 2010 y 2471 de 2025.

56.
Advirtió que, aunque en auto de 13 de junio de 2025 se dispuso la traducción de
todas las providencias dictadas en la acción de tutela, ello no se efectuó respecto de
la providencia de 20 de octubre de esa anualidad, lo que quebrantó la integridad del
proceso y se privó a los intervinientes raizales de una comunicación efectiva con la
administración de justicia.

57.
Indicó que la determinación de declarar su falta de legitimación en la causa por
activa resulta contradictoria frente a las actuaciones previas. Se admitió la acción, se
decretó la medida cautelar solicitada y se surtieron las correspondientes etapas, lo
que implica un reconocimiento implícito de su legitimación. Por tanto, declarar la
improcedencia sin requerir subsanación ni permitir la práctica de pruebas sobre su
calidad de raizal, viola directamente los artículos 3, 42 y 167 del Código General del
Proceso (CGP), que obligan al juez a promover la verdad material y garantizar el
derecho de defensa, así como los principios de congruencia procesal, confianza
legítima y favorabilidad constitucional.

58.
La providencia impugnada incurrió en defecto fáctico. No se valoraron elementos
de convicción 12 esenciales para comprender la dimensión real de la vulneración
alegada y que hubiera llevado a concluir la existencia del perjuicio constitucional que
dio origen a la tutela.

(v) Trujillo Nelson Duffis
59.
Advirtió que la accionante cuenta con legitimación en la causa. Intervino en el
proceso judicial en el que se dictó el fallo acusado. Por ende, le asiste un interés
legítimo de que el proceso de nulidad electoral se lleve a cabo con la observancia y
protección de los derechos fundamentales.

60.
Manifestó que se evidencia la constante vulneración de los derechos

12 Escritos presentados en idioma creole, oficios del Instituto de Estudios Caribeños y peticiones expresas de

traducción e intervención culturalmente adecuada.
11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

fundamentales de la población raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
que hace necesaria la intervención constitucional. Una aplicación rígida de la
sentencia SU-329 de 2024 de la Corte Constitucional desconoce los artículos 2, 7 y
10 de la Constitución Política y tiende a perpetuar la exclusión cultural y judicial de
quienes, pues por barreras de lenguaje, no pudieron hacer parte del proceso de
nulidad electoral, por lo que la tutela debe operar como mecanismo de inclusión
cultural y lingüística, no como instrumento de validación de actuaciones excluyentes
que no corresponden a los desarrollos constitucionales y legales antes expuestos.

61.
Puntualmente, indicó que no pudo intervenir en el citado proceso porque no se
manejó también en el idioma que habla, lo que le impidió conocer de su existencia
de manera oportuna, pues se enteró por comentarios en la región. Situación que le
otorga legitimación en la causa por activa, dado que se adhirió a la acción de tutela
y sus pretensiones son idénticas a las relacionadas por los accionantes.

62.
Adujo que no se analizaron las constantes y graves vulneraciones de los derechos
fundamentales de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
contenidas en el proceso de nulidad electoral, al ser tramitado por completo en
lengua castellana, lo cual constituyó una barrera de acceso insuperable para un gran
número de ciudadanos raizales que no dominan el español y cuyo idioma natural y
cotidiano es el creole, lengua hablada por una proporción relevante de los habitantes
del archipiélago. Circunstancia que generó la exclusión sistemática de esta población
del conocimiento y seguimiento del mencionado proceso, lo cual les negó la
posibilidad de ejercer un control ciudadano efectivo a toda la comunidad raizal.

(vi) Dagoberto Bowie Mcnish

63.
Adujo, a través de agente oficioso, que la sentencia de nulidad electoral fue
emitida en castellano y él se comunica exclusivamente en lengua creole, que es su
idioma nativo. Ello le impide analizar, comprender y, por ende, ejercer su legítimo
derecho de contradicción y defensa contra la providencia, lo que contraviene
directamente el principio de igualdad material y la garantía de defensa judicial, al
negarle el acceso efectivo a la administración de justicia, debido a una barrera
lingüística que la autoridad judicial tiene el deber de remover.

