RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07397-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07397-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07397-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez y por el Partido Liberal Colombiano. TERCERO: RECHAZAR de plano, por improcedente, el recurso de reposición y súplica interpuesto por el accionante contra el Auto del 19 de diciembre de 2025 que, entre otros, negó la medida provisional de suspensión de la sentencia de nulidad electoral cuestionada en el presente asunto. CUARTO: NEGAR la medida cautelar solicitada por el señor Richard Martínez Olivera 10 de febrero de 2026. QUINTO: RECHAZAR POR TEMERIDAD la presente solicitud de amparo presentada por Richard Martínez Olivera. SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los coadyuvantes por el medio más expedito y eficaz. SÉPTIMO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. OCTAVO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07397-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Accionados: Consejo de Estado, Secciones Quinta y Primera, y otros
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala procede a resolver, en primera instancia, la demanda en ejercicio de la acción de
tutela presentada por el señor Richard Martínez Olivera contra la sentencia proferida el 3
de abril de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia del 3 de abril de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el
radicado número 11001-03-28-000-2023-00103-00, mediante la cual se declaró la
nulidad de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez, como gobernador de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se rechaza la demanda de tutela por temeridad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 21 de noviembre de 2025, el señor Richard Martínez Olivera solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, “la tierra y a la propiedad colectiva”,
la “dignidad y el buen nombre”, la “participación”, sus “derechos culturales” y a los
“procesos de desarrollo”, los cuales consideró vulnerados por la Sección Quinta del
Consejo de Estado con ocasión de la sentencia proferida el 3 de abril de 2025, dentro del
proceso de nulidad electoral identificado con el radicado número 11001-03-28-000-2023-
00103-00, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección de Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, como gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por haber
incurrido en doble militancia.

2. El accionante solicitó el juez constitucional lo siguiente:

“PRIMERO: Se ampare el derecho al debido proceso a mi coadyuvado doctor
NICIOLAS [sic] IVAN GALLARDO VASQUEZ, en la demanda de nulidad por doble
militancia. SEGUNDO: Se conceda como medida provisional de defensa, la
suspensión de la sentencia proferida por la sección quinta del CONSEJO DE

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / nulidad electoral / doble militancia / temeridad /

se niegan medidas provisionales.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

ESTADO, el día 03 de abril de la presente anualidad, que ordenó la anulación de la
elección del gobernador de San Andrés elegido por voto popular para gobernar el
Archipiélago durante el periodo 2024-2027. TERCERO: Ordenar a la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION y a la COMISION DE ACUSACIONES DE LA CAMARA
DE RESPRESENTANTES [sic], que en un lapso de CUATRO (04) MESES tome una
decisión de fondo sobre las investigaciones penales que cursan en estos organismos
persecutores de la acción penal”.

B. Hechos

Si bien el texto introductorio es confuso, la Sala entiende que la situación fáctica que
motiva la demanda de tutela está constituida por lo siguiente:

3. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de abril de 2025,
declaró la nulidad de le elección de Nicolas Iván Gallardo Vasquez, como gobernador del
Ismo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por haber incurrido en doble
militancia2.

4. Debido a que algunos de los hechos narrados en la demanda de nulidad electoral
impetrada contra el acto de elección del señor Gallardo Vásquez “revisten la calidad de
delito”, el accionante promovió “procesos tendientes a condenar el acto y buscar la
inaplicabilidad del fallo proferido” por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

5. Indica el accionante que el señor Cesar Daniel Castro Muñoz, demandante en el
referido medio de control de nulidad electoral, en conjunto con su apoderado, “FABRICÓ,
EDITÓ, CONTAMINÓ Y EN GENERAL MANIPULÓ UNOS VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS”
que obtuvo en el transcurso de la campaña política y las presentó en el juicio que se
tramitó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado como fundamento para que se
anulara la elección del señor Gallardo Vásquez.

