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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 88001-23-33-000-2023-00059-02

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 88001-23-33-000-2023-00059-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Revócase la sentencia del 21 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que anuló el acto contenido en el formulario E-26 ALC de 30 de octubre de 2023, por medio del cual se declaró la elección de Alex Alberto Ramírez Nuza como alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, para el período 2024-2027. En su lugar, niéganse las pretensiones de las demandas acumuladas, por las razones expuestas. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 88001-23-33-000-2023-00059-02

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

21 de mayo de 2026

Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicados: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (principal)
88001-23-33-000-2023-00067-00 (acumulado)
Demandantes: GILBERT KENIN BUSH BROWN Y EVIS EULALIA
LIVINGSTON HOWARD
Demandado: ALEX ALBERTO RAMÍREZ NUZA - ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ISLAS - PERÍODO 2024 – 2027
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo. Autenticidad de los documentos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por el demandado2, con el respaldo de
los terceros impugnadores3, contra la sentencia del 21 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, que anuló el formulario E-26 ALC de 30 de octubre de 2023, contentivo de su elección
como alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, para el período 2024-2027.

Lo anterior, con base en los siguientes:

1. ANTECEDENTES

1. Los señores Evis Eulalia Livingston Howard4 y Gilbert Kenin Bush Brown5, en nombre
propio, presentaron de manera separada demandas en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo6, contra el acto de elección del señor Alex Alberto Ramírez Nuza
como alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, para el período 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 ALC de 30 de octubre de 2023.

1
La presente ponencia fue elaborada por el magistrado ponente, en cumplimiento del auto de 15 de mayo de 2026, índice 00175 de Samai,
ante la falta de aprobación mayoritaria del proyecto inicial. Para el efecto, se acogen parcialmente sus antecedentes y las consideraciones
compatibles con el sentido de esta providencia.
2
El alcance de esta actuación se limitó a la elaboración del proyecto de sentencia que fue sometido a consideración de la sala, de conformidad
con el auto de 15 de mayo de 2026. Las demás decisiones de sustanciación, dirección y trámite del expediente corresponden al magistrado
conductor del proceso.
3
Huffington Robinson Hon Lenny, tercero impugnador reconocido por proveído de 16 de abril de 2024, dentro del radicado 88001-23-33-000-
2023-00059-00; y Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, por conducto de su representante legal, admitida con igual calidad mediante
auto de 31 de julio de 2024, en el expediente 88001-23-33-000-2023-00067-00.
4
Expediente 88001-23-33-000-2023-00059-00.
5
Expediente 88001-23-33-000-2023-00067-00.
6
En adelante CPACA.

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1

Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

1.1. Pretensiones

2. La parte actora solicitó la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E-26 ALC
de 30 de octubre de 2023, por medio del cual se declaró elegido al demandado como alcalde
del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, para el período constitucional 2024-2027.

3. En el expediente 88001-23-33-000-2023-00059-00 se pidió, además, la anulación de los
votos computados a favor del elegido y, como consecuencia, la declaratoria de elección de la
demandante.

4. En el proceso 88001-23-33-000-2023-00067-00 se solicitó la cancelación de la credencial
expedida al demandado.

5. Las súplicas tuvieron como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

6. La Sala integra los escritos introductorios de la siguiente manera:

7. Los demandantes sostuvieron que el señor Alex Alberto Ramírez Nuza participó en las
elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 como candidato a la Alcaldía de Providencia
y Santa Catalina Islas, por la «Coalición Providencia y Santa Catalina Islas Justas para la
Vida», conformada por los partidos Liberal Colombiano, donde milita, Conservador Colombiano
y Centro Democrático.

8. Afirmaron que, para las referidas justas electorales, el Partido Liberal Colombiano inscribió
sus propias listas para el concejo municipal de dicho ente territorial, así como para la Asamblea
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

9. La demandante Evis Eulalia Livingston Howard afirmó que el elegido recibió apoyo del señor
Lery Henry Aniseto Taylor, candidato a la asamblea departamental por el Partido Centro
Democrático, según se aprecia en un video que dicho aspirante publicó en su perfil de la red
social Facebook, el 24 de septiembre de 2023, donde se refirió al señor Ramírez Nuza como
«nuestro alcalde»7.

10. Adicional a ello, aportó dos fotografías de propaganda electoral que, en su sentir,
evidencian como el elegido accionado respaldó la pretensión política del candidato Aniseto
Taylor.

11. Mencionó que, según los demás registros fotográficos adjuntos con el escrito inicial, el
demandado impulsó la postulación de los señores Leonel Pérez, candidato al concejo
municipal por el Partido Centro Democrático; Luis Torres, inscrito como aspirante a la
asamblea por el Nuevo Liberalismo; y Wellinton Rankin, quien se presentó como opción
electoral a la referida duma departamental por el Partido Cambio Radical.

7
Aportó el vínculo que, según su dicho, conduce a la publicación realizada por el entonces candidato Lery Henry Aniseto Taylor, el 24 de
septiembre de 2023: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=301070779232364&id=100079883335691&mibextid=Nif5oz

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2

Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

12. Por su parte, el demandante Gilbert Kenin Bush Brown advirtió que el elegido respaldó la
aspiración del señor Randy Jesús Ward Marín a la asamblea por la coalición «Nuevo
Liberalismo - Conservador - Colombia Justa Libres». Ello según una fotografía que este último
publicó en su perfil de la red social Facebook, donde ambos candidatos posan en señal de
apoyo mutuo.

13. Las dos demandas coinciden en señalar que el elegido Alex Alberto Ramírez Nuza apoyó
la postulación política de Jaylene Arlee Jay Hidalgo, inscrita por el grupo significativo de
ciudadanos «Reverdecer de las Islas REDI» para el Concejo de Providencia, como se
evidencia en un video que, según afirman los actores, se publicó en el perfil de la red social
Facebook de la referida candidata, el 17 de octubre de 2023, donde el elegido se expresó
«invitando también a que voten por Jaylene, para que trabajemos unidos por Providencia»8.

14. Ambos actores aportaron los vínculos que, según mencionan, conducen a esta
publicación. Sin embargo, el demandante Gilbert Kenin Bush Brown aseveró que el video
divulgado en este perfil fue borrado, por lo que «aportamos copia del video íntegro y otro video
de los candidatos».

15. Los dos demandantes indicaron que el señor Alex Alberto Ramírez Nuza fue declarado
alcalde electo del municipio de Providencia para el periodo 2024-2027, según el formulario E-
26 ALC de 30 de octubre de 2023.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

16. Los actores sostuvieron que los actos positivos y concretos de apoyo que desplegó el
elegido, durante el periodo de campaña, configuraron la causal de nulidad por doble militancia
prevista en el numeral 8.° del artículo 275 del CPACA, derivada de la trasgresión de los
artículos 40, 95 y 107 constitucionales; y 2.° y 29 de la Ley 1475 de 2011.

17. Lo anterior en la medida que el elegido respaldó candidaturas para conformar el Concejo
de Providencia y Santa Catalina Islas y la Asamblea del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, distintas de las que inscribió el Partido Liberal
Colombiano para esas corporaciones9.

1.4. Actuaciones procesales10

1.4.1. Expediente 88001-23-33-000-2023-00059-00

18. Por auto del 24 de noviembre de 2023 se admitió el medio de control y se negó la medida
cautelar deprecada en la demanda.

8
La demandante Evis Eulalia Livingston Howard aportó el vínculo de la red social donde, según señala, la candidata Jaylene Arlee Jay Hidalgo
publicó el video donde el demandado expresó dicho apoyo:
https://www.facebook.com/jaylene.jay.712/videos/992015515391107/?mibextid=Nif5oz
El demandante Gilbert Kenin Bush Brown aportó el enlace que, según afirma, conduce a la referida publicación. También aportó dos videos,
en formato Mp4, donde aparecen el demandado y la candidata Jaylene Arlee Jay Hidalgo, uno de ellos contentivo de la pieza documental que
al parecer publicó esta última.
9
En el expediente 88001-23-33-000-2023-00059-00, la actora también refirió que el señor Lery Henry Aniseto Taylor habría manifestado
apoyo al demandado en un acto de campaña, al llamarlo «nuestro alcalde». Esa mención no se estructuró como cargo autónomo de nulidad
en el concepto de la violación, sino como parte del contexto fáctico y probatorio. En todo caso, la misma demanda sostuvo que algunas
fotografías evidenciarían el respaldo del elegido a la aspiración de aquel candidato, aspecto que se integra al reproche general por presuntos
apoyos a candidaturas distintas de las inscritas por el Partido Liberal Colombiano.
10
La sala destaca las más relevantes.

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3

Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

19. A través de proveído del 16 de febrero de 2024 se reconoció como coadyuvante a señor
Gilbert Kenin Bush Brown, y se ordenó librar oficio al despacho donde cursaba el expediente
con radicado 88001-23-33-001-2023-00067-00, con el fin de estudiar la procedencia de su
acumulación.

20. Mediante auto del 20 de junio de 2024 se dispuso la suspensión del trámite del proceso,
hasta tanto el expediente con radicado 88001-23-33-001-2023-00067-00 surtiera el trámite de
la contestación de la demanda.

1.4.2. Expediente 88001-23-33-000-2023-00067-00

21. Por medio de auto del 18 de enero de 2024 se admitió la demanda y se decretó la
suspensión provisional del acto de elección demandado.

22. A través de providencia del 18 de abril de 2024, se dispuso obedecer y cumplir lo resuelto
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en auto del 7 de marzo de 2024, que declaró la
nulidad del trámite procesal y ordenó correr traslado de la medida cautelar deprecada por el
extremo actor.

23. Surtido el traslado, a través de auto del 25 de junio de 2024 se admitió la demanda y se
decretó la medida cautelar deprecada en la demanda.

24. En providencia del 31 de julio de 2024 se resolvió no reponer la decisión anterior y se
concedieron los recursos de apelación presentados por el demandado y los terceros
impugnadores.

1.4.3. Actuación procesal conjunta

25. Mediante proveído del 21 de agosto de 2024 se ordenó la acumulación de los procesos de
la referencia.

26. Por auto del 18 de septiembre de 2024 se dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por la
Sección Quinta del Consejo de Estado que, en providencia del 5 de septiembre de 2024,
revocó la medida de suspensión provisional decretada en este asunto.

1.5. Contestaciones

1.5.1. Demandado

27. La Sala sintetiza de manera conjunta las contestaciones allegadas por el apoderado del
elegido, así:

28. Advirtió que las pruebas aportadas con la demanda no acreditan los elementos
constitutivos de la doble militancia, en tanto no permiten determinar su origen, autoría, fecha,
ubicación y contexto.

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Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

29. Sobre las fotografías aportadas por la demandante Evis Eulalia Livingston Howard11,
sostuvo que registran varias imágenes que, por sí solas, no acreditan que correspondan con
los hechos que se pretenden probar con ellas, y además no es posible determinar su origen,
lugar, ni fechas de captura, por lo que carecen de valor probatorio.

30. Indicó que tales piezas dan cuenta de la presencia de varias personas, en unos casos sin
distintivos de propaganda política y, en otros, con publicidad electoral alusiva a su campaña,
lo que acredita que, más allá de brindar un respaldo, en realidad lo recibió. Con todo, la
autenticidad, origen, autoría, fecha y hora en que se captaron tales registros son aspectos
indeterminados.

31. Acerca de los vínculos de redes sociales presentados con las dos demandas12, advirtió
que su contenido no está disponible, por lo que no se conoce la identidad de quién generó esa
información y, en consecuencia, no cumplen los requisitos para ser valorados como mensajes
de datos, en los términos de la Ley 527 de 1999, de modo que no es posible desplegar la
defensa técnica frente a estos medios documentales.

32. Destacó el experticio, adjunto con la contestación, que se practicó sobre los enlaces y
fotografías que presentó la demandante Evis Eulalia Livingston Howard, donde se concluyó
que no es posible determinar la autenticidad de las imágenes para establecer su origen, fuente,
autor, fecha, hora y lugar donde se captaron, razón por la que no se deben tener como prueba.

33. Sobre el video que aportó el demandante Gilbert Kenin Bush Brown que, según su dicho,
se sustrajo del perfil de Facebook de Aylene Arlee Jay Hidalgo13, aseveró que esa afirmación
no está respaldada probatoriamente, por lo que no es posible confirmar la relación de esta
pieza documental con el vínculo que conduce a la red social. Adicional a ello, no se tiene
claridad acerca de su temporalidad, pues si bien dice que corresponde a una divulgación del
17 de octubre de 2023, tal aseveración no está demostrada porque la prueba no se incorporó
adecuadamente con la debida cadena de custodia,

34. Frente al punto, trajo a colación las pericias forenses practicadas sobre los dos videos con
los que el señor Bush Brown pretende probar el apoyo a Jaylene Arlee Jay Hidalgo, y la
fotografía que, según sostiene el libelista, demuestra el apoyo al señor Randy Jesús Ward
Marín.

35. A partir de las conclusiones de tales estudios, destaco que no es posible determinar la
autenticidad de tales piezas, para establecer su origen, fuente, autor, fecha, hora y lugar, y que
uno de los videos presenta elementos de edición en su secuencia. Acerca del enlace inserto
en el libelo, precisó que no existe información de este. Sobre la fotografía, la pericia concluyó
que no se halló en el perfil de Facebook del señor Ward Marín.

36. Precisó que, con todo, la apariencia y logo símbolos del material audiovisual no permiten
concluir su respaldo a los candidatos relacionados en la demanda del señor Bush Brown, pues
estos no se incorporaron con su aprobación.

11
Con las que se pretende demostrar el respaldo indebido a los candidatos, Lery Henry Aniseto Taylor (Partido Centro Democrático); Leonel
Pérez (Partido Centro Democrático); Luis Torres (Nuevo Liberalismo); y Wellinton Rankin (Partido Cambio Radical).
12
Con los que se pretende demostrar el apoyo a los candidatos Jaylene Arlee Jay Hidalgo y Lery Aniseto Taylor.
13
Aportado por el demandante por el demandante Gilbert Kenin Bush Brown, en el trámite del expediente: 88001-23-33-000-2023-00067-00.

