Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02809-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02809-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02809-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02809-00
Demandante: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Nulidad
electoral. Doble militancia. Incumplimiento de orden judicial
Decisión: Declara improcedente por falta de relevancia constitucional
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Nicolás Iván
Gallardo Vásquez contra la Sección Primera del Consejo de Estado y otro.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 14 de abril de 2026, Nicolás Iván Gallardo Vásquez, presentó una acción
de tutela contra la Sección Primera y la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, derecho
de defensa y acceso a la administración de justicia, con ocasión del
desconocimiento de la orden judicial proferida por el Juez Primero de Control de
Garantías y Conocimiento de San Andrés Isla, mediante la cual se dispuso cesar
los efectos de las pruebas audiovisuales allegadas al proceso de nulidad electoral
con radicado No 11001-03-28-000-2023-00103-00.
2. A título de amparo constitucional, solicitó que se dejaran sin efectos las
actuaciones surtidas con posterioridad a la orden proferida el 30 de enero de 2026
por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías y
Conocimiento de San Andrés Isla, en lo atinente a la utilización de pruebas
audiovisuales, así como aquellas decisiones adoptadas sin considerar la existencia
de dicho hecho sobreviniente dentro del proceso de nulidad electoral con radicado
No. 11001-03-28-000-2023-00103-00.
3. Asimismo, solicitó que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar
que la decisión judicial no continúe produciendo efectos jurídicos fundados en
elementos probatorios cuya utilización fue suspendida por la autoridad judicial
competente.
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Demandante: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
4. Como fundamentos fácticos del escrito de tutela y anexos, se observa que
el día 29 de julio del año 2023, Nicolás Iván Gallardo Vásquez inscribió su
candidatura a la gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés
Providencia y Santa Catalina para el periodo constitucional 2024-2027 con el aval
del Partido Liberal Colombiano1, bajo la coalición denominada “Avanzar es posible”
integrada por los partidos políticos: Liberal Colombiano, Cambio Radical, Centro
Democrático y Conservador Colombiano2.
5. El accionante fue declarado gobernador electo del departamento de San
Andrés Providencia y Santa Catalina para el periodo 2024-2027, según el acta del
escrutinio general contenida en el formulario E-26 GOB de fecha 3 de noviembre de
2023.
6. César Daniel Castro Muñoz, a través de apoderado judicial, presentó una
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto de elección del señor Gallardo Vásquez como
gobernador de San Andrés para el periodo constitucional 2024-2027. La anterior
demanda se identificó bajo el radicado No 11001-03-28-000-2023-00103-00.
7. En la demanda se alegó que el accionante incurrió en la causal de doble
militancia, debido a que brindó apoyo «con actos positivos y concretos» a través de
mensajes directos, alusiones públicas y publicidad compartida de impulso
proselitista, a los candidatos a la asamblea departamental: Carlos Arturo Carvajal
Jiménez – Partido Cambio Radical, Abdu Adnan Handaus Handaus – Partido
Cambio Radical, María del Pilar Celis – Partido Cambio Radical, Delford Brack Ortiz
– Coalición de partidos – Nuevo liberalismo – Conservador Colombiano – Colombia
Justa Libres.
8. A juicio del demandante, Nicolás Iván Gallardo Vásquez incurrió en doble
militancia en la modalidad de apoyo, al respaldar simultáneamente candidaturas a
la Asamblea del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina de personas que no pertenecían al Partido Liberal Colombiano, pese a que
dicha colectividad contaba con lista propia. Como sustento de estas afirmaciones,
anexó fotografías, videos y enlaces de publicaciones de la red social Facebook.
9. La Sección Quinta, mediante sentencia del 3 de abril de 2025, accedió a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del formulario E-
26 GOB del 3 de noviembre de 2023, por medio del cual se eligió a Nicolás Iván
Gallardo Vásquez como gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina para el periodo 2024-2027.
1 Mediante la Resolución No. 7787 del 11 de agosto de 2023 emitida por el Partido Liberal Colombiano
2
De forma independiente los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático y la coalición Partido
Nuevo Liberalismo-Partido Conservador Colombiano-Partido Colombia Justa Libres, inscribieron listas de
candidatos a la Asamblea del departamento de San Andrés para el periodo constitucional 2024-2027.
