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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02695-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02695-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: requisito de inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el partido político Centro Democrático contra
la Sección Quinta de esta corporación.

1. Síntesis del caso

El partido político Centro Democrático, por conducto de su apoderado general,
presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y a elegir
y ser elegido, que consideró vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 3 de abril de 2025 dentro del
proceso núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor César Daniel Castro Muñoz presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral el 22 de noviembre de 2023, ante la Sección Quinta

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 2, certificado 0C829E82F45400E6
71D20806F4B706F1 37650FC80876E3CE DFBCC9BD78F6D09E.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

del Consejo de Estado2, con la pretensión de que se anulara el formulario E-26 GOB
del 3 de noviembre de 2023 que declaró la elección del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez como gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, al considerarlo incurso en la prohibición de doble
militancia, en la modalidad de apoyo, prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la
Ley 1437 de 20113.

3. Como fundamento fáctico, expuso que el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez
inscribió su candidatura a la gobernación para el periodo constitucional 2024-2027,
con el aval del Partido Liberal Colombiano, bajo la coalición «Avanzar es posible»
integrada por las agrupaciones Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido
Conservador Colombiano; sin embargo, apoyó, asistió, respaldó y acompañó con
actos positivos y concretos «materializados en mensajes directos, alusiones
públicas y publicidad compartida», a favor de los siguientes candidatos, pese a que
su partido inscribió candidatos a la asamblea:

• Carlos Arturo Carvajal Jiménez, Abdu Adnan Handaus Handaus, María del
Pilar Célis y Lisa Castro del partido Cambio Radical.
• Delford Brackman Ortiz, de la coalición realizada entre los partidos Nuevo
Liberalismo y Partido Conservador Colombiano y Colombia Justas Libres.

4. Además, pidió que se decretara la suspensión del acto acusado de manera
provisional. Como pruebas, relacionó la Resolución 5547 del 8 de mayo de 2019; el
acta de escrutinio general E-26 ASA de 2019; la Resolución 7787 del 11 de agosto
de 2023; el acta E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023; el acta de escrutinio general
E-26 ASA de 2023; y material fotográfico y de video en el que «se aprecia al
gobernador electo […] ejecutando actos positivos de apoyo a los candidatos a la
asamblea» de partidos distintos al Liberal Colombiano.

5. El 24 de noviembre de 2023, el señor César Daniel Castro Muñoz presentó
memorial con la finalidad de adjuntar a la demanda, como pruebas: formatos E-6
AS correspondientes a varios partidos y movimientos políticos y formato E-6 GOB;
una «nota de presentación personal de aceptación» de la señora Aminta Diana
Robinson Archibold; y el contrato de coalición del candidato Nicolás Iván Gallardo
Vásquez4.

6. El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado corrió
traslado de la solicitud de suspensión provisional en auto el 27 de noviembre de
20235. Ese mismo día, el apoderado del demandante presentó memorial con el que
aportó dos videos en formato MPA, de 1 minuto y 59 segundos y otro de 3 minutos
y 9 segundos, y material fotográfico sobre el lanzamiento de la campaña del señor

2 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 3, certificado núm. BFE018D6CF09FC71

5B644695FF2133C7 0B36AC3A54D0C2C9 8AAD5BE6EC25F683.
3
Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los
eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[…]
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 5, certificado núm. A11E78A02CDB2318

B5F70C125A3F093B 8C91C3E0F3418BAE F3B10C50AE322633.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 9, certificado núm. C1BCD67B29850FB9

32C38AF6CF90427C 866050B07D472544 B2D3125CAA74574A.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Luis Torres James a la Asamblea Departamental por el partido Nuevo Liberalismo.
Alegó que el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez también apoyó dicha candidatura.

7. La Procuraduría General de la Nación6, el Consejo Nacional Electoral7, el
Partido Liberal Colombiano8 y el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez9 solicitaron
que se negara la medida cautelar. Este último, además aportó, entre otras pruebas,
declaraciones extrajuicio y un dictamen pericial sobre los videos que presentó el
demandante, en el que se indicó que algunos enlaces no permitieron su descarga y
que, respecto de los tres archivos que sí pudieron revisarse, presentaban trazas de
posible manipulación y edición de las escenas originales.

8. La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda en única
instancia, negó la medida cautelar solicitada y ordenó las notificaciones de rigor en
auto del 1 de febrero de 202410, según lo dispuesto en los artículos 197, 199 y 277
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

9. Agotado el proceso, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de única instancia el 3 de abril de 202511, en la que resolvió declarar la
nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
contenida en el formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023, al encontrarlo
incurso en la causal de inhabilidad de doble militancia, en la modalidad de apoyo.

10. Como fundamento de su decisión, la Sala electoral analizó los dictámenes
periciales aportados por el demandado respecto de los videos relacionados con el
apoyo brindado al señor Luis Torres James y explicó que, de acuerdo con la
jurisprudencia de esa sección12, no resultaba indispensable conocer quién grabó el
video, ya que lo relevante de las pruebas era que no tuvieran signos de alteraciones
o manipulaciones que trastornaran la veracidad de los hechos representados en las
imágenes y declaraciones del archivo. En concreto, expuso lo siguiente:

149. En este caso los videos no tienen signos de alteración que lleven a concluir que
han sido alterados y que cambian o modifican lo que ellos contienen, toda vez que
entre las conclusiones a las que se llega, se indica que se hicieron grabaciones de la
pantalla, que pudo ser más corta que el video original, o afirmaciones genéricas de
que pudo haber sido editado, sin embargo no se alega alguna en concreto en cuanto
a su contenido, esto es, no se indicó alguna posible alteración respecto a las
manifestaciones que allí se hacen.
[…]
152. Precisado lo anterior, y dado que se insiste, en este caso no se alegó de manera
concreta una edición en cuanto al contenido de los videos, se procederá a
valorarlos13.
Luego, revisó los videos y encontró que el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez apoyó

6 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 15.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 16.
8
Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 17.
9
Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 20.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 26, certificado núm. 262180B0842AC2CC

243DE419A07FCC2E 245989C3B96092A0 3DEEC46A35DFDF84.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 176.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-28-000-

2023-00106-00.
13 Se transcribe incluso con errores de texto.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

de manera inequívoca al candidato Luis Torres James, quien fue avalado por el Nuevo
Liberalismo para la Asamblea Departamental. Agregó que, al analizar las palabras
usadas por el demandado, resultaba evidente que:

[M]anifiest[ó] un apoyo claro al decir necesitamos marcar a la asamblea por un amigo,
y acto seguido afirma que necesitaba que fuera parte de la duma departamental el
candidato número 51 de la alianza del Nuevo Liberalismo, Conservador y Colombia
Justas Libres, que corresponde al señor Luis Torres James14.

11. Posteriormente, debido a unas recusaciones, recursos y nulidades que fueron
presentadas en el proceso ordinario, las secciones Primera y Quinta de esta
corporación dictaron los siguientes autos: 30 de abril, 5 de junio, 7 y 24 de julio, 3 y
26 de septiembre, 14 de octubre, 18 y 27 de noviembre de 2025, 29 de enero, 5 y
25 de marzo, 17 y 27 de abril y 13 y 25 de mayo de 2026.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. El partido político Centro Democrático solicitó en el escrito de tutela15,
presentado el 9 de abril de 2026, que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y a elegir y ser elegido;
que se deje sin efectos la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida dentro del
proceso núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00 y, en consecuencia, que se ordene
lo siguiente:

[…] se ordene por el Juez Constitucional para que la Sección Quinta del Consejo de
Estado, emita una nueva sentencia, en donde, bajo un adecuado análisis de la
normativa que regula la materia, deniegue las infundadas pretensiones de la demanda
de nulidad electoral incoada en contra del señor Gobernador legítimamente elegido,
esto, como medida para restablecer, los derechos fundamentales de la colectividad
política Centro Democrático así como de los demás partidos que unieron fuerzas para
apoyar la candidatura del señor NICOLÁS IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ a la
gobernación del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el
periodo 2024-2027, por medio de acuerdos de coalición y adhesión, así como los
derechos políticos de 20.363 sanandresanos sufragantes que de manera masiva
apoyaron la aspiración a la Gobernación de San Andrés, a uno de sus mayores
baluartes, de manera consecuente a las prerrogativas de los partidos y movimientos
políticos que nos unimos en torno al proyecto político y social que logró la votación en
masa con la que fue elegido el señor Gobernador Gallardo Vásquez.