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Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

37. Con base en lo anterior, concluyó que no se aportó prueba alguna de su incursión en la
prohibición prevista en el artículo 107 constitucional, como tampoco existe algún medio de
convicción que demuestre los elementos de la doble militancia en la modalidad de apoyo a la
que se refiere el artículo 2.° de la Ley 1475 de 2011.

38. Por otra parte, afirmó que los grupos significativos de ciudadanos recogen una
manifestación política coyuntural, sin la vocación de permanencia que se predica de los
partidos y movimientos políticos.

39. Mencionó que la candidata Jaylene Arlee Jay Hidalgo se inscribió por el grupo significativo
de ciudadanos «Reverdecer de las Islas REDI», el cual no ostenta la naturaleza de partido o
movimiento político con personería jurídica, según lo certificó el Consejo Nacional Electoral 14.
Adicionalmente, esta agrupación se disolvió debido a que no logró curul alguna en el Concejo
de Providencia y Santa Catalina Islas, a partir de lo cual no es posible predicar el respaldo a la
aspiración de una colectividad inexistente desde el punto de vista jurídico.

40. Por consiguiente, en este caso no se configuró la conducta que proscribe el artículo 2.° de
la Ley 1475 de 2011, toda vez que esta norma dispone que la doble militancia en la modalidad
de apoyo se atribuye a los integrantes de partidos y movimientos políticos.

41. Advirtió que en los videos que aportó el extremo actor se emplea un idioma diferente al
castellano, sin la traducción que exige el artículo 251 del Código General del Proceso, por lo
que no se deben tener como prueba. Mencionó que, aunque el creole es un dialecto de la
comunidad raizal, la obligación de dominar esta lengua solo aplica para los empleados públicos
del archipiélago, como lo dictan los artículos 45 y 57 de la Ley 47 de 1993. Por ende, al tenor
del artículo 104 del Código General del Proceso, el trámite judicial debe llevarse en castellano,
en procura de hacer efectiva la igualdad de las partes.

42. Afirmó que el Partido Liberal Colombiano, al que pertenece, no le impuso sanción por
incumplimiento del acuerdo de coalición que respaldó su postulación, como tampoco recibió
reclamo alguno de las demás colectividades que la integraron, lo que se debe a que su
campaña se llevó a cabo con respeto de la Constitución Política y la ley.

1.5.2. Registraduría Nacional del estado Civil (RNEC)

43. Por intermedio de apoderado, la entidad advirtió su falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que su competencia se limita a organizar las elecciones y, por ende, no está
llamada a responder por las pretensiones del medio de control.

1.6. Terceros impugnadores

44. El Partido Liberal Colombiano15, a través de su director jurídico, manifestó que no se
configuró el elemento objetivo de la prohibición. Explicó que las manifestaciones de apoyo se
traducen, por lo general, en expresiones de favorecimiento en reuniones, eventos o espacios
con acceso a potenciales votantes, para persuadirlos de elegir a determinada persona, lo cual

14
Certificación CNE-S-2024000155-DVIE-700.
15
Reconocido como tercero impugnador en favor del demandado, mediante auto del 16 de abril de 2024 (Exp: 88-001-23-33-000-2023-00059-
00).

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no puede corroborarse con las pruebas aportadas, máxime cuando se está discutiendo la
legalidad de su recaudo y autenticidad, y su contenido no corresponde con un evento de tipo
electoral.

45. Indicó que el dicho de la parte actora, según el cual sustrajo un video de las redes sociales
de Jaylene Arlee Jay Hidalgo, publicado el 17 de octubre de 2023, no está demostrado,
comoquiera que la prueba no fue acopiada adecuadamente, por lo que se afectó la cadena de
custodia.

46. Señaló que en el material videográfico se emplea un dialecto que no corresponde con el
castellano, y aun cuando el creole es la lengua raizal, la obligación de su uso es exclusiva para
los empleados púbicos del archipiélago, en los términos de los artículos 45 y 57 de la Ley 47
de 1993, de manera que, al tenor del artículo 104 del Código General del Proceso, el trámite
deberá emplear el idioma castellano, en aras de hacer efectiva la igualdad de las partes.

47. Sostuvo que en uno de los videos que aportó el extremo actor, pese a la baja iluminación
y calidad, se visualizan dos personas de pie realizando movimientos con los brazos, y se
escucha la voz de un hombre cuya identidad no se puede determinar, puesto que no es posible
reconocer su rostro ni la sincronización, gesticulación o expresiones faciales al hablar, por lo
que las imágenes no corresponden con lo que la parte demandante quiere hacer ver al
juzgador.

48. Aportó un dictamen pericial que, según concluye, da cuenta de que el vínculo aportado
con la demanda no es funcional, por lo que no es posible establecer su trazabilidad, mismidad,
originalidad, integridad, metadatos huella hasch, etc., de manera que no cumple los requisitos
de la Ley 527 de 1999 para que pueda ser valorado como prueba.

49. Agregó que, según el experticio, el video de 4:28 minutos de duración, allegado con el
libelo, fue creado el 14 de diciembre de 2023, data que no concuerda con la época electoral,
por lo que no se configura el elemento temporal de la prohibición cuestionada.

50. En cuanto a la fotografía donde se observa al demandado junto al señor Randy Jesús
Ward Marín, adujo que no se adjuntó enlace alguno que permitiera concluir que el material se
descargó de su perfil en la red social Facebook, razón por la que la tachó. Agregó que, según
el informe técnico adjunto, el registro en cuestión fue editado, y se desconoce la evidencia
original.

51. Por su parte, el señor Huffington Robinson Hon Lenny16, por conducto de apoderado,
solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que no se configuraron los
elementos de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo.

52. Indicó que el material audiovisual que respalda los cuestionamientos de los actores no es
admisible toda vez que, según los informes periciales allegados por la defensa del demandado,
no reúnen las pautas técnicas y legales para considerarlos como prueba.

53. Explico que, con todo, el contexto donde se produjo el acto, expresión, enunciación o

16
Reconocido como tercero impugnador en favor del demandado, mediante auto del 16 de abril de 2024 (Exp: 88-001-23-33-000-2023-00059-
00).

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Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
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manifestación de doble militancia en calidad de apoyo resulta determinante para saber si la
conducta ocurrió o si, por el contrario, no se configuró.

54. Destacó que el Consejo de Estado, en copiosa jurisprudencia17, es de la tesis según la
cual que las palabras de agradecimiento entre candidatos no indican necesariamente el
elemento objetivo de la doble militancia, o cuando no existe claridad sobre si fue la persona
investigada la que convocó la actividad proselitista18, por lo que es preciso atender las
particularidades y complejidades del contexto en el cual se tomó una foto o se filmó un video
donde, aparentemente, existen pruebas de la conducta.

55. Sostuvo que, por consiguiente, la evidencia audiovisual aportada puede interpretarse como
una muestra de apoyo hacia el demandado, más no que éste haya emitido el respaldo que se
cuestiona, por lo que no brinda la certeza que permita concluir, más allá de toda duda, la
configuración del comportamiento proscrito.

56. A su turno, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)19, a través
de apoderado, advirtió que el material probatorio presentado por la parte actora no cumple los
estándares sobre i) seguridad en la generación del documento, y ii) la disponibilidad para
consulta posterior, previstos en la Ley 527 de 1999.

57. Agregó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-371 de 2021, consideró que las
grabaciones de voz o imagen realizadas en los ámbitos privados, sin el consentimiento del
titular del derecho, son ilícitas y, por ello, se deben excluir.

58. Por su parte, la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés20, por conducto de su
representante legal, señor Richard Nicolás Martínez Olivera, manifestó que acude al proceso
en procura de evitar la vulneración de los derechos del demandado y de la comunidad raizal.

1.7. Otras actuaciones de la primera instancia

59. Mediante proveído de 18 de septiembre de 2024 se señaló fecha para la audiencia inicial,
celebrada el 24 de septiembre siguiente. En esa oportunidad, el litigio quedó delimitado en los
siguientes términos:

Determinar la procedencia o no de la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado
• formulario E-26 ALC 30 de octubre de 2023 proferido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil por medio del cual se declara la elección del señor Alex Alberto Ramírez Nuza como alcalde
del Municipio de Providencia y Santa Catalina para el periodo constitucional 2024-2027, por
cuenta de la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 8°del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011.

60. Adicionalmente, se incorporaron las pruebas aportadas por las partes dentro de la
oportunidad legal, citó a los profesionales que rindieron los dictámenes presentados por el
demandado para controvertir la autenticidad de las pruebas documentales aportadas por el

17
Entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
18
Cita textual: «Sentencia de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate».
19
Reconocido como tercero impugnador en favor del demandado, mediante auto del 16 de abril de 2024 (Exp: 88-001-23-33-000-2023-00059-
00).
20
Reconocida como tercero impugnador en favor del demandado, mediante auto del 31 de julo de 2024 (Exp: 88-001-23-33-000-2023-00067-
00).

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8

Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

extremo actor, y ordenó la traducción al castellano de los apartes de los videos aportados
donde los interlocutores se pronuncian en creole.

61. Finalmente, se fijó fecha para audiencia de pruebas.

62. La diligencia bajo cita tuvo lugar el 24 de octubre de 2024, oportunidad en la que
comparecieron los peritos que rindieron los dictámenes que presentó la parte demandada para
controvertir las pruebas en su contra, y se surtió la contradicción de tales medios de convicción.

63. Por auto del 5 de febrero de 2025 se ordenó correr traslado a las partes de la traducción
ordenada en auto proferido en la audiencia inicial del 24 de septiembre de 2024.

64. Mediante proveído del 21 de febrero de 2025 se dispuso el cierre del periodo probatorio y
el traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.

1.8. La sentencia apelada

65. El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, en sentencia del 21 de abril de 2025, declaró la nulidad del acto de elección
demandado, al advertir la incursión del elegido en la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo.
66. De manera previa, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

67. Frente a los cuestionamientos sobre la autenticidad de la evidencia documental aportada
por el extremo actor, destacó las censuras que expuso la defensa del demandado en las que
señaló alteraciones y recortes de edición de los videos y fotografías.

68. Advirtió que, por consiguiente, la tacha formulada por el partido Liberal Colombiano, en
tanto cuestionó que el video que se publicó el 17 de octubre de 2023 no permite determinar su
temporalidad, ni la identidad y voz de los sujetos que allí intervienen, excede los lineamientos
que expuso el demandado contra esta evidencia. Al respecto, precisó que el elegido no
controvirtió la identidad o la voz de las personas que aparecen en los videos, por lo que, según
la tesis del Consejo de Estado21, no es admisible que un tercero proceda en ese sentido.

69. En consecuencia, circunscribió el estudio correspondiente a la tacha que planteó el
elegido. Frente al punto, afirmó que la parte demandada no cumplió con la carga de precisar
en qué consistió la falsedad alegada, toda vez que se limitó a señalar alteraciones y recortes,
sin referencia a la adulteración del contenido del documento, esto es, no indicó si la voz o la
imagen de los registros fílmicos corresponde o no con la suya. En ese orden, dispuso el análisis
de la evidencia documental.

70. Al respecto, sostuvo que los vínculos de la red social Facebook, aportados por la parte
actora, no cumplen los presupuestos de los mensajes de datos previstos en la Ley 527 de
1999, comoquiera que las publicaciones a las que al parecer conducen no están disponibles,

21
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo sección Quinta. Providencia del 23 de abril de 2020 rad. No. 27001-23-31-000-
2020-00013-01».

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Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

razón por la que no es posible su análisis como prueba.

71. Acerca de las fotografías, destacó las allegadas con la finalidad de acreditar el apoyo del
demandado hacia los candidatos Lery Henry Aniseto Taylor, Leonel Pérez, Luis Torres, Randy
Jesús Ward Marín y Wellinton Rankin. Al respecto, advirtió que en el proceso no se demostró
que las referidas personas se presentaron como candidatos para las justas electorales del 29
de octubre de 2023.

72. Agregó que, no obstante, las imágenes representadas en dichas piezas probatorias no
demuestran apoyo alguno del demandado hacia candidaturas ajenas a las que postuló su
partido, en unos casos, bien porque evidencian respaldo en su favor, o bien porque no es
posible establecer la identidad de quienes aparecen en los registros. Con todo, las fotografías
allegadas no arrojan certeza de las circunstancias de tiempo y lugar en que se captaron.

73. Posteriormente, concentró su análisis en los videos aportados en formato Mp4. Frente a
estos documentos, explicó que no es exigible acreditar los requisitos de equivalencia funcional
que refiere la Ley 527 de 1999, comoquiera que estos solo proceden cuando la prueba se
aporta como mensaje de datos, es decir, correos electrónicos, vínculos de internet o
publicaciones de redes sociales.

74. Afirmó que, por consiguiente, los registros fílmicos se presumen auténticos toda vez que,
aun cuando se tacharon, «en ningún momento fueron desconocidos por la parte demandada,
por lo que harán parte del acervo probatorio a estudiar».

75. Posteriormente, encontró acreditados los elementos subjetivo y modal de la prohibición
endilgada al demandado, a saber: i) el subjetivo, con el formulario E-6 ALC donde consta su
inscripción como candidato a la Alcaldía de Providencia por la coalición «Providencia y Santa
Catalina Islas Justas para la Vida», integrada por los partidos Liberal Colombiano, donde milita,
Conservador Colombiano y Centro Democrático; y ii) el modal, según las consignas del
formulario E-6 CO, donde consta que el Partido Liberal Colombiano inscribió una lista de
candidatos al Concejo Municipal de Providencia, y el E-6 CO que acredita la lista de aspirantes
a la duma municipal presentada por el grupo significativo de ciudadanos «Reverdecer de las
Islas REDI», que postuló a la señora Jaylene Arlee Jay Hidalgo.

76. De cara a la demostración de los elementos temporal y objetivo, descendió al análisis de
los dos videos aportados por la parte actora.