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10. Contra la providencia se presentaron peticiones de aclaración y adición por
parte del: i) el demandado, ii) el Partido Liberal Colombiano y, iii) el Partido Nuevo
Liberalismo; iv) Glessy Bent Forbes (en creole)3, los días 9 y 10 de abril de 2025.
11. Richard Nicolás Martínez Olivera4, solicitó que se ordenara la traducción de
la sentencia al idioma creole «para que la comunidad étnica raizal, que se comunica
a través del idioma oficial de los raizales, pueda ser notificada de la decisión en los
términos de la sentencia y de esta forma pueda ejercer el derecho a la defensa y
contradicción, establecida en el art. 29 superior». Dicha solicitud fue negada
mediante Auto del 30 de abril de 2025. El accionante presentó recurso de reposición
y en subsidio suplica frente al mencionado auto.
12. El 6 de mayo de 2025, el señor Gallardo Vásquez formuló recusación contra
los integrantes que profirieron la Sentencia del 3 de abril de 2025, sustentado en el
artículo 130 del CPACA y los numeral 1 y 9 del artículo 141 del CGP.
13. Debido a que los magistrados no aceptaron las recusaciones. La Sección
Primera resolvió las recusaciones mediante Auto del 5 de junio de 2025, en el que
las declaró infundadas y rechazó de plano la recusación interpuesta contra la
Sección Quinta. Además, mediante Auto del 7 de julio de 2025 rechazó los
incidentes de nulidad formulados contra el Auto del 5 de junio de 2025.
14. Mediante Auto del 24 de julio de 2025 negó una nueva solicitud de nulidad
interpuesta contra el Auto de 5 de junio de 2025. Asimismo, el 3 de septiembre de
2025 resolvió de forma negativa el recurso de reposición contra la anterior decisión.
Mediante memoriales del 9 y 10 de septiembre el accionante solicitó la nulidad del
Auto del 3 de septiembre de 20255.
15. El accionante y el Partido Liberal presentaron una nueva solicitud de
recusación fundamentada en los numerales 1 y 12 del artículo 141 del CGP. Los
magistrados nuevamente rechazaron la recusación. Posteriormente mediante Auto
del 27 de noviembre de 2025, la Sección Primera negó la recusación formulada.
16. Nuevamente, el 30 de octubre de 2025 el accionante presentó recusación
contra los magistrados de la Sección Quinta amparado en los numerales 1 y 7 del
artículo 141 del CGP. Asimismo, el 26 de noviembre de 2025 el accionante recusó
a los consejeros de la Sección Primera invocando las causales previstas en los
numerales 1,2 y 9 del artículo 141 del CGP. Adicionalmente el 1 de diciembre de
2025 recusó de nuevo a los magistrados que integran la Sección Quinta.
3 Lengua nativa, principalmente de base inglesa con influencias africanas y caribeñas, hablada por la comunidad
raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4 Tercero interviniente en el proceso.
5 El 26 de septiembre de 2025 se rechazó de plano las solicitudes de nulidad, por lo que el expediente fue
remitido nuevamente a la Sección Quinta.
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17. El 4 de diciembre de 2025, el accionante solicitó adición y aclaración del
Auto del 27 de noviembre de 2025 proferido por la Sección Primera, y el 16 de
diciembre de 2025 solicitó negar la autenticidad de todas las actuaciones realizadas
por el apoderado del demandante en el medio de control de nulidad electoral.
Posteriormente el 15 de enero de 2026 solicitó no continuar con el trámite hasta que
no se resolvieran las peticiones y acciones de tutela instauradas6.
18. El 25 de enero de 2026, el accionante instauró una nueva solicitud de
recusación, en donde manifestó que existía una enemistad grave y mutua entre los
magistrados de la Sección Quinta y él, resaltando la sanción que se le impuso
mediante Auto del 23 de enero de 2026 de 10 SMLMV.
19. El 30 de enero de 2026, mediante audiencia de restablecimiento del
derecho, el Juez 1 Penal Municipal con Función de Control de Garantías y
Conocimiento de San Andrés Isla dentro del radicado C.U.I
880016001208202510610, ordenó: «1). Así las cosas, esta judicatura ve
procedente la petición elevada bajo el entendido que, de manera transitoria,
provisional y hasta tanto se defina de fondo esta investigación, se ordena el cese y
suspensión de la utilización de estos EMP7 hasta tanto el ente acusador,
representado por su delegado Fiscal Seccional 1, determine de manera fehaciente
que los mismos son falsos y que el Juez de Conocimiento adopte una decisión
definitiva en esta investigación. 2). En ese sentido, se le ordena al señor César
Daniel Castro Muñoz, identificado con la cédula Nro. 1.006.869.599, que se
abstenga de utilizar el EMP y propagarlo en redes sociales y demás medios, la
circulación de los vídeos objeto de investigación, puesto que esto atenta contra los
derechos fundamentales de la presunta víctima (…)».