PRIMERA SUBSIDIARIA: Que, como consecuencia de los protuberantes errores
procedimentales que se alegan en esta solicitud de amparo presentada en contra de
la sentencia del 3 de abril de 2025 y otras providencias dictadas durante el curso del
proceso, se ordene a la Sección Quinta retrotraer el trámite judicial adelantado en
contra de la elección del Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
periodo 2024-2027, con el fin de subsanar las irregularidades procesales cometidas
por la autoridad judicial demandada, como medida de protección de los derechos del
Partido Político Centro Democrático, así como de los demás partidos que unieron sus
fuerzas para apoyar la candidatura del señor NICOLÁS IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ
a la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el periodo 2024-

14 Se transcribe incluso con errores de texto.
15Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 2, certificado 0C829E82F45400E6
71D20806F4B706F1 37650FC80876E3CE DFBCC9BD78F6D09E.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

2027, por medio de acuerdos de coalición y adhesión.

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que, bajo el amparo de los derechos fundamentales
mencionados, el juez de tutela adopte las medidas pertinentes que garanticen la
efectividad de los derechos del Partido Centro Democrático dentro del proceso de
nulidad electoral del vocativo de la referencia16.

13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante argumentó que
en la sentencia del 3 de abril de 2025 se configuró un defecto sustantivo por
desconocimiento del artículo 277 del CPACA porque no se atendieron las normas
sobre la notificación por aviso de los partidos políticos y no se dio aplicación a la
figura de la terminación del proceso por abandono.

14. Manifestó que en el proceso ordinario no se efectuaron las notificaciones en
debida forma a los partidos y movimientos políticos que integraron la coalición, con
la publicación de avisos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 del CPACA,
al margen de que sea costumbre realizar mal dicha notificación. La anterior
irregularidad conllevaba a que se ordenara la terminación del proceso, por
abandono, en los términos previstos en la referida norma, ante la inactividad del
demandante en asumir sus cargas procesales.

15. Además, sostuvo que la Sección Quinta incurrió en violación directa de la
Constitución Política en el proceso ordinario, porque no hubo pruebas de una
afectación grave del sistema de partidos políticos establecido en Colombia.

16. El accionante indicó que el Partido Liberal Colombiano concedió libertad de
apoyar a todos los candidatos que respaldaron su postulación a la gobernación del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En ese
orden, destacó la finalidad y el propósito de la figura de la doble militancia y aseguró
que no bastaba con que se demostrara la ocurrencia de un apoyo indebido a otra
colectividad, sino que era necesario que el actuar del candidato demandado
frustrara las «ilusiones o directrices que otorga a sus militantes el partido político
que lo avala».

17. Agregó que también era necesario que se acreditara que la infracción
materialmente trastocó el direccionamiento dado por el partido durante la contienda
y la transgresión a la lealtad partidista, la libertad del elector y del sistema político.
Al respecto, citó la sentencia SU-207 de 2022 en la que la Corte Constitucional
estableció que la inhabilidad por parentesco frente a cargos del nivel departamental
y municipal debe tener una incidencia real en las elecciones y no solo potencial.

18. Afirmó que, si en gracia de discusión se aceptara que se incurrió en actos de
apoyos prohibidos, la autoridad accionada debió manifestar «más allá de la simple
formalidad de haberlos enunciado, el por qué la conducta del electo gobernador
desconoció dichos principios, materialmente hablando. ¿Por qué con su discurso
defraudó la libertad del elector? ¿Por qué con sus palabras y gestos transgredió la
lealtad partidista? ¿Por qué incurrió en afrentas contra el sistema político?».

16 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

19. Hizo énfasis en que, durante las elecciones del 29 de octubre de 2023, el
Partido Liberal Colombiano autorizó apoyar a todos los candidatos postulados por
las agrupaciones políticas que integraron la coalición, para lo cual citó la Resolución
7791 del 22 de agosto de 2023 emitida por la Dirección Nacional de esa colectividad
política.

20. Por otro lado, argumentó que fueron desconocidas las exigencias del artículo
182A del CPACA, pues la Sección Quinta ordenó dar trámite a la sentencia
anticipada pese a que existían pruebas por practicar.

21. También alegó que contra la sentencia objeto de reparos se presentaron
solicitudes de aclaración, adición y complementación, que se encontraban
pendientes de ser resueltas, peticiones que, «en todo caso, no tienen la virtualidad
de revocar el fallo anulatorio», puesto que «son medios judiciales que no resultan
idóneos ni suficientes para censurar “materialmente” la sentencia impugnada, pues
no tienen la entidad de poder revocar ésta, mediante la negativa de las pretensiones
de la demanda».

22. En relación con el requisito de inmediatez, afirmó lo siguiente:

Solo hasta el día de ayer 08 de abril de 2026, por noticias que fue compartida en
redes sociales y medios de comunicación el Partido Centro Democrático, tuvo
conocimiento de la decisión que había tomada la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
[…]
[El requisito de inmediatez] se tiene por superado en este asunto, por cuanto, entre la
expedición de la providencia del 3 de abril de 2025 del Consejo de Estado, y la
presentación de esta acción constitucional ha transcurrido un corto tiempo, si se tiene
en cuenta que, para el momento en que se radica este recurso, la sentencia
impugnada no ha hecho tránsito a cosa juzgada, a la espera de la decisión de las
solicitudes de adición y aclaración formuladas por la defensa, demás intervinientes y
vinculados.

En este escenario, el juez de amparo constitucional está totalmente habilitado para
intervenir en procura de conjurar los efectos dañinos, lesivos y desproporcionados
que se causan por la sentencia de nulidad proferida por la Sección Quinta del
Honorable Consejo de Estado17.

2.3. Trámite procesal

23. El asunto correspondió al despacho del magistrado Fernando Alexei Pardo
Flórez de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación; no obstante,
se declaró impedido para conocer del asunto con fundamento en la causal 5 del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, dada su amistad estrecha con uno
de los magistrados que integran la Sala accionada18.

24. El expediente fue remitido al magistrado José Roberto Sáchica Méndez,

17 Se transcribe incluso con errores de texto.
18 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 5, certificado CD292D7D9F50B518
495A42127122551E 079D2BADEF21FD7D 6674B9837E1BD4D7.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

quien, mediante auto dictado el 11 de mayo de 202619, aceptó el mencionado
impedimento, avocó el conocimiento del asunto y ordenó su remisión al despacho
de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, quien conoció y profirió fallo en los
trámites con radicados núms. 11001-03-15-000-2025-02691-0020 y 11001-03-15-
000-2025-00118-00.

25. En auto del 26 de mayo de 202621, el despacho de la mencionada magistra
admitió la demanda; vinculó al trámite constitucional al señor César Daniel Castro
Muñoz y a todas las personas, naturales y jurídicas, que participaron como partes o
intervinientes dentro del proceso con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-
00; tuvo como pruebas los documentos anexados con la tutela; requirió el
expediente ordinario; solicitó al abogado del partido político Centro Democrático que
aportara poder especial conferido para iniciar la presente acción; y suspendió los
términos procesales.

2.4. Intervenciones

26. La Sección Quinta del Consejo de Estado22 contestó que el escrito de tutela
se limitaba a exponer inconformidades que buscaban agotar una instancia adicional
al proceso ordinario con interpretaciones jurídicas favorables, de manera que no se
supera el requisito de relevancia constitucional. Explicó que el trámite de nulidad
electoral se llevó a cabo con observancia de las etapas legales y con garantía de
los derechos de las partes y demás sujetos procesales. Sostuvo que no incurrió en
algún defecto y solicitó que se declarara la improcedencia de las pretensiones de
amparo.

27. El apoderado del partido político Centro Democrático, en los términos
requeridos en el auto admisorio, allegó poder conferido para iniciar el presente
trámite constitucional23.

28. La Fundación Misión Archipiélago de San Andrés24 solicitó que se incorporara
la aclaración de voto que presentó el magistrado ponente de la sentencia del 3 de
abril de 2025 en el proceso ordinario y el amparo de los derechos del gobernador y
electores de San Andrés. Sostuvo que la Sección Quinta de esta corporación
incurrió en un defecto sustantivo porque hizo una interpretación prohibida del
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, que era inaplicable la doble militancia en
coaliciones políticas y que hubo violación del principio de reciprocidad y
transparencia25.

29. En un nuevo memorial, solicitó que se declarara la invalidez del poder que el
apoderado de la parte demandante presentó para iniciar la demanda de nulidad

19 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 11, certificado 9295F68A2E97B09D
795055550FF550FD ACA70BA4764F8425 58E5833F38E53AEC.
20 Acumulado 11001-03-15-000-2025-03527-00.
21
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 18, certificado D0DD059F7F86683B
9D36E93734705FB7 755F73F1EAC782D9 E6961D27135CE7A8.
22 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 24, certificado B4D87C2F4222BD36

320FBF83B68DFBF6 3BF0E047D2E77437 2CFA137910DEC69A.
23 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 28.
24 El representante legal es el señor Richard Nicolás Martínez Olivera.
25 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 31, certificado A8E2CDC5F66727EF

891CE3D9A90A0BAF A370B33EEC55A14F 15486241E353DF81.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

electoral, para lo cual relató sobre las denuncias que ha instaurado ante la Fiscalía
General de la Nación al respecto26.