6. Sin embargo, el examen practicado por un ingeniero de sistemas al material probatorio
presentado por el señor Castro Muñoz dio como resultado que las pruebas que este

2 Ley 1475 de 2011. Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los
ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o
pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano
ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal
efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos
y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular,
no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se
encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un mientras
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente eleccion por un partido o movimiento
politico distinto, deberan renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer dia de
inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones
de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar
parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse
o aceptar la nueva designación o ser inscritos cómo candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los
estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.
Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y
movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por
causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuáles podrán inscribirse en uno distinto
con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

allegó al juicio electoral eran falsas y “NO DEMUESTRAN LA CULPABILIDAD DEL
DEMANDADO EN ACTOS DE DOBLE MILITANCIA”.

7. Los hechos delictivos en los que presuntamente incurrió el señor Castro Muñoz están
siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación con el número de noticia criminal
880016001208202510610.

8. Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se
interpuso denuncia contra los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado
porque emitieron “sentencia en contra del demandado gobernador NICOLAS GALLARDO
VASQUEZ, sin ningún material probatorio o evidencia fisca legal [sic] en su contra”.

C. Fundamentos de la vulneración

9. El accionante sostuvo que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes y en la Fiscalía General de la Nación cursan acciones penales que deben
ser resueltas antes de que la sentencia que declaró la nulidad de la elección del señor
Gallardo Vásquez produzca efectos.

10. Agrega que si se materializan los efectos de la sentencia emitida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado cuestionada “se puede afectar la reputación y la dignidad
del señor Gallardo Vásquez”; se limita la capacidad de los miembros de la comunidad del
ismo para participar en las decisiones que les afectan; se causa una afectación a la
subsistencia o a la vida digna de la comunidad raizal y residente y se pone en riesgo el
derecho a la propiedad colectiva de la tierra, la cultura, tradiciones y gobierno interno de
los isleños.

D. Trámite procesal

11. Mediante auto del 24 de noviembre de 20253, el magistrado ponente dispuso la
remisión del presente asunto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para estudio de
una posible acumulación con la demanda de tutela que se tramita en esa sección con el
radicado 11001-03-15-000-2025-06946-00, por identidad fáctica y jurídica con la aquí
analizada. Sin embargo, mediante auto del 28 de noviembre de 20254, la consejera de
Estado Claudia Rodríguez Velásquez negó la acumulación5.

12. Por Auto del 19 de diciembre de 20256, el magistrado ponente dispuso:

• Admitir la demanda de tutela presentada por el señor Martínez Olivera contra las
Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación;

3 SAMAI, índice 0004.
4 SAMAI, ARCHIVO 018CONSTANCIASECR_40_Autoqueresuel_Res
5 Al respecto, indica la providencia referida: “En consecuencia, aunque se advierte que en ambos procesos

de tutela se presentan similares hechos, autoridades accionadas y derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, lo cierto es que las pretensiones son totalmente diferentes. Por lo tanto, no es procedente
decretar su acumulación, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1834 de 2015”.
6 SAMAI, índice 0026.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

• Notificar, en calidad de terceros con interés, a César Daniel Castro Muñoz; Nicolás
Iván Gallardo Vásquez; Glesy Bent Forbes; el departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; los directores nacionales de los partidos políticos
Liberal, Nuevo Liberalismo, Conservador Colombiano, Cambio Radical y Centro
Democrático y al presidente del Consejo Nacional Electoral.

• Negar la medida provisional de suspensión de la sentencia de nulidad electoral
que pidió el accionante.

13. El 19 de enero de 2026, el accionante interpuso recurso de reposición y súplica contra
el auto que negó la medida provisional de suspensión de la sentencia de nulidad electoral,
debido a que, a su juicio, dicha medida constituía el único mecanismo eficaz para evitar
la violación de sus derechos fundamentales y de su pueblo raizal.

14. Finalmente, el accionante solicitó desvincular del presente asunto a la Sección
Primera del Consejo de Estado, debido a que no profirió la sentencia contra la que dirige
el reproche constitucional.

15. El 30 de enero de 20267, señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez presentó escrito de
coadyuvancia de la presente acción de tutela y el 2 de febrero siguiente8 solicitó que se
accediera a las súplicas del accionante, se decretara la medida cautelar y, de forma
inmediata, se ordenara la suspensión de cualquier trámite en curso en la Sección Primera
o la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del expediente de nulidad electoral.

