Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02206-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02206-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02206-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
19 de mayo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02206-00
Demandante: FUNDACIÓN MISIÓN ARCHIPIELGADO DE SAN ANDRÉS
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DISCUSIÓN SOBRE PRESUNTOS YERROS
PROCEDIMENTALES Y SUSTANCIALES EN EL TRÁMITE
DEL PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL ADELANTADO
EN CONTRA EL ACTO DE ELECCIÓN DEL GOBERNADOR
DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA PARA EL PERIODO 2024-2027.
Síntesis del caso: la sociedad accionante, en su condición de coadyuvante dentro del proceso de
nulidad electoral promovido en contra del entonces gobernador del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, cuestionó la providencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por considerar que i) se desconocieron los derechos colectivos del pueblo
raizal por exigirles a dos intervinientes interesados hacerlo en idioma castellano, ii) se aplicaron
las normas sobre la doble militancia sin tener en cuenta el contexto étnico y se valoraron
indebidamente unos videos que fueron tachados de falsedad y, por último, iii) se omitió el trámite
de consulta previa. Sin embargo, la Sala declarará la falta de legitimación por activa de la
sociedad accionante en lo relacionado con los reparos procedimentales, negará lo relativo a la
consulta previa y, a su vez, declarará improcedente el mecanismo por falta de relevancia
constitucional respecto de los reproches sobre la supuesta aplicación estricta de la figura de doble
militancia y la valoración de unas pruebas, debido a que fueron resueltos de manera expresa por
la autoridad judicial accionada, sin que la presente acción pueda convertirse en una instancia
adicional al proceso electoral.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad sin ánimo de lucro Misión
Archipiélago de San Andrés1, a través de su representante legal2, en contra de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, para la protección de sus derechos fundamentales de
igualdad, debido proceso, elegir y ser elegido y acceso a la administración de justicia,
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Mediante escrito radicado el 21 de abril de 2025 (índice 01 de Samai).
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Richard Nicolás Martínez Olivera.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02206-00
Actor: Fundación Misión Archipiélago de San Andrés
Acción de tutela
consagrados en los artículos 13, 29, 40 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia del 3 de abril de 2025.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) El 4 de julio de 2023, el Partido Liberal Colombiano le otorgó el aval al señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez para aspirar a la Gobernación del departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, para el periodo constitucional 2024–2027.
2) El 29 de julio de 2023, el señor Gallardo Vásquez inscribió oficialmente su candidatura
ante la autoridad electoral competente, respaldado por la coalición “Avanzar es Posible”,
integrada por los Partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical.
3) El 11 de agosto de 2023, el Partido Nuevo Liberalismo suscribió un acuerdo de
adhesión política con el Partido Liberal Colombiano para respaldar la candidatura,
adhesión que se concretó mediante acta formal y se comunicó públicamente como parte
de un proyecto programático conjunto.
4) El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales, en las cuales
el señor Gallardo Vásquez obtuvo el mayor número de votos (20.363 sufragios) para ser
declarado como gobernador electo.
5) El 3 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora del departamento de San Andrés
expidió el formulario E-26 GOB, mediante el cual se declaró al señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez como gobernador para el periodo 2024-2027
6) El 23 de noviembre de 2023, el señor César Daniel Castro Muñoz presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, en el cual solicitó la nulidad del Acta
del escrutinio general-formulario E-26 GOB de noviembre 3 de 2023, por considerar que
se incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, por cuanto se
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02206-00
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Acción de tutela
configuró la causal de anulación electoral prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la
Ley 1437 de 20113.
6) El 24 y 27 de noviembre de 2023, la parte demandante reformó la demanda inicial y
allegó como pruebas unos videos obtenidos en redes sociales, en los que presuntamente
se evidenciaba que el señor Gallardo Vásquez habría apoyado una candidatura distinta
antes de su inscripción oficial.
7) Mediante auto del 1 de febrero de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la demanda y sus reformas, al tiempo que negó la medida cautelar de suspensión
provisional del acto acusado, por considerar que no existían pruebas técnicas idóneas
que respaldaran la supuesta doble militancia.
8) A través de un extenso escrito la parte demandada contestó el libelo y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por estimar que los argumentos de los actores no
configuraban la causal de nulidad electoral, pues, únicamente demostraban que la
campaña fue legítima y que en su momento el candidato recibió apoyos, los cuales
agradeció públicamente, sin que por ello se pueda inferir que se configuró la doble
militancia en la modalidad de apoyo; además, formuló tacha de falsedad respecto de los
videos que fueron aportados junto con la reforma de la demanda, por cuanto, a su juicio,
estos adolecen de “incorrecciones técnicas” por posibles alteraciones o modificaciones.
9) En auto del 11 de julio de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado i) fijó el litigio,
ii) negó la práctica de una prueba técnica solicitada por el Partido Liberal, iii) dispuso
dictar sentencia anticipada, iv) ordenó correr traslado para alegar de conclusión, v)
ordenó requerir a los señores Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie, quienes
habían manifestado su interés de intervenir en el proceso, para que, si a bien lo tenían,
lo hicieran en idioma castellano, vi) declaró no probada la excepción de inepta demanda
formulada por la parte demandada, quien consideraba que en el libelo se acumularon de
forma indebida causales de índole subjetivo y objetivo y, vii) en relación con la tacha de
falsedad planteada por la parte demandada frente a unos videos, precisó que la
manifestación del demandado no cumplió con la carga respecto de especificar en qué
consistía la falsedad alegada, puesto que se limitó a señalar que los videos adolecen de
incorrecciones técnicas por posibles alteraciones y modificaciones pero, en ningún
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El proceso se registró con el número de radicación 11001-03-28-000-2023-00103-00.
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momento se alegó que la imagen o la voz no correspondan a la del demandado, por lo
cual, con sustento en el precedente jurisprudencial de la propia Sección Quinta del
Consejo de Estado en casos similares, concluyó que los reproches en contra de esa
prueba no debían ser tramitados en los términos de los artículos 269 y 270 del CGP como
una tacha de falsedad, sin perjuicio de lo cual en la sentencia se analizarían tales
argumentos para determinar si los videos podían valorarse o si, por el contrario, fueron
alterados en su contenido.
10) El 16 de julio de 2024, los apoderados del demandado y del Partido Liberal
Colombiano interpusieron recurso de reposición y en subsidio de súplica, en particular, el
primer recurrente lo hizo frente a 1) la decisión de tramitar el asunto por la vía de
sentencia anticipada por considerar que la decisión de negar el trámite de la tacha de
falsedad y, en su lugar, dictar sentencia anticipada vulneraba sus derechos, 2) la negativa
a decretar la prueba pericial solicitada por ese partido y, 3) la exigencia para que los
ciudadanos aludidos previamente intervinieran en idioma castellano.
11) Respecto al tercer punto, afirmó que el análisis resultó ser equivocado, pues, el
despacho estimó que se presentó un video “ininteligible”, cuando en realidad se trataba
de lenguaje de señas, derivado de la condición de sorda de la señora Doralba Matilda
Newball, y, además, se asumió que esta conocía el idioma castellano por el simple hecho
de que su cédula estaba firmada, lo cual no es cierto; y respecto del señor Dagoberto
Bowie, por cuanto allegó su escrito en creole, lengua del pueblo raizal del archipiélago.
12) Agregó que si bien la decisión no indicó textualmente que se negaba la intervención
de tales terceros, en estricto sentido ese era el resultado, por cuanto, únicamente se
otorgó el término de ejecutoria de la providencia para aportar en lengua castellana los
respectivos memoriales y, aunque el artículo 104 del CGP establece que los procesos
judiciales deben adelantarse en el idioma castellano, también lo es que esa disposición
dispone que las partes pueden implementar otras lenguas o dialectos que existen en el
país, para lo cual los operadores judiciales pueden designar a un auxiliar de la justicia o
particular para que interpreten esos documentos.
13) Finalmente, más de 70 ciudadanos, mediante escritos independientes manifestaron
su desacuerdo con la decisión en relación con la participación de esos terceros, con base
en que debía prevalecer el interés que estos tienen en la causa sobre el idioma que
manejan.
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14) El 18 de julio de 2024, cuando ya se encontraba ejecutoriada y en firme esa decisión,
la sociedad Misión San Andrés solicitó intervenir en condición de tercero con interés para
defender la elección del gobernador.
15) Con proveído del 22 de agosto de 2024, el magistrado ponente confirmó lo relativo al
trámite de sentencia anticipada y la fijación del litigio; en cuanto al trámite de la tacha de
falsedad de los videos ratificó que el artículo 270 del CGP exige que al tachar una prueba
debe explicarse en qué consiste la falsedad y que en este caso el demandado se limitó a
controvertir su contenido, por lo cual, de conformidad con la tesis imperante en la materia
no se le podía dar el trámite de tacha4, porque esta solo “procede cuando se pretende
desvirtuar la autenticidad del documento, es decir, cuando se intenta demostrar que se
duda de la autoría de cierto documento atribuido en su contra”, lo cual no se alegó en
este caso; en cuanto a la participación de los terceros, declaró la falta de legitimación por
activa de los referidos ciudadanos y de la parte demandada para proponer recurso de
reposición con el fin de oponerse a la decisión que les ordenó que, si a bien lo estimaban,
podían pronunciarse en idioma castellano, por estimar que no eran los llamados a
controvertir la decisión, toda vez que no era su derecho a participar en el proceso el que
estaba en controversia.