64.
En el fallo impugnado se omitió considerar su vinculación al proceso de nulidad
electoral, por lo que tiene legitimación en la causa por activa en este asunto
constitucional, máxime cuando coadyuvó la solicitud de amparo.

65.
Con posterioridad, formuló en nombre propio impugnación13, en la que ratificó lo
expuesto por el agente oficioso y aclaró que ello se debió a que para ese momento
no se había traducido el fallo a creole, lo que le impedía conocer su contenido para

13 Presentada en idioma creole y traducida por la secretaría de educación del departamento del Archipiélago de

San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

ejercer la respectiva contradicción.

66.
Agregó que el hecho de haber participado en la presente acción e intervenido en
el proceso ordinario, le confiere legitimación en la causa por activa; por tanto, le
imponía al a quo analizar su calidad procesal.

67.
Además, se debe tener en cuenta que la providencia impugnada no solo afecta a
los accionantes directos, sino que perjudica a toda la comunidad. En ese sentido, se
debió flexibilizar la exigencia de legitimación y tener presente su participación para
garantizar el acceso a la administración de justicia de la colectividad.

68.
Anotó que en el proceso de nulidad electoral presentó escritos en su idioma nativo,
el creole, los cuales no solo fueron rechazados, sino que se le exigió que los tradujera
al castellano. Requerimiento que vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad
en sentido material y al libre desarrollo de su personalidad, en razón a que el creole
es la única lengua a través de la cual se puede comunicar y ejercer plenamente su
defensa.

D. Trámite en segunda instancia

69.
El 5 de diciembre de 2025, el presente asunto fue asignado por reparto para
surtir el trámite de impugnación al despacho a cargo del consejero Fernando Alexei
Pardo Flórez, quien el 9 del mismo mes y año manifestó su impedimento para asumir
su conocimiento, al estar incurso en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.

70.
Dicho impedimento fue aceptado el 18 de diciembre de 2025 y como en la
actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solo está
integrada por aquel magistrado y el ponente de esta providencia, se ordenó el
respectivo sorteo de dos conjueces, con el fin de integrar en debida forma la sala de
decisión, el cual se efectuó el 14 de enero de 2026, en el que resultaron elegidos los
magistrados Fredy Hernando Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata.

71.
Los mencionados consejeros presentaron un impedimento conjunto 14 , que fue
declarado infundado por auto del 3 de marzo de 202615.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

14 Manifestaron estar incursos en la causal de impedimento contenida en el numeral 4 del artículo 56 del Código

de Procedimiento Penal, para lo cual indicaron que en su condición de magistrados de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado suscribieron la providencia de 19 de mayo de 2025, proferida en el marco
del proceso de acción de tutela con radicación no. 1001-03-15-000-2025-02206-00, en la cual se formularon y
resolvieron similares cuestionamientos a los planteados en esta acción de tutela, respecto a la sentencia del 3
de abril de 2025 (providencia cuestionada en esta acción constitucional).
15 Se estimó que el conocimiento de la referida tutela no implicó un pronunciamiento sustancial previo, pues se

abordó un debate constitucional diferente.
13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

72.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199116.

F. Cuestiones previas

Solicitudes de medida cautelar en segunda instancia

73.
En el sub lite la tutelante, el partido Liberal Colombiano y el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez pidieron que se decretara medida cautelar, consistente en la
suspensión de las actuaciones del proceso de nulidad electoral en el que se emitió
el fallo censurado. Al respecto, se debe precisar que el objeto de este tipo de medidas
es salvaguardar los derechos fundamentales o evitar que se causen otros daños
derivados de la situación fáctica planteada, mientras se adopta una decisión de fondo
sobre la solicitud de amparo.