30. El señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez pidió ser tenido como un tercero con
interés legítimo y coadyuvante de las pretensiones de amparo, que sean adoptadas
las medidas necesarias para la protección efectiva de los derechos fundamentales,
así como un pronunciamiento de fondo. Indicó que la discusión tiene relevancia
constitucional, pues produjo consecuencias en el electorado, y compartió los
cuestionamientos formulados por el tutelante27.

31. La Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, en otro memorial, alegó la
configuración en el proceso ordinario: i) del defecto fáctico, por valoración arbitraria
de los dictámenes periciales; ii) de una vía de hecho por desconocimiento de una
orden judicial y el ocultamiento de cronología sectorial; y iii) de un «escándalo
constitucional» dadas las denuncias masivas ante la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes. También reiteró los cargos del escrito
de tutela28.

32. Posteriormente presentó recurso de reposición contra la decisión del auto del
26 de mayo de 2026 que negó la medida provisional, con el fin de que fuera
decretada29.

33. El Partido Liberal Colombiano pidió que se reconozca que la providencia
objeto de tutela se apartó del ordenamiento jurídico y lesionó de forma irremediable
derechos fundamentales y principios constitucionales, y aportó la Resolución 4740
del 7 de mayo de 2026 que estableció el calendario electoral con las diferentes
etapas para la elección del nuevo gobernador, con lo cual alegó la configuración de
un perjuicio irremediable30.

34. Además de los memoriales presentados con anterioridad por la Fundación
Misión Archipiélago San Andrés, radicó los siguientes:

Índice Asunto
38, 44 Reiteró los argumentos del defecto fáctico por valoración arbitraria de las
y 45 pruebas del proceso ordinario, de la vía de hecho por desconocimiento de
orden judicial y ocultamiento cronológico sectorial, por el «escándalo
constitucional», y de los defectos sustantivo y de violación directa de la
Constitución.
42 y 46 Solicitó como «medida cautelar de urgencia y reconsideración manifiesta» la
suspensión provisional de los efectos jurídicos de la sentencia del 3 de abril de
2025 proferida por la Sección Quinta de esta corporación. Refirió las denuncias
que ha interpuesto ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara
de Representantes y la Fiscalía General de la Nación y reprochó las razones

26 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 32, certificado 21D56ECBEC2429E4
82C1363827FDD9FA E14F89D6380577CA 41C812E4BDDB304A.
27
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 33, certificado BF93F1D94A86E97F
FB7C59243C73A529 61FAF6D6111FDD58 D88A4F1C630D9674.
28 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 34, certificado 7AC8AA5270AD603F

8575D6C0744BC6E2 DA0BFEC4EC795352 5F82399CCAE211E3.
29 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 35, certificado 5019E239C2F6C9B8

0321F991FFA076A2 5ECDF0221E5E6522 7730A051B15CC3D1.
30 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 37, certificado 4EEB49351813F3AE

29E2DD31387335C2 D2E3FEC0AE830669 FECD47D50A9C4EEF .

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que sustentaron la decisión que negó la medida provisional en el auto del 26
de mayo de 2026. Por otra parte, alegó un daño «geopolítico al Archipiélago».
47 Escrito de «formulación de recusación integral, convalidación de impedimento
unánime y confeso, y solicitud de bloqueo de competencia en el sistema
Samai», dirigido a la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo. Pidió que se
declarara fundada la recusación «integral en bloque» de los magistrados de la
Sección Quinta de esta corporación, entre otros expedientes, el 2026-02695-
00.
Tabla 1: Compilación de los memoriales que presentó Misión Archipiélago San
Andrés.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

35. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por el Centro Democrático contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa y coadyuvancia

36. La legitimación por activa en el trámite constitucional tiene fundamento en el
artículo 86 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran
amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los
particulares, podrá interponer acción de tutela a través de un representante o en
nombre propio31.

37. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé que
la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por la
persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo cual
se debe presentar el respectivo poder32.

38. Para la Corte Constitucional, la legitimación en la causa es el primer requisito
que debe estar cumplido para que se pueda emitir fallo en el que se resuelva la
controversia33. Además, para el alto tribunal, «los titulares de los derechos
comprometidos son quienes tienen legitimación por activa para reclamar la
protección del juez de tutela directa o indirectamente»34.

39. Por otro lado, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la
persona que tuviere un interés legítimo con el resultado del trámite de tutela podrá

31 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad.
32 Corte Constitucional, sentencia T-194 del 2012:

«Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado
titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado
en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
33 Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2024.
34 Ibidem.

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intervenir como coadyuvante del actor35 o de la persona o autoridad a quien se le
atribuya la vulneración36.

40. En tal sentido, los coadyuvantes son terceros que no reclaman un derecho
propio para que sea definido por el juez constitucional, sino un interés personal en
la suerte de la pretensión de alguna de las partes por tener con esta una relación
sustancial «ajena a los efectos de la sentencia, pero que indirectamente puede
verse afectada si la parte coadyuvada obtiene un fallo desfavorable»37.

41. La Corte Constitucional indicó, en la sentencia SU-067 de 2022, que el
coadyuvante no puede formular pretensiones propias o argumentos nuevos o
distintos de la parte que ayuda:

Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que
se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la
coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando
este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en
contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del
proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la
parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia
de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer
pretensiones propias» De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del
Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que
«impliquen disposición del derecho en litigio». De lo anterior resulta que las facultades
del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia
naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la causa judicial.

[…]

Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los
siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo
esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta
tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante
[…], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de
Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se
pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta».

42. En los términos expuestos, resulta claro que en trámites de tutela es
procedente la coadyuvancia de terceros con interés, siempre y cuando sus
intervenciones no estén fundadas en pretensiones propias o argumentos nuevos o
distintos de los expuestos por la parte que coadyuvan.

43. El partido político Centro Democrático tiene legitimación en la causa por

35 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2012.
36 ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo
que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor
o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-326 de 2022.

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activa, en la medida en que hizo parte de la coalición que postuló al señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez como gobernador del departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual fue la parte demandada dentro del
proceso de nulidad electoral con radicado núm. 2023-00103-00 en el que fue
proferida la sentencia del 3 de abril de 2025 acusada de vulnerar derechos
fundamentales.

44. También está acreditada la legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la
Sección Quinta del Consejo de Estado fue la autoridad que emitió la sentencia del
3 de abril de 2025 que la parte tutelante afirmó desconoció sus derechos
fundamentales.

45. Por otra parte, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez y la Fundación Misión
Archipiélago San Andrés serán tenidos como coadyuvantes en el presente trámite,
pues les asiste un legítimo interés con las resultas del trámite constitucional. El
primero, porque el proceso judicial fue iniciado para buscar la nulidad de su elección
como gobernador; y el segundo, toda vez que fue reconocido como tercero con
interés en auto del 22 de agosto de 2024 por la Sección Quinta en el asunto
ordinario.

46. Sin embargo, la Sala debe precisar que no tendrá en cuenta ni emitirá un
pronunciamiento de fondo frente a los cargos que formuló la Fundación Misión
Archipiélago San Andrés que resulten ajenos a los argumentos contenidos en el
escrito de amparo, dado que su condición de coadyuvante no le permite exceder el
objeto de la discusión de la parte tutelante.

3.3. Problema jurídico

47. La Sala debe determinar si ¿la tutela cumple con los presupuestos generales
de procedibilidad, en particular la inmediatez? En caso afirmativo, corresponderá
establecer si ¿la Sección accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados?

3.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

48. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado38 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial
procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional39.
49. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
(ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de

38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
39 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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defensa judicial «subsidiariedad».
(iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez».
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
(v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
(vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

50. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

51. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución40.

3.3.2. Requisito de inmediatez

52. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

53. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

54. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado41 explicó que el término de inmediatez cobra
mayor relevancia cuando la solicitud de amparo se dirige a cuestionar providencias
judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró
que, para que el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable,
se debía presentar la tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación o

40 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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ejecutoria de la providencia reprochada.

55. Por su parte, la Corte Constitucional también ha considerado el término de 6
meses como un parámetro de razonabilidad:

41. Por la importancia que reviste la garantía de estos principios, la jurisprudencia
constitucional ha considerado el tiempo de seis meses como un parámetro de
razonabilidad:

“Como parámetro general, en varias providencias, esta Corporación ha dicho
que ante la inexistencia de un término definido, en algunos casos se ha
considerado que el plazo oportuno es de seis meses, luego de lo cual podría
declararse la improcedencia de la tutela, a menos que, atendiendo a las
particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que
justifiquen la inactividad del accionante”.