77. En primer lugar, estudió el contenido del registro fílmico de 04:28 minutos de duración (que
identificó como «video No. 1»), donde observó un evento en horas de la noche, y la interacción
de una figura masculina y una femenina, «cuyos rostros no se alcanzan a distinguir», ubicados
en un patio frente a una vivienda, y niños que suben y bajan una terraza. Sostuvo que, si bien
no se visualiza el público asistente, se infiere su presencia por ser destinatario de los
agradecimientos que expresan los interlocutores, y que está conformado por adultos, según
las voces que se escuchan en dialecto creole.

78. En cuanto a los pronunciamientos del interlocutor masculino, destacó sus agradecimientos
a la audiencia por el apoyo al proceso político, y la exposición de su ideario en asuntos como
el fortalecimiento del turismo, la pesca y la agricultura.

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79. Luego, se concentró en los pronunciamientos de la persona que, en criterio del tribunal,
corresponde al demandado, al dirigirse a la mujer que lo acompaña mientras pronuncia su
discurso, en tanto manifiesta que «con Jaylene vamos a hacer un buen equipo, la concejala
es una persona muy preparada (…) de la mano con nuestro equipo vamos a hacer grandes
cosas para Providencia».

80. En particular, destacó la parte del pronunciamiento de la figura masculina que se identifica
en esta pieza documental, cuando dijo: «invito el 29 de octubre, ya faltan 13 días, (…) con el
apoyo, también invitando a que voten también con Jaylene para que trabajemos unidos por
Providencia».

81. Mencionó que el video acredita el elemento temporal de la prohibición, toda vez que el
interlocutor menciona que faltaban trece días para el 29 de octubre, lo que permite
contextualizar los hechos en la campaña para las elecciones territoriales. De ahí que
concluyera que la reunión donde se hicieron las referidas manifestaciones tuvo lugar el 16 de
octubre de 2023.

82. Posteriormente, advirtió que «la calidad del video en verdad no permite determinar con
certeza los rostros de las personas que están al frente del público», sin embargo, ello no es
óbice para concluir la configuración de la doble militancia, comoquiera que se escucha una voz
masculina «que se dice corresponder a la de Alex Ramírez Nuza, quien – se reitera - no ha
desconocido en este proceso que se trate de su voz».

83. Agregó que no es necesario tener certeza de quién es la persona que acompaña al
demandado, dado que en su discurso se refirió a la concejala Jaylene.

84. Luego, se refirió al registro fílmico de 0:30 segundos de duración (que identificó como
«video No. 2»), donde se observa al demandado en compañía de la candidata Jaylene Arlee
Jay Hidalgo, quien inicialmente se expresó en lenguaje creole, y sostiene un afiche con la
imagen del señor Ramírez Nuza mientras lo coloca sobre la ventana de una vivienda.

85. Destacó la traducción de los apartes de los dos videos donde se emiten pronunciamientos
en dialecto creole22. La traducción del video 2 da cuenta de las expresiones de quien se dice
es Jaylene Arlee Jay Hidalgo, en las que manifiesta su apoyo al demandado. En cuanto al
video 1, se trata de la referencia que hace el acusado a los 13 días faltantes para el 29 de
octubre.

86. Concluyó que el análisis conjunto de esta evidencia permite establecer que el señor
Ramírez Nuza realizó actos de apoyo en favor de la candidata Jay Hidalgo.

87. Explicó que en el video 1, en efecto, se observa al demandado haciendo declaraciones
proselitistas, no solo en beneficio de sus intereses políticos, sino en favor de Jaylene Arlee Jay
Hidalgo, aspirante al concejo, que no pertenece al partido que lo postuló a la alcaldía y tampoco
integró su coalición, sumado a la invitación clara, directa e inequívoca, en idioma castellano, a
depositar el voto por ella, con lo que se configura la conducta prohibida.

22
Aportada al proceso por el Comité Lingüístico de la Secretaría de Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Prueba ordenada en la audiencia inicial del 24 de septiembre de 2024.

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88. En cuanto al segundo video («video No. 2»), explicó que, a partir de las traducciones y las
menciones parciales en español, se puede constatar un mensaje de apoyo mutuo entre ambos
candidatos, lo que conduce a generar identidad de las campañas ante el electorado. Agregó
que, sin embargo, no existe certeza sobre el elemento temporal de este registro, «por lo que
con este solo video no sería viable estructurar la causal de anulación de doble militancia».

89. Acerca de las pericias aportadas por la defensa, explicó que, si bien en ellas se concluyó
que la evidencia digital no cumplió los protocolos de informática forense para su debido
recaudo, y que por ello no es posible garantizar la originalidad, autenticidad, mismidad e
integridad de los videos, lo cierto es que tales parámetros son relevantes para el análisis de
los mensajes de datos, lo cual no acontece en este caso porque las videograbaciones
aportadas no tienen esa connotación.

90. Sobre la manipulación de estos documentos, advertida en los peritajes, reiteró que la parte
demandada no indicó en qué consistieron, para así verificar si con ello se logra distorsionar la
veracidad de los hechos que representan.

91. Adujo que los señalamientos de los peritos no conllevan a la existencia de signos de
alteración o modificación del contenido del video, es decir, de las personas que allí intervienen
y sus manifestaciones, situación que, insiste, no fue alegada por la parte demandada.

92. En lo relacionado con la inaplicación de la prohibición cuando el respaldo se materializa
sobre miembros de grupos significativos de ciudadanos, advirtió que la conducta proscrita
radica en el ejercicio de la representación democrática, rasgo con el que también se identifican
tales agrupaciones. Por ende, el fundamento de la defensa representa una contradicción con
el fin de la norma y un trato desigual injustificado frente a las demás formas de participación
política.

93. Agregó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-490 de 2011, extendió la prohibición
a las agrupaciones políticas sin personería jurídica, por lo que la afirmación de la defensa del
demandado resulta irrelevante.

1.9. Recursos de apelación

1.9.1. Demandado

94. A través de su apoderado, recurrió la sentencia de primera instancia con el propósito de
obtener su revocatoria23.

95. Detalló que la jurisprudencia de esta sala consolidó un estándar probatorio de acuerdo con
el cual la acreditación del comportamiento prohibido debe llevar al juez a un estado de
convicción que supere toda duda razonable24, por lo que debe aflorar de manera evidente o
de bulto25, lo cual se satisface cuando obran medios de convicción de los que se derivan

23
Índice 208 del expediente de primera instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.
24
«Ver entre otras sentencias del Consejo de Estado: Sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad.
11001-03-28-000-2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, sentencia del 28 de enero de 2021, Rad. 68001-23-33-000-2020-00015-01 (68001-23-33-000-2019-00920-00)».
25
«Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 31 de enero de 2019. Rad. 11001-03-28-000-2018-00008-00».

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patrocinios políticos claros.

96. Frente al punto, expuso que esta sección, en providencia el 21 de octubre de 2021 26,
estableció que cuando los peritajes no logran garantizar la autenticidad e integralidad de un
documento, este no puede otorgar el grado de certeza requerido para acreditar la doble
militancia, y aunque la tacha formulada resultara impróspera, ello no le confiere a la prueba la
entidad suficiente para el efecto. De ahí que, ante la falta de certeza, la controversia debe
resolverse en favor del elegido.

97. Por otra parte, destacó el precedente sobre el valor probatorio de las fotografías, donde se
descartó que el registro de la presencia del acusado en actos políticos, donde comparte
espacios con integrantes de otros partidos, publicidad, gestos o expresiones, configurara, per
se, la conducta proscrita27, de tal suerte que la acreditación del apoyo depende de la
demostración de la asistencia del elegido tendiente a promover otra campaña. En ese orden,
las fotografías, por sí solas, no son prueba suficiente para acreditar que la imagen corresponde
a los hechos que pretende demostrar, sino meros indicios28.

98. De acuerdo con lo anterior, sostuvo que no era posible tener por acreditada la incursión
del elegido en doble militancia, puesto que la primera instancia otorgó relevancia a tres medios
de convicción, esto es, la imagen en la que aparece el demandado junto al señor Lery Henry
Aniseto Taylor y los dos registros fílmicos relacionados con Jaylene Arlee Jay Hidalgo, pese a
que, en su criterio, ninguno demostraba la conducta prohibida.

99. Frente al registro fotográfico, advirtió que el mismo no arroja certeza de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se captó. Agregó que la existencia de propaganda electoral
ajena, en eventos en los que participó el acusado, no permite concluir la doble militancia, por
lo que dicha probanza no cumple el estándar probatorio exigido.

100. Acerca de los videos, reprochó que el tribunal infiriera que las personas y las expresiones
de apoyo mostradas en ellos correspondiera con la realidad fáctica, pese a que se probó su
alteración y modificación con peritajes técnicos.

101. Al respecto, mencionó que los dictámenes aportados, tanto por el Partido Liberal como
por el elegido, demostraron su falta de autenticidad e integralidad, por lo que no es posible
determinar con certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar registradas en tales piezas,
lo que genera duda razonable sobre su alteración.

102. Destacó las conclusiones de los referidos informes periciales, en los que se advirtió que
el archivo identificado por el tribunal como «video No. 2», de 30 segundos y 70 milisegundos
de duración, presentaba cortes de edición que alteraban su secuencia y flujo de imagen.
Además, se indicó que en los dos registros se estableció como fecha el jueves 14 de diciembre
de 2023 a las 15:39 horas, por lo que no era posible determinar la data real de captura, ante
la falta de los archivos originales, ni garantizar su originalidad, autenticidad, correspondencia
con el archivo fuente e integridad.

26
«Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21 de octubre de 2021. Rad: 47001-23-33-000-2020-00075-01»
27
«Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 1 de julio de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01».
28
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección A. Sentencia del 10 de marzo de 2011. M.P.
Mauricio Fajardo Gómez. De esta misma Corporación ver también las sentencias de la Sección Primera, proferidas el 30 de agosto de 2007
y el 25 de marzo de 2010. M.P. Lafont Pianeta; y la sentencia de febrero 3 de 2002, Exp. 12.497. (Cita intern)».

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103. Mencionó que, aun cuando la tacha sobre esta evidencia no prosperó, tal circunstancia
no implicaba que las pruebas en mención tuvieran la entidad suficiente para demostrar la
conducta, comoquiera que los dictámenes generaron dudas razonables sobre la autenticidad
y originalidad de los videos.

104. Agregó que, además, la videograbación que demostraría el apoyo bajo censura no
permite determinar si el demandado era la persona que allí aparece. Frente al punto, sostuvo
que el tribunal decidió inferir que quienes aparecían en ese registro eran Alex Ramírez Nuza y
Jaylene Arlee Jay Hidalgo, razonamiento que se basó en inferencias y suposiciones contrarias
al estándar probatorio que exige el Consejo de Estado29.

105. Añadió que, en ese orden, el material probatorio no permite demostrar, con contundencia,
los actos de respaldo, y no existen otros medios de convicción, como testimonios o
documentos, que permitan garantizar que dicha evidencia no se alteró. En consecuencia, la
duda derivada de esta circunstancia debe resolverse en favor del elegido.

106. Posteriormente, procedió a cuestionar la valoración probatoria del a quo sobre los
referidos videos, para lo cual destacó las conclusiones que sobre el particular expuso el
tribunal.

107. Acerca del archivo que se denominó «video 1», donde aparece una figura masculina que
invita a votar en las elecciones del 29 de octubre por «Jaylene», advirtió que el tribunal pasó
por alto la pericia del 22 de enero de 2024, en la que el profesional de informática determinó
que la fecha de este documento corresponde al 14 de diciembre de 2023 a las 15:39, data que
fue posterior a las elecciones. En ese orden, no se estableció la fecha y hora real de la
grabación, de manera que no es posible garantizar la autenticidad de la prueba.

108. Destacó que el Código General del Proceso, en su artículo 247, establece los parámetros
para que los mensajes de datos tengan valor probatorio, entre ellos, que sean aportados en el
formato en que se generaron, aspecto que, en criterio de esta sala electoral30, requiere la
demostración de varios elementos previstos en la Ley 527 de 1999, a saber, i) el acceso a su
contenido, ii) identidad de quien los produjo, y iii) que no hayan sido alterados ni modificados.

109. Con base en lo anterior, advirtió que ni la parte actora, ni el tribunal, lograron establecer
los requisitos bajo cita, por lo que se desconocieron las premisas legales en mención. Insistió
en que el informe pericial que se practicó sobre esta evidencia señaló que no se podía
garantizar la autenticidad de la grabación, por no contar con el original. Además, la parte actora
no aportó algún documento adicional que permitiera establecer dicho atributo.

110. Cuestionó que el tribunal, aun cuando reconoció que no era posible distinguir a quienes
aparecen en el registro fílmico, concluyera que se configuró la doble militancia. Mencionó que
la afirmación del a quo, al sostener que la figura masculina que pronuncia un discurso
corresponde a la del elegido acusado, porque este no desconoció su voz, carece de lógica,

29
El recurrente citó, entre otras, las sentencias de la Sección Quinta de 3 de diciembre de 2020, radicados 11001-03-28-000-2020-00016-00
y 11001-03-28-000-2020-00017-00; de 28 de enero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2020-00015-01; de 31 de enero de 2019, radicado
11001-03-28-000-2018-00008-00, y de 21 de octubre de 2021, radicado 47001-23-33-000-2020-00075-01.
30
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020- 00016-00 (ACUM.). M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez B. Sentencia del 3 de diciembre de 2020».

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pues aun cuando se trata de una voz masculina, no se logró demostrar que correspondiera
con la del demandado.

111. Acerca del documento que se denominó «video 2», sostuvo que, aunque el tribunal
reconoció que ese registro no permitía estructurar la causal de anulación por falta de certeza
sobre el elemento temporal, lo incorporó al análisis conjunto de las videograbaciones para
derivar un mensaje de apoyo mutuo entre el demandado y Jaylene Arlee Jay Hidalgo. Frente
a esa valoración, advirtió que el a quo desconoció el dictamen practicado sobre dicha
evidencia, según el cual la fecha técnica observada corresponde al 14 de diciembre de 2023,
posterior al certamen electoral, y la pieza presenta cortes o disrupciones que alteran la
secuencia de imagen.

