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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03757-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03757-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera, quien actúa en nombre propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03757-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03757-00
Accionante: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
electoral – resolución de solicitudes. Relevancia constitucional por
carga mínima argumentativa y explicativa

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera, quien actúa en nombre
propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de mayo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Amparar los derechos fundamentales invocados, especialmente el debido
proceso y el acceso a la justicia.

2. Dejar sin efectos las decisiones adoptadas por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro de los autos que resolvieron solicitudes posteriores
del suscrito en el proceso 11001-03-28-000-2023-00103-00, en cuanto
impidieron el estudio de fondo de las mismas.

3. Ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado emitir
pronunciamiento de fondo sobre las solicitudes presentadas dentro del
expediente, garantizando el derecho de contradicción y acceso a la
administración de justicia.

4. En caso de advertirse afectación de imparcialidad o conflicto de interés,
disponer la remisión del asunto a un magistrado o conjuez imparcial para su
conocimiento”.

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Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera

2. Hechos

Del proceso de nulidad electoral no. 11001-03-28-000-2023-001-0300

Mediante sentencia de 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como
gobernador del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, contenida en el formulario E-26 GOB de 3 de noviembre de 2023. Contra
dicha providencia, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, los partidos Liberal
Colombiano y Nuevo Liberalismo, así como la señora Glessy Bent Forbes,
presentaron solicitudes de aclaración y adición los días 9 y 10 de abril de 2025.

Posteriormente, el 25 de abril de 2025 el señor Richard Nicolás Martínez Olivera
solicitó que la sentencia fuera traducida al idioma creole, con el propósito de que la
comunidad étnica raizal pudiera conocer su contenido y ejercer los derechos de
defensa y contradicción. Mediante auto de 30 de abril de 2025, el despacho
sustanciador negó dicha petición, decisión que se notificó por estado el 2 de mayo
siguiente. El 5 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Quinta incluyó en la
agenda de la Sala virtual prevista para el 8 del mismo mes el proyecto de auto que
resolvería las solicitudes de aclaración y adición formuladas contra la sentencia.

No obstante, el 6 de mayo de 2025 el señor Richard Nicolás Martínez Olivera
interpuso recurso de reposición y en subsidio de súplica contra el auto que negó la
traducción de la sentencia al idioma creole. En esa misma fecha, recusó a los
magistrados que integraban la Sala de Decisión de la Sección Quinta con
fundamento en el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y el numeral 1° del artículo 141 del Código
General del Proceso (CGP). Con posterioridad, el señor Richard Nicolás Martínez
Olivera manifestó que los integrantes de la Sección Quinta también se encontraban
incursos en la causal de recusación invocada por el demandado y, además, en la
prevista en el numeral 9° del artículo 141 del CGP.

En ese orden de ideas y en atención a lo dispuesto en el artículo 145 del Código
General del Proceso, la formulación de las recusaciones produjo la suspensión del
trámite principal. En consecuencia, el proyecto que resolvería las solicitudes de
aclaración y adición fue retirado de la agenda de la Sala, mientras se surtía el
trámite correspondiente ante la autoridad competente. El 9 de mayo de 2025, los
magistrados Gloria María Gómez Montoya, Pedro Pablo Vanegas Gil y Omar
Joaquín Barreto Suárez manifestaron que no aceptaban las recusaciones
formuladas en su contra. Posteriormente, el 12 de mayo siguiente el magistrado
Luis Alberto Álvarez Parra emitió pronunciamiento en el mismo sentido y el 13 de
mayo de 2025, el expediente fue remitido a la Sección Primera para que resolviera
las recusaciones propuestas.

Mientras el proceso permanecía en conocimiento de la Sección Primera del
Consejo de Estado, el 28 de mayo de 2025, el señor Richard Nicolás Martínez
Olivera presentó una nueva recusación contra los magistrados que integraban esa
Sección. Mediante auto de 5 de junio de 2025, la Sección Primera declaró
infundadas las recusaciones formuladas contra los magistrados de la Sección
Quinta y rechazó de plano la recusación presentada contra los integrantes de la
propia Sección Primera.
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Posteriormente, por auto de 7 de julio de 2025 el magistrado sustanciador de la
Sección Primera rechazó de plano los incidentes de nulidad promovidos contra la
decisión de 5 de junio de 2025. A través de providencia de 24 de julio siguiente,
tuvo por denegada una nueva solicitud de nulidad presentada contra ese mismo
auto. Contra esa última decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante auto de 3 de septiembre de 2025, que confirmó la providencia
recurrida. En esa oportunidad, la Sección Primera advirtió que conforme al artículo
295 del CPACA la presentación de peticiones manifiestamente impertinentes, así
como la interposición de recursos y solicitudes de nulidad improcedentes,
constituían actuaciones dilatorias susceptibles de sanción.

