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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04432-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04432-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. TERCERO. ACEPTAR la solicitud de desvinculación formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por falta de legitimación en la causa por pasiva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. DECLARAR que, frente a los cargos relacionados con la valoración de las pruebas videográficas y del dictamen pericial y con la aplicación de la prohibición de doble militancia, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. RECHAZAR POR TEMERIDAD de manera subsidiaria, la acción de tutela interpuesta por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera en relación con los cargos referidos en el numeral anterior, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por activa, frente a los cargos relacionados con la falta de personería del apoderado del demandante original en el proceso de nulidad electoral y con la presunta falta de quórum de la sala de decisión que profirió la sentencia del 3 de abril de 2025. SÉPTIMO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los intervinientes, por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-15-000-2026-04432-00 Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera OCTAVO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04432-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04432-00
Accionante: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Vinculado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) – REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NICOLÁS IVÁN GALLARDO
VÁSQUEZ, CÉSAR DANIEL CASTRO MUÑOZ, GLESY BENT
FORBES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Cosa juzgada
constitucional y temeridad frente a los cargos ya resueltos en tutelas anteriores. Falta de
legitimación en la causa por activa frente a los demás cargos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Frente a los cargos relacionados con la valoración de las pruebas videográficas y del
dictamen pericial, así como con la aplicación de la prohibición de doble militancia —
incluido el argumento fundado en la sentencia de segunda instancia del 21 de mayo de
2026, proferida en el caso del Alcalde de Providencia—, se declarará la improcedencia
de la acción de tutela por operar el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y, en todo
caso, se rechazará por configurarse una actuación temeraria, al haber sido dichos
reproches resueltos por esta Corporación en las sentencias del 19 de mayo de 2025 (rad.
11001-03-15-000-2025-02206-00), del 5 de diciembre de 2025 (rad. 11001-03-15-000-
2025-06646-00) y del 14 de mayo de 2026 (rad. 11001-03-15-000-2025-07397-00).

2. Frente a los demás cargos —relativos a la falta de personería del apoderado del
demandante original y a la presunta falta de quórum de la sala que profirió la sentencia
del 3 de abril de 2025—, se declarará la improcedencia de la acción por falta de
legitimación en la causa por activa, al tratarse de pretensiones propias del señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez que el accionante no está habilitado para reclamar en nombre
propio ni como coadyuvante.

II. ANTECEDENTES

El escrito de tutela

3. El señor Richard Nicolás Martínez Olivera, actuando en nombre propio y como
representante legal de la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, presentó acción

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Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera

de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el propósito de obtener la
protección del derecho fundamental a la igualdad, vulnerado por “el trato probatorio
dispensado” en la Sentencia del 3 de abril de 2025, proferida dentro del proceso de
nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2023-00103-00

Hechos relevantes

4. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 3 de abril de 2025,
declaró la nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como
gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
para el periodo 2024-2027.

5. La Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, representada legalmente por el
accionante, fue reconocida como tercero impugnador en favor del demandado dentro del
proceso de nulidad electoral.

6. La censura contra la providencia se sustentó en la valoración de grabaciones digitales
que, según la solicitud de amparo, estaban recortadas y editadas, sin acreditación técnica
de su integridad y autenticidad.

7. El Juzgado Primero Penal Municipal de San Andrés Isla, mediante providencia del 30
de enero de 2026, ordenó suspender la utilización de determinados elementos
probatorios digitales dentro de una investigación penal.

8. La solicitud de amparo invocó como término de comparación la Sentencia del 21 de
mayo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso
con radicado 88001-23-33-000-2023-00059-02, relacionado con la elección del alcalde
de Providencia. En esa providencia se restó eficacia probatoria a unos videos por la
ausencia de los archivos originales y sus metadatos.

9. La vulneración del derecho a la igualdad se atribuyó a la aplicación de criterios
probatorios diferentes en asuntos que, según el escrito de tutela, presentaban supuestos
semejantes.

10. La solicitud cuestionó la autenticidad del poder conferido al apoderado de la parte
demandante dentro del proceso electoral y la validez de las actuaciones surtidas con
fundamento en dicho documento.

11. La legitimación en la causa por activa se fundamentó en la calidad de representante
legal de la Fundación, denunciante de presuntas conductas delictivas, dirigente social,
interviniente en actuaciones judiciales y ciudadano interesado en la protección del orden
jurídico.