112. En relación con la valoración de la prueba pericial, destacó el análisis hecho por el tribunal
sobre el documento que denominó «dictamen 1», frente al cual el a quo concluyó que las
prácticas sobre la recolección de los videos, y sus características técnicas, están encaminadas
a la verificación de los parámetros para el análisis y valoración de los mensajes de datos, los
cuales no corresponden con los registros fílmicos en mención.

113. Al respecto, advirtió que el tribunal desconoció los derroteros de la Ley 527 de 1999, dado
que la prueba pericial advirtió cortes de edición sobre uno de los registros de video, razón por
la que se rompió la integridad de que trata el artículo 9.° de la preceptiva en mención. Destacó
los elementos aludidos por esta sala electoral31 para la valoración de los mensajes de datos,
frente a los cuales, en su sentir, no se acreditó su cumplimiento por parte del demandado ni
se determinaron por el tribunal.

114. Agregó que las fotografías y videos deben cumplir los parámetros de los artículos 11 y
12 ibidem, relacionados con la confiabilidad en su generación y conservación. Frente a ello,
indicó que la parte actora no presentó una prueba pericial que contradijera los dictámenes para
controvertir la autenticidad de los documentos presentados por el extremo demandante.

115. Acerca del documento que denominó «dictamen 2», destacó la conclusión del a quo
respecto de esta pericia, según la cual la parte demandada no indicó en qué consistía la
alteración alegada, y que los señalamientos de los peritos no conllevan a concluir la existencia
de signos de alteración o modificación del contenido de la prueba. Ante ello, manifestó no
compartir tal razonamiento, comoquiera que la experticia sí demostró la manipulación y
alteración del material videográfico, por los cortes y disrupciones que acreditan la edición del
documento.

116. Con base en lo anterior, concluyó que el tribunal desconoció la prueba pericial aportada
por la defensa.

117. Posteriormente, refirió que la decisión de primera instancia vulneró los derechos
fundamentales del accionado y sus electores, y el principio de eficacia del voto. Dicho reparo
se sustenta en que las dudas probatorias derivadas de los defectos advertidos en la prueba
pericial debían resolverse en favor de los derechos políticos del elegido.

31
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020- 00016-00 (ACUM.). M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez B. Sentencia del 3 de diciembre de 2020».

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118. Explicó que la nulidad del acto de elección impide materializar el principio de eficacia del
voto, dado que obstaculiza la conformación, ejercicio y control del poder político en el territorio.
Resaltó el valor del voto como expresión de la voluntad popular32, de manera que resulta ser
una pieza insustituible del modelo democrático consagrado en la Constitución Política. De ahí
que exista la obligación de preferir una solución jurídica que reconozca la validez del sufragio.

119. A su turno, agregó que los derechos políticos del elegido están protegidos por
instrumentos de derecho internacional, que integran el bloque de constitucionalidad
colombiano, entre ellos el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y por el artículo 40 constitucional que siguió los lineamientos de la referida norma convencional.

120. Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso
Petro Urrego vs Colombia, así como la Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, y
el Consejo de Estado, en pronunciamientos del 9 de agosto de 2016 y 15 de noviembre de
201733, se decantaron por la competencia exclusiva de una autoridad judicial para la restricción
de derechos políticos de los funcionarios de elección popular.

121. Indicó que, de este modo, el demandado en esta causa cuenta con una serie de derechos
políticos respaldados por instrumentos internacionales de derechos humanos, incorporados en
el bloque de constitucionalidad colombiano y reforzados por la jurisprudencia.

122. A su turno, indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 34, en fallo del año
2021, consideró que la protección de los derechos del pueblo raizal reviste importancia
constitucional, dadas las limitaciones históricas que ha padecido por la barrera lingüística, por
lo que ordenó proveer material didáctico en creole para garantizar su participación en
certámenes democráticos.

123. Con base en lo anterior, concluyó que el fallo de primera instancia no solo discrepa de
los estándares probatorios definidos por la ley y el Consejo de Estado, sino que constituye una
vulneración de los resultados del proceso electoral de la comunidad raizal que recibe especial
protección constitucional.

124. Por otra parte, advirtió que el tribunal de primera instancia desconoció el concepto de la
agencia del Ministerio Publico que, en este caso, consideró que no se validaron las pruebas
para acreditar la doble militancia, por lo que solicitó desestimar las pretensiones del libelo.

125. Adicionó que el fallo de primera instancia es tan irregular que uno de los magistrados de
la sala salvó su voto, al encontrar que la valoración de los dictámenes periciales fue
insuficiente, pues a partir de estos se evidenció que la recolección de la prueba digital presentó
irregularidades, y que la prueba era insuficiente para demostrar la doble militancia.

126. Adujo que las irregularidades del trámite ante la primera instancia también se reflejan en
la medida cautelar decretada, que también fue objeto de disidencia en la sala, y que esta
corporación, en proveído del 5 de septiembre de 2024, la revocó debido a que la parte
demandada formuló cuestionamientos sobre la autenticidad de las pruebas, por lo que se debía

32
Sentencia T-245/22
33
En ambos casos sin identificar sus radicados ni precisar una decisión en particular.
34
Sin relacionar un radicado en específico.

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agotar el debate probatorio correspondiente.

127. Finalmente, mencionó que el 23 de abril de 2025 se formuló una recusación contra dos
de los magistrados del tribunal de primer grado, por tener interés directo en las resultas del
proceso, de manera que el proceso debió suspenderse35.

1.9.2. Terceros impugnadores

128. La apelación del demandado fue respaldada por los terceros impugnadores en los
siguientes términos:

129. El ciudadano Huffington Robinson Hon Lenny36 coincidió con el demandado en cuanto
a que el acervo probatorio es insuficiente para acreditar la doble militancia, por no cumplir el
estándar probatorio dispuesto por el Consejo de Estado. Al respecto, precisó que el tribunal
presumió auténticos los registros fílmicos, pese a que se tacharon de falsos, so pretexto de
que el demandado no los desconoció.

130. Adujo que los dictámenes presentados por la defensa cuestionaron la autenticidad de las
videograbaciones, por lo que no fue posible determinar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se registraron. Agregó que, aunque la tacha no prosperó, ello no implica que la
prueba tenga la entidad suficiente para demostrar la prohibición del asunto, pues la experticia
pericial generó dudas razonables sobre la autenticidad de las pruebas.

131. Compartió el fundamento de la alzada, en cuanto a que el fallo de primera instancia afectó
los derechos políticos del elegido, la eficacia del voto y las garantías del pueblo raizal.

132. Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales37, sostuvo que el fallo
apelado fue inconsistente, por cuanto los dictámenes aportados por la defensa evidenciaron
que la prueba audiovisual carece de los elementos técnicos mínimos para garantizar su
validez. Indicó que el propio tribunal reconoció que no se garantizó la cadena de custodia,
pero, a renglón seguido, concluyó que no se desvirtuó la presunción de autenticidad de la
prueba documental.

133. Agregó que la valoración del a quo ignoró los parámetros sobre los mensajes de datos
de que trata la Ley 527 de 1999, y su desarrollo jurisprudencial.

134. Afirmó que los elementos de juicio que aportó la parte actora no satisfacen el estándar
probatorio que exige el Consejo de Estado, lo que impide alcanzar el grado de certeza
necesario para declarar la nulidad de la elección cuestionada. Agregó que la Procuraduría
General de la Nación y el magistrado disidente de la decisión de primera instancia también
coincidieron en la insuficiencia probatoria del proceso.

135. A su turno, el representante legal de la fundación Misión Archipiélago de San Andrés38,

35
La recusación formulada el 23 de abril de 2025 por el apoderado del demandado fue resuelta mediante auto de 1.º de julio de 2025, proferido
por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra (rad.: 88001-23-33-000-2023-00059-01), en el que se rechazó de plano esa solicitud, entre otras
determinaciones.
36
Índice 00211 del expediente de primera instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.
37
Índice 00212 del expediente de primera instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.
38
Índice 00213 del expediente de primera instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.

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cuestionó que la justicia hubiera permitido adelantar dos procesos contra el demandado, por
la misma causa, por cuanto ello implicó, para el accionado, costear causas judiciales y
contratar dos defensas técnicas.

136. Alegó el desconocimiento de la prueba pericial que evidenció alteraciones de las
videograbaciones, y la violación de los derechos del pueblo raizal protegida por la Constitución
Política y el derecho internacional, entre ellos el de elegir a sus autoridades según sus
tradiciones y cultura.

137. Mencionó que el material probatorio es falso, y que no es posible demostrar lo contrario,
por lo que manifestó estar de acuerdo con el salvamento de voto del magistrado disidente de
la sentencia de primera instancia, por lo que destacó su contenido.

138. Expuso que la mayoría del pueblo raizal respaldó en los comicios al demandado, de
manera que el tribunal debió dar un enfoque étnico al asunto, sin embargo, pretermitió que la
elección anulada fue el producto de la expresión libre y autónoma de dicha comunidad.

139. Advirtió que la sentencia de primer grado desconoció la condición del elegido como
miembro del pueblo raizal, al cual no se le permitió participar e intervenir en su propia lengua,
y que los magistrados Nohemí Carreño Corpuso y José María Mow Herrera, pertenecen a
dicha etnia y dominan su dialecto, por lo que son los llamados a hacer valer sus derechos.

140. Aseveró que, aun cuando el sistema judicial colombiano establece que el castellano es
el lenguaje oficial de las actuaciones judiciales, existen disposiciones constitucionales y legales
que permiten la participación y asistencia en un lenguaje diferente, para así garantizar el
acceso a la justicia, por lo que es viable presentar memoriales en lenguas ancestrales.

141. Concluyó que en el expediente no existen pruebas de la conducta de doble militancia, y
que el tribunal tuvo que utilizar demasiados argumentos para justificar su decisión, puesto que
no contó con material probatorio para ese propósito.

1.10. Actuaciones de segunda instancia

142. El 22 de octubre de 2025, el despacho sustanciador39 ordenó devolver el expediente al
tribunal de origen, para que i) resolviera una solicitud de nulidad originada en la sentencia de
primera instancia, ii) la recusación formulada por el director general de la fundación Misión
Archipiélago de San Andrés, y iii) solucionara sobre la petición sancionatoria elevada por el
apoderado de la demandante Evis Eulalia Livingston Howard.

143. En esa misma decisión, el ponente se pronunció acerca de las solicitudes de nulidad
planteadas ante esta instancia por el Partido Liberal Colombiano y el apoderado del
demandado, en el sentido de rechazarlas de plano. Del mismo modo, se rechazó, por
improcedente, la recusación formulada por el señor Richard Martínez Olivera contra los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

144. Mediante proveído del 28 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación.

39
Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

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145. Por auto del 10 de diciembre de 2025 se rechazó, por improcedente, la recusación
formulada por el señor Richard Martínez Olivera contra esta sección.

146. A través de auto del 23 de enero de 2026 se rechazó una petición probatoria en segunda
instancia formulada por la defensa del acusado, y se negaron sus solicitudes de suspensión
del proceso por prejudicialidad y su intervención procesal en lenguaje creole. Finalmente,
ordeno correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto.

147. En providencia del 5 de febrero de 2026 se dispuso no dar trámite al recurso de reposición
formulado por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera contra el auto del 23 de enero de
2026, y remitir al despacho que sigue en turno el recurso de súplica que formuló la defensa del
demandado contra la decisión que negó la prueba de segunda instancia.

148. Esta última decisión fue confirmada por el resto de los integrantes de la sala, a través de
auto del 26 de febrero de 2026.

149. Mediante proveído del 26 de marzo de 2026 el magistrado sustanciador resolvió estarse
a lo resuelto en el auto del 10 de diciembre de 2025, que rechazó, por improcedente, una
recusación formulada por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera contra los magistrados de
esta sección electoral. Además, reiteró el rechazo, por improcedentes las solicitudes de
suspensión del proceso y el incidente de nulidad promovidos por el referido tercero
impugnador.

150. Por auto de 30 de abril de 2026, el despacho ponente se abstuvo de tramitar y resolver
un incidente de nulidad promovido por Richard Nicolás Martínez Olivera, y dispuso abstenerse,
en lo sucesivo, de tramitar y resolver cualquier intervención de dicho tercero, que no se dirija
a respaldar los actos procesales del demandado en este asunto.

1.11. Alegatos de conclusión

1.11.1. Del demandado40

151. El demandado, a través de su apoderado, reiteró que la prueba pericial advirtió que la
fecha de las videograbaciones corresponde al 14 de diciembre de 2023, que es diferente de la
que indicó el demandante (17 de octubre de 2023).

152. Sostuvo que no es jurídicamente sostenible afirmar que los videos 1 y 2 no son mensajes
de datos, precisamente porque se aportaron en archivos digitales en formato MP4. Por tanto,
en los términos de la Ley 527 de 1999, debían someterse a los requisitos de autenticidad,
integridad y trazabilidad previstos en dicha normativa y en el artículo 247 del CGP.

153. Afirmó que el tribunal desconoció este marco jurídico al tratarlos como simples
documentos físicos y presumir su autenticidad sin verificar su integridad. Con ello, además,
facilitó la labor de la parte actora y obstaculizó el derecho a la defensa, por cuanto la
inexistencia de la fuente primaria de los archivos impidió adelantar cualquier verificación
técnica.
40
Índices 77 y 118 del expediente de segunda instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.

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154. Cuestionó que el a quo sostuviera que la parte demandada no precisó en qué consistieron
las alteraciones de las videograbaciones, y que concluyera la inexistencia de signos de
manipulación, puesto que la actividad probatoria del elegido se enfocó, precisamente, en
desvirtuar el mérito probatorio de la evidencia, a través de la prueba pericial aportada.