42. Lo anterior no significa que aquel corresponda a un término de caducidad, o que
seis meses sea el tiempo máximo de lo que se considera razonable. Por el contrario,
la Corte Constitucional ha reconocido que la razonabilidad no está establecida de
antemano y que es tarea y competencia del juez valorarla en cada caso 42.

56. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»43.

57. En relación con el concepto de «razonabilidad», el alto tribunal constitucional
indicó desde sus inicios44 que la inmediatez es un plazo que está determinado por
la finalidad misma de la tutela y que debe ser ponderado en cada caso concreto a
partir de los hechos, de manera que se trata de un «tiempo prudencial y adecuado»
que no vulnere derechos de terceros. En tal sentido, también es una obligación del
juez verificar cuándo la solicitud de amparo no fue interpuesta de manera razonable.

58. Específicamente, en cuanto a la tutela contra providencias judiciales, la Corte
explicó lo siguiente:

Esta Corporación también ha señalado que la inmediatez adquiere particular
relevancia cuando se trata de la impugnación de providencias judiciales, en tanto no
puede mantenerse indefinidamente la incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones. En ese sentido, si bien de manera excepcionalísima procede la acción de
tutela contra providencias judiciales, cuando estas constituyan una vía de hecho, la
naturaleza grosera y protuberante del defecto que habilita el amparo exige que su
solicitud sea inmediata. Por ello, no resulta admisible que las partes afectadas dejen
transcurrir pasivamente el tiempo para, con posterioridad a un lapso razonable,
cuestionar la actuación judicial y solicitar su revisión. Dicha inacción, salvo que cuente
con una justificación suficientemente fundada, evidencia la ausencia de un perjuicio
que requiera el remedio urgente para el cual fue concebida la acción de tutela 45.

42 Corte Constitucional, sentencia T-473 de 2024.
43 Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
44 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
45 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2026.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

59. Pues bien, esta Sala ha acogido, de manera pacífica y como regla general, el
criterio de inmediatez fijado por el Consejo de Estado46, entendido como un plazo
razonable de 6 meses contado desde la ejecutoria de la providencia objeto de tutela
hasta la interposición de la acción.

60. En todo caso, y en consonancia con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, no se desconoce que el mencionado requisito depende
exclusivamente de las circunstancias de cada caso, por cuanto son las
particularidades de los hechos los que determinan que el tiempo transcurrido desde
el hecho generador de la vulneración de derechos fundamentales y la interposición
de la solicitud de amparo fue razonable, prudencial y adecuado.

3.4. Caso concreto

61. En el asunto bajo estudio, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez inscribió su
candidatura a la gobernación del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa
Catalina para el periodo constitucional 2024-2027, con el aval del Partido Liberal
Colombiano, bajo la coalición «Avanzar es posible» integrada por las agrupaciones
Cambio Radical, el Partido Conservador Colombiano y el partido político Centro
Democrático. Resultó elegido en los comicios de 2019.

62. Sin embargo, el señor César Daniel Castro Muñoz presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral el 22 de noviembre de 2023, ante
la Sección Quinta del Consejo de Estado47, con la pretensión de que se anulara el
formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023 que declaró la elección del señor
Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador, al considerarlo incurso en la
prohibición de doble militancia, en la modalidad de apoyo, prevista en el numeral 8
del artículo 275 de la Ley 1437 de 201148.

63. Agotado el trámite ordinario, la Sección Quinta del Consejo profirió sentencia
de única instancia el 3 de abril de 202549, en la que resolvió declarar la nulidad de
la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador, contenida
en el formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023, por encontrarlo incurso en
la causal de inhabilidad de doble militancia, en la modalidad de apoyo. Esta decisión
fue notificada en la misma fecha.

64. Con posterioridad al fallo, las secciones Primera y Quinta de esta corporación
emitieron las siguientes providencias debido a unas recusaciones, recursos y
nulidades que fueron presentadas en el proceso ordinario:

Índice Fecha del Solicitante(s) Tipo de solicitud Decisión
auto
199 30 de abril Richard Aclaración y adición Se negó la solicitud.

46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
47
Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 3, certificado núm. BFE018D6CF09FC71
5B644695FF2133C7 0B36AC3A54D0C2C9 8AAD5BE6EC25F683.
48 Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los

eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[…]
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
49 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 176.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

de 2025 Nicolás de la sentencia, con
Martínez el fin de que se
Olivera, en efectuara la
nombre propio traducción de la
y en providencia al idioma
representación creole.
de la Misión
Archipiélago
de San Andrés
246 5 de junio Nicolás Iván Recusación contra Se rechazaron de plano
de 2025 Gallardo los magistrados de la las recusaciones
Vásquez y Sección Primera y presentadas contra los
Richard los integrantes de la magistrados de las
Nicolás Sala que firmaron la secciones Primera y
Martínez sentencia del 3 de Quinta.
Olivera abril de 2025.

272 7 de julio Partido Liberal Nulidad procesal Se rechazaron de plano
de 2025 Colombiano y contra el auto del 5 las solicitudes.
Richard de junio de 2025,
Nicolás mediante el cual se
Martínez decidió sobre las
Olivera solicitudes de
recusación
presentadas.

301 24 de julio Nicolás Iván Nulidad procesal Se estuvo a lo resuelto en
de 2025 Gallardo contra el auto del 5 el auto del 7 de julio de
Vásquez de junio de 2025, 2025 y, en consecuencia,
mediante el cual no se negó la solicitud.
se tuvieron en
cuenta los
argumentos
esgrimidos por el
Director Jurídico del
Partido Liberal
Colombiano.
353 3 de Nicolás Iván Recurso de No se repuso el auto
septiembre Gallardo reposición contra el dictado el 24 de julio de
de 2025 Vásquez, auto del 24 de julio 2025.
Partido Liberal de 2025, mediante el
Colombiano y cual se ordenó estar Se rechazó de plano el
Richard a lo resuelto en el recurso interpuesto por el
Nicolás auto del 7 de julio de señor Richard Nicolás
Olivera 2025. Martínez Olivera.
Martínez.
375 26 de Nicolás Iván Nulidad procesal Se rechazaron de plano
septiembre Gallardo contra el auto del 3 las solicitudes.
de 2025 Vásquez y de septiembre de
Richard 2025. Se ordenó a la Secretaría
Nicolás de la Sección Primera que
Martínez cualquier solicitud relativa
Olivera a insistir en la recusación
de los magistrados de las
secciones Quinta y
Primera del Consejo de
Estado, o en la nulidad del
proceso por estos mismos
hechos, no sea remitida al
despacho.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

394 14 de Richard Solicitud de Se rechazó de plano la
octubre de Nicolás traducción al idioma solicitud.
2025 Martínez creole de los actos
Olivera que se hubieran
emitido y se
emitieran a partir del
6 de julio de 2025.
447 18 de Misión Nueva recusación Se puso en conocimiento
noviembre Archipiélago contra los de los magistrados la
de 2025 de San Andrés magistrados de la nueva recusación para
Sección Quinta del que se pronunciaran al
Consejo de Estado. respecto.
461 27 de Nicolás Iván Recusación Se rechazó de plano la
noviembre Gallardo presentada por recusación planteada
de 2025 Vásquez y el Nicolás Iván contra los magistrados de
Partido Liberal Gallardo Vásquez la Sección Primera de
Colombiano contra los esta corporación.
magistrados de la
Sección Primera de Se declaró infundada la
esta corporación. recusación formulada
contra los magistrados de
Recusación la Sección Quinta.
presentada por el
Partido Liberal Se conminó a los sujetos
Colombiano y por el procesales a que se
señor Nicolás Iván abstuvieran de
Gallardo Vásquez entorpecer y dilatar
contra los desarrollo del proceso.
magistrados de la
Sección Quinta de
esta corporación.
499 29 de Nicolás Iván Solicitud de Se negaron las solicitudes
enero de Gallardo aclaración y adición presentadas.
2026 Vásquez y del auto proferido el
Richard 27 de noviembre de
Nicolás 2025.
Martínez
Olivera
529 5 de Richard Recusación contra Se rechazó por
marzo de Nicolás los magistrados de la improcedente la solicitud.
206 Martínez Sección Quinta de
Olivera y esta corporación.
Misión
Archipiélago
de San Andrés
554 25 de Richard Recurso de Se negó la solicitud y se
marzo de Nicolas reposición, en declaró improcedente el
2026 Martínez subsidio, de súplica, recurso de súplica.
Olivera contra el auto
proferido el 30 de
abril de 2025.
556 25 de Nicolás Iván Aclaración y adición Se negaron las
marzo de Gallardo de la sentencia solicitudes.
2026 Vásquez, el proferida el 3 de abril
Partido Liberal de 2025. Se ordenó abstenerse de
Colombiano, el resolver las solicitudes de
Partido Nuevo recusación y las demás
Liberalismo y peticiones consistentes
Glessy Bent en aclaración, adición,
Forbes. nulidad, prejudicialidad,
exclusión probatoria y