Pretensiones

12. La parte actora solicitó amparar el derecho fundamental a la igualdad de la Fundación
Misión Archipiélago de San Andrés y de los ciudadanos sufragantes; ordenar a la Sección

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Quinta del Consejo de Estado aplicar el criterio probatorio adoptado en la Sentencia del
21 de mayo de 2026; suspender los efectos de la Sentencia del 3 de abril de 2025; y
disponer la restitución del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez en el cargo de
gobernador.

Fundamentos de la demanda de tutela

13. Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas audiovisuales. El defecto se
sustentó en el valor probatorio reconocido a grabaciones digitales presuntamente
recortadas y editadas, sin archivos originales ni metadatos que permitieran verificar su
autenticidad e integridad. La solicitud invocó la orden del 30 de enero de 2026, mediante
la cual el Juzgado Primero Penal Municipal de San Andrés Isla dispuso suspender la
utilización de esos elementos dentro de una actuación penal.

14. Carencia íntegra de poder para actuar. La irregularidad procesal se sustentó en la
presunta inexistencia del poder conferido al abogado Carlos Manuel Alfaro Fonseca para
presentar la demanda de nulidad electoral. La falta de mandato habría afectado la validez
del proceso desde su inicio.

15. Vulneración del derecho a la igualdad por aplicación de criterios probatorios
diferentes. La solicitud comparó la valoración de las pruebas audiovisuales efectuada en
la Sentencia del 3 de abril de 2025 con el criterio adoptado por la Sección Quinta en la
Sentencia del 21 de mayo de 2026, proferida dentro del expediente 88001-23-33-000-
2023-00059-02. La diferencia se atribuyó al valor reconocido a videos que presentaban
deficiencias técnicas semejantes.

Trámite impartido

16. La acción de tutela se presentó el 10 de junio de 2026. El 11 de junio siguiente, los
magistrados Zoranny Castillo Otálora y Fernando Alexei Pardo Flórez manifestaron
impedimento para conocer del asunto, con fundamento en la causal de amistad íntima
respecto de los magistrados Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barreto
Suárez, quienes suscribieron una de las providencias cuestionadas.

17. Mediante auto de 26 de junio de 2026, se negó el impedimento y ordenó devolver el
expediente al despacho de origen para continuar con el trámite correspondiente.

18. Por auto de 10 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado y la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, integrante de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. En la misma providencia se negó la medida
provisional solicitada.

19. Como terceros con interés fueron vinculados los señores Nicolás Iván Gallardo
Vásquez y César Daniel Castro Muñoz; los partidos Liberal Colombiano, Cambio Radical
y Nuevo Liberalismo; y la señora Glesy Bent Forbes. También se vinculó al Consejo
Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Intervenciones

20. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, examinar la posible
temeridad del actor y, de manera subsidiaria, negar el amparo y desvincular a los
magistrados que integran esa Sección.

21. En su informe, rendido en calidad de magistrado sustanciador de ambos procesos
electorales relacionados con el departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, hizo un recuento detallado de las actuaciones surtidas tras la sentencia del 3
de abril de 2025, señalando que las numerosas recusaciones, nulidades y demás
peticiones presentadas por el accionante y otros intervinientes fueron resueltas
oportunamente por las Secciones Quinta y Primera, motivo por el cual la sentencia solo
quedó ejecutoriada un año después, el 7 de abril de 2026.

22. Los videos aportados en los procesos electorales relacionados con el gobernador de
San Andrés y el alcalde de Providencia fueron valorados como documentos amparados
por la presunción de autenticidad prevista en los artículos 243 y 244 del Código General
del Proceso. Los dictámenes periciales no demostraron que las grabaciones hubieran
sido alteradas.

23. La diferencia entre las decisiones obedeció al contenido visual y contextual de los
videos, no a la aplicación de criterios probatorios distintos. Los cuestionamientos
formulados por el accionante ya habían sido examinados en otras acciones de tutela.

24. Sobre este punto, precisó que una acción de tutela anterior del accionante con
planteamientos semejantes (radicado 11001-03-15-000-2025-07397-00) fue rechazada
por temeridad mediante sentencia del 14 de mayo de 2026, por lo que reiteró su solicitud
de que se estudiara la posible temeridad de la presente acción o, en subsidio, se negara
el amparo y se desvinculara a los magistrados de la Sección Quinta.

25. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través del
despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva y, de manera subsidiaria, que se negaran las
pretensiones.

26. La demanda mencionó los autos proferidos en los trámites de tutela con radicados
11001-03-15-000-2026-02695-00 y 11001-03-15-000-2026-00118-00. No identificó el
defecto atribuido a esas providencias ni explicó las razones por las cuales vulneraron los
derechos fundamentales invocados.

27. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Los hechos y las pretensiones no guardaban relación
con las funciones constitucionales y legales asignadas a la entidad. La expedición y
revisión de las providencias cuestionadas correspondían a las autoridades judiciales
accionadas.

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28. El accionante presentó los memoriales del 21 y del 30 de julio de 2026, mediante
los cuales controvirtió los informes rendidos por las autoridades accionadas, reiteró los
cargos formulados en la demanda de tutela y aportó anexos técnicos y cuadros
comparativos en respaldo de sus pretensiones.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

29. Esta Subsección es competente para resolver la acción de tutela, conforme a los
artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con
el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.

Solicitudes de Desvinculación

30. Sección Quinta del Consejo de Estado. La solicitud de desvinculación formulada
de manera subsidiaria por esta Sección no está llamada a prosperar, pues es
precisamente la autoridad judicial que profirió la sentencia del 3 de abril de 2025
cuestionada por vía de tutela, su condición de autora de la providencia censurada la
mantiene vinculada al presente trámite en calidad de accionada con independencia del
sentido de la decisión que finalmente se adopte.

31. Frente a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; tampoco
prospera la solicitud de desvinculación elevada por esta autoridad, si bien el escrito de
tutela no identificó con precisión el defecto atribuido a los autos proferidos dentro de los
radicados 11001-03-15-000-2026-02695-00 y 11001-03-15-000-2026-00118-00, lo cierto
es que dichas providencias fueron expresamente mencionadas por el accionante como
parte de los antecedentes que sustentan su reproche constitucional.

32. Frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, distinta es la situación de esta
entidad, del escrito de tutela y de los hechos narrados no se advierte que alguna
actuación de la Registraduría hubiera sido cuestionada por el accionante. En
consecuencia, se accederá a su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Problema jurídico y metodología de la decisión

33. La Sala debe determinar, de manera previa:

(i) Si frente a los cargos relacionados con la valoración de las pruebas videográficas y del
dictamen pericial y con la aplicación de la prohibición de doble militancia, opera el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional o se configura una actuación temeraria, en
tanto dichos reproches ya fueron examinados por esta Corporación en las sentencias del
19 de mayo de 2025 (rad. 2025-02206-00), del 5 de diciembre de 2025 (rad. 2025-06646-
00) y del 14 de mayo de 2026 (rad. 2025-07397-00), y si la sentencia de segunda
instancia del 21 de mayo de 2026, proferida en el caso del alcalde de Providencia,
constituye un hecho nuevo que enerve dichos efectos y;

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Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera

(ii) Si el señor Richard Nicolás Martínez Olivera está legitimado en la causa por activa
para plantear los cargos relacionados con la falta de personería del apoderado del
demandante original en el proceso de nulidad electoral y con la presunta falta de quórum
de la sala que profirió la sentencia del 3 de abril de 2025. Solo de superarse este doble
examen de procedibilidad, la Sala analizaría los defectos atribuidos a dicha sentencia.

Análisis de la Sala

34. La Sala advierte, en primer lugar, que los cargos relacionados con la valoración de
las pruebas videográficas y del dictamen pericial, así como con la aplicación de la
prohibición de doble militancia contenida en la sentencia del 3 de abril de 2025, no son
ajenos al conocimiento de esta jurisdicción. Por el contrario, han sido objeto de
pronunciamiento reiterado en al menos tres oportunidades anteriores, promovidas por
quien ha actuado como el sujeto materialmente interesado en controvertir esa decisión.