74.
En ese sentido, teniendo en cuenta que con esta sentencia se resuelve el asunto
en segunda instancia, carece de objeto pronunciarse sobre la referida solicitud de
medida cautelar.

Objeciones respecto al trámite de la presente acción constitucional

75. En sus impugnaciones, varios de los sujetos procesales presentaron objeciones

que no se refieren propiamente a la sentencia de primera instancia, sino al trámite
de la presente acción constitucional. Concretamente, el Partido Liberal Colombiano
adujo una indebida intervención de la autoridad judicial demandada (Sección Quinta
del Consejo de Estado), para solicitar la nulidad de la medida cautelar decretada y
requerir una pronta resolución; el señor Nicolas Gallardo censuró una falta de
decisión oportuna sobre solicitud de acumulación que presentó; y la accionante
Kimberly Torres cuestionó la falta de traducción del auto de 20 de octubre de 2025.

76. A juicio de la Sala, dichas situaciones no pasan de ser discrepancias respecto al

trámite, que en nada afectan el estudio de fondo que se adelantó en primera
instancia y el que se realiza en esta providencia. Corresponden a situaciones que
no determinan la necesidad de adoptar remedios procesales específicos.

77. Las intervenciones de la Sección Quinta del Consejo de Estado corresponden al
ejercicio legítimo de su derecho de defensa, encaminado a mantener incólumes las
decisiones que ha adoptado en el desarrollo del proceso ordinario al estimarlas
ajustadas al ordenamiento jurídico, frente a lo cual no se evidencia que tenga como
fin ejercer algún tipo de presión o de alterar la imparcialidad con que se debe decidir
cualquier asunto que se someta al conocimiento del aparato jurisdiccional.

16 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

78. La presunta falta de decisión respecto de la solicitud de acumulación,
cuestionada por el señor Gallardo, constituye una situación acaecida con
anterioridad al fallo impugnado, que no tiene la virtud de modificar la decisión
adoptada, máxime cuando el fin de la acumulación de las acciones de tutela es
mantener la uniformidad de las decisiones que se adopten ante situaciones
similares, lo cual se realizó frente a la tutela instaurada por el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez. Dicha acción17 fue repartida al despacho a cargo del consejero
de Estado Alberto Montaña Plata, el cual, mediante auto de 24 de octubre de 2025,
la remitió al despacho a cargo de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, al ser la
ponente de la providencia objeto de esta impugnación.

79. La falta de traducción del auto de 20 de octubre de 2025 del castellano al creole,

que censura la señora Torres, tampoco constituye algún tipo de vicio que tenga la
potencialidad de anular las actuaciones surtidas después de que fuera dictado, en
razón a que aquel fue un auto de trámite que simplemente dispuso la remisión del
expediente a la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, en razón a que el proyecto
que presentó el consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera no
alcanzó la mayoría de los votos necesarios para su aprobación.

Asuntos a tratar

80.
La Sala abordará, en primer lugar, los reproches formulados por los accionantes,
para posteriormente, pronunciarse sobre lo indicado por los otros sujetos procesales
en sus escritos de impugnación.

G. Análisis del caso concreto

1. Reproches formulados por los accionantes Kimberly Torres Saltos y Efraín
Alberto Ángel González

1.1. Legitimación en la causa por activa.

81.
La Sala coincide con el a quo en que la parte accionante no está legitimada en la
causa por activa, y esa consideración no varía de cara a lo expuesto en las
impugnaciones.