155. Señaló que el tribunal se contradijo al indicar que la calidad de uno de los videos (video
1) no permitía identificar a las personas que aparecen en la pieza probatoria, al tiempo que,
con base en esa documental, advirtiera la configuración de la doble militancia, so pretexto de
que el acusado no desconoció su voz e imagen.

156. Agregó que el a quo, con sustento en una imagen defectuosa, supuso que el demandado
aparecía en el video, que la voz que se escucha es la suya, y que el acto político contó con un
número considerable de personas, cuando la videograbación revela la aparición de dos
sujetos.

157. Adujo que, por ende, en la sentencia se invirtió indebidamente la carga de la prueba,
cuando el deber de acreditar su autenticidad recaía en los actores.

158. En cuanto al otro registro fílmico, refirió que el dictamen correspondiente advirtió cortes
de edición que cambiaron la secuencia de las imágenes, razón por la que no podía valorarse
como mensaje de datos al estar incompleto y alterado.

159. Insistió en que, contrario a la afirmación del tribunal, los videos sí fueron tachados a través
de los dictámenes presentados por la defensa. En todo caso, lo que se extrae de la pieza
probatoria en cuestión es que la entonces candidata Jaylene Arlee Jay Hidalgo fue quien
desplegó actos de apoyo hacia el elegido, y que las expresiones que se atribuyen a este último
como «vamos a hacer un buen trabajo, que vamos a ser un gran equipo», o cuando, al unísono,
ambos manifiestan «tú y yo somos la solución», solo refiere una posibilidad futura de trabajo
mancomunado, que no equivale a desplegar un acto positivo de apoyo.

160. Advirtió que el tribunal ignoró un componente contextual que impide la configuración de
la doble militancia en el caso concreto, al dar por sentado que el Partido Liberal Colombiano y
la coalición «Providencia y Santa Catalina, Islas Justas para la Vida», son lo mismo, pese que,
jurídicamente, son distintos. Al respecto, indicó que el supuesto de la prohibición se
configuraría si la referida coalición hubiera presentado candidatos al Concejo de Providencia,
lo cual, por cierto, no ocurrió.

161. Explicó que el parágrafo 2.° del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 prohíbe el apoyo a un
candidato distinto del que designó la coalición, sin referencia a alguna de sus partes, por lo
que no era posible asumir la configuración de la doble militancia porque el partido del
demandado presentó una lista al Concejo, sin prueba de que la coalición hubiera hecho lo
propio.

162. Sostuvo que, además, la doble militancia no se configura cuando un candidato de un
partido tradicional decide respaldar la aspiración de un grupo significativo de ciudadanos. Aun

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cuando la jurisprudencia41 ha dicho que estas agrupaciones son sujetos activos de la doble
militancia y, por ende, destinatarios de la prohibición, ello no implica que la intervención pasiva
de sus aspirantes, al recibir el apoyo, configure la conducta.

1.11.2. Parte demandante42

163. La accionante Evis Eulalia Livingston Howard, a través de su apoderado, manifestó
que la contundencia de las pruebas digitales aportadas es suficiente para acceder a las
pretensiones de la demanda, dado que las manifestaciones de apoyo del demandado, hacia
candidatos distintos de los que presentó su partido, sin claras e inequívocas, y se dieron
durante el periodo de campaña electoral.

164. Destacó que los videos aportados mantuvieron su valor de convicción, toda vez que la
prueba pericial no desvirtuó que el demandado sea quien aparece en ellos, ni desmanteló su
presunción de autenticidad. Mencionó que la pericia que se practicó sobre las pruebas refirió
incorrecciones técnicas, pero en manera alguna advirtió que la voz o la imagen no
correspondiera con la del acusado elegido, de modo que cumplen con los requisitos para su
valoración previstos en el Código General del Proceso.

1.11.3. Terceros intervinientes

165. El señor Richard Nicolás Martínez Olivera43, advirtió la existencia de una acción de
tutela en curso, por lo que cualquier decisión de este proceso, sin considerar el alcance de la
protección judicial solicitada, podría generar un perjuicio irremediable.

166. Mencionó que la negativa probatoria, en segunda instancia, sumada a la mora en los
términos procesales, constituye una vía de hecho por defecto fáctico y procedimental. Solicitó
que, al momento de resolver un recurso de súplica,44 se valoren los argumentos de oposición
a las sanciones y se garantice la contradicción sobre las pruebas negadas.

167. El Partido Liberal Colombiano45, por intermedio de su director Jurídico, advirtió que la
decisión de primera instancia se fundamentó en un video cuya autenticidad, identidad de los
sujetos, temporalidad e integridad no fueron acreditadas. Sostuvo que los dictámenes
periciales evidenciaron ausencia de archivo original, falta de cadena de custodia, inexistencia
de metadatos, deficiencias técnicas del material y fecha de creación del archivo (14 de
diciembre de 2023) incompatible con la época electoral. Afirmó que no existe prueba técnica
que atribuya la voz o imagen al demandado y que el Tribunal acudió a apreciaciones subjetivas
para suplir la falta de autenticidad.

168. Mencionó que, tratándose de mensajes de datos, la parte actora debía acreditar
integridad y autenticidad, y que la duda razonable debía resolverse a favor de la validez del
acto electoral.

41
Corte Constitucional. Sentencia C-490/11.
42
Índices 114 y 115 del expediente de segunda instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.
43
Índice 00100 del expediente de segunda instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.
44
En ese entonces, estaba pendiente la resolución del recurso de súplica que el demandado formuló contra el auto que negó su solicitud de
pruebas en segunda instancia.
45
Índice 00116 del expediente de segunda instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.

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169. El tercero impugnador Huffington Robinson Hon Lenny46, por intermedio de
apoderada, consideró que el Tribunal valoró indebidamente el acervo probatorio y aplicó un
estándar de convicción inferior al exigido por la jurisprudencia para acreditar la doble militancia
en la modalidad de apoyo.

170. Reiteró, en línea con lo expuesto por la defensa y otros intervinientes, que las pruebas
aportadas con las demandas (dos videos y una fotografía) presentan deficiencias técnicas
relevantes, tales como ausencia de metadatos, ruptura de la cadena de custodia y posibles
ediciones, según los peritajes practicados en primera instancia. A su juicio, estas falencias
impiden alcanzar el estándar de prueba más allá de toda duda razonable.

171. Cuestionó que el Tribunal, al exigir al demandado que negara expresamente la voz o la
imagen allí registradas, invirtió indebidamente de la carga probatoria. Enfatizó que la tacha no
se limitó a cuestionar la forma, sino que se sustentó en informes técnicos que advertían
alteraciones y ausencia de elementos mínimos para establecer origen, autoría, fecha y
contexto de las piezas audiovisuales.

172. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales47, por intermedio de apoderado,
sostuvo que la sentencia de primera instancia se fundamentó en pruebas audiovisuales cuya
autenticidad e integridad no fueron acreditadas conforme a los estándares técnicos exigidos
para los mensajes de datos.

173. Señaló que el informe pericial de informática forense concluyó que no era posible verificar
la autenticidad de los archivos, que uno de los videos presentaba cortes de edición y
alteraciones internas, y que existían inconsistencias en la forma de obtención y preservación
del material. Sin embargo, el tribunal desconoció estas advertencias técnicas y otorgó valor
determinante a pruebas cuya fiabilidad no fue demostrada. Afirmó que las piezas audiovisuales
no permiten acreditar de manera clara e inequívoca los elementos constitutivos de la doble
militancia en modalidad de apoyo, pues no demuestran actos positivos y concretos de respaldo
a otra colectividad.

174. Resaltó que la anulación de un acto electoral exige prueba plena y concluyente, y que en
este caso persisten dudas razonables sobre la autenticidad del material y sobre la existencia
misma del apoyo alegado. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y mantener la validez de la elección.

1.12. Concepto del Ministerio Público

175. La procuradora séptima delegada ante esta corporación judicial no rindió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

176. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por el demandado, respaldado por los terceros impugnadores, contra la

46
Índice 00117 del expediente de segunda instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI.
47
Índice 00119 del expediente de segunda instancia contenido en el sistema de gestión judicial SAMAI

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sentencia de 21 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo previsto en
los artículos 15048 y 152, numeral 7, literal a) 49, del CPACA, y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo
434 de 202450.

2.2. Cuestión previa

177. La parte demandada, en su alzada, alega que el 23 de abril de 2025 presentó una
recusación contra dos magistrados del tribunal de primer grado, por lo que se debía suspender
el proceso.

178. Sobre el particular, es necesario anotar que el magistrado conductor del proceso51, a
través de auto del 22 de octubre de 2025, ordenó devolver el expediente al tribunal para que
resolviera la solicitud de nulidad originada en la sentencia planteada por la aparente
irregularidad de que se trata52, y fue resuelta mediante proveído del 7 de noviembre de 2025,
en el sentido de rechazarla.

179. Acerca del argumento de los alegatos, donde advierte que la doble militancia en este
caso solo se configura cuando la coalición, además de promover la aspiración del demandado,
presenta una lista para la corporación municipal, no será resuelto, por cuanto no se elevó como
reparo de la apelación.

180. Por su parte, el tercero Richard Nicolás Martínez Olivera, en el memorial con el cual
respaldó la apelación que presentó el demandado, cuestionó que al elegido no se le permitió
intervenir en el dialecto de la comunidad raizal, como garantía de acceso a la justicia, y que
existe una acción de tutela en curso, por lo que cualquier decisión de este proceso, sin
considerar el alcance de la protección judicial solicitada, podría generar un perjuicio
irremediable.

181. Al punto, la sala se abstendrá de resolver tales censuras, comoquiera que desbordan los
límites del tercero impugnador, quien, como se le ha puesto de presente, está limitado a
respaldar las intervenciones de la parte que ayuda, en este caso el demandado quien, valga

48
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…).
49
«ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo modificado por el
artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de
los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los
municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto
popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;
(…)».
50
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE
LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta. 1. La acción de nulidad electoral contra
los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales (…).
51
Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
52
Mediante esa providencia se ordenó remitir el expediente al tribunal para que resolviera tres solicitudes pendientes: i) la nulidad originada
en la sentencia, formulada por el Partido Liberal Colombiano y el demandado; ii) la recusación presentada por el director general de la
Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, y iii) la petición sancionatoria elevada por el apoderado de la demandante Evis Eulalia
Livingston Howard. En el mismo auto se rechazaron de plano las solicitudes de nulidad procesal propuestas ante esta instancia por el Partido
Liberal Colombiano y el apoderado del demandado.

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decir, no expuso reparos sobre el particular en su alzada.

2.3. Problema jurídico

182. Corresponde a esta Sección resolver, dentro de los límites del recurso de apelación y de
las intervenciones que lo respaldan, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia
de 21 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

183. Para tal efecto, se estudiará el caso concreto, oportunidad en la que se determinará si el
tribunal podía valorar la prueba audiovisual aportada por la parte demandante, pese a que la
defensa cuestionó su autenticidad con apoyo en dictámenes periciales. Si se concluye que
dichos medios de convicción podían ser apreciados, se examinará si con ellos se acreditó la
doble militancia en la modalidad de apoyo atribuida al demandado.

2.4. De la doble militancia

184. Esta conducta prohibida fue introducida en el ordenamiento jurídico colombiano con el fin
de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las agrupaciones políticas, para evitar que
sus militantes desplegaran conductas contrarias a los principios y lineamientos propios de cada
uno de ellos.

185. Sobre el particular, el artículo 107 de la Constitución Política dispone:

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y
movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido
o movimiento político con personería jurídica.

(…).

186. Asimismo, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 establece:

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido
o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se
establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política,
según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá
establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de
los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos
por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que
resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse
a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul
al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo
de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo
doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como

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Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

candidatos.

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de
la inscripción.

PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de
los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan
la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los
cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.
(Énfasis fuera del texto).

187. Conforme con lo anterior, es claro que la doble militancia tiene varias manifestaciones,
algunas de ellas consagradas en la misma Carta Política, otras introducidas por la Ley 1475
de 2011, las cuales han sido consolidadas por la jurisprudencia de Sección en cinco
modalidades, según sus destinatarios, así53:

i) Los ciudadanos: «En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más
de un partido o movimiento político». (Inciso 1.° del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).

ii) Quienes participen en consultas: «Quien participe en las consultas de un partido o movimiento
político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral».
(Inciso 5.° del artículo 107 de la Constitución Política).

iii) Miembros de una corporación pública: «Quien siendo miembro de una corporación pública
decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos
doce (12) meses antes del primer día de inscripciones». (Inciso 12 del artículo 107 de la
Constitución Política e inciso 2.° del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).

iv) Directivos de organizaciones políticas y candidatos: «Quienes se desempeñen en cargos de
dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan
sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar
candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o
movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y
si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán
renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones ». (Inciso 2.° del
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).

v) Directivos de organizaciones políticas: «Los directivos de los partidos y movimientos políticos
que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos
políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben
renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos
como candidatos». (Inciso 3.° del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).

188. De igual forma, resulta del caso reiterar que a partir de la entrada en vigor de la Ley 1437
de 2011, la doble militancia constituye una causal autónoma de nulidad electoral, con
consagración expresa en el numeral 8.° del artículo 275 del CPACA en los siguientes términos:

53
Ver entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre del 2016,
expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los
eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:

(…)

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.54

2.4.1. De la doble militancia en la modalidad de apoyo

189. Frente a la configuración de la modalidad de apoyo en materia de doble militancia, esta
Sección ha sido clara al identificar los elementos para su configuración, así55:

a. Elemento subjetivo

190. El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en su
modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección, gobierno,
administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los miembros de las
organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo en cargos o corporaciones de
elección popular.

191. Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige que el
demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.

b. Elemento objetivo

192. La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y movimientos
políticos que difieren de aquel al que pertenece el accionado.

193. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por esta Sección como la ayuda,
asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o medida a un candidato distinto al
avalado o apoyado por la respectiva organización política.

194. En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, se ha reconocido que la asistencia censurada
debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que demuestren el
favorecimiento político al candidato de otra organización.