35. Mediante sentencia del 19 de mayo de 2025 (rad. 11001-03-15-000-2025-02206-00),
la Subsección B de esta Sección conoció de la acción de tutela interpuesta por la
Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, por conducto de su representante legal,
el señor Richard Nicolás Martínez Olivera, contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la cual se cuestionó, entre otros aspectos, la aplicación de las normas sobre
doble militancia sin atender el contexto étnico y la valoración de unos videos tachados de
falsedad. En esa ocasión, la Sala declaró improcedente la acción por falta de relevancia
constitucional frente a esos cargos.

36. Posteriormente, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2025 (rad. 11001-03-15-
000-2025-06646-00), la Subsección B de la Sección Segunda resolvió la tutela promovida
por el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, contra la misma Sección Quinta, en la que
también se cuestionó la valoración del dictamen pericial y de los videos aportados al
proceso electoral. En esa ocasión, la Sala negó el amparo tras concluir, de fondo, que la
decisión de no dar trámite a la tacha de falsedad fue razonable y que no se desvirtuó que
la imagen y la voz correspondieran al señor Gallardo Vásquez.

37. Finalmente, mediante sentencia del 14 de mayo de 2026 (rad. 11001-03-15-000-
2025-07397-00), la Subsección B de esta Sección rechazó por temeridad una nueva
acción de tutela presentada por el señor Richard Martínez Olivera, esta vez a nombre
propio, al verificar la identidad de partes, causa petendi y objeto con la decisión del 19 de
mayo de 2025, no obstante que en esa ocasión el actor invocó actuaciones penales
posteriores como sustento adicional de su reclamo.

38. Aunque las sentencias reseñadas fueron proferidas en acciones promovidas, según
el caso, por la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, por el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez o por el señor Martínez Olivera a título personal, la Sala encuentra que
en todas ellas interviene el mismo sujeto materialmente interesado en controvertir la
sentencia del 3 de abril de 2025.

39. Como lo advirtió esta Corporación en la sentencia del 14 de mayo de 2026 (rad. 2025-
07397-00), el cambio en la calidad en que actúa el señor Martínez Olivera, representante

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legal de la Fundación en unas ocasiones, actor a nombre propio en otras, no desvirtúa
que se trate del mismo sujeto materialmente interesado en la controversia electoral.

40. Dicha identidad se extiende también al señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez. Como
lo precisó la Subsección B de la Sección Segunda en sentencia del 11 de mayo de 2026
(rad. 11001-03-15-000-2026-00118-00), con fundamento en la sentencia SU-067 de 2022
de la Corte Constitucional, el coadyuvante no puede formular pretensiones propias o
argumentos distintos de los expuestos por la parte que apoya; en ese trámite, la Sala
encontró que la intervención del señor Gallardo Vásquez como coadyuvante de la
Fundación, en realidad, encubría una pretensión propia y no una genuina coadyuvancia.

41. Bajo esa misma lógica, cuando es el señor Martínez Olivera o la Fundación quienes
accionan invocando la valoración probatoria de la sentencia de nulidad electoral, debe
entenderse que actúan como el instrumento procesal del señor Gallardo Vásquez, quien
es el único titular del derecho al debido proceso involucrado en esa valoración y quien,
además, ya obtuvo un pronunciamiento de fondo desfavorable sobre el mismo defecto
en la sentencia del 5 de diciembre de 2025.

42. También se encuentra acreditada la identidad de causa petendi y de objeto exigida
por la jurisprudencia constitucional para la configuración de la cosa juzgada y,
subsidiariamente, de la temeridad. En los cuatro trámites reseñados, el reproche se funda
en unos mismos hechos esenciales, esto es, la forma en que la Sección Quinta valoró
los videos y el dictamen pericial dentro del proceso de nulidad electoral con radicado
11001-03-28-000-2023-00103-00, y persigue un mismo resultado, a saber, privar de
efectos a la sentencia del 3 de abril de 2025 y obtener la restitución del señor Gallardo
Vásquez en el cargo de gobernador.

43. En esta oportunidad, el accionante invoca como argumento adicional la sentencia de
segunda instancia del 21 de mayo de 2026 (rad. 88001-23-33-000-2023-00059-02),
mediante la cual la Sección Quinta absolvió al Alcalde de Providencia de los cargos de
nulidad electoral. A juicio del accionante, esa decisión evidenciaría un trato probatorio
distinto para hechos similares y, por esa vía, constituiría un hecho nuevo que habilitaría
un pronunciamiento sobre la valoración probatoria ya decidida.