82.
Lo primero por indicar, de cara al cuestionamiento realizado por la señora Torres
Saltos en su impugnación18, relativo a que resulta contradictorio declarar su falta de
legitimación en la causa por activa, a pesar de que no se inadmitió la demanda; es
que dicho presupuesto no debe ser tenido en cuenta como un requisito para admitir
la acción de tutela. Ello, por cuanto todas las personas están habilitadas para
reclamar la protección de sus derechos fundamentales que considere vulnerados.
En ese sentido, examinar si quien acude a este mecanismo está legitimado, implica

17 Expediente 11001-03-15-000-2025-06646-00.
18 Este argumento fue acompañado por el Partido Liberal en su impugnación.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

un análisis que contraria los principios de informalidad y celeridad que rigen este
trámite, el cual solo exige para su admisión una narración de los hechos que la
originan, el señalamiento del derecho que se considera amenazado o violado y la
identificación de la autoridad que causa su amenaza o agravio.

83.
Por lo anterior, no era imperativo que se verificara en este asunto dicha exigencia
al momento de estudiar su admisibilidad. Máxime si se tiene en cuenta que en
situaciones como la estudiada, el análisis de este presupuesto exige un universo
mayor de elementos de juicio de orden fáctico y jurídico que sólo se pueden obtener
una vez se surta el proceso.

84.
Por tanto, frente la crítica que se hace sobre el momento en que se definió sobre
la legitimación del solicitante, el hecho de que se haya admitido este asunto
constitucional, decretado una medida cautelar y con posterioridad se haya declarado
su improcedencia no implica de modo alguno el desconocimiento de los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima; por el contrario, corresponde a la garantía
de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.

85.
De acuerdo con lo anterior, en la medida en que para arribar a la conclusión de
improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa, el a quo verificó las
actuaciones surtidas en el proceso ordinario para corroborar que los tutelantes
hubieren intervenido en éste y efectuó un estudio sobre el impacto de los hechos
expuestos en las garantías superiores de la tutelante, no se incurrió en alguna
irregularidad, y bien por el contrario, descartó efectuar un análisis sin contexto que
desbordaba lo requerido para su admisión.

86.
También, en relación con lo anterior, la sala nota que en el presente asunto no
solo se pretende dejar sin efectos una sentencia emitida en un proceso de nulidad
electoral para lo cual se plantean reproches frente a su contenido, sino que también
se exponen presuntas falencias previo a que se adoptara dicha providencia judicial,
lo que refuerza la idea acerca de que el aludido presupuesto no se analiza solo a los
efectos de aquella decisión judicial, sino también respecto del impacto de las
presuntas irregularidades en los derechos fundamentales de quienes acudieron al
proceso de nulidad electoral.

87.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona
puede acudir a la acción de tutela, bien sea por sí misma o a través de un
representante, para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad y, excepcionalmente, de los particulares.
Este mandato constitucional se normativizó en el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991.

88.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán
solicitar el amparo constitucional (i) ya sea en forma directa, (ii) por intermedio de un
16

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente oficioso (cuando el
titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa). De igual
manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados para ejercer esta
acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personeros municipales
(facultados para intervenir en representación de terceras personas, siempre que el
titular de los derechos haya autorizado19.

89. Así, a pesar de la celeridad e informalidad de la tutela, su ejercicio está sujeto a

unos requisitos mínimos, entre los que se encuentran la legitimación en la causa por
activa, que implica que la persona que acude a este mecanismo tenga un interés
particular y directo en la protección constitucional que pretende, lo que permite tener
certeza que lo que reclama es la salvaguarda de un derecho fundamental suyo o de
un tercero.

90. Cuando se controvierte una decisión emitida en un proceso judicial, la legitimación

recae en quienes integraron las partes del respetivo trámite o frente a quienes ella
está llamada a producir efectos directos. La Corte Constitucional, en sentencia SU-
329 de 2024, unificó el criterio relacionado con dicha legitimación frente a un proceso
de nulidad electoral, en el sentido de indicar que, en este evento, “quienes no hayan
sido partes o terceros en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión
cuestionada, no tienen legitimación por activa para presentar la acción de tutela. En
consecuencia, los tutelantes deben acreditar que participaron en el respectivo
proceso en calidad de demandados, demandantes o terceros y que, por ende, les
asiste un interés legítimo”.