16. El 2 de febrero de 2026, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez presentó “solicitud
urgente de medida cautelar”, mediante la cual pidió que se suspendieran
provisionalmente los trámites procesales surtidos y pendientes de resolver dentro del
proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2023-00103-00, con
fundamento en una orden de restablecimiento del derecho proferida por el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y Conocimiento de San
Andrés Isla, dentro de una investigación penal relacionada con presuntas irregularidades
en los elementos materiales probatorios que sirvieron de sustento a la sentencia de
nulidad electoral cuestionada.

17. El 3 de febrero de 2026, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez presentó memorial
mediante el cual dio alcance a la solicitud de medida cautelar previamente radicada, en
el sentido de solicitar que se oficiara al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías y Conocimiento de San Andrés Isla para permitir el acceso a los
enlaces de los videos correspondientes a una audiencia preliminar, al indicar que estos
no podían ser consultados.

18. Posteriormente, el 10 de febrero de 2026, el accionante Richard Martínez Olivera
presentó escrito de “adición y solicitud de medida cautelar urgente”, mediante el cual puso
en conocimiento una orden de restablecimiento del derecho proferida por un juez penal

7 SAMAI, índice 0052.
8 SAMAI, índice 0053.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en las pruebas
que sirvieron de sustento a la sentencia de nulidad electoral cuestionada. Asimismo,
solicitó separar del conocimiento del asunto a los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra,
Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez, al estimar configuradas
causales de impedimento y recusación.

19. El 23 de febrero de 2026, los consejeros de Estado Fredy Ibarra Martínez y Alberto
Montaña Plata manifestaron impedimento para conocer del presente asunto en segunda
instancia, con fundamento en los numerales 4 y 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004,
al considerar que previamente habían suscrito una providencia de tutela relacionada con
la misma controversia electoral objeto de discusión en esta actuación.

20. Mediante auto del 27 de marzo de 2026, se ordenó el sorteo de conjueces para
integrar la Sala encargada de resolver el impedimento conjunto formulado por los
consejeros Fredy Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata. Posteriormente, el 10 de abril
de 2026, fueron designados como conjueces los doctores Adriana Polidura Castillo y
William Barrera Muñoz.

21. El 4 de mayo de 2026, el señor Richard Martínez Olivera solicitó que se decretara la
reserva judicial respecto del expediente penal remitido por el Juzgado Primero Penal
Municipal de San Andrés Isla y que se restringiera su acceso exclusivamente al despacho
ponente y su equipo de auxiliares, al considerar que la divulgación de dicha información
podía afectar la investigación penal en curso y poner en riesgo su integridad y la de otros
intervinientes.

22. El 4 de mayo de 2026, los Consejeros de Estado Adriana Polidura Castillo y William
Barrera Muñoz resolvieron abstenerse de avocar el conocimiento del impedimento
formulado por los consejeros Ibarra Martínez y Montaña Plata y, en consecuencia,
ordenaron devolver la actuación al magistrado ponente para que decidiera lo pertinente.

23. El 6 de mayo de 2026, el señor Richard Martínez Olivera presentó escrito ante la
Presidencia y la Sala de Gobierno del Consejo de Estado, mediante el cual solicitó el
cumplimiento inmediato de los términos constitucionales aplicables a las acciones de
tutela y de cumplimiento relacionadas con la controversia electoral objeto de discusión,
al estimar que existía una mora injustificada en la adopción de decisiones de fondo dentro
de tales actuaciones.

24. Finalmente, mediante auto del 8 de mayo de 2026, el magistrado ponente declaró
infundado el impedimento conjunto manifestado por los consejeros Fredy Ibarra Martínez
y Alberto Montaña Plata, al concluir que no se configuraban las causales previstas en los
numerales 4 y 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, debido a que la intervención previa
de dichos consejeros había tenido lugar en ejercicio de la función jurisdiccional y dentro
de un proceso distinto.