16) Además, sostuvo que “es necesario aclarar que la intervención de los señores
Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball no ha sido negada, simplemente se les instó
para que allegaran sus manifestaciones a través de medios escritos en castellano para
que tanto el juez como los demás sujetos procesales entendieran el objeto de su
vinculación al presente trámite judicial y sea claro si pretenden respaldar a alguna de las
partes. Además, se precisa que se les otorgó como plazo para pronunciarse la ejecutoria
del auto del 11 de julio de 2024, ya que este es el término establecido para hacerse parte
como tercero en el proceso electoral”.
17) Asimismo, anotó que esta Corporación solicitó apoyo para la traducción del video en
lenguaje de señas y del escrito en lengua raizal, sin embargo, no fue posible lograr la
traducción al castellano de esos pronunciamientos, en consecuencia, si los interesados
conocieron del proceso y quisieron intervenir, ello era indicativo de que conocían el idioma
o tenían interacción con alguien que podía comunicarse con ellos y que hablaba el idioma
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Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 7 de febrero del 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-01599-00,
MP Nicolás Yepes Corrales, citado en el auto del 6 de junio de 2024, exp. 11001032800020240004600 MP
Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02206-00
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oficial del proceso, sin embargo, como los directamente interesados tampoco se
pronunciaron dentro del término que se les otorgó, se adoptó la determinación de seguir
con el curso del proceso; por último, fue en esta oportunidad en la que se aceptó la
intervención de la sociedad sin ánimo de lucro Misión San Andrés.
18) En auto del 16 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó
el recurso de súplica por improcedente, porque la providencia que requirió a los terceros
para que presentaran sus memoriales en castellano no era una de las providencias
enlistadas en el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011 o en los numerales 1 a 8 del artículo
243, es decir, que no era pasible de ser controvertida a través de ese mecanismo.
19) En segundo lugar, porque el demandado no estaba legitimado para interponer un
recurso que afecta a terceros y que no impugnaron la decisión directamente (Dagoberto
Bowie y Doralba Matilda Newball) o que afectara a un tercero que desistió del recurso de
súplica, como ocurrió con el partido Liberal Colombiano.
20) El 21 de noviembre de 2024, el magistrado ponente ordenó al perito designado por
la defensa del gobernador responder el cuestionario formulado por el apoderado del
Partido Liberal Colombiano con el fin de esclarecer aspectos técnicos sobre el video
aportado como prueba de la supuesta doble militancia.
21) El 15 de diciembre de 2024, el perito ratificó su dictamen pericial y concluyó que el
video utilizado por el actor popular había sido alterado digitalmente5.
22) Durante el trámite, la defensa del gobernador aportó traducciones no oficiales de los
memoriales presentados en lengua nativa por los intervinientes mencionados, sin
embargo, según la parte actora, dichas traducciones no fueron incorporadas al
5
“(…) 7. ¿En este caso, la evidencia es confiable?
Respuesta: No, técnicamente la evidencia presentada no se puede tener como confiable. Los análisis
detectaron las siguientes deficiencias:
● Alteraciones evidentes: Cambios en audio y video que comprometen la autenticidad. Existe una variación
de tiempo entre el audio y las escenas del video, lo que evidencia de lejos que el archivo ha sido
manipulado, por lo que es técnicamente imposible certificar su autenticidad, integridad y/o que no haya sido
alterado.
● Ausencia de un código hash: Nunca se utilizó un código hash para garantizar la integridad.
● Inconsistencias en los metadatos: Las fechas y atributos presentaron discrepancias deliberadas que
sugieren manipulación (…)”.
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expediente ni valoradas por el despacho, con lo cual se excluyó de facto a los ciudadanos
raizales que pretendían ejercer su derecho de participación en su lengua.
23) A pesar de que se realizaron solicitudes a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ), al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y al Ministerio de las
Culturas para disponer de traductores en lengua nativa, lenguaje de señas o braille, las
entidades no ofrecieron una respuesta garantista y, a pesar de ello, continuó el trámite
del proceso sin adoptar ninguna medida de inclusión o ajuste razonable.
24) Mediante providencia de única instancia del 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró la nulidad del acto demandado con fundamento en la
configuración de la causal de doble militancia bajo la modalidad de apoyo.
25) En particular, concluyó que el demandado, en su condición de miembro activo y
afiliado al Partido Liberal, colectividad que inscribió su propia lista para la asamblea
departamental, prestó apoyo directo a varios candidatos de partidos distintos al suyo,
entre ellos, el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical y otras organizaciones políticas, apoyo
que se materializó en actos positivos y concretos durante eventos públicos, discursos,
publicaciones y mensajes que constituyeron un respaldo indebido contrario al artículo 2
de la Ley 1475 de 2011 y al numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, que
consagra esta conducta como causal autónoma de nulidad electoral.
26) Además, aclaró que la pertenencia étnica del candidato no era suficiente para eximirlo
del cumplimiento del régimen de inhabilidades y que no podía aplicarse un trato
diferenciado en materia de doble militancia únicamente por su condición de miembro de
la comunidad raizal.
Fundamento de la vulneración6
La sociedad actora sostuvo que la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, incurrió en una violación directa de la
Constitución, en suma i) por exigirle a los señores Doralba Matilda Newball y Dagoberto
Bowie, quienes solicitaron participar como terceros interesados, que intervinieran en
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Estos argumentos fueron extraídos de dos escritos, uno presentado inicialmente el 21 de abril de 2025 y,
el otro, con ocasión de la inadmisión del mecanismo el 28 de abril siguiente.
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idioma castellano, a pesar de que una de ellas pertenece a la comunidad sorda y el otro
solo habla en creole y ii) por aplicar las normas sobre la doble militancia sin considerar
las particularidades culturales de la comunidad raizal, lo cual conllevó a la anulación del
acto de elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del
Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el
período 2024–2027.
A su juicio, la elección del señor Gallardo Vásquez constituyó una expresión legítima de
autonomía política y cultural del pueblo del archipiélago, materializada a través de un
proceso democrático en el que la mayoría de la población votó en su favor, lo cual exigía
un análisis diferenciado por parte del juez, en atención a los derechos especiales
reconocidos a dicha comunidad por los artículos 7, 10 y 310 de la Constitución Política,
el Convenio 169 de la OIT, la Ley 47 de 1993 y el Decreto 1211 de 2018.
Para sustentar su primer planteamiento, hizo alusión a que, en la providencia del 11 de
julio de 2024, la Sección Quinta les indicó a los señores Doralba Matilda Newball y
Dagoberto Bowie que podían intervenir en el proceso únicamente si lo hacían en idioma
castellano.
Consideró que esa exigencia representó una carga procesal desproporcionada e
inconstitucional, ya que no solo se les impidió intervenir en su lengua nativa sin
habérseles notificado dicha exigencia en términos comprensibles para ellos, sino que,
además, se ignoró lo dispuesto en el artículo 104 del Código General del Proceso, que
permite expresamente el uso de lenguas nativas en actuaciones judiciales con apoyo de
traductores o intérpretes designados por el juez.
Agregó que, si bien se formularon solicitudes ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ), el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y el
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para obtener asistencia técnica en
traducción e interpretación, dichas autoridades no ofrecieron una solución eficaz y, aun
así, la Sección Quinta de esta Corporación decidió continuar con el trámite sin adoptar
medidas alternativas, tales como acudir a traductores externos o prorrogar los plazos
procesales para garantizar la participación efectiva de los intervinientes.
Incluso, en el índice 147 del sistema SAMAI reposan traducciones no oficiales allegadas
por la defensa, las cuales no fueron tenidas en cuenta, decisión que, a su juicio, no solo
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vulneró el derecho del debido proceso, sino que constituyó una forma de discriminación
lingüística y cultural prohibida por los artículos 7 y 10 de la Carta Política y la Ley 1381
de 20107.
Así entonces, enfatizó que todo el trámite judicial se adelantó exclusivamente en idioma
castellano, sin considerar la posibilidad de permitir intervenciones en lengua creole o
lengua de señas, pese a que esta ha sido reconocida como idioma oficial en el
archipiélago junto con el español, conforme con lo dispuesto en la Ley 47 de 19938.
En su criterio, esta omisión contrarió de forma directa los artículos 7 y 10 de la
Constitución, que consagran el respeto a la diversidad étnica y lingüística de la Nación y
cohibió injustificadamente la participación de personas que pretendían intervenir en su
lengua materna o con una discapacidad, sin que existiera disposición normativa alguna
que exigiera su intervención en idioma castellano.