Pese a ello, el 9 de septiembre de 2025, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera
promovió una nueva solicitud de nulidad contra el auto de 3 de septiembre de 2025,
al insistir en que el magistrado sustanciador debía apartarse del conocimiento del
asunto por encontrarse, a su juicio, incurso en las causales de recusación
previamente alegadas. Al día siguiente, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez
también promovió incidente de nulidad contra la misma providencia, al considerar
que el proceso continuó pese a la existencia de causales de suspensión e
interrupción que, en su criterio, impedían el trámite de la actuación.

Mediante auto de 26 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador de la
Sección Primera del Consejo de Estado rechazó de plano ambas solicitudes de
nulidad y ordenó a la Secretaría abstenerse de remitir al despacho cualquier nueva
petición que insistiera en las recusaciones formuladas contra los magistrados de
las Secciones Primera y Quinta o en la nulidad del proceso sustentada en esos
mismos hechos.

De manera paralela al trámite del proceso de nulidad electoral, el 7 de mayo de
2025 la señora Kimberly Torres Saltos promovió acción de tutela contra la sentencia
de 3 de abril de 2025. El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que mediante auto de 8 de agosto
de 2025 accedió a la solicitud de medida cautelar y ordenó la suspensión
provisional de los efectos de la referida providencia. Posteriormente, mediante
sentencia de 22 de octubre de 2025 declaró improcedente la solicitud de amparo,
levantó la medida cautelar decretada y dispuso la remisión del expediente a la
Sección Quinta para que continuara el trámite del proceso de nulidad electoral.

Una vez recibido nuevamente el expediente en la Sección Quinta, el señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez y el Partido Liberal Colombiano formularon una nueva
recusación contra los magistrados de la Sección Quinta con fundamento en las
causales previstas en los numerales 1 y 12 del artículo 141 del Código General del
Proceso, al considerar que los integrantes de la Sala habían comprometido su
imparcialidad al intervenir en las acciones de tutela promovidas contra la sentencia
de nulidad electoral, mediante la presentación de conceptos y escritos dirigidos a
defender la legalidad de la decisión adoptada.

El 27 de octubre de 2025, los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de
Estado rindieron el correspondiente informe y solicitaron que la recusación fuera
declarada infundada, así como la aplicación de las consecuencias previstas en el
artículo 147 del Código General del Proceso frente a ese tipo de actuaciones.
Posteriormente, el 30 de octubre de 2025 el señor Richard Nicolás Martínez Olivera
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presentó una nueva recusación contra los magistrados de la Sección Quinta,
sustentada en las causales previstas en los numerales 1 y 7 del artículo 141 del
Código General del Proceso, al fundamentar su petición en la denuncia que afirmó
haber presentado contra los integrantes de esa Sección ante la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, circunstancia que, en
su criterio, comprometía la imparcialidad de los funcionarios judiciales.

En respuesta a esa solicitud, los magistrados de la Sección Quinta manifestaron
que la recusación carecía de sustento fáctico y jurídico, pues los supuestos
invocados no configuraban las causales alegadas, sino que reflejaban la
inconformidad del recusante con las decisiones adoptadas dentro del proceso.
Además, pusieron de presente que el expediente había sido objeto de múltiples
recusaciones, recursos y solicitudes de nulidad previamente resueltos por la
Sección Primera, cuyas decisiones también fueron objeto de reiteradas
impugnaciones y nuevas solicitudes de nulidad.

Mediante auto de 27 de noviembre de 2025, la Sección Primera rechazó la
recusación presentada por el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez contra los
magistrados de esa Sección, declaró infundada la recusación formulada por el
director jurídico del Partido Liberal Colombiano y por el citado demandado contra
los integrantes de la Sección Quinta y exhortó a los sujetos procesales para que se
abstuvieran de promover actuaciones manifiestamente dirigidas a entorpecer o
dilatar el desarrollo del proceso, con la advertencia de que, en caso de persistir en
ese comportamiento, podrían imponerse las medidas correccionales previstas por
el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, el 22 de octubre de 2025 el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez
promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y a elegir y ser elegido, al
fundamentar su solicitud en la presunta configuración de los defectos fáctico,
procedimental y sustantivo relacionados con la valoración del material probatorio,
la admisión de la reforma de la demanda, la interpretación de la prohibición de doble
militancia, la fijación del litigio y la ausencia de traducción de la sentencia y de otras
actuaciones procesales al idioma creole. Mediante sentencia de 5 de diciembre de
2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, declaró
improcedentes algunos de los cargos propuestos y negó las pretensiones de
amparo respecto de los demás defectos invocados.