20. Lo anterior fue puesto en conocimiento de las secciones Primera y Quinta
del Consejo de Estado mediante memorial radicado el 2 de febrero de 2026, en el
que solicitó la suspensión de cualquier actuación o decisión que tuviera como
fundamento dichos videos8.
21. Mediante Auto del 5 de febrero de 2026, la Sección Primera negó las
solicitudes de aclaración y adición presentadas respecto del Auto del 27 de
noviembre de 2025.
22. Mediante Auto del 5 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado rechazó por improcedente la recusación formulada por el accionante contra
los miembros de las Sección Quinta y ordenó la apertura de un incidente
6 El accionante presentó: (i) acción de tutela bajo radicado 11001-03-15-000-2025-06646-00, contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado por la presunta configuración de un defecto fáctico en la Sentencia del 3 de abril
de 2025. La cual fue declarada improcedente mediante Sentencia del 5 de diciembre de 2025 emanada de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, (ii) acción de tutela bajo radicado 11001-03-15-
000-2025-07397-00 contra las Secciones Quinta, Tercera y Primera, la cual se encuentra pendiente de decisión.
7 Elementos materiales probatorios.
8 En este sentido nuevamente realizó una solicitud de suspensión del proceso los días 12 y 26 de febrero de
2026.
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sancionatorio en su contra por conductas dilatorias. Posteriormente los días 5 y 12
de marzo de 2026, el accionante presentó nuevas solicitudes de recusación
respecto de dicha sección.
23. El 16 de marzo de 2026, los señores Nicolás Iván Gallardo Vásquez y
Richard Nicolás Martínez Olivera solicitaron la aclaración y adición del Auto del 5 de
marzo de 2026, proferido por la Sección Primera de esta corporación, mediante el
cual se rechazó la solicitud de recusación presentada por este último. El 19 de
marzo de 2026, el accionante presentó solicitud de nulidad contra la decisión del 5
de marzo de 2026, así como una nueva recusación.
24. El 24 de marzo de 2026, el expediente fue remitido a la Sección Quinta. En
consecuencia, el accionante elevó solicitud al secretario de dicha sección para que
devolviera el expediente a la Sección Primera, con el fin de que resolviera la solicitud
orientada al cumplimiento de la orden del juez penal.
25. Mediante Auto del 25 de marzo de 2026, la Sección Quinta negó las
solicitudes de aclaración y adición de la sentencia. Asimismo, se abstuvo de
resolver las peticiones de recusación y las solicitudes de nulidad, prejudicialidad,
exclusión probatoria y suspensión del proceso, por considerarlas abiertamente
impertinentes y dilatorias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del
CPACA .
26. Frente a la anterior decisión, el accionante, Richard Nicolás Martínez
Olivera9 y los partidos Liberal y Nuevo Liberalismo presentaron incidente de nulidad,
el cual fue coadyuvado por el Partido Cambio Radical. Por su parte, el partido Centro
Democrático formuló solicitud de nulidad contra la sentencia del 3 de abril de 2025.
27. El 7 de marzo de 2026 quedó ejecutoriada la sentencia del 3 de abril de
2025. Esta decisión fue comunicada a la Gobernación del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y al Consejo Nacional Electoral.
28. Mediante Auto del 17 de abril de 2026, se rechazaron de plano las
solicitudes de nulidad presentadas por el demandado, Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, Richard Nicolás Martínez Olivera y los partidos Liberal, Nuevo Liberalismo
y Centro Democrático, coadyuvadas por el Partido Cambio Radical, por constituirse
como conductas dilatorias e impertinentes conforme al artículo 295 del CPACA.
Asimismo, se abstuvo de resolver las demás solicitudes presentadas por el
demandado y los terceros, estos últimos por falta de legitimación.
29. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la Sección Primera y la
Sección Quinta del Consejo de Estado desatendieron la decisión proferida por el
Juez 1 Penal Municipal en función de Control de Garantías y Conocimiento de San
9 Tercero reconocido en el proceso.
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Andrés Providencia y Santa Catalina. En relación con la Sección Primera, indicó
que no se pronunció sobre dicho asunto; mientras que, respecto de la Sección
Quinta, afirmó que mantuvo la decisión adoptada, a pesar de que se sustentó en
elementos probatorios cuya utilización había sido suspendida por orden judicial y/o
de que se omitió adoptar medidas orientadas a adecuar el trámite del proceso a lo
dispuesto por el juez penal.
30. Resaltó que las autoridades judiciales omitieron considerar un hecho
sobreviniente relevante antes de la ejecutoria de la providencia, momento a partir
del cual se consolidan sus efectos jurídicos.
Intervenciones10
31. La Sección Quinta del Consejo de Estado11 realizó un recuento de las
actuaciones surtidas dentro del proceso con posterioridad a la expedición de la
Sentencia. Concluyó que la orden emitida por el Juzgado 1 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías y Conocimiento de San Andrés Isla fue posterior a
la sentencia que declaró la nulidad electoral12, y que no contiene ninguna
disposición dirigida al proceso electoral. Resaltó que dicha orden estuvo dirigida a
César Daniel Castro Muñoz.
32. Indicó que ha transcurrido 1 año desde la expedición de la decisión
adoptada dentro del medio de control de nulidad electoral, lo cual atribuyó a la
presentación reiterada de solicitudes y escritos de carácter dilatorio. En ese
contexto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su
defecto, que se evaluara a la eventual configuración de temeridad por la
presentación reiterada de acciones constitucionales. Subsidiariamente, pidió que se
negarán las pretensiones y se desvinculara a los magistrados que integran la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
33. La Sección Primera del Consejo de Estado manifestó que en el escrito de
tutela no se exponen hechos concretos que evidencien actuaciones reprochables
en las decisiones adoptadas por dicha sección. Señaló que las recusaciones fueron
resueltas mediante los autos del 5 de junio y 27 de noviembre de 2025, y del 5 de
marzo de 2026. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al no ser responsable del presunto menoscabo
de los derechos fundamentales invocados.
34. El Partido Liberal Colombiano13 sostuvo que el asunto compromete
directamente la vigencia de los derechos fundamentales al debido proceso, al
10 Mediante Auto de 20 de abril de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Sección
Primera y la Sección Quinta del Consejo de Estado y vinculó a César Daniel Castro Muñoz, al Juzgado 1 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías y Conocimiento de San Andrés Isla.
11
Envío el enlace para consultar el proceso proceso de nulidad electoral con radicado No 11001-03-28-000-
2023-00103-00 a través de SAMAI.
12 3 de abril de 2025.
13 Se pronunció como tercero con interés coadyuvando las pretensiones
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acceso a la administración de justicia y al derecho de defensa. indicó que la
autoridad judicial no adecuó su actuación a la existencia de una orden judicial
previa, vigente, vinculante y de obligatorio cumplimiento, proferida por un juez penal.
35. Agregó que se configura un defecto fáctico, en la medida en que la decisión
cuestionada se fundó en un elemento probatorio respecto del cual existía una
restricción expresa impuesta por otra autoridad judicial competente. En
consecuencia, solicitó ser reconocido como tercero interesado en el proceso y que
se accediera a las pretensiones de la acción de tutela.
36. El Juzgado 1 Penal Municipal de San Andrés Isla envío copia del link del
expediente del proceso con radicado No 88-001-60-01208-2025-1061014.
37. César Daniel Castro Muñoz no se pronunció, a pesar de haber sido
debidamente notificado.
II.CONSIDERACIONES
Competencia
38. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión Previa
39. La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por las
Secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado, comoquiera que son las
autoridades que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales del
accionante.
40. La solicitud de coadyuvancia presentada por el Partido Liberal Colombiano
será aceptada, dado que actuó como tercero interviniente dentro del medio de
control de nulidad electoral.
41. Aunque el accionante no individualizó de manera expresa una providencia
determinada como objeto de reproche, del contenido integral de la demanda se
advierte que la inconformidad constitucional recae materialmente sobre decisiones
adoptadas por la Sección Primera y la Sección Quinta del Consejo de Estado en
desarrollo del medio de control de nulidad electoral. En ese contexto, la Sala
abordará el estudio bajo las reglas excepcionales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y no bajo el estándar general aplicable a
acciones u omisiones administrativas de autoridades públicas.