91. Lo anterior, por cuanto (i) una providencia judicial que resuelve un caso concreto

surte efectos frente a los titulares de los derechos o intereses comprometidos en el
mismo, por lo que, en principio, solo quienes participaron en el proceso estarían
habilitados para reclamar la vulneración de sus garantías superiores como
consecuencia de dicha decisión judicial; asunto diverso es el de los efectos erga
omnes de la misma, que se proyecta ya no como elemento que afecta derechos de
los no intervinientes sino como premisa que impone su observancia por todos los
habitantes del territorio nacional; y, (ii) conforme al artículo 228 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en el
proceso electoral cualquier persona puede pedir que se le tenga como impugnador
o coadyuvante, por ende, los ciudadanos cuentan con la posibilidad de solicitar su

19 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción

de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
17

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participación en este tipo de asuntos en los que tengan interés y poner en
conocimiento del juez natural los argumentos que consideren relevantes.

92. Ahora, el estudio de la legitimación también supone examinar si las garantías

superiores respecto de las que invoca su protección están en cabeza de la parte
accionante o los titulares de estas son terceros.

93. En el sub-lite se tiene que presentaron los escritos de tutela el señor Efraín Alberto

Ángel González y la señora Kimberly Torres Saltos. Ambos carecen de legitimación
en la causa por activa. El primero porque ni siquiera hizo parte del aludido proceso
electoral; y respecto a la segunda se observa que si bien fungió como impugnadora
en aquel trámite judicial, además de solicitar la salvaguarda de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
tutela efectiva y elegir y ser elegido, pide la protección de estas prerrogativas en
cabeza del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez (en su condición de gobernador de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, período 2024-2027), de los más de
20.363 votantes que apoyaron su candidatura y de los partidos y movimientos
políticos que también aunaron esfuerzos para ese propósito.

94. La señora Torres Saltos carece de la facultad para perseguir la protección de los

derechos de los demás sujetos que menciona, pues solo asistió al proceso en
defensa de sus propios derechos tal y como se refrenda con el hecho de que no
aportó un poder que la habilitara para agenciar derechos de terceros y aún del propio
demandado, máxime cuando el señor Gallardo Vásquez, algunos partidos políticos
(Liberal Colombiano y Nuevo Liberalismo) y personas que manifestaron apoyar la
elección del gobernador, han intervenido en estas diligencias constitucionales.
Además, la tutelante alude a 20.363 votantes sin posibilidad de identificarlos, lo que
impediría realizar un estudio de constitucionalidad, dado que esta acción está
instituida para proteger derechos fundamentales de sujetos plenamente
identificados, a partir de situaciones concretas y no ante generalidades. Además que
frente a ella no se adoptaron decisiones relativas al uso del creole en sus
intervenciones, sino frente a otros sujetos procesales.

95. Precisado lo anterior, se concluye que en virtud de su falta de legitimación en la

causa por activa, no es viable avanzar en el estudio de ninguno de los reproches
formulados por el accionante Efraín Alberto Ángel González. Respecto a la señora
Kimberly Torres Saltos, esa falta de legitimación se predica en lo relativo a los
cuestionamientos asociados a las decisiones adoptadas por la Sección Quinta del
Consejo de Estado sobre las intervenciones de los señores Doralba Matilde Newball
y Dagoberto Bowie Mcnish, presentadas en lenguaje de señas y creole.

1.2. Otros cuestionamientos de la señora Kimberly Torres Saltos.

96. Como interviniente en el proceso de nulidad electoral, la señora Torres Saltos

está legitimada en la causa por activa para formular los demás cuestionamientos

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relativos a presuntas irregularidades acaecidas durante el trámite procesal, sin
embargo no acredita el cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial.

97. Cabe advertir que lo expuesto en la sentencia de primera instancia respecto a

esas censuras, no fue objeto de impugnación, de manera que no se objetó el análisis
que sobre el particular adelantó el a quo.