Asimismo, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera promovió acción de tutela
contra las Secciones Primera, Tercera y Quinta del Consejo de Estado, al
considerar que las denuncias penales que afirmó haber presentado contra los
magistrados de esas Secciones comprometían su imparcialidad y justificaban la
suspensión del trámite del proceso electoral. Adicionalmente, reiteró los
cuestionamientos relacionados con la valoración del material probatorio efectuada
en la sentencia de nulidad electoral.

El 26 de noviembre de 2025, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez presentó
recusación contra los magistrados de la Sección Primera, con fundamento en las
causales previstas en los numerales 1°, 2° y 9° del artículo 141 del Código General
del Proceso, y ese mismo día, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera manifestó
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su coadyuvancia a dicha solicitud. Posteriormente, el 1º de diciembre de 2025 el
señor Richard Nicolás Martínez Olivera formuló una nueva recusación contra los
magistrados de la Sección Quinta en la que insistió en que estos se encontraban
vinculados a diversas investigaciones adelantadas por la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes, circunstancia que, a su juicio,
comprometía nuevamente su imparcialidad.

El 4 de diciembre de 2025, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez solicitó la
aclaración y adición del auto de 27 de noviembre de 2025, petición a la que el señor
Richard Nicolás Martínez Olivera adhirió mediante escrito de coadyuvancia. El 16
de diciembre de 2025, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera presentó un
memorial mediante el cual cuestionó la autenticidad de la representación judicial de
la parte demandante y solicitó que se dejaran sin efectos las actuaciones
adelantadas por el apoderado de esta dentro del proceso de nulidad electoral.

Finalmente, el 15 de enero de 2026, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera
solicitó que el trámite del proceso permaneciera suspendido hasta tanto se
resolvieran las solicitudes y las acciones de tutela promovidas por la parte
demandada. El 25 de enero de 2026, presentó una nueva recusación contra los
magistrados de la Sección Quinta, con fundamento en la causal prevista en el
numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, al considerar que
existía una grave enemistad entre él y los integrantes de esa Sección, derivada
entre otras circunstancias, de la multa que le había sido impuesta mediante auto de
23 de enero de 2026 y de las actuaciones adelantadas por los magistrados en
defensa de la sentencia de nulidad electoral dentro de las acciones de tutela
promovidas contra esa providencia.

Posteriormente, mediante memorial de 2 de febrero de 2026, el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez solicitó el cumplimiento inmediato de la decisión proferida por el
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y
Conocimiento de San Andrés Isla dentro del radicado C.U.I.
880016001208202510610, mediante la cual se ordenó, como medida provisional,
la suspensión del uso y difusión de determinados elementos materiales probatorios
relacionados con una investigación penal. Adicionalmente, solicitó que dicha
autoridad judicial remitiera copia de la audiencia correspondiente para incorporarla
al expediente del proceso electoral.

Por auto de 5 de febrero de 2026, la Sección Primera negó las solicitudes de
aclaración y adición formuladas contra el auto de 27 de noviembre de 2025. Los
días 12 y 26 de febrero de 2026, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera solicitó
la suspensión del proceso por prejudicialidad, con fundamento en la decisión
adoptada por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías y Conocimiento de San Andrés Isla dentro del referido proceso penal. El
4 de marzo de 2026, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera informó que había
presentado denuncia contra el apoderado de la parte demandante dentro del
proceso de nulidad electoral.

Mediante auto de 5 de marzo de 2026, la Sección Primera rechazó por
improcedente la recusación formulada por el señor Richard Nicolás Martínez
Olivera, al concluir que carecía de legitimación para promoverla. Asimismo, ordenó
devolver inmediatamente el expediente a la Sección Quinta, dispuso la apertura de
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un trámite incidental sancionatorio en contra del referido interviniente por la
presunta realización de conductas dilatorias y precisó que dicho incidente no
suspendía el curso del proceso principal.

Ese mismo día, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera presentó una nueva
recusación contra los magistrados de la Sección Quinta, en la que reiteró que la
sanción económica impuesta en su contra evidenciaba una supuesta
animadversión de los funcionarios judiciales y comprometía la imparcialidad con la
que debían conocer del proceso.