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suspensión del proceso,
presentadas por los
señores Nicolás Iván
Gallardo Vásquez y
Richard Nicolás Martínez
Olivera, por ser
abiertamente
impertinentes y dilatorias.
602 17 de abril Nicolás Iván Solicitudes Se ordenó abstenerse de
de 2026 Gallardo presentadas por: resolver las demás
Vasquez, solicitudes instauradas
Richard Nicolás Iván por el demandado Nicolás
Nicolás Gallardo Vásquez, Iván Gallardo Vásquez, el
Martínez Richard Nicolás Director Jurídico del
Olivera, los Martínez Olivera y Partido Liberal y Richard
partidos los partidos Liberal y Nicolás Martínez Olivera.
Liberal Nuevo Liberalismo,
Colombiano, para que se declare Se rechazaron de plano
Nuevo la nulidad del auto las solicitudes
Liberalismo, proferido el 25 de presentadas, incluida la
Cambio marzo de 2025. del Centro Democrático y
Radical y se tuvo como
Centro coadyuvante al Partido
Democrático El Partido Centro Cambio Radical.
Democrático
presentó memorial el
9 de abril de 2026,
con el fin de que se
declarara la nulidad
de la sentencia
proferida el 3 de abril
de 2025, por haber
incurrido en defecto
sustantivo al omitirse
la notificación por
aviso del proceso,
circunstancia que
impidió el ejercicio
del derecho de
defensa.
617 27 de abril Partido Solicitud de nulidad Se rechazó de plano la
de 2026 Conservador de todo lo actuado solicitud de nulidad
Colombiano y dentro del proceso. instaurada por el Partido
Richard Conservador
Nicolás Solicitudes Colombiano.
Martínez presentadas por el
Olivera señor Richard Se ordenó abstenerse de
Nicolás Martínez resolver las demás
Olivera, solicitudes, instauradas
condensadas en una por el señor Richard
tabla. Nicolás Martínez Olivera,
por ser dilatorias e
injustificadas.

Se exhortó al señor
Richard Nicolás Martínez
Olivera para que se
abstenga de continuar
con la presentación de
memoriales abiertamente
impertinentes y con ánimo

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dilatorio.
638 13 de Richard Solicitudes Se ordenó el archivo del
mayo de Nicolás presentadas por el proceso.
2026 Martínez señor Richard
Olivera Nicolás Martínez Se ordenó abstenerse de
Olivera. resolver las solicitudes
instauradas por el señor
Richard Nicolás Martínez
Olivera, debido a que
buscaban dilatar el
proceso.
654 25 de Richard El señor Richard Se ordenó estarse a lo
mayo de Nicolás Nicolás Martínez dispuesto en el proveído
2026 Martínez Olivera presentó del 13 de mayo de 2026,
Olivera solicitudes, entre mediante el cual se
ellas la nulidad de ordenó el archivo del
todo lo actuado, presente proceso.
especialmente del
auto proferido el 13 Se ordenó abstenerse de
de mayo de 2026, resolver las solicitudes
mediante el cual se instauradas por el señor
dispuso el archivo de Richard Nicolás Martínez
la presente Olivera, por cuanto
actuación. buscaban la dilatación del
proceso.
Tabla 2: Resumen de los autos proferidos en el proceso ordinario de nulidad
electoral con posterioridad a la sentencia del 3 de abril de 2025.

65. En particular, la Sección Quinta de esta corporación, mediante auto proferido
el 13 de mayo de 2026, indicó que la sentencia del 3 de abril de 2025 quedó
ejecutoriada el 7 de abril de 2026, según constancia secretarial.

66. Ahora bien, el partido político Centro Democrático presentó escrito de tutela
el 9 de abril de 2026, pues consideró que la sentencia del 3 de abril de 2025 vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial
efectiva y a elegir y ser elegido, por la configuración de los defectos sustantivo y de
violación directa de la Constitución.

67. Así pues, en principio, de acuerdo con la regla que esta Sala ha aplicado de
manera pacífica para efectos de analizar el requisito de inmediatez, dicho
presupuesto estaría superado en esta oportunidad, toda vez que desde la ejecutoria
de la sentencia objeto de reparos hasta la interposición de la tutela no transcurrieron
más de 6 meses.

68. Sin embargo, en atención a los parámetros definidos por la Corte
Constitucional sobre la materia, es preciso estudiar si en el caso concreto la solicitud
de amparo fue interpuesta en un plazo razonable, prudencial y adecuado.

69. En ese orden, cabe advertir que el fallo ordinario acusado de vulnerar
derechos fundamentales anuló la elección del señor gobernador del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es decir, no consistió en un proceso de
interés solo de las partes o de un pequeño grupo de personas, como podría ocurrir
con una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada para discutir
un reconocimiento pensional o una acción popular por la afectación causada por

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

una determinada obra pública.

70. La sentencia del 3 de abril de 2025 removió a la persona que ejercía el cargo
de más alto nivel de la Rama Ejecutiva a nivel departamental; tuvo amplia difusión,
incluso, a nivel nacional, en medios de prensa como El Tiempo50, WRadio51,
Semana52, El Espectador53 y La Silla Vacía54, entre otros; y, según memoriales
presentados por Misión Archipiélago San Andrés y el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, causó gran impacto y afectación en toda la comunidad sanandresana.

71. Así, dado que la providencia objeto de tutela fue una decisión judicial de
conocimiento público con relevancia en el espectro político y al tener en cuenta que
el Centro Democrático participó en la colación «Avanzar es posible», se podría
inferir que este último tuvo conocimiento de la sentencia del 3 de abril de 2025 una
vez fue proferida [al margen de que se haya realizado o no la notificación prevista
en el literal e del numeral 1 del artículo 277 del CPACA], ya sea por comunicación
de algún actor perteneciente a su círculo político, por medios de comunicación o por
aviso del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez.

72. Además de lo anterior, la Sala encuentra que, en relación con el proceso de
nulidad en el que fue dictada la sentencia del 3 de abril de 2025, han sido iniciadas
múltiples acciones de tutela por parte de diferentes accionantes y con ocasión de
distintos argumentos, en los que el Centro Democrático fue vinculado y notificado,
tal y como se muestra a continuación:

Radicado Providencia Notificación Índice
2025-02206- Auto admisorio del 30 de abril de 2025: Envío de 15
00 notificación
«El señor Richard Nicolás Martínez Olivera, en el 6 de mayo
su condición de representante legal, promovió de 2025
proceso de acción de tutela en representación de
la entidad sin ánimo de lucro Misión Archipiélago
de San Andrés en contra de la Sección Quinta
del Consejo de Estado para que se amparen sus
derechos fundamentales del debido proceso,
participación política, igualdad e identidad
cultural, presuntamente vulnerados con ocasión
de la sentencia de 3 de abril de 2025, por medio
de la cual la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró la nulidad de la elección del
gobernador de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina para el periodo constitucional 2024-
2027, en el proceso de nulidad electoral
identificado con el número de radicación 11001-

50 Ver el siguiente enlace: www.eltiempo.com/justicia/cortes/consejo-de-estado-anulo-la-eleccion-del-
gobernador-de-san-andres-y-providencia-nicolas-ivan-gallardo-3441474.
51
Ver el siguiente enlace: www.wradio.com.co/2025/04/03/consejo-de-estado-anula-eleccion-del-gobernador-
de-san-andres-por-doble-militancia/.
52 Ver el siguiente enlace: www.semana.com/nacion/articulo/nicolas-gallardo-sale-de-la-gobernacion-de-san-

andres-por-decision-del-consejo-de-estado/202503/.
53 Ver el siguiente enlace: www.elespectador.com/judicial/consejo-de-estado-anulo-eleccion-del-gobernador-

del-archipielago-de-san-andres/.
54 Ver el siguiente enlace: www.lasillavacia.com/en-vivo/consejo-de-estado-declara-nula-eleccion-del-
gobernador-de-san-andres/.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