98. Los cuestionamientos de la señora Torres se refieren a la inclusión de manera

indebida de pruebas y de un argumento de anulación y a la falta de notificación, así
como a irregularidades contenidas en el fallo de nulidad electoral en cuanto a
presuntas falencias en la valoración de videos espurios.

99. La Sala comparte lo considerado por el a quo al respecto, en cuanto a que no se

evidencia que se hubieren recurrido el decreto de pruebas y la fijación del litigio,
para definir lo referente al material probatorio que se debía tener en cuenta, así como
sobre los aspectos sobre los que versaban la controversia; de manera que frente a
los primeros reproches no se acredita el cumplimiento del presupuesto de
subsidiariedad, en tanto la accionante omitió ejercer los mecanismos ordinarios de
defensa con que contaba en el marco del proceso ordinario para tramitar esos
cuestionamientos.

100.Por otro lado, los reproches frente al fondo del asunto, carecen de relevancia
constitucional por la ausencia de una carga argumentativa suficiente que ponga en
evidencia que las objeciones expuestas respecto a la sentencia estructuran una
problemática de vulneración de derechos fundamentales. Lo anterior, en la medida
en que no se explicó de manera concreta en qué consisten las falencias en que se
incurrió en la providencia acusada y cómo estas generaron la afectación
constitucional alegada.

101.La señora Kimberly Torres se limitó a señalar que la decisión atacada contiene
argumentos que contrarían los precedentes judiciales y las normas, tanto procesales
como sustanciales, sin embargo no desarrolló esa afirmación genérica, lo que impide
establecer cuál es la censura concreta que hace al estudio adelantado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

2. Reproches de otros sujetos procesales

102.Las intervenciones realizadas por los demás sujetos procesales que impugnaron
serán analizadas, considerando su papel de coadyuvantes en este trámite
constitucional.

103.Para ello, lo primero por precisar es que la coadyuvancia es una figura procesal
que consiste en que una persona acude a una controversia judicial para apoyar las
aspiraciones del extremo activo o compartir la oposición del demandado, y así

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(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

salvaguardar sus propios intereses; de acuerdo con el inciso 2 del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, “Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

104.De las intervenciones referidas y el marco legal citado, se infiere que la
coadyuvancia no implica ni puede ser interpretada como una manifestación de
apoderamiento, mandato o facultad a la tutelante para acudir a este escenario en su
nombre en procura de la defensa de sus derechos fundamentales. Por el contrario,
reafirma el hecho de que no enfrentaban algún tipo de impedimento para promover
este instrumento constitucional, prefiriendo no hacerlo, pero ingresando al proceso
a coadyuvar el resultado del proceso en función de lo esgrimido por la señora Torres
Saltos, quien, por demás, no actuó en ejercicio de una agencia oficiosa de aquellas.

105.En tal sentido cualquier tipo de coadyuvancia está limitada a la defensa de los
derechos fundamentales de la señora Kimberly Torres. Y, en tanto respecto a ella
se declaró la falta de legitimación en la causa por activa en lo referente a las
intervenciones realizadas en el proceso electoral en lenguaje de señas y creole, los
argumentos que expusieron otros intervinientes para apoyar esa solicitud de
amparo, tampoco pueden ser abordados por el juez de tutela.

106.Ni siquiera los presentados por los señores Doralba Matilde Newball y
Dagoberto Bowie Mcnish, que fueron las personas que concurrieron al proceso
ordinario en lenguaje de señas y creole, pues -se reitera- en esta acción
constitucional no se ventila lo referente a la posible afectación de sus derechos
fundamentales, sino los de la señora Torres Saltos. Si ellos estimaron que la referida
actuación de la autoridad judicial afectó sus garantías constitucionales lo que debían
hacer era ejercer por su cuenta la acción de tutela.