Posteriormente, el 12 de marzo de 2026, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez
promovió otra recusación contra los magistrados de la Sección Quinta, con
fundamento en las causales previstas en los numerales 1, 6 y 7 del artículo 141 del
Código General del Proceso. Como sustento de su solicitud, afirmó que los
integrantes de la Sala habían sido vinculados a una investigación adelantada por la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que
incumplieron la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías y Conocimiento de San Andrés Isla y que
intervinieron activamente en las acciones de tutela promovidas contra la sentencia
de nulidad electoral mediante escritos y actuaciones encaminadas a defender esa
providencia.

El 16 de marzo de 2026, los señores Nicolás Iván Gallardo Vásquez y Richard
Nicolás Martínez Olivera solicitaron la aclaración y adición del auto de 5 de marzo
de 2026, mediante el cual la Sección Primera había rechazado la recusación
formulada por este último. Posteriormente, mediante memorial de 19 de marzo de
2026, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera promovió incidente de nulidad
contra la misma providencia y presentó una nueva recusación contra los
magistrados que integraban la Sección Quinta.

El 24 de marzo de 2026, una vez resueltas las actuaciones pendientes, el
expediente fue remitido nuevamente a la Sección Quinta para la continuación del
trámite del proceso de nulidad electoral. Ese mismo día, el señor Richard Nicolás
Martínez Olivera solicitó que el expediente fuera devuelto nuevamente a la Sección
Primera e insistió en las causales de recusación que, en su criterio, afectaban a los
magistrados de la Sección Quinta. Además, amplió dicha recusación para incluir a
varios magistrados de la Sección Primera. En el mismo sentido, el señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez solicitó al secretario de la Sección Quinta que remitiera
nuevamente el expediente a la Sección Primera con el fin de que resolviera las
recusaciones propuestas.

Durante este período, tanto el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como el señor
Richard Nicolás Martínez Olivera promovieron de manera reiterada recusaciones,
incidentes de nulidad, solicitudes de aclaración y adición, peticiones de suspensión
del proceso, solicitudes de prejudicialidad y diversos memoriales dirigidos a
cuestionar la imparcialidad de los magistrados que conocían del proceso y a
suspender el trámite de la actuación. Tales solicitudes fueron resueltas de manera
sucesiva por la Sección Primera, que rechazó o negó aquellas que encontró
improcedentes y advirtió reiteradamente que la utilización de actuaciones
manifiestamente infundadas con fines dilatorios podía dar lugar a la imposición de

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las medidas correccionales previstas en el artículo 295 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibido nuevamente el expediente, la Sección Quinta, mediante auto de 25 de
marzo de 2026, resolvió las solicitudes de aclaración y adición formuladas contra la
sentencia de 3 de abril de 2025. En esa oportunidad, negó las referidas solicitudes
y se abstuvo de pronunciarse sobre las peticiones de recusación, nulidad,
prejudicialidad, suspensión del proceso y exclusión probatoria presentadas por los
señores Nicolás Iván Gallardo Vásquez y Richard Nicolás Martínez Olivera, al
considerar que resultaban manifiestamente impertinentes y dilatorias, de
conformidad con lo previsto en el artículo 295 del CPACA.

En la misma providencia, se dispuso remitir copia de las diligencias, en especial de
las actuaciones promovidas por el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, el señor
Richard Nicolás Martínez Olivera y quienes actuaron como sus apoderados desde
el 6 de mayo de 2025 a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General
de la Nación y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial competentes,
para que evaluaran la eventual configuración de conductas con relevancia penal o
disciplinaria. Asimismo, exhortó a los mencionados intervinientes para que se
abstuvieran de presentar memoriales manifiestamente impertinentes o con fines
dilatorios, con la advertencia de que la persistencia en ese comportamiento daría
lugar a la iniciación del incidente sancionatorio previsto en el artículo 295 del
CPACA.

Posteriormente, mediante certificación expedida por el secretario de la Sección
Quinta, se dejó constancia de que la sentencia de 3 de abril de 2025 quedó
ejecutoriada el 7 de abril de 2026 a las 5:00 p. m., de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 302 del CGP y 289 a 291 del CPACA. No obstante, entre los días 6
y 9 de abril de 2026, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, el señor Richard
Nicolás Martínez Olivera y los partidos Liberal Colombiano y Nuevo Liberalismo,
con la coadyuvancia del Partido Cambio Radical, promovieron nuevas solicitudes
de nulidad contra el auto de 25 de marzo de 2026. De igual forma, el Partido Centro
Democrático presentó solicitud de nulidad contra la sentencia de 3 de abril de 2025.
Paralelamente, el demandado, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera y el
director jurídico del Partido Liberal Colombiano radicaron diversos memoriales y
solicitudes relacionadas con el trámite del proceso.