Por otra parte, cuestionó que se hubiera aplicado el artículo 139 del CPACA y el artículo
2 de la Ley 1475 de 2011 sobre doble militancia, sin considerar las particularidades del
contexto étnico y cultural del archipiélago.
Sobre el particular, sostuvo que la comunidad raizal se caracteriza por mantener fuertes
lazos familiares y sociales, lo cual hace que sea culturalmente aceptado expresar
respaldo o admiración pública hacia miembros que aspiran a cargos públicos, sin que ello
constituya necesariamente una manifestación de apoyo político partidista.
En el caso concreto, las expresiones utilizadas como prueba de doble militancia
correspondían a actos espontáneos y naturales en el marco de una comunidad
cohesionada por lazos de consanguinidad y tradición, donde la militancia no se rige por
los mismos esquemas ideológicos y orgánicos que estructuran el sistema de partidos
tradicional.
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“Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y
28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se
dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las
lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes”.
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“Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina”.
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Además, en el departamento no tienen partidos políticos propios o estructuras
organizativas sólidas, los líderes raizales deben acudir a colectividades nacionales como
el Partido Liberal o el Conservador para inscribirse en los procesos electorales, lo cual
los obliga a participar con reglas que no reflejan sus prácticas políticas ni sus formas
tradicionales de organización, generándose una desventaja estructural que debe ser
corregida a través del enfoque diferencial.
Adicionalmente, también señaló que no debieron valorarse los registros videográficos
aportados por la parte demandante del proceso ordinario, debido a que fueron
cuestionadas por su posible alteración técnica.
Señaló que existía un dictamen pericial desfavorable que desvirtuaba su autenticidad y
que, a pesar de ello, fueron utilizados para anular la elección, de ahí que la tacha de
falsedad fue desestimada indebidamente con el argumento de que no se especificó en
qué consistía, lo cual, según consideró, era innecesario porque estaba sustentada en un
informe técnico pericial.
En ese mismo sentido, advirtió que la aplicación rígida de la doble militancia desconoció
las condiciones particulares en las que se desarrolló la campaña del señor Gallardo
Vásquez, pues, las manifestaciones de apoyo que se le atribuyeron como prueba de
infracción legal no respondían a alianzas políticas organizadas, sino a expresiones
culturales propias de su comunidad, de modo que la nulidad del acto de elección resultó
injusta y desproporcionada, por cuanto castiga comportamientos que, en el contexto de
las costumbres y prácticas de la isla, no constituyen conductas sancionables sino formas
válidas de participación social y comunitaria.
En tercer lugar, estimó que antes de adoptar la decisión en el proceso de nulidad
electoral, se debió consultar previamente a la comunidad raizal, en atención a que se
trataba de una medida con efectos directos sobre la autonomía política y cultural de un
grupo étnico protegido, omisión que desconoció los compromisos internacionales
suscritos por Colombia en materia de consulta previa y participación de los pueblos
ancestrales en las decisiones que los afectan, en particular los contenidos en el Convenio
169 de la OIT.
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Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que se conceda el AMPARO de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, así como el derecho
político a elegir y ser elegido, de los que son titulares los ACCIONANTES, en
su condición de entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo social, va encaminado
a garantizar estos derechos fundamentales a la población Raizal y residente,
objetivo social debidamente ejercido como fundación durante más de veinte (20)
años, donde la fundación ha ejercido múltiples acciones en defensa de los
derechos de los isleños, por lo cual la fundación accionante, es una
organización social, que tiene como probar que es una organización reconocida,
en el campo judicial y social, como pieza clave en la protección de los derechos
de la comunidad que eligió al Dr. Nicolas Gallardo Vásquez, como gobernador
del Departamento Archipiélago de San Andrés, para el periodo 2024-2027.
Que, por esta razón, fuimos admitidos como coadyuvantes en el proceso
vinculado a esta acción constitucional, por llenar los requisitos para intervenir
como fundación, en la defensa de los derechos del demandado y de la
comunidad isleña, en procesos administrativas o judiciales que se estimen
convenientes, para defender los derechos del gobernador, de la comunidad
ancestral y residente en la demanda de Nulidad Electoral.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se pretenderá en esta
acción constitucional que SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 3 de abril
de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el trámite
judicial 11001-03-28-000-2023-000103-00, que declaró la nulidad de la elección
del Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, periodo 2024-
2027 y, en consecuencia, se PROFIERA por el Juez Constitucional o se le
ORDENE a la Sala accionada emitir una nueva decisión, en la que a la luz de
una correcta aplicación de las normas que regulan la materia, niegue las
pretensiones de la demanda formulada en contra del Gobernador legítimamente
elegido, como medida para restablecer, no solo nuestros derechos
fundamentales, sino, a la vez, los de nuestro gobernador y, los derechos
políticos de los más de 20.363 electores, que apoyaron su aspiración a la
Gobernación de San Andrés, así como el derecho de los partidos y movimientos
políticos que aunaron esfuerzos para lograr la extraordinaria votación con la que
fue elegido.
PRIMERA SUBSIDIARIA: Que, como consecuencia de los yerros
procedimentales y sustanciales que se alegan en esta acción contra algunas
providencias dictadas durante el curso del proceso, se ORDENE a la Sección
Quinta retrotraer el trámite judicial adelantado en contra de la elección del
Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2024-2027), en aras
de subsanar las irregularidades sustanciales cometidas por la autoridad judicial
demandada, como medida de protección de los derechos de defensa y de
contradicción del elegido.
SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que, bajo el AMPARO de los derechos
fundamentales mencionados, los jueces de tutela adopten las medidas
pertinentes que garanticen la efectividad de los derechos dentro del proceso de
nulidad electoral que se cuestiona.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02206-00
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Acción de tutela
TERCERA SUBSIDIARIA: Que bajo el amparo de los derechos fundamentales
mencionados, se adopten medidas que garanticen al demandado y a la
comunidad, que la decisión de anular la elección del Gobernador de San
Andrés, NICOLAS IVAN GALLARDO y se realice en una audiencia con la Sala
de decisión completa, es decir con la presencia de todos los señores
Magistrados convocados y necesarios para tomar la decisión, no como se
realizó el día 03 de Abril de 2025 donde se profirió le acto acá demandado, sin
la presencia de unos de los Magistrados de los cuatro que forman la sección
quinta del Consejo de Estado, acá Accionada a fin de garantizar a la sociedad
a la Justicia y al demandado el acceso a la Justicia, mediante un proceso justo”.
(Fls. 1 y 2 del escrito de complementación de la demanda de tutela).
Actuación procesal
El 21 de abril de 2025, la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés presentó la
acción de tutela de la referencia en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y
de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior (índice
01 de Samai).
Por auto de 22 de abril de 2025, el despacho inadmitió la acción de tutela y le otorgó al
señor Richard Nicolás Martínez Olivera un término de dos (2) días para que allegara los
respectivos documentos que acreditaran la personería jurídica de la Misión Archipiélago
de San Andrés, así como su representación legal o el poder especial para actuar en
nombre de dicha sociedad, so pena de rechazo (índice 05 de Samai).
En cumplimiento de ese requerimiento, el 28 de abril de 2025, la parte actora aportó los
documentos solicitados, pero, además, presentó un nuevo escrito denominado como
“ajuste de acción de tutela”, en el cual complementó el contenido del texto inicial en
cuanto alegó de manera expresa un defecto por violación directa de la Constitución, limitó
la legitimación en la causa por pasiva a la Sección Quinta del Consejo de Estado y
excluyó a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del
Interior.
En atención a lo anterior, mediante auto del 30 de abril de 2025, la acción fue admitida
exclusivamente en relación con la Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridad
judicial a la que se atribuye la supuesta vulneración de derechos fundamentales que
motivó el presente trámite y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados
integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado y, como terceros con interés, se
vinculó a los señores Nicolás Iván Gallardo Vásquez, César Daniel Castro Muñoz, Glesy
Bent Forbes; la gobernación del departamento de San Andrés, Providencia y Santa
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Actor: Fundación Misión Archipiélago de San Andrés
Acción de tutela
Catalina; los directores nacionales de los partidos políticos Liberal Colombiano, Nuevo
Liberalismo, Conservador Colombiano, Cambio Radical y Centro Democrático y al
presidente del Consejo Nacional Electoral, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 12 de Samai).
Adicionalmente, se negó la medida cautelar referente a que se ordenara la suspensión
de los efectos de la providencia judicial cuestionada, en razón a que no estaban dadas
las razones fácticas y jurídicas que impusieran la necesidad de decretarla debido a que
no había elementos de juicio suficientes que justificaran la intervención del juez de tutela
y tampoco se demostró la configuración de un perjuicio irremediable.
Intervenciones de las autoridades demandadas
El señor Harold Bush Howard manifestó que la acción de tutela de la referencia no
representa al pueblo en sus intereses colectivos y que el actor no es raizal, no vive en las
islas, no cuenta con mandato alguno de la autoridades étnicas ni ha sido autorizado para
actuar en nombre de la isla que pretende instrumentalizar.