44. La circunstancia de que se invoquen actuaciones o decisiones posteriores no
desvirtúa la identidad de causa y de objeto cuando tales elementos se presentan como
argumentos accesorios orientados a obtener el mismo resultado constitucional
perseguido en las acciones anteriores.

45. Ese es precisamente el caso de la sentencia del Alcalde de Providencia, que el
accionante utiliza no para reclamar un derecho autónomo y distinto, sino para reforzar la
misma pretensión de siempre: la suspensión de la sentencia del 3 de abril de 2025 y la
restitución del señor Gallardo Vásquez.

46. Por lo expuesto, la Sala concluye que, frente a los cargos relacionados con la
valoración de las pruebas videográficas y del dictamen pericial y con la aplicación de la
prohibición de doble militancia, incluido el argumento fundado en la sentencia del Alcalde

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de Providencia, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en tanto se acredita
la triple identidad de partes, causa petendi y objeto frente a las sentencias del 19 de mayo
de 2025, del 5 de diciembre de 2025 y del 14 de mayo de 2026.

47. En todo caso, y de manera subsidiaria, la Sala encuentra que la reiteración de estos
mismos cargos, sin un motivo expresamente justificado distinto de argumentos
accesorios que no alteran el núcleo de la controversia, configura una actuación temeraria
en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

48. La jurisprudencia ha decantado que la temeridad se configura cuando concurre una
triple identidad (partes, hechos y pretensiones) sumada a la ausencia de justificación en
la presentación de una nueva demanda, lo que denota un actuar doloso o de mala fe.

49. En el presente asunto, resulta evidente que se intentan reabrir los mismos reproches
probatorios y sustanciales ya desatados en las sentencias del 19 de mayo y 5 de
diciembre de 2025, y del 14 de mayo de 2026. El actuar del señor Richard Nicolás
Martínez Olivera, quien ha acudido intermitentemente a nombre propio, como
representante de la Fundación o coadyuvante, no desvirtúa la identidad de partes, pues
en todos los escenarios interviene como instrumento del mismo sujeto materialmente
interesado- Nicolás Iván Gallardo Vásquez-.

50. Asimismo, la alegación de una nueva sentencia proferida a favor del Alcalde de
Providencia no constituye un hecho nuevo que altere la situación fáctica, sino un mero
argumento accesorio orientado a obtener el mismo resultado. En consecuencia, al no
existir justificación razonable para esta multiplicidad de amparos, se consolida un abuso
del derecho que impone aplicar las consecuencias del artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.

51. Superado lo anterior, resta por examinar si el señor Martínez Olivera está legitimado
en la causa por activa para plantear los cargos que no fueron objeto de pronunciamiento
en las providencias reseñadas, relativos a la falta de personería del apoderado que
representó al demandante original dentro del proceso de nulidad electoral y a la presunta
falta de quórum de la sala de decisión que profirió la sentencia del 3 de abril de 2025.

52. Sobre la legitimación en la causa por activa para ejercer acción de tutela contra
sentencias proferidas en un proceso de nulidad electoral, la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-329 de 2024, rectificó su jurisprudencia para precisar los eventos en que
se entiende acreditado este presupuesto frente a decisiones de naturaleza electoral.

53. En esa oportunidad, la Corte unificó su criterio para señalar que, en las acciones de
tutela contra providencias dictadas dentro de procesos de nulidad electoral en las que se
invoquen los derechos a la representación política y a elegir y ser elegido, únicamente
están legitimadas por activa las personas que hayan actuado como demandantes,
demandados o terceros dentro del respectivo proceso ordinario; quien no acredite haber
intervenido en esa calidad, y por tanto un interés legítimo derivado de dicha participación,
carece de legitimación para promover el amparo.

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54. Conforme con lo anterior, debe indicarse que, dentro del proceso de nulidad electoral
con radicado 11001-03-28-000-2023-00103-00, la Fundación Misión Archipiélago de San
Andrés fue reconocida como tercero impugnador en favor del demandado Nicolás Iván
Gallardo Vásquez. Por esta razón, no es posible concluir que la organización fue ajena
al trámite en el que se profirió la sentencia cuestionada.