03-28-000-2023-00103-00.
[…]
4°) Por asistirles interés jurídico en el proceso
vincúlese y notifíquese al señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez, […], a los directores
nacionales de los partidos políticos Liberal
Colombiano, Nuevo Liberalismo, Conservador
Colombiano, Cambio Radical y Centro
Democrático».
2025-04369- Auto del 18 de julio de 2025: Admitió la tutela Envío de 8
00 interpuesta por el Partido Liberal Colombiano notificación
contra autos del 5 y 7 de julio de 2025 de la el 22 de julio
Sección Primera del Consejo de Estado en los de 2025
que resolvió solicitudes de recusación y nulidad
formulados dentro del expediente 2023-00103-
00. En esta providencia se decidió:

«3°) Por asistirle interés jurídico en el proceso
vincúlese y notifíquese al presidente y
magistrados integrantes de las Secciones Quinta
y Segunda del Consejo de Estado, a los señores
Nicolás Iván Gallardo Vásquez, […], a los
directores nacionales de los partidos políticos
Nuevo Liberalismo, Conservador Colombiano,
Cambio Radical y Centro Democrático y al
presidente del Consejo Nacional Electoral,
entregándoles copia de la demanda y los
anexos».
2025-07397- Auto admisorio del 19 de diciembre de 2025: Notificación 29
00 enviada el
«6. La demanda en ejercicio de la acción de 13 de enero
tutela presentada, en nombre propio, por el señor de 2026
Richard Martínez Olivera persigue que se
suspendan los efectos de la sentencia proferida
el 3 de abril de 2025 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del medio
de control de nulidad electoral identificado con
radicado número 11001-03-28-000-2023-00103-
00, mediante la cual se declaró la nulidad de la
elección del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez como gobernador de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mientras se
resuelven investigaciones penales en curso
relacionadas con ese proceso.
[…]
CUARTO: NOTIFICAR, en calidad de terceros
con interés, a César Daniel Castro Muñoz y a
Nicolás Iván Gallardo Vásquez, […], a los
directores nacionales de los partidos políticos
Liberal, Nuevo Liberalismo, Conservador
Colombiano, Cambio Radical y Centro
Democrático y al presidente del Consejo
Nacional Electoral, para que, dentro de un

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

término de dos (2) días contados a partir de la
notificación, se pronuncien sobre las
pretensiones y los hechos de la demanda de
acción de tutela».
Tabla 3: Compilado de los trámites de tutela iniciados en relación con el proceso de
nulidad electoral con radicado núm. 2023-00103-00, en los que el Centro
Democrático ha sido vinculado.

73. De lo expuesto, la Sala destaca que está probado que el partido político
Centro Democrático tuvo conocimiento de la existencia del expediente con radicado
núm. 2023-00103-00 y de la sentencia del 3 de abril de 2025 que anuló la elección
del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador, cuando menos, desde
el 6 de mayo de 2025, con la notificación del auto admisorio emitido en el trámite
con radicado núm. 2025-02206-00; y posteriormente, el 22 de julio de 2025, con la
notificación del auto admisorio del 18 de julio de 2025 proferido en el trámite con
radicado núm. 2025-04369-00, puesto que en esas tutelas se controvirtió,
respectivamente, el mencionado fallo y autos posteriores expedidos dentro del
proceso ordinario de nulidad electoral.

74. Por lo tanto, la afirmación del accionante de que «solo hasta el […] 08 de abril
de 2026, por noticias […] compartidas en redes sociales y [en] medios de
comunicación […], tuvo conocimiento de la decisión que había tomada la Sección
Quinta del Consejo de Estado», no se acompasa con la realidad procesal aquí
estudiada, al tener en cuenta que, de manera específica, con la notificación del auto
del 30 de abril de 2025 emitido dentro del expediente de tutela con radicado núm.
2025-02206-00, se le informó que la sentencia del 3 de abril de 2025 declaró la
nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador.

75. En consecuencia, a pesar de que el defecto sustantivo alegado por el actor
en la solicitud de amparo hace referencia a una indebida notificación del auto
admisorio del proceso de nulidad electoral; lo cierto es que esta Sala considera que
el partido Centro Democrático pudo conocer la sentencia del 3 de abril de 2025
desde que fue proferida, y con grado de certeza, desde el 6 de mayo de 2025, como
se indicó con anterioridad; no obstante, el escrito de tutela fue presentado el 9 de
abril de 2026 transcurridos más de 11 meses.

76. En el asunto bajo estudio, dadas las particularidades del caso concreto, esto
es, por un lado, que la sentencia del 3 de abril de 2025 resolvió un caso de notorio
interés en la clase política de la región y de los partidos que hicieron parte de la
coalición «Avanzar es posible», y, por otro lado, que el Centro Democrático conoció
el mencionado fallo, como mínimo, el 6 de mayo de 2025; es posible afirmar que no
se cumple el requisito de inmediatez.

77. El tiempo que el Centro Democrático permaneció inactivo para cuestionar la
sentencia del 3 de abril de 2025 no fue prudencial o adecuado ni respondió a
criterios de razonabilidad, puesto que conoció el hecho que estimó vulnerador de
sus derechos fundamentales y, pese a ser uno de los principales actores del país
en materia política, guardó silencio durante más de 11 meses.

78. Resulta importante recordar que el requisito de inmediatez adquiere mayor

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

importancia cuando la tutela es interpuesta para cuestionar una providencia judicial,
ya que no puede mantenerse de manera indefinida la incertidumbre de la firmeza
de una decisión judicial, con afectación del principio de la cosa juzgada y del
derecho al debido proceso de las partes y de terceros del proceso ordinario.

79. En cuanto a que el fallo del 3 de abril de 2025 quedó ejecutoriado el 7 de abril
de 2026, es necesario indicar que la Sala revisó las providencias emitidas con
posterioridad al auto del 30 de abril de 2025, el cual negó las peticiones de
aclaración y adición de la sentencia, y encontró que estas se limitaron a resolver
solicitudes, recursos, nulidades y recusaciones abiertamente improcedentes por
infundados, carentes de sustento legal, reiterativos y dilatorios, tal y como lo expuso
las secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado.

80. En este punto, es preciso traer a colación el auto del 10 de junio de 2026 55
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró que el señor
Richard Nicolás Martínez Olivera incurrió en las conductas descritas en los
numerales 5 del artículo 79 del Código General del Proceso y 5 del artículo 60A de
la Ley 270 de 1996, toda vez que presentó múltiples solicitudes con fines dilatorios,
dentro del expediente de nulidad electoral; y le impuso la multa de 10 smlmv56. Lo
anterior, por los siguientes argumentos:

Como se observa del recuento de los antecedentes del proceso y de cada una de las
actuaciones adelantadas en el mismo, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera ha
presentado múltiples memoriales luego de haberse resuelto tres recusaciones
presentadas contra la Sección Quinta de esta Corporación: la primera, formulada por
el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez -demandado en el proceso de nulidad
electoral- y el señor Richard Martínez Olivera, en calidad de tercero coadyuvante del
demandado en mención. La segunda, formulada por el señor Gallardo Vásquez y, la
tercera, presentada por el señor Martínez Olivera.

Todas las recusaciones fueron resueltas por la Sección Primera, mediante los autos
el 5 de junio y 27 de noviembre de 2025 y 5 de marzo de 2026, ordenando su
devolución al juez de la causa.

Dichas peticiones han consistido en reiteradas solicitudes de nulidad (18 de junio, 9
de septiembre, 14 de octubre, 16 de diciembre de 2025, entre otras), recursos de
reposición (6 de agosto de 2025), derechos de petición (9 de julio de 2025),
aclaraciones y adiciones de providencias (4 y 5 de diciembre de 2025).
Para el Despacho, la presentación de tales solicitudes configura conductas dilatorias
sancionables al tenor del artículo 295 del CPACA.

Las actuaciones dilatorias del señor Richard Nicolás Martínez Olivera, en su calidad
de tercero impugnador y coadyuvante del demandado han sido también advertidas
por la Sección Quinta de esta Corporación, en diversas providencias, como se
observa del recuento de los antecedentes de esta decisión. A manera de ejemplo, en
las últimas decisiones de dicha sección (13 y 25 de mayo de 2026) se relacionó un
aproximado de 16 peticiones impertinentes presentadas entre el 22 de abril y el 20 de
mayo de 2026.

55 Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-01, índice 22, certificado FE2DED70A34DA283
FB27038F5C01EA89 E23E453AA2684EFD 8B0238E33A80ACDB.
56 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

81. Así las cosas, la sentencia del 3 de abril de 2025 quedó ejecutoriada el 7 de
abril de 2026 debido a que, bajo parámetros de legalidad, debían ser resueltos todos
los recursos, solicitudes, nulidades y recusaciones, a pesar de que fueran
improcedentes y dilatorias. Sin embargo, dicha formalidad no puede ser un criterio
en el caso concreto para estudiar el cumplimiento del requisito de inmediatez, toda
vez que, se insiste, el Centro Democrático conoció la existencia del fallo objeto de
reparos, con grado de certeza, el 6 de mayo de 2025.