En consecuencia, solicitó que i) se le reconozca como tercero interviniente, en su
condición de ciudadano raizal, ii) se declare la falta de legitimación por activa del actor y
iii) se declare improcedente el mecanismo por utilizarse como una instancia para revivir
el proceso de nulidad electoral que fue fallado conforme a derecho (índice 17 de Samai).
La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado remitió el expediente
contentivo del proceso de nulidad electoral con radicación no. 11001-03-28-000-2023-
00103-00 (índice 18 de Samai).
El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declare la falta de legitimación en lo que
a esa autoridad refiere, ya que no es la competente para satisfacer las pretensiones de
la demanda de tutela (índice 19 de Samai).
El señor Richard Nicolás Martínez Olivera se pronunció frente a la intervención del
señor Harold Bush Howard y la rechazó por considerar que no solicitó formalmente su
participación en el proceso, como lo exige el procedimiento constitucional, motivo por el
cual pidió que no se acepte dicha intervención (índice 20 de Samai).
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Acción de tutela
No obstante, con el propósito de sustentar su petición, señaló que el señor Harold Bush
Howard se ha caracterizado por generar conflictos en el archipiélago y en el pasado fue
obligado a retractarse judicialmente por haber hecho afirmaciones falsas en contra del
exgobernador Hawkins Sjögren.
En ese contexto, solicitó no considerar válidas ni confiables las manifestaciones del señor
Bush Howard, debido a que no gozaba de respaldo comunitario ni de credibilidad, y que
sus actuaciones anteriores deslegitimaban cualquier intervención de su parte.
Finalmente, anexó una respuesta de la Fiscalía General de la Nación, sede San Andrés,
en la cual se informó sobre la existencia de casos activos en el sistema SPOA que
relacionaban a Harold Bush Howard como persona querellada.
El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones por no haberse
demostrado el defecto fáctico ni violación directa de la Constitución o la ley, con base en
los siguientes argumentos (índice 23 de Samai):
Explicó que, en los procesos de nulidad electoral, la persona elegida actúa como
demandada y que los ciudadanos que respaldan la elección, incluidos los miembros de
la comunidad raizal, pueden intervenir como terceros, pero no tienen la calidad de parte
procesal.
Indicó que todos los terceros fueron debidamente reconocidos dentro del término legal y
presentaron sus escritos en idioma castellano, sin que se les impidiera el acceso a la
administración de justicia y, aunque la comunidad raizal podía tener interés en el
resultado, no era la directamente afectada, razón por la cual no se debatían derechos
colectivos ni se requería una participación preferente.
En cuanto a la ciudadana Doralba Matilda Newball, explicó que esta presentó un video
donde aparecía haciendo señas y una cédula con su firma, con base en el cual se
concluyó que tenía capacidad de comunicarse por escrito, por tanto, la requirió para que
allegara su intervención mediante memorial, dentro del término de ejecutoria del auto que
dispuso dictar sentencia anticipada.
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Acción de tutela
Frente al señor Dagoberto Bowie, señaló que la intervención presentada estaba escrita
en lengua creole, por consiguiente, conforme con el artículo 104 del Código General del
Proceso, se le requirió para que presentara su escrito en idioma castellano, lo cual no
constituyó una medida discriminatoria, sino una aplicación del marco normativo, teniendo
en cuenta que el demandado era el gobernador elegido y no la comunidad raizal.
Además, los intervinientes mencionados no presentaron recurso contra el auto que les
impuso dichas condiciones ni siguieron su actuación en el proceso y, aunque la
apoderada del demandado allegó un documento con una supuesta traducción de las
intervenciones, este consistió en un memorial que incorporó la traducción sin indicar su
autoría, de ahí que no existía certeza sobre su contenido.
Asimismo, precisó que en el índice 95 del sistema Samai reposaba un oficio del Cendoj
en el que informó que no se contaba con traductores oficiales en lenguas nativas o
lenguaje de señas y adjuntó un estimativo de costos si se recurría a particulares, sin
embargo, como los terceros no insistieron en participar, no fue necesario adelantar
ninguna traducción oficial.
Finalmente, afirmó que la tacha de falsedad propuesta contra los videos no cumplió los
requisitos legales exigidos por el artículo 270 del Código General del Proceso, ya que la
parte demandada no indicó de manera precisa en qué consistía la falsedad, limitándose
a afirmar que los videos presentaban posibles alteraciones técnicas o modificaciones.
Por esta razón, consideró que los videos conservaban la presunción de autenticidad y
podían ser valorados junto con los demás elementos probatorios del expediente. Destacó
que los dictámenes periciales aportados por la defensa únicamente señalaron que no se
podía certificar la integridad, inalterabilidad y origen de los archivos audiovisuales, sin
afirmar que fueran apócrifos.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que no existió desconocimiento del derecho de
defensa ni del principio de contradicción, pues las pruebas fueron analizadas con base
en la sana crítica y la tacha de falsedad no prosperó por falta de especificidad.
En cuanto al argumento relativo a la necesidad de adelantar una consulta previa con la
comunidad raizal, indicó que tal afirmación carece de fundamento normativo puesto que
el trámite de un proceso de nulidad electoral no exige consulta previa, por cuanto no
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Acción de tutela
constituye una actuación administrativa ni legislativa que afecte directamente a
comunidades étnicas.
El Partido Liberal manifestó que es evidente la violación del debido proceso y que las
solicitudes de traducción lingüística no requieren una ritualidad especifica, sino, por el
contrario, de forma oficiosa debió garantizarse la protección especial constitucional a
través de un enfoque diferencial por tratarse de una comunidad raizal, máxime, si sus
decisiones afectan los derechos comunes y generales de todos quienes habitan el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (índice 26 de Samai).
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la solicitud de vinculación, 3) la
solicitud de desvinculación del CNE, 4) el caso concreto, 5) la legitimación en la causa
por activa para presentar acciones de tutela, 6) análisis de los reparos planteados en
contra de la providencia del 3 de abril de 2025, 7) la supuesta necesidad de adelantar
una consulta previa y, 8) conclusión.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Acción de tutela
La solicitud de vinculación
Respecto de la solicitud presentada por el ciudadano Harold Bush Howard, mediante la
cual pretende ser reconocido como tercero interviniente en este trámite constitucional, en
su condición de miembro de la comunidad raizal, la Sala considera que no hay lugar a
acceder a lo solicitado.
Lo anterior, por cuanto de la revisión integral del expediente no se advierte que el
mencionado ciudadano haya participado en el proceso de nulidad electoral en calidad de
parte, coadyuvante o tercero interviniente ni que hubiera ejercido actuaciones dentro de
dicho proceso que le confirieran un interés jurídico directo o actual sobre la sentencia
objeto de reproche.
Asimismo, se observa que las afirmaciones que formula se orientan a expresar una
opinión sobre la legitimación del accionante y la validez de la decisión judicial adoptada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero no configuran un interés procesal
específico que amerite su vinculación como sujeto dentro de este trámite, en
consecuencia, la solicitud de intervención será denegada.
La solicitud de desvinculación del CNE
En relación con la solicitud elevada por el Consejo Nacional Electoral, en la que pide se
declare la falta de legitimación por pasiva respecto de esa autoridad dentro del trámite de
la presente acción de tutela, esta Sala advierte que no accederá a lo solicitado.
Si bien es cierto que el acto acusado en el proceso contencioso electoral no fue proferido
por dicha autoridad, también lo es que el Consejo Nacional Electoral fue vinculado al
proceso de tutela en su condición de tercero con interés por ser la autoridad con funciones
de dirección, inspección y vigilancia del proceso electoral, por lo que su participación
resulta relevante a efectos de garantizar el principio de contradicción y la eficacia del fallo
que llegue a dictarse. En esa medida, se negará la solicitud formulada.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
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Acción de tutela
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de unos supuestos errores procedimentales que
se produjeron en el curso del trámite del proceso de nulidad electoral y en la providencia
del 3 de abril de 2025.
Para efectos del presente análisis y por cuestiones metodológicas, esta Sala dividirá en
dos los reproches formulados por la parte actora con el fin de abordarlos con orden, así
i) los argumentos que hacen referencia a presuntas irregularidades de orden
procedimental, específicamente las relacionadas con el tratamiento conferido a dos de
los terceros intervinientes y las garantías de su participación por ser de la comunidad
raizal y ii) los argumentos que atacan directamente el contenido de la sentencia
cuestionada, es decir, aquellos que se dirigen a controvertir lo relativo a la doble
militancia.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará la falta de
legitimación por activa de la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés respecto de
los primeros reparos anunciados previamente, al propio tiempo que declarará
improcedente por falta de relevancia los cuestionamientos relativos a la sentencia, por
las siguientes razones:
La legitimación en la causa por activa para presentar acciones de tutela
1) Los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del Decreto 2591 de 1992 establecen
que toda persona puede acudir a la acción de tutela “para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares en los casos señalados
por el referido decreto.
2) En el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
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Acción de tutela
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”.
3) En similares términos, la Corte Constitucional se ha pronunciado para indicar que “la
acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre9”.