55. Sin embargo, la sola intervención en el proceso electoral no acredita la legitimación
material para formular cualquier pretensión contra la providencia adoptada. La regla fijada
en la sentencia SU-329 de 2024 permite que los terceros reclamen la protección de las
garantías fundamentales propias que pudieron resultar afectadas durante su
intervención, pero no les atribuye la titularidad de la situación jurídica definida respecto
de la parte principal.

56. La legitimación del coadyuvante es secundaria y restringida. Sus actuaciones se
limitan a apoyar a una de las partes, sin que pueda desplazarla o sustituirla en el ejercicio
de otros medios de defensa dirigidos a restablecer los derechos de quien resulta
directamente afectado por la decisión judicial.

57. En este asunto, el señor Martínez Olivera no reclamó la protección de una garantía
procesal propia derivada de su intervención como tercero. No identificó una oportunidad
procesal que le hubiera sido negada, un argumento suyo que no fuera resuelto, una
prueba que se le impidiera aportar ni una restricción impuesta al ejercicio de su derecho
de defensa o contradicción.

58. El accionante cuestiona la sentencia del 3 de abril de 2025 por la presunta falsedad
del poder que el señor César Daniel Castro Muñoz confirió al abogado Carlos Manuel
Alfaro Fonseca para promover la demanda de nulidad electoral. Se trata, sin embargo,
de una irregularidad que, de haber ocurrido, habría afectado la relación procesal entre el
demandante y su apoderado dentro de ese proceso, y cuya nulidad solo puede ser
alegada por quien resultó vinculado a esa actuación o por quien ostenta un interés jurídico
directo en la validez del trámite, no por un tercero ajeno a esa relación de representación.

59. Igual conclusión se impone respecto del reproche relativo a la falta de quórum de la
sala de decisión que profirió la sentencia del 3 de abril de 2025. Se trata de una eventual
irregularidad procesal interna del trámite electoral, cuya declaratoria de nulidad, de ser
procedente, beneficiaría directamente al demandado dentro de ese proceso, esto es, al
señor Gallardo Vásquez, y no genera por sí misma un derecho autónomo en cabeza de
un tercero para reclamarla por vía de tutela.

60. Como ya lo indicó la Subsección B de la Sección Segunda en la sentencia del 11 de
mayo de 2026 (rad. 2026-00118-00), permitir que estos cuestionamientos sean
planteados por el señor Martínez Olivera o por la Fundación que representa equivaldría
a admitir que el señor Gallardo Vásquez ejerza mecanismos de defensa judicial de
manera indirecta, por interpuesta persona, lo que, en los términos de esa providencia,
puede llegar a constituir un abuso del derecho.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04432-00
Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera

61. Así las cosas, aunque la parte actora intervino como tercero impugnador en el
proceso de nulidad electoral, las pretensiones formuladas desbordan el alcance de esa
actuación y buscan sustituir al afectado directo por la sentencia cuestionada. Por
consiguiente, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera tampoco acreditó la legitimación
en la causa por activa para plantear, en nombre propio, como representante de la
Fundación Misión Archipiélago de San Andrés o en favor de los ciudadanos sufragantes,
los cargos relacionados con la falta de personería del apoderado del demandante original
y con la falta de quórum de la sala de decisión, por tratarse de pretensiones propias del
señor Gallardo Vásquez que el accionante no está habilitado para reclamar por esta vía.
En consecuencia, y sumado a lo expuesto sobre la cosa juzgada y la temeridad frente a
los demás cargos, la acción de tutela será declarada improcedente en su integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

TERCERO. ACEPTAR la solicitud de desvinculación formulada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por falta de legitimación en la causa por pasiva, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. DECLARAR que, frente a los cargos relacionados con la valoración de las
pruebas videográficas y del dictamen pericial y con la aplicación de la prohibición de doble
militancia, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. RECHAZAR POR TEMERIDAD de manera subsidiaria, la acción de tutela
interpuesta por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera en relación con los cargos
referidos en el numeral anterior, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.

SEXTO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por falta de legitimación en
la causa por activa, frente a los cargos relacionados con la falta de personería del
apoderado del demandante original en el proceso de nulidad electoral y con la presunta
falta de quórum de la sala de decisión que profirió la sentencia del 3 de abril de 2025.

SÉPTIMO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los intervinientes, por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04432-00
Accionante: Richard Nicolás Martínez Olivera

OCTAVO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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