Mediante auto de 17 de abril de 2026, la Sección Quinta rechazó de plano las
solicitudes de nulidad promovidas por el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, el
señor Richard Nicolás Martínez Olivera y los partidos Liberal Colombiano, Nuevo
Liberalismo y Centro Democrático, así como aquellas coadyuvadas por el Partido
Cambio Radical. En esa misma providencia, dispuso abstenerse de emitir
pronunciamiento sobre las demás solicitudes presentadas por el demandado, el
señor Richard Nicolás Martínez Olivera y el Partido Liberal Colombiano, por
considerar que constituían actuaciones manifiestamente dilatorias e injustificadas,
conforme a lo previsto en el artículo 295 del CPACA.

Con posterioridad, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera continuó presentando
diversos memoriales mediante los cuales insistió en solicitudes de nulidad,
recusación, suspensión del proceso, prejudicialidad y apartamiento de los
magistrados de la Sección Quinta. Frente a dichas actuaciones, mediante auto de
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27 de abril de 2026, el despacho sustanciador rechazó la solicitud de nulidad
presentada por el Partido Conservador y, además, se abstuvo de resolver las
demás peticiones formuladas por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera, al
estimar que eran manifiestamente improcedentes, reiterativas y dilatorias, de
conformidad con el artículo 295 del CPACA.

Por auto de 13 de mayo de 2026, la Sección Quinta reiteró que las múltiples
solicitudes presentadas por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera resultaban
notoriamente improcedentes, injustificadas y dilatorias, razón por la cual decidió
abstenerse nuevamente de emitir pronunciamiento sobre ellas, con fundamento en
los artículos 295 del CPACA y 43 del CGP. En esa misma providencia dispuso el
archivo de la actuación, al considerar agotadas todas las etapas procesales
previstas por el ordenamiento jurídico y en cumplimiento del deber del juez de dirigir
el proceso, evitar su paralización y procurar su pronta y eficaz terminación.

Por último, en el escrito de tutela, el accionante manifestó que ha presentado
diversas solicitudes en el marco del medio de control de nulidad electoral sin que
las mismas hayan sido resueltas.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que “ordenar el archivo definitivo del expediente principal
mientras existían tutelas activas, actuaciones constitucionales pendientes,
recusaciones no resueltas, acciones de cumplimiento, investigaciones penales,
compulsas de copias, solicitudes de remisión y control disciplinario e investigativo,
configura una actuación incompatible con el debido proceso, la tutela judicial
efectiva, el principio de verdad material, el acceso a la administración de justicia y
el deber de coordinación entre jurisdicciones”.

Asimismo, precisó que las decisiones cuestionadas correspondían a aquellas que
negaron o rechazaron el estudio de las solicitudes presentadas o que impidieron un
pronunciamiento de fonde sobre las mismas.

Finalmente, afirmó que las decisiones cuestionadas incurrieron en un defecto
procedimental absoluto porque “no garantizaron un análisis de fondo suficiente
sobre las solicitudes presentadas dentro del expediente”. Así como un defecto
fáctico debido a que “no se realizó una valoración integral de los argumentos y
solicitudes presentadas por el accionante dentro del trámite judicial”. Y en un
“desconocimiento del derecho de acceso a la justicia porque las decisiones
cuestionadas habrían limitado el estudio material de las peticiones elevadas dentro
del proceso, afectando el acceso efectivo a la administración de justicia”.

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de mayo de 2026, el magistrado ponente previo a decidir sobre la
admisión de la acción de tutela, requirió al demandante para que indicara de manera
clara y precisa los hechos en que se fundamentaba la tutela, los derechos
fundamentales que consideraba vulnerados, los defectos en que incurría la
autoridad judicial accionada, así como las pretensiones de la misma. El accionante
mediante memorial de 26 de mayo subsanó el escrito de tutela.