4) A su vez, en la sentencia T-552 de 2006 la misma Corporación se refirió a la necesidad
de acreditar el interés de quien acude en procura de la protección de los derechos
fundamentales y señaló que “la legitimación en la causa por activa en los procesos de
tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados”.
5) Ahora bien, no puede desconocerse que el mecanismo de amparo diseñado en la
Constitución Política de 1991 como un medio de defensa de los derechos fundamentales
presenta entre sus características especiales la informalidad, lo cual implica que no tiene
mayores formalismos o requisitos rigurosos de procedibilidad.
6) Sin embargo, atendiendo a su propia naturaleza jurídica y sin obviar dicho carácter
informal, la Corte Constitucional ha precisado que el ejercicio de la acción de tutela está
sometido al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales
se destaca el relacionado con la legitimación por activa o titularidad para promoverla.
7) En este sentido, analizado el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política y
10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia ha sostenido que son titulares de la acción
las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por
cuanto son estas quienes se encuentran habilitadas para solicitar el amparo
constitucional en forma directa o por intermedio de su representante o apoderado.
9
En Sentencia T-1020 de 2003.
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8) Igualmente, en el caso de que los titulares de los derechos violados no estén en
condiciones de promover su propia defensa, como se analizó, la ley autoriza la agencia
oficiosa de derechos ajenos; no obstante, para ello el agente debe manifestar
expresamente dicha circunstancia ante la autoridad judicial que tiene a su cargo el
conocimiento de la acción.
9) En suma, de lo hasta aquí explicado es posible concluir que la acción de tutela se
puede presentar i) por la persona que estima vulnerados sus derechos fundamentales,
esto es, por el directamente afectado, ii) por medio de representantes legales, como en
el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas; iii) a través de un agente oficioso; y, iv) por intermedio de un abogado
debidamente facultado.
5.1 Falta de legitimación en la causa por activa para agenciar derechos de terceros
en el caso concreto
1) La Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, a través de su representante legal,
cuestionó que la Sección Quinta del Consejo de Estado hubiera exigido a los señores
Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie intervenir en idioma castellano, sin brindar
asistencia lingüística ni permitir el uso de su lengua nativa en creole o en lengua de señas,
a pesar de que tales formas de comunicación están reconocidas legalmente y reflejan
prácticas culturales propias de la comunidad raizal.
2) Sin embargo, previamente a revisar tales planteamientos, conviene aclarar que la
legitimación en la causa por activa en el trámite de la acción de tutela, como se explicó
previamente, constituye una exigencia procesal esencial para su procedencia, pues,
garantiza que el mecanismo constitucional no se desnaturalice como un instrumento de
control abstracto, sino que se reserve a la protección inmediata y concreta de derechos
fundamentales cuya titularidad o representación efectiva esté debidamente demostrada.
3) En efecto, en los términos analizados en precedencia, el artículo 86 de la Constitución
Política dispone que cualquier persona podrá interponer acción de tutela por sí misma o
por quien actúe a su nombre, y el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 10, exige que el
accionante sea el titular del derecho presuntamente vulnerado o actúe como
representante legal o como agente oficioso, en las condiciones allí previstas.
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4) A pesar de lo anterior, en este caso no se acreditó que la fundación ostente la
representación jurídica de los mencionados ciudadanos, tampoco se invocó formalmente
la figura de la agencia oficiosa y mucho menos se cumplen las condiciones para inferir
que se trate de una situación de agencia oficiosa tácita; se encuentra demostrado que
ambos ciudadanos son plenamente identificables, cuentan con capacidad jurídica para
actuar directamente y promover su propia defensa y, de hecho, solicitaron intervenir por
su propia cuenta mediante comunicaciones electrónicas dirigidas a la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
5) En ese orden de ideas, debe concluirse que la Fundación Misión Archipiélago de San
Andrés carece de legitimación por activa para controvertir decisiones procesales que
afectaron exclusivamente a terceros ajenos a ella y que fueron adoptadas en una etapa
en la que dicha organización ni siquiera formaba parte del proceso.
6) El hecho de que la accionante comparta los intereses generales de la comunidad raizal
no la habilita para asumir sin autorización expresa la representación judicial de sus
integrantes ni mucho menos para cuestionar, en sede constitucional, decisiones judiciales
relativas a la intervención de ciudadanos que no le han conferido poder ni han sido
representados expresamente por ella y mucho menos han ratificado sus actuaciones.
7) En el presente asunto, si bien la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés fue
aceptada como tercero coadyuvante en el proceso de nulidad electoral mediante auto del
22 de agosto de 2024, lo cierto es que su intervención fue posterior a la expedición del
auto del 11 de julio del mismo año, providencia en la cual se resolvió, entre otras
determinaciones, sobre la intervención de los ciudadanos Doralba Matilda Newball y
Dagoberto Bowie, en el sentido de exigir que sus escritos fueran presentados en idioma
castellano10.
8) En efecto, una vez revisado el expediente se advierte que la solicitud de intervención
de la fundación aquí demandante en el proceso de nulidad electoral fue radicada el 18
de julio de 2024, esto es, con posterioridad a la expedición del auto del 11 de julio de
2024 en el que se requirió a los señores Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie para
10
En este punto es necesario aclarar que los señores Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie, si bien
manifestaron su intención de intervenir en el proceso, dicha intervención fue supeditada a que lo hicieron
en castellano y como no acataron dicho requerimiento no fueron tenidos como partes, intervinientes,
terceros ni ninguna otra condición que amerite tenerlos como sujetos procesales.
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que, si a bien lo tenían, intervinieran en idioma castellano. Es más, para ese momento ya
esa decisión se encontraba debidamente ejecutoriada y en firme, según el proveído de
22 de agosto de 2024 de la propia Sección Quinta del Consejo de Estado en el cual se
indicó que los recursos contra esa decisión podían presentarse hasta el 17 de julio del
mismo año11, de modo que como la sociedad ahora actora no quedó afectada por esa
determinación, tampoco tenía legitimación para recurrirla y, de hecho, solicitó su
intervención después de que esa decisión se enconaba en firme, para la Sala es forzoso
concluir que no le asiste interés alguno para cuestionarla en sede de tutela, como
tampoco le asistía para hacerlo en la nulidad electoral.
9) En ese orden de ideas, se concluye que la Fundación Misión Archipiélago de San
Andrés carece de legitimación por activa para promover la presente acción de tutela, por
cuanto no actúa como titular de los derechos presuntamente vulnerados, no representa
a las personas que sí podrían alegar una afectación directa y no invocó la agencia oficiosa
para intervenir en su nombre, lo cual se declarará en la parte resolutiva de esta decisión.
10) En gracia de discusión, aun si se aceptara que la sociedad accionante estuviera
legitimada para cuestionar las decisiones adoptadas en relación con la intervención de
terceros dentro del proceso de nulidad electoral, lo cierto es que la acción de tutela
tampoco cumpliría con el requisito de subsidiariedad, en tanto no se agotaron los
mecanismos judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento para controvertir tales
determinaciones en el proceso de nulidad electoral.
11) En efecto, como se expuso en el acápite de los hechos (hecho 11 y subsiguientes),
mediante auto del 11 de julio de 2024 se adoptó el trámite de sentencia anticipada y se
les indicó a los ciudadanos Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie que debían
intervenir en idioma castellano, decisión que era susceptible de ser recurrida mediante
reposición12.
11
En efecto, en ese auto se indicó al respecto: “64. En este caso, la decisión recurrida fue proferida el 11
de julio de 2024 y notificada por estado el 12 de julio siguiente, mientras que los recursos de reposición se
presentaron los días 16 y 17 del mismo mes y año, es decir, de forma oportuna, por lo que hay lugar a
pronunciarse sobre el mismo.
65. Sin embargo, algunos de los ciudadanos que presentaron sus memoriales para apoyar la intervención
de los señores Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball se presentaron el día 18 de julio de 2024, por
lo que estas no serán tenidas en cuenta”.
12
Como la propia Sección Quinta señaló que en esa decisión, en estricto sentido, no se negó la intervención
de terceros, sino que se les ordenó pronunciarse en castellano, la decisión no era susceptible de súplica,
sino de reposición.
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12) Sin embargo, del expediente se evidencia que tales personas, directamente
afectadas por la exigencia procesal que se cuestiona, no interpusieron recurso alguno
para controvertir dicha decisión y tampoco lo hizo en su nombre y representación la
fundación aquí demandante, omisión procesal que también impide estudiar de fondo el
mecanismo, pues, el carácter residual y subsidiario de esta herramienta constitucional
exige que los afectados agoten previamente todos los medios judiciales idóneos de
defensa que les brinda el ordenamiento, salvo que demuestren su ineficacia en el caso
concreto, lo cual no ocurrió en este asunto, por tanto, la acción de tutela también
resultaría improcedente por este motivo.
Análisis de los cuestionamientos frente a la sentencia del 3 de abril de 2025
13) Por otro lado, la parte actora cuestionó la aplicación de las normas generales del
régimen de nulidad electoral, en particular el artículo 139 del CPACA y el artículo 2 de la
Ley 1475 de 2011 sobre doble militancia, en razón a que, según su criterio, estas
disposiciones no se ajustan a las particularidades culturales de la comunidad raizal.