195. Asimismo, la Sección Quinta ha hecho referencia a la frecuencia con la que deben
producirse las acciones que denotan asistencia, afirmando que los actos de acompañamiento
político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuos, sino instantáneos, de donde se
colige que la configuración de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través
de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política.

196. Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido en la
legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de
cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a través del cual

54
Al momento de su inscripción según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-334 de 2014.
55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero del 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra. Rad. 11001-03-28-000-2022-00196-00.

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se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada por el partido
o movimiento político del que hace parte el accionado.

c. Elemento temporal

197. Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011,
no hace referencia expresa al período o plazo en el que deben producirse los apoyos, una
interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva a aceptar que la materialización
de la asistencia indebida debe suceder en el contexto de la campaña política, toda vez que
«(…)solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra»;
término que se extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su
aspiración y va hasta la fecha de la elección.

d. Elemento modal de la conducta

198. La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige que el
partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya inscrito una
candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate, comoquiera que solo en este
evento puede reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido
al medio de control de nulidad electoral.

199. Entonces, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura política de la que
hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones explícitas, mediante las cuales
su partido se compromete de lleno con la candidatura postulada por un movimiento distinto, lo
que obliga al demandado a respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse
a aquellos de la colectividad.

e. Elemento territorial

200. De los precedentes de la Sección es posible advertir que el respaldo recriminado por el
legislador estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al concejo a la aspiración
proselitista de un candidato a la alcaldía de la misma municipalidad–, pero también en el
escenario de circunscripciones territoriales diversas.

201. De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia o no
de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos positivos y concretos
las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una organización distinta de la suya,
fomentando sus posibilidades de acceso a un cargo de elección popular.

2.5. Caso concreto

202. Como se indicó al formular el problema jurídico, se debe establecer si la prueba
audiovisual aportada al proceso podía ser valorada, pese a los reparos de autenticidad,
integridad y trazabilidad expuestos por la defensa, y si de su apreciación se desprende la
conducta de doble militancia en la modalidad de apoyo atribuida al demandado.

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203. Esta sección anticipa que revocará la sentencia de primera instancia, toda vez que el
acervo probatorio no permite tener por acreditada, con el grado de certeza exigido, la conducta
atribuida al elegido.

2.5.1. Consideraciones preliminares

204. Previo a descender a la exposición de las razones por las que se procederá en el sentido
indicado, se hacen las siguientes precisiones.

205. El demandado, en la apelación, advierte que el registro fotográfico donde aparece con el
señor Lery Henry Aniseto Taylor, no logra demostrar la conducta prohibida, toda vez que no
arroja certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se captó.

206. La sala debe aclarar que el tribunal de primera instancia advirtió que la parte actora no
demostró que, entre otros, el señor Aniseto Taylor se hubiera presentado como candidato a
las justas electorales del 29 de octubre de 2023. Además, sostuvo que, en todo caso, las
fotografías con las que se pretendía acreditar los actos de respaldo no daban cuenta de la
configuración de la conducta proscrita.

207. En ese orden, resulta irrelevante descender al análisis del reparo de la alzada que
cuestiona del valor de convicción del registro fotográfico con base en el cual se demostraría
un acto de respaldo hacia Aniseto Taylor, comoquiera que en la decisión de primera instancia
se desestimó ese cargo de la demanda.

208. Por otra parte, la alzada, con apoyo de algunos terceros, advierte la afectación de los
derechos políticos del elegido, respaldados en instrumentos de derecho internacional, entre
ellos el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 40
constitucional que siguió los lineamientos de la referida norma convencional, con base en los
cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Petro Urrego vs
Colombia, así como la jurisprudencia nacional, privilegian la competencia exclusiva de una
autoridad judicial para la restricción de los derechos políticos.

209. Además, refieren que la protección de los derechos políticos de la comunidad raizal
reviste importancia constitucional, dadas las limitaciones históricas que ha padecido por la
barrera lingüística, razón por la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó
proveer material didáctico en creole para garantizar su participación en certámenes
democráticos.

210. Frente al punto, es importante que la parte demandada tenga presente que el
ordenamiento constitucional colombiano contempla, en el artículo 40 de la Carta Política, el
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, de modo que,
para hacerlo efectivo, un ciudadano puede, en efecto, «[e]legir y ser elegido»56.

211. Sin embargo, el precepto superior bajo cita también prevé, entre otras formas de hacer
efectivas las garantías políticas, la que permite «[i]nterponer acciones públicas en defensa de

56
ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este
derecho puede: (…) 1. Elegir y ser elegido. (…)

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la Constitución y de la ley»57, lo que denota que las prerrogativas fundamentales bajo cita no
se limitan a la participación, conformación y ejercicio, sino que se extienden al control mismo
de la actividad política.

212. De ahí el fundamento constitucional que respalda el precepto del artículo 139 de la Ley
1437 de 2011, en cuanto dispone que «[c]ualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos
de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento
que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden».

213. En esa medida, los derechos políticos no son absolutos, por lo que el acceso al poder
público encuentra límites en las disposiciones legales que persiguen la protección del sistema
democrático, entre ellas la institución de la prohibición de la doble militancia prevista como
causal de nulidad en el numeral 8.° del artículo 275 ibidem, que «no solo irradia la disciplina
partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático»58, al exigir a los
actores políticos honrar el compromiso con su propio ideario y el de su colectividad.

214. Por consiguiente, no resulta acertado sostener que los representantes del pueblo raizal,
por el hecho de su pertenencia al mismo, no estén sujetos a las reglas políticas del estado de
derecho, máxime cuando, precisamente, se trata de una minoría étnica que requiere atención
y protección especial por parte del Estado y sus instituciones.

215. En todo caso, la ley no prevé disposiciones que exceptúen a los miembros de la
comunidad raizal del acatamiento de las reglas que rigen la democracia del Estado de derecho,
que les permita apartarse de la lealtad partidista e ideológica que protege la prohibición de
doble militancia.

216. Adicional a ello, la protección que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 59,
según lo refieren el demandado y uno de los terceros, se orientó a superar las barreras
lingüísticas que dificultaban el derecho de participación política de esta población,
circunstancia que dista de lo que se debe resolver en este asunto, comoquiera que no se
plantearon, menos aún se discutieron, reparos de ilegalidad dirigidos a anular la elección
cuestionada por dicha circunstancia.

217. Ahora bien, es importante puntualizar que el estándar interamericano de protección de
los derechos políticos, entre ellos los que conciernen a los servidores públicos de elección
popular, limita la competencia para su restricción definitiva en cabeza de una autoridad judicial,
tal cual se decantó en el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que resolvió el caso Petro Urrego vs Colombia y se armonizó por la Corte Constitucional en la
sentencia C-030/23.

218. En ese orden, es de anotar que la controversia en torno a la legalidad de la elección del
demandado se ha ventilado, exclusivamente, en instancias judiciales, por lo que no se advierte
contrariedad alguna con dictados internacionales sobre derechos humanos relacionados con
la atribución para adoptar decisiones que a la postre, limiten el ejercicio y goce de los derechos
políticos garantizados en el orden convencional y constitucional.
57
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
58
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021. Exp: 05001-23-33-000-2019-03316-01. M.P: Carlos Enrique
Moreno Rubio.
59
No se aportó la providencia que resolvió sobre este particular.

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219. De otro lado, la Sala no comparte el criterio del demandado, y sus coadyuvantes, que
supone que el apoyo proscrito no se configura cuando este se despliega en favor de un
candidato promovido por un grupo significativo de ciudadanos.

220. Con este argumento, se pretende menguar la relevancia de estas agrupaciones
coyunturales en la conformación del poder político, perdiendo de vista que la intención del
constituyente, al incluir estas organizaciones como actores políticos fue, precisamente, la de
ampliar el espectro de la democracia participativa más allá de los partidos y movimientos con
personería jurídica60.

221. Adicionalmente, como lo sostuvo esta Sala61, «estos grupos recogen una voluntad
popular cualitativamente importante, cuya finalidad puede ser la de obtener resultados
concretos sociales y/o económicos o simplemente participar en un proceso electoral
determinado» (Negrillas fuera de texto).

222. De ahí que deba entenderse que los grupos significativos de ciudadanos son verdaderos
actores políticos bajo el amparo de un respaldo popular importante, al punto que pueden
presentar aspiraciones electorales.

223. En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia C-490 de 2011,
sostuvo que, si tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella pueden
presentar candidatos a elecciones, y bajo el entendido de que la prohibición de doble militancia
tiene como objetivo la disciplina y respeto por un programa político y un direccionamiento
ideológico, «carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las
citadas clases de agrupación política» (Negrillas fuera de texto).

224. Sobre las consideraciones que anteceden, es prudente concluir que el objeto de la
prohibición también involucra la promoción de candidaturas presentadas por los grupos
significativos de ciudadanos, pues estos también son actores de la contienda electoral y, por
ende, están en condiciones de disputar el acceso al poder político con las colectividades que
gozan de personería jurídica.

225. No se debe perder de vista, a propósito, que la conducta proscrita que se reprocha al
demandado le endilga la promoción de una aspiración política postulada por un grupo
significativo de ciudadanos, que disputaba las curules que pretendía su propio partido, por lo
que ese patrocinio, de llegar a probarse, se traduce en una manifestación de deslealtad hacia
las pretensiones políticas de la colectividad que le avaló para ser candidato a la alcaldía.

226. Debe acotarse, además, que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 no establece
excepciones en punto al espectro de la prohibición, en tanto prevé que quienes aspiren a
cargos de elección popular, «no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido
o movimiento político al cual se encuentren afiliados».

227. En este caso, la doble militancia se predica de un candidato a quien le está prohibido

60
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 15 de julio de 2021.Exp: 11001-03-28-000-2019-00098-00 (2020-00019-00, 2020-00020-
00). M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
61
Ibidem.

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apoyar aspirantes de otras colectividades distintas de las que presentó su agrupación política,
y por ser el sujeto activo de la prohibición, en él recaen los elementos que contiene la norma.

228. Por otra parte, el extremo apelante alegó el desconocimiento del concepto del Ministerio
Público rendido ante el tribunal, y que las irregularidades de la sentencia de primera instancia
se evidencian en el salvamento de voto de uno de los integrantes de la sala que la dictó,
pronunciamientos que, en ambos casos, cuestionaron el valor de convicción del acervo
probatorio.

229. Sobre el particular, la sala debe aclarar que las intervenciones de las agencias delegadas
ante las autoridades judiciales, y las manifestaciones disidentes de los jueces colegiados, aun
cuando contienen los razonamientos legales vinculados al caso concreto, y por ende
despliegan una labor jurídica, no constituyen una fuente formal de derecho que vincule el
sentido del pronunciamiento judicial. Además, se debe tener en cuenta que las decisiones
colegiadas se adoptan por mayoría.

230. En Colombia, por ministerio de la Carta Política en su artículo 230, «[l]os jueces, en sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley», y si bien la norma cataloga la
jurisprudencia como criterio auxiliar de la actividad judicial, no hay que pasar por alto que la
postura interpretativa sobre el alcance del precedente le ha ubicado como fuente creadora de
derecho y, por ende, con carácter vinculante para los jueces62.

231. De este modo la ley y la jurisprudencia constituyen los insumos legales para dictar una
providencia en derecho, que bien podría no coincidir con el concepto del Ministerio Público o,
incluso, presentar discrepancias con el criterio de alguno de los jueces colegiados, sin que ello
deslegitime la justicia del pronunciamiento.

232. Finalmente, en cuanto al argumento de la apelación, según el cual las irregularidades del
trámite ante al tribunal se reflejan en el hecho de que esta sala hubiera revocado la medida
cautelar decretada por el a quo, ello en manera alguna constituye un vicio del trámite que traiga
como consecuencia la revocatoria de la sentencia.

233. El razonamiento jurídico del superior bien puede discrepar del criterio vertido en la
providencia revocada, sin que ello se traduzca en una irregularidad, máxime cuando,
tratándose de medidas cautelares, lo resuelto «no implica prejuzgamiento».

234. Hechas estas precisiones, la sala se enfocará en resolver los cuestionamientos de la
alzada sobre el valor de convicción de los medios de prueba aportados al proceso, y la
procedencia de su valoración.

2.5.2. La autenticidad de la prueba

235. El demandado y los terceros impugnadores cuestionan que el tribunal anulara el acto de
elección demandado con fundamento en un acervo probatorio cuya autenticidad se puso en
entredicho, con base en experticias técnicas que desvirtuaron sus atributos como medio de
convicción, por lo que no debieron valorarse al no cumplir los requisitos de los mensajes de

62
Corte Constitucional. Sentencias C-836/01 y C-816/11.

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datos. En consecuencia, censuran el desconocimiento de la experticia técnica y que la decisión
se fundara en una prueba frente a la cual se descartó su autenticidad.

236. Antes del análisis correspondiente, se considera necesario superar la confusión que
adolece el extremo demandado sobre lo que debe entenderse como mensaje de datos, en
tanto supone que los archivos de video aportados al proceso, en formato Mp4, ostentan esa
categoría documental y, por ende, deben cumplir los requisitos para su valoración en instancias
judiciales previstos en la Ley 527 de 1999.

237. De este modo, se pone de presente que los mensajes de datos no pueden agruparse en
la misma categoría con cualquier otra clase medios magnéticos con evidencia digital, dadas
sus características particulares.

238. La primera distinción entre estos formatos se deriva del texto del artículo 243 del Código
General del Proceso, que se ocupó en distinguir los mensajes de datos, propiamente dichos,
de aquellas reproducciones de su contenido.

239. En efecto, la norma enlista las distintas clases de documentos en «los escritos, impresos,
planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos,
grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas,
cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo
o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares» (negrillas fuera
de texto).

240. Como bien podrá apreciarse, el legislador, al definir las distintas clases de documentos,
distinguió los mensajes de datos de otros formatos como, entre otros, las videograbaciones.

241. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha venido estructurando una línea
jurisprudencial clara y congruente en punto al tratamiento probatorio que se le debe dar a los
mensajes de datos en el contencioso electoral63, a partir de los elementos que se pueden
disgregar de la Ley 527 de 199964, normativa que los define como toda aquella información
«…generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o
similares…» (Art. 2) y, a su turno, los reconoce como medios de prueba en el marco de
cualquier actuación administrativa y judicial65.

242. Frente a este último aspecto, la ley en cita prevé los denominados «equivalentes
funcionales»66 que, en palabras simples, no son otra cosa que las exigencias que deben
cumplir esos mensajes de datos para que adquieran la connotación de «medio de prueba», a

63
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 1º de julio del 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00, MP Rocío Araújo Oñate.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 1º de julio del 2021, Rad. 050001-23-33-000-2020-00006-01, MP Rocío Araújo Oñate (E).
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 21 de octubre del 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP Carlos Enrique
Moreno. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 3 de diciembre del 2020, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, MP Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
64
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
65
Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de datos serán
admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera,
Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria
y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón
de no haber sido presentado en su forma original.”
66
Para conocer el origen de este principio, véase: Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva.

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saber: (i) que su contenido resulte accesible para posteriores consultas (artículo 6°67); (ii) que
se conozca la identidad de su iniciador (artículo 7°68); y (iii) que se garantice su integridad
desde el momento en que se generó por primera vez (artículo 8°69).

243. De ahí que el artículo 247 del Código General del Proceso disponga que «[s]erán
valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo
formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo
reproduzca con exactitud».

244. En suma, el cumplimiento de estos requisitos convalida el carácter probatorio que podría
atribuírsele a las diferentes tipologías de mensajes de datos que, entre sus variaciones más
comunes, encontramos los correos electrónicos, las publicaciones o posts –equivalente en
inglés– de fotos y videos a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, X, etc.). Una
vez acreditadas esas exigencias, la prueba puede ser valorada como mensaje de datos a la
luz de la sana crítica y demás criterios procesales70.

245. Acorde con lo anterior, una cosa es un mensaje de datos en su formato original –
entiéndase correos electrónicos, vínculos de internet que lleven a fotografías y videos
publicados en redes sociales–, y «otra muy distinta es un documento –electrónico o físico– que
represente lo que aquellos contienen, lo que sucede cuando (…) la descarga de archivos
multimedia –texto, imágenes, audios, videos– que da origen a una nueva prueba»71.

246. En este orden de ideas, frente a estos últimos se debe dar aplicación a las reglas
generales de los documentos72, particularmente, en lo que tiene que ver con el proceso de
aducción o incorporación de la prueba que se rige por el principio de libertad probatoria; a
diferencia de lo que acontece con los mensajes de datos, cuya vocación de medio de prueba
dependerá del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, identificación e integridad ya
vistos.

247. De ahí que el mensaje de datos que reúna las condiciones de accesibilidad, identificación
e integralidad, podrá ser valorado como prueba en instancias judiciales.

248. A su turno, las pruebas documentales contenidas en otras clases de soporte o formato,
como su reproducción física o el medio magnético a través del cual se aporta, se valorarán
conforme con las reglas generales de los documentos, cuya autenticidad se presume mientras

67
“Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la
información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.”
68
“Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un
mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un
mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación…”.
69
“Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho
con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento
en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma…”.
70
Art. 11 de la Ley 527 de 1999.
71
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de septiembre de 2025. Exp: 68001-23-33-000-2024-00047-01 (Principal). M.P: Luis
Alberto Álvarez Parra.
72
Al respecto, la Corte Constitucional expuso en sentencia C-604 de 2016, señaló: :“Como se indicó, el inciso demandado –2° del artículo
247 del CGP– regula aquellos casos en que el contenido originalmente creado, enviado o recibido mediante canales electrónicos, ópticos u
otros de la misma naturaleza, no es aportado al proceso en el mismo formato en que se transmitió o en uno, de carácter electrónico, que lo
reproduzca con exactitud, sino en una impresión en papel y, como consecuencia, se prevé la aplicación de las reglas general de valoración
sobre los documentos. No se está en presencia de un mensaje de datos propiamente dicho, como interpretan los demandantes, sino de una
copia de su contenido y, por ende, de un documento ordinario de papel que el legislador, para su valoración, sujeta a las reglas generales
de los documentos” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

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Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

249. Al margen de la anterior distinción, hay que precisar que ambos comparten la naturaleza
común de constituir pruebas de tipo documental que, por virtud de lo preceptuado en el artículo
244 del Código General del Proceso, están revestidas de una presunción de autenticidad de
aquellas denominadas iuris tantum, esto es, las que admiten prueba en contrario. Por
consiguiente, tal presunción puede ser desvirtuada, bien a través de otros medios de
convicción o acudiendo a las figuras de la tacha de falsedad o el desconocimiento de
documento.

250. En esas condiciones, el tribunal de primera instancia acertó al concluir que los vínculos
de la red social Facebook aportados por la parte demandante, que según su dicho conducen
a una publicación del 17 de octubre de 2023 en el perfil de Jaylene Arlee Jay Hidalgo, y a otra
del 24 de septiembre de 2023 en el perfil de Lery Henry Aniseto Taylor, no cumplen los
presupuestos de los mensajes de datos previstos en la Ley 527 de 1999, comoquiera que, en
efecto, las publicaciones a las que al parecer conducen no están disponibles, razón por la que
no es posible su análisis.

251. En ese orden, la valoración probatoria del caso debía recaer, como en efecto ocurrió,
sobre los dos archivos en formato Mp4 aportados por el demandante Gilbert Kenin Bush
Brown.

252. Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que la controversia probatoria se concentra
principalmente en el archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez», pues de ese registro, en
especial del segmento comprendido entre los minutos 4:15 y 4:2873, se extrajo la supuesta
invitación a votar por Jaylene Arlee Jay Hidalgo.

253. El archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez II» fue incorporado junto con aquel en la
carpeta comprimida aportada con la demanda, pero su relevancia en este punto es auxiliar, en
tanto sirve como elemento de contraste y no como fuente directa de la manifestación que,
según la parte actora, configuraría el apoyo electoral atribuido al señor Alex Alberto Ramírez
Nuza.

254. Además, el tribunal no lo tuvo como medio suficiente para estructurar, por sí solo, la doble
militancia, dada la falta de certeza sobre su elemento temporal, sino que lo valoró de manera
conjunta con el registro de 4 minutos y 28 segundos.

255. Ahora bien, la parte demandada considera que la prueba pericial practicada sobre estos
medios de convicción demostró su falta de autenticidad e integralidad, debido a que su
recolección no observó los protocolos de informática forense, por lo que no fue posible conocer
su trazabilidad y, por ende, el rastro que conduzca a la fecha de su creación, mismidad y
originalidad. Así mismo, advierte que la data de la evidencia, que se acreditó con la experticia,
es posterior a la fecha de la jornada electoral y uno de tales videos presenta cortes de edición.

256. La sala advierte que la prueba pericial no desvirtuó la presunción de autenticidad que

73
Informe forense J2911-120724 de 12 de julio de 2024, rendido por Juan Carlos Angarita Cruz y Mauricio Javier Vargas Sánchez, dentro del
radicado 88-001-23-33-000-2023-00067-00. En el punto 7 se indicó que el video atribuido a una publicación en Facebook de 17 de octubre
de 2023, en la página de Jaylene Arlee Jay Hidalgo, contenía, según la parte actora, una invitación a votar por dicha candidata entre los
minutos 4:15 y 4:28. También se señaló que el enlace fue borrado y que se aportó copia del video íntegro junto con otro registro audiovisual.

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ampara la evidencia documental, comoquiera que sus conclusiones se enfocaron en sostener
inconsistencias técnicas de la evidencia, sin advertencias de alteraciones de lo que representa
su contenido.

257. Bien sostuvo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que la tacha de
un documento supone una querella que denuncia la falsedad material que se surte en casos
como cuando «la voz o la imagen grabadas no corresponden a la persona a la que se
atribuye»74.

258. Esta Corporación converge con esa línea. Efectivamente, para esta sala es procedente
la valoración de la prueba documental, cuando la pericia con la que se pretende quebrar su
autenticidad no permite concluir «que las imágenes y discursos que representan no
corresponden con los acontecimientos registrados»75.

259. En tal sentido, el análisis pericial de la evidencia pierde utilidad cuando «se circunscribe
a advertir ciertas falencias en la metodología de recaudo de elementos probatorios y advierte
las dificultades de análisis que ello trae consigo, pero para nada es conclusivo en afirmar que
en alguno o todos los videos e imágenes aportadas por los demandantes se hayan llevado a
cabo, de forma torticera y subrepticia, labores técnicas o profesionales encaminadas a
modificarlos y, de esta manera, alterar la realidad»76.

260. En este asunto, la experticia forense practicada sobre los dos videos aportados en
formato MP4 no advierte inconsistencias distintas al incumplimiento de los protocolos de
recolección. Con todo, los informes técnicos sí dan cuenta de una limitación, pues las piezas
analizadas no correspondían a los originales de captura, sino a documentos digitales
incorporados al expediente como anexos de la demanda, lo que impidió establecer con certeza
su fecha real, lugar de grabación, fuente primaria, correspondencia con el archivo original,
integridad y trazabilidad.

261. Los videos en cuestión se etiquetaron de la siguiente forma77: «Video Jaylene Jay - Alex
Ramírez» (4:28), y «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez II» (00:30).

262. Dos equipos de peritos se ocuparon de analizar esta evidencia digital. El equipo
conformado por los peritos Juan Carlos Angarita Cruz y Mauricio Javier Vargas Sánchez78,
manifestó que «la única fecha que se observa en las evidencias es la del 14 diciembre de 2023
a las 08:39 p.m., la cual es diferente a la señalada por el demandante en su escrito
(17.10.2023)». Por su parte, el equipo pericial integrado por Yefrin Garavito Navarro y Andrés
Díaz Salas79, refirió que la fecha de ambas piezas corresponde al 14 de diciembre de 2023 a
las «15:39:12».

263. Ahora, es pertinente aclarar que los datos del archivo pueden variar cuando se publica,
descarga o transmite de un equipo a otro, según lo dio a entender el perito Juan Carlos Angarita
74
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de noviembre de 2020. Exp: 73001-31-03-004-2011-00313-01, M.P:
Luis Armando Toloz Villabona.
75
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2023-00154-00. M.P: Luis Alberto Álvarez
Parra.
76
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 6 de febrero de 2025. Exp: 11001-03-28-000-2023-00144-00 (Principal). M.P: Luis Alberto
Álvarez Parra.
77
La numeración entre paréntesis corresponde a la duración de cada uno.
78
Quienes se encargaron de elaborar el informe técnico que presentó el Partido Liberal Colombiano.
79
En cargados de la experticia que presentó la defensa del demandado.

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al momento de absolver el interrogatorio de la magistrada sustanciadora, durante la audiencia
de pruebas80.

264. Más aún, entender que la fecha de captura de las piezas videográficas se estableció a
través de la prueba pericial, conduciría al absurdo de aceptar que también coinciden en la hora,
cuando es evidente que el elemento «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez II» ilustra una actividad
a plena luz del día, mientras que el archivo que contiene el «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez»
registra una actividad nocturna.

265. A su turno, ambas unidades periciales coinciden en sostener que la documental
videográfica no se recolectó de conformidad con los protocolos de adquisición, preservación y
presentación, que pudieran garantizar su idoneidad técnica. Empero, no hicieron advertencias
que den cuenta de alteración de la imagen o las expresiones de los protagonistas.

266. El equipo del perito Yefrin Garavito Navarro y Andrés Díaz Salas concluyó que «no se
puede establecer la fecha y hora real de la grabación de los videos, ya que no están los
archivos originales, no se puede establecer el lugar, en cuanto a la autenticidad, no se puede
garantizar por qué en uno de los videos existe varios cortes en la secuencia de imagen».

267. De esa conclusión se desprende que la pericia aporta elementos relevantes sobre las
limitaciones técnicas de los archivos, sin que ello conduzca a excluir los registros fílmicos del
expediente. Su efecto es más acotado, pues precisa el marco del análisis y confirma que la
controversia sobre la autenticidad documental de los archivos no define, por sí misma, la
autoría, el contexto ni el valor probatorio de las manifestaciones registradas.

268. Es importante destacar que el perito Yefrin Garavito Navarro, al absolver un interrogante
que se le formuló durante la audiencia de pruebas, dirigido a que señalara si existió edición de
audio o imagen, reconoció que, salvo las ediciones de la secuencia de imagen y sonido de uno
de los videos, no se identificaron tales alteraciones, y que el contenido de la evidencia no fue
materia de estudio por parte de los expertos informáticos81.

269. Respecto de la evidencia etiquetada como «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez II»
(00:30)», el equipo pericial indicó que presenta cortes de edición o disrupciones que alteran la
secuencia normal y el flujo de imagen. Sin embargo, tales conclusiones tampoco implican que
las personas representadas en las imágenes no correspondan con la de los señores Ramírez
Nuza y Jay Hidalgo, o que el sentido de sus pronunciamientos se hubiera alterado.

270. En conclusión, la sala considera que la prueba pericial, con la que se pretendió romper
la presunción de autenticidad de los medios de convicción, no permite establecer alteraciones
de la realidad representada en las imágenes de los archivos analizados, por lo que es
procedente su valoración.

271. Lo anterior, en todo caso, no significa que tales documentos acrediten automáticamente
los hechos que la parte actora pretende derivar de su contenido. Su valor probatorio deberá
examinarse a continuación, a partir de lo que efectivamente registran, de la posibilidad real de
identificar a quienes intervienen y del contexto en que se habrían producido las expresiones

80
1:45:19.
81
02:58:06.

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allí consignadas.

2.5.3. Valoración probatoria

272. Definido que los archivos audiovisuales no deben excluirse del acervo probatorio por los
reparos técnicos formulados por la defensa, corresponde establecer si su contenido permite
acreditar la conducta de doble militancia en la modalidad de apoyo atribuida al demandado.