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Posteriormente, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y
a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez – Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo
2024-2027, como tercero interesado en el resultado del proceso. De igual modo, se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 102435 a 102439
de 3 de junio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

Respuesta del Consejo de Estado, Sección Quinta

El magistrado sustanciador rindió informe en el que luego de realizar un recuento
detallado de las actuaciones surtidas al interior del proceso de nulidad electoral no.
11001-03-28-000-2023-001-0300, precisó que el escrito de tutela se sustentó en
afirmaciones según las cuales el archivo del expediente no podía consolidarse
mientras existieran investigaciones penales relacionadas con presuntas conductas
de falsedad documental y fraude procesal, en la existencia de supuestos hechos
sobrevinientes que afectarían la legalidad del trámite, en la prevalencia de las
actuaciones penales sobre las administrativas, y en la necesidad de suspender o
reabrir el proceso para evitar una presunta injusticia.

No obstante, sostuvo que tales planteamientos carecieron de sustento
constitucional y se limitaron a expresar el desacuerdo del accionante con las
decisiones adoptadas dentro del proceso de nulidad electoral. En efecto, del
recuento procesal se evidenció que el trámite se desarrolló con estricto
cumplimiento de las etapas previstas en la ley, con pleno respeto por las garantías
procesales de las partes e intervinientes y con resolución oportuna de las
solicitudes, recursos e incidentes promovidos durante la actuación.

Manifestó que después de la sentencia del 3 de abril de 2025, mediante la cual se
declaró la nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como
gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera y otros intervinientes
promovieron múltiples solicitudes, recusaciones e incidentes de nulidad, todos los
cuales recibieron el trámite legal correspondiente por parte de la Sección Quinta y
de la Sección Primera del Consejo de Estado, esta última en lo relacionado con las
recusaciones formuladas contra los magistrados de la Sección Quinta.

En cuanto a las reiteradas solicitudes de aclaración, adición, nulidad, prejudicialidad,
exclusión probatoria y suspensión del proceso, determinó que las mismas
reproducían argumentos previamente analizados y decididos, sin aportar elementos
nuevos que justificaran un nuevo pronunciamiento. En consecuencia, concluyó que
tales actuaciones respondían a una estrategia encaminada a dilatar el cumplimiento
de la sentencia, circunstancia que la Sección Quinta ya había advertido en
anteriores oportunidades.

Aclaró que la sentencia proferida el 3 de abril de 2025 solo adquirió firmeza el 7 de
abril de 2026, debido al elevado número de solicitudes, recursos e incidentes
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Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera

promovidos por el accionante y otros intervinientes, los cuales prolongaron
injustificadamente la culminación del proceso.

Agregó que posteriormente, mediante auto de 13 de mayo de 2026 se ordenó el
archivo del expediente. A pesar de ello, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera
continuó presentando escritos en los que solicitó la reapertura o suspensión del
trámite con fundamento en la existencia de otras actuaciones judiciales,
particularmente acciones de tutela promovidas contra las Secciones Quinta y
Primera del Consejo de Estado. En ese sentido, examinó dichas solicitudes y
concluyó que, al igual que las anteriores, carecían de fundamento jurídico y
perseguían exclusivamente impedir la culminación definitiva del proceso. Por tal
razón, se abstuvo de darles trámite, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
295 del CPACA y 43, numeral 2, del CGP, por resultar manifiestamente
improcedentes, dilatorias e injustificadas. Asimismo, advirtió que el accionante
insistió en presentar escritos sustentados en los mismos argumentos, pese a que
mediante autos del 25 de marzo, 17 y 27 de abril y 13 de mayo de 2026 se le informó
expresamente que tales solicitudes resultaban improcedentes.

De otra parte, explicó que aunque el accionante pareció cuestionar la valoración
probatoria efectuada en la sentencia que resolvió el proceso de nulidad electoral, lo
cierto fue que dicha controversia ya había sido ampliamente examinada dentro del
proceso ordinario, y en esa decisión se concluyó que las pruebas practicadas no
lograron desvirtuar la autenticidad de los videos incorporados al expediente, razón
por la cual estos podían ser valorados conjuntamente con los demás medios de
convicción y los dictámenes periciales practicados.

Adicionalmente, sostuvo que los reparos relacionados con la valoración de esas
pruebas ya fueron objeto de control constitucional dentro de la acción de tutela
radicada con el no. 11001-03-15-000-2025-06646-00, promovida por el señor
Nicolás Iván Gallardo Vásquez, en la cual mediante sentencia del 5 de diciembre de
2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las
demás pretensiones, al concluir que la sentencia de nulidad electoral no incurrió en
los defectos fáctico, procedimental ni sustantivo alegados. En particular, precisó que
el debate sobre la autenticidad de los videos había sido plenamente agotado dentro
del proceso ordinario y que la acción de tutela no constituía una instancia adicional
para reabrir etapas procesales ya concluidas.