14) Ello, por cuanto en la isla prevalece una estructura social basada en lazos familiares
y vínculos tradicionales, en la cual es culturalmente aceptado manifestar públicamente
respaldo o admiración hacia quienes aspiran a cargos públicos, sin que ello constituya
necesariamente militancia política o apoyo partidista.
15) Aunado a lo anterior, consideró que hubo una supuesta indebida valoración
probatoria de los videos aportados como prueba de la doble militancia, porque en el
proceso obra un dictamen pericial en el que se determinó que aquellos no eran pruebas
robustecidas y con base en el cual solicitó la tacha de falsedad, la cual consideró
indebidamente desestimada.
16) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos con ocasión de la contestación de la parte
demandada, los recursos, las intervenciones de terceros13 y las pruebas obrantes en el
expediente.
13
El Partido Liberal, según la sentencia cuestionada, manifestó “56. Finalmente dijo que el demandado es
raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que el Tribunal de Cundinamarca en el expediente
2021-216 profirió un fallo que protegió el derecho a la participación política y a la integridad cultural de la
comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ordenando al Estado expedir tarjetas
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17) En efecto, en la contestación de la demanda, los diferentes recursos que presentó y
los alegatos, la parte demandada del proceso de nulidad electoral indicó, en similares
términos a los que ahora plantea la aquí actora, que los videos que sustentaban las
acusaciones del demandante frente al supuesto apoyo ofrecido a Luis Torres James
adolecen de incorrecciones técnicas que permitían dudar de la autenticidad de su
contenido por posibles alteraciones y modificaciones y, por tanto, debían ser tachados de
falsos, además, el Partido Liberal también sostuvo que por ser el demandado miembro
de una minoría étnica debió dársele un trato diferenciado:
“En conclusión: el análisis de los metadatos del archivo de video
"016Anexo.mp4" revela varias inconsistencias y omisiones que sugieren una
posible manipulación del archivo. La falta de datos sobre la fecha y hora de
creación y modificación, junto con discrepancias en la duración del video y los
tamaños de archivo, plantea dudas sobre la integridad del video y sugiere la
posibilidad de que haya sido editado o manipulado, que pone en duda la
autenticidad y la integridad del archivo.
A partir de los metadatos relacionados con el audio del archivo de video, se
evidencia que no hay indicios evidentes de que el sonido haya sido editado ya
que los parámetros del audio, como el formato, los canales, los bits por muestra
y la tasa de muestreo, son consistentes con un archivo de audio estándar sin
manipulación significativa; no obstante, los metadatos por sí solos pueden no
proporcionar una imagen completa, y ponen en duda su integridad.
Se trata de una grabación de pantalla de un fragmento de video que omite la
mayoría de la información presente en él, por lo que no hay garantía de la
autenticidad del video o de la información en él contenida.
El video, evidentemente, fue recortado, lo que denota que el original tiene más
información y, si tiene corte al final, es muy probable que, igualmente, le hagan
falta partes a su inicio.
Finalmente, el hecho de que el video 15 y el 16 se refieran al mismo suceso, el
hecho de que el video 16 tenga mayor duración, es prueba suficiente de que el
15 está fragmentado, una razón más para no descartar su autenticidad,
integridad, originalidad, entre otros.
Sobre la base de estas apreciaciones técnicas, y fundada en los mandatos de
los artículos 269 y 270 del Código General del Proceso, esta defensa formula
tacha de falsedad respecto de los videos que sustentan las acusaciones del
demandante, referidas al inexistente apoyo que mi prohijado habría ofrecido a
Luis Torres James, en el término de la campaña política que precedió su
designación democrática como Gobernador del departamento de San Andrés,
periodo 2024-2027.
electorales y material electoral en la lengua nativa de los raizales, y afirmó que sería interesante conocer
las actuaciones que el Consejo de Estado ha realizado con la finalidad de dar a conocer las líneas
jurisprudenciales trazadas y si le ha dado la publicidad en la lengua nativa de los raizales sanandresanos.
57. Sostuvo que el demandado es miembro de una minoría étnica y lingüística que requiere de un
tratamiento diferenciado, y de accederse a las pretensiones se vulneraría el mandato popular y
democrático, generando la carga de librar un nuevo proceso electoral en momentos en donde los recursos
se pueden destinar a otros fines”.
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Acción de tutela
En relación con los requisitos para la postulación de la tacha de falsedad, el
referido artículo 270 de la Ley 1564 de 2012 consagra:
“Quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir
las pruebas para su demostración.”
De conformidad con lo reproducido, la formulación de la tacha exige no solo la
expresión de las razones que sustentan la ausencia de autenticidad del video,
sino también los medios de prueba que refrendan el dicho de quien la postula.
En el caso particular, y como ha sido enlistado en líneas previas, los
videos –pruebas documentales aducidas por el accionante–, adolecen de
una serie de incorrecciones técnicas que permiten dudar de la
autenticidad de su contenido, por posibles alteraciones y modificaciones,
fundadas en los dictámenes de peritos especializados que se aportan con
esta contestación, solicitando de esta manera la exclusión total de los
medios de convicción que pretenden relacionar a mi defendido con la
candidatura de Torres James a la Asamblea de San Andrés. De esta
manera, en el asunto de autos, la tacha de falsedad cumple con los
requisitos y presupuestos legales para ser tramitada, lo que supone”.
(índice 17 de Samai),
18) Sin embargo, en auto del 11 de junio de 2024, la autoridad accionada resolvió las
excepciones previas, fijó el litigio, decretó pruebas, dispuso dictar sentencia anticipada y
se pronunció previamente frente a la tacha de falsedad en los siguientes términos:
“17. De otra parte, se tiene que la apoderada de la parte demandada
formuló tacha de falsedad respecto de los videos que sustentan las
acusaciones del demandante frente al supuesto apoyo ofrecido a Luis
Torres James. Al respecto, indicó que esos videos adolecen de
incorrecciones técnicas que permiten dudar de la autenticidad de su
contenido por posibles alteraciones y modificaciones, fundadas en los
dictámenes de peritos especializados.
18. Sobre la tacha, el artículo 269 del Código General del Proceso dispone que
la parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o
manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda.
De igual forma esta norma indica que esta figura aplica a las reproducciones
mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzcan.
19. En este orden de ideas, si bien es cierto que la tacha de falsedad es el
mecanismo idóneo para cuestionar las reproducciones mecánicas de la voz o
de la imagen, no puede perderse de vista que conforme con lo establecido en
el artículo 270 del CGP quien tache un documento deberá indicar de manera
clara en qué consiste la falsedad.
20. En este caso, no se advierte que se haya cumplido con el requisito de
indicar en qué consiste la falsedad, puesto que la parte demandada se
limitó a decir que los videos adolecen de unas incorrecciones técnicas por
posibles alteraciones y modificaciones, sin embargo, en ningún momento
está señalando que la imagen o la voz no corresponde a la del demandado.
21. Así las cosas, es claro que en este caso la parte demandada cuestiona los
videos por unas “posibles alteraciones o modificaciones”, esto es, cuestiona que
los videos pudieron ser editados, pero en ningún momento indica que la imagen
o la voz no corresponden a las suyas.
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Actor: Fundación Misión Archipiélago de San Andrés
Acción de tutela
22. Sobre el particular, esta Corporación ha dicho:
Se llega entonces a la conclusión que la denominada falsedad material es
aquélla que constituye el objeto de la tacha, por lo que a través de ésta se
puede desvirtuar la autenticidad del documento. Empero, la falsedad
ideológica no se tramita a través de esta figura procesal, pues como su
inconformidad se origina en relación con el contenido del documento y no
respecto de la autenticidad del mismo, el mecanismo para su controversia
lo constituyen, justamente, las pruebas recaudadas dentro del proceso
que permitan desvirtuar dicho contenido.
23. En este contexto, los cuestionamientos presentados no se tramitarán
como tacha de falsedad, no obstante, se precisa que será en la sentencia
con fundamento en las pruebas allegadas que se estudiarán los videos y
se determinará si los mismos pueden valorarse o si por el contrario fueron
alterados o modificados en su contenido”.
19) Posteriormente, en la providencia del 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado analizó ampliamente los aludidos videos para determinar si podrían
ser valorados o, por el contrario, debía descartarlos si se encontrara que su contenido
fue alterado –se transcribe in extenso por su importancia para el caso concreto–, de la
siguiente manera:
“121. Revisados los anteriores requisitos, se procederá a analizar las pruebas
que obran en el expediente.
122. En relación con el valor probatorio de las fotografías, videos e
impresiones de pantalla, el artículo 243 del Código General del Proceso
dispone:
(…).
124. De acuerdo con esta disposición, los documentos se presumen auténticos
siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos o desconocidos. No
obstante, deben analizarse en contexto, conforme con las reglas de la sana
crítica.