E. Oposiciones e intervenciones

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

25.El Partido Liberal Colombiano Colombiano presentó escrito de coadyuvancia en el
que manifestó que, en aras de evitar un perjuicio de difícil o imposible reparación, debe
concederse la medida transitoria de suspensión de los efectos de la providencia judicial
cuestionada, estrictamente limitada al tiempo necesario para el esclarecimiento de los
cuestionamientos probatorios actualmente investigados en sede penal9.

26. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional y la falta de legitimación en la causa por
pasiva10.

27. La Sección Primera del Consejo de Estado indicó que el accionante carece de
legitimación en la causa por activa, dado que no acreditó actuar como representante
legal, apoderado judicial o agente oficioso del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez11.

28. El consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y ponente de la sentencia cuestionada, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo y desvincular a la
Sección que integra. Señaló que los reparos formulados por el accionante, en particular
aquellos relacionados con supuestas irregularidades en la valoración de las pruebas y la
alegada falta de imparcialidad de los magistrados, coinciden en buena medida con los
argumentos expuestos previamente en una solicitud de recusación presentada por el
mismo actor, trámite que actualmente se encuentra pendiente de decisión12.

29. Asimismo, indicó que tales cuestionamientos también guardan relación con los
planteados por el señor Gallardo Vásquez en la acción de tutela radicada bajo el número
11001-03-15-000-2025-06646-00, la cual ya fue resuelta por la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante decisión que negó el amparo al no acreditarse el supuesto
defecto fáctico alegado. En ese sentido, sostuvo que la presente acción no satisface el
requisito de subsidiariedad, pues los argumentos del accionante ya han sido sometidos
a otros mecanismos judiciales o se encuentran actualmente en trámite, lo que impide que
la tutela se utilice como una instancia adicional para reabrir debates procesales
previamente agotados.

30. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes expuso que la acción
de tutela es improcedente por falta de legitimación en la causa por pasiva y porque no
cumple con el principio de subsidiariedad, toda vez que los procesos vigentes en la
Fiscalía General de la Nación y en dicha comisión se encuentran en curso13.

31. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela y reconocer su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la
providencia cuestionada fue proferida por una autoridad judicial y no por dicha entidad,

9 SAMAI, índice 0042.
10 SAMAI, índice 0040.
11 SAMAI, índice 0035.
12 SAMAI, índice 0034.
13 SAMAI, índice 0042.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

por lo que no existe relación de causalidad entre su actuación y la presunta vulneración
de los derechos fundamentales alegados por el accionante14.

32. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela no cumple los requisitos excepcionales de
procedencia contra providencias judiciales, pues el actor no acreditó los defectos
alegados ni la relevancia constitucional del asunto, y pretende utilizar este mecanismo
para reabrir un debate jurídico ya decidido en el proceso ordinario, sin que se evidencie
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia
33. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.

G. Sentido de la decisión
34. La Sala aceptará la solicitud de desvinculación de la Sección Primera del Consejo de
Estado, elevada por el accionante; negará la solicitud de desvinculación presentada por
la Sección Quinta; aceptará la coadyuvancia presentada por el señor Gallardo Vásquez
y el Partido Liberal Colombiano; negará el recurso interpuesto por el accionante contra el
auto del magistrado ponente que negó la medida provisional y rechazará la demanda por
temeridad.

H. La temeridad en materia de acciones de tutela

35. Conforme a lo establecido en los artículos 2, 4 -Inc. 2-, 83 y 95 -Num. 1 y 7- de la
Carta Política, los titulares de las acciones constitucionales y legales previstas en el
ordenamiento para garantizar la efectividad de los derechos deben mostrar una lealtad
mínima en el cumplimiento de los deberes y cargas correlativas, así como respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios.

36. Es así, como en aras de garantizar los principios de buena fe y economía procesal y,
para evitar el uso desmedido de la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991 15 en su
artículo 3816, previó que era contrario al Ordenamiento Superior, el uso abusivo e
indebido de la acción de tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción

14 SAMAI, índice 0040.
15 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
16 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de

tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos
y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso
de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya
lugar.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

de amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo
objeto.