14 Richard Martínez Olivera solicitó que el acceso al expediente remitido por el Juez 1 Penal de San Andrés sea
restringido
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Demandante: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Problema jurídico
42. Corresponde a la Sala, una vez verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si las decisiones
adoptadas por la Sección Primera y la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro
del medio de control de nulidad electoral con radicado No. 11001-03-28-000-2023-
00103-00 vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, al
no reconocer los efectos jurídicos que, según el accionante, se derivaban de la
orden proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de San Andrés respecto de los elementos materiales probatorios
utilizados en dicho trámite electoral.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
43. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por las razones que a
continuación se exponen:
44. En el caso concreto, la Sala advierte que la controversia planteada por el
accionante no propone un problema constitucional autónomo que habilite la
intervención excepcional del juez de tutela frente a providencias judiciales. En
efecto, del contenido integral de la solicitud de amparo se evidencia que la
inconformidad del actor no está encaminada a demostrar la configuración de una
actuación arbitraria, caprichosa u ostensiblemente contraria al orden constitucional
por parte de las autoridades judiciales accionadas, sino a cuestionar la
interpretación jurídica efectuada por estas respecto del alcance y efectos de una
decisión proferida en el marco de una actuación penal distinta.
45. Bajo esa perspectiva, la discusión propuesta por el accionante se
circunscribe, en realidad, a determinar si la orden impartida por el Juzgado Primero
Penal Municipal con Función de Control de Garantías y Conocimiento de San
Andrés Isla, relacionada con la suspensión transitoria de unos elementos materiales
probatorios, debía producir efectos dentro del medio de control de nulidad electoral
adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata, entonces,
de un debate eminentemente interpretativo y de mera legalidad, vinculado con el
alcance de una decisión judicial y con la autonomía funcional de distintas
jurisdicciones, materia que, por regla general, corresponde definir al juez natural en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.
46. Es así que, del examen de los hechos y argumentos planteados en el escrito
de tutela, se advierte que el accionante sostuvo que las Secciones Primera y Quinta
del Consejo de Estado vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y defensa, en la medida en que no dieron
cumplimiento a la orden dada por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función
de Control de Garantías y Conocimiento de San Andrés Isla en la audiencia
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innominada – restablecimiento del derechos llevada a cabo el 30 de enero de 2026
dentro del radicado – C.U.I No 88-001-60-01208-2025-10610.
47. Es de anotar que, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Control de Garantías y Conocimiento de San Andrés Isla en la audiencia del 30 de
enero de 2026, dispuso:
«La Defensa Técnica del Indiciado, no se opone a la petición al verla ajustada a derecho.
El Despacho una vez escuchados los argumentos expuestos por los sujetos procesales y
analizados los EMP y EVF, ACCEDE a la solicitud de la Representación de víctima, al ver que
cumple con los parámetros legales, constitucionales y jurisprudenciales, razón por la cual se
ordena: -
… “1). Así las cosas, esta judicatura ve procedente la petición elevada bajo el entendido que,
de manera transitoria, provisional y hasta tanto se defina de fondo esta investigación, se
ordena el cese y suspensión de la utilización de estos EMP hasta tanto el Ente Acusador,
representado por su delegado Fiscal Seccional 1, determine de manera fehaciente que los
mismos son falsos y que el Juez de Conocimiento adopte una decisión definitiva en esta
investigación.
2). En ese sentido, se le ordena al señor Cesar Daniel Castro Múñoz, identificado con la cédula
Nro. 1.006.869.599, que se abstenga de utilizar el EMP y propagarlo en redes sociales y
demás medios, la circulación de los vídeos objeto de investigación, puesto que esto atenta
contra los derechos fundamentales de la presunta víctima.