107.En situación similar se hallan los señores Nicolás Iván Gallardo Vásquez y
Trujillo Nelson Duffis. Este último indica que no pudo intervenir en el proceso
ordinario por la dificultad de conocer en creole sobre su existencia, pero claramente
presenta un reproche ajeno al estudiado, pues pretende la protección de sus propios
derechos. Respecto al señor Gallardo Vásquez, aunque es el directamente afectado
con la decisión judicial objeto de reproche en estas diligencias, dado que a través
de aquella se declaró la nulidad de su acto de elección como gobernador de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la presente acción actúa en condición de
coadyuvante, y en tal medida, no les es dable pretender la salvaguarda de sus
derechos.

108.No cabe duda de que si el referido señor deseaba perseguir la protección
constitucional de las garantías superiores que considera se vulneraron o se pueden
vulnerar con la decisión judicial atacada, debió promover una acción de tutela

20

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

diferente20, como en efecto lo hizo y respecto de la cual el 5 de diciembre de 2025
la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación21 dictó fallo de primera
instancia, en sentido desfavorable a sus pretensiones.

109.Lo propio se puede decir respecto a los impugnantes Misión Archipiélago San
Andrés y Partido Liberal Colombiano, pues los reparos formulados en sus recursos
no pueden entenderse en un contexto diferente y más amplio que el planteado por
la accionante en torno a la alegada afectación de sus derechos fundamentales, pues
ese es el objeto de esta acción constitucional, la verificación de que las garantías
iusfundamentales cuyo amparo se deprecan no se hayan visto afectadas, lo cual no
supone un control respecto de todo el proceso ordinario y sus intervinientes.

110.En línea con lo anterior, la sala recaba en que, como factor transversal en las
impugnaciones, se advirtió que la negativa de traducir al idioma creole las
actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad electoral, así como la exigencia
de que las intervenciones se realicen en castellano, comportaba un quebranto de
derechos fundamentales no solo de los accionantes, sino de la comunidad raizal de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

111.Al respecto, se debe insistir en que la acción de tutela se instituyó para
propender por la protección de derechos fundamentales ante situaciones concretas
frente a derechos de los que es titular la accionante. De manera que cualquier
discusión que exceda el ámbito de protección de los derechos de la señora Torres
Saltos escapa del objeto de esta acción constitucional.

112.Ahora, al margen de la falta de legitimación en la causa por activa, la Sala no
desconoce el deber estatal de asegurar la protección de las minorías étnicas ante
actos discriminatorios o que les impidan el ejercicio de sus derechos, como el acceso
a la administración de justicia y a comparecer ante las instancias judiciales en
igualdad de condiciones. Sin embargo, los supuestos fácticos aquí planteados no
permiten evidenciar situaciones concretas en las que se vea inmersa la parte
accionante, y permitan adelantar un estudio como el que pretenden los impulsores
del presente tramite constitucional.

113.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada, para declarar la
falta de legitimación en la causa por activa, y la improcedencia de la acción de tutela;
en los términos expuestos en precedencia.

114.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

20 De acuerdo con la sentencia T-269 de 2012 de la Corte Constitucional.
21 Expediente 11001-03-15-000-2025-06646-00.

21

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02691-01
(acumulado con expediente 11001-03-15-000-2025-03527-00)
Accionante: Kimberly Torres Saltos y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 22 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que declaró
improcedente la acción de tutela, para, en su lugar: (i) DECLARAR la falta de
legitimación en la causa por activa del señor Efrain Alberto Ángel González; (ii)
DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Kimberly
Torres Saltos, en lo relativo a los cuestionamientos asociados a las decisiones
adoptadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre las intervenciones
presentadas en lenguaje de señas y creole en el proceso de nulidad electoral 11001-
03-28-000-2023-00103-00; y (ii) DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
amparo de la señora Kimberly Torres Saltos, en lo relativo a los demás
cuestionamientos presentados contra la sentencia del 3 de abril de 2025, emitida
dentro del referido proceso de nulidad electoral, por no acreditar los presupuestos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE22
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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