37. En desarrollo del anterior precepto normativo, la Corte Constitucional ha establecido17
que la “temeridad” consiste en la interposición de tutelas idénticas, sin motivo
expresamente justificado, contrariando el principio de buena fe previsto en el artículo 8318
la Constitución Política; por lo tanto, su prohibición busca garantizar la eficiencia y
prontitud en el funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

38. Al respecto, en la sentencia T-009 de 2000, la Corte dispuso:

En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella
que supone una "actitud torticera", que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción
del interés individual a toda costa", que expresa un abuso del derecho porque
"deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción", o, finalmente,
constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia".

39. En todo caso, la valoración de la temeridad no puede ser una cuestión meramente
objetiva que se derive de la simple improcedencia de la acción o de que el demandante
acuda, en reiteradas oportunidades, al juez constitucional, con los mismos hechos y
pretensiones. La declaración de temeridad requiere un análisis detallado de la pretensión,
los hechos que la fundamentan y los elementos probatorios que constan en el proceso.

40.Finalmente, la Corte Constitucional ha indicado que para que se configure la
temeridad es indispensable acreditar:

“(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona
natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales.

(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo de la
acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa.

(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental19.

I. La temeridad en el caso concreto
41. En el presente caso, la Sala advierte que el señor Richard Martínez Olivera, en
representación de la asociación Misión Archipiélago de San Andrés presentó una
demanda de acción de tutela en la que controvierte, al igual que en el presente asunto,
la sentencia dictada en el proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-
2023-00103-00, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la

17 Sentencia T-1014/99.
18 Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
19 Sentencia T- 1103 de 2005.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

nulidad de la elección del gobernador del departamento de Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por haber incurrido en doble militancia.

42. En esa oportunidad, la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, a través de su
representante legal Richard Martínez Olivera, dirigió la acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia del 3 de abril de 2025,
proferida dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2023-
00103-00, esto es, la misma providencia judicial que se cuestiona en el presente trámite.

43. En aquella demanda se solicitó, como pretensión principal, dejar sin efectos la
referida sentencia y ordenar la emisión de una nueva decisión que negara las
pretensiones de la demanda electoral formulada contra el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez. De manera subsidiaria, se pidió retrotraer el trámite judicial para subsanar las
presuntas irregularidades sustanciales y procedimentales atribuidas a la Sección Quinta.

44. De igual forma, la Sala advierte que los fundamentos de ambas acciones guardan
una coincidencia sustancial. En la tutela previamente resuelta se alegó, entre otros
aspectos, que la Sección Quinta desconoció garantías procesales relacionadas con la
intervención de ciudadanos de la comunidad raizal, valoró indebidamente unos videos
cuya autenticidad fue cuestionada, aplicó de manera estricta la prohibición de doble
militancia sin atender el contexto étnico y cultural del archipiélago y omitió la consulta
previa.

45. En el presente asunto, aunque el accionante incorpora referencias a denuncias
penales, investigaciones en curso y solicitudes de suspensión de los efectos de la
sentencia, el núcleo del reproche continúa siendo el mismo: controvertir la validez de la
sentencia de nulidad electoral del 3 de abril de 2025 y evitar que produzca efectos frente
a la elección del señor Gallardo Vásquez.

46. Así las cosas, se encuentra acreditada la identidad de causa petendi, pues las dos
acciones se fundan en la misma controversia electoral, en los mismos hechos esenciales
relacionados con la anulación de la elección del gobernador de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y en los cuestionamientos formulados contra la valoración probatoria y
el trámite adelantado por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

47. La circunstancia de que en esta oportunidad se invoquen actuaciones posteriores
ante la Fiscalía General de la Nación o ante la Comisión de Investigación y Acusación de
la Cámara de Representantes no desvirtúa dicha identidad, en tanto tales elementos se
presentan como argumentos accesorios orientados a obtener el mismo resultado
constitucional perseguido en la acción anterior.

48. También se configura la identidad de objeto, dado que en ambos trámites se pretende
neutralizar los efectos de la sentencia del 3 de abril de 2025. En la primera acción, la
pretensión principal consistía en dejar sin efectos esa providencia y ordenar una nueva
decisión dentro del proceso de nulidad electoral; en la presente, el accionante solicita el
amparo del debido proceso del señor Gallardo Vásquez, la suspensión de la sentencia
que anuló su elección y la adopción de órdenes dirigidas a impedir que la providencia

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

produzca efectos antes de que concluyan las investigaciones penales o disciplinarias
promovidas con ocasión de los mismos hechos. En consecuencia, aunque la formulación
literal de las súplicas no sea idéntica, ambas acciones buscan la satisfacción de una
misma pretensión tutelar.