125. Precisado lo anterior, se tiene que respecto al apoyo a Delford Brackman
Ortiz en la demanda se allegaron las siguientes pruebas:
https://www.facebook.com/reel/830464618705311
126. Frente a este video, debe decirse que al tratar de consultarse sale la
siguiente información:
(…).
128. Como lo ha dicho en varias oportunidades esta Corporación, las fotos
deben valorarse según lo establece el artículo 243 del CGP, aplicable por
remisión de los artículos 296 y 211 del CPACA.
129. Al revisarlas, la Sala no encuentra que con ellas se haya demostrado la
doble militancia, toda vez que de ninguna de ellas puede concluirse el apoyo
del demandado a Delford Brackamn Ortiz.
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130. En estas imágenes solo se observa al señor Gallardo Vásquez parado al
lado de Delford Brackman o hablando en la tarima, sin que se advierta algún
tipo de apoyo.
131. En cuanto al apoyo a Luis Manuel Torres James, debe decirse que se
acompañaron 2 videos en formato mp4.
132. Frente a estos videos en la contestación de la demanda se formuló
tacha de falsedad, la cual se basó en incorrecciones técnicas que permiten
dudar de la autenticidad de su contenido por posibles alteraciones y
modificaciones, fundadas en los dictámenes de peritos especializados.
133. Esta tacha se resolvió en el auto del 11 de julio de 2024 en el cual se
dijo que no se cumplió con el requisito de indicar en qué consistía, puesto
que la parte demandada se limitó a decir que los videos adolecen de unas
incorrecciones técnicas por posibles alteraciones y modificaciones, sin
embargo en ningún momento se señaló que la imagen o la voz no
correspondía a la del demandado.
134. Así las cosas, es claro que en este caso la parte demandada cuestiona los
videos por unas «posibles alteraciones o modificaciones», es decir, cuestiona
que los videos pudieron ser editados, pero en ningún momento indica que la
imagen o la voz no corresponden a las suyas.
135. Entonces, dado que los videos se cuestionan porque no se puede
certificar su integralidad, inalterabilidad y origen, y pudieron ser editados,
más no, porque quien aparece en los mismos no corresponda al
demandado, se presumen auténticos y por tanto procederán a ser
analizados junto con los dictámenes periciales.
(…).
137. Precisado lo anterior, se tiene que en los dictámenes aportados con la
contestación de la demanda se indicó lo siguiente:
Video WhatsApp de 03:10:
138. Corresponde a un video de WhastApp descargado el 27 de noviembre de
2023, y se desconoce su procedencia, el tamaño del archivo es 43.7 MB y la
duración es de 00:03:09. No se encontró que el archivo electrónico estuviera
acompañado por un código algorítmico hash que haya garantizado su
inalterabilidad, ni certificación de la fecha y hora en que el archivo fue
recolectado, por lo que no existe alguna garantía confiable de que se ha
conservado la integridad de la información contenida en la videograbación, a
partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, por
lo que no es posible certificar el cumplimiento del requisito de originalidad
contenido en el artículo 8 de la Ley 527 de 1999.
139. Asimismo, se dijo que, el video fue grabado mediante la funcionalidad de
screen recorder, a partir de la reproducción de un video supuestamente
publicado en la cuenta de Facebook Luis Fernando Llamas Pereira el 6 de
septiembre de 2023, por lo que no corresponde al video original.
140. Fue hecho por la herramienta Movavi, usada para la grabación de pantalla.
141. El análisis con el filtro de Comprensión GHOST muestra regiones blancas,
verdes claras o azules y claras consistentes sobre un fondo negro que puede
corresponder a rastros de manipulación. El análisis con el filtro de Comprensión
BLOCK muestra regiones coherentes con un color diferente al del su entorno
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que pueden corresponder a manipulación, aunque los blancos y verdes claros
sobre un fondo oscuro son la indicación más típica de manipulación.
142. En los metadatos mostrados se puede observar inconsistencias en las
fechas de creación y en las fechas de modificación, tanto del video, como de
las pistas de video y de audio. La falta de datos sobre la fecha y hora de creación
y modificación del archivo indica una posible manipulación que oculta la
verdadera línea de tiempo de producción del video.
Video WhastApp de 1:59:
143. Se observa que corresponde a un video de WhatsApp descargado el 27
de noviembre de 2023, desconociéndose su procedencia. El tamaño del archivo
es de 20-2 MB y la duración del video es 00:01:59. No se encontró que el archivo
electrónico estuviera acompañado por un código algorítmico hash que haya
garantizado su inalterabilidad, ni certificación de la fecha y hora en que el
archivo fue recolectado, por lo que no existe alguna garantía confiable de que
se ha conservado la integridad de la información contenida en la
videograbación, a partir del momento en que se generó por primera vez en su
forma definitiva, por lo que no es posible certificar el cumplimiento del requisito
de originalidad contenido en el artículo 8 de la Ley 527 de 1999.
144. El análisis con el filtro de Comprensión GHOST muestra regiones blancas,
verdes claras o azules y claras consistentes sobre un fondo negro que puede
corresponder a rastros de manipulación. El análisis con el filtro de Comprensión
BLOCK muestra regiones coherentes con un color diferente al del su entorno
que pueden corresponder a manipulación, aunque los blancos y verdes claros
sobre un fondo oscuro son la indicación más típica de manipulación.
145. En los metadatos mostrados se puede observar inconsistencias en las
fechas de creación y en las fechas de modificación, tanto del video, como de
las pistas de video y de audio. La falta de datos sobre la fecha y hora de creación
y modificación del archivo indica una posible manipulación que oculta la
verdadera línea de tiempo de producción del video.
146. En cuanto al formato del video se evidencia un recorte en el formato
original, por lo que no se puede saber su originalidad ni asegurar su
autenticidad. Se denota que el video es una grabación de un live o en vivo de
la red social Facebook lo que indicaría que el formato es de 9:16 mientras que
en las propiedades se denota que el formato de video es de 480x784 lo que
indica edición y/o recorte del video.
147. En la aclaración de estos dictámenes se insistió sobre las conclusiones
allegadas en los escritos antes mencionados.
148. Sobre este tipo de afirmaciones en los dictámenes periciales, esta
sala ha dicho que conocer quién grabó el video no resulta indispensable,
en la medida que lo relevante de la prueba es que no contenga signos de
alteración o manipulación que trastornen la veracidad de los hechos
representados en las imágenes del archivo, especialmente frente a las
declaraciones contenidas en aquel.
149. En este caso los videos no tienen signos de alteración que lleven a concluir
que han sido alterados y que cambian o modifican lo que ellos contienen, toda
vez que entre las conclusiones a las que se llega, se indica que se hicieron
grabaciones de la pantalla, que pudo ser más corta que el video original, o
afirmaciones genéricas de que pudo haber sido editado, sin embargo no se
alega alguna en concreto en cuanto a su contenido, esto es, no se indicó alguna
posible alteración respecto a las manifestaciones que allí se hacen.
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150. En cuanto a las posibles ediciones que tengan los videos, esta
Corporación en varias ocasiones ha enfatizado en que eso no lleva
automáticamente a proclamar su falsedad, por lo que mientras no se
desvirtúe su autenticidad, debe valorarse a la luz de la sana crítica y en
conjunto con las demás pruebas que obren en el expediente. De manera
concreta se ha dicho:
(…).
152. Precisado lo anterior, y dado que se insiste, en este caso no se alegó
de manera concreta una edición en cuanto al contenido de los videos, se
procederá a valorarlos.
153. En el video que dura 01:59, primero se enfoca al público y luego al
demandado, y quien graba está ubicado en la parte de abajo con el público, no
en la tarima, muy cerca del demandado hablando. El segundo video, que tiene
una duración de 03:10, que fue grabado de un perfil denominado “Luis Fernando
Llamas Pereiras” de una red social, contiene la misma grabación, solo que el
video es más largo, porque comienza desde antes.
154. Analizados los mismos, se encuentra que corresponde a un evento público
de campaña en donde en la parte de atrás hay un pendón grande en el que se
lee Luis Torres James y Nicolás y se ve tanto la imagen de ese señor, como la
del demandado. Así mismo, se ve una tarima en donde hay una mesa con
personas sentadas, y al frente una gran cantidad de personas que asisten al
evento. En la tarima se encuentra el demandado usando una camisa roja y tiene
un micrófono en la mano, y dice lo siguiente:
Necesitamos marcar la diferencia, necesitamos marcar primero por una
asamblea, con un amigo, con una persona que tiene todas las cualidades, todo
mi respaldo y por eso también es el primero de la lista, porque es una persona
doliente de este territorio, y que necesitamos que sea parte de la duma
departamental marcando Alianza del Nuevo Liberalismo, Conservador,
Colombia Justas Libres, numero 51, es muy fácil, es el primero, entonces no
nos podemos equivocar (...)
155. Para esta Sala es claro que de lo dicho por el demandado se advierte
un apoyo claro e inequívoco por parte de él al candidato Luis Torres James
del Nuevo Liberalismo para la Asamblea departamental, puesto que al
verificar el pendón que se ve en la parte de atrás del video, se advierte que
el mismo tiene el número 51 de la coalición formada por los partidos
Nuevo Liberalismo, Conservador y Colombia Justas Libres.