273. Para ello, la sala abordará, en primer lugar, si las manifestaciones que se escuchan en
el archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez» pueden atribuirse al señor Alex Alberto Ramírez
Nuza. Solo si se supera ese presupuesto, resultará procedente examinar si el contenido del
discurso constituye un acto positivo, claro e inequívoco de apoyo electoral en favor de la señora
Jaylene Arlee Jay Hidalgo.

274. Desde ya se pone de relieve que la respuesta es negativa, porque los videos aportados
por la parte actora, aun apreciados de manera conjunta con los demás elementos del
expediente, no permiten tener por acreditado que el elegido hubiera sido el autor de las
manifestaciones cuestionadas. Además, aun si se superara esa duda, el contexto que ofrece
el registro no permite establecer que la referencia a Jaylene Arlee Jay Hidalgo hubiera tenido
la entidad de un acto positivo, claro e inequívoco de apoyo.

275. Esta conclusión no desconoce que la doble militancia por apoyo puede configurarse a
partir de una sola manifestación82; sin embargo, esta debe aflorar de manera evidente, sin que
el juez tenga que suplir con conjeturas los vacíos relativos a la identidad del autor.

276. Como se expuso en el acápite conceptual, lo sancionable no es la mera concurrencia a
un escenario político, la cordialidad propia de la contienda ni la recepción de apoyos ajenos,
sino la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento que provenga del demandado y se dirija
a promover una candidatura extraña a la de su colectividad.

277. A propósito de la identificación del autor de las manifestaciones de apoyo, esta Sección
resolvió un asunto relativo a la elección del alcalde de Santander de Quilichao 83, en el que
descartó la configuración de la doble militancia porque el material audiovisual no ofrecía
certeza sobre la persona que intervenía en las grabaciones.

278. En esa oportunidad, la atribución personal del discurso no pudo tenerse por demostrada,
porque una de las piezas permanecía oscura y otra apenas mostraba, por pocos segundos, a
una persona con micrófono, para luego registrar el techo del lugar. Ese déficit visual impedía
afirmar que el interlocutor fuera el elegido.

279. Ese criterio ofrece un parámetro útil para este caso, dado que la prueba central de la
acusación corresponde al archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez», cuyo contenido debe
examinarse a partir de la posibilidad real de identificar a quien habla y no solo desde el
escenario de las expresiones que se escuchan en la grabación.

82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 13 de febrero de 2025, Rad.: 08001-23-33-000-
2023-00444-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
83
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de diciembre de 2024, Rad.: 19001-23-33-000-
2023-00242-01, M.P. Gloria María Gómez Montoya.

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280. En ese material audiovisual se observa lo siguiente.

(i) Una escena nocturna, captada a distancia, en el patio o zona externa de una vivienda.

(ii) La iluminación proviene de una fuente intensa ubicada sobre la edificación, lo que
genera reflejos y pérdida de nitidez.

(iii) La figura masculina que interviene aparece lejos de la cámara, sin un ángulo visual
directo que permita apreciar plenamente su rostro.

281. Para ilustrar las condiciones del registro, se incorporan algunas capturas del aludido
archivo.

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282. Las capturas refuerzan la conclusión probatoria anunciada, pues no ofrecen una imagen
clara del interlocutor. Por ello, el video no proporciona un ángulo visual directo que permita
cotejar la figura masculina que interviene con otros medios obrantes en el expediente y
concluir, más allá de toda duda razonable, que se trata del señor Alex Alberto Ramírez Nuza.

283. Así, aunque el tribunal de primera instancia consideró que el demandado no desconoció
expresamente su voz o su imagen, esa circunstancia no habilita a tener por probada la autoría
de las manifestaciones. Además, el elegido tampoco aceptó que fuera de suyo el discurso
registrado.

284. Por tanto, la carga de probar los supuestos fácticos de la causal corresponde a la parte
actora, y no puede trasladarse a la parte demandada el deber de desvirtuar una identificación
que el propio material audiovisual no ofrece con la claridad necesaria.

285. Esta sala no pierde de vista que en el archivo denominado «Video Jaylene Jay - Alex
Ramírez» se escuchan expresiones asociadas a una campaña política, referencias al
municipio de Providencia y menciones a las elecciones de 29 de octubre. Tales elementos
permiten advertir un ambiente electoral general, pero no acreditan que quien habla sea el señor
Alex Alberto Ramírez Nuza. Tampoco se observa que el interlocutor se identifique
expresamente como el demandado.

286. Tampoco resulta suficiente el cotejo visual que propuso la sentencia apelada entre el
archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez», el registro «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez II»,
y la fotografía del formulario E-6 ALC. La comparación entre imágenes de distinta calidad,
captadas en momentos, escenarios y condiciones de iluminación diferentes, no permite
superar la duda sobre la identidad del interlocutor que aparece en el registro nocturno.

287. Si bien el archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez II» permite concluir que la figura
masculina que allí se observa coincide con la representada en el formulario E-6 ALC, esa
constatación no resuelve el punto decisivo. Dicho registro fue descartado por el propio tribunal
como medio suficiente para estructurar la conducta prohibida, debido a la falta de certeza sobre
el elemento temporal. Además, no existe una conexión clara con el archivo nocturno, que es
el que contiene la expresión invocada como sustento del cargo.

288. En esa medida, la identificación que puede extraerse del video de 30 segundos no puede
trasladarse automáticamente al archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez». La baja calidad
de este último, la distancia de la toma y la escasa nitidez impiden una atribución concluyente.

289. La complexión física de la figura masculina que interviene en el archivo «Video Jaylene
Jay - Alex Ramírez» puede guardar similitud con la fisonomía de quien aparece en las demás
piezas probatorias. Con todo, esa semejanza constituye apenas un indicio visual, insuficiente
para tener por demostrado que el discurso fue pronunciado por el señor Alex Alberto Ramírez
Nuza, pues la propia prueba no permite arribar a esa conclusión con el grado de certeza
requerido.

290. El contenido del discurso escuchado en el archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez»
refleja un ambiente político relacionado con una aspiración de elección popular en el orden
territorial. El interlocutor agradece el apoyo a un proyecto, alude a un gobierno propio, se refiere

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a la reconstrucción de Providencia y menciona que faltaban trece días para la jornada electoral
de 29 de octubre. De todas formas, esas referencias no identifican necesariamente al
demandado como autor de la intervención, máxime cuando otras campañas territoriales
también podían aludir al municipio.

291. En esa medida, aun cuando en el referido archivo se menciona a la candidata Jaylene
Arlee Jay Hidalgo y se alude a la posibilidad de trabajar en equipo, la sala no puede concluir,
sin incurrir en una inferencia probatoria excesiva, que el señor Alex Alberto Ramírez Nuza haya
sido quien emitió tales expresiones. La demostración del apoyo prohibido exige que el acto
pueda atribuirse al elegido con plena claridad, pues solo a partir de esa certeza resulta viable
examinar si el contenido de la manifestación tuvo alcance proselitista.

292. Por esa razón, la ausencia de desconocimiento expreso de la voz o de la imagen no
releva a la parte actora de probar que el autor de las manifestaciones fue el demandado Alex
Alberto Ramírez Nuza. La presunción de autenticidad del documento no equivale a prueba
plena sobre la identidad del hablante, menos aún cuando el propio registro audiovisual no
permite apreciarlo con la nitidez necesaria para una conclusión de esa entidad.

293. Así, el archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez II» no suple las deficiencias del archivo
«Video Jaylene Jay - Alex Ramírez». Aunque en el registro diurno la figura masculina puede
asociarse con el candidato a la alcaldía, no existe una secuencia lógica, temporal o espacial
que permita enlazar esa pieza con el video nocturno.

294. Los escenarios no aparecen claramente como el mismo lugar, el tránsito entre una
escena diurna y otra nocturna no está explicado y Jaylene Arlee Jay Hidalgo aparece con
vestimenta distinta. Por tanto, no puede asumirse que ambos archivos correspondan a un
mismo evento ni que el primero sirva para identificar al interlocutor del segundo.

295. En consecuencia, el análisis conjunto de los dos videos permite advertir un ambiente
político general y una posible cercanía entre las personas que allí aparecen, pero no acredita,
con el grado de certeza exigido para anular una elección popular, que el señor Alex Alberto
Ramírez Nuza hubiera pronunciado el discurso registrado en el archivo nocturno.

296. Aun si se dejara de lado la duda anterior, el contenido del archivo «Video Jaylene Jay -
Alex Ramírez» tampoco permite concluir que las expresiones allí constituyan un acto positivo,
claro e inequívoco de apoyo en favor de Jaylene Arlee Jay Hidalgo.

297. No se trata de exigir un número determinado de asistentes, una forma específica de
convocatoria o un acto masivo de campaña. Lo relevante es verificar, a partir del contexto que
ofrezca el acervo probatorio, si la manifestación tuvo la connotación para promover
electoralmente una candidatura ajena. En este caso, el registro no ofrece elementos suficientes
para arribar a esa conclusión.

298. En esa línea, la sentencia de 8 de agosto de 2024, dictada en el asunto relativo a la
elección de la gobernadora del Tolima84, destacó la importancia de analizar el ámbito de la

84
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de agosto de 2024, Rad.: 11001-03-28-000-
2024-00046-00 acum., M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil. En dicha providencia salvó el voto la magistrada Gloria María Gómez Montoya, al
considerar que el contexto del registro fílmico permitía atribuir al evento una dimensión pública y proselitista.

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manifestación para establecer si el acto atribuido tuvo alcance proselitista. En esa oportunidad,
la sala descartó la doble militancia porque las pruebas permitían concluir que la expresión se
produjo en una reunión privada y no en un escenario de campaña dirigido a persuadir electores.

299. La regla de valoración resulta pertinente para el presente asunto, aunque los supuestos
fácticos no sean idénticos. En este caso no existen elementos equivalentes a los valorados en
aquella decisión para afirmar que se trató de una reunión privada; pero tampoco obran medios
que permitan establecer que la intervención registrada en el video correspondió a un acto
proselitista con aptitud para promover la candidatura de Jaylene Arlee Jay Hidalgo.

300. La cámara se concentra principalmente en el orador. Al inicio se observan algunas
personas en el lugar y, luego, unos niños transitan por una rampa o zona elevada de la
vivienda. Esa secuencia permite advertir un ambiente político, pero no proporciona elementos
suficientes para reconstruir la dinámica del encuentro ni para determinar, con el rigor exigido,
el alcance de la referencia hecha a Jaylene Arlee Jay Hidalgo.

301. El uso de micrófono puede denotar la intención de amplificar un mensaje, pero no define
el contenido de la intervención ni acredita que la finalidad del encuentro fuera impulsar aquella
candidatura. Las expresiones de agradecimiento y los aplausos que se escuchan al cierre
tampoco alteran esa conclusión, pues solo enseñan una interacción con las personas
presentes en el lugar, reacción compatible con distintos escenarios de reunión y no
necesariamente con un acto positivo e inequívoco de doble militancia.

302. La duda, entonces, no se ubica en si el discurso contiene referencias políticas. El punto
decisivo radica en que el video no permite establecer, con claridad suficiente, quién pronunció
las manifestaciones cuestionadas. A ello se suma que el registro ofrece una visión parcial del
encuentro, concentrada principalmente en el interlocutor, lo que impide corroborar el contexto
en que se produjo la referencia a Jaylene Arlee Jay Hidalgo y el alcance electoral que el tribunal
le atribuyó.

303. En materia electoral, la anulación de una elección popular exige prueba clara, suficiente
y concluyente de la causal alegada, pues la decisión compromete tanto el derecho de
participación política del elegido como la voluntad expresada por los electores. Si el acervo
deja dudas relevantes sobre la autoría las manifestaciones cuestionadas y sobre su aptitud
para constituir apoyo indebido en una contienda, no es posible sacrificar la eficacia del voto
con sustento en inferencias.

304. La interpretación restrictiva de las limitaciones al derecho de participación política,
conforme con los principios pro homine y pro libertate, impone preservar la elección cuando el
cargo no aparece plenamente probado, sin perder de vista que el juicio electoral también
protege el principio pro electoratem.

305. Es de aclarar que esta colegiatura no funda su conclusión en la ausencia de constancia
sobre la publicación del video en una red social. Ese aspecto fue examinado al estudiar las
limitaciones técnicas de los archivos, pero no constituye la razón decisiva para negar
prosperidad al cargo. Lo determinante es que el registro no permite atribuir con certeza el
discurso al demandado ni acreditar, con igual rigor, el entorno en el que se produjo la referencia
a Jaylene Arlee Jay Hidalgo.

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Demandantes: Gilbert Kenin Bush Brown y otra
Demandado: Alex Alberto Ramírez Nuza,
Alcalde de Providencia y Santa Catalina Islas
Rad: 88001-23-33-000-2023-00059-02 (Ppal.)

306. De manera que la inferencia construida por el tribunal excede lo que objetivamente ofrece
el medio de convicción. La nulidad de una elección no puede fundarse en un registro que no
permite identificar con certeza al interlocutor principal ni establecer, con la misma solidez, las
circunstancias contextuales de la manifestación que sirvió de sustento al cargo de doble
militancia en la modalidad de apoyo.

307. En consecuencia, se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones de las demandas acumuladas, por cuanto no quedó acreditado que el
señor Alex Alberto Ramírez Nuza hubiera pronunciado las manifestaciones registradas en el
archivo «Video Jaylene Jay - Alex Ramírez» ni que, en todo caso, el contexto del registro
permita atribuirles el alcance de un acto positivo, claro e inequívoco de apoyo en favor de
Jaylene Arlee Jay Hidalgo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley

3. FALLA:

PRIMERO: Revócase la sentencia del 21 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
que anuló el acto contenido en el formulario E-26 ALC de 30 de octubre de 2023, por medio
del cual se declaró la elección de Alex Alberto Ramírez Nuza como alcalde del municipio de
Providencia y Santa Catalina Islas, para el período 2024-2027. En su lugar, niéganse las
pretensiones de las demandas acumuladas, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para
lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con salvamento de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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