De igual manera, adujo que los argumentos planteados en la presente acción
constitucional coincidieron con los formulados en otras acciones de tutela
promovidas por los señores Richard Nicolás Martínez Olivera y Nicolás Iván
Gallardo Vásquez. La primera, identificada con el radicado no. 11001-03-15-000-
2025-07397-00, la cual fue rechazada por temeridad mediante sentencia de 14 de
mayo de 2026. La segunda, radicada bajo el no. 11001-03-15-000-2026-02809-00,
fue declarada improcedente en la misma fecha, oportunidad en la que la Subsección
A de la Sección Segunda advirtió que las sucesivas solicitudes de aclaración,
adición, nulidad, recusaciones y demás peticiones formuladas dentro del proceso
electoral evidenciaban un uso reiterado de mecanismos procesales con fines
dilatorios y que la acción de tutela pretendía prolongar una controversia
eminentemente procesal, desprovista de relevancia constitucional.

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Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera

En consecuencia, expuso que la presunta vulneración de derechos fundamentales
invocada en esta oportunidad ya fue objeto de análisis en anteriores acciones de
tutela, en las cuales se concluyó que el proceso de nulidad electoral respetó
plenamente las garantías del debido proceso y que las acciones constitucionales
promovidas respondían al propósito de reabrir un debate definitivamente resuelto
por el juez natural. Por lo expuesto, concluyó que en el trámite de nulidad electoral
no se configuró defecto alguno susceptible de control por vía de tutela, pues las
actuaciones judiciales observaron las garantías procesales y sustanciales de todas
las partes e intervinientes.

Por último, solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela y valorar la
posible configuración de la temeridad por la reiterada interposición de acciones
constitucionales por parte del señor Richard Nicolás Martínez Olivera.
Subsidiariamente, se pidió negar las pretensiones de la demanda de tutela y
desvincular a los magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado
del presente trámite.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales del señor Richard Nicolás Martínez Olivera, al abstenerse de emitir
un pronunciamiento de fondo sobre las solicitudes presentadas dentro del proceso
de nulidad electoral, ordenar el archivo del expediente y adoptar las demás
decisiones cuestionadas, al configurarse un defecto procedimental absoluto y
fáctico.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la

1
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
11

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sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

2
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
3
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12

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Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Richard Nicolás Martínez Olivera, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela con la pretensión de que el juez constitucional ampare sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado
con ocasión de las actuaciones adelantadas en el marco del proceso de nulidad
electoral no. 11001-03-28-000-2023-001-03-00.

De conformidad con las pretensiones y los fundamentos de la solicitud de amparo,
la Sala advierte que la presente acción se dirige: (i) contra algunas providencias
judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad electoral, sin que el accionante
las individualice de manera precisa, (ii) contra la presunta omisión de emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de las solicitudes presentadas dentro de dicho
trámite y (iii) frente a la alegada falta de imparcialidad de los magistrados que
conocieron del asunto, por lo que solicita que, de encontrarse acreditada esa
circunstancia, el expediente sea remitido a un magistrado o conjuez imparcial.

Como fundamento de las pretensiones, el accionante afirmó que las decisiones
cuestionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto y en un defecto
fáctico, al considerar que las autoridades judiciales omitieron realizar un estudio de
fondo de las solicitudes, argumentos y pruebas presentadas durante el trámite.
Asimismo, afirmó que esa actuación vulneró su derecho de acceso a la
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administración de justicia, pues, en su criterio, las peticiones formuladas dentro del
proceso no fueron objeto de un análisis material y efectivo por parte de la autoridad
judicial.

Descendiendo al asunto objeto de estudio, la Sala advierte, en primer término, que
respecto de la pretensión encaminada a dejar sin efectos las decisiones adoptadas
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el accionante no cumplió con la carga
argumentativa mínima exigida para habilitar el estudio excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. En efecto, aunque manifestó su inconformidad
con diversas decisiones adoptadas dentro del proceso de nulidad electoral, no
identificó de manera concreta cuáles providencias pretendía controvertir, ni explicó
respecto de cada una de ellas las razones por las cuales habrían incurrido en los
defectos fáctico y procedimental absoluto que invocó.