156. Al revisar con detenimiento las palabras del demandado es evidente que
manifiesta un apoyo claro al decir necesitamos marcar a la asamblea por un
amigo, y acto seguido afirma que necesitaba que fuera parte de la duma
departamental el candidato número 51 de la alianza del Nuevo Liberalismo,
Conservador y Colombia Justas Libres, que corresponde al señor Luis Torres
James.
157. En este punto, debe leerse en contexto toda la intervención del
demandado, puesto que su acto de apoyo se evidencia de las frases que
integran su discurso, ya que (i) indica que necesitamos marcar por la asamblea,
(ii) luego se refirió a un amigo que tiene todas las cualidades para esa
corporación y del cual manifestó «tiene todo mi respaldo», para después (iii)
señalar que es el primero de la lista, y finalizar diciendo que necesita que sea
parte de la duma departamental y referir, de forma inequívoca, al partido y
número en la tarjeta electoral del aspirante.
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158. De manera que su intervención está dirigida a mandar un mensaje
inequívoco al electorado consistente en el sufragio a favor del señor Luis Torres
James a la Asamblea.
159. Finalmente, de la revisión del video, es claro que el evento se hizo durante
la campaña política, puesto que de la intervención del demandado, es clara su
condición de candidato a la gobernación.
160. Ahora bien, la defensa de la parte accionada considera que los videos
allegados con el escrito inicial no pueden ser valorados, en razón a que no
cuentan con el consentimiento expreso del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez. Al respecto, la Sala considera que esta autorización no se requiere al
tratarse el registro fílmico de un evento público de una campaña política, por lo
que no le aplica esa restricción.
161. De manera que al haberse predicado dicho apoyo inequívoco y concreto,
en un evento público, con la asistencia de varias personas, es claro que no se
requería una autorización para su grabación y que además constituye un apoyo
indebido.
(…).
164. Precisado lo anterior, esta sala debe señalar que no le asiste razón a
la parte demandada cuando afirma que en este caso no se debe aplicar el
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, ya que es claro por todo lo explicado con
antelación, que la doble militancia aplica para los casos de la adhesión, y
además está probado en el expediente, que el partido Liberal tenía lista
propia para la Asamblea departamental, y que el demandado apoyó a un
candidato del Nuevo Liberalismo”. (negrillas de la Sala).
20) Asimismo, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial demandada se
pronunció puntual y expresamente sobre el argumento dirigido a la supuesta necesidad
de aplicar un enfoque diferencial de la siguiente manera:
“165. De igual forma, se advierte que la parte demandada asegura que por
ser raizal, debe darse prevalencia a los derechos de las minorías étnicas,
no obstante, debe reiterarse que la prohibición de la doble militancia debe
aplicarse sin distinción alguna a las condiciones particulares de los
candidatos, como pertenecer a una comunidad raizal.
166.De acuerdo con lo anterior, el demandado incurrió en la prohibición
de la doble militancia, toda vez que el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011,
claramente dispone que quienes aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos
a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliado, y como en este caso está debidamente demostrado que el Partido
Liberal, al cual pertenece el demandado, tenía lista propia para la
asamblea departamental, su apoyo debía ser para estos candidatos, sin
que la adhesión que hizo el partido Nuevo Liberalismo lo excluya de tal
obligación.
167. Por consiguiente, en este caso, sin ninguna duda, se encuentra
demostrada la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo, y
por tanto se debe declarar la nulidad de la elección acusada, razón por la que
no hay lugar a hacer estudios adicionales”. (negrillas por fuera del original).
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21) De acuerdo con lo expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los
derechos invocados en el mecanismo constitucional la parte actora expuso similares
argumentos a los que ya habían sido planteados en diferentes oportunidades y por
diferentes intervinientes en el proceso con base en los cuales cuestionaron que se
desconoció el contexto diferencial de la comunidad y unas posibles alteraciones en los
videos que sirvieron de fundamento para declarar la nulidad del acto de elección del
entonces gobernador de San Andrés, lo que de paso debió conllevar a que se tacharan
por falsedad.
22) No obstante, frente a tales argumentos la autoridad judicial accionada se pronunció
expresamente en el sentido de aclarar que sin distinción de sus características culturales,
debían aplicarse las normas sobre la doble militancia; al propio tiempo, advirtió que no
tramitaría la solicitud como una tacha de falsedad porque no se indicó en qué consistió
la supuesta falsedad, sino que simplemente se cuestionó su contenido por supuestas
ediciones y, posteriormente, en la sentencia objeto de reproche, después de un análisis
exhaustivo de tales elementos materiales probatorios, concluyó que valoraría los
referidos videos, en razón a que no se demostró de manera concreta una edición en
cuanto al contenido de los mismos.
23) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto
encausado como fáctico a dicha situación, es evidente que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron
planteados en la contestación de la demanda y que fueron resueltos en la providencia de
única instancia que puso fin al proceso.
24) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
25) Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada
fue expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe
ser mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas
luces arbitraria e ilegítima, así:
“[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta
Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
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derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.14”. (negrillas de la
Sala).
26) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.15”
(negrillas adicionales).
27) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en lo que a estos reparos se
refiere, por las razones hasta aquí expuestas.
La supuesta necesidad de adelantar una consulta previa
28) Por último, en relación con el planteamiento según el cual era exigible la realización
de una consulta previa a la comunidad nativa por tratarse de un asunto que involucraba
sus derechos colectivos, esta Sala no encuentra sustento jurídico alguno para considerar
procedente tal exigencia.
29) Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente16:
“37. La consulta previa cuando se evidencia afectación directa. Se debe llevar a
cabo la consulta previa en aquellos casos en los cuales las medidas
administrativas o legislativas sean “susceptible de afectación directa al
14
Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-121 de 2022, MP José Fernado Reyes Cuarta.
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pueblo étnico”17, caso en el cual se debe adelantar el proceso consultivo “con el
propósito genuino de llegar a un acuerdo”. Tal como lo señaló la SU-123 de 2018,
la obligatoriedad de la consulta previa rige “todas las etapas de la materialización
de los programas y planes, de manera que existe una obligación de mantener
abierto los canales de diálogo durante todo el seguimiento del proyecto. Bajo tal
entendido, la consulta sobre actividades que afectaron a los pueblos indígenas y
que no fueron sometidos a consulta previa opera, incluso (i) después del inicio de
la ejecución de la actividad, o (ii) pese a su implementación total”.
30) En esa medida, de conformidad con la jurisprudencia constitucional en la materia y
como lo puso de presente en su informe la autoridad judicial accionada, en los procesos
de nulidad electoral no se requiere adelantar el trámite de consulta previa, pues estos
son procedimientos jurisdiccionales -no administrativos ni legislativos- que no modifican
directamente el estatus jurídico de comunidades étnicas ni comprometen su integridad
cultural, física o territorial, razón por la cual no resultaba aplicable el deber de consulta
previa consagrado para otros ámbitos del derecho público.
31) Ello, teniendo en cuenta que la controversia se contrajo a determinar si el gobernador
electo incurrió en una casual de doble militancia, situación que dista diametralmente de
una medida legislativa, administrativa o de otra índole que pueda afectar directamente a
una comunidad étnica, por ende, este argumento tampoco está llamado a prosperar.
Conclusión
En suma, la Sala i) declarará la falta de legitimación en la causa por activa en cuanto a
los reproches relacionados con el trámite impartido a las intervenciones de los señores
Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie; ii) declarará improcedente la acción por falta
de relevancia constitucional, respecto de los cuestionamientos directamente relacionados
con a) la aplicación de las normas sobre doble militancia en la sentencia del 3 de abril de
2025 y b) la supuesta falsedad e imposibilidad de valorar los videos aportados como
pruebas; iii) negará los argumentos referentes a la consulta previa, iv) negará la solicitud
de vinculación formulada por el señor Harold Bush Howard por las razones expuestas en
esta providencia y, v) negará la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo
Nacional Electoral.
17
[cita original] Entre las decisiones recientes de esta corporación, en las que se reitera que la afectación
directa es el criterio que determina si una consulta previa se debe llevar a cabo, se pueden consultar las
siguientes: T-422 de 2022, T-281 de 2019, T-499 de 2018, SU-123 de 2018.
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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase la falta de legitimación en la causa por activa de la Fundación Misión
Archipiélago de San Andrés en lo relacionado con la defensa de los derechos de los
señores Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie, por las razones expuestas en esta
providencia.
2º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a los defectos endilgados
a la sentencia.
3º) Deniégase la acción de tutela en lo referente al argumento relacionado con la
necesidad de adelantar el trámite de consulta previa.
4º) Niégase la solicitud de vinculación formulada por el señor Harold Bush Howard por
las razones expuestas en esta providencia.
5º) Niégase la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Nacional Electoral, por
las razones expuestas en esta providencia.
6º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
7°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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