82. Incluso, en el escrito de tutela, el partido político Centro Democrático afirmó
que las solicitudes de aclaración, adición y complementación de la sentencia
formulados en el proceso ordinario no tenían la «virtualidad de revocar el fallo
anulatorio», ya que «son medios judiciales que no resultan idóneos ni suficientes
para censurar “materialmente” la sentencia impugnada, pues no tienen la entidad
de poder revocar ésta, mediante la negativa de las pretensiones de la demanda».

83. En atención a lo expuesto, la Sala observa que, en los términos expuestos
por la Corte Constitucional, las particularidades que contiene el asunto bajo estudio
llevan a concluir que el requisito de inmediatez no quedó superado, de manera que
hay lugar a declarar la improcedencia de la acción de tutela.

84. Finalmente, al analizar el escrito de amparo que presentó el partido político
Centro Democrático, llama la atención de la Sala que su contenido reprodujo en
términos muy similares los argumentos que expuso el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez en la tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-06646-00. Para el
efecto, se citarán a continuación, a modo de ejemplo, algunos apartes de cada
solicitud:

Radicado Escrito de tutela con radicado Escrito de tutela con radicado
núm. 2026-02695-0057 núm. 2025-06646-0058
Accionante Partido Centro Democrático Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Defecto «3.2.1. DEFECTO SUSTANTIVO: «3.2.8. DEFECTO SUSTANTIVO:
sustantivo DESCONOCIMIENTO DEL DESCONOCIMIENTO DEL
ARTÍCULO 277 DEL CPACA, POR ARTÍCULO 277 DEL CPACA, POR
TRANSGRESIÓN DE LA TRANSGRESIÓN DE LA
NOTIFICACIÓN POR AVISO A LOS NOTIFICACIÓN POR AVISO A LOS
PARTIDOS Y LA NO APLICACIÓN DE PARTIDOS Y LA NO APLICACIÓN DE
LA CONSECUENCIA LEGAL DE LA LA FIGURA DE LA TERMINACIÓN
TERMINACIÓN DEL PROCESO POR DEL PROCESO POR ABANDONO EN
ABANDONO EN EL ASUNTO DE EL ASUNTO DE AUTOS».
AUTOS».

[…] […]

« Es claro que, en el caso del «330. No obstante, en el asunto del
Gobernador de San Andrés, la Gobernador de San Andrés, la
demanda no fue notificada como demanda no se notificó como
correspondía a los Partidos y correspondía a los Partidos y
Movimientos Políticos que teníamos Movimientos Políticos, pues no se
interés, pues no se adecuó a lo adecuó a lo ordenado por el legislador

57 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02695-00, índice 2, certificado 0C829E82F45400E6
71D20806F4B706F1 37650FC80876E3CE DFBCC9BD78F6D09E.
58 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06646-00, índice 2, certificado 0F778A87088EE188

84F1675B10BFD6E5 DF5F7F71DAFDC012 10C4E9566E25163C.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

ordenado por el legislador y, aunque se y, aunque sea costumbre notificar mal
acostumbre notificar de manera a estas corporaciones, lo cierto es que
irregular a estas corporaciones la costumbre no suple la ley y que se
judiciales, lo cierto es que la costumbre trata de una disposición normativa que
nunca suplirá los mandatos legales; determina su consecuencia que, en el
mucho menos cuando se trata de una caso de los partidos, es la terminación
disposición normativa que determina del proceso por abandono, como se
su consecuencia que, en el caso de los explica:»
partidos, es la terminación del proceso
por el instituto jurídico-procesal del
abandono, como se explica a
continuación:»
[…]
[…]
«341. Se tiene que Nicolás Iván
«Se tiene entonces, que, el señor Gallardo Vásquez se inscribió como
NICOLÁS IVÁN GALLARDO candidato a la Gobernación del
VÁSQUEZ se inscribió como candidato departamento de San Andrés para el
a la Gobernación del departamento de periodo constitucional 2024-2027, por
San Andrés para el periodo la coalición denominada “Avanzar es
constitucional 2024-2027, por la Posible” integrada por los partidos
coalición denominada “Avanzar es políticos Liberal Colombiano, Cambio
Posible” integrada por los partidos Radical, Centro Democrático y
políticos: Liberal Colombiano, Cambio Conservador Colombiano, a los cuales,
Radical, Centro Democrático y conforme con la norma señalada, se les
Conservador Colombiano, a los cuales, debió notificar de la demanda en los
conforme con la norma señalada, se les términos preceptuados en el literal e)
debió notificar de la demanda en los del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011
términos preceptuados en el literal e) a cargo de la parte demandante, sin
del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 que se hubiera cumplido con tal
a cargo de la parte demandante, sin imposición normativa; pues revisado el
que se hubiera cumplido con tal expediente, se encuentra a índice 33
mandato legal; pues revisado el de SAMAI que la notificación al
expediente, se encuentra a índice 33 ministerio público, se hizo mediante
de SAMAI que la notificación al oficio 12095 del 9 de febrero de 2024,
ministerio público, se hizo mediante así:»
oficio 12095 del 9 de febrero de 2024,
así:» […]

[…] «343. No existió en todo el proceso el
cumplimiento de la carga procesal del
«No existió en todo el proceso el demandante, en tanto, no allegó dentro
cumplimiento de la carga procesal del del término legal (ni en ningún tiempo),
demandante, en tanto, no allegó dentro las notificaciones por aviso dirigidas a
del término legal (ni en ningún tiempo), los partidos, movimientos y grupos
las notificaciones por aviso dirigidas a significativos de ciudadanos y, en el
los partidos, movimientos y grupos caso particular, se advierte indebida o
significativos de ciudadanos y, en el falta de notificación a los partidos
caso particular, se advierte indebida o Liberal Colombiano, Cambio Radical,
falta de notificación a los partidos Centro Democrático y Conservador
Liberal Colombiano “dentro de los veinte (20)
Colombiano, Cambio Radical, Centro días siguientes a la notificación al
Democrático y Conservador Ministerio Público4”, a las que se le
Colombiano y Nuevo Liberalismo ordenó notificar en el auto admisorio de
“dentro de los veinte (20) días la demanda del 1° de febrero de 2024
siguientes a la notificación al visto a índice 26 de SAMAI.»
Ministerio Público4”, a las que se le
ordenó notificar en el auto admisorio de […]

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

la demanda del 1° de febrero de 2024
visto a índice 26 de SAMAI.»
«344. Adicionalmente, debe señalarse
[…] que se trata de una disposición legal,
por manera que, no puede haber una
«Aunado a lo anterior, debe señalarse justificación en que se hubiera
que se trata de una disposición legal, ordenado o no por el juez de la causa
de tal manera que no puede haber una ya que el contenido de la disposición es
justificación en que se hubiera de obligatorio cumplimiento y la
ordenado o no por el juez de la causa consecuencia del literal g) del numeral
ya que, el contenido de la disposición 1° del artículo 277, opera de manera
es de obligatoria observancia y la automática ante la ausencia del
consecuencia del literal g) del numeral cumplimiento de lo dispuesto en los
1° del artículo 277, opera de manera literales anteriores. Por lo anterior,
automática ante la ausencia del devenía, sin lugar a duda, la aplicación
cumplimiento de lo dispuesto en los de la consecuencia jurídica prevista por
literales anteriores. el legislador ante dicho incumplimiento,
así las cosas, correspondía declarar la
Por lo anterior, devenía, sin lugar a terminación del proceso por abandono,
duda, la aplicación de la consecuencia pero tal consecuencia legal fue
jurídica prevista por el legislador ante ignorada por la autoridad accionada, a
dicho incumplimiento, así las cosas, pesar de incluso haberse solicitado su
correspondía declarar la terminación aplicación; siendo que cuando la ley así
del proceso por abandono, pero tal lo ordena, no es opcional si se aplica o
consecuencia legal fue ignorada por la no y no tiene relevancia si al operador
autoridad accionada, a pesar de judicial le parece o no le parece; es la
incluso haberse solicitado su ley y en este caso, es absolutamente
aplicación; siendo que cuando la ley así clara; ni siquiera requiere
lo ordena, no es opcional si se aplica o interpretación».
no y no tiene relevancia si al operador
judicial le parece o no le parece; es la
ley y en este caso, es absolutamente
clara; ni siquiera requiere
interpretación.»
Defecto de «3.2.2. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA «3.2.10. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
violación CONSTITUCIÓN: no hay prueba de CONSTITUCIÓN: No hay prueba de
directa de la una afrenta grave al sistema de una afrenta GRAVE al sistema de
Constitución partidos establecido en Colombia, o a partidos establecido en Colombia, o a
los lineamientos del partido, el Partido los lineamientos del Partido, el Partido
Liberal, pues durante la campaña esta Liberal, pues durante la campaña esta
agrupación de base, el Partido Liberal, agrupación de base, el Partido Liberal,
concedió libertad de apoyar a todos los concedió libertad de apoyar a todos los
candidatos que respaldaran la candidatos que respaldaran la
aspiración a la Gobernación de San aspiración a la Gobernación de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina Andrés, Providencia y Santa Catalina
por parte de Nicolás Iván Gallardo por parte de Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, […]» Vásquez».