49. En cuanto a la identidad de partes, si bien la primera acción fue presentada por la
Fundación Misión Archipiélago de San Andrés y la presente fue promovida directamente
por el señor Richard Martínez Olivera, la Sala advierte que en ambos casos interviene el
mismo sujeto materialmente interesado en activar el mecanismo constitucional, pues el
señor Martínez Olivera actuó como representante legal de la referida fundación en la
tutela anterior y ahora acude en nombre propio para controvertir la misma providencia,
por los mismos hechos y con una finalidad sustancialmente equivalente. Además, en
ambos asuntos la autoridad judicial cuestionada es la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por ser la que profirió la sentencia de nulidad electoral objeto de reproche.

50. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la presente acción reproduce una
controversia constitucional que ya fue planteada y decidida por esta corporación en el
expediente 11001-03-15-000-2025-02206-00. La nueva demanda no introduce una
situación fáctica o jurídica autónoma que justifique reabrir el debate, sino que insiste en
obtener, por vía de tutela, la suspensión o pérdida de efectos de la misma sentencia
electoral previamente cuestionada. Por tanto, se configura la temeridad prevista en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, razón por la cual la demanda de tutela será
rechazada.

J. El recurso de reposición y súplica contra el auto que negó la medida provisional
de suspensión de la sentencia de nulidad electoral

51. La Sala rechazará de plano el recurso de reposición y súplica interpuesto por el
accionante contra el auto que negó la medida provisional de suspensión de la sentencia
de nulidad electoral cuestionada en el presente asunto.

52. Lo anterior, por cuanto el Decreto 2591 de 1991, que regula el trámite de la acción
de tutela, establece un procedimiento especial y sumario en el cual, conforme a sus
artículos 3120 y 3221, únicamente procede el recurso de impugnación contra el fallo de
tutela, sin que se prevea la interposición de recursos contra autos proferidos dentro del
trámite, como ocurre con la providencia que decide sobre la solicitud de medida

20 Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser

impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano
correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su
revisión.
21 Artículo 32. Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el

expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo
probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica
de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio,
el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo
ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del
fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

provisional. En consecuencia, el recurso presentado por el accionante es improcedente
y debe rechazarse de plano.

K. Las solicitudes de desvinculación

53. La Sala desvinculará del presente asunto a la Sección Primera del Consejo de Estado
por cuanto se advierte que la sentencia cuestionada fue proferida por la Sección Quinta
de esta corporación. En efecto, el accionante manifestó que su acción se dirigía
únicamente contra esta última sección.

L. Las solicitudes de coadyuvancia

54. De conformidad con el artículo 1322 del Decreto 2591 de 1991, quien tenga un interés
legítimo en el resultado del proceso puede intervenir como coadyuvante del actor o de la
autoridad contra quien se dirige la acción de tutela.

55. En el presente asunto, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez manifestó que
coadyuvaba las pretensiones formuladas por el accionante, en atención a que la
sentencia cuya suspensión se pretende fue proferida dentro del proceso de nulidad
electoral en el que actuó como parte demandada. Asimismo, el Partido Liberal
Colombiano presentó escrito de coadyuvancia en el que sostuvo que, con el propósito de
evitar un perjuicio de difícil o imposible reparación, debía concederse la medida transitoria
de suspensión de los efectos de la providencia judicial cuestionada, estrictamente por el
tiempo necesario para esclarecer los cuestionamientos probatorios que actualmente son
objeto de investigación en sede penal.

56. No obstante, de acuerdo con el último inciso del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991,
la coadyuvancia no convierte a quien la formula en parte dentro del proceso, ni lo releva
de la carga de exponer razones concretas que sustenten la presunta vulneración de
derechos fundamentales, si de ello se trata.

57. De hecho, la coadyuvancia es una figura procesal del derecho procesal que permite
la intervención en los procesos judiciales a sujetos para los que no se extienden los
efectos jurídicos de la sentencia. En esencia, según lo establecido por el artículo 7123 del

22 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la

autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por
un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio
de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
23 Artículo 71. Coadyuvancia. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual

no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida,
podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única
o de segunda instancia.
El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y
podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con
los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

Código General del Proceso y, del significado gramatical del verbo “coadyuvar”24, este
supuesto de derecho tiene como finalidad la prestación de una ayuda o apoyo en favor
de un sujeto procesal, sin que ello otorgue la calidad de parte ni de litisconsorte entro del
caso concreto en la que se presente, pues como lo señala la referida norma, su
interposición no hace extensible los efectos jurídicos de la correspondiente sentencia.

58. En el sub examine, tanto el señor Gallardo Vásquez como el Partido Liberal
Colombiano se limitaron a adherir a las pretensiones formuladas por el accionante y a
respaldar la solicitud de suspensión provisional de la providencia cuestionada, sin
formular cargos autónomos, claros y específicos contra la decisión judicial objeto de
reproche constitucional. En consecuencia, la Sala acepta las coadyuvancias
presentadas, pero precisa que dichas intervenciones no tienen la virtualidad de modificar
el análisis sobre la procedencia de la acción de tutela ni las conclusiones adoptadas en
esta providencia.

M. Las medidas cautelares solicitadas
59. En el trámite de la presente acción de tutela, tanto el accionante Richard Martínez
Olivera como el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez solicitaron la adopción de medidas
cautelares encaminadas, principalmente, a suspender los efectos de la sentencia
proferida dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2023-
00103-00, así como los trámites procesales que se adelantan con ocasión de dicha
actuación judicial.

60. En relación con las solicitudes formuladas por el señor Gallardo Vásquez, la Sala
advierte que este intervino en el presente trámite exclusivamente en calidad de
coadyuvante de la parte actora. En tal condición, carece de legitimación para promover
solicitudes autónomas dentro del proceso constitucional, toda vez que, conforme al
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la coadyuvancia no confiere la calidad de parte ni
habilita al interviniente para formular pretensiones independientes o ejercer facultades
procesales reservadas a los sujetos principales de la relación jurídico-procesal.

61. En consecuencia, las medidas cautelares solicitadas por el señor Gallardo Vásquez
no serán objeto de pronunciamiento de fondo, dado que su intervención procesal se
circunscribe a apoyar las pretensiones formuladas por el accionante, sin que ello le
otorgue legitimación para promover solicitudes cautelares dentro del presente asunto.

62. En cuanto a las medidas cautelares solicitadas por el accionante Richard Martínez
Olivera, la Sala considera que carecen de objeto, toda vez que mediante la presente
providencia se resolverá de manera definitiva la controversia constitucional planteada. En
ese sentido, cualquier decisión provisional encaminada a anticipar los efectos del fallo

La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención deberá
contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas
pertinentes.
Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere
formulado el interviniente.
La intervención anterior al traslado de la
24 Según la Real Academia de la Lengua: “contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga su lugar”.

Consultado en https://dle.rae.es/coadyuvar.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07397-00
Accionante: Richard Martínez Olivera
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad

definitivo pierde razón de ser, dado que el juez constitucional adopta en esta sentencia
la determinación correspondiente respecto de las pretensiones formuladas en la
demanda de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por el señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez y por el Partido Liberal Colombiano.

TERCERO: RECHAZAR de plano, por improcedente, el recurso de reposición y súplica
interpuesto por el accionante contra el Auto del 19 de diciembre de 2025 que, entre otros,
negó la medida provisional de suspensión de la sentencia de nulidad electoral
cuestionada en el presente asunto.

CUARTO: NEGAR la medida cautelar solicitada por el señor Richard Martínez Olivera 10
de febrero de 2026.

QUINTO: RECHAZAR POR TEMERIDAD la presente solicitud de amparo presentada
por Richard Martínez Olivera.

SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los coadyuvantes por el medio
más expedito y eficaz.

SÉPTIMO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

OCTAVO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.