En ese sentido, la Sala precisa que si bien el accionante afirmó que las decisiones
cuestionadas incurrieron en los defectos fáctico y procedimental absoluto, así como
en la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, lo cierto es
que no explicó de manera clara, concreta y suficiente las razones por las cuales
tales defectos se configuraban, ni identificó las actuaciones específicas que los
sustentaban. Por el contrario, sus planteamientos se limitaron a expresar su
inconformidad con las decisiones adoptadas dentro del proceso de nulidad electoral
y a reiterar los mismos argumentos que fueron expuestos mediante las múltiples
solicitudes, incidentes y peticiones presentadas durante el trámite, las cuales fueron
examinadas y resueltas por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Así las cosas, la Sala advierte que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa de explicar por qué su solicitud de amparo trasciende las
inconformidades frente a las decisiones adoptadas por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral. En efecto, aunque
afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en defectos fáctico y
procedimental absoluto y vulneraron su derecho de acceso a la administración de
justicia, no expuso razones concretas dirigidas a acreditar la configuración de tales
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ni explicó de qué manera dichas decisiones afectaron efectivamente sus
derechos fundamentales. Por el contrario, sus argumentos se limitaron a reiterar
cuestionamientos que ya habían sido planteados y resueltos durante el trámite del
proceso ordinario.

En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque
“a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
5
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces ”
Por lo tanto, el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no
es suficiente para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional,

5
Corte Constitucional, sentencia Su-379 de 2019
14

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puesto que es necesario, se reitera, que se ponga en evidencia la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales alegados, pues “la acreditación
de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
6
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” .

En segundo lugar, frente a la solicitud de ordenar a la Sección Quinta del Consejo
de Estado emitir un pronunciamiento de fondo sobre las peticiones presentadas
dentro del proceso de nulidad electoral, la Sala observa que dicha afirmación no
encuentra respaldo en las actuaciones surtidas al interior del expediente. En efecto,
del recuento procesal expuesto en esta providencia se evidencia que las solicitudes
de aclaración, adición, nulidad, recusación, suspensión del proceso, prejudicialidad,
exclusión probatoria y los demás memoriales presentados por el accionante y los
demás intervinientes fueron objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad
judicial competente.

Asimismo, cuando la Sección Quinta de esta Corporación decidió abstenerse de
emitir nuevos pronunciamientos sobre algunas de esas solicitudes, motivó dicha
decisión en que correspondían a actuaciones manifiestamente improcedentes,
reiterativas o dilatorias, de conformidad con lo previsto en el artículo 295 del
CPACA, criterio que reiteró en los autos de 25 de marzo, 17 y 27 de abril y 13 de
mayo de 2026. En consecuencia, no se advierte la omisión que alega el accionante,
sino el ejercicio de las facultades de dirección del proceso encaminadas a evitar su
prolongación injustificada y a garantizar la eficacia de la administración de justicia.

Finalmente, en relación con la pretensión subsidiaria de remitir el asunto a un
magistrado o conjuez imparcial, la Sala advierte que tampoco se encuentra
satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional. En efecto, el accionante se
limitó a solicitar dicha medida en caso de advertirse una afectación de la
imparcialidad o un conflicto de interés, sin identificar una actuación concreta que
permitiera establecer la configuración de esa circunstancia ni explicar de qué
manera las decisiones cuestionadas comprometían sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, la pretensión se sustenta en un supuesto eventual e incierto, carente
de la concreción necesaria para estructurar una controversia de genuina relevancia
susceptible de ser examinada por el juez de tutela.

Aunado a ello, del recuento procesal se evidencia que las múltiples recusaciones
promovidas por el accionante y por otros intervinientes fueron tramitadas y resueltas
por la autoridad judicial competente, la cual las rechazó o declaró infundadas y, en
reiteradas oportunidades, advirtió el carácter manifiestamente improcedente o
dilatorio de varias de ellas.

Valga indicar que el artículo 78 del Código General del Proceso establece como
deberes de las partes y sus apoderados proceder con lealtad y buena fe en sus
actuaciones procesales, abstenerse de formular solicitudes o planteamientos
manifiestamente improcedentes y evitar cualquier conducta que tienda a dilatar
injustificadamente el trámite de los procesos.

6
Corte Constitucional, sentencia Su- 573 de 2019.
15

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Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera

Las anteriores razones son suficientes para concluir que no hay lugar a
pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que conlleva declarar improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional al no evidenciarse la carga
mínima argumentativa y explicativa suficiente para controvertir una providencia
judicial.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Richard Nicolás Martínez Olivera, quien actúa en nombre propio, contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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