3). Finalmente, se le exhorta al señor Fiscal para que adopte los correctivos necesarios e
idóneos para que la investigación retome su curso normal y así proceda con la formulación de
imputación o en su defecto la preclusión de este si no existe merito para acusar y así no tener
en vilo a la víctima, y esta tenga derecho a utilizar los mecanismos que la ley le otorga para
tal fin.” …»
48. En este contexto, la Sala advierte que no existía orden alguna dirigida a las
Secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado, ya que la decisión judicial fue
impartida directamente al indiciado dentro de la actuación penal, sin que tal orden
tuviera relación con las solicitudes de recusación ni con el proceso de nulidad
electoral adelantado en dichas secciones. En consecuencia, el Juzgado no impartió
ninguna orden que obligara a dichas autoridades a adoptar actuación alguna dentro
del proceso de nulidad electoral promovido contra el accionante.
49. En ese sentido, la Sala observa que la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante Auto de 25 de marzo de 2026, emitió un pronunciamiento expreso
frente a las solicitudes formuladas por el accionante, en el que expuso las razones
jurídicas por las cuales la decisión adoptada por el juez penal no estaba dirigida al
trámite electoral ni tenía la virtualidad de alterar las determinaciones allí adoptadas.
Es así, a través de dicho auto negó las solicitudes de aclaración y adición de la
sentencia del 3 de abril de 2025 y se abstuvo de resolver las peticiones de
recusación y las demás solicitudes – relativas a nulidad, prejudicialidad, exclusión
probatoria, y suspensión del proceso - presentadas por los señores Nicolás Iván
Gallardo Vásquez y Richard Nicolás Martínez Olivera, por considerarlas
abiertamente impertinentes y dilatorias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 295 del CPACA.
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Demandante: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
50. De esta manera, la presente acción no revela la existencia de un vacío de
protección constitucional, sino una manifiesta discrepancia del actor frente a una
decisión judicial motivada, adoptada por la autoridad competente dentro del ámbito
propio de su independencia funcional. Por ello, se recuerda que la acción de tutela
contra providencias judiciales no fue concebida como una instancia adicional para
reabrir debates ya resueltos por el juez natural, ni como un mecanismo para
replantear inconformidades relacionadas con la valoración probatoria o con la
interpretación jurídica efectuada dentro de un proceso regularmente tramitado.
51. Asimismo, se considera pertinente precisar que, en el ordenamiento
constitucional colombiano, la administración de justicia se rige por el principio de
independencia judicial15, conforme al cual los jueces, en el ejercicio de sus
funciones, solo están sometidos al imperio de la Constitución y la ley. Bajo esta
premisa, las determinaciones adoptadas por el juez penal en el trámite de una
audiencia de restablecimiento de derechos no tienen la virtualidad de imponer
deberes procesales a los jueces de lo contencioso administrativo ni de condicionar
la validez de sus decisiones, especialmente cuando estas ya han sido adoptadas
en ejercicio de su competencia constitucional y legal.
52. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, según las piezas procesales
allegadas al expediente, el accionante y otros intervinientes han promovido de
manera reiterada solicitudes de aclaración, adición, nulidad, recusaciones y demás
peticiones dentro del proceso electoral, lo que ha dado lugar a múltiples
pronunciamientos judiciales, así como a la apertura de incidentes sancionatorios,
compulsas de copias e incluso a la imposición de medidas correctivas por su
carácter dilatorio. En este contexto, la formulación de la presente acción de tutela
permite inferir, prima facie, que el mecanismo constitucional está siendo utilizado
como un escenario adicional para prolongar una controversia eminentemente
procesal ya sometida al juez natural, circunstancia que desdibuja la relevancia
constitucional exigida para activar el control excepcional del juez de tutela.
53. En ese contexto, la Sala concluye que la controversia planteada por el
accionante no trasciende el ámbito de la mera legalidad ni plantea un problema
constitucional autónomo que justifique la intervención excepcional del juez de tutela
frente a providencias judiciales, pues su inconformidad se dirige, en esencia, a
cuestionar interpretaciones jurídicas y decisiones procesales que ya fueron objeto
de pronunciamiento por parte del juez natural, e incluso a prolongar una discusión
ampliamente debatida dentro del trámite judicial correspondiente. En consecuencia,
al no acreditarse el presupuesto de relevancia constitucional exigido para activar el
control excepcional de este mecanismo de amparo, la Sala declarará improcedente
la presente acción de tutela.
15 Artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02809-00
Demandante: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por las Secciones
Primera y Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva.
SEGUNDO. ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia presentada por el Partido
Liberal Colombiano, por las razones expuestas con anterioridad.
TERCERO. DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Nicolás
Iván Gallardo Vásquez contra la Sección Primera y la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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