[…] […]

«En ese orden, la doble militancia «384. En ese orden, la doble militancia
persigue el fortalecimiento de los persigue el fortalecimiento de los
partidos políticos en el sistema partidos políticos en el sistema
electoral colombiano, imponiendo una electoral colombiano, imponiendo una
disciplina que sobrepone los intereses disciplina que sobrepone los intereses
de las agrupaciones sobre sus de las agrupaciones sobre sus
miembros. El propósito es robustecer a miembros. El propósito es robustecer a
las colectividades políticas, las colectividades políticas,

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

ubicándolas como las principales ubicándolas como las principales
protagonistas de la democracia protagonistas de la democracia
electoral, que deberá guiarse por los electoral, que deberá guiarse por los
lineamientos que establecen los lineamientos que establecen los
partidos, y no por aquellos de los partidos, y no por aquellos de los
aspirantes, individualmente aspirantes, individualmente
considerados.» considerados»

[…] […]

«Quiere decir lo anterior, que no basta «389.Es decir, no basta con la
con la simple constatación de un acto o constatación de un acto o actos de
actos de apoyos; en tanto, debe, apoyos. Debe, igualmente, probarse
probarse que los respaldos que los respaldos identificados
identificados vulneran, de manera vulneran, de manera efectiva y grave,
efectiva y grave demostrada, este tipo este tipo de valores, pues solo, de esta
de valores, pues solo, de esta manera, manera, el juicio efectuado por los
el juicio efectuado por los jueces jueces electorales puede neutralizar el
electorales puede neutralizar el respaldo político dado a un elegido por
respaldo político dado a un elegido por parte del pueblo.»
parte del pueblo en las urnas.»
[…]
[…]

«Por lo tanto, se sostiene que, para el «395. A la luz de estas explicaciones,
caso en particular, y de aceptarse en un se sostiene que, en mi caso particular,
escenario hipotético que se incurrió en Y DE ACEPTARSE
actos de apoyos prohibidos, la Sala HIPOTÉTICAMENTE QUE SE
Electoral del Consejo de Estado debió INCURRIÓ EN ACTOS DE APOYOS
manifestar, más allá de la simple PROHIBIDOS, la Sala Electoral del
formalidad de haberlos enunciado, el Consejo de Estado debió manifestar,
por qué la conducta del electo más allá de la simple formalidad de
gobernador desconoció dichos enunciarlos, el por qué la conducta del
principios, materialmente hablando. legítimamente elegido gobernador fue
¿Por qué con su discurso defraudó la desconocedora de estos principios,
libertad del elector? ¿Por qué con sus materialmente hablando. ¿Por qué con
palabras y gestos transgredió la lealtad su discurso defraudó la libertad del
partidista? ¿Por qué incurrió en elector? ¿Por qué con sus palabras y
afrentas contra el sistema político?» gestos transgredió la lealtad partidista?
¿Por qué incurrió en afrentas contra el
[…] sistema político?»

[…]
«Por todo lo anterior, se concluye que «406. Así, existe una violación directa
existe una violación directa de la de la Constitución con el fallo del 3 de
Constitución con el contenido del fallo abril de 2025, por cuanto en él se
del 3 de abril de 2025, por cuanto en él efectúa un análisis formal, que no se
se efectuó un análisis formal, que no se compadece con la naturaleza de estos
compadece con la naturaleza de los asuntos electorales, en los que no solo
asuntos electorales, en los que por su está de por medio los derechos del
naturaleza, no solo están de por medio elegido, sino también los de los
los derechos del elegido popularmente, electores, lo cual debe llevar a
sino también los de los 20.363 determinar cuál ha sido el peso de la
electores, así como el de los partidos y anomalía para la democracia en
movimientos políticos que Colombia, y en los que, como en este
acompañamos el proyecto político, lo caso, existe autorización expresa y
cual debe llevar a determinar cuál ha libertad para apoyar a los aspirantes de
sido el peso de la anomalía para la los partidos de coalición y de adhesión,

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

democracia en Colombia, y en los siendo una directriz clara dada por la
casos como este, existía autorización organización política durante el
expresa y libertad total para apoyar a desarrollo de la contienda electoral en
los aspirantes de los partidos de la que fui elegido Gobernador de San
coalición y de adhesión, siendo una Andrés, Providencia y Santa Catalina,
directriz clara y precisa, dada por la periodo constitucional 2024-2027. »
organización política durante el
desarrollo de la contienda electoral en
la que fue elegido el legítimo
Gobernador de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, para el
periodo constitucional 2024-2027.»

Tabla 4: Comparativo de las tutelas con radicados núms. 2026-02695-00 y 2025-
06646-00 en relación con los defectos sustantivo y de violación directa de la
Constitución.

85. Lo anterior, aunque no quebranta la manifestación bajo juramento que
expresa la parte tutelante ni constituye una actuación temeraria, sí permite advertir
una conducta encaminada a obtener un pronunciamiento judicial favorable a
determinados intereses frente a un mismo reproche mediante la interposición de
distintas acciones de tutela.

86. Así, al tener en cuenta que el accionante conoció la tutela con radicado núm.
2025-06646-00, pues reprodujo los argumentos del escrito de amparo que inició ese
trámite constitucional, cabe recordar que en esa oportunidad esta Sala profirió
sentencia el 5 de diciembre de 202559 en la que explicó, en relación con el defecto
sustantivo y de violación directa de la Constitución, lo siguiente:

247. En todo caso, la Sala resalta que la Sección Quinta del Consejo de Estado explicó
en los autos del 4 de abril y 22 de agosto de 2024 que en los procesos de nulidad
electoral iniciados por la causal de doble militancia (artículo 275.8 del CPACA)
corresponde notificar al demandado personalmente o, en su defecto, por aviso, mas
no impone el deber de notificar a los partidos políticos a través de este último medio
de publicidad, debido a que solo es procedente cuando se invoca las causales
objetivas de nulidad electoral, es decir, las previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7
del mencionado artículo.

248. Bajo ese entendido, la autoridad accionada expuso que, como en el caso concreto
se efectuó en debida forma la notificación personal del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez, no era procedente acudir a las notificaciones por aviso, en consonancia con
el artículo 277 del CPACA.

[…]

252. Por otro lado, [el tutelante] afirmó que el Partido Liberal Colombiano concedió
libertad de apoyar a todos los candidatos que respaldaron su candidatura a la
gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, motivo por el que no bastaba con que se demostrara la ocurrencia de un
apoyo indebido a otra colectividad, sino que era necesario que el actuar del candidato

59Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06646-00, índice 38, certificado ED7CD452548AEC41
A07C6F1B109C5BFD 5DE26AF69927296C 0F915B01C1A990FA.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

demandado frustrara las «ilusiones o directrices que otorga a sus militantes el partido
que lo avala».

[…]

254. Para analizar estos cargos, esta Sala revisó el escrito de contestación y de
alegatos de conclusión del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez y no encontró que,
en esas etapas procesales, que están instituidas para formular los argumentos de
defensa y contradicción, el interesado hubiera desarrollado los reparos bajo estudio
sobre el desconocimiento de las normas convencionales y la ausencia de pruebas
sobre la afectación del sistema de partidos políticos.

255. En ese sentido, se advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado no tuvo
dentro de los asuntos objeto de debate las discusiones que ahora trae en el escrito
de amparo. En consecuencia, la Sala concluye que los reproches de tutela no superan
el requisito de subsidiariedad, toda vez que buscan que el juez constitucional
reemplace al juez natural y decida sobre aspectos ajenos al proceso electoral.

87. Las anteriores razones resultan suficientes para declarar la improcedencia de
la solicitud de amparo, ante la falta de cumplimiento del requisito de inmediatez.

4. Conclusión

88. Por las razones expuestas en esta providencia, la Sala declarará la
improcedente de la tutela interpuesta por el partido político Centro Democrático
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos expuestos en esta
providencia.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Tener en la condición de coadyuvantes al señor Nicolás Iván Gallardo
Vázquez y a la Fundación Misión Archipiélago San Andrés en el presente asunto,
por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Declarar la improcedencia de la tutela interpuesta por el partido político
Centro Democrático contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02695-00 (4121)
Accionante: Partido Centro